Sofía Brambilla realizó un aporte a una organización de la localidad de Goya, con el objetivo de “fortalecer la institución y sus actividades pedagógicas”.
La diputada nacional Sofía Brambilla (Pro-Corrientes) hizo entrega de un aporte económico correspondiente a su banca como legisladora a la asociación civil de familias de personas con discapacidad Munay, en la localidad de Goya.
“Quiero expresar mi compromiso de seguir acompañando a la asociación y a todas las organizaciones que trabajan por la inclusión y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad”, afirmó y destacó la labor de “apoyo, contención, educación y recreación” que se lleva adelante.
La donación, entregada por Brambilla a la directora de la institución, Delfina Jara, tiene como objetivo fortalecer la institución y sus actividades pedagógicas, que incluyen talleres de arte, música, deporte, cocina y oficios.
Munay, que significa “amor”, fue fundada por un grupo de padres y madres de personas con discapacidad, con el fin de crear un espacio de encuentro, integración y desarrollo. Actualmente, cuenta con más de 100 socios y socias, y ofrece diversos servicios y programas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.
Las personas con discapacidad forman parte de las temáticas que Brambilla -reelecta en 2021- ha estado trabajando en sus proyectos, así como también cuestiones referidas a la promoción y protección de los derechos de las mujeres, los adultos mayores, salud, desarrollo productivo, educación, vivienda, medio ambiente, seguridad, derechos humanos, y ciencia y tecnología.
El proyecto que plantea esa modificación recibió dictamen favorable y unánime en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado dio dictamen favorable este miércoles a un proyecto de ley que busca eliminar la incompatibilidad entre la pensión no contributiva por discapacidad y el ingreso que la persona puede percibir por un trabajo formal.
La presidenta de la comisión, Juliana Di Tullio (UC-FdT), señaló que se trata de “un proyecto muy sencillo” para “poder hacer compatibles a las pensiones graciables con el trabajo”, algo que “está vedado en la ley”.
La oficialista resaltó que esto “no implica ninguna erogación” y alcanzará a 1.220.406 personas, que actualmente perciben una pensión de “61.222 pesos, el 70% de la jubilación mínima” y “este mes reciben un bono de 37.000 pesos”.
A través de la iniciativa se incorpora el artículo 12 bis a la Ley 22.431, la Ley de Discapacidad, de modo de establecer “la compatibilidad de toda pensión no contributiva otorgada a las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social con la retribución económica por el trabajo en relación de dependencia o cuenta propia”, y que esto “se aplicará con independencia del ingreso total familiar conviviente”.
La senadora Sandra Mendoza (FNyP-FdT), impulsora del proyecto, consideró que “viene a ser de mucha ayuda para todos los que tienen pensiones no contributivas por discapacidad, que cobran 62 mil pesos más un bono de 37 mil pesos. Con esa plata no alcanza para vivir”.
Para la tucumana, es clave aprobarlo “en este momento que vivimos con mucha amenaza, con mucha incertidumbre que tenemos los argentinos de ir perdiendo derechos”. “Si no está puesto por ley puede venir cualquier gobierno y sacarlo. Queremos que queden resguardados esos derechos”, resaltó.
Por la oposición, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro-JxC) se manifestó a favor de “todo lo que promueva la inserción laboral formal”. “No puedo dejar de pensar en el enorme volumen de personas que están trabajando en la informalidad, sobre todo aquellos que no terminaron la escuela secundaria”, dijo y expresó que las personas con discapacidad “merecen toda nuestra atención”.
Otro de los que habló fue el senador Martín Doñate (UC-FdT), quien destacó: “Pocas veces nos toca que, en un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, la modificación de un pequeño artículo tenga tanto impacto en tanta gente”.
Para el rionegrino esto es “algo que estuvo demorado mucho tiempo” y, con este cambio, “se viene a generar más derechos”. “Casi 6.000 rionegrinos y rionegrinas van a poder tener la oportunidad de trabajar y tener a la par su pensión”, ponderó sobre el impacto en su provincia.
En el final, la vicejefa de la bancada oficialista, Anabel Fernández Sagasti (UC-FdT), sostuvo que este proyecto “hace traer justicia a muchos años de lucha de muchas organizaciones”. “En Mendoza el 4% de la población tienen algún tipo de discapacidad”, detalló.
“Acá de lo que estamos hablando es de inclusión laboral, un derecho que les fue negado sistemáticamente”, lamentó la oficialista y remarcó que “por más que el Poder Ejecutivo haya tomado la decisión por decreto de sacar esta incompatibilidad, es necesario que lo transformemos en una política de Estado”.
La mendocina abogó por que “rápidamente lo podamos llevar al recinto”, al tiempo de “seguir trabajando para capacitar a las personas con discapacidad y trabajar con empresas para que puedan incluirlos”.
La iniciativa tuvo media sanción de Diputados el pasado 10 de octubre. La reunión se realizará este miércoles a las 13.
Las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda del Senado tratarán este miércoles, desde las 13, el proyecto de ley que propone la creación del Programa “Argentina Inclusiva”.
La iniciativa, impulsada por la diputada cordobesa Natalia de la Sota, tuvo media sanción de la Cámara baja por unanimidad el pasado 10 de octubre. Establece la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada en materia de discapacidad y accesibilidad universal para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado.
El temario incluye un proyecto de la senadora Edith Terenzi (CF-JxC), que propone la creación del programa “La hora silenciosa”, con la finalidad de generar un espacio inclusivo aislado de estímulos visuales y sonoros que puedan resultar nocivos para las personas con dificultad para la comprensión y procesamiento sensorial.
Y, finalmente, un proyecto del senador Martín Doñate (UC-FdT) sobre promoción del buen trato y protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las personas mayores.
Previo al plenario, la Comisión de Presupuesto y Hacienda tratará cuatro proyectos de comunicación, mientras que después del plenario, la Comisión de Población y Desarrollo Humano continuará con un temario propio. Entre las iniciativas se encuentra la ley para crear protocolos contra el abuso sexual infantil en ámbitos donde concurran niñas, niños y adolescentes, que la Cámara baja devolvió con cambios al Senado.
La iniciativa, que había perdido estado parlamentario, alcanza a los tres poderes del Estado. Además, en la comisión homónima avanzó un proyecto sobre “sello de equidad laboral” para empresas que promuevan la inclusión, entre varios temas.
La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, presidida por el rionegrino Luis Di Giacomo (JSRN), avanzó este miércoles con un paquete de proyectos consensuados entre el oficialismo y la oposición.
El primer tema que se abordó en la reunión fue una iniciativa que había tenido dictamen el año pasado, pero perdió estado parlamentario al no haberse tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y tiene que ver con una nueva capacitación para los tres poderes del Estado.
El proyecto, unificado entre distintas propuestas, impulsa la creación del programa “Argentina Inclusiva” destinado a la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada en materia de discapacidad y accesibilidad universal.
La cordobesa Natalia de la Sota (Córdoba Federal) valoró que “todas las fuerzas entendemos que necesitamos capacitarnos necesaria y urgentemente en materia de discapacidad” de modo de saber “cuál es el trato adecuado, de qué manera asesorar”. “Lo que no conocemos no nos atraviesa y no lo vemos. Necesitamos comprender, entender y aprender. Y en materia de discapacidad no sabemos”, señaló.
Por su parte, la sanjuanina Graciela Caselles (FdT) consideró que esta iniciativa “abre la cabeza para que quienes a futuro tomen decisiones públicas, en lo que sea, ya vayan tomándolas con perspectiva de discapacidad”.
A su turno, la jujeña Natalia Sarapura (UCR) resaltó que “la inclusión de personas con discapacidad es todavía una tarea pendiente” y, de allí “la importancia que tiene el conocimiento no solo en los que tenemos responsabilidad pública, sino ratificar en cada hecho, decisión y acción el rol del Estado como garante de derechos”.
“En el caso de las personas con discapacidad, a veces el Estado, por falta de conocimiento, se convierte en una barrera que hace inaccesible el ejercicio de derechos”, lamentó.
En segundo término, se despachó favorablemente un proyecto que dispone la creación de un programa de reconocimiento a las empresas que incluyan prácticas de equidad laboral para personas con discapacidad, las cuales podrán obtener un “Sello nacional de equidad laboral” y beneficios impositivos. Deberá analizarse también en las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda.
Impulsora de la propuesta, la porteña Carla Carrizo (Evolución Radical) dijo que “es un proyecto que tiene modelo en varios países europeos”. Al referirse al cupo laboral para personas con discapacidad en el Estado, una ley que tiene 42 años, la diputada subrayó que “un informe de ANDIS del 2022 dijo que se cumple mal y pésimo, y todos lo sabemos”.
“La mayoría de los jóvenes a veces son los chicos de las fotocopias”, manifestó y explicó que “tenemos programas de acompañamiento, pero no hay programas buenos de contratación”, por eso “necesitamos el aliado del sector privado, tener sello de calidad e incentivos impositivos”.
Carrizo alertó que “los jóvenes son los más castigados por la situación de pobreza estructural, pero los jóvenes con discapacidad más, la tasa de inactividad es del 64%. No acceden a trabajos dignos y con calidad”.
En el encuentro también se dio dictamen a un proyecto sobre sistema integral de prioridad y contención para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y síndromes relacionados en los medios de transporte terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial, impulsado por la bonaerense Marcela Passo (FdT), quien destacó que “se trabajó de una manera muy intensa, a lo largo de 10 reuniones” en asesores y el texto final “es mucho más abarcativo e incluye a todas sus personas en sus diversas modalidades de discapacidad”.
“Se busca tratar de establecer por ley algunas cuestiones que a través de distintos protocolos ya se están aplicando”, apuntó y mencionó, por ejemplo, “la prioridad en el acceso a los distintos servicios o tener espacios adecuados”. Pero remarcó que lo “fundamental es la capacitación al personal para generar empatía”.
También pasó a la firma el dictamen de un proyecto que modifica la Ley 25.643 de Turismo accesible para personas con capacidades restringidas, de manera de “poder adecuar la ley que hablaba de personas con movilidad o comunicación reducida a lo que establece la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, ampliando e incluyendo en el turismo a todas las personas”, explicó Graciela Caselles; y otro que modifica la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes incorporándose la perspectiva de discapacidad; además de proyectos de resolución y declaración.
Capacitación en LSA volvió a asesores
El temario de la reunión incluía un proyecto de la diputada Gisela Marziotta (FdT) sobre capacitación obligatoria en Lengua de Señas Argentina (LSA) en los tres poderes del Estado nacional, pero fue devuelto a asesores con el objetivo de consultar a las organizaciones de la comunidad sorda.
La porteña Dina Rezinovsky (Pro) reveló que “la comunidad sorda nos pide que escuchemos cuáles son sus necesidades, cuáles son las prioridades del colectivo, porque hay una parte de la comunidad que no está de acuerdo, principalmente porque no se les consultó”.
“Tuvimos un aprendizaje muy grande de que los que tienen el poder de decidir sobre su lengua”, recordó en referencia a la ley que reconoció a la LSA como idioma viso-gestual en todo el país. Y opinó que quizás ellos tienen “otras prioridades” como “el acceso a LSA desde la edad más temprana, porque está comprobado que mientras más tarde los niños empiecen a aprender LSA, más difícil va a ser para ellos la integración después” o “que haya un registro de los interpretes”.
El presidente de la comisión aclaró que “nosotros debemos escuchar a todas las organizaciones que trabajan en esta temática, pero los que tenemos la responsabilidad de definir un proyecto y los que somos elegidos como representantes del pueblo, somos nosotros”.
No obstante, desde el oficialismo mostraron disposición a dar nuevamente discusión en asesores. “Si nosotros tenemos la firme convicción de poder tratar cada una de estas iniciativas en función de la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad corresponde que podamos hacer las consultas pertinentes y en función de eso poder tratarlo en un próximo temario”, aseguró la chaqueña Lucila Masin (FdT).
“Que nosotros trabajemos este proyecto no implica que no seamos capaces de otorgar otros derechos”, resaltó Caselles, que coincidió en que vuelva a ser tratado ya que “esta es la comisión de los consensos y antigrieta”.
También volvieron a asesores dos proyectos que proponen modificaciones a la Ley 24.901 de Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad.
Según la iniciativa de la senadora Corpacci, se dispondrá en ámbitos del Estado de señalización mediante sistemas alternativos y aumentativos de comunicación y pictogramas.
La senadora nacional del Frente de Todos por Catamarca Lucía Corpacci presentó un proyecto de ley de su autoría para Facilitar el Acceso a la Información, en Personas con Discapacidad que Manifiestan Dificultades en la Comunicación y el Lenguaje Verbal.
La iniciativa dispone la señalización mediante sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pictogramas, en espacios públicos, organismos públicos de los tres poderes del estado, entes centralizados, descentralizados y sociedades del Estado Nacional.
Asimismo, establece que la autoridad de aplicación realizará campañas de difusión e incentivación, con el fin de que los comercios y entidades privadas, realicen estas acciones tan necesarias.
Cabe destacar que el proyecto fue trabajado con la Asociación Civil de Catamarca “Acompáñame a Conocer mi lado” quienes junto con las demás Organizaciones de la Sociedad Civil vienen desarrollando una gran tarea logrando que en diferentes localidades de nuestro país ya se cuente con esta importante herramienta de inclusión.
Se trata de una iniciativa del oficialista Claudio Romero (VJ) mediante la cual se buscará establecer una serie de exenciones para ese grupo poblacional, dado a que sus plazos de renovación son menores y continúan pagando el 100% del costo cada vez que deben hacer el trámite.
Con la intención de fomentar una mayor equidad en las cargas impositivas, el presidente de la Comisión de Presupuesto y legislador de Vamos Juntos (VJ), Claudio Romero, presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una modificación para la Ley Tarifaria para el ejercicio 2022, a fin de que las personas con discapacidad paguen menos para renovar su licencia de conducir.
De esta manera, el texto recientemente presentado en el Parlamento plantea que aquellas personas que tengan discapacidad acreditada mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD) paguen menos. Para lo cual se estableció que quienes deban renovarla cada año, obtendrán una exención del 80%; quienes lo hagan cada dos años tendrán un descuento del 60%; para los que renueven cada tres años, la bonificación será del 40%; para quienes lo hagan cada cuatro años, el descuento será del 20%; y quienes renueven cada cinco años no tendrán ningún tipo de beneficio.
En los fundamentos de la iniciativa Romero planteó que “el objeto de proyecto propone, en este sentido, que las personas con discapacidad, abonen de forma proporcional por los trámites de otorgamiento, renovación y/o ampliación de su licencia de conducir, conforme con los plazos de renovación determinados” y precisó que “hoy en día, el plazo de renovación de las Licencias de conducir (para personas sin discapacidad) es de cinco años. Sin embargo, las personas con discapacidad muchas veces, tienen plazos de renovación más acotados. Algunos, cada un año, cada dos, cada tres o cuatro años”.
Asimismo señaló que “actualmente, que independientemente del plazo menor de renovación establecido, las personas con discapacidad abonan el 100% del trámite. En este sentido, si una persona con CUD renueva su licencia una vez por año, quintuplica el pago que realiza por el mismo trámite, frente a una persona sin discapacidad”.
“Este proyecto, propone realizar una exención del pago, equiparando los montos en la renovación del trámite”, agregó y concluyó advirtiendo que “esta medida supondrá un alivio para las personas con Discapacidad que deben renovar la licencia de conducir en plazos más acotados de lo habitual, y supone una herramienta más, de las tantas que venimos impulsando, para intentar hacer una Ciudad más justa y más inclusiva”.
Encabezados por los radicales Soledad Carrizo y Ricardo Buryaile, los legisladores presentaron un proyecto en el que solicitan información al Ejecutivo sobre la demora en los pagos de las prestaciones.
En medio de los reclamos que trabajadores de la salud realizaron en distintos puntos del país, incluso frente a la Casa Rosada, diputados de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de informes sobre la situación presupuestaria en el sector de la discapacidad.
En la solicitud, encabezada por la cordobesa Soledad Carrizo (UCR) y el formoseño Ricardo Buryaile (UCR), reclaman que el Gobierno informe “si existe demora en los pagos de prestaciones por servicios de salud a las personas con discapacidad, y en cuyo caso, cuál es la situación de la demora y su causa”.
También, si “existen actualmente reclamos o requerimientos en trámite ante la Superintendencia de Servicios de Salud o demás autoridades a cargo del sistema de prestación de atención integral a favor de las personas con discapacidad, por parte de prestadores de servicios de salud vinculados a retrasos en los pagos de las prestaciones para pacientes con discapacidad”.
Asimismo, solicitan conocer “el plazo en el que se estima regularizar la situación de los pagos de las prestaciones de servicios de salud para personas con discapacidad correspondientes al mes de junio 2022 por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud”.
En los argumentos, los autores explicaron que “según la Ley 24.901, de sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad, las personas con discapacidad tienen derecho a recibir prestaciones para garantizar su bienestar y su inclusión. Las obras sociales y prepagas deben cubrir esas prestaciones”.
“La irregularidad de los pagos perjudica tanto a los trabajadores prestadores de servicios de salud como a los beneficiarios de las mismas por la suspensión de sus tratamientos, personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al encontrarse con diversas barreras, ven impedida su participación en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”, señalaron.
El proyecto fue acompañado con las firmas de Gabriela Lena, Víctor Hugo Romero, Lisandro Nieri, Jorge Vara, Karina Banfi, Pedro Galimberti, María Victoria Tejeda, Pamela Verasay, Dina Rezinovsky, Roxana Reyes, Miguel Bazze, Mercedes Joury, Lidia Ascárate, Marcos Carasso, Leonor Martínez Villada, Virginia Cornejo, Gustavo Bouhid y Marcela Coli.
El proyecto impulsado por el formoseño Ricardo Buryaile busca beneficiar a todas las personas más allá de la situación socioeconómica de sus familias.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por el radical Ricardo Buryaile, presentaron un proyecto de ley para crear un Sistema Integral de Protección Social para Personas con Discapacidad, con el fin de protegerlas, independientemente de la condición socioeconómica de su grupo familiar.
La propuesta busca ser de carácter universal. “Pretendemos amparar a las personas con discapacidad, por su condición de tal”, señaló Buryaile.
El legislador formoseño explicó que “la normativa vigente exige que, para acceder al beneficio de pensión, las personas en situación de discapacidad deben demostrar que no cuentan con familiares obligados a prestar alimentos en condiciones de hacerlo. Si esa persona cuenta con familiares que puedan asistirlo, el Estado se desentiende y por tanto deniega el beneficio de pensión por considerar que no tiene derecho”.
Por eso, destacó que en este proyecto “la protección es integral y absoluta”. “No sólo se es vulnerable en estado de pobreza, también se lo es con una incapacidad física que impide el normal desarrollo en la vida cotidiana”, consideró.
Y concluyó: “El proyecto garantiza en pie de igualdad un beneficio de la protección social a todas las personas con discapacidad”.
La iniciativa fue acompañada por sus pares Soledad Carrizo, Pedro Galimberti, Gabriela Lena, Martín Arjol, Miguel Bazze, Gustavo Bouhid, Ximena García, Marcela Coli, Lidia Ascárate, Jorge Rizzotti, Karina Banfi, Víctor Hugo Romero, Roberto Sánchez, Sebastián Salvador, Laura Castets, Carlos Zapata y Aníbal Tortoriello.
El Senado aprobó por unanimidad la iniciativa que propone que las personas con discapacidad, sin excepción, tienen derecho a brindar su consentimiento informado para acceder a intervenciones de contracepción quirúrgica.
La Cámara de Senadores aprobó este jueves con 51 votos a favor el proyecto de ley de intervención de contracepción quirúrgica para personas con discapacidad de modo que puedan decidir sobre su reproducción sexual, es decir, si acceden o no a ligadura de trompas o vasectomía.
La única oradora fue la pampeana Norma Durango (FdT) quien precisó que “el eje central que persigue la iniciativa es reconocer el avance de la Ley 26.130 que es básicamente el reconocimiento de los derechos reproductivos sexuales y en la autonomía y la autodeterminación de las personas en su vida sexual y reproductividad”.
El cuerpo del texto propone dos modificaciones a la vigente Ley. Por un lado, el artículo 2: “Las prácticas médicas referidas en el artículo anterior están autorizadas para toda persona mayor de edad que lo requiera formalmente, siendo requisito previo inexcusable que otorgue su consentimiento informado. No se requiere consentimiento del cónyuge o conviviente ni autorización judicial: Para el ejercicio del derecho que otorga la presente ley, las personas tienen derecho a acceder a información objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible y actualizada, de conformidad con lo previsto en la ley 26.529”.
Por otro lado, establece modificar el artículo 3: “Todas las personas con discapacidad, sin excepción, tienen derecho a brindar su consentimiento informado para acceder a intervenciones de co-quirúrgica, por sí mismas y en igualdad de condiciones con las demás personas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la presente ley. En ningún caso se requiere autorización judicial”.
Y agrega: “Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir información sobre las prácticas reguladas en esta ley en medios y formatos accesibles y a solicitar sistemas de apoyo y ajustes razonables que les permitan consentir en forma autónoma. Deben adoptarse salvaguardas para evitar la sustitución en la toma de decisiones”.
“La ley de contracepción quirúrgica se enmarcó dentro del viejo Código Civil donde la capacidad e incapacidad se concebían en términos absolutos en ese paradigma si era capaz o incapaz, y en ese último caso se recurre a través de sus representantes legales”, explicó Durango y agregó: “El texto vigente reconoce el derecho a la práctica de contracepción a la persona capaz, mientras que el incapaz debe solicitar autorización judicial, lo cual no se condice con el Código Civil y Comercial sancionado”.
“Las personas con discapacidad tienen plena capacidad en la decisión de las intervenciones de contracepción quirúrgica”, concluyó la senadora pampeana remarcando el principal objetivo del proyecto.
La Comisión de Discapacidad remarcó la necesidad de planificar con perspectiva de discapacidad las políticas en esos barrios y se advirtió que el 48% de los hogares en los que viven personas con discapacidad están en “condiciones precarias”.
Con la mirada puesta en avanzar hacia una ciudad más inclusiva, la Comisión especial de personas con discapacidad de la Legislatura porteña se reunió para discutir la problemática de la accesibilidad en los barrios populares del distrito con la presencia de especialistas en la temática, vecinos y legisladores.
El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la Comisión, Juan Manuel Valdés, quien remarcó que “según la Encuesta Permanente de Hogares de 2017, el 48% de los hogares en los cuales habitan personas con discapacidad denuncia que las condiciones de su vivienda son precarias. Además solo la mitad de las personas con discapacidad poseen pleno acceso a sus derechos”.
“Entender la accesibilidad desde una perspectiva de discapacidad, no es solo pensar en la discapacidad motora, también es pensar la accesibilidad para toda la población con y sin discapacidad. Creemos que podemos pensar en una ciudad accesible para todos y todas donde la autonomía sea el piso para poder pensar las políticas de Estado”, afirmó.
Por su parte Ana Dones, miembro de Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) sostuvo que “las personas con discapacidad que viven en los barrios populares no suelen conocer los derechos a los que pueden acceder porque no están adecuadamente difundidos”.
Mientras que la coordinadora de la Cátedra de Ingeniería de la UBA y presidenta de Unidad Popular CABA, María Eva Koutsovitis, indicó que “en los barrios populares las barreras para las personas con discapacidad se multiplican. Los procesos de urbanización que se llevaron adelante por parte del Gobierno de la Ciudad no incorporaron la perspectiva de la discapacidad ni la perspectiva ambiental, que deben ir juntas”.
También expuso los relevamientos y encuestas que llevaron adelante desde la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (UBA) para construir indicadores que surjan de la realidad de cada barrio y de las necesidades reportadas por los propios habitantes de cada barrio popular.
En otra de las intervenciones, la arquitecta María Rodríguez Romero, miembro de la Fundación Rumbos remarcó la vinculación entre discapacidad y pobreza, sosteniendo que la condición de pobreza empeora las condiciones de las personas en situación de discapacidad y agregó que: “la accesibilidad si bien no cambia la realidad ayuda a que haya mayor inclusión a nivel escolar, laboral, entre otros aspectos”.
Finalmente, Ana Vallejos, Directora de Accesibilidad de las Personas con Discapacidad de ANDIS destacó que desde la gestión pública “estamos haciendo un trabajo muy grande para incorporar la perspectiva de la discapacidad en todos los ministerios”.
Además, expusieron durante la reunión: Meli Garbini, Coordinadora Operativa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo y Rodrigo Pedraza, Coordinador General de la Casa de la Cultura y la Inclusión y las legisladoras Amanda Martín (FIT) y Lucía Romano (VJ).
Los diputados del Frente de Todos (FdT) dialogaron con ellos y le exigieron al Gobierno de la Ciudad que dé marcha atrás con las modificaciones al Código de Edificación, a fin de que no sigan disminuyendo los metros cuadrados mínimos de constructibilidad.
A pocas semanas de que la Legislatura porteña aprobara las modificaciones al Código de Edificación para habilitar la construcción de departamentos de 21,5 metros cuadrados, un grupo de personas en silla de ruedas se encadenaron al edificio de Perú 160, a fin de exigir que eliminen estas modificaciones ya que esas condiciones de constructibilidad les limitaría aún más la posibilidad de acceder a una vivienda digna.
La protesta durará hasta este viernes al mediodía y ya se reunieron con varios legisladores del Frente de Todos (FdT), quienes apoyaron su reclamo y volvieron a exigirle al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que dé marcha atrás a la normativa.
En ese sentido, la diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (FdT), aseguró en las redes sociales que “en estos momentos tenemos personas con discapacidad encadenadas en la puerta de la Legislatura. ¿Cuál es la respuesta? Vallas y mucha policía”.
Mientras que el legislador y miembro de la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social, Juan Manuel Valdés (FdT), afirmó que “la Ciudad da la espalda a las personas con discapacidad. Hoy acompañamos su protesta frente a la Legislatura en repudio al código de Edificación de Larreta que construye más barreras urbanas de las que ya existían” y remarcó que “desde que el Gobierno de Larreta propuso una nueva modificación del Código de Edificación, venimos acompañando su reclamo contra la habilitación que permite construir microambientes de 21 m2. ¿El Jefe de Gobierno se imagina viviendo en un departamento con esas dimensiones?”.
“El Gobierno porteño levanta las banderas de Ciudad inclusiva pero aprueba reglamentaciones que impiden la vida digna de personas con discapacidad y segrega de las discusiones a más de 300.000 porteños y porteñas. No podemos tener una Legislatura que les dé la espalda”, indicó y concluyó pidiendo que “el Gobierno de la Ciudad escuche a las organizaciones y personas con discapacidad para conocer sus necesidades y respetar sus derechos. Desde el FdT acompañamos sus reclamos y exigimos que sus pedidos sean escuchados para construir una Ciudad para todos y todas”.
El legislador porteño Eduardo Valdés presentó una iniciativa para la creación del organismo, que dependería del Poder Legislativo y abogaría por la defensa y protección de los intereses y derechos de las personas con discapacidad.
El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos-CABA) presentó un proyecto de ley para crear la Defensoría Nacional de las Personas con Discapacidad. Según la iniciativa, la misma quedará bajo la órbita del Poder Legislativo, y tiene por objetivo “la defensa y protección de los intereses y derechos de las personas con discapacidad, tutelados por la Constitución Nacional, tratados internacionales y leyes, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública nacional, entidades o personas jurídicas, públicas o privadas, que presten todo tipo de servicios, cuidados y asistencia”.
De aprobarse, la Defensoría llegaría a proteger los derechos de tres millones y medio de argentinos y argentinas con algún tipo de discapacidad, según datos del INDEC de 2018.
“Con este proyecto buscamos que el sector tenga una voz propia que defienda sus derechos para que tanto el Estado como otros ámbitos brinden las respuestas que el sector está esperando. Las dificultades de las personas con discapacidad para acceder a las prestaciones que brindan tanto el sector público como privado son muchas, y se vieron agravadas en el marco de la pandemia. Creemos que una Defensoría específica para este enorme universo, conformado por personas de todas las edades, extracciones sociales y provincias, es un gran paso hacia un país más justo y solidario”, sostuvo el legislador porteño.
La iniciativa, que cuenta con las firmas de los diputados Rosana Bertone, Alcira Figueroa, Carolina Moisés, Juan Carlos Alderete, Lía Vernónica Caliva, Ricardo Daives, Marcelo Koenig, Susana Landriscini, Danilo Flores, Mabel Caparrós y Omar Felix, está apoyada en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por las Naciones Unidas en 2006, aprobada en la Argentina en 2008, e incorporada en el artículo 75 de la Constitución Nacional a través de la Ley 27.044 en 2015.
Dicha convención obliga a los Estados a “adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad”, tal como lo establece en su artículo 4.
De esta manera, la Defensoría propuesta será el espacio propicio y con competencia para “velar por el derecho a la vida, la educación, el empleo, la salud y la no discriminación de personas con al menos una discapacidad, entre otros derechos que frecuentemente son vulnerados”.
A su vez, la propuesta del diputado del bloque Frente de Todos señala que “la creación de la Defensoría de las Personas con Discapacidad procura garantizar la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, dotando a un organismo independiente de los instrumentos, facultades y recursos necesarios para tal misión, interviniendo en todas las áreas que afectan la vida, la salud, la educación, la seguridad y el bienestar de las personas con discapacidad y sus grupos familiares”.
Respecto del mecanismo de selección del titular, el articulado elaborado por Valdés establece que la figura del defensor o defensora será determinada por una comisión bicameral integrada por cinco representantes de cada cámara del Congreso, la cual “tendrá a su cargo la evaluación de la designación, que se llevará a cabo mediante concurso público de antecedentes”.
La designación se llevará adelante mediante concurso público de antecedentes, del cual surgirán cuatro candidatos y candidatas, para ocupar el cargo que tendrá una vigencia de cinco años, con la posibilidad de ser renovado por única vez.
