El diputado nacional Ricardo López Murphy presentó en la Cámara baja el proyecto “Ley Marco de Garantía y Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad”, un texto de más de 80 artículos que propone actualizar y unificar la legislación vigente para adaptarla a los estándares internacionales de derechos humanos, en línea con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El proyecto reemplaza la actual Ley 24.901, vigente desde 1997, y se asienta en el modelo social de la discapacidad, que pone el acento en la eliminación de barreras físicas, comunicacionales y culturales, y no en las limitaciones individuales. “El objetivo es promover y asegurar el ejercicio efectivo, permanente y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos”, sostiene el texto.

Entre sus principales innovaciones se destaca la creación del Fondo Único de Discapacidad, un fideicomiso administrado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que reunirá recursos públicos y privados para financiar prestaciones de salud, apoyos, transporte, educación, vivienda y trabajo. El fondo —subraya el proyecto— no podrá ser disminuido ni reorientado por decisiones administrativas, y deberá asegurar el pago directo a personas con discapacidad y prestadores, evitando la intermediación.

Otro eje central es la creación del Certificado Único de Acceso a Apoyos (CUDA), que reemplazará al actual CUD. Este nuevo instrumento acreditará la discapacidad en todo el territorio nacional y permitirá acceder a los apoyos y beneficios previstos en la ley con un criterio más dinámico y multidimensional.

El texto también instituye una Asignación Universal por Discapacidad (AUD), una prestación mensual no contributiva, gestionada por la ANDIS, destinada a todas las personas con discapacidad, independientemente de su situación laboral. Las pensiones no contributivas vigentes se convertirán de oficio en esta nueva asignación.

El proyecto incluye capítulos específicos sobre educación inclusiva, trabajo y empleo, vida independiente, acceso a la justicia y accesibilidad universal. En materia laboral, fija un cupo mínimo del 4% para personas con discapacidad en los tres poderes del Estado y empresas concesionarias, y extiende incentivos fiscales a empleadores privados que contraten personas con discapacidad.

Asimismo, establece la capacitación obligatoria en perspectiva de discapacidad y derechos humanos para todos los agentes públicos, al estilo de las leyes Micaela y Yolanda, y ordena la creación de un Consejo Federal y un Consejo Consultivo de Discapacidad para articular políticas entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.

En sus fundamentos, López Murphy señala que el propósito es “dotar a la Argentina de una ley moderna, eficaz y transversal” que garantice la igualdad de oportunidades y elimine las barreras estructurales que aún impiden la inclusión plena.

“La discapacidad no está en las personas, sino en las condiciones del entorno que les impiden ejercer sus derechos en igualdad”, sostiene el texto, que plantea también un sistema de ajustes razonables, diseño universal en obras públicas, gratuidad en el transporte, accesibilidad comunicacional, y la inclusión de personas con discapacidad en la vida política y partidaria.

Con esta iniciativa, el legislador busca abrir el debate sobre una reforma integral y federal del sistema de discapacidad, que involucre a todos los niveles del Estado y que, a diferencia de las políticas fragmentadas actuales, establezca una arquitectura institucional unificada, con financiamiento garantizado y control público.

Diputados debatieron propuestas legislativas orientadas a promover los derechos laborales de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito público como en el privado. El encuentro se llevó a cabo en el Salón Auditorio del Edificio Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, y fue encabezado por la diputada Margarita Recalde. El objetivo fue visibilizar y debatir iniciativas legislativas que impulsen la inclusión de personas con discapacidad en el mundo del trabajo.

Durante la jornada, Recalde presentó una serie de proyectos de ley que incorporan una perspectiva de inclusión laboral y ambiental en los procesos de compras y contrataciones del Estado provincial.

“La idea es modificar la actual Ley de Compras y Contrataciones para incorporar la perspectiva de discapacidad a la hora de ser proveedor del Estado provincial, trabajando con talleres protegidos y cooperativas, y así otorgarles prioridad en las compras y contrataciones”, explicó la legisladora.

En ese sentido, agregó que se busca que “aquellas empresas y pymes que quieran ser proveedoras del Estado provincial tengan en su planta a personas con discapacidad contratadas formalmente, para acceder a esa prioridad”.

Además, se presentó un proyecto de ley para crear un Registro Provincial de Transportistas de personas con discapacidad, con el fin de “dar previsibilidad y confianza a aquellas familias que necesitan contratar a alguien para trasladar a familiares con discapacidad”, puntualizó Recalde.

También participó del panel el periodista, escritor y actor Gonzalo Giles, activista argentino que perdió la voz a los cinco meses por una meningitis y se comunica mediante una aplicación en su celular. Giles remarcó que “el trabajo no debería ser un privilegio, sino un derecho con acceso real. Pero hay miles de personas con discapacidad que no consiguen empleo, no porque no puedan, sino porque el sistema no quiere verlas. Seguimos confundiendo inclusión con caridad, y las oportunidades con favores”.

Por ello, reclamó “políticas públicas que no se queden en los slogans, sino que exijan cupos reales y accesibilidad física en los lugares de trabajo”. Y concluyó: “Es necesario legislar, porque sin ley no hay derechos, y sin derechos no hay dignidad. La igualdad no se negocia, se garantiza”.

Completaron el panel la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Contrataciones, María Victoria Anadon, y la directora provincial de Acceso e Inclusión en Salud, María Lourdes Farías. También asistieron autoridades provinciales, legislativas y municipales, representantes de entidades de bien público e invitados especiales.

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive, por 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones.

Entre sus principales puntos prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.

También, la compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral; el financiamiento adecuado y sostenible del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad; la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo, vital y móvil vigente y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley 26.816).

Finalmente, disponer mecanismos institucionales de diálogo y consultas estrechas con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que los representan y “otras medidas que acuerde el Poder Ejecutivo Nacional con el Consejo Federal de Discapacidad”.

En una modificación al artículo 9 de la Ley 13.478, se faculta al Poder Ejecutivo “a otorgar una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o más años de edad o con discapacidad que cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”.

Además, se incorpora un artículo 7 bis a la Ley 24.091 que reza: “Los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la presente ley”.

Otro de los artículos faculta al jefe de Gabinete a “efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley”. “Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’”, agrega.

La palabra de los diputados

En su carácter de presidente de la Comisión de Discapacidad, el diputado Daniel Arroyo (UP) señaló que el proyecto de emergencia está “afuera de la grieta y busca acompañar, atender lo que es una crisis profunda que viven las familias y personas con discapacidad”.

Arroyo explicó que la ley tiene tres partes, una de ella busca “resolver el problema del acceso a las prestaciones básicas”, y ejemplificó: “Hoy las familias, las personas con discapacidad están accediendo a muy pocos servicios o casi ninguno. Es recomponer el nomenclador, las prestaciones”.

Al respecto, detalló que “una persona que hoy trabaja en un taller protegido que va a trabajar todos los días 4 horas a una herrería, una carpintería, una persona con discapacidad cobra $28.000 por mes”, y alertó que ese monto no se actualiza desde febrero del 2023.

También brindó otro ejemplo: “Una persona que transporta personas con discapacidad cobra 541 el litro de nafta. Como la nafta sale $1300, en vez de llevarlo los 5 días que corresponde para el tratamiento, con mucha suerte los lleva dos días”.

“Un acompañante terapéutico, estamos hablando de un alumno que está en una escuela común, esa persona mujer en general cobra 180 días cuando cobra $3000 la hora básicamente está buscando trabajo todo el tiempo porque no le alcanza, porque no llega”, y por último habló de la situación de los centros: “Tienen fuertes dificultades. Los hogares los centros de día están todos a punto de cerrar. Todos tienen deuda con la AFIP que los aguanta hasta el 30 de junio”.

En cuanto a la segunda parte, el diputado bonaerense explicó que refiere a las pensiones porque “se ha desacomodado la estructura de funcionamiento de las pensiones por discapacidad”. Así, precisó que el proyecto “busca ir para adelante y mejorar la situación de las personas que tienen o pueden acceder a una pensión por discapacidad”. Por último, la iniciativa “tiene una tercera parte que es salir del maltrato el Estado ha decidido maltratar y experimentar con las personas con discapacidad”.

“Argentina tiene un millón 200,000 personas que tienen pensión por discapacidad. El Gobierno el 16 de enero hizo la resolución 187 yendo 100 años para atrás, literalmente a la década del 40 del siglo pasado”, criticó Arroyo y comentó que “crearon nuevas condiciones para que una persona acceda a una pensión por invalidez y, a partir de ahí, una normativa fuera de toda regla internacional, fuera de la Convención de Derechos de las personas con discapacidad”.

Arroyo cuestionó la manera de auditar que llevó a cabo el Gobierno porque “desacomodó la vida cotidiana de muchos. Mandó 30.,000 cartas documentos, los hace hacer 200 km a las personas, 10 horas de cola. Todos buscando mostrarle un papelito a la Agencia Nacional de Discapacidad para mostrar lo evidente es que tiene una discapacidad. Les piden volver a hacer todos los estudios. Desacomodó la vida, no hizo una auditoría correcta. No fue a ver dónde estaban los problemas, sino que decidió desacomodar la vida de la familia, generar angustia”.

“Hoy está en un limbo la situación de las pensiones. El médico no sabe qué evaluar, la persona no sabe qué papeles presentar”, alertó y precisó que la ley apunta básicamente a reconstruir el sistema.

La tercera parte de la iniciativa, es contra el maltrato luego de que “las familias con personas con discapacidad fueron maltratos”, y enumeró: “El vocero presidencial mostró una radiografía con un perrito y una colita contándonos que la persona accedió a una pensión por discapacidad con eso, lo cual no es cierto. Esa persona nunca accedió una pensión por discapacidad”.

“Luego el Gobierno en enero de este año hizo una resolución en la que denominó a una persona con discapacidad como ‘idiota’, ‘imbécil’, ‘débil mental’ y, en los últimos días, ha decidido lastimar, a través, de las redes sociales a gran parte de las personas con discapacidad. Lo que dice esta ley es entiéndase que lo que hay que hacer es acompañar, cuidar, no maltratar a las personas con discapacidad porque estamos hablando del dolor una familia que tiene una persona con discapacidad”, explicó y cerró: “Lo que plantea es que hay una regla que es el respeto, no se puede maltratar, no se puede lastimar a las personas con discapacidad”.

Arroyo resumió: “Esta ley reordena el nomenclador y hace que funcione el sistema de discapacidad, reordena las pensiones y termina con el experimento de ir y venir sin saber qué hacer fuera de toda regla internacional, y que busca el respeto va a plantear”.

“Cando un Gobierno designa funcionarios para el área de discapacidad, tiene que tener en cuenta que esos funcionarios tienen que tener humanidad. Es una regla que queremos establecer para la democracia argentina próximos 10 gobiernos”, sostuvo y remarcó que el sistema de discapacidad en la Argentina se rige con una ley de 1981 que “no solo es una ley de la dictadura militar, sino que tiene 44 años. Hace falta rearmar ese sistema. Esta ley no está modificando lo estructural, ni la cuestión educativa, ni la cuestión laboral, ni el funcionamiento del sistema en general, nos hemos concentrado en la emergencia porque hay una catástrofe y la familia Lo pasan muy mal”, concluyó.

El diputado del Pro Martín Maquieyra habló por el dictamen en minoría, advirtiendo por la “situación crítica” de las instituciones que prestan servicios a las personas con discapacidad. Habló de una situación compleja “de años” y en ese sentido dijo que “sorprenden algunos discursos que ahora se preocupan por la discapacidad, pero nada hicieron durante estos años”.

Remarcó el impacto de la inflación en el nomenclador, enumerando los índices de actualización, atribuyéndole al kirchnerismo el “descalabro” que existe en torno a la discapacidad. “Coincidimos en la situación crítica que está el sistema”, señaló, admitiendo que el Gobierno está haciendo cosas, “y puede hacer mucho más”, al tiempo que insistió en cuestionar la declaración de la emergencia, “pese a que sí es una situación crítica que se tiene que resolver”.

Por eso reivindicó el dictamen propio, que contempla el vocabulario, que debe ser adecuado, acorde a la convención internacional de las personas con discapacidad. También se manifestó de acuerdo en la actualización del nomenclador, pero pidió “celeridad en los pagos”. También dijo que “hemos planteado la reglamentación de la Ley de Empleo Protegido”, y por último planteó que la dignidad de cualquier persona no pasa por los subsidios, sino conseguir trabajo, por lo que apeló a un programa que ya existe, pero que no cuenta con demasiada adhesión. El mismo consiste en asistencia a los empleadores, con beneficios que su propuesta prevé triplicar.

En defensa de otro de los dictámenes de minoría, la santafesina Melina Giorgi (Democracia para Siempre) rechazó un “ajuste” en un sector tan débil como el de la discapacidad. “Esto no puede reducirse a un debate puramente fiscal, tiene que ser un debate donde prime la sensibilidad, la corazonada y pensar con el corazón en aquellos que más están sufriendo esta situación”, dijo.

La diputada del bloque DpS Carla Carrizo lamentó estar “con tantas emergencias. Este es un tema que nos atraviesa a todos”. Pese a acompañar, planteó: “No queremos una emergencia larga, queremos resolver la urgencia, contener, cuidar, proteger, porque son cosas que no pueden esperar y no se pueden justificar desde el desequilibrio fiscal”, y ratificó una emergencia acotada en el tiempo porque “el Congreso no puede volver a delegar por tres años la política en discapacidad porque el Estado no lo hizo bien en estos años”. Esa sugerencia fue aceptada en la votación en particular resolviéndose que la emergencia quedara hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive, pudiendo prorrogarse por un año más.

Carrizo señaló que la ley es antigua, pero la ley nueva “no está explicada en toda la política social. Tenemos una ley que no se usa”. Así, precisó que “el Estado no cuida con calidad y profesionalismo. Está todo mal, las leyes no están actualizadas. No tenemos que vivir de emergencias tenemos que tomarnos en serio cómo controlar el Estado”.

Miembro de la Comisión de Discapacidad, la oficialista Lilia Lemoine expresó su preocupación por “la utilización mediática y el abuso de menores de edad, que comunicadores y políticos estén abusando de los chicos”. Aclaró que no se refería a que fueran a saludar “a Cristina, a Milei o a Macri, sino que después los padres los lleven a manifestaciones o programas, que los sometan a situaciones de altísimo riesgo”.

La blonda legisladora dijo que está en la Comisión de Discapacidad porque es hija de una persona que tuvo tres discapacidades. Y desde esa experiencia considera que “lo más importante es romper las barreras duras que impiden la integración”.

Lemoine afirmó que “todo el país está en emergencia”, y aclaró que “no voy a apoyar una declaración de emergencia que está hecha a la medida de Milei, porque empieza el 10 de diciembre de 2023 y termina en el 2027, porque quieren cargarle a este Gobierno el desastre que ocasionaron previamente”.

Luego dio datos contra el kirchnerismo, al señalar que en 2003 había asignadas solo 77 mil pensiones por discapacidad; en 2015 eran 1.055.000. “Y durante el Gobierno de Alberto Fernández se agregan 390 mil personas a cobrar”, señaló planteando además que en Formosa un 7% de la población cobra una pensión por discapacidad. “Ha habido un fraude enorme de 3.400 millones de dólares solamente en 2023 en el Gobierno kirchnerista”, remarcó.

Por el contrario, Lemoine aseguró que “este Gobierno es resolutivo, a pesar de lo que ustedes digan. Las soluciones que se encuentran son prácticas. No queremos quedar bien, no entramos en política para eso, sino para hacer lo que hay que hacer; para que los recursos se distribuyan bien y no se malgasten”.

Luego sumó la situación con los residentes del Garrahan y destacó que de ganar 800 mil pesos pasaron a ganar 1.300.000, cosa que atribuyó a que “se reasignan recursos que estaban mal asignados para hacerle favores a la política. “Si los diputados ganáramos lo que gana un residente el Garrahan, este recinto se quedaría la mitad vacío. Y los primeros en salir de esa puerta son los que tienen ese cartelito”, señaló en referencia a los diputados de UP que tenían en sus bancas carteles referenciando la situación en el Hospital Garrahan.

A continuación habló, también desde el oficialismo, la diputada María Emilia Orozco, que arrancó quejándose de que se esté “politizando” un tema tan sensible. “Quienes están proponiendo esta ley hicieron siempre de la discapacidad un negocio”, dijo en referencia al kirchnerismo, al que dirigió todo su discurso. “No tendríamos que hablar de esto si no hubieran usado las pensiones para hacer política. Hoy las personas que realmente tienen discapacidad, no los curros que han armado haciendo negociados, podrían estar cobrando como se merecen”, afirmó.

Orozco aseguró que “el desfasaje de los nomencladores viene desde su gobierno”, y contra el dictamen de UP dijo que “han hecho un menjunje que lejos de beneficiarlos los perjudica más. Si aprobamos esto, vamos a estar dando pensiones a prófugos, presos, muertos, personas que declaran discapacidad por tener pie plano, ansiedad, gente con bipolaridad…”. Por eso consideró que “el sistema está desfasado”, y denunció que “hay un diputado del bloque kirchnerista que claramente sigue haciendo negocios con la discapacidad. Me pregunto de dónde va a salir la plata, porque nunca dijeron”.

A su turno, la diputada Mónica Fein dijo que “venimos a ponerle un límite a un gobierno que cree que las leyes no son límites, que cre que la Constitución no es un límite, que las convenciones internacionales no es un límite, que la crueldad o la falta de humanidad con los más débiles no es  un límite”. “Las personas con discapacidad nos enseñaron a entender la problemática”, aseguró, señalando que a través de eso surgieron las mejores leyes de la Cámara. “Fundamentalmente por las personas con discapacidad, por sus familias, por la lucha que llevaron adelante”, dijo, advirtiendo que en nombre del equilibrio fiscal “atropellamos todas esas construcciones colectivas, humanas, sociales”.

Se quejó de que en esa cámara donde el año pasado discutieron una ley para un trato humanizado para las personas con Síndrome de Down, “y tenemos un presidente que utiliza el Síndrome de Down para burlarse de alguien. ¿Qué pasó en una sociedad donde un presidente puede burlarse de un niño autista? Así se construyeron las mejores leyes, escuchando”.

Y sobre el final advirtió que “este Gobierno quiere cambiar un rumbo cultural, que no generemos derechos de igualdad a las personas que tienen más vulnerados sus posibilidades de construir una vida integral en esta sociedad”.

Sobre el final, el diputado Eduardo Valdés salió al cruce de lo que definió como “una difamación, una calumnia que ha hecho el titular de la ANDIS hacia mi persona, diciendo que integro la Fundación Infancias, que sería prestadora de organismos del Estado como el PAMI”. Y aclaró que esa entidad “nunca fue prestadora del Estado nacional”, agregando que él la integró hasta 2013, cuando se fue como embajador al Vaticano. “Pero ni antes, ni durante, ni hoy, ha sido prestadora del Estado. Sus funciones han sido otras. Nunca ha sido prestadora del Estado nacional, ni de los privados. No tiene como objeto ser prestador, sino mostrar los logros de las personas con discapacidad”, aclaró.

“Si bien me fui en 2013, lo que nunca dejé es mi compromiso con el colectivo de personas con discapacidad, que cada vez es más profundo”, afirmó luego, admitiendo que “con el Gobierno anterior estábamos mal, pero ahora estamos peor”. Y dio datos al respecto: “¿Saben cuánto le pagan a una persona con discapacidad en un taller protegido? 28 mil pesos. ¿Alguien puede vivir con eso? Los  hogares de día están cerrando porque se les paga, por desayuno, más almuerzo y merienda, 3.000 pesos. Acá mismo en la Cámara de Diputados el almuerzo costaba 11 mil pesos. Los transportistas están dejando la actividad porque el Estado les paga 500 pesos por kilómetro”. Y cerró diciendo que “no venimos a echar culpas, venimos a querer resolverlo”.

Por su parte, el diputado Pablo Yedlin sostuvo que el sistema de seguridad social merece una discusión de fondo. “hay que revisar esto. Pero le pido al Gobierno que trabajemos en conjunto para encontrarle una solución a un sistema de salud que necesita integrarse”.

Respecto de la aseveración que se hace respecto de que Argentina tiene demasiados discapacitados, el titular de la Comisión de Salud sostuvo que esa afirmación “no resiste el menor conteo comparado con cualquier país de la OCDE”. Y explicó: en 2010, los discapacitados eran menos del 4% de la población, mientras que en la OCDE los discapacitados severos son más del 7,5%. “A mí no me parece mal la auditoría, pero tenemos un Gobierno que nos ha llevado a auditar todo y no sabemos el resultado de ninguna auditoría”.

Instituciones que abordan la problemática de la discapacidad en Santa Fe se reunieron con el defensor del Pueblo de esa provincia, Gabriel Savino; el senador nacional Marcelo Lewandowski y el diputado provincial Miguel Rabbia. En conferencia de prensa denunciaron irregularidades en las auditorías de pensiones que lleva adelante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el fuerte ajuste en el área.

Junto a la presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (APRIDIS), Mariel Chapero, y su vicepresidente, Luciano Urrutia, Lewandowski presentó dos proyectos de su autoría. Uno para crear la Comisión de Discapacidad en el ámbito del Senado de la Nación y otro en el cual solicitó formalmente citar para su interpelación al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y al director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, a fin de que brinden explicaciones sobre la auditoría que viene llevando a cabo.

“Esta iniciativa plantea la necesidad de crear la Comisión de Discapacidad en el ámbito del Senado de la Nación para defender de los derechos de las personas con discapacidad y entender en los asuntos referentes a la problemática global de la discapacidad, fomentando políticas que estimulen la integración y procuren eliminar todo tipo de discriminación o marginación social derivadas", sostuvo el legislador.

Y agregó: "Entendemos que esto no es ninguna cuestión de salud, no es una cuestión de educación, es una cuestión transversal a muchos temas y por eso todo el sector merece un tratamiento especial y dedicado". "Lo que uno observa en todo esto es una crueldad atroz. Es la crueldad de hacer demostrar a una persona que tiene Síndrome de Down, cuando nació bajo esa condición; es la crueldad de una sociedad que no atiende a sus adultos mayores, a sus niños, a sus personas con discapacidad y eso es una sociedad que no está atendiendo a quienes menos poder de defensa propia tienen", observó.

En ese sentido, Urrutia resaltó: "En la provincia de Santa Fe hay 70 mil personas que gozan de pensiones no contributivas por incapacidad laboral. La auditoría que están llevando adelante no alcanza al 100% de esas personas sino a un número menor, pero no podemos saberlo porque no tuvimos acceso al padrón. Lo solicitamos formalmente y nunca nos dieron respuesta. Lo que sí podemos decir a través de un trabajo mancomunado y artesanal que hicimos desde las instituciones y la Defensoría es que menos de la mitad de las personas que conformaban el padrón pudieron asistir a presentar la documentación que esta auditoría requería y esto sumamente grave".

"No tenemos respuesta por parte del Ejecutivo y no sabemos qué es lo qué va a pasar con las pensiones. A todo esto se agrega la dificultad arancelaria por la que venimos transitando en el sector, con más de cinco meses de retraso. La última actualización de aranceles fue en el mes de diciembre de 2024, tan solo un 0,5 por ciento y eso es lo que hace es complicar en el día a día el sostenimiento de los servicios que brindamos", denunció.

Asimismo, el vicepresidente de APRIDIS agradeció a los funcionarios "por abrirnos las puertas cuando todas se nos están cerrando en este momento tan complejo para la discapacidad. La Defensoría nos asistió con respecto a lo que fueron las auditorías de las pensiones para personas con discapacidad, donde notábamos que muchas personas con discapacidad estaban teniendo dificultades para asistir, comparecer y presentar la documentación correspondiente para seguir accediendo a una pensión".

"Gabriel Savino nos abrió las puertas -continuó- y nos compartió lo que ellos hacían. Fuimos atando cabos y nos fuimos dando cuenta que la auditoría tenía como objetivo aplicar un recorte más allá de poder auditar si las pensiones estaban correctamente o no otorgadas porque más de la mitad de las personas no fueron notificadas".

Por su parte, Lewandowski resaltó la importancia de "darle estado parlamentario a lo detallado por Urrutia, a todas estas dudas y a lo que los beneficiarios están pasando". "Por eso hemos pedido una interpelación tanto al ministro de Salud de la Nación como al director que tiene su cargo la ANDIS. Hemos pedido una interpelación y por supuesto que no hemos tenido ninguna respuesta", dijo.

El senador lamentó “la incertidumbre por la que está atravesando aquel que está recibiendo hoy una pensión de saber si se la van a seguir dando o no". "Aquí hay que tomar conciencia que muchas veces el transporte que lo lleva a una instituto, una escuela o a su trabajo, de aquel que no puede y no tiene otros medios, porque sus padres son mayores, no solamente por recursos económicos, sino porque la familia no tiene quien lo puede llevar, estamos impidiendo que esa persona socialice, se integre, progrese y todo eso significa un retroceso que la sociedad ya había superado y que no era un tabú, sino que los integró a trabajar, los integró de educarse; en todo eso estamos retrocediendo años y años", concluyó.

Durante una breve reunión de la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja realizada este miércoles, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés rechazó una denuncia en su contra por supuesto conflicto de intereses en torno al proyecto de ley que propone declarar la emergencia en discapacidad.

El legislador señaló que la presentación judicial, realizada por el fiscal Carlos Stornelli e impulsada por el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, es “por supuestamente integrar una fundación que tendría como objeto beneficiarse de la emergencia en discapacidad”.

“Quiero rendir cuenta ante mis pares y después responderemos en la justicia lo que corresponda”, afirmó y resaltó que él no es el autor de la ley. Asimismo, explicó: “La Fundación Infancias a la que hace referencia, que yo integré orgullosamente hasta 2014, nunca en su vida fue prestadora del Estado. Se dedica a promover los logros de las personas con discapacidad”.

Sobre la denuncia que recayó en el juzgado de María Servini de Cubría -con intervención del fiscal Eduardo Taiano-, Valdés insistió: “No tengo nada que ver, no estoy de los dos lados del mostrador, estoy de un solo lado, que es el del colectivo de las personas con discapacidad, y tengo orgullo presidente (a Daniel Arroyo) del proyecto que usted ha presentado”.

Dirigiéndose a Spagnuolo, el porteño expresó: “Usted me acusa a mí, y yo la verdad lo felicito por haber derogado esa resolución 1.387/25 donde usted trató a este colectivo de imbéciles, idiotas y retardados. Nosotros somos la contracara de eso”.

Durante la reunión, la diputada de Democracia para Siempre Marcela Coli expresó su solidaridad porque “cuando se realiza una acusación sin fundamentos, duele. Y buscar una piedra cuando no existe, realmente es ensuciar”. A su vez, lamentó que “no hemos tenido la suerte de poder tener en la comisión” al titular de la ANDIS y pidió que se insista en convocarlo para que responda sobre las políticas para el sector.

En tanto, la legisladora de UP Victoria Tolosa Paz aseguró que conoce el “compromiso con la discapacidad” de Valdés y también la “enorme tarea educativa” que realiza esa fundación. “Quiero desligar cualquier manto de sospecha de que un diputado nacional que tiene un compromiso con la discapacidad puede estar utilizando algún tipo de ventaja o agua para su molino. Lo niego categóricamente”, sostuvo y abogó por que el proyecto de emergencia en discapacidad pueda aprobarse en la próxima sesión.

Aclarando que no es parte de la comisión, el diputado de UP Santiago Cafiero señaló que asistía para “ser parte del desagravio a un compañero, a un hombre, a un diputado nacional y a una familia. Porque Eduardo Valdés y su familia tienen un compromiso, una dedicación permanente a esta temática y un prestigio que ninguna injuria sacada de los pelos, oportunista, va a socavar”. Y acusó al Gobierno de “querer tapar” la situación que atraviesa el colectivo.

Por otra parte, en el encuentro se designaron como secretarias de la comisión a Estela Neder (UP) y Natalia De la Sota (EF).

Con la ausencia de La Libertad Avanza y sus aliados del Pro y la UCR, la oposición en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados avanzó con el dictamen de un proyecto de ley que propone declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.

La iniciativa, que reunió un total de 21 firmas y había obtenido previamente despacho en la Comisión de Discapacidad, deberá pasar ahora por Presupuesto y Hacienda, comandada por el oficialista José Luis Espert. Ante la resistencia de LLA, varios legisladores anticiparon la intención de votar un emplazamiento a Presupuesto en el recinto en la próxima sesión que haya.

El proyecto busca establecer diversas medidas de protección y promoción de derechos; garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas; fortalecer los prestadores básicos; garantizar el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad y sostener el cupo laboral para personas con discapacidad, entre otros puntos.

Además, la propuesta introduce modificaciones a distintas leyes para armonizarlas con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Impulsor del proyecto y presidente de la Comisión de Discapacidad, el diputado de Unión por la Patria Daniel Arroyo, sostuvo que “emergencia significa darle prioridad presupuestaria a la atención a la problemática de la discapacidad” y “lleva a obligar al Estado Nacional a darle prioridad a un esquema puntual”.

“Se están dando muy pocas prestaciones para las personas con discapacidad. Tenemos dificultad con el transporte. Hoy se les paga a los transportistas menos de la mitad del valor del litro de nafta, con lo cual alguien que tiene que hacer un tratamiento cinco días a la semana, lo llevan dos”, graficó y mencionó que además hay “problemas serios en materia de educación” con gran rotación de asistentes que acompañan a los alumnos. También se suma “el retraso claro en el acceso a los medicamentos”.

El exministro de Desarrollo Social precisó que hay 1.200.000 personas que “acceden a una pensión por discapacidad, que es el 70% de la jubilación mínima”. “Está bien, hay que hacer una auditoría, es evidente que hay personas que accedieron a pensiones que no les correspondían. Pero llevamos 15 meses y estamos en un promedio de 300 mil cartas documento”, señaló y afirmó que “se está haciendo un proceso de ajuste absolutamente brutal”.

Arroyo sumó que, a todo esto, la Agencia Nacional de Discapacidad “pasó de la Jefatura de Gabinete al área de Salud; en un concepto que retrocede más de 100 años”.

El legislador apuntó que las pensiones deberían actualizarse por inflación, pero que en su opinión el proyecto no debería pasar por la Comisión de Presupuesto, “porque no hay presupuesto este año. No estamos creando ningún hecho nuevo en términos fiscales”, sino que se trataría de reasignación de partidas.

Daniel Arroyo (Foto: HCDN)

Luego, el diputado de UP Eduardo Valdés observó que “para este Gobierno el verbo auditar es aniquilar derechos. Nunca se les ocurriría auditar a los grandes unicornios que todos los años se llevan de piso 100 millones de dólares (en subsidios). Con eso se resolvería todo el déficit de las personas con discapacidad”. “La única discapacidad en la vida es una mala actitud y es lo que están haciendo hoy”, expresó.

Por su parte, su par Victoria Tolosa Paz cuestionó que “es un caballito de batalla de este Gobierno poner el gran manto de duda sobre las personas con discapacidad, y poner la excusa de una gran auditoría para, no solamente no dar ninguna nueva alta, sino para seguir congelando el monto de la pensión”.

“El Gobierno imagina a las personas con discapacidad solamente como personas que tienen una enfermedad”, dijo y habló, en cambio, a favor de una concepción de “modelo social” que “les permite ser incluidas en la sociedad”. “Este proyecto vuelve a poner en cabeza de la ANDIS toda la competencia y la saca del Ministerio de Salud”, explicó.

Además, la exministra de Desarrollo Social anticipó que desde la oposición buscarán votar un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque “es la única opción” ya que “este tema no está en la agenda del Ejecutivo”.

Otra de las que habló fue Danya Tavela, del bloque Democracia para Siempre, quien resaltó que “estamos ante una situación crítica”. “La discapacidad también puede adquirirse, nadie está exento”, advirtió la radical y reconoció que no le “gusta” declarar emergencias, “pero a veces no queda otra alternativa”.

“Seguramente no serán muchos los diputados que acompañen, porque en este pacto de oscuridad y silencio que algunos sectores están llevando adelante con el Gobierno, muchas veces estos temas quedan para otra oportunidad”, lamentó y aseguró: “Tenemos que impedir que este Gobierno siga en este camino de abandono, de desidia, de mala fe”.

En tanto, la socialista Mónica Fein opinó que este es “un proyecto que nos da humanidad como Congreso”, mientras que el legislador de izquierda Nicolás del Caño subrayó que las personas con discapacidad “bajo este Gobierno han recibido ataques de todo tipo. Antes de cualquier auditoría ya tenían planteada la motosierra sobre 300 mil pensiones, algo que estaba previsto en el proyecto del Presupuesto 2025”, que nunca se trató.

Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, ejemplificó que “con la mitad de los fondos reservados que le dieron a la SIDE, podríamos estar financiando la totalidad de las prestaciones para las personas con discapacidad”. “La crueldad que mencionaron todos los diputados, cuando uno le pone números queda más clara la arbitrariedad, la discrecionalidad y la escasa o nula voluntad política de resolver este tema”, agregó.

En el final del debate sobre el proyecto, el diputado misionero del bloque Innovación Federal Carlos Fernández se sinceró: “A pesar de estar acompañando (al oficialismo) en muchas cosas que no queremos y votamos por conveniencias provinciales, he logrado que en mi provincia me autoricen a acompañar esto”. Y pidió avanzar en el diálogo y consenso para que, todos aquellos que también “necesiten la autorización de los gobernadores”, avalen en la Comisión de Presupuesto “y podamos meter esa firma con total autoridad y convicción de que es necesario”.

Más adelante, cuando dijo que iba a hacer una “catarsis” sobre la coyuntura en cuanto a las medidas en salud del Gobierno, el diputado de UP Daniel Gollán lanzó que “en algún momento tenemos que parar y decir ‘nuestra consciencia nos dicta una cosa, y si mi gobernador me manda a hacer otra, y mi consciencia me dice que yo no puedo dejar a los discapacitados desamparados, tenemos que ir a favor de los discapacitados’”.

Por otra parte, pasaron a la firma varios proyectos de declaración y pedidos de informes al Ejecutivo. Respecto de los referidos al cierre del Instituto Nacional del Cáncer, Del Caño enfatizó que esa decisión “marca nuevamente la crueldad del Gobierno” en el marco de “un ajuste muy fuerte que está viviendo toda la salud”. Y rechazó que el pedido de informes sobre este tema tenga giro a Presupuesto: “Es absolutamente ridículo”.

En tanto, la diputada de UP Roxana Monzón manifestó que el Instituto trabajaba en “la prevención, que es muy importante, dado que la mayoría de los cánceres que presenta la población se pueden de alguna manera solucionar con la prevención”. “Es muy grave y no tiene explicación”, dijo sobre la decisión del Ministerio de Salud de absorber el INC.

“Es una medida desacertada del Gobierno”, coincidió el diputado de UP Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud, quien recordó que este miércoles es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer del Cuello Uterino y “en Argentina mueren por año 2.300 mujeres” por esta causa.

Al recordar la Ley de Cuidados Paliativos y el programa allí contemplado, Fein subrayó que “al derogar el programa dentro del Instituto del Cáncer, se deja también sin efecto una ley votada por este Congreso”.

Legisladores de la oposición se sumaron al rechazo que organizaciones y familias que trabajan con la discapacidad levantaron contra una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en la que se reincorporan términos como "idiota", "imbécil" y "débil mental" para referirse a personas con discapacidad intelectual.

Se trata del anexo de la resolución 187/25, publicada en el Boletín Oficial el pasado 16 de enero, donde el organismo estableció el Baremo para la evaluación médica de invalidez de las pensiones no contributivas por invalidez laboral. A posteriori, el Gobierno volvió sobre sus pasos y atribuyó a un “error” el uso de esos términos, aclarando que “modificará” la resolución publicada en el Boletín Oficial.

"La resolución 187 del Gobierno incluye conceptos como 'idiota', 'imbécil' y 'débil mental' para evaluar las pensiones por discapacidad. Atrasan 200 años. Son ignorantes, son perversos o las dos cosas a la vez. Presenté un proyecto de ley para derogarlo", escribió en su cuenta de X el diputado Daniel Arroyo (UP), presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja.

Además, a través de un video evaluó "tres opciones" ante tal medida: "O son ignorantes, no tienen la más pálida idea de lo que están haciendo en la ANDIS. En segundo lugar, son perversos, quieren lastimar y a partir de ahí buscar un ajuste y lastimar a las personas. O la tercera opción, son ignorantes y perversos". "Si alguien tiene un poquito de humanidad en el Gobierno debería estar ya yendo para atrás", agregó, cosa que el Gobierno terminó haciendo.

La Resolución 187 del Gobierno incluye conceptos como "idiota", "imbécil" y "débil mental" para evaluar las Pensiones por Discapacidad.
Atrasan 200 años. Son ignorantes, son perversos o las dos cosas a la vez.
Presenté un Proyecto de Ley para derogarlo. pic.twitter.com/15ncO0KzX6

— Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) February 27, 2025

Por su parte, la senadora Lucía Corpacci (UP) señaló que en "un nuevo acto de desprecio hacia el otro, a los que nos tiene acostumbrado el gobierno de Milei, se plasma al fijar las condiciones para el otorgamiento de las pensiones de invalidez cuando en el artículo 13 de la normativa califica a las discapacidades mentales como idiota, imbécil y débil mental; estas expresiones vertidas en la resolución 187/25 constituyen un acto de violencia institucional que va en contra de los tratados internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional en nuestro país, favoreciendo los estereotipos, prejuicios y malas prácticas para con las personas con discapacidad".

La titular de la Comisión de Salud del Senado aseguró que "los términos utilizados por el gobierno son retrógrados, nos atrasan en el tiempo y nos llevan a un modelo que no reconoce a la persona con discapacidad como un sujeto de derecho en igualdad de condiciones, dejando de lado la terminología respetuosa y científica que se venía implementando hasta la actualidad, en donde se calificaba como Discapacidad Intelectual Leve, Moderada, Grave y Profunda".

Un nuevo acto de desprecio hacia el otro, a los que nos tiene acostumbrado el gobierno de Milei, se plasma al fijar las condiciones para el otorgamiento de las pensiones de invalidez cuando en el art 13 de la normativa califica a las discapacidades mentales como idiota, imbécil y… pic.twitter.com/DkBMOdQnsQ

— Lucía Corpacci (@LuciaCorpacci) February 27, 2025

En tanto, el diputado Nicolás Del Caño (FIT) reclamó: "Basta de estigmatizar y discriminar a las personas con discapacidad. Alertamos sobre el contenido de la resolución 187/25 que atenta nuevamente contra los derechos de las personas con discapacidad y pretende establecer nuevos 'viejos' criterios para acceder a las pensiones, con definiciones restrictivas y discriminatorias".

"Vamos a presentar en el Congreso un proyecto para rechazarla, y seguiremos acompañando los reclamos y las demandas de las personas con discapacidad y sus familias", anticipó el legislador.

El senador Mariano Recalde (UP) consideró que "la discriminación del Gobierno a las personas con discapacidad es indignante e inaceptable. Todo para seguir ajustando a los que más necesitan! O también son la casta?". "La crueldad es la antesala de la motosierra y hoy cruzaron un límite. Ya nadie puede decir que al presidente hay que darle herramientas. Hay que ponerle un freno", enfatizó.

"IGNORANCIA Y CRUELDAD. La nueva normativa de la Agencia Nacional de Discapacidad reincorpora terminología obsoleta y degradante como 'idiota', 'imbécil' y 'retardado mental' en la evaluación de personas con discapacidad intelectual para otorgar las pensiones no contributivas", fue el mensaje de diputada Natalia De la Sota (EF).

El diputado nacional Martin Tetaz (UCR) convirtió en proyecto de ley el pedido de los emprendedores gastronómicos que le dan trabajo a personas con discapacidad para que no paguen impuestos laborales.

“Esta iniciativa busca cambiar radicalmente el paradigma de la neurodiversidad y así dejar atrás el subsidio y la dependencia de las personas que pueden trabajar y ser productivos por si mismos e inmersos totalmente en la sociedad”, explicó el radical.

Según el proyecto los empleadores de la actividad privada, en todo nuevo ingreso de personal que se produzca a partir de la vigencia de la presente ley, al emplear a personas con discapacidad, que reúnan condiciones y la idoneidad para el cargo, gozarán de descuentos en las contribuciones. Los descuentos serán determinados por la autoridad de aplicación y no podrán ser inferiores al importe correspondiente a la pensión por discapacidad que perciba el trabajador, al momento de la contratación.

También establece que deberán brindar capacitación y apoyo para el cumplimiento de las obligaciones laborales a las personas con discapacidad que así lo necesitasen.

"Fui al local Alamesa, en el barrio de Palermo, en Capital y los emprendedores me comentaron que dan trabajo a 40 jóvenes con neurodiversidad, pero que les cuesta mucho abordar los impuestos para poder sumar personas con discapacidad y que necesitan urgente tener una carga impositiva menor. Les resulta imposible sumar empleados. Entonces, tomé este caso como disparador para el proyecto", contextualizó el diputado.

7449-D-2024 PL Promoción del Empleo para Personas con Discapacidad

El auditor de Unión por la Patria (UP) Lisandro Teszkiewicz dio a conocer un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) en el que se revelan “serias deficiencias” en la implementación de programas destinados a la inclusión de personas con discapacidad y “falta de planificación y control”.

Según el informe, la falta de actualización de manuales de procedimientos, la inexistencia de criterios claros para la distribución de recursos y la ausencia de control interno adecuado en programas como el de Capacitación Laboral para Personas con Discapacidad, son algunos de los problemas que afectan la eficiencia de estas políticas.

Además, el documento sostiene que el manual de procedimientos del programa no se actualiza desde el año 2016; así como tampoco “existen normas claras para determinar el monto que se otorga a los beneficiarios de becas de estudio y capacitación profesional”.

Respecto a la gestión administrativa, la Actividad de Apoyo para la inclusión Educativa del programa, no cuenta con un manual formal que sistematice las tareas y los controles internos necesarios.
También la AGCBA expuso errores en la administración presupuestaria. En varios casos, se detectaron desvíos de fondos destinados a la inclusión hacia otras áreas sin justificación. En el caso del Programa Apoyo para la Inclusión Educativa, que tuvo una asignación de más de 10 millones de pesos fue redirigida a una actividad distinta sin justificación. Esto no solo afecta la transparencia en el manejo de los recursos públicos, sino que además impide un correcto seguimiento de las metas programadas.

La Auditoría concluye el informe con una serie de recomendaciones, entre las que se destaca la urgente necesidad de actualizar los manuales, reorganizar los recursos humanos y asegurar una correcta planificación presupuestaria para evitar más exclusión y garantizar una inclusión real.

Respecto de este informe, Teszkiewicz aseveró que “esta falta de organización provoca una ejecución deficiente de los recursos que usa el Gobierno del Pro, lo que dificulta que las personas puedan tener sus beneficios, ósea sus derechos” y remarcó que “se supone que estos programas deberían facilitar la integración social, pero como vimos en otros informes, y en este en particular, profundizan la exclusión. Es inaceptable que todavía no se hayan actualizado los manuales y los criterios de hace una década”.

“No estamos hablando de errores menores, sino de un desprecio absoluto por la inclusión social”, continuó el auditor y concluyó señalando que “estamos viendo cómo se desperdician oportunidades para integrar a las personas con discapacidad en la sociedad. Cada día que pasa sin solucionar estos problemas es un día más en el que Jorge Macri margina y aísla a miles de personas que merecen una vida digna. Este gobierno promete inclusión y solo entrega exclusión”.

El diputado nacional Eduardo Valdés (UP) presentó un proyecto de declaración por el cual se exhorta al Poder Ejecutivo Nacional a implementar las medidas necesarias para asegurar el acceso a pasajes gratuitos para personas con discapacidad en el transporte terrestre de mediana y larga distancia. Recientemente, el Gobierno presentó una medida cautelar.

“Las empresas de transporte deben cumplir con su obligación de entregar pasajes gratuitos a las personas con discapacidad, conforme lo establece la Ley 22.431 y sus modificatorias", señaló el legislador.

Además, resaltó que los usuarios comenzaron a registrar problemas tras la desregulación del sector, cuando “las empresas dejaron de considerar el servicio de larga distancia como un servicio público a partir de la entrada en vigor del decreto 830/24".

Valdés subrayó la urgencia de que las autoridades intervengan: "Es el Estado quien debe tomar cartas en el asunto y arbitrar las medidas necesarias para que se respete la normativa, sin someter a las personas con discapacidad a trámites interminables para acceder a un beneficio que les corresponde por ley".

Para finalizar, el porteño también hizo hincapié en el impacto económico que esta desregulación tiene en las personas afectadas. “La gratuidad de los pasajes no es una concesión; es un derecho establecido para proteger a los más vulnerables. Es inaceptable que esta situación ponga en jaque a las familias de personas con discapacidad, quienes ahora deben enfrentar reclamos y burocracia para acceder a un derecho”, cerró.

La senadora nacional Nora del Valle Giménez (UP) presentó un proyecto a través del cual reclama que el Poder Ejecutivo Nacional no desregule el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad.

Atento al borrador de un decreto que se viralizó semanas atrás, la legisladora alertó por lo que significaría “un desmantelamiento de dicho sistema”. El tema estuvo en la escena en la última reunión de la Comisión de Discapacidad de Diputados, cuando la oficialista Lilia Lemoine aseguró que no iba a salir ningún decreto en ese sentido, mientras que el diputado de UP Daniel Arroyo exigió que hubiera una comunicación oficial por parte del Ejecutivo. 

En virtud del texto del borrador que trascendió, Giménez alertó que el mismo “desconoce el espíritu de la Ley 24.901, que establece el Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad que se encuentren o no incorporadas al sistema de la seguridad social”.

“La norma de 1997 tiene por objeto garantizar, sin distinción por condición económica y social, la atención integral a las personas con discapacidad”, recordó y apuntó que ese eventual decreto “retrotrae los derechos a 27 años atrás, desdibuja la esencia de la ley y deja en un estado de vulnerabilidad absoluta a las personas con discapacidad”. 

La senadora opositora remarcó que “así como está planteado, el decreto permitirá que los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas fijen de forma independiente -y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones. Es decir, que cada financiador determinará unilateralmente los importes de las prestaciones y sus ajustes, poniendo en riesgo la calidad y accesibilidad de los servicios para las personas con discapacidad”. 

 

Presidida por el diputado Daniel Arroyo (UP), la Comisión de Discapacidad avaló este miércoles un proyecto sobre el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad (Ley 24.901), abarcando prevención, asistencia y protección, garantizando atención universal y no discriminación. 

Además, durante el encuentro se manifestó la preocupación por la posible desregulación de los aranceles de las prestaciones. Sin embargo, desde el oficialismo la diputada Lilia Lemoine transmitió que no saldrá ningún decreto en ese sentido. 

El dictamen, que se alcanzó luego de unificar dos iniciativas, instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. Los legisladores se comprometieron en pedir “rápidamente” el tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Se establece, según sus fundamentos, entre otras cuestiones, que el sistema “debe garantizar la universalidad de la atención de dichas personas mediante la integración de políticas, recursos institucionales y económicos afectados a dicha temática”. Y añade: “La universalidad consistirá en asegurar el acceso y la calidad de las prestaciones en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional, y sobre la base del principio de no discriminación por motivos de discapacidad”. 

Durante el debate, Victoria Tolosa Paz (UP) destacó “la perspectiva de infancia esté presente” en el proyecto; mientras que Soledad Carrizo (UCR) advirtió: “Si no logramos que las provincias adhieran a la ley, vamos a tener una asimetría muy grande con las prestaciones”.

En tanto, Karina Bachey (Pro) remarcó que “necesitamos trabajar la discapacidad de manera altruista y de vanguardia, de acuerdo a lo que nuestra sociedad está pidiendo”. “El sistema de discapacidad está muy viciado y necesitamos mecanismos de control y auditoría, tanto para quienes reciben las prestaciones como a los prestadores, gastando los recursos de forma eficiente y que lleguen realmente a las personas que necesitan la asistencia del Estado”, subrayó.

Al anticipar su apoyo al proyecto, Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda, instó a “garantizar la universalidad de las prestaciones”. La diputada Natalia Sarapura (UCR) afirmó: “Venimos a garantizar las prestaciones y definir el rol de la Agencia Nacional de Discapacidad”. 

También habló la diputada Nancy Sand (UP), quien consideró que “esta es la forma que debemos trabajar en estos temas que son transversales”. 

En representación de La Libertad Avanza, Lemoine aseguró que “no va a salir” un decreto sobre desregulación de las prestaciones. “Es un borrador que no se va a firmar, así que no tienen que preocuparse porque no se van a limitar las prestaciones”, aclaró. En otro orden, propuso realizar una capacitación en lengua de señas en las instalaciones de la ANDIS, para “demostrar compromiso de integración y poder comunicarnos”.

Con respecto al borrador de decreto, Arroyo reclamó “una comunicación oficial del Ejecutivo que dé cuenta de que el decreto no va a salir”.
En esa misma línea se avaló un proyecto de resolución que expresa la preocupación por la posible desregulación del sistema de determinación de valores arancelarios de las prestaciones incluidas en el nomenclador de Sistema Único de Prestaciones Básicas de atención integral en favor de las personas con discapacidad.

Al comienzo, Arroyo reveló que, como se había fijado en el último encuentro, el viernes pasado se reunieron con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien se comprometió a revisar el proyecto y le confirmó la intención de asistir próximamente a la comisión.

 

Gracias a una iniciativa impulsada por la legisladora mandato cumplido Ana María Bou Pérez, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró de “interés social y para la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad” a la Fundación Inmula, la cual promueve el trabajo en personas con discapacidad.

La fundación es una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción e inclusión sociolaboral; articula con empresas y organizaciones de la sociedad civil, para fomentar la plena participación e igualdad de oportunidades de empleabilidad para todas las personas. Y sin importar su origen, religión, edad, apariencia, identidad de género, situación de discapacidad u otros.

Su propuesta va dirigida a todas aquellas personas que se encuentren en búsqueda activa de empleo formal y que no logran ingresar al mundo laboral, focalizando en primera instancia a personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTQ + y jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Su estrategia es trabajar desde adentro y en articulación con empresas, para que estas puedan brindar oportunidades laborales reales a los destinatarios, desarrollando así una cultura inclusiva. Y acompañan a personas excluidas del mundo laboral durante todo el proceso para lograr su plena inclusión.

El acto de distinción se llevó a cabo en el salón Presidente Alfonsín de la Legislatura porteña y contó con la presencia de Bou Pérez y representantes de la institución.

“En discapacidad, todavía es el colectivo que sigue invisible y queda mucho por hacer; todavía queda muchísimo por hablar de discapacidad”, remarcó Bou Pérez, luego de dar la bienvenida. Luego resaltó la importancia de la fundación en dicho tema y el trabajo realizado, tanto desde la Legislatura como desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: “Tenemos una gran oportunidad de incorporar el tema sobre la mesa”, completó.

La diputada nacional Sofía Brambilla (Pro-Corrientes) hizo entrega de un aporte económico correspondiente a su banca como legisladora a la asociación civil de familias de personas con discapacidad Munay, en la localidad de Goya.

“Quiero expresar mi compromiso de seguir acompañando a la asociación y a todas las organizaciones que trabajan por la inclusión y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad”, afirmó y destacó la labor de "apoyo, contención, educación y recreación" que se lleva adelante.

La donación, entregada por Brambilla a la directora de la institución, Delfina Jara, tiene como objetivo fortalecer la institución y sus actividades pedagógicas, que incluyen talleres de arte, música, deporte, cocina y oficios.

Munay, que significa “amor”, fue fundada por un grupo de padres y madres de personas con discapacidad, con el fin de crear un espacio de encuentro, integración y desarrollo. Actualmente, cuenta con más de 100 socios y socias, y ofrece diversos servicios y programas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.

Las personas con discapacidad forman parte de las temáticas que Brambilla -reelecta en 2021- ha estado trabajando en sus proyectos, así como también cuestiones referidas a la promoción y protección de los derechos de las mujeres, los adultos mayores, salud, desarrollo productivo, educación, vivienda, medio ambiente, seguridad, derechos humanos, y ciencia y tecnología.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado dio dictamen favorable este miércoles a un proyecto de ley que busca eliminar la incompatibilidad entre la pensión no contributiva por discapacidad y el ingreso que la persona puede percibir por un trabajo formal.

La presidenta de la comisión, Juliana Di Tullio (UC-FdT), señaló que se trata de "un proyecto muy sencillo" para "poder hacer compatibles a las pensiones graciables con el trabajo", algo que "está vedado en la ley".

La oficialista resaltó que esto "no implica ninguna erogación" y alcanzará a 1.220.406 personas, que actualmente perciben una pensión de "61.222 pesos, el 70% de la jubilación mínima" y "este mes reciben un bono de 37.000 pesos".

A través de la iniciativa se incorpora el artículo 12 bis a la Ley 22.431, la Ley de Discapacidad, de modo de establecer "la compatibilidad de toda pensión no contributiva otorgada a las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social con la retribución económica por el trabajo en relación de dependencia o cuenta propia", y que esto "se aplicará con independencia del ingreso total familiar conviviente".

La senadora Sandra Mendoza (FNyP-FdT), impulsora del proyecto, consideró que "viene a ser de mucha ayuda para todos los que tienen pensiones no contributivas por discapacidad, que cobran 62 mil pesos más un bono de 37 mil pesos. Con esa plata no alcanza para vivir".

Para la tucumana, es clave aprobarlo "en este momento que vivimos con mucha amenaza, con mucha incertidumbre que tenemos los argentinos de ir perdiendo derechos". "Si no está puesto por ley puede venir cualquier gobierno y sacarlo. Queremos que queden resguardados esos derechos", resaltó.

Por la oposición, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro-JxC) se manifestó a favor de "todo lo que promueva la inserción laboral formal". "No puedo dejar de pensar en el enorme volumen de personas que están trabajando en la informalidad, sobre todo aquellos que no terminaron la escuela secundaria", dijo y expresó que las personas con discapacidad "merecen toda nuestra atención".

Otro de los que habló fue el senador Martín Doñate (UC-FdT), quien destacó: "Pocas veces nos toca que, en un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, la modificación de un pequeño artículo tenga tanto impacto en tanta gente".

Para el rionegrino esto es "algo que estuvo demorado mucho tiempo" y, con este cambio, "se viene a generar más derechos". "Casi 6.000 rionegrinos y rionegrinas van a poder tener la oportunidad de trabajar y tener a la par su pensión", ponderó sobre el impacto en su provincia.

En el final, la vicejefa de la bancada oficialista, Anabel Fernández Sagasti (UC-FdT), sostuvo que este proyecto "hace traer justicia a muchos años de lucha de muchas organizaciones". "En Mendoza el 4% de la población tienen algún tipo de discapacidad", detalló.

"Acá de lo que estamos hablando es de inclusión laboral, un derecho que les fue negado sistemáticamente", lamentó la oficialista y remarcó que "por más que el Poder Ejecutivo haya tomado la decisión por decreto de sacar esta incompatibilidad, es necesario que lo transformemos en una política de Estado".

La mendocina abogó por que "rápidamente lo podamos llevar al recinto", al tiempo de "seguir trabajando para capacitar a las personas con discapacidad y trabajar con empresas para que puedan incluirlos".

Las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda del Senado tratarán este miércoles, desde las 13, el proyecto de ley que propone la creación del Programa "Argentina Inclusiva".

La iniciativa, impulsada por la diputada cordobesa Natalia de la Sota, tuvo media sanción de la Cámara baja por unanimidad el pasado 10 de octubre. Establece la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada en materia de discapacidad y accesibilidad universal para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado.

El temario incluye un proyecto de la senadora Edith Terenzi (CF-JxC), que propone la creación del programa "La hora silenciosa", con la finalidad de generar un espacio inclusivo aislado de estímulos visuales y sonoros que puedan resultar nocivos para las personas con dificultad para la comprensión y procesamiento sensorial.

Y, finalmente, un proyecto del senador Martín Doñate (UC-FdT) sobre promoción del buen trato y protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las personas mayores.

Previo al plenario, la Comisión de Presupuesto y Hacienda tratará cuatro proyectos de comunicación, mientras que después del plenario, la Comisión de Población y Desarrollo Humano continuará con un temario propio. Entre las iniciativas se encuentra la ley para crear protocolos contra el abuso sexual infantil en ámbitos donde concurran niñas, niños y adolescentes, que la Cámara baja devolvió con cambios al Senado.

La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, presidida por el rionegrino Luis Di Giacomo (JSRN), avanzó este miércoles con un paquete de proyectos consensuados entre el oficialismo y la oposición.

El primer tema que se abordó en la reunión fue una iniciativa que había tenido dictamen el año pasado, pero perdió estado parlamentario al no haberse tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y tiene que ver con una nueva capacitación para los tres poderes del Estado.

El proyecto, unificado entre distintas propuestas, impulsa la creación del programa "Argentina Inclusiva" destinado a la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada en materia de discapacidad y accesibilidad universal.

La cordobesa Natalia de la Sota (Córdoba Federal) valoró que "todas las fuerzas entendemos que necesitamos capacitarnos necesaria y urgentemente en materia de discapacidad" de modo de saber "cuál es el trato adecuado, de qué manera asesorar". "Lo que no conocemos no nos atraviesa y no lo vemos. Necesitamos comprender, entender y aprender. Y en materia de discapacidad no sabemos", señaló.

Por su parte, la sanjuanina Graciela Caselles (FdT) consideró que esta iniciativa "abre la cabeza para que quienes a futuro tomen decisiones públicas, en lo que sea, ya vayan tomándolas con perspectiva de discapacidad".

A su turno, la jujeña Natalia Sarapura (UCR) resaltó que "la inclusión de personas con discapacidad es todavía una tarea pendiente" y, de allí "la importancia que tiene el conocimiento no solo en los que tenemos responsabilidad pública, sino ratificar en cada hecho, decisión y acción el rol del Estado como garante de derechos".

"En el caso de las personas con discapacidad, a veces el Estado, por falta de conocimiento, se convierte en una barrera que hace inaccesible el ejercicio de derechos", lamentó.

En segundo término, se despachó favorablemente un proyecto que dispone la creación de un programa de reconocimiento a las empresas que incluyan prácticas de equidad laboral para personas con discapacidad, las cuales podrán obtener un “Sello nacional de equidad laboral" y beneficios impositivos. Deberá analizarse también en las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda.

Impulsora de la propuesta, la porteña Carla Carrizo (Evolución Radical) dijo que "es un proyecto que tiene modelo en varios países europeos". Al referirse al cupo laboral para personas con discapacidad en el Estado, una ley que tiene 42 años, la diputada subrayó que "un informe de ANDIS del 2022 dijo que se cumple mal y pésimo, y todos lo sabemos".

"La mayoría de los jóvenes a veces son los chicos de las fotocopias", manifestó y explicó que "tenemos programas de acompañamiento, pero no hay programas buenos de contratación", por eso "necesitamos el aliado del sector privado, tener sello de calidad e incentivos impositivos".

Carrizo alertó que "los jóvenes son los más castigados por la situación de pobreza estructural, pero los jóvenes con discapacidad más, la tasa de inactividad es del 64%. No acceden a trabajos dignos y con calidad".

En el encuentro también se dio dictamen a un proyecto sobre sistema integral de prioridad y contención para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y síndromes relacionados en los medios de transporte terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial, impulsado por la bonaerense Marcela Passo (FdT), quien destacó que "se trabajó de una manera muy intensa, a lo largo de 10 reuniones" en asesores y el texto final "es mucho más abarcativo e incluye a todas sus personas en sus diversas modalidades de discapacidad".

"Se busca tratar de establecer por ley algunas cuestiones que a través de distintos protocolos ya se están aplicando", apuntó y mencionó, por ejemplo, "la prioridad en el acceso a los distintos servicios o tener espacios adecuados". Pero remarcó que lo "fundamental es la capacitación al personal para generar empatía".

También pasó a la firma el dictamen de un proyecto que modifica la Ley 25.643 de Turismo accesible para personas con capacidades restringidas, de manera de "poder adecuar la ley que hablaba de personas con movilidad o comunicación reducida a lo que establece la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, ampliando e incluyendo en el turismo a todas las personas", explicó Graciela Caselles; y otro que modifica la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes incorporándose la perspectiva de discapacidad; además de proyectos de resolución y declaración.

Capacitación en LSA volvió a asesores

El temario de la reunión incluía un proyecto de la diputada Gisela Marziotta (FdT) sobre capacitación obligatoria en Lengua de Señas Argentina (LSA) en los tres poderes del Estado nacional, pero fue devuelto a asesores con el objetivo de consultar a las organizaciones de la comunidad sorda.

La porteña Dina Rezinovsky (Pro) reveló que "la comunidad sorda nos pide que escuchemos cuáles son sus necesidades, cuáles son las prioridades del colectivo, porque hay una parte de la comunidad que no está de acuerdo, principalmente porque no se les consultó".

"Tuvimos un aprendizaje muy grande de que los que tienen el poder de decidir sobre su lengua", recordó en referencia a la ley que reconoció a la LSA como idioma viso-gestual en todo el país. Y opinó que quizás ellos tienen "otras prioridades" como "el acceso a LSA desde la edad más temprana, porque está comprobado que mientras más tarde los niños empiecen a aprender LSA, más difícil va a ser para ellos la integración después" o "que haya un registro de los interpretes".

El presidente de la comisión aclaró que "nosotros debemos escuchar a todas las organizaciones que trabajan en esta temática, pero los que tenemos la responsabilidad de definir un proyecto y los que somos elegidos como representantes del pueblo, somos nosotros".

No obstante, desde el oficialismo mostraron disposición a dar nuevamente discusión en asesores. "Si nosotros tenemos la firme convicción de poder tratar cada una de estas iniciativas en función de la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad corresponde que podamos hacer las consultas pertinentes y en función de eso poder tratarlo en un próximo temario", aseguró la chaqueña Lucila Masin (FdT).

"Que nosotros trabajemos este proyecto no implica que no seamos capaces de otorgar otros derechos", resaltó Caselles, que coincidió en que vuelva a ser tratado ya que "esta es la comisión de los consensos y antigrieta".

También volvieron a asesores dos proyectos que proponen modificaciones a la Ley 24.901 de Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad.

La senadora nacional del Frente de Todos por Catamarca Lucía Corpacci presentó un proyecto de ley de su autoría para Facilitar el Acceso a la Información, en Personas con Discapacidad que Manifiestan Dificultades en la Comunicación y el Lenguaje Verbal.

La iniciativa dispone la señalización mediante sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pictogramas, en espacios públicos, organismos públicos de los tres poderes del estado, entes centralizados, descentralizados y sociedades del Estado Nacional.

Asimismo, establece que la autoridad de aplicación realizará campañas de difusión e incentivación, con el fin de que los comercios y entidades privadas, realicen estas acciones tan necesarias.

Cabe destacar que el proyecto fue trabajado con la Asociación Civil de Catamarca “Acompáñame a Conocer mi lado” quienes junto con las demás Organizaciones de la Sociedad Civil vienen desarrollando una gran tarea logrando que en diferentes localidades de nuestro país ya se cuente con esta importante herramienta de inclusión.

Con la intención de fomentar una mayor equidad en las cargas impositivas, el presidente de la Comisión de Presupuesto y legislador de Vamos Juntos (VJ), Claudio Romero, presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una modificación para la Ley Tarifaria para el ejercicio 2022, a fin de que las personas con discapacidad paguen menos para renovar su licencia de conducir.

De esta manera, el texto recientemente presentado en el Parlamento plantea que aquellas personas que tengan discapacidad acreditada mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD) paguen menos. Para lo cual se estableció que quienes deban renovarla cada año, obtendrán una exención del 80%; quienes lo hagan cada dos años tendrán un descuento del 60%; para los que renueven cada tres años, la bonificación será del 40%; para quienes lo hagan cada cuatro años, el descuento será del 20%; y quienes renueven cada cinco años no tendrán ningún tipo de beneficio.

En los fundamentos de la iniciativa Romero planteó que “el objeto de proyecto propone, en este sentido, que las personas con discapacidad, abonen de forma proporcional por los trámites de otorgamiento, renovación y/o ampliación de su licencia de conducir, conforme con los plazos de renovación determinados” y precisó que “hoy en día, el plazo de renovación de las Licencias de conducir (para personas sin discapacidad) es de cinco años. Sin embargo, las personas con discapacidad muchas veces, tienen plazos de renovación más acotados. Algunos, cada un año, cada dos, cada tres o cuatro años”.

Asimismo señaló que “actualmente, que independientemente del plazo menor de renovación establecido, las personas con discapacidad abonan el 100% del trámite. En este sentido, si una persona con CUD renueva su licencia una vez por año, quintuplica el pago que realiza por el mismo trámite, frente a una persona sin discapacidad”.

“Este proyecto, propone realizar una exención del pago, equiparando los montos en la renovación del trámite”, agregó y concluyó advirtiendo que “esta medida supondrá un alivio para las personas con Discapacidad que deben renovar la licencia de conducir en plazos más acotados de lo habitual, y supone una herramienta más, de las tantas que venimos impulsando, para intentar hacer una Ciudad más justa y más inclusiva”.

En medio de los reclamos que trabajadores de la salud realizaron en distintos puntos del país, incluso frente a la Casa Rosada, diputados de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de informes sobre la situación presupuestaria en el sector de la discapacidad.

En la solicitud, encabezada por la cordobesa Soledad Carrizo (UCR) y el formoseño Ricardo Buryaile (UCR), reclaman que el Gobierno informe "si existe demora en los pagos de prestaciones por servicios de salud a las personas con discapacidad, y en cuyo caso, cuál es la situación de la demora y su causa".

También, si "existen actualmente reclamos o requerimientos en trámite ante la Superintendencia de Servicios de Salud o demás autoridades a cargo del sistema de prestación de atención integral a favor de las personas con discapacidad, por parte de prestadores de servicios de salud vinculados a retrasos en los pagos de las prestaciones para pacientes con discapacidad".

Asimismo, solicitan conocer "el plazo en el que se estima regularizar la situación de los pagos de las prestaciones de servicios de salud para personas con discapacidad correspondientes al mes de junio 2022 por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud".

Junto a 20 @DiputadosAR solicitamos una respuesta oficial por las demoras en los pagos a los prestadores de servicios de salud en discapacidad. Decimos #NoAlAjusteEnDiscapacidad y pedimos la inmediata reactivación de pagos que garanticen las prestaciones a miles de argentinos. pic.twitter.com/ssCEB3ujxQ

— Soledad Carrizo (@MSoleCarrizo) August 29, 2022

En los argumentos, los autores explicaron que "según la Ley 24.901, de sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad, las personas con discapacidad tienen derecho a recibir prestaciones para garantizar su bienestar y su inclusión. Las obras sociales y prepagas deben cubrir esas prestaciones”.

“La irregularidad de los pagos perjudica tanto a los trabajadores prestadores de servicios de salud como a los beneficiarios de las mismas por la suspensión de sus tratamientos, personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al encontrarse con diversas barreras, ven impedida su participación en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”, señalaron.

El proyecto fue acompañado con las firmas de Gabriela Lena, Víctor Hugo Romero, Lisandro Nieri, Jorge Vara, Karina Banfi, Pedro Galimberti, María Victoria Tejeda, Pamela Verasay, Dina Rezinovsky, Roxana Reyes, Miguel Bazze, Mercedes Joury, Lidia Ascárate, Marcos Carasso, Leonor Martínez Villada, Virginia Cornejo, Gustavo Bouhid y Marcela Coli.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por el radical Ricardo Buryaile, presentaron un proyecto de ley para crear un Sistema Integral de Protección Social para Personas con Discapacidad, con el fin de protegerlas, independientemente de la condición socioeconómica de su grupo familiar.

La propuesta busca ser de carácter universal. “Pretendemos amparar a las personas con discapacidad, por su condición de tal”, señaló Buryaile.

El legislador formoseño explicó que "la normativa vigente exige que, para acceder al beneficio de pensión, las personas en situación de discapacidad deben demostrar que no cuentan con familiares obligados a prestar alimentos en condiciones de hacerlo. Si esa persona cuenta con familiares que puedan asistirlo, el Estado se desentiende y por tanto deniega el beneficio de pensión por considerar que no tiene derecho”.

Por eso, destacó que en este proyecto “la protección es integral y absoluta”. "No sólo se es vulnerable en estado de pobreza, también se lo es con una incapacidad física que impide el normal desarrollo en la vida cotidiana”, consideró.

Y concluyó: “El proyecto garantiza en pie de igualdad un beneficio de la protección social a todas las personas con discapacidad”.

La iniciativa fue acompañada por sus pares Soledad Carrizo, Pedro Galimberti, Gabriela Lena, Martín Arjol, Miguel Bazze, Gustavo Bouhid, Ximena García, Marcela Coli, Lidia Ascárate, Jorge Rizzotti, Karina Banfi, Víctor Hugo Romero, Roberto Sánchez, Sebastián Salvador, Laura Castets, Carlos Zapata y Aníbal Tortoriello.

La Cámara de Senadores aprobó este jueves con 51 votos a favor el proyecto de ley de intervención de contracepción quirúrgica para personas con discapacidad de modo que puedan decidir sobre su reproducción sexual, es decir, si acceden o no a ligadura de trompas o vasectomía.

La única oradora fue la pampeana Norma Durango (FdT) quien precisó que “el eje central que persigue la iniciativa es reconocer el avance de la Ley 26.130 que es básicamente el reconocimiento de los derechos reproductivos sexuales y en la autonomía y la autodeterminación de las personas en su vida sexual y reproductividad”.

El cuerpo del texto propone dos modificaciones a la vigente Ley. Por un lado, el artículo 2: “Las prácticas médicas referidas en el artículo anterior están autorizadas para toda persona mayor de edad que lo requiera formalmente, siendo requisito previo inexcusable que otorgue su consentimiento informado. No se requiere consentimiento del cónyuge o conviviente ni autorización judicial: Para el ejercicio del derecho que otorga la presente ley, las personas tienen derecho a acceder a información objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible y actualizada, de conformidad con lo previsto en la ley 26.529”.

Por otro lado, establece modificar el artículo 3: “Todas las personas con discapacidad, sin excepción, tienen derecho a brindar su consentimiento informado para acceder a intervenciones de co-quirúrgica, por sí mismas y en igualdad de condiciones con las demás personas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la presente ley. En ningún caso se requiere autorización judicial”.

Y agrega: “Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir información sobre las prácticas reguladas en esta ley en medios y formatos accesibles y a solicitar sistemas de apoyo y ajustes razonables que les permitan consentir en forma autónoma. Deben adoptarse salvaguardas para evitar la sustitución en la toma de decisiones”.

“La ley de contracepción quirúrgica se enmarcó dentro del viejo Código Civil donde la capacidad e incapacidad se concebían en términos absolutos en ese paradigma si era capaz o incapaz, y en ese último caso se recurre a través de sus representantes legales”, explicó Durango y agregó: “El texto vigente reconoce el derecho a la práctica de contracepción a la persona capaz, mientras que el incapaz debe solicitar autorización judicial, lo cual no se condice con el Código Civil y Comercial sancionado”.

“Las personas con discapacidad tienen plena capacidad en la decisión de las intervenciones de contracepción quirúrgica”, concluyó la senadora pampeana remarcando el principal objetivo del proyecto.

Con la mirada puesta en avanzar hacia una ciudad más inclusiva, la Comisión especial de personas con discapacidad de la Legislatura porteña se reunió para discutir la problemática de la accesibilidad en los barrios populares del distrito con la presencia de especialistas en la temática, vecinos y legisladores.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la Comisión, Juan Manuel Valdés, quien remarcó que “según la Encuesta Permanente de Hogares de 2017, el 48% de los hogares en los cuales habitan personas con discapacidad denuncia que las condiciones de su vivienda son precarias. Además solo la mitad de las personas con discapacidad poseen pleno acceso a sus derechos”.

“Entender la accesibilidad desde una perspectiva de discapacidad, no es solo pensar en la discapacidad motora, también es pensar la accesibilidad para toda la población con y sin discapacidad. Creemos que podemos pensar en una ciudad accesible para todos y todas donde la autonomía sea el piso para poder pensar las políticas de Estado", afirmó.

Por su parte Ana Dones, miembro de Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) sostuvo que “las personas con discapacidad que viven en los barrios populares no suelen conocer los derechos a los que pueden acceder porque no están adecuadamente difundidos”.

Mientras que la coordinadora de la Cátedra de Ingeniería de la UBA y presidenta de Unidad Popular CABA, María Eva Koutsovitis, indicó que “en los barrios populares las barreras para las personas con discapacidad se multiplican. Los procesos de urbanización que se llevaron adelante por parte del Gobierno de la Ciudad no incorporaron la perspectiva de la discapacidad ni la perspectiva ambiental, que deben ir juntas”.

También expuso los relevamientos y encuestas que llevaron adelante desde la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (UBA) para construir indicadores que surjan de la realidad de cada barrio y de las necesidades reportadas por los propios habitantes de cada barrio popular.

En otra de las intervenciones, la arquitecta María Rodríguez Romero, miembro de la Fundación Rumbos remarcó la vinculación entre discapacidad y pobreza, sosteniendo que la condición de pobreza empeora las condiciones de las personas en situación de discapacidad y agregó que: “la accesibilidad si bien no cambia la realidad ayuda a que haya mayor inclusión a nivel escolar, laboral, entre otros aspectos”.

Finalmente, Ana Vallejos, Directora de Accesibilidad de las Personas con Discapacidad de ANDIS destacó que desde la gestión pública “estamos haciendo un trabajo muy grande para incorporar la perspectiva de la discapacidad en todos los ministerios”.

Además, expusieron durante la reunión: Meli Garbini, Coordinadora Operativa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo y Rodrigo Pedraza, Coordinador General de la Casa de la Cultura y la Inclusión y las legisladoras Amanda Martín (FIT) y Lucía Romano (VJ).

A pocas semanas de que la Legislatura porteña aprobara las modificaciones al Código de Edificación para habilitar la construcción de departamentos de 21,5 metros cuadrados, un grupo de personas en silla de ruedas se encadenaron al edificio de Perú 160, a fin de exigir que eliminen estas modificaciones ya que esas condiciones de constructibilidad les limitaría aún más la posibilidad de acceder a una vivienda digna.

La protesta durará hasta este viernes al mediodía y ya se reunieron con varios legisladores del Frente de Todos (FdT), quienes apoyaron su reclamo y volvieron a exigirle al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que dé marcha atrás a la normativa.

En ese sentido, la diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (FdT), aseguró en las redes sociales que “en estos momentos tenemos personas con discapacidad encadenadas en la puerta de la Legislatura. ¿Cuál es la respuesta? Vallas y mucha policía”.

Mientras que el legislador y miembro de la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social, Juan Manuel Valdés (FdT), afirmó que “la Ciudad da la espalda a las personas con discapacidad. Hoy acompañamos su protesta frente a la Legislatura en repudio al código de Edificación de Larreta que construye más barreras urbanas de las que ya existían” y remarcó que “desde que el Gobierno de Larreta propuso una nueva modificación del Código de Edificación, venimos acompañando su reclamo contra la habilitación que permite construir microambientes de 21 m2. ¿El Jefe de Gobierno se imagina viviendo en un departamento con esas dimensiones?”.

“El Gobierno porteño levanta las banderas de Ciudad inclusiva pero aprueba reglamentaciones que impiden la vida digna de personas con discapacidad y segrega de las discusiones a más de 300.000 porteños y porteñas. No podemos tener una Legislatura que les dé la espalda”, indicó y concluyó pidiendo que “el Gobierno de la Ciudad escuche a las organizaciones y personas con discapacidad para conocer sus necesidades y respetar sus derechos. Desde el FdT acompañamos sus reclamos y exigimos que sus pedidos sean escuchados para construir una Ciudad para todos y todas”.

El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos-CABA) presentó un proyecto de ley para crear la Defensoría Nacional de las Personas con Discapacidad. Según la iniciativa, la misma quedará bajo la órbita del Poder Legislativo, y tiene por objetivo "la defensa y protección de los intereses y derechos de las personas con discapacidad, tutelados por la Constitución Nacional, tratados internacionales y leyes, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública nacional, entidades o personas jurídicas, públicas o privadas, que presten todo tipo de servicios, cuidados y asistencia". 

De aprobarse, la Defensoría llegaría a proteger los derechos de tres millones y medio de argentinos y argentinas con algún tipo de discapacidad, según datos del INDEC de 2018.

"Con este proyecto buscamos que el sector tenga una voz propia que defienda sus derechos para que tanto el Estado como otros ámbitos brinden las respuestas que el sector está esperando. Las dificultades de las personas con discapacidad para acceder a las prestaciones que brindan tanto el sector público como privado son muchas, y se vieron agravadas en el marco de la pandemia. Creemos que una Defensoría específica para este enorme universo, conformado por personas de todas las edades, extracciones sociales y provincias, es un gran paso hacia un país más justo y solidario", sostuvo el legislador porteño.

La iniciativa, que cuenta con las firmas de los diputados Rosana Bertone, Alcira Figueroa, Carolina Moisés, Juan Carlos Alderete, Lía Vernónica Caliva, Ricardo Daives, Marcelo Koenig, Susana Landriscini, Danilo Flores, Mabel Caparrós y Omar Felix, está apoyada en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por las Naciones Unidas en 2006, aprobada en la Argentina en 2008, e incorporada en el artículo 75 de la Constitución Nacional a través de la Ley 27.044 en 2015.

Dicha convención obliga a los Estados a "adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad”, tal como lo establece en su artículo 4. 

De esta manera, la Defensoría propuesta será el espacio propicio y con competencia para “velar por el derecho a la vida, la educación, el empleo, la salud y la no discriminación de personas con al menos una discapacidad, entre otros derechos que frecuentemente son vulnerados”.

A su vez, la propuesta del diputado del bloque Frente de Todos señala que "la creación de la Defensoría de las Personas con Discapacidad procura garantizar la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, dotando a un organismo independiente de los instrumentos, facultades y recursos necesarios para tal misión, interviniendo en todas las áreas que afectan la vida, la salud, la educación, la seguridad y el bienestar de las personas con discapacidad y sus grupos familiares".

Respecto del mecanismo de selección del titular, el articulado elaborado por Valdés establece que la figura del defensor o defensora será determinada por una comisión bicameral integrada por cinco representantes de cada cámara del Congreso, la cual "tendrá a su cargo la evaluación de la designación, que se llevará a cabo mediante concurso público de antecedentes". 

La designación se llevará adelante mediante concurso público de antecedentes, del cual surgirán cuatro candidatos y candidatas, para ocupar el cargo que tendrá una vigencia de cinco años, con la posibilidad de ser renovado por única vez.