La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado dio dictamen favorable este miércoles a un proyecto de ley que busca eliminar la incompatibilidad entre la pensión no contributiva por discapacidad y el ingreso que la persona puede percibir por un trabajo formal.

La presidenta de la comisión, Juliana Di Tullio (UC-FdT), señaló que se trata de “un proyecto muy sencillo” para “poder hacer compatibles a las pensiones graciables con el trabajo”, algo que “está vedado en la ley”.

La oficialista resaltó que esto “no implica ninguna erogación” y alcanzará a 1.220.406 personas, que actualmente perciben una pensión de “61.222 pesos, el 70% de la jubilación mínima” y “este mes reciben un bono de 37.000 pesos”.

A través de la iniciativa se incorpora el artículo 12 bis a la Ley 22.431, la Ley de Discapacidad, de modo de establecer “la compatibilidad de toda pensión no contributiva otorgada a las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social con la retribución económica por el trabajo en relación de dependencia o cuenta propia”, y que esto “se aplicará con independencia del ingreso total familiar conviviente”.

La senadora Sandra Mendoza (FNyP-FdT), impulsora del proyecto, consideró que “viene a ser de mucha ayuda para todos los que tienen pensiones no contributivas por discapacidad, que cobran 62 mil pesos más un bono de 37 mil pesos. Con esa plata no alcanza para vivir”.

Para la tucumana, es clave aprobarlo “en este momento que vivimos con mucha amenaza, con mucha incertidumbre que tenemos los argentinos de ir perdiendo derechos”. “Si no está puesto por ley puede venir cualquier gobierno y sacarlo. Queremos que queden resguardados esos derechos”, resaltó.

Por la oposición, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro-JxC) se manifestó a favor de “todo lo que promueva la inserción laboral formal”. “No puedo dejar de pensar en el enorme volumen de personas que están trabajando en la informalidad, sobre todo aquellos que no terminaron la escuela secundaria”, dijo y expresó que las personas con discapacidad “merecen toda nuestra atención”.

Otro de los que habló fue el senador Martín Doñate (UC-FdT), quien destacó: “Pocas veces nos toca que, en un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, la modificación de un pequeño artículo tenga tanto impacto en tanta gente”.

Para el rionegrino esto es “algo que estuvo demorado mucho tiempo” y, con este cambio, “se viene a generar más derechos”. “Casi 6.000 rionegrinos y rionegrinas van a poder tener la oportunidad de trabajar y tener a la par su pensión”, ponderó sobre el impacto en su provincia.

En el final, la vicejefa de la bancada oficialista, Anabel Fernández Sagasti (UC-FdT), sostuvo que este proyecto “hace traer justicia a muchos años de lucha de muchas organizaciones”. “En Mendoza el 4% de la población tienen algún tipo de discapacidad”, detalló.

“Acá de lo que estamos hablando es de inclusión laboral, un derecho que les fue negado sistemáticamente”, lamentó la oficialista y remarcó que “por más que el Poder Ejecutivo haya tomado la decisión por decreto de sacar esta incompatibilidad, es necesario que lo transformemos en una política de Estado”.

La mendocina abogó por que “rápidamente lo podamos llevar al recinto”, al tiempo de “seguir trabajando para capacitar a las personas con discapacidad y trabajar con empresas para que puedan incluirlos”.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, a cargo de la oficialista Juliana Di Tullio, se reunirá el próximo miércoles 8 de noviembre a fin de darle tratamiento a un proyecto de ley que busca modificar la Ley 22.431 estableciendo la compatibilidad de la pensión no contributiva por discapacidad con la retribución económica por trabajo formal o por cuenta propia.

El encuentro se llevará a cabo en el Salón Arturo Illia desde las 14 para debatir la iniciativa de la senadora tucumana Sandra Mendoza (FNyP) que plantea sumar el artículo 12 bis a la norma que establece que la pensión no contributiva por discapacidad otorgada a las personas con discapacidad con la retribución económica por el trabajo en relación de dependencia o por cuenta propia será “durante el plazo que dure dicha relación laboral y siempre que los haberes fruto de la misma no superen el monto de cuatro salarios mínimos vital y móvil”.

Asimismo, aclara que “lo establecido en el presente artículo se aplicará con independencia del ingreso total del grupo familiar conviviente”.

“Cuando el ingreso mensual percibido por la relación laboral de el/la beneficiario/a de la pensión no contributiva por discapacidad supere los cuatro salarios mínimo vital y móvil, se suspenderá la percepción de la pensión no contributiva por discapacidad”, plantea y especifica que “al momento de culminar la relación laboral formal y/o la baja de la inscripción en régimen general o simplificado, independientemente de la situación que motive tal hecho, el titular de derecho que encuentre suspendida la percepción de la pensión no contributiva volverá a percibirla en forma automática”.

La reunión de Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores ratificó a Juliana Di Tullio, jefa del bloque de Unidad Ciudadana, cómo presidenta, y a las senadoras nacionales Carmen Álvarez Rivero (Pro – Córdoba) y María Alejandra Vigo (Unidad Federal – Córdoba), cómo vicepresidenta y secretaria respectivamente.

En una reunión muy breve, la presidenta Di Tullio aseveró que “vamos a trabajar por los intereses de los trabajadores y trabajadoras”. En compañía de Álvarez Rivero y Vigo, agregó: “Somos los mismos que el año pasado salvo que haya algún cambio que no me hayan avisado”.

Por otro lado, manifestó que “esperamos trabajar con un temario consensuado como en 2022”, y en los próximos días habrá un anuncio para una próxima reunión de Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.

La Comisión de Salud de la Cámara alta, presidida por el legislador del Frente de Todos Pablo Yedlin, firmó el dictamen del proyecto de ley, venido en revisión de la Cámara de Diputados, que avanza con el Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas. 

Este proyecto propone jerarquizar con fuerza de ley, y ampliar este plan nacional que fue creado en el 2008, y desde el 2010 funciona en el Hospital Garraham, y busca la detección temprana de estas cardiopatías que afectan a alrededor de 7.000 niños, niñas y bebés. 

Estas afecciones se detectan generalmente cuando los niños muy pequeños, o en el estado de embarazo, y por eso también se contemplan los estudios dentro del Programa Médico Obligatorio entre las semanas 18 y 22, para poder realizar una evaluación cardíaca fetal, y en el caso de que se detecte una anomalía poder proseguir con los estudios correspondientes, y que todas las personas tengan la cobertura necesaria para poder detectar estas condiciones. 

Al respecto, Yedlin explicó que lo que se intenta es tratar de dar garantía por ley a que el plan que continúe, y establece una red de complejidad creciente en la Argentina para este tema. También, la sanción establece la obligatoriedad en las obras sociales y las prepagas, a través de la incorporación en el Programa Médico Obligatorio, de la detección y diagnóstico temprano de esta enfermedad. 

Por otra parte, en reunión plenaria entre las Comisiones de Salud, y de Trabajo y Previsión Social, se dio inicio al debate sobre el proyecto de ley de la senadora Silvia Sapag sobre los derechos laborales en las residencias del equipo de salud. 

La iniciativa apunta a modificar el artículo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Residencias de 1979 para asemejarla a la Ley de Contrato de Trabajo, con el objetivo de permitir a los residentes a que puedan tener los beneficios de cualquier trabajador que se encuentre dentro del marco de la ley. 

Sobre el mismo, la autora Silvia Sapag indicó que este proyecto de ley “viene a traer el resguardo de los residentes, y viene a poner límite a los abusos de las clínicas sobre los residentes, con la excusa de que ellos les proveen de una capacitación, que de ninguna otra forma no la podrían obtener”. 

“En general nosotros vemos que, con las distintas modificaciones de la ley vigente, los residentes han tenido reconocimientos. Tienen casi todos los derechos de un trabajador, pero lo que está faltando es que tengan, por ejemplo, un seguro de mala praxis, que tengan un lugar dónde denunciar los abusos, y lo que está faltando es que haya un tope a sus guardias. Además, está faltando un contrato a plazo fijo”. 

A su turno, Pablo Yedlin consideró que se trata de “un proyecto muy interesante, con un tema de mucha actualidad y de mucha importancia. En realidad, los sistemas de salud son definitivamente recurso humano capacitado que atiende a la población enferma. El recurso humano es fundamental”.  

“Los residentes estatales tienen una relación contractual laboral con el Estado, con todas las garantías que las relaciones laborales tienen. Pero la ley que rige las residencias a nivel nacional, que es una ley firmada por Videla, es absolutamente antigua, y establece en su articulado que la relación contractual nacional con los residentes es de beca de formación. Y eso ha llevado a una serie de aprovechamientos, en dónde no se les paga como personal de trabajo sino como una beca que suele ser baja, que no tiene los derechos laborales que debiera tener un profesional ya recibido que trabaja en ese día a día”, explicó el legislador. 

Finalmente, sostuvo: “La verdad es que es una preocupación establecida por el Ministerio de Salud de la Nación, y me parece que es un tema que debemos tratar. El proyecto me parece más que interesante para ponerlo en agenda y en el corto tiempo podamos tener una propuesta que tenga el consenso de todas las fuerzas políticas y del Ministerio de Salud para darle garantía a los residentes en el futuro”. 

Por último, el senador Mario Fiad celebró la esta posibilidad de que se esté tratando un tema trascendente: “La residencia médica es un modelo de formación de posgrado y remunerativo, con la cual hacía falta una vuelta de rosca para generar derechos, y sin duda alguna la posibilidad de que esos derechos sean progresivos y que llegamos a tener la mejor ley posible en un tema crucial y de sostenimiento de los hospitales públicos”. 

“Hoy uno de los grandes problemas que tiene el sector salud es justamente el tema de recursos humanos y debemos incentivar y reforzar para que tengamos el mejor talento humano en Salud. Por eso veo con muy buenos ojos que sigamos tratando el proyecto en comisión y que elaboramos la mejor ley posible”, concluyó el legislador. 

En una semana corta por los feriados largos, en la agenda del Senado solo estaba pautada para este miércoles una reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por la kirchnerista Juliana Di Tullio (UC-FdT), en la que se emitió dictamen al proyecto para eliminar el trámite de fe de vida para jubilados y también una iniciativa para crear un régimen previsional diferencial para los trabajadores de la industria del pescado.

Al comienzo de la reunión, que se llevó a cabo en el Salón Illia, Di Tullio pidió al secretario de la Comisión que proceda a leer los reemplazos en la composición de la misma y tiró una chicana a la oposición que, una vez más, se ausentó: “Sobre todo para que la oposición también pueda saber… ¡Ah! no vinieron, perdón”.

“Es una comunicación emanada de la Presidencia del Senado registrada como DPP 91 del 22 que dice: considerando la facultad otorgada oportunamente a esta presidencia, la Presidenta del Honorable Senado de la Nación decreta artículo 1 desígnense a las señoras senadoras Ana María Ianni, Silvia Sapag, Lucía Benigna Corpacci, y a los señores senadores Antonio José Rodas y Carlos Alberto Linares en la Comisión de Trabajo y Previsión Social en reemplazo de la señora senadora Anabel Fernández Sagasti, y de los señores senadores Marcelo Lewandowski, Gerardo Montenegro, Ricardo Guerra y Daniel Bensusán respectivamente”, informó el secretario.

A continuación, la presidenta de la Comisión comentó: “Tenemos dos proyectos de ley, un dictamen unificado del senador Rodas, la senadora Olalla y el senador Romero…”. En ese momento, interrumpió su explicación para invitarla a sentarse a su lado a la vicepresidenta de la Comisión, la senadora Carmen Álvarez Rivero (Pro – Córdoba) quien llegó unos minutos más tarde de iniciada la reunión y fue la única opositora que se hizo presente.

Y siguió: “Se hicieron dos reuniones donde se unificaron en un solo dictamen los tres proyectos de eliminación del trámite de fe de vida para los jubilados y beneficiarios de pensiones contributivas”, y procedió a informar: “De 7.3 millones de jubilados y jubiladas que hoy tiene nuestro sistema previsional, 3.2 millones de personas no tienen que presentar la fe de vida porque hay bancos que ya tomaron la decisión de no hacerlo que son el Banco Nación, el Banco Provincia, el Banco de Córdoba, el Banco Municipal de Rosario, de Santa Fe, de San Juan, de Entre Ríos, de Santa Cruz y de La Pampa”.

“Es un 45,2% del total del universo de jubilados y jubiladas que tenemos en el sistema previsional. Hay un 4% en dos Bancos que son el Credicoop -mayores de 75 años- y el Ciudad -mayores de 80- le piden la fe de vida”, detalló Di Tullio y agregó: “Sin tener que presentar fe de vida es casi el 45% de la población y estos proyectos son para que más del 54% de quienes hoy son jubilados y tienen que presentar fe de vida no tengan que hacerlo más. Se beneficiarían 4.1 millones de jubilados con este dictamen unificado”.

A su turno, el senador Rodas, autor de uno de los proyectos, destacó los datos que brindó Di Tullio porque “han sido tan exactos que me queda poco por decir”, pero remarcó que “es un proyecto que tuvo consenso con dos senadores de distintas bancadas y no dejo de festejarlo”.

El chaqueño sostuvo que ese consenso “va ir marcando un camino en esta sintonía que debemos tener respecto de seguir atendiendo las necesidades de la gente”. A su vez, ponderó que “hay un gran esfuerzo por parte de ANSeS en este proyecto de ley, igual que usted -dirigiéndose a la titular de la Comisión- que ha llevado esta impronta para que también participe el RENAPER como corresponde, para que el sistema bancario esté predispuesto”.

“Me gustaría que prontamente se pueda incorporar el Banco de Chaco y habla de una nueva metodología que va a permitir de algo que lo vemos a diario en el sentido de que cuando llegan los fines de meses se ven esas largas colas en los bancos, que muchas veces son irritantes, que generan un gran malestar, no solamente para lo que observamos, sino también para el ciudadano común y corriente porque hay una gran realidad”, precisó Rodas.

A su vez, reflexionó: “Yo me pongo a pensar en una persona mayor que tiene que demostrar todos los meses que está con vida y que, de alguna manera psicológicamente, está siendo martirizado con la situación de que en cualquier momento puede desaparecer del escenario normal de la vida y en el cual termina de introducirse en su pensamiento que es un simple número. Algo que no se tiene presente en la concepción humana, sino en los derechos, en las cuestiones que no podían modificarse. La gente aguanta, pero ahí es donde entra a jugar nuestro rol como legisladores”.

“Nosotros debemos tener la cuota de empatía para poder tratar de subsanar estos problemas”, remarcó y le pidió, en nombre de todos los senadores, disculpas a la sociedad, a los adultos mayores del país “por esta situación de penuria que han estado pasando”, y bregó para que el proyecto “tenga un tratamiento adecuado para su media sanción, pase a Diputados y que pueda sortear una serie de inconvenientes que no tienen nada que ver con la vida de los jubilados y pensionados”.

En ese sentido, Rodas afirmó que “hay una gran falta de respeto para este sector”, pero remarcó que “estamos trabajando para remendar ese error y haciéndole saber a todos que de ninguna manera perdemos el eje de nuestro trabajo legislativo, de nuestra dirección política. No vamos a abandonar nuestro compromiso con nuestra ideología de lo que representa el peronismo. Bajo ningún punto de vista estas cuestiones, que son de índole humano, van a hacer que bajemos los brazos”.

Por otro lado, le agradeció a la vicepresidenta de la Comisión por “su responsabilidad de estar aquí en el Senado de la Nación”, y les recordó a los miembros de la oposición que integran la Comisión que “es necesario seguir trabajando. Que interpreten que no se puede seguir festejando lo que supuestamente es una alegría porque para nosotros, estos traspiés que tiene la política, especialmente nos llenan de gran sabiduría, porque para eso tenemos dirigentes para seguir la lucha”.

“Estemos donde estemos y en el lugar que estén, seguiremos trabajando con la misma alegría y el mismo tesón porque por sobre todas las cuestiones, aunque los liderazgos no se definen ocupando un cargo Legislativo ni ocupando un cargo en el Ejecutivo. Los liderazgos son y se construyen, se mantienen con el fuego que tiene la empatía de la política y nosotros tenemos una dirigente que tiene eso y que nos va a seguir guiando en este Congreso en todo el trabajo que tengamos que hacer para beneficio de los que menos tienen y que podamos sostener los derechos conquistados”, cerró Rodas.

Y volvió a felicitar a Álvarez Rivero por “su responsabilidad, porque está acá, porque entiende bien cuál es su rol, para que sepa que aquí nosotros tenemos la intencionalidad de trabajar y de seguir haciendo funcionar el Congreso”.

Tomó la palabra la cordobesa, quien recordó que desde el comienzo de su mandato siempre “he estado, si puntualmente falté en alguna ocasión fue por algo accidental”, y pidió: “Necesitamos más metodologías, más orden para poder tener un trabajo previsible. Para el año que viene necesitamos tener más previsibilidad para que seamos muchos más los que estemos”.

“Celebro que simplifiquemos la vida de la gente. Es uno de mis objetivos. Creo que todas nuestras leyes tienen que ser para simplificar, gracias a la tecnología hoy podemos soñar con hacer algo más fácil. Adhiero a la propuesta”, afirmó y aseguró que tiene una “sensibilidad con ANSeS” porque “la vía de comunicación es dificilísima”.

Y ratificó: “Me alegro que simplifiquemos porque la gente aguanta, pero necesitamos que las instituciones funcionen”, y planteó una duda “no para meter trabas, porque es loable, pero ¿qué sucede con las personas que fallecen en el exterior?”, y agregó con preocupación: “Nos hemos enterado hace un rato que Perú ha cerrado el Congreso, como hermanos latinoamericanos, legisladores de otro país, deberíamos expresarnos con máxima preocupación en este tema”.

“Quiero que trabajemos por solucionar todos los problemas que tenemos, pero desde esta comisión fundamentalmente lo relacionado al trabajo informal que es la gran deuda pendiente”, pidió la cordobesa e informó que “el 74% de los trabajos creados son en informalidad”.

Di Tullio explicó que “quien muere en el extranjero se avisa a los Consulados. Es un trámite que tarda más, es cierto. Siempre se hacen, por lo menos los que están empadronados”.

En el uso de la palabra, la catamarqueña Lucía Corpacci (FdT) celebró el tratamiento del proyecto porque “tiene una mirada sobre un sector de la población que a todos nos preocupa e interesa”. También destacó la presencia de Álvarez Rivero que “siempre esta, siempre participa y aporta. Es muy valioso que esté”.

“A veces miramos más lo que pasa afuera que lo que pasa adentro, y adentro de nuestro país pasan cosas graves que tenemos que decir y que tenemos que defender. Lo que está pasando en nuestro país también es grave”, resaltó en un párrafo aparte.

Respecto al proyecto en consideración, sostuvo que “es un trámite engorroso e innecesario sacar porque hoy se puede comunicar con debida antelación. Una opción podría ser que los que viven en el extranjero sigan manteniendo la fe de vida, que no son tantos”.

Luego, la comisión debatió y pasó para la firma un proyecto sobre la creación de un régimen previsional diferencial para los trabajadores de la industria del pescado, impulsado por la senadora por Santa Cruz, Ana María Ianni (Unidad Ciudadana).

Al respecto, la senadora Ianni explicó que “el objetivo es crear un régimen previsional diferencial para que los trabajadores de plantas pesqueras puedan acceder a su jubilación a los 55 años, con 30 años de aportes al sector, y sin distinción de sexo”.

Por último, se aprobaron dos proyectos de declaración y uno de comunicación.

En la única actividad de comisión programada para esta semana corta, en el Senado se tratarán proyectos que proponen la eliminación del trámite de fe de vida a jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas.

La discusión se dará en una reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por la kirchnerista Juliana Di Tullio (UC-FdT), prevista para este miércoles a las 15 en el Salón Illia.

Sobre la mesa hay tres proyectos de ley. Uno de ellos fue presentado por Antonio Rodas (FNyP-FdT), quien en los argumentos señaló que este requisito “supone una verdadera afrenta a la dignidad humana. Afrenta, ésta, que, en la especie, se ve particularmente agravada por la vulnerabilidad especial que caracteriza al sector aquí involucrado y, como consecuencia de la misma, por la especial atención, respeto y tuición que merecen sus miembros”.

Otra de las iniciativas corresponde a Stella Maris Olalla (UCR-JxC), que en los fundamentos de su propuesta cuestionó que “se impone una carga a todos los jubilados y pensionados de la Argentina para poder acceder a un derecho tan básico como el cobro mensual de su haber” cuando “corresponde al Estado el entrecruzamiento de información, de modo de contar con un registro de los fallecimientos que se producen”.

En tanto, el proyecto presentado por Juan Carlos Romero (CF-JxC) afirmó que se busca “desterrar de la burocracia estatal un trámite que, transitando el siglo XXI, quedó obsoleto y que acarrea serias dificultades para quienes deben presentarlo”.

Por otra parte, la comisión debatirá sobre la creación de un régimen previsional diferencial para los trabajadores de la industria del pescado, impulsado por Ana María Ianni (UC-FdT), además de proyectos de declaración y comunicación.

A casi dos años de su aprobación en la Cámara de Diputados, un plenario de las comisiones de Banca de la Mujer y Trabajo y Previsión Social del Senado dio luz verde este miércoles al dictamen de un proyecto que propone incorporar al PMO (Programa Médico Obligatorio) un protocolo para la atención de casos de violencia de género.

La presidenta de la Banca de la Mujer, Eugenia Catalfamo (UC-FdT), señaló que “no se trata solamente de acompañar cuando ya se da la violencia de género, sino de tal manera que se pueda prevenir” y “apunta a coordinar los esfuerzos multisectoriales e interdisciplinarios en el ámbito de la salud”.

Autora de la iniciativa cuando se trató en la Cámara baja, y actualmente senadora, Alejandra Vigo (Córdoba Federal) explicó el objetivo es “la atención de esta problemática desde la salud” ya que “la relación paciente-médico es una de las principales situaciones donde este flagelo puede ser detectado”, porque se presentan “diagnósticos disfrazados” a partir de los cuales “el médico es el agente principal para dar el alerta”.

Al recordar que este protocolo existe en el sector público, la legisladora resaltó que alrededor del 60% de los argentinos tienen “cobertura médica asistencial a través de las obras sociales” o prepagas.

“Hoy en Argentina existen 292 obras sociales nacionales que brindan atención de salud a más de 25 millones de personas”, detalló, y sostuvo que, ante estos casos, las víctimas “tienen que volcarse al sistema público de salud, y éste colapsa” porque “no hay especialmente una atención desde la obra social”.

En su intervención, la presidenta de Trabajo y Previsión Social, Juliana Di Tullio (UC-FdT), mencionó cuando se habla del costo fiscal y llamó a pensar en “qué es lo que evitamos: un gran costo en lo que significa la vida de las mujeres y otros tipos de atenciones. Estamos promocionando salud y prevenir enfermedades que son más graves; en una especie de ahorro para el sistema de salud”.

Impulsora de un proyecto similar, la sanjuanina Cristina López Valverde (FNyP-FdT) manifestó: “Con gusto vamos a acompañar este proyecto que va a marcar un antes y un después”. Relató que su iniciativa la había elaborado en base a testimonios de víctimas que tenían que hacer “un peregrinaje” con “órdenes judiciales” para lograr la atención.

Por su parte, el tucumano Pablo Yedlin (FNyP-FdT) recordó que “en general desde las Comisiones de Salud intentamos no forzar aumentos al PMO por ley, porque entendemos que es un sistema financiado en forma compleja y que, en definitiva, es potestad del Ministerio de Salud ir modificando las prestaciones que el PMO brinda”.

También advirtió que una “parte importante” de las personas con obras sociales está dentro de “las obras sociales provinciales que no responden al PMO”, por lo cual la ley “va a requerir la adhesión de las obras sociales provinciales para tener impacto”.

Sin embargo, el senador aseguró que “el proyecto es virtuoso” porque hoy “el sector público tiene la estrategia de atención primaria” y este proyecto “lleva al PMO a forzar esa estrategia de atención primaria”. “Es un paso muy interesante y auspicioso para que la seguridad social empiece a tomar esta estrategia. No es el agregado de una prestación o un fármaco al PMO, sino que estamos cambiando la estrategia”, agregó.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, presidida por la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, tratará este martes -a partir de las 14- el proyecto de ley que propone una moratoria previsional para aquellas personas que estén en edad de jubilarse pero no cuenten con los años de aportes suficientes.

La iniciativa se debatirá en el encuentro, que se realizará en el Salón Illia, luego de más de un mes de haber sido presentada por Di Tullio y sus partes del interbloque oficialista Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde, durante una conferencia de prensa en la que admitieron que la propuesta no había sido consultada con el Ministerio de Economía.

En esa jornada, los legisladores kirchneristas aseguraron que esta nueva moratoria tendría un costo fiscal mínimo, de 0,02%, al tiempo que contribuiría a “fortalecer el sistema previsional”.

De acuerdo al proyecto, las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Los senadores señalaron que, en la actualidad, solamente 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones estarán llegando a la edad de jubilarse con los 30 años de aportes. El resto se ve obligado a recurrir a la PUAM, una prestación sancionada en el gobierno anterior y que otorga apenas un 80% del haber mínimo.

Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes. Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteniendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

Cada unidad de cancelación de aportes previsionales abonada será registrada en la historia laboral de la persona, que podrá ir previendo la evolución de sus servicios con aportes conforme va avanzando en la cancelación de unidades y se va acercando su edad de retiro. La actualización del plan de pagos se realiza teniendo en cuenta el índice de movilidad jubilatoria informado por la ANSeS, se explicó.

Según los registros de la Seguridad Social, en lo que resta de 2022, aproximadamente 500 mil personas con la edad jubilatoria ya cumplida podrían adherir a la Unidad de Pago de Deuda Previsional que propone el proyecto de ley. Además, aproximadamente otras 300 mil personas estarían en condiciones de adherir en el año 2023.

En una reunión plenaria de las comisiones de Derechos y Garantías y de Trabajo y Previsión Social del Senado, se dictaminó este martes un proyecto de ley que incorpora la condición de “desaparecido-detenido” en los legajos de las personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado estando en relación de dependencia en el sector privado, con media sanción de Diputados. Luego, la Comisión de Trabajo, presidida por Daniel Lovera (FdT–La Pampa), pasó a la firma otras cinco iniciativas.

Sobre la iniciativa referida a los legajos laborales, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, Julio Martínez (UCR-La Rioja), recordó que “esto ya se venía tratando en su momento con el sector público, había pedido estado parlamentario. Han pedido por él distintos sectores como las Abuelas de Plaza de Mayo”.

En tanto, Lovera explicó que “este proyecto ya fue sancionado, por eso viene con media sanción del 11 de noviembre del 2020. Hay una norma similar que se encuentra vigente ya para los trabajadores del sector público. Una de las particularidades que tiene es que en el artículo 6 incluye a todas las entidades sindicales y organismos de derechos humanos a colaborar en la identificación de las personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Nuestro bloque va a acompañar”.

“La idea es contribuir a que haya memoria, verdad y justicia”, expresó Mariano Recalde (FdT–CABA), y agregó: “Lo que sucedió con muchos trabajadores que fueron víctimas del terrorismo de Estado, que fueron detenidos y desaparecidos es que no volvían a su trabajo y las empresas los despedían y se daba la finalización del vínculo laboral; porque no volvían figuraban como abandono de trabajo, y se busca reparar eso y que se ponga la verdad en la mesa, para que se haga justicia y respetar la memoria”. “Que se haga este acto de reparación simbólica”, abogó.

Finalizada la reunión conjunta, la Comisión de Trabajo analizó el proyecto de la senadora Beatriz Mirkin (FdT–Tucumán) que incorpora a la Ley 26.844 -de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares- la obligación por parte del/la empleador/a de contratar a favor del personal un seguro de vida colectivo. “La idea central es igualar o poner en las mismas condiciones a las trabajadores de casas particulares con el resto de los trabajadores que tienen la ART y tienen un seguro de vida. En el caso de las mujeres de casas particulares no cuentan con seguro de vida y obviamente ocurre que tienen fallecimientos que no tienen cómo cubrirlos. La idea era adecuar dándole esa misma oportunidad y ampliar los derechos”, manifestó la impulsora de la iniciativa.

Por consiguiente, se analizó el proyecto del legislador Juan Mario Pais (FdT–Chubut) que sustituye el artículo 235 de la Ley 20.744 -Contrato de Trabajo-, respecto de la obligatoriedad de efectuar la notificación del preaviso por escrito. “Ya tuvo medida sanción en el Senado, pero en Diputados perdió estado parlamentario. Básicamente lo que se pide es que el preaviso cuando se notifique tenga una fecha. La ley actual prevé que el preaviso debe notificarse por escrito sin perjuicio de lo cual no prevé ningún tipo de modalidad de que se pueda obtener fehaciencia de la oportunidad del aviso”, explicó.

Y continuó: “El preaviso tiene consecuencias jurídicas importantes. Primero establece un plazo previo que puede ser de un mes o de dos meses por el cual el trabajador está avisado que se va a prescindir de sus servicios y ese aviso genere el derecho a dos horas de inasistencias para poder buscar otro trabajo y, en el caso que no se cumpla, se dé una indemnización”. “La actual legislación no prevé una forma fehaciente de notificación y hace que el trabajador sea víctima por parte de los empleadores. Es algo que no tiene costo alguno, sino que se busca que se establezca un requisito similar al de la renuncia porque se necesita acreditar la certeza y la voluntad del trabajador. Que sea a través de un escrito”, señaló el senador.

Por su parte, la senadora chubutense Nancy González (FdT-Chubut) explicó el proyecto de ley sobre régimen previsional diferencial para los trabajadores de la industria del pescado: “Es un proyecto de larga data y está destinado a los trabajadores que prestan servicio en la industria del pescado y subproductos. Trabajar en plantas pesqueras que trabajan en el frío, en malas condiciones, y llega un momento que no pueden seguir prestando servicios. Hay informes médicos de las enfermedades que sufren los trabajadores al estar expuestos, lo que le produce problemas de artrosis”. Entonces, defendió que se propone “una jubilación anticipada desde los 55 años, con 30 años de aportes, y se combine con otros regímenes, pero el 60% de esos aportes sea trabajando en la industria pesquera”.

Por último, se trataron dos proyectos cuya autoría son de Lovera. Uno propone modificar el artículo 15 de la Ley 25.191 de trabajadores rurales, respecto de actualizar los montos de las multas por incumplimiento y destinar lo recaudado a la capacitación de los trabajadores, por intermedio del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre).

 “Esta norma lo que hace es que, a pesar de realizar las modificaciones, lo que pasó es que no introdujo cambios en el régimen de sanción y quedó desvirtuado con el paso del tiempo y el proceso inflacionario hizo que las multas quedaran desactualizadas. Han pedido que los valores vigentes que están desde 1999 se actualicen. También que la recaudación de esas multas se destine a capacitaciones y actividades formativas llevadas a cabo por el Renatre”, puntualizó.

El otro proyecto busca crear una la línea telefónica gratuita con alcance nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y el trabajo adolescente irregular, respecto de lo cual el presidente de la Comisión de Trabajo manifestó que “se busca que sea una línea gratuita, con denuncias de forma anónima para la detección temprana, de contención, prevenir y erradicar el trabajo infantil y adolescente”.