La señal televisiva Diputados TV estrenará este lunes 19 de febrero a las 18.15 el primer noticiero inclusivo, que se llamará “Inlcui2 – Noticias sin límites”, el cual tendrá conductores con discapacidad.

La transmisión de la Cámara de Diputados marcará un hito en términos de inclusión y accesibilidad en medios de comunicación, ya que se estrenará el primer noticiero parlamentario del mundo conducido por personas con discapacidad.

Arelis Pieve (ciega) y Alejandro Makotrinsky (sordo) estarán en la conducción del programa, el cual ofrecerá un un enfoque único y diverso, para analizar las noticias, la agenda legislativa y los acontecimientos en la Cámara baja. Además, contará con Lengua de Señas, con el objetivo de garantizar el mayor acceso posible a la información.

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, expresó al respecto: “Estamos muy contentos, nos enorgullece ser los primeros en el mundo en contar con un programa parlamentario inclusivo. Para nosotros es muy importante, porque demostramos que la verdadera inclusión no es con las palabras, sino con las acciones”.

 

La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, presidida por el rionegrino Luis Di Giacomo (JSRN), avanzó este miércoles con un paquete de proyectos consensuados entre el oficialismo y la oposición.

El primer tema que se abordó en la reunión fue una iniciativa que había tenido dictamen el año pasado, pero perdió estado parlamentario al no haberse tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y tiene que ver con una nueva capacitación para los tres poderes del Estado.

El proyecto, unificado entre distintas propuestas, impulsa la creación del programa “Argentina Inclusiva” destinado a la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada en materia de discapacidad y accesibilidad universal.

La cordobesa Natalia de la Sota (Córdoba Federal) valoró que “todas las fuerzas entendemos que necesitamos capacitarnos necesaria y urgentemente en materia de discapacidad” de modo de saber “cuál es el trato adecuado, de qué manera asesorar”. “Lo que no conocemos no nos atraviesa y no lo vemos. Necesitamos comprender, entender y aprender. Y en materia de discapacidad no sabemos”, señaló.

Por su parte, la sanjuanina Graciela Caselles (FdT) consideró que esta iniciativa “abre la cabeza para que quienes a futuro tomen decisiones públicas, en lo que sea, ya vayan tomándolas con perspectiva de discapacidad”.

A su turno, la jujeña Natalia Sarapura (UCR) resaltó que “la inclusión de personas con discapacidad es todavía una tarea pendiente” y, de allí “la importancia que tiene el conocimiento no solo en los que tenemos responsabilidad pública, sino ratificar en cada hecho, decisión y acción el rol del Estado como garante de derechos”.

“En el caso de las personas con discapacidad, a veces el Estado, por falta de conocimiento, se convierte en una barrera que hace inaccesible el ejercicio de derechos”, lamentó.

En segundo término, se despachó favorablemente un proyecto que dispone la creación de un programa de reconocimiento a las empresas que incluyan prácticas de equidad laboral para personas con discapacidad, las cuales podrán obtener un “Sello nacional de equidad laboral” y beneficios impositivos. Deberá analizarse también en las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda.

Impulsora de la propuesta, la porteña Carla Carrizo (Evolución Radical) dijo que “es un proyecto que tiene modelo en varios países europeos”. Al referirse al cupo laboral para personas con discapacidad en el Estado, una ley que tiene 42 años, la diputada subrayó que “un informe de ANDIS del 2022 dijo que se cumple mal y pésimo, y todos lo sabemos”.

“La mayoría de los jóvenes a veces son los chicos de las fotocopias”, manifestó y explicó que “tenemos programas de acompañamiento, pero no hay programas buenos de contratación”, por eso “necesitamos el aliado del sector privado, tener sello de calidad e incentivos impositivos”.

Carrizo alertó que “los jóvenes son los más castigados por la situación de pobreza estructural, pero los jóvenes con discapacidad más, la tasa de inactividad es del 64%. No acceden a trabajos dignos y con calidad”.

En el encuentro también se dio dictamen a un proyecto sobre sistema integral de prioridad y contención para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y síndromes relacionados en los medios de transporte terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial, impulsado por la bonaerense Marcela Passo (FdT), quien destacó que “se trabajó de una manera muy intensa, a lo largo de 10 reuniones” en asesores y el texto final “es mucho más abarcativo e incluye a todas sus personas en sus diversas modalidades de discapacidad”.

“Se busca tratar de establecer por ley algunas cuestiones que a través de distintos protocolos ya se están aplicando”, apuntó y mencionó, por ejemplo, “la prioridad en el acceso a los distintos servicios o tener espacios adecuados”. Pero remarcó que lo “fundamental es la capacitación al personal para generar empatía”.

También pasó a la firma el dictamen de un proyecto que modifica la Ley 25.643 de Turismo accesible para personas con capacidades restringidas, de manera de “poder adecuar la ley que hablaba de personas con movilidad o comunicación reducida a lo que establece la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, ampliando e incluyendo en el turismo a todas las personas”, explicó Graciela Caselles; y otro que modifica la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes incorporándose la perspectiva de discapacidad; además de proyectos de resolución y declaración.

Capacitación en LSA volvió a asesores

El temario de la reunión incluía un proyecto de la diputada Gisela Marziotta (FdT) sobre capacitación obligatoria en Lengua de Señas Argentina (LSA) en los tres poderes del Estado nacional, pero fue devuelto a asesores con el objetivo de consultar a las organizaciones de la comunidad sorda.

La porteña Dina Rezinovsky (Pro) reveló que “la comunidad sorda nos pide que escuchemos cuáles son sus necesidades, cuáles son las prioridades del colectivo, porque hay una parte de la comunidad que no está de acuerdo, principalmente porque no se les consultó”.

“Tuvimos un aprendizaje muy grande de que los que tienen el poder de decidir sobre su lengua”, recordó en referencia a la ley que reconoció a la LSA como idioma viso-gestual en todo el país. Y opinó que quizás ellos tienen “otras prioridades” como “el acceso a LSA desde la edad más temprana, porque está comprobado que mientras más tarde los niños empiecen a aprender LSA, más difícil va a ser para ellos la integración después” o “que haya un registro de los interpretes”.

El presidente de la comisión aclaró que “nosotros debemos escuchar a todas las organizaciones que trabajan en esta temática, pero los que tenemos la responsabilidad de definir un proyecto y los que somos elegidos como representantes del pueblo, somos nosotros”.

No obstante, desde el oficialismo mostraron disposición a dar nuevamente discusión en asesores. “Si nosotros tenemos la firme convicción de poder tratar cada una de estas iniciativas en función de la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad corresponde que podamos hacer las consultas pertinentes y en función de eso poder tratarlo en un próximo temario”, aseguró la chaqueña Lucila Masin (FdT).

“Que nosotros trabajemos este proyecto no implica que no seamos capaces de otorgar otros derechos”, resaltó Caselles, que coincidió en que vuelva a ser tratado ya que “esta es la comisión de los consensos y antigrieta”.

También volvieron a asesores dos proyectos que proponen modificaciones a la Ley 24.901 de Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad.

El Gobierno nacional promulgó este miércoles la Ley de Creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Alcohol Cero al Volante y el Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la Provincia de Santa Fe, las cuales fueron aprobadas por el Senado el 13 de abril pasado.

Además, también entraron en vigencia la Ley de Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería, Lengua de Señas Argentina (LSA) y el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. Las seis normas fueron publicadas en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinetes Agustín Rossi y la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz.

En primera instancia, la conocida Ley Lucio tiene como objetivo crear el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niñas, niños y adolescentes, y estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado nacional.

Esta ley surgió a partir del caso de Lucio Dupuy quien fue maltratado, torturado y asesinado por su madre y la pareja durante el 2021 en la provincia de La Pampa. Ambas mujeres están cumpliendo reclusión perpetua, tras ser condenadas días antes de la aprobación de la normativa en ambas cámaras.

Respecto a la modificación de la Ley de Tránsito (24.449), quedará prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. Asimismo, queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero (0) miligramos por litro de sangre.

La modificación, reclamada por organizaciones de la sociedad civil y rechazada desde el sector vitivinícola, había sido aprobada en Diputados en noviembre, y el 13 de abril logró su aprobación en la Cámara alta.

Por la situación de inseguridad y narcotráfico en la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe, el Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal se dispone a los efectos de la implementación del Código Procesal Penal Federal, ley 27.063, sus normas modificatorias y complementarias.

La norma se sancionó en el Senado por 48 votos a favor y se trató sobre tablas ya que no había pasado por comisión. Se crean medio centenar de cargos de fiscales, jueces y defensores a partir de la escalada de violencia que se registró en Rosario en los últimos años y, particularmente, en los últimos meses, con la amenaza a Lionel Messi incluida.

Del mismo modo, este miércoles entró en vigencia el Programa Nacional De Cardiopatías Congénitas (PNCC) que busca garantizar que todas las personas con cardiopatías congénitas tengan el derecho a todas las instancias de detección y tratamiento correspondientes en cada etapa vital. Asimismo, que todas las mujeres embarazadas y/o personas gestantes tengan el derecho a un control prenatal que incluya la detección precoz de cardiopatías congénitas, garantizando, si correspondiera, el traslado intrauterino.

Así también, la Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería que tiene por objeto establecer los mecanismos necesarios para promover la formación de calidad y el incremento de la cantidad de enfermeras y enfermeros, así como la profesionalización y el desarrollo de la enfermería en todo el territorio nacional, en concordancia con lo establecido por la Ley de Educación Nacional 26.206, Ley de Educación Superior 24.521, la Ley de Formación Técnico Profesional 26.058 y la Ley del Ejercicio de la Enfermería 24.004.

Finalmente, fue promulgado el reconocimiento a la Lengua de Señas Argentinas (LSA) como una lengua natural y originaria que conforma un legado histórico inmaterial como parte de la identidad lingüística y la herencia cultural de las personas sordas en todo el territorio de la Nación Argentina, y que garantiza su participación e inclusión plena, como así también de las personas que, por cualquier motivo, elijan comunicarse en dicha lengua.

Buscan que sea exclusivo el uso oficial en la provincia de Buenos Aires del código QR con marca de Lengua de Señas Argentina para la comunicación con personas sordas.

“Este proyecto cuenta con el apoyo de la Asociación de Sordos de Ayuda Mutua (ASAM) y de la Asociación Civil de Sordos de Bahía Blanca (ACSBB), quienes colaboraron para la redacción de su articulado”, informó el senador de Juntos Andrés De Leo, autor de la iniciativa parlamentaria y promotor de la campaña para juntar firmas.

La presentación de este proyecto de Ley se fundamenta, de acuerdo a su autor, en “la actual inexistencia en el Estado provincial de herramientas para interpretar la Lengua de Señas Argentinas (LSA), que es el idioma de los sordos. Es decir que la provincia no habla el mismo idioma que estos miles de bonaerenses”.

“Este proyecto –agregó De Leo-, apunta a resolver esta carencia, obligando a las oficinas provinciales a poner al alcance de quien quiera hacer uso de estas vías de comunicación mediante Códigos QR con marca LSA, una vía de video comunicación, de diálogo, en Lengua de Señas Argentinas”.

En el mismo sentido señaló que “el uso de la vista es necesario para cumplimentar la única vía de comunicación interpersonal que tiene la gran mayoría de la comunidad sorda, y por ello se imponen los videos como herramienta para la comunicación entre estas personas y el Estado provincial”.

“Los sordos tienen que ser vistos y tienen que mirar para comunicarse mediante LSA, su idioma. Con el internet existente en 2022, el Estado provincial debe facilitar esta comunicación y contar con los intérpretes necesarios, avalados por la Asociación de Sordomudos de Ayuda Mutua (ASAM)”, indicó el senador.

También, dentro de la fundamentación, De Leo manifestó que “actualmente el Estado provincial no tiene un mecanismo de comunicación con interpretación en LSA para recibir y canalizar pedidos de auxilio, denuncias, reclamos, consultas, sugerencias o ideas de personas sordas. Teniendo los recursos para poder brindar este servicio esencial a miles de bonaerenses y a sus familias, resulta justo que se implemente una solución de inmediato”.

También, el autor del proyecto declaró que “en la actualidad, las personas que integran la comunidad sorda deben solicitar la intervención de un intérprete privado para poder comunicarse con cualquier Poder, repartición o dependencia pública provincial, lo que plantea muchas complicaciones.

“A partir de esta Ley, su correcta implementación, y el trabajo de agentes provinciales con la capacidad de interpretar reclamos, consultas, denuncias mediante Lengua de Señas Argentinas, la Comunidad Sorda podrá hacer valer sus derechos”, agregó el legislador sureño.

La realidad actual de la comunidad sorda es por demás alarmante y crítica. Según datos difundidos por organismo reconocidos no tienen empleo el 98% de la comunidad sorda. El 80% tiene una pensión que no les alcanza para pagar a intérpretes privados cada vez que lo requieren. Muchas personas sordas realizan trabajos precarizados, pese a haber nacido con plenas capacidades cognitivas.

Cabe destacar que el 95% de la comunidad sorda es analfabeta puesto que resulta muy dificultoso aprender a leer y a escribir sin poder oír. Esto resalta que el idioma de la comunidad sorda es la Lengua de Señas Argentinas, por lo que el Estado provincial tiene la obligación de hablar el mismo idioma que sus habitantes, sin dejar ningún bonaerense excluido.

La creación y divulgación de los Códigos QR con marca de LSA resultan vitales para construir puentes para la comunicación entre el Estado y esta comunidad. Con ellos, cada Poder o dependencia del Estado provincial podrá recibir los mensajes, interpretarlos o enviarlos a la Central Provincial de Interpretación, y luego responderles en su idioma mediante los intérpretes estatales.

Un plenario de las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Educación y Cultura de la Cámara alta, a cargo de las senadoras María Belén Tapia (UCR) y Cristina López Valverde (FNyP-FdT), respectivamente, emitió el dictamen favorable este martes del proyecto de ley de reconocimiento como idioma viso-gestual en todo el territorio nacional a la Lengua de Señas Argentina.

La iniciativa tuvo un rápido tratamiento, debido a que hace menos de una semana obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados. En tal sentido, el proyecto reconoce a la Lengua de Señas Argentina como una lengua natural y originaria y garantiza la participación e inclusión plena de la comunidad sorda, como así también de las personas que, por cualquier motivo, elijan comunicarse en dicha lengua.

Así también, posee una estructura gramatical completa, compleja y distinta del castellano y al ser visual, es completamente accesible desde el punto de vista perceptual para las personas sordas, como así también para todas las personas.

La titular de la Comisión de Educación y Cultura, Cristina López Valverde, afirmó que la palabra “inclusión”, no era plena “sin poder comunicar”, y agregó que “es importantísimo llegar al punto de consenso obtenido por ambas cámaras”.

Además, sostuvo que este proyecto de ley “fomentará” el aprendizaje de toda la población. Del mismo modo, la presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo María Belén Tapia añadió que “no se puede dilatar más este pedido del pueblo”.

Por otro lado, la senadora María Eugenia Catalfamo (UC-FdT) manifestó que “ha sido fundamental trabajar con el apoyo de dos grandes organizaciones”, y concluyó: “Tenemos que acompañar cuando hay consenso y apoyo de las organizaciones relacionadas al tema”.

Al término de las alocuciones, la senadora Tapia anunció el dictamen favorable por mayoría del proyecto que, además, legitimará a organizaciones constituidas íntegramente por personas sordas que las representen en todo el territorio de la República Argentina y que se encuentren oficialmente constituidas e inscriptas con reconocimiento de los Estados nacional, provincial y municipal.

La iniciativa faculta al Poder Ejecutivo para “fomentar e impulsar en los distintos ámbitos de su competencia el acceso y el uso de la LSA de todas las personas que, por cualquier motivo, elijan comunicarse en dicha lengua”.

Esto será bajo los objetivos de tener una accesibilidad efectiva y plena a la vida social; eliminar barreras comunicacionales y actitudinales; equiparar oportunidades tendientes a impulsar y fortalecer la independencia, autonomía personal y toma de decisiones; y diseñar y ejecutar estrategias que aseguren la accesibilidad comunicacional en todas las políticas públicas dirigidas a la sociedad.