La iniciativa propone modificar el Código Civil y Comercial y diversas leyes para garantizar privacidad, consentimiento informado y educación digital. Incluye el “derecho al olvido” y prohíbe la publicidad personalizada dirigida a menores.
Las diputadas María Sotolano, María Eugenia Alianiello y Natalia Sarapura presentaron en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca adecuar la normativa argentina a la realidad digital y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos de la hiperconectividad.
La propuesta introduce cambios en el Código Civil y Comercial y en leyes clave como la de Protección de Datos Personales, Educación Nacional y Defensa del Consumidor. Entre las medidas más relevantes se destacan:
En los fundamentos, las autoras señalan que el proyecto responde a los estándares internacionales y a la Observación General N° 25 del Comité de los Derechos del Niño, que insta a los Estados a garantizar entornos digitales seguros y respetuosos de la privacidad infantil. “La conectividad plantea desafíos jurídicos que requieren respuestas legislativas para proteger la dignidad y el desarrollo integral de la niñez”, sostienen.
La iniciativa busca promover un uso responsable de la tecnología sin criminalizar la conectividad, sino generando herramientas para que las familias y el Estado acompañen a los menores en su vida digital.
Fernando Carbajal, Ramiro Gutiérrez y Natalia Sarapura forman parte de la lista de candidatos. Las audiencias públicas comenzarán el próximo 29 de octubre.
La Bicameral de la Defensoría del Pueblo se prepara para escuchar a los candidatos a cubrir el cargo de defensor del Pueblo, vacante hace 16 años, a partir de las audiencias públicas previstas para el próximo 29 de octubre.
En la última reunión de la comisión se avaló la lista de postulantes, entre los que hay inscriptos tres diputados que terminan su mandato el 10 de diciembre. Este fue un punto criticado por la oficialista Lilia Lemoine, en contra de todo el cronograma aprobado por el resto de los bloques.
Los legisladores en retirada que se anotaron en la carrera son: Fernando Carbajal, exjuez federal, representante de la provincia de Formosa en el bloque Democracia para Siempre; Ramiro Gutiérrez, integrante de Unión por la Patria, proveniente del Frente Renovador, exdiputado bonaerense y especialista en seguridad y criminalística; y Natalia Sarapura, del bloque de la UCR, quien ocupó cargos en su provincia, Jujuy, como ministra de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas y anteriormente ministra de Desarrollo Humano.
En la nómina de más de 30 candidatos también aparecen algunos nombres que pasaron por el Congreso, como Remo Carlotto, hijo de Estela Carlotto, quien fue diputado nacional de 2009 a 2017. Actualmente es secretario del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur.
También se inscribió Paula Bertol, quien fue diputada nacional desde 2005 a 2013, y antes legisladora porteña. Además, durante el gobierno de Cambiemos fue secretaria de Relaciones Parlamentarias y Administración y luego embajadora ante la OEA.
Otro de los candidatos es Alejandro Amor, defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires de 2014 a 2021 y exlegislador porteño. Amor fue uno de los tres postulantes seleccionados en la última terna que la bicameral había resuelto, allá por 2017, pero que luego no se votó en el recinto.
María José Lubertino, quien recientemente se postuló -y participó de audiencia pública- para acceder a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, también está anotada. Tuvo un breve período como diputada nacional, es exlegisladora porteña y extitular del extinguido INADI.
El resto de los candidatos a defensor del Pueblo son: Luis Arias, Julián Axat, Fernando Blanco Muiño, Luis Bulit Goñi, Martín Cagnola, Gonzalo Condis Recagno, Anabel Delgado, Leandro García Silva, Verónica García Valeiron, Julio César García, Manuel Garrido, Roberto Luis Ger, Florencia Gómez, Mariana Katz, Amelia López, Cristina Maiztegui, Analía Marsella, Walter Martello, María Luciana Minassian, Alejandro Nato, Gustavo Nigohosian, Enrique Ponce, Mariela Puga, Sebastián Rey, Martín Saade, Fabián Salvioli, Gabriel Savino, Alejandro Spessot, Sebastián Tedeschi, Guillermo Torremare, Alejandra Vilches y Mónica del Valle Villa.
En tanto, para el cargo de procurador Penitenciario de la Nación, también se anotó el diputado Fernando Carbajal. Los otros postulantes son: Daniel Bodega, Ariel Cejas Meliare, Romina Cucchi, Gabriela Gusis, Sonia Páez y Mariano Prybylski.
La Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes avanzó este lunes con el cronograma previsto en el concurso público que definirá al próximo titular del organismo. En esta instancia, y tras la ponderación final realizada por la Comisión Bicameral, se arribó a la elección de una candidata y dos adjuntos para que pueda ser tratada en ambas cámaras.
No fue una reunión tranquila; por el contrario, hubo dificultades para acordar, fuertes cuestionamientos y reproches, pero al cabo de la reunión de la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se aprobó el orden de mérito final del concurso para la elección del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Fue así que la Bicameral que preside la diputada radical Natalia Sarapura propuso la designación de María Paz Bertero como defensora, Eduardo Matías Robledo como defensor adjunto y Héctor Iván Vito como defensor adjunto en segundo orden.
La propuesta de los postulantes fue respaldada por siete miembros de la Bicameral, luego de una moción realizada por el senador peronista Daniel Bensusan. La terna elegida será elevada al plenario de ambas cámaras para su tratamiento.
Desde el oficialismo, el diputado oficialista Nicolas Mayoraz votó en contra de la postulación, argumentando que “no hubo transparencia en el examen escrito” y que encontró “muchísimas irregularidades” en el proceso evaluatorio. Esas críticas ya habían sido publicadas por este medio durante el fin de semana. El diputado santafesino dijo haber observado “una falta de paridad de criterio en la evaluación de preguntas, lo cual marca la discrecionalidad en el examen”, dijo Mayoraz. “Lo otro grave es que muchos exámenes tenían errores de puntuación”, aseveró.
Al comienzo de la reunión, la jujeña Natalia Sarapura había puesto en valor “el esfuerzo que hemos hecho todos, no sólo legisladores y organizaciones, sino todo el equipo de trabajo en la elección del Defensor”. Ante los cuestionamientos de su par Mayoraz, le atribuyó la intención de “generar confusión para ensuciar los procesos”.
Luego de que Bensusan pidiera votar por primera vez, sobrevinieron los nuevos cuestionamientos de Mayoraz. Hubo en definitiva tres intentos para votar, que no alcanzaron los votos.
Finalmente la diputada María Sotolano (Pro) hizo un pedido un cuarto intermedio, pues no se ponían de acuerdo en la votación. Al tomar la palabra consideró que se trató de “un proceso difícil en los consensos”. “Hoy llegamos intentando que sea una construcción colectiva, lo que no se puede hacer es ensuciar este proceso, que costó muchísimo y estuvo a la altura de concursos de alto nivel”, manifestó. “Lo que tenemos que poner adelante en la agenda de la Bicameral es la agenda de la niñez”, agregó. “Si no pudimos llegar a un acuerdo en este momento, solicito un cuarto intermedio”, pidió, cosa que apoyó Mayoraz, para volver a reunirse sobre el final de esta semana.
UP no aceptó el pedido de cuarto intermedio y a través de Daniel Bensusan hizo una nueva propuesta a la terna que a la postre sería la ganadora, que era una síntesis de anteriores propuestas. Y esta propuesta sí alcanzó los siete votos necesarios para consagrar a esa terna. Incluidos los de Sarapura y Sotolano,
Ese voto de la diputada del Pro generó la indignación de Mayoraz, que se lo recriminó ampulosamente, ante las explicaciones de María Sotolano. El diputado de LLA y la senadora oficialista Vilma Bedia y su par del Pro Andrea Cristina se habían abstenido de votar.
Luego de una prolongada intervención de la diputada radical Karina Banfi, que celebró que finalmente se cumpliera ese trámite, volvió a intervenir Nicolás Mayoraz, para expresar su enojo: “Realmente aquí no hubo transparencia en los exámenes escritos”, habló de “muchísimas irregularidades”, afirmando que había exámenes que les faltaban la firma del legislador que había corregido, denunció “discrecionalidad en el examen” y aseguró que “muchos exámenes tenían errores de puntuación”.
“Aquí faltó transparencia y hubo irregularidades en el examen”, insistió.
La reunión concluyó con la lectura de Natalia Sarapura de los integrantes de la terna que habían sido aprobados para ser finalmente votados por las cámaras. Al cabo, Mayoraz volvió a tomar la palabra para recordar que en el inicio del proceso había anticipado que Bertero sería la persona consagrada. “Lo dije hace dos semanas, miren ustedes si no estaba ya puesto de antemano el nombre del que iba a ser el defensor... Por eso yo voy en contra de esto que para mí terminó siendo un verdadero circo y un manoseo a todos los que participaron en el examen”.
La comisión que encabeza la diputada Natalia Sarapura pasó a la firma los documentos de evaluación final y rechazó las impugnaciones presentadas, al considerar que no cumplían con los requisitos legales. El cargo está vacante desde la destitución de Marisa Graham.
La Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dio un paso decisivo este miércoles en el proceso de selección del próximo titular del organismo, al avanzar en la etapa final del concurso público de antecedentes y oposición.
Presidida por la diputada Natalia Sarapura (UCR), la comisión se reunió en el Anexo de la Cámara de Diputados para tratar los lineamientos de ponderación final, los puntajes por instancia y las impugnaciones presentadas por los postulantes. Tras el debate, se resolvió pasar a la firma los documentos correspondientes y rechazar las impugnaciones, al considerar que no cumplían con los requisitos legales.
Durante el encuentro, la senadora Vilma Bedia (LLA) expresó su rechazo a los criterios de evaluación, mientras que el diputado Nicolás Mayoraz (LLA) cuestionó la transparencia del proceso. Sarapura defendió el procedimiento, asegurando que se desarrolla conforme a la normativa vigente y con total transparencia.
El cargo de defensor se encuentra vacante desde la destitución de Marisa Graham, quien fue la primera en ocuparlo desde la creación del organismo en 2005. En la actualidad, Sebastián Medina ejerce la función de manera interina, a la espera de la finalización del proceso de selección.
Fue uno de los temas que surgió durante la reunión de la Comisión de Población de la Cámara baja que se reunió este martes.
Con la presencia de 14 legisladores y, por lo tanto, el quórum necesario para sesionar, se reunió este martes la Comisión de Población, que preside la radical Natalia Sarapura. Durante el encuentro se pusieron a consideración y pasaron a la firma un total de 44 expedientes y 34 proyectos de resolución y declaraciones sobre diversos temas.
Sobre uno de ellos, de su autoría, habló la diputada de Unión por la Patria Mónica Macha, quien busca declarar de interés de la Cámara baja el “Monitoreo Sociocultural y Lingüístico sobre el Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y Derechos Sexuales y Reproductivos en Pueblos Indígenas y Poblaciones Campesinas en Argentina”. Todo un proceso que, precisó, “fue realizado con compañeras de distintas comunidades de diez provincias de la Argentina, reconstruyendo los saberes de las compañeras y cómo estas leyes tienen que tener una perspectiva intersectorial, antirracista”.
También se refirió a un proyecto de repudio y preocupación por el desalojo de su territorio de la comunidad originaria Cueva del Inca, ocurrido el 8 de julio pasado, que atribuyó a la intención de construir emprendimientos inmobiliarios.
Se hizo eco de la cuestión el diputado jujeño Alejandro Vilca, quien agregó que esa situación se vive desde la derogación de la Ley 26.160 y otras normativas de Emergencia Territorial Indígena, que —dijo— representan un avance sobre las comunidades originarias.
También jujeña, la presidenta de la comisión, Natalia Sarapura, pidió la palabra para complementar lo expuesto y admitió que “el tema de las tierras y el territorio merece una reflexión más profunda”. Observó que el Congreso no dio respuestas a las comunidades indígenas para obtener la prórroga de la Ley 26.160. “Se obtuvo un decreto, que (el presidente Javier) Milei derogó y puso a las comunidades en mayor riesgo”, dijo.
Con todo, aclaró que su provincia es la que tiene más políticas públicas para comunidades, como así también es la provincia con mayor relevamiento de tierras y la que posee más títulos de propiedad a nivel nacional. Pero admitió que es también la provincia que más propiedades tiene en conflicto. Abogó finalmente por solucionar “esa situación que nos interpela, y deberíamos tener una ley de propiedad comunitaria de la tierra, que todos los que tenemos un compromiso con este tema deberíamos proponer”.
A continuación, expuso el diputado socialista Esteban Paulón sobre un proyecto que presentó junto a su par Mónica Fein, respecto de una actualización de la medición de precios al consumidor. Basó su reclamo en que el actual sistema refleja la variación de precios según se calculaba en 2004, tiempos en los cuales, por ejemplo, la gran mayoría de las familias argentinas no tenía wifi contratado en sus hogares. “Ese servicio, que en 2004 no estaba en todos los hogares, no se mide. Si ese servicio aumenta, el índice de precios al consumidor no lo registra”, explicó. Lo mismo sucede con la comida para mascotas, que tampoco se toma en cuenta, ni mucho menos con las plataformas, que son un elemento más novedoso.
Y más importante: sumó el peso que tienen los servicios públicos. En 2004 representaban entre el 10 y el 12 % del ingreso, mientras que en la actualidad representan mucho más, fruto de la eliminación de subsidios y la actualización de tarifas. “Se mide metodológicamente bien, pero sobre una base de datos desactualizada”, resumió Paulón.
Agregó que entre 2017 y 2018, en tiempos de Cambiemos, se elaboró otro sistema de medición que representa un poco mejor los consumos actuales, ya que, por ejemplo, se eliminaron parte de los subsidios a las tarifas. “Este índice está testeado, se mide, pero no lo publica Economía por decisión del ministro Luis Caputo”. Y atribuyó tal decisión al 16 % de diferencia en la inflación medida en 2024. Explicó que “eso hubiera dado a las jubilaciones y pensiones un 16 % más de aumento, y la masa previsional se hubiese incrementado en ese porcentaje. Hubiera generado una mejoría en las familias que más lo necesitan. Es fundamental que el Índice de Precios al Consumidor refleje lo mejor posible. Y ese sistema está elaborado, medido y testeado… Falta que se publique”.
Paulón aclaró que el titular del INDEC, Marco Lavagna, relativizó hacerlo ahora, en tiempos de campaña, por su implicancia electoral, pero estimó que “debería actualizarse cuanto antes. Que Toto dé la orden para medir ya”.
La diputada Sarapura anticipó que tienen previsto invitar nuevamente a Lavagna a la comisión, y que cuando concurra le preguntarán sobre el tema.
A su turno, la diputada Lis Marín hizo referencia a un proyecto de Cecilia Moreau y otro suyo, en los que le piden al Poder Ejecutivo revisar la disposición 166/25 de la Dirección Nacional de Migraciones, que podría facilitar el delito de tráfico de menores al favorecer la salida de los mismos del país. “Eso equivalía a un control más, y para las redes de trata es un eslabón menos en los controles”, advirtió la diputada de UP, quien además citó un proyecto del diputado Adolfo Bermejo, en el mismo sentido de modificar el método de medición de los precios al consumidor, y dijo que se lo han planteado personalmente a Lavagna, quien ha mostrado predisposición. “Se lo vamos a plantear cuando venga”, cerró.
A propósito, Sarapura dijo que abordarán en la próxima reunión de la comisión un proyecto para invitar a Marco Lavagna.
Antes del cierre de la reunión, la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade recogió el tema del IPC para observar que los trabajadores de la Cámara están un 200 % por debajo en materia salarial, y reclamó al presidente del cuerpo “pagarles lo que corresponde que ganen”.
Stolbizer y Sarapura presentaron un texto para transformar el campo mediante la incorporación de inteligencia artificial, energías renovables y robótica. La propuesta apunta a una agricultura más eficiente, inclusiva y respetuosa del medio ambiente.
El proyecto de ley, impulsado por las diputadas nacionales Natalia Sarapura y Margarita Stolbizer, propone fomentar el uso de tecnologías avanzadas y energías renovables en el sector agropecuario, con el objetivo de aumentar la productividad sin comprometer los recursos naturales.
Entre las herramientas promovidas se destacan drones para monitoreo de cultivos, sensores inteligentes para el análisis del suelo, tractores autónomos, aplicaciones móviles de gestión, inteligencia artificial para predicción climática, y sistemas agrovoltaicos que combinan producción agrícola con generación solar. También se contempla el uso de energía eólica y bioenergía a partir de residuos agrícolas.
Para facilitar la adopción de estas tecnologías, el proyecto prevé créditos blandos, beneficios fiscales y programas de capacitación articulados entre el Estado, universidades, centros de investigación y entidades privadas. Además, se crea una Mesa Nacional de Capacitación y Monitoreo, integrada por representantes del gobierno, el sector científico y los productores, que coordinará la implementación y evaluará el impacto de las medidas.
La fundamentación del proyecto destaca que la agricultura argentina enfrenta el desafío de producir más y mejor, en un contexto de cambio climático y competencia global. La ley busca garantizar que las innovaciones lleguen tanto a grandes como a pequeños productores, promoviendo un desarrollo federal, inclusivo y sostenible.
Con esta propuesta, el Poder Legislativo buscará convertir al agro argentino en un referente de innovación tecnológica y responsabilidad ambiental.
Fue en el marco de la Comisión bicameral del defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que preside la diputada Natalia Sarapura.
La Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se reunió este jueves en el Anexo de la Cámara de Diputados para continuar con el concurso público de antecedentes y oposición que definirá al próximo titular del organismo.
Durante la reunión, y por resolución de la Bicameral, se aprobaron por unanimidad informes del Jurado Evaluador y de distribución y metodología respecto a las Audiencias Públicas que se realizarán los días 28, 29 de agosto y 1 de septiembre del 2025, con el fin de escuchar a los postulantes.
Luego, la titular de la Bicameral, la radical Natalia Sarapura, informó que el Consejo Asesor elevó una propuesta para realizar un informe, no vinculante, sobre los criterios de evaluación respecto al plan de trabajo y antecedentes. Se autorizó en ese sentido a la secretaría a convocar a los postulantes siguiendo dichos lineamientos. También se acordó elevar los currículums al Consejo Asesor, para que este evalúe antecedentes y planes de trabajo y brinde su valorización mediante un informe no vinculante, que servirá como insumo para los equipos de la comisión.
En otro orden, además, se analizó una propuesta federal promovida por una Organización, respecto a la realización de una reunión Informativa para niños, niñas y adolescentes, y al respecto, la senadora libertaria Vilma Bedia consideró que “si lo tomamos como un insumo de reflexión está bueno”, pero -aclaró- “no es necesario exponerlos”. “Estoy a favor de escuchar su voz, pero en una sala privada. No estoy de acuerdo con la presencia de niños menores de edad acá en la Comisión”, argumentó.
En tanto, la diputada Sarapura consideró: “Me parece fundamental el derecho de ser oído, y más en el marco de tener esta propuesta como un insumo a la hora de elegir un Defensor”.
La figura del Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes fue creada por la Ley 26.061, que establecía que su designación debía concretarse en un plazo de 90 días desde su entrada en vigencia, hace ya doce años.
Los más de 150 postulantes rindieron el primer examen escrito del Concurso Público en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación.
Se realizó este viernes en el recinto de la Cámara de Diputados el primer examen escrito para la elección del nuevo defensor de Niñas, Niños y Adolescentes. Del evento participaron más de 150 postulantes.
Las palabras de bienvenida a los postulantes que asistieron al recinto del Palacio legislativo a rendir el examen del concurso público para la elección del próximo defensor nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, estuvieron a cargo de la titular de la comisión Bicameral del Defensor de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la diputada nacional Natalia Sarapura (UCR), y del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.
Allí, ambos coincidieron en destacar a la instancia del examen como “una herramienta republicana, abierta y transparente”, que reafirma la vocación del Congreso nacional de cuidar y garantizar los derechos de los más vulnerables, especialmente de quienes todavía no tienen vos propia en el debate público, siendo además “un paso firme hacia una Argentina que pone en el centro a la infancia y que trabaja fervientemente en ella”.
La instancia del examen escrito anónimo del Concurso Público, que tuvo una duración de dos horas, busca seleccionar con criterio de méritos, transparencia y excelencia al próximo defensor o defensora nacional de los Derechos del Niño. Esta etapa es una muestra del compromiso de la Cámara de Diputados con el fortalecimiento de las instituciones y la promoción efectiva de los derechos de los más pequeños que son el presente, pero sobre todo son el futuro de nuestra Nación.
“Es necesario fortalecer el sistema de protección integral de los derechos de niñas y niños, en la búsqueda de consensos y con plena conciencia del interés superior de la niñez. Tuvimos el orgullo de recibir en esta casa a más de 150 argentinas y argentinos, que desde distintos puntos del país vinieron a expresar su vocación de ser el próximo defensor o defensora”, aseguró Sarapura, presidenta de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes.
La legisladora destacó la presencia de consejeros, consejeras y académicos que “han honrado con su acompañamiento técnico a lo largo de todo el proceso”. También remarcó: “Necesitamos una Defensoría que llegue al territorio, que sea más federal, con un abordaje integral y que rinda cuentas de manera transparente frente a los desafíos que atraviesa la niñez”.
“Quiero poner en valor que en este momento todos y todas, desde políticos, defensores y defensoras, especialistas, con nuestra presencia y accionar, estamos comprometidos con los derechos de la niñez”, concluyó Sarapura.
Según el cronograma, los resultados de los aprobados se darán a conocer el 8 de agosto, mientras que las audiencias públicas con los postulantes serán entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre, y se estima que para el 22 de septiembre finalice el proceso de selección.
Así se informó durante una reunión de la bicameral encargada del concurso público. El examen a los postulantes será el próximo 1ro. de agosto en el recinto de la Cámara de Diputados.
Foto: Comunicación Senado
Muy activa y a paso firme en la elección del nuevo Defensor/a de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes continúa la bicameral encargada de llevar adelante el concurso público, en medio del receso invernal que atraviesa el Congreso, con escasa actividad parlamentaria.
Durante una reunión realizada este viernes, la presidenta de la comisión, la diputada Natalia Sarapura (UCR), señaló que el pasado 21 de julio finalizó el período para recibir impugnaciones sobre los más de 200 postulantes que se inscribieron. "Se han recibido 27 impugnaciones y 8.561 adhesiones, un número altísimo éste. Cada una de las impugnaciones fue remitida a los correos institucionales de los legisladores", informó.
A su turno, la diputada Nadia Márquez (LLA) sugirió dar traslado a las impugnaciones para que cada uno de los impugnados haga su descargo, y luego en una eventual reunión resolver la comisión sobre las mismas.
Según se acordó, el plazo para que puedan responder quienes fueron objetados será hasta después del examen, ya que el reglamento indica que tienen "hasta cinco días antes de la audiencia pública" para contestar, y también pueden hacerlo de manera verbal en esa instancia.
Durante el encuentro, Sarapura destacó que se va a poder utilizar el recinto de la Cámara de Diputados para la realización del examen, el próximo viernes 1ro. de agosto. "Ese hecho marca la importancia que tiene", destacó y agredeció a las autoridades de la Cámara, que "han cambiado la fecha de acciones de reparación que están haciendo para garantizar que el examen se realice allí".
Los miembros de la bicameral acordaron que la acreditación arranque a las 9, para dar comienzo a las 10 al examen, el cual tendrá una duración de dos horas. En tanto, por la tarde, ese mismo día, los legisladores harán la corrección de las evaluaciones.
Un día antes, el 31 de julio a las 14, los miembros de la comisión se abocarán a la confección del examen, compuesto por seis bloques. Para ello, se seleccionaron las siguientes duplas: senador Daniel Bensusán (UP) y senadora Gabriela Valenzuela (UCR), para el bloque 1; diputada Nadia Márquez (LLA) y diputada Sabrina Selva (UP), para el bloque 2; diputada Natalia Saparura (UCR) y senadora Stefanía Cora (UP), para el bloque 3; senadora Vilma Bedia (LLA) y diputada María Sotolano (Pro), para el bloque 4; senadora Andrea Cristina (Pro) y diputada Eugenia Alianiello (UP), para el bloque 5; y el bloque 6 para todos.
La figura del Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes fue creada por el artículo 47 de la Ley 26.061, con la misión de garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia, intervenir ante vulneraciones y promover políticas públicas orientadas a su protección.
Luego de 12 años de su sanción, la bicameral encargada de seleccionar este cargo se constituyó en 2017. El proceso culminó casi tres años después, con la jura de Marisa Graham como la primera defensora, en febrero de 2020.
Con una duración del mandato de cinco años -y la chance de ser reelegido por otro período- Graham decidió a comienzos de este año autoprorrogarse el mandato. Meses después fue desplazada por la votación de la comisión, que inmediatamente arrancó con el nuevo concurso público.
La propuesta fue impulsada desde el Pro y obtuvo el consenso del resto de los bloques. Su función será de asistencia técnica, estará integrada por 10 miembros elegidos por los legisladores que componen la comisión.
Foto: Comunicación Senado
Tras una última reunión acalorada, la Comisión Bicameral del Defensor de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se dio cita este martes antes de escuchar a una nueva tanda de representantes de organizaciones, en el marco del concurso público que comenzó para elegir al sucesor de Marisa Graham. En esta oportunidad primaron los acuerdos y se resolvió la creación de un Consejo Asesor técnico que asistirá a los legisladores en este proceso.
La presidenta de la bicameral, la radical Natalia Sarapura, sostuvo que la reunión informativa que tuvieron “ha permitido dar cuenta de la importancia de la participación de las organizaciones sociales. Hemos podido escuchar a representantes que nos han marcado una agenda con mejorar la participación de la sociedad civil, el compromiso e interés para el proceso del concurso público”.
“Hemos escuchado la importancia de una agenda temática para que se respete el carácter federal, la importancia del conocimiento académico a la hora de gestionar la Defensoría y el defensor. La importancia de dar cuenta de la transparencia del proceso del concurso”, señaló la jueja. Así, manifestó la importancia de seguir escuchando a organizaciones y ratificó la vocación de la comisión de “seguir con un proceso participativo” para crear el consejo asesor.
Sarapura explicó: “La bicameral ha tomado la decisión de crear un consejo asesor en el ámbito del cuerpo. Tendrá el carácter de asistencia técnica para todo el desarrollo del concurso público”. El mismo estará integrado por 10 miembros, cada uno de ellos propuestos por los legisladores que componen la comisión. Tendrán funciones de dar un acompañamiento técnico en todo el proceso del concurso.
También podrán aportar y hacer sugerencias para las instancias de evaluación, proponer temáticas, temarios, preguntas. Además, podrán sugerir una grilla de evaluación. Tendrá un carácter no vinculante y no lo podrán integrar organizaciones que estén concursando.
Al tomar la palabra, el libertario Nicolás Mayoraz remarcó que Consejo consultivo no es vinculante para los integrantes de la comisión. “Se charló mucho sobre los perfiles que pueda atender todas las realidades de quienes trabajan con la niñez y adolescencia, es decir, perfiles técnicos y el territorio”, expresó.
Mayoraz explicó que el consejo asesor técnico tendrá dos tareas claves: “Presentar los ejes temáticos y, la segunda instancia, quince días antes del examen presentar esos ejes que es el 13 o 14 de julio; y siete días antes la presentación de las propuestas o sugerencias para las preguntas del examen”.
“Reafirmamos la posición del bloque de invitar a la ciudadanía a participar de este proceso, ya que quedan pocos días. Que participen y se presenten para darle a la comisión y, luego, a ambas cámaras las mejores decisiones posibles dentro de las que se tienen que tomar por consenso político. Mientras más participen, se va a ver mejor expresada la sociedad en sus diferencias los distintos perfiles y miradas sobre esta problemática”, planteó y destacó las reuniones informativas con las organizaciones de la sociedad civil porque “nos ayudan a reflexionar sobre el perfil que queremos”.
El santafesino volvió a criticar la gestión de Graham y afirmó que pondrán "toda la energía” para "corregir aquello que nos pareció que no estuvo bien”. Por último, señaló que “hay que preguntarse sobre el rol federal que tiene el sistema o de qué manera podemos garantizar que sea un defensor bien involucrado con todas las realidades que se viven en todas las provincias”, y agregó: “Es importante el perfil de una defensoría de puertas abiertas que escuche a todos, que tenga un compromiso genuino y sin un sesgo ideológico con la tarea que tiene que llevar adelante porque la niñez está comprometida en muchos sentidos y se deben atender y afrontar”.
“No podemos pretender que el defensor sea un superhéroe porque no es la tarea que le asigna la ley y tampoco daría abasto con esa función. El rol articular que debe tener es clave, y esa mirada del sistema de protección de los derechos del niño es fundamental”, aclaró Mayoraz.
“Hemos plasmado buscar un consejo asesor que pueda volcar en los temarios todas esas variedades de problemáticas que nos han plasmado la sociedad civil y que puedan volcarlo en propuesta de preguntas para elegir a los mejores candidatos entre todos”, concluyó.
Por su parte, la diputada Eugenia Alianiello de Unión por la Patria destacó haber llegado a ciertos acuerdos entre todos para el concurso. También ponderó que el Consejo surgió de un aporte que hizo el Pro y expresó: “Es importante darle valor a la integración de este consejo y de las organizaciones que vienen hace años trabajando en niñez que puedan hacer aportes a un concurso que debe ser transparente, ágil y serio. Es importante poder dialogar y acordar pese a las diferencias ideológicas”.
A su turno, la diputada de Pro María Sotolano ponderó la relevancia de las reuniones y el consenso para llevar a cabo este consejo asesor: “Es un paso que muchos no venían viendo y es algo sumamente importante”, y explicó que la tarea del consejo asesor es “darle mucha más transparencia a este concurso, es el proceso más importante de la bicameral”. “Es un paso clave y un ejemplo y motivar a muchos profesionales a dar el paso. Este concurso está avanzando muy bien y eso es parte del consenso entre todos los bloques”, cerró.
La senadora libertaria Vilma Bedia sostuvo que la bicameral se hizo “eco” del reclamo de la sociedad que quiere “en este proceso de selección al futuro defensor. El consejo asesor técnico es fundamental porque será un acompañamiento en el proceso para que sea claro, transparente y para que la sociedad pueda ver todas las instancias evaluativas”.
El debate sobre un nuevo defensor
A continuación, en el marco del proceso de selección de un nuevo Defensor, participaron de la Bicameral organizaciones de la sociedad civil que trabajan de forma integral en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. “Siempre es importante la participación de la sociedad civil”, destacó Sarapura.
En primer lugar habló Gabriela Tozoroni, de la Red Argentina no Baja, quien sostuvo que el próximo defensor "tiene que continuar profundizando los logros de lo que ya se conquistó y se pudo hacer en la Defensoría". A continuación, aseguró que ese cargo tiene "un rol político" y "tiene que ocuparlo alguien que tenga trayectoria e idoneidad en materia de niñez y adolescencia, pero también debe haber una mirada política".
Por otra parte, cuestionó que "en lugar de entender que (los menores) son sujetos de derecho, tenemos desde el Gobierno nacional una mirada totalmente punitivista, criminalizante de nuestros niños y adolescentes a partir de la propuesta de bajar la edad de imputabilidad". "El niño, niña o adolescente es un sujeto de derecho que no se puede fragmentar", afirmó y pidió: "No miremos desde la mirada criminalizante, miremos qué pasó antes, miremos que hay un casi 70% de pobreza en niños y adolescentes frente a un 2,25% de pibes o pibas que quizás pueden estar involucrados en alguna transgresión a la ley".
A su turno, Gala Díaz Langou, del CIPPEC, apuntó que "las peores condiciones de vida en todo el territorio nacional están concentradas en familias que tienen niños, niñas y adolescentes". Y detalló que "el 52% de niños de 0 a 14 años viven bajo la línea de pobreza, y el 49,2% de niños entre 0 y 5 años viven en la pobreza. Estos datos son alarmantes, por todo lo que representa la pobreza, por las privaciones que conlleva, por la vulneración de derechos que implica".
En ese sentido, resaltó "la relevancia que tiene el rol de la Defensoría en revertir estos datos". También mencionó que "solamente 5 de cada 10 estudiantes finalizan la secundaria a tiempo y solamente 13% de quienes ingresan a la secundaria la terminan con los conocimientos esperados en lengua, matemática y sin repetir".
Guadalupe Correa, del Frente Joven María, también precisó que "más del 50% de los niños son pobres y uno de cada dos niños pobres sufre inseguridad alimentaria". Además, enumeró que "el 57,5% no tienen obra social, mutual ni prepaga; el 49,4% de los niños viven en un espacio con déficit en condiciones de medioambiente; el 23% de los niños entre 3 y 5 años no están escolarizados; y el 9,5% de los niños en edad de primaria no asisten a ningún establecimiento, número que se eleva a 28,9% en secundaria". "La mitad de los niños hasta tercer grado no entienden lo que leen y uno de cada diez que llegan a este curso directamente no sabe leer", sumó y dijo que la cifra de trabajo infantil es de 28,4%.
Por otro lado, criticó que "la Defensoría fue un organismo cooptado por las ideologías y no atento a la realidad, una Defensoría que hablaba del cambio climático, de las niñeces y buscaba eliminar la figura de los padres como protectores. Buscaba entregar asignaciones y más plata, pero no abordaba los problemas de fondo". Y cuestionó que había "una defensora que defendía eliminar a los futuros niños desde el vientre de la madre".
Mariela Cordero, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, manifestó: "La Defensoría debe cumplir un rol activo en la incidencia pública, articulando con el Poder Legislativo, el Poder Judicial, organismos internacionales, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de instalar la agenda de los derechos de niñas, niños y adolescentes como prioridad política".
Sobre quien ocupe el cargo, indicó que deberá tener "un conocimiento profundo de los principales desafíos que atraviesan las infancias y adolescencias en Argentina" ya que "hay problemas que urgen ser abordados desde una perspectiva federal, interseccional y con enfoque en derechos".
Desde la Organización Mundial para la Educación Preescolar, Mercedes Mayol Lasalle expresó: "Valoramos el rol asumido desde el 2019 por la doctora Graham, cuya designación tras 14 años de vacancia constituyó un hito histórico. Sin embargo, sabemos que aún queda mucho por hacer para lograr una Defensoría sólida, articulada con las provincias y la sociedad civil, que incida de manera efectiva en el cumplimiento de los derechos de las infancias de todo el país".
Por la asociación civil Doncel, Evelin Rolón señaló que "de esta nueva Defensoría esperamos que nos escuchen, que nos inviten a participar de verdad, queremos un espacio donde podamos hablar de nuestras vivencias, donde nuestras voces no sean decorativas sino tomadas para transformar el sistema". Y sobre el defensor, "que tenga un rol activo en monitorear las políticas públicas dirigidas a las infancias, no alcanza con tener un programa en papel".
Lucía de la Vega, del CELS, advirtió que "de las 50 políticas de cuidados existentes a nivel nacional, solo quedan 4". "Vemos a las familias criando en soledad, las mamás haciendo malabares, con menos tiempo para criar, con multiempleos, endeudándose para comprar alimentos y con la violencia en aumento en los barrios".
Manifestó que en las observaciones del Comité de Derechos del Niño del año pasado se remarcó la "preocupación ante el DNU 70/23" y la "continua disminución de las asignaciones presupuestarias destinadas a la infancia". "La situación del Garrahan es un ejemplo de esto, hoy el Garrahan está sin calefacción", dijo y fue aplaudida.
Además, De la Vega defendió que el plan ENIA, de prevención del embarazo adolescente, sobre el cual "la Defensoría ha iniciado una acción para su continuidad y la justicia le ha reconocido la legitimidad colectiva para impulsarla".
Por el contrario, Daniela Seguí, de Abogados por la Vida, criticó que el plan ENIA "no es una política de prevención, sino una herramienta de control poblacional ideológico y con derivaciones geoestratégicas y demográficas perjudiciales para nuestra Nación y ejecuta en perjuicio de niños, adolescentes, sus familias y Argentina".
Participaron del encuentro Amelia López, Defensoría Provincial de Córdoba; Lucas Parenti, miembro de la Red Argentina por la Adopción; Lorena Álvarez, AAOF (Asociación Argentina de Orientadores Familiares); Mayca Irina Balaguer, FUNDEPS (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables); Alejandro Osio, docente de UNLPam (Universidad Nacional de La Pampa); Alejandra Castiglioni, Interculturalidad e Infancias; Martina Salituri Amezcua, Observatorio de Derechos de NNyA de la UNICEN (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires); Mariana Incarnato, Asociación Civil DONCEL; Norma Méndez Simoes, Ponete de Pie; Mariela Cordero, UNER (Universidad Nacional de Entre Ríos); Silvia Ana Fratti, Fundación Reflexión por la Vida; Paula Querido, Asociación Civil Francisco Tonucci; Fernanda Alvarado, ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales); Padre Adrián, Curas Villeros de Soldati; Miryam Monasterolo, Foro Patagónico por la Defensa de la Niñez y Adolescencia; Abigail Herrera, Abolicionistas del Siglo XXI; Bárbara Analia Morelli, Fundación Morelli; Soledad Deza, Fundación Mujeres x Mujeres; Miguel Jorge Haslop, PRODECI (Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles); Mariana Lucía Ortiz , Bitácora por la Infancia; Pablo Barbiroto, Juzgado Penal NNyA (Niños, Niñas y Adolescentes) de Paraná; Silvia Stuchlik, Fundación Alem; Lucía Ricoveri, Fundación Proyectos de Vida – CONIN Hurlingham; Liseth Agostina Tula, Tu Vida Vale Mucho – Sede Chubut; Santiago Stura, Faro Digital; Cristian Hernán Fernández, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Bernardo Montecino Pardo, Hogar del Sol – Portadores de Cristo; Lucila Galkin Sutton, Amnistía Internacional; Alejo Brosio, Aldeas Infantiles SOS; Nora Pulido, Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia.
El proyecto propone incentivos fiscales, créditos para infraestructura, promoción internacional y capacitación para potenciar el turismo MICE en todo el país, a fin de generar empleo, inversión y oportunidades para las economías regionales.
La diputada nacional Natalia Sarapura (UCR), junto a Gerardo Cipolini, Esteban Paulon y Marcela Campagnoli, presentó un proyecto de ley de promoción y desarrollo del turismo de convenciones y eventos internacionales en Argentina para que “más provincias como Jujuy, San Juan, Chaco o Neuquén puedan ser sede de congresos, ferias y convenciones internacionales”.
La iniciativa prioriza a provincias y localidades con baja participación en el turismo MICR, impulsando la descentralización de la actividad y la diversificación de la oferta turística nacional, lo que brinda más oportunidades para las provincias emergentes.
Además, brinda exenciones impositivas y fondos de promoción. “Organizadores de eventos internacionales en zonas emergentes podrán acceder a beneficios fiscales, exención del IVA, deducción de Ganancias y bonificaciones en tasa aeroportuarias. Se crea un Fondo Nacional para apoyar eventos estratégicos y obras de infraestructura”, plantea el texto.
“Se lanza una estrategia de promoción internacional con presencia en ferias globales, una plataforma digital con calendario de eventos, y acuerdos con líneas aéreas para facilitar el acceso a nuevos destinos”, agrega.
La agenda se alzó con una mayoría de ocho votos. El bloque oficialista no acompañó el mismo tras denunciar "falta de transparencia", una "mala interpretación del reglamento" y un "tratamiento exprés poco creíble". Por otro lado, fijaron una fecha para convocar a organizaciones y defensores.
Con un clima caliente y picantes discusiones, se llevó a cabo la cuarta reunión de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que preside la diputada Natalia Sarapura (UCR), en la cual se logró aprobar por mayoría un cronograma de trabajo de cara a la designación de un nuevo Defensor, cargo acéfalo tras la salida de Marisa Graham.
“Este procedimiento se encuentra definido en la Ley 26.061 y en la resolución 14 del Reglamento interno que la comisión ya discutió”, aclaró Sarapura y destacó que el cronograma es “con las mayores expresiones de consenso y preocupación porque hay que garantizar que el concurso sea aplicado con la mayor eficiencia y con el ajuste al reglamento”.
Sarapura afirmó: “Hemos construido procesos de acuerdo, de análisis, y de aplicación del Reglamento en una vocación colectiva que supere las cuestiones partidarias, y ponga sobre la mesa la realización de un concurso que sea ajustado al Reglamento y a la necesidad de tener, de la manera más eficiente y rápida, un defensor en el marco de la Ley 26.061”. El cronograma que se aprobó por mayoría establece:
El artículo del reglamento que desató el debate acalorado
Por las fechas para la publicación del listado de admitidos y no admitidos del 4/07 y 5/7, el diputado libertario Nicolás Mayoraz hizo una observación: “4 de julio es jueves, por lo que la recepción debería ser el 8 de julio, no el 7 porque no es 4 y 5, es 4 y 7 de julio”. El santafecino hizo hincapié en que debían ser dos días hábiles y planteó que la recepción de impugnaciones debería ser del 8 al 22 de julio”. La presidenta de la comisión le aclaró que el Reglamento en el artículo 7 establece dentro de los dos días hábiles posteriores. “Proponemos hacerlo el 4”, retrucó.
Mayoraz redobló la apuesta y remarcó que “el Reglamento dice que se hace dentro de los dos días, esto quiere decir que no hay un plazo de gracia. El día 7 termina ese día, usted no puede reducir los plazos, esa opción es del interesado no de la comisión”.
La diputada radical procedió a leer textual el artículo 7: “Listado de postulantes y publicación dentro de los dos días posteriores al cierre de la inscripción. La Comisión Bicameral deberá confeccionar la lista de postulantes admitidos y no admitidos, dejando debida constancia de los motivos de la exclusión. Este plazo puede ser prorrogado por única vez por el mismo término cuando las razones debidamente fundadas lo requieren. El historial de los postulantes admitidos junto con sus reseñas personales resumidas, tal como figura en el formulario de inscripción, debe ser publicado en el sitio web de ambas cámaras del congreso se refiere a dos días”.
Lejos de conformarse, Mayoraz volvió a plantear: “De ser publicados dos días. Estamos hablando de la publicidad. La publicidad es un acto fundamental, es decir, saber quién fue admitido y quién no fue admitido no puede ser un solo día de publicación, debe ser dos días de publicación”.
En ese momento, se metió en la discusión la senadora Stefanía Cora (Unidad Ciudadana) y remarcó: “Este trabajo es el esfuerzo de distintos asesores de legisladores de distintos partidos políticos que fueron y fuimos construyendo un consenso y un acuerdo apegado, siempre, al Reglamento que es nuestra principal responsabilidad”.
“Me parece que eso es importante dejarlo en claro para poder avanzar, porque todas las opiniones son claramente válidas en esta Bicameral, pero entiendo que lo que acá se presentó es resultado de un consenso y de un trabajo de todas las fuerzas que tenemos voluntad de que más temprano que tarde tengamos un defensor nombrado por el proceso que ordena sujeto a reglamento esta Bicameral”, expresó.
El diputado libertario continuó con su postura sobre la fecha y explicó: “Los plazos son siempre hábiles, la regla es plazo hábil, la excepción es plazo corrido. Si no dice nada es plazo hábil. El plazo siempre es hábil. Acá se aplica el derecho administrativo, no se aplica cualquier cosa. En el derecho administrativo los plazos siempre se computan en días hábiles. Entonces esto de que si no dice que es hábil y yo puedo hacer otra cosa, no. Siempre que el Reglamento no dice ‘hábil’ se considera que es hábil”.
“Le reafirmo que lo que dice este artículo es dentro de los dos días, o sea estipula la publicación en ese periodo”, le contestó Sarapura y siguió: “Este es un proceso de construcción de distintos ámbitos, por un lado, con asesores y, por otro lado, de una reunión informal que tuvimos. Es fundamental tener una vocación del respeto de tener un avance en la elección de un defensor en el marco de la ley, pero también construir los mayores consensos”.
Volvió a retomar la palabra Mayoraz, esta vez para quejarse por “reuniones reservadas, organizadas a las apuradas de la noche a la mañana”. “No me parece la mejor forma de trabajar”, cuestionó, al tiempo que planteó que “hubo diferencias entre los bloques en cuanto a cómo se aplicaba el Reglamento y cuáles eran los mejores plazos para aplicar”.
Así acusó: “Que ustedes hayan arribado a un aparente acuerdo hoy en una reunión mantenida a las 11 de la mañana para mí, lejos de darle claridad a esto, se la quita”, y reclamó la presencia de organizaciones porque “aquí no hay ni transparencia ni claridad. No ha habido ninguna consulta a las organizaciones”.
“Se está obviando en esto y se está cometiendo un error o se estaría cometiendo si lo resuelven que es de tomar una decisión trascendente, sin escuchar a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en los derechos de la niñez. Es muy grave porque si nosotros tenemos que definir qué perfil de defensor queremos y cómo valoramos y evaluamos la experiencia de estos cinco años en la que, por primera vez, tuvimos un defensor del niño, eso debe hacerse escuchando a las organizaciones y no a las apuradas”, reiteró y anticipó el rechazo al cronograma y una solicitud para realizar una reunión informativa convocando a las organizaciones.
“Queremos darle garantías a la sociedad a la comunidad de que esto va a ser algo transparente eso se lo debemos a los niños. No podemos hacer un procedimiento desprolijo y a las apuradas como lo estamos haciendo. Nosotros no vamos a acompañar esto, se están violando las fechas los reglamentos, no se respeta el reglamento, han reducido los plazos”, remató el libertario enojado.
Recogió el guante Sarapura quien le planteó: “Usted puede tener la decisión de ir o no ir a la reunión, pero tiene que ser respetuoso del proceso que se construye”. “Para ser respetuoso del proceso, esto se tiene que discutir acá. Si me está apurando para definir lo que va a hacer nuestro bloque, no es discutir”, le contestó Mayoraz.
“Tenga el respeto político, yo sé que ustedes tienen una dinámica de la democracia y la política distinta para ustedes construir consensos”, le enrostró la radical y denunció: “Claramente acá hay una intencionalidad de no avanzar y de no respetar los ejercicios que son de la política y de la democracia. Pido madurez política en no entrar en esas dinámicas que no benefician a nadie. Está haciendo una utilización del tema”.
Mayoraz propuso un cronograma propio desde su bloque que coincidía con los dos primeros ítems, pero planteó como fechas de publicación de listado 4 y 7 de julio para “respetar tiempos para corrección de exámenes”. Sin embargo, la votación resultó a favor de la propuesta inicial de mayoría.
Sarapura puso en valor el proceso logrado, por un lado, una reunión de asesores donde hubo una diversidad de opiniones sobre el reglamento y su aplicación. “Se han hecho correcciones en el cronograma que tienen que ver con una adecuación a propuestas”, destacó y remarcó: “Podemos tener distintos puntos de vista del ejercicio de la democracia y la política, creo que no está mal construir consensos, lo único que estamos haciendo es generar los procesos que tengan que ver con la construcción de acuerdos”, expresó.
“Para mi, generar todos los espacios de construcción son válidos y las reuniones informales fueron propuestas de las legisladoras que plantearon la necesidad de tener reuniones previas para evitar que los temas de los derechos de la niñez tengan este contexto. La mirada partidaria, sosegada e irrespetuosa del trabajo de legisladores. La reunión previa informal era una invitación honrar los espacios, no a acuerdos partidarios que no estén ajustados, sino construcción de dialogo y consensos y la política y democracia se ejercen así”, aclaró.
La radical, no se quedó callada y apuntó contra Mayoraz: “Me parece muy irrespetuoso que cuando lo que se construye no va con lo que pienso lo invalido. Hay personas que tenemos un ejercicio de la democracia distinto a otros y se han expuesto de sobre manera los procesos generados y los puntos de vista”.
Por su parte, la diputada del Pro María Sotolano sostuvo: “Por respeto a las organizaciones sociales nos dejaron en claro que quieren el concurso, terminar con el mandato de la Defensoría que venía hasta ahora y eso se cumplió. Fuimos avanzando pese a las diferencias, pero intentamos dar la discusión y logramos puntos”.
“Desde el Pro dejamos en claro que el concurso es algo que reclaman las organizaciones. Hay algo que se manifestó que es la voluntad de avanzar con el concurso y no encastrar el reglamento. Hasta el examen hay tiempos reglamentarios concretos y, después del examen podemos trabajar en un marco de acuerdo en un plan de trabajo y ahí están los matices. Nosotros planteamos tiempos hasta octubre. Hay que darles transparencia y garantías a los postulantes”, precisó. Sotolano también reclamó la presencia de las organizaciones para debatir y “darle una construcción colectiva a al Bicameral para que puedan ejercer su voz”.
“Hay plazos que son netamente que son de la política y esta Bicameral se va a tener que poner de acuerdo en montón de cuestiones. Lo más difícil son los acuerdos parlamentarios para llegar al recinto. Tenemos que ser claros con los tiempos para que sean ejecutables y transparentes en el reglamento”, concluyó.
También se manifestó en contra la senadora libertaria Vilma Bedia quien cuestionó: “No podemos ejecutar ni avanzar irresponsablemente porque acá no es la cuestión de banderas, nos tenemos que poner en el lugar de las instituciones que nos están mirando. Y sobre todo de los niños. Acá los niños son los protagonistas que están esperando una respuesta y no podemos hacer nada descabellado. Aferrarnos a las apuradas, al margen de los tiempos, a los consensos egoístas cuando tenemos que estar mirando la vida de niños y adolescentes”.
“No se puede evaluar en un día a 200 personas, porque se tiene que tener el perfil cuidado que requiere el puesto. No podemos desenfocarnos de la realidad de la sociedad, buscar un buen perfil con valores y convicciones que más de 20 años fueron olvidados”, cerró la jujeña.
Por último, Sarapura defendió: “El cronograma que se aprobó respeta plazos mínimos y máximos establecidos en el reglamento, en ningún caso se tomó de forma arbitraria. Considera todas las etapas obligatorias determinadas. Le da una organización lógica y eficiente a la aplicación y cumple el respeto de la publicidad. El derecho de los postulantes es lo que priorizamos y evitamos extensiones dilatoria que da la política a esta definición. Se tiraron fechas que nunca se aclararon esas propuestas. Los debates que enriquecen son los propositivos, no los descalificantes”.
“No hubo acuerdos de medianoche, interesados en una persona, son el ejercicio de la construcción de la política que se honra respetando la diversidad de opiniones ideológicas buscando un interés común, no la política se busca instalar lo que yo pienso y cuando no es así se desacredita y lo desvalorizo”, ratificó.
Por último, afirmó: “Tenemos un cronograma ajustado a la aplicación del Reglamento y a que tengamos un concurso y el 22 de septiembre tengamos los mejores candidatos”. En tanto, anticipó que el martes 24 de junio a las 16 horas “vamos a recibir a las organizaciones y defensores del pueblo porque es fundamental porque le da transparencia y dinamiza el concurso.
Ante las objeciones presentadas por diputados de origen sindical, Daniel Arroyo quiso retirar un texto que había acordado con los radicales. El debate consumió 40 minutos de la sesión.
Quienes pensaron que con la extensa discusión reglamentaria del inicio de la sesión, que se extendió por casi tres horas, se había completado la cuota de discusiones de ese tipo se equivocaron rotundamente. La parte final de la sesión de este miércoles/jueves tenía reservada una discusión reglamentaria que no le fue en saga a la de más temprano. Fue durante el debate en particular de la emergencia en discapacidad, cuando el miembro informante del dictamen de mayoría, Daniel Arroyo, anunció que en el capítulo IV se incorporaban al inicio dos artículos a pedido del dictamen de minoría.
Los leyó la diputada radical Natalia Sarapura. El primero versaba en torno a las auditorías, mientras que el siguiente tenía que ver con el empleo de personas discapacitadas. Ese último artículo fue el origen de la gran controversia de la noche.
El mismo modificaba el articulo 87 de la ley 24.013, que señalaba que “los empleadores que contraten personas con discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del 50% de las contribuciones patronales por este tipo de contratos a las cajas de jubilaciones y INSSPJ, a la Caja de Asignaciones y Subsidios Familiares y al Fondo Nacional de Empleo”.
Natalia Sarapura detalló los dos artículos del dictamen del radicalismo que había aceptado el miembro informante.
Martín Tetaz intervino a continuación para sugerir eliminar el porcentaje y que la eximición fuera total, dado que en general “rara vez contrata a personas en situación de discapacidad”. Sin embargo Arroyo rechazó esa modificación de Tetaz, pero sí la de Sarapura, pues era lo que ya estaba acordado.
La primera en presentar una objeción fue Vanina Biasi, para quien “es una farsa plantear que la reducción de los aportes patronales van a incentivar la contratación de esas personas”, y concluyó advirtiendo que “quieren seguir vaciando las cajas de asistencia social de este país”. En el mismo sentido se pronunció desde UP el cordobés Pablo Carro, quien sostuvo que “hace rato que cada vez que queremos promocionar algo, la manera es que las patronales no hagan los aportes jubilatorios… Después vienen acá a explicarnos que se desfinancian las cajas jubilatorias. No puede ser que estemos buscando ese tipo de mecanismos que terminan desfinanciando las cajas jubilatorias”.
El dipusindical Mario Manrique intervino para decir lo mismo. Habló para plantear lo que tomaba como un contrasentido, sobre todo después de lo que se había escuchado durante el debate sobre las jubilaciones. Además, agregó, “el empleador no está haciendo un esfuerzo de contratar acá una persona con discapacidad. Es parte de la responsabilidad social empresaria. Entonces no lo tratemos como que el empleador se está sacrificando porque le da trabajo a una persona con discapacidad. No podemos seguir sacándole plata a los sistemas, tanto de seguridad social como de salud”. Pidió entonces reformular el tema, sin que Daniel Arroyo aceptara esa sugerencia. Estaban por votar, pero la diputada Vanesa Siley planteó también objeciones sobre ese artículo, alertando que además dañaba al sistema previsional argentino.
Dadas las circunstancias, el presidente del bloque UP, Germán Martínez pidió retirar el artículo, lo que fue resistido por Martín Tetaz, quien sostuvo que el mismo cambiaba dramáticamente el paradigma de la discapacidad, era un incentivo para contratar trabajadores y no tenía costo fiscal.
Otro diputado sindical, Sergio Palazzo también abogó por el retiro de ese artículo que significaba “más desfinanciamiento del sistema previsional.
Visiblemente molesto, el presidente de la Cámara, Martín Menem, observó que estaban haciendo un trabajo en el recinto que tendría que haberse hecho en comisión. “Para la próxima les pido que trabajemos de otra manera”.
Tetaz explicó que el tema había sido trabajado, pero al fusionarse dictámenes para conseguir los votos para su aprobación pasaban cosas como esas. E insistió en mantener el texto en la redacción, atendiendo que nadie perdía nada pues esa persona discapacitada “hoy no está buscando trabajo, porque está excluido”.
En ese contexto, Daniel Arroyo quiso volver sobre sus pasos. Dijo que entendía el espíritu de ese artículo, pero dado que era complementario de la ley, pensaba ahora que convenía retirarlo. Y ante las exclamaciones en sentido contrario, se comprometió a trabajar en una ley que promueva la incorporación de personas con discapacidad al trabajo. “Creo que no podemos abrir ese debate en este momento, así que lo mejor es retirar el artículo”, concluyó.
Muy molesta, la radical Natalia Sarapura explicó que la inclusión de ese artículo era parte del acuerdo político para aprobar la ley. Apuntó que ese artículo era muy parecido al que figuraba en el dictamen del Pro, así que los deberían acompañar también. Pero aclaró que no iban a entrar en el juego de hacer caer la ley, por lo que mostró disposición a que fuera retirado.
Ya que habían mencionado el dictamen del Pro, Martín Maquieyra pidió la palabra para ver si podía colar el artículo en cuestión. Reconoció que era muy similar, pero con una diferencia en cuanto a la temporalidad. “Habíamos hecho el cálculo de tres años”, explicó y propuso incorporarlo al texto que estaban votando. Detalló que ellos incorporaban al tiempo de 3 años por los cuales serían eximidos los empleadores del pago de cargas sociales. El impacto social era de 2.000 millones de pesos anuales. “En este caso se triplicaría y creemos que es viable”, dijo.
Martín Maquieyra logró colar un artículo suyo en el texto aprobado.
Margarita Stolbizer planteó que no se estaba votando el dictamen de minoría, por lo que se estaba haciendo era improcedente, pero Juan Manuel López opinó lo contrario, señalando que el artículo 162 del reglamento permitía hacer eso que estaban haciendo: trayendo un texto de otro dictamen para incorporarlo. Y era lo que justamente habían hecho el año anterior con el artículo que en la Ley Bases sumó al tema del tabaco.
Daniel Arroyo hizo otro intento por desembarazarse ahora del artículo en cuestión, y reiteró sus promesa de darle prioridad a una ley de empleo para discapacitados en la próxima semana, pero a continuación Karina Banfi cortó por lo sano y presentó su moción por votar. Que fue lo que se hizo con el artículo de Maquieyra, que dide: “Modifíquese el artículo 87 de la Ley 24.013, el que quedará redactado de la siguiente manera: ‘Los empleadores que contraten trabajadores con discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del 50% de las contribuciones patronales y las cajas de jubilaciones correspondientes al Instituto Nacional de Seguridad Social, Pensiones y Jubilaciones, a la Caja de Asignacioneos y Subsidios Familiares y al Fondo Nacional de Empleo por el período de 3 años, independientemente de lo que establezca la Ley 22.431’”.
Finalmente se votó y fue incorporado por 123 votos afirmativos, 82 en contra y 6 abstenciones.
La propuesta fue impulsada por Unión por la Patria y avalada por la Unión Cívica Radical. El Pro y LLA propusieron crear una unidad de control que actúe como veedora, pero la moción no prosperó.
La Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se reunió este martes para ratificar la continuidad del funcionamiento del organismo designando a Sebastián Medina, actual jefe de Gabinete de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, en funciones administrativas hasta designar a la nueva autoridad, quien será designada el próximo 16 de junio.
El tema principal fue respecto a quien asumirá las responsabilidades del organismo tras el cumplimiento del mandato de su anterior titular, Marisa Graham. En tal sentido, se resolvió que el jefe de Gabinete y el representante Legal y Técnico de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes sean quienes garanticen y continúen con el normal funcionamiento del organismo hasta la finalización del concurso para la elección del nuevo defensor.
En el incio, la presidenta del organismo legislativo Natalia Sarapura recordó el reglamento de la Bicameral con el objetivo de "tratar la situación de la Defensoría en cuanto a su acefalía", y solicitó a los integrantes propuestas que garanticen el cumplimiento de sus funciones y mandato.
Después, el senador pampeano Daniel Bensusán propuso que el actual jefe de Gabinete sea el encargado esté a cargo de las funciones administrativas hasta que finalice el concurso que inicia el 16 de este mes. Además, fue quien propuso que Francos brinde un informe mensual sobre lo realizado.
En contraposición, la senadora pampeana Andrea Cristina (Pro) sostuvo que "la Defensoría puede seguir funcionando tal cual está, con sus secretarios actuales, dado que la Bicameral no tiene facultad para nombrar defensores interinos. Nos parece una buena propuesta continuar con esta estructura". Esta postura fue respaldada por integrantes de La Libertad Avanza.
“No estamos ampliando facultades, sino autorizando al jefe de Gabinete a realizar actos conservatorios y administrativos que permitan cumplir con el mandato de la Defensoría y respaldar legalmente las funciones del Representante Legal”, respondió el senador de Unión por la Patria.
Finalmente, y con el apoyo del radicalismo, se impuso la propuesta de Bensusán. “Estamos dando un paso sustancial y hemos regularizado y normalizado la situación de la Defensoría”, señalaron.
Molestos por el resultado de la votación, La Libertad y el Pro propusieron la creación de una unidad de control que actúe como veedora, integrada por representantes de los distintos bloques políticos. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por mayoría. Posteriormente, se resolvió convocar una nueva reunión para el martes 10 de junio.
El oficialismo había propuesto a la diputada neuquina Nadia Márquez, pero la votación resultó negativa. La falta de acuerdo abarcó también la elección de las secretarías. El resto de los integrantes y la fecha designada para reuniones.
Foto: Comunicación Senado
Con un comienzo de reunión agitado por la falta de acuerdo entre la oposición y La Libertad Avanza, y tras un cuarto intermedio de 30 minutos, la diputada radical Natalia Sarapura resultó elegida como presidenta de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en medio de un acuerdo parlamentario entre la Unión Cívica Radical y Unión por la Patria.
En el oficialismo habían propuesto a la diputada neuquina Nadia Márquez, pero la moción no alcanzó la aprobación requerida: A los cuatro votos negativos de UP se le sumaron las dos abstenciones de las representantes del radicalismo. Mientras no había acuerdo por la designación de autoridades, la reunión fue encabezada por el secretario parlamentario Agustín Giustinian.
Luego de la negativa a la moción del oficialismo, quienes se quedaron atónitos en el Salón Arturo Illia del Congreso de la Nación, la senadora radical Mercedes Valenzuela propuso un cuarto intermedio para que al regreso se definiera la presidencia de la Bicameral.
Cabe destacar que en los minutos previos al inicio del encuentro se lo vio al senador fueguino Pablo Blanco conversando con Germán Martínez y José Mayans, jefes de bancadas de UP en las dos cámaras. Tanto el santafesino, como el formoseño insistieron con el reclamo vinculado a la proporcionalidad de las comisiones.
🏛️Felicitamos a la diputada @NataliaSarapura , quien hoy fue designada presidenta de la Comisión Bicameral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
💬"Asumo este compromiso con la vocación de seguir construyendo institucionalidad para la garantía de los derechos". pic.twitter.com/iGherfROu1
— Bloque Diputados UCR (@diputadosucr) March 6, 2025
Una vez que se designó a la diputada radical en la presidencia, se aprobó que la vicepresidencia quede para Unión por la Patria, quienes hicieron uso de la reserva del nombre. Para las secretarías fueron propuestas y avaladas la diputada opositora Eugenia Alianiello y la senadora oficialista Vilma Bedia.
En el cierre de la reunión, la diputada libertaria Nadia Márquez elevó un reclamo contra la titular: “El Pro debiera tener ese lugar (la secretaría), salvo que haya otro acuerdo entre UP y el radicalismo del cual no nos hayamos enterados, independientemente del resultado”.
El senador Pablo Blanco conversó con Mayans y Di Tullio en la previa de la reunión.
En esa línea, la oficialista se refirió a un diálogo entre Sarapura y Juliana di Tullio por la moción de la secretaría, y agregó que se dio “casi guiñándole el ojo”. La diputada radical fue tajante y le respondió: “No voy a entrar en esa chicana”.
A las autoridades se le suman como integrantes Brenda Vargas Matyi (UP), María Sotolano (Pro) y Márquez por Diputados; y Valenzuela, Andrea Cristina (Pro), Di Tullio y Mayans (UP) por el Senado. Por último, fue aprobado que la fecha y hora de encuentro se dé cada miércoles a las 15.
La comisión presidida por la radical jujeña Natalia Sarapura avanzó con una serie de iniciativas de resolución y declaración.
La Comisión de Población y Desarrollo Humano dictaminó este martes variados proyectos de resolución y declaración.
La diputada titular de la comisión, Natalia Sarapura, explicó que esta reunión se realizó “planteando la voluntad de construir en un marco de consenso, de respeto, de diálogo, de interculturalidad, inclusive”. “Para cada ciudad y pueblo que se puedan producir resoluciones que pongan en valor su proceso histórico, sus fundaciones, reconocimiento a las trayectorias y en el respeto a ese federalismo e institucionalidad del Congreso, es en ese marco que se dan estas resoluciones y declaraciones”, dijo.
Por su parte, el diputado del MID Eduardo Falcone se explayó sobre la iniciativa que expresa adhesión a los festejos por el 170° Aniversario de la Ciudad de Chivilcoy provincia de Buenos Aires, celebrado el 22 de octubre de 2024. “La semana pasada se cumplieron 170 años, en adhesión a ese festejo presenté proyecto. Chivilcoy tiene que ver con una vinculación con el agua, con el sistema agrícola, trazada urbano muy progresista”, detalló.
La diputada Margarita Stolbizer se refirió al proyecto que declara de interés de la Cámara la “Guía de Buenas Prácticas en Políticas Migratorias”. En ese sentido, dijo que es una guía práctica, “particularmente importante porque para la Argentina muestra un acervo de identidad, de cultura, de crecimiento, de riqueza. En términos económicos y sociales, tiene que ver con nuestra migración”.
Entre los proyectos de resolución y declaración aprobados se destacan: declarar de interés de la Cámara la iniciativa de la Peace Road (Ruta de la Paz) y la “Carretera Internacional de Paz”, destinada a acercar a pueblos y culturas; Expresar que el Poder Ejecutivo disponga las medidas necesarias para declarar la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país; Expresar beneplácito por el aniversario 159° del desembarco de los colonos galeses, ocurrido el 28 de julio de 1865 en la provincia de Chubut; declarar de interés de la H. Cámara la 44º Fiesta Nacional Del Inmigrante” a celebrarse entre el 5 y el 15 de septiembre de 2024 en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones; Solicitar al Poder Ejecutivo disponga la ampliación del personal de migraciones en el complejo fronterizo San Sebastián a fin de optimizar los trámites migratorios, entre otras iniciativas.
De eso hablaron este miércoles durante una nueva reunión de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, que recibió a expositores.
La presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, diputada Natalia Sarapura, realizó una reunión informativa con invitados que disertaron sobre los compromisos asumidos por los países adherentes a la convención 169 en la región en cuanto a los derechos territoriales, culturales y sociales de los pueblos indígenas; la promoción de la igualdad de género dentro de estas comunidades; y la niñez y adolescencia, haciendo énfasis en las infancias.
Desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el experto en pueblos indígenas, Hernán Coronado, se refirió al convenio 169: “Estamos hablando de un convenio qué trata de manera específica los DDHH, individuales y colectivos de los pueblos indígenas. No hay ningún instrumento de esta naturaleza en el derecho internacional público. La ratificación es un acto soberano, de decisión interna de cada país”. “Son 44 artículos que tratan las cuestiones vinculadas desde la identificación de los pueblos indígenas hasta la cooperación transfronteriza”, puntualizó.
Sergio Paixão, especialista en Normas Internacionales del Trabajo de la OIT para el Cono Sur de América Latina, explicó que el convenio “tiene una vigencia para Argentina de 24 años y de los primeros instrumentos que el organismo vino a adoptar sobre pueblos indígenas”.
“La OIT es un Organismo de Naciones Unidas que presta asistencia técnica para la mejor aplicación de la norma”, dijo.
En representación de ONU- Mujeres Argentina-, Verónica Baracat, analizó la relevancia de la recomendación 39 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su implementación para promover la igualdad de género dentro de las comunidades indígenas. “La CEDAW entiende que todas las mujeres sufren discriminación, pero el caso de las mujeres indígenas mayores discriminaciones”.
“Se pide a los Estados que la legislación contempla todos los motivos de discriminación y qué incluya a las mujeres indígenas”.
Alejandra Beccaria, oficial de Políticas Sociales UNICEF, abordó temática de infancias y adolescencias y “la falta de datos sobre las poblaciones indígenas”.
“La población de niñas, niños y adolescentes de 0 a 19 años es del 2%”, comentó. Y agregó: “Muchas políticas no llegan por dificultades vinculadas con el lenguaje, mayor desconocimiento de sus derechos y esto hace que exista una sobre representación de la desprotección social. La crisis alimentaria afecta más a la infancia indígena”.
La Comisión de Población y Desarrollo Humano se comprometió a trabajar en una ley de propiedad comunitaria. “La iniciativa la estamos trabajando con el INAI pero desde nuestra mirada”, aportaron desde la comunidad mapuche.
La Comisión de Población y Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados recibió a la comisión legislativa del Consejo de Participación Indígena (CPI) con el fin de ratificar la cooperación entre el Cuerpo y los pueblos indígenas en relación a sus asuntos y políticas. La idea es trabajar en una ley de propiedad comunitaria.
La diputada radical Natalia Sarapura, en su rol de autoridad de la comisión, abrió el debate y señaló: “Este debe ser un debate jurídico, con una serie de reuniones informativas que le den marco jurídico de derecho”.
En representación del CPI, María Olga Curipán expresó que “tenemos una concepción identitaria profunda y contó el trabajo del Consejo”, y amplió que “somos 128 representantes indígenas en todo el país, luego se elige la comisión, que trabaja mensualmente en Buenos Aires, con distintas comisiones”. “La iniciativa la estamos trabajando con el INAI pero desde nuestra mirada”, indicó.
Después, el abogado Luis Romero, de la Confederación Mapuche de Neuquén, manifestó que el “objetivo es profundizar la agenda mediante el análisis y, en el futuro, lograr el consenso necesario de la construcción del diseño de una ley de propiedad de comunidad indígena, que deberá consagrarse para obtener mayor seguridad jurídica no sólo para comunidades de los pueblos sino para el Estado”.
Tomás Quiroga, del pueblo Pilagás, añadió que a partir de estas reuniones informativas “podamos tener más reuniones presenciales, sugerir que haya un mini parlamento con el espacio CPI” y hacer un “llamado a todas las organizaciones, tenemos que estar más unidos que nunca, la reparación histórica es una deuda milenaria”.
Asimismo, el diputado nacional Alejandro Vilca (Frente de Izquierda) sostuvo que “tenemos que trazar una agenda legal, una estrategia legal, pero también tenemos que pensar en la organización, movilización y la unidad de todos los pueblos. Es una pelea histórica en la que tenemos que estar organizados”.
Por último, la diputada libertaria Alida Ferreyra consideró que “desde la Constitución de 1994 está consagrado el derecho de propiedad, el trabajo de ustedes que nos puede enriquecer es la trayectoria de sus comunidades, de reconocerse en generaciones, en familias. La trayectoria que han hecho para reconocer la comunidad”.
Desde el RENAPER informaron una baja en la tasa de fecundidad y señalaron al AMBA como el tercer conglomerado de América Latina. Se destacaron los resultados del Plan ENIA.
La Comisión de Población y Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados tuvo este martes una reunión informativa donde se recibió a expositores y se debatió sobre la composición geográfica de Argentina. Baja en la tasa de fecundidad y una fuerte concentración en el AMBA fueron los puntos centrales.
En el inicio del encuentro, la titular de la comisión, la radical Natalia Sarapura, manifestó que “priorizamos abordajes que nos den información para poner luz sobre la realidad y generar políticas públicas con mirada técnica”. Del mismo modo, agradeció la presencia de los invitados.
En primera instancia, el director nacional de Población del RENAPER (Registro Nacional de las Personas), Mariano Fagalde realizó una presentación sobre los distintos trabajos realizados por el organismo en los últimos años, y brindó datos puntuales sobre la tasa de fecundidad y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El titular del organismo estatal informó que ha habido una baja en la fecundidad y también una baja de nacimientos en los últimos años. Para ello, amplió que “una tasa de fecundidad de 1.4 es muy baja, considerando que para duplicar o renovar la población necesitamos 2,1”.
Pese a destacar el descenso en la fecundidad adolescente, agregó que “hay una fuerte reducción de los nacimientos en los últimos 40 años, habría que preguntarse qué significa eso y si la fecundidad debe ser objeto de políticas públicas”.
Por otro lado, se refirió a los desequilibrios territoriales en el país y explicó que “la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe concentran el 22% de la superficie del país, con más del 60% de la población y el 70% del valor agregado generado en el país”.
En relación al AMBA, detalló: “El 36% de la población del país está allí y ese conglomerado es casi 9 veces más poblado que el segundo aglomerado urbano, que es Gran Córdoba”. De igual manera, afirmó que es la tercera metrópoli más grande de América Latina, después de México DF y San Pablo.
Para culminar su n intervención, Fregalde consideró: “Se han visto mapas con información y evidencia. Es importante tratar de generar políticas públicas, con opiniones fundamentadas con datos”.
En representación del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), Manuel Vera remarcó que hubo “una caída muy fuerte de la tasa de fecundidad”. “Tenemos dos alertas , una población que va a envejecer permanentemente y cada vez menos niños”, advirtió.
Relacionó la baja a las modificaciones en el acceso a tecnologías de anticoncepción y a las preferencias y conductas sociales y culturales. “Si uno quiere revertir la caída en la natalidad global tiene que invertir en condiciones que generen a las familias querer y poder tener hijos”, sugirió.
Por último, una integrante de la Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Argentina (UNFPA), Mariana Isasi, se refirió al mismo tema y sumó: “Si tuviera que señalar cuál ha sido el hito fundamental que permitió que Argentina bajara en los últimos diez años el 60% de la tasa de fecundidad adolescente es, sin dudas, una política pública que es el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que lleva dos gestiones de gobierno y en esta gestión el Ministerio de Salud también está trabajando”.
Para cerrar el encuentro, la diputada radical Natalia Sarapura concluyó: “Debemos pensar una nación con mayor proyección en un marco de respeto y diversidad ideológica. Acercarnos a consensos para el crecimiento de nuestra patria”.
Este jueves, la diputada radical Natalia Sarapura asumió como presidenta. Las tres secretarías fueron para Unión por la Patria.
La Comisión de Población y Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados completó este jueves su conducción y asumió la presidencia la radical Natalia Sarapura, mientras que las tres secretarías pendientes quedaron en manos de Nancy Sand, Estela Neder y Constanza Alonso, en ese orden, todas legisladoras de Unión por la Patria.
Anteriormente ya se habían designado a Varinia Lis Marín de Unión por la Patria como vicepresidenta primera, y a Alejandro Vilca del Frente de Izquierda como vicepresidente segundo.
Al tomar la conducción, Sarapura reflexionó que "estamos ante un mundo que se moviliza, con hombres y mujeres que buscan mejores condiciones de vida. Estamos en un mundo que se mueve por la desigualdad, por los problemas del cambio climático, por la creciente de la violencia. En una América Latina con problemas por la migración".
"En una Argentina de 45 millones, donde también se producen éxodos internos", continuó y, en ese sentido, la jujeña consideró que "un Estado que no puede poner la mirada solo desde el equilibrio fiscal, sino de un rol de garantía de derechos, con una mirada de enfoque transversal".
Para la radical, "la Argentina que tenemos nos interpela a generar consensos". "Pretendo que este espacio sea de construcción colectiva", agregó.
Hacia el final de la reunión, el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, propuso que la comisión pueda abordar en profundidad los resultados del Censo Nacional realizado en 2021, invitar a funcionarios del INDEC y también incorporar en ese análisis "los estudios del Censo con estudios demográficos que están haciendo institutos universitarios de todo el país" para así "poder legislar" sobre la materia.
Dos diputados por Jujuy y uno por Salta le preguntaron al jefe de Gabinete por los problemas de las paritarias docentes en dichas provincias, pero el funcionario solo respondió que el Gobierno “tiene un programa de compensación salarial docente”.
Los diputados nacionales Carlos Zapata (Ahora Patria – Salta), Jorge Rizzotti y Natalia Sarapura (ambos de la UCR por Jujuy) le preguntaron al jefe de Gabinete, Agustín Rossi, en la sesión informativa de este martes respecto de las decisiones a tomar por parte del Gobierno nacional ante el conflicto docente en ambas provincias que ya llevan varios días de reclamo.
El primero en referirse al tema fue el salteño Zapata quien remarcó que “el conflicto docente en Salta lleva 7 semanas y amenazan con extenderse”, por lo que planteó que “hace falta que se tomen medidas, pero desde el Gobierno provincial no lo hacen y no llegan a un acuerdo”.
“Los chicos no merecen estar pasando esta situación por la ineptitud de los funcionarios. Salta viene siendo favorecida por arriba de la media en materia de transferencia de recursos”, cuestionó Zapata y pidió: “¿Van a hacer de mediadores? Vengo a pedirle por favor que intervengan”.
Luego fue el turno del radical Rizzotti quien se refirió a las críticas acerca de establecer principios para la protesta y dijo que “a aquellos que quieren ensuciar un reclamo justo y utilizan una protesta para justificar y argumentar violencia donde no la hay, les compartimos que en Jujuy, en justo reclamo, han manifestado miles de docentes, que sin ninguna contravención y en paz fueron escuchados y el Gobierno de la provincia anunció una liquidación para el haber mínimo del docente que recién inicia en 179 mil pesos, uno de los de mayor valor en el territorio nacional”.
Su coterránea Natalia Sarapura preguntó: “¿Qué hace el Gobierno nacional para mejorar los salarios de los docentes?”, y sostuvo que “el Gobierno provincial ha hecho una propuesta que supera la paritaria nacional”.
Pese a que se trata de dos provincias diferentes, Rossi evitó hablar del tema en profundidad y reiteró que “el último acuerdo paritario que se estableció en el Gobierno nacional es de $165.000 a partir de julio y el Gobierno nacional tiene un programa de compensación salarial docente”
El legislador asumió días pasados al frente del Ministerio de Salud de Jujuy, y este martes se hizo cargo de su banca su reemplazante.
En el inicio de la sesión informativa de este martes juró la radical Natalia Silvina Sarapura, que completará hasta 2025 el mandato de Gustavo Bouhid, quien el pasado 5 de junio se hizo cargo del Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy.
Un cargo que ocupaba hasta antes de asumir como diputado nacional y que vuelve a ocupar con motivo de la renuncia de quien lo había sucedido, Antonio Buljubasich.
Pese a que la Ley de Paridad de Género establece que en caso de renuncia de un legislador titular, lo deberá reemplazar uno del mismo sexo, en el oficialismo local decidieron que su reemplazo sea Natalia Sarapura, actual ministra de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, quien figuró segunda en la lista de “Cambia Jujuy” de 2021.
Al jurar, Sarapura lo hizo “por aquellos que estuvieron antes; por el proceso en mi provincia; por la reconstitución de esta Nación argentina y por el respeto a mi espiritualidad”.
