El presidente de la Comisión de Industria de la Cámara baja, Marcelo Casaretto (FdT – Entre Ríos), junto a la diputada Victoria Tolosa Paz recibieron en el Congreso a representantes de la Cámara de Cemento con quienes analizaron la “Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la gestión de neumáticos fuera de uso”.

Además, el diputado entrerriano adelantó que también recibirán a la Cámara de Industria, al INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y “a otras cámaras”.

La iniciativa está lista para ser debatida en el recinto y convertirse en ley, ya que cuenta con media sanción del Senado. Tiene como objetivos promover el compromiso de los consumidores; reducir la disposición final de los NFU para disminuir el impacto sobre el ambiente; y promover emprendimientos para la gestión integral de los NFU, generando mecanismos que impacten en su correcto manejo en todo su ciclo de vida.

La ley excluye a neumáticos de dispositivos para personas con discapacidad, dispositivos menores tales como bicicletas, triciclos y aquellos que forman parte de juguetes, entretenimientos o de servicio de personas

Se prohíbe la importación de NFU, el abandono y/o el desprendimiento de neumáticos en la vía pública o con los residuos domiciliarios, como así también cualquier proceso de eliminación no previsto en la ley.

Los productores serán responsables de la gestión integral de los NFU, constituidos en asociaciones sin fines de lucro.

Los distribuidores de neumáticos estarán obligados a recibir en forma gratuita los NFU para su posterior tratamiento y serán responsables de ingresarlos al sistema integrado de gestión en su carácter de generador.

A su vez, los generadores de NFU serán responsables de entregarlos al productor de neumáticos o a un sistema de gestión autorizado.

Entre otros puntos, la iniciativa establece una serie de sanciones (apercibimiento; multas; suspensiones; clausuras).

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 365 días para reglamentar la ley, desde la fecha de su promulgación.

La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, presidida por el oficialista Leonardo Grosso, retomó este miércoles el debate del proyecto sobre reciclaje de neumáticos fuera de uso y el proyecto de ley que modifica el artículo 49 de la Ley 24.051, de Residuos Peligrosos, sobre actualización del valor de los montos de las sanciones. Ambos pasaron a la firma y será el turno de la Comisión de Industria de darle tratamiento.

La iniciativa sobre neumáticos fuera de uso, que cuenta con media sanción del Senado, había sido tratado en el marco de un plenario junto con la Comisión de Justicia el pasado 16 de noviembre de 2021, pero perdió estado parlamentario.

En esa ocasión, al igual que en esta reunión, estuvo de invitada la jefa de Gabinete de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Nación, Candela Nassi, quien sostuvo que “es un proyecto sumamente importante, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista económico y social”.

“Tenemos un tema de mucho consenso, con dos proyectos de ley que habíamos trabajado en la comisión el año pasado y que perdieron estado parlamentario”, comentó Grosso

En su exposición, Nassi destacó la importancia de “estar tratando estos proyectos que son muy esperados”. “En nuestra gestión y en el país lo que tiene que ver con los residuos de los neumáticos tiene una cuenta pendiente en lo que tiene que ver con el desarrollo de normativa”, precisó y recordó que en el 2013 la Secretaría de Control “había trabajado en una resolución que fue sancionada relativa a neumáticos que, justamente, analiza muchos de los aspectos que este proyecto trae porque tiene una jerarquía de opciones en lo que tiene que ver con la gestión”.

“Introduce responsabilidad post consumo como uno de los lineamientos fundamentales en lo que tiene que ver con la gestión de los neumáticos. Establece definiciones, objetivos y determina una suerte de sistema de gestión que resulta deseable para esta corriente de residuos”, explicó.

Además, señaló que “la propuesta está en sintonía con un proyecto que hoy es Ley que es la 27.279 para la gestión de envases vacíos de fitosanitarios, una ley que cuenta con 5 años que está reglamentada y que estamos implementando en el país. Establece una responsabilidad extendida del productor, es decir, que los fabricantes e importadores de envases o de productos fitosanitarios, responden no solo por la gestión sino por el financiamiento de los productos que ponen en el mercado de todo su ciclo de vida y sobre todo en la etapa de post consumo”.

“Este proyecto en materia de neumáticos va en sintonía con esta definición para la gestión de esta corriente, en donde el productor es el principal responsable, pero a su vez también introduce la responsabilidad de otros actores que son claves en la cadena como el generador o el usuario, consumidor de estos neumáticos y también el distribuidor o comercializador”, remarcó Nassi y sumó: “Son claves porque cuando hablamos de responsabilidad extendida no podemos dejar de señalar la importancia de lo que sería compartir esta responsabilidad con el resto de los eslabones de la cadena porque si el consumidor o usuario no devuelve el neumático difícilmente podamos implementar lo que tiene que ver con todo un sistema de gestión”.

En tanto, expresó el agrado de que “se haya incorporado la responsabilidad de estos sujetos”, pero cuestionó que “la ley deja muchas cuestiones abiertas en lo que tiene que ver con una reglamentación futura. Hablamos de un sistema de gestión, pero no esta tan desarrollado lo que tiene que ver con esta cuestión. Nosotros entendemos que la reglamentación va a ser la oportunidad de avanzar en este sentido. También se analiza lo que tiene que ver con la jerarquía de opciones, se incluye al coprocesamiento como una opción, no está dentro de las primeras porque se prioriza la reutilización y el reciclado y luego la valorización. Son los aspectos centrales importantes”.

“Es importante contar con esta norma, es una demanda constante que recibimos a nivel nacional desde las provincias y municipios”, destacó la funcionaria y preguntó: “¿Qué se hace con los neumáticos? ¿cómo gestionamos los neumáticos? más allá de las demandas que recibimos para el triturado de los mismos. Es un paso importante que nos debemos y tenemos que avanzar”.

Hizo uso de la palabra, el vicepresidente primero de la comisión, el pampeano Martín Berhongaray (Evolución Radical) informó que “desde el Instituto Nacional de Tecnología Industrial se comunicaron para poder ser escuchados en el marco de este tratamiento”, y señaló que “queda pendiente un giro adicional a la Comisión de Industria”, por lo que acordaron recibirlo en esa reunión.

A su turno, la diputada Natalia Zaracho (FdT) sostuvo que “no es lo que nos representa” porque “el Estado tiene que tener un rol más fuerte, articulando, verificando y que controle. También lo importante es que no tiene objetivos claros de cómo pensar cuántos neumáticos se van a recuperar. Eso para nosotros es muy importante que se aclare, pero vamos a acompañar porque creemos que es importante avanzar”.

Sobre el segundo proyecto tratado de Residuos Peligrosos, Nassi explicó que “es un proyecto que venimos esperando y venimos luchando desde la Secretaría. La Ley 24.051 del año 1991establece para el país todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos peligrosos desde el momento de su generación hasta su disposición final pasando por todo lo que hace al transporte de operaciones y otras cuestiones”.

“Esta norma establece dentro de las sanciones una multa que fue fijada en australes y que nunca más se actualizó. Razón por la cual hoy tenemos montos realmente exiguos que están lejos de cumplir con la finalidad disuasoria en lo que tiene que ver con el incumplimiento de este tipo de conductas que están enunciadas en la norma. Esto implica que hoy estemos aplicando sanciones de 5.000 pesos con un máximo de 50.000 pesos. No se cumple con el mínimo requerido de los costos que implica para el Estado afrontar un expediente en donde se aplica una sanción de 5.000 y en caso de reincidencia de 10.000 pesos”, detalló.

En ese sentido, contó: “Por esta razón proponemos en este proyecto crear una unidad fija en sintonía con las unidades retributivas que están establecidos por el convenio colectivo. Es una unidad que se va actualizando periódicamente y nos aseguramos que tenga una actualización periódica que va en sintonía con los vaivenes de la economía y, básicamente, modifica la escala que tenemos a la escala actualmente que va del 1 al 100 a una escala del 1 al 1000 para que la multa mínima es de 900 unidades fijas lo que implicaría un mínimo de 128.300 de pesos”.

Al respecto, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) adelantó el acompañamiento al proyecto porque “es sumamente necesario” y consultó: “En materia ambiental venimos fracasando en residuos peligrosos y fitosanitarios. Tenemos una ley que es sumamente compleja, difícilmente alguien de los que estamos podamos llegar a demostrar conocimiento cabal de lo que contiene la Ley porque es un infierno empezar a leer los anexos. Con lo cual uno a veces se pregunta ¿esto no podrá resumirse de otra manera la legislación? En el tema de fitosanitario solo basta empezar a recorrer las rutas de nuestro país para darnos cuenta, y perdónenme la palabra, pero es un fracaso la ley porque lo que más vemos es el desparramo de tachos en el sistema que hemos creado y que creíamos que era virtuoso. ¿El Ministerio de Ambiente tiene alguna iniciativa o está pensando que si es necesario trabajar o armar algún tipo de trabajo efectivo sobre los dos temas? Porque son preocupantes, son dos leyes que hay que revisar”.

“Estoy totalmente de acuerdo”, comenzó su respuesta Nassi y señaló que “fundamentalmente la Ley de fitosanitario es la más reciente, la Ley de Residuos es de adhesión, es anterior a la reforma constitucional que viene a introducir el concepto de presupuesto mínimo, lo cual complejizó aún más todo lo que tiene que ver con la gestión porque hacer una ley de adhesión implica que hay provincias que no adhirieron y no tienen este régimen vigente”.

Asimismo, informó que “en lo que estamos avanzando como autoridad de aplicación de las dos normas es en la implementación del sistema de trazabilidad, eso es fundamental desde el punto de vista de control. El sistema de trazabilidad nos va a permitir visualizar esto, con números efectivos, con metas que tienen que ir en sintonía con los objetivos de la gestión”.

En lo que respecta a residuos peligrosos, precisó: “Tenemos el SIMEL una herramienta que se está actualizando, un control de lo que tiene que ver con la gestión. Consideramos en que tenemos que avanzar en un proyecto superador. Hay una cuenta pendiente en lo que tiene que ver con los residuos en general, pero las herramientas de trazabilidad son en las que tenemos que avanzar para evaluar con números el efectivo cumplimiento de la normativa”.

En su intervención el diputado Pablo Torello (Pro) remarcó que “el Estado está debiendo el control antes de pensar en hacer otra ley. El problema es que en los lugares de recepción no hay lugar y falta gestión estatal, debemos hacer hincapié en eso”.

Por consigueitne, la jefa de Gabinete de Ambiente aclaró que “en ese caso el control recae en las autoridades provinciales. Nación tiene una obligación de control a nivel macro”.

A continuación, se aprobaron distintos proyectos de resolución y declaración.

Un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Justicia de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable al proyecto de ley, con media sanción del Senado, sobre reciclaje de neumáticos fuera de uso.

Antes de pasar a la firma el despacho, se escuchó a un grupo de invitados, entre los que expuso la jefa de Gabinete de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Nación, Candela Nassi, quien sostuvo que “es un proyecto sumamente importante, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista económico y social”.

“La incorrecta o inadecuada disposición de los neumáticos genera la proliferación de mosquitos vectores de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya”, mencionó.

En su exposición, destacó que se contempla “el principio de responsabilidad extendida del productor” y “ahora los fabricantes y productores van a responder integralmente no solamente por la puesta en venta en el mercado del neumático, sino también por la posgestión, en la instancia del posconsumo”.

Nassi señaló que la iniciativa incorpora a “todos los actores de la cadena” y la posibilidad de “responsabilizar legal y financieramente a los productores”. “La ley viene a dar solución a la problemática de las más de 200 toneladas que anualmente se generan en materia de neumáticos”, agregó.

Por su parte, Ricardo Girolami, de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, expresó que “la industria del cemento celebra enormemente el tratamiento de esta ley”, ya que “somos una parte importante en la cadena de solución” de este problema. “Estamos alineados con esta política”, dijo y aseguró que este “es un elemento probado, un elemento que funciona y que no genera mayor contaminación, al contrario”.

También expuso brevemente Karina Potarsky, directora técnica del INTI Caucho.

Durante la intervención de los legisladores, la cordobesa Brenda Austin (UCR) ponderó que el proyecto es “un fiel reflejo de una iniciativa que se trata de manera concienzuda”, y celebró que así sea “sobre todo en un tema tan complejo”.

En tanto, la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) apuntó que “no es un gran proyecto, pero el artículo 9 lo vale. Lo vale en un país que durante muchos años se acostumbró y se usó importar gomas semiusadas de países poderosos”.

“Es interesante tener una herramienta mínima”, manifestó, y explicó que es “mínima” porque “no hay incentivos para hacer nada”. “De las 130 mil toneladas de neumáticos fuera de uso que tenemos los argentinos, y que aproximadamente el 80% no se recupera, con la prohibición de importación, la prohibición de arrojarlo de cualquier manera como residuo domiciliario, creo que sirve, creo que vale”, remarcó.

Luego, el diputado Eduardo Fernández (FdT) destacó que el proyecto apunta “a la generación de empleo, la economía circular”. “Estamos abordando una problemática ambiental pero también la estamos convirtiendo en la oportunidad de generar empleo”, sostuvo y enfatizó que “es un proyecto virtuoso” que “genera un impacto positivo en términos económicos”.

Los aspectos centrales de la iniciativa

El proyecto busca establecer presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso (NFU), en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional, y en el marco de la promoción de la economía circular.

Tiene como objetivos promover el compromiso de los consumidores; reducir la disposición final de los NFU para disminuir el impacto sobre el ambiente; y promover emprendimientos para la gestión integral de los NFU, generando mecanismos que impacten en su correcto manejo en todo su ciclo de vida.

La ley excluye a neumáticos de dispositivos para personas con discapacidad, dispositivos menores tales como bicicletas, triciclos y aquellos que forman parte de juguetes, entretenimientos o de servicio de personas
Se prohíbe la importación de NFU, el abandono y/o el desprendimiento de neumáticos en la vía pública o con los residuos domiciliarios, como así también cualquier proceso de eliminación no previsto en la ley.

Los productores serán responsables de la gestión integral de los NFU, constituidos en asociaciones sin fines de lucro.

Los distribuidores de neumáticos estarán obligados a recibir en forma gratuita los NFU para su posterior tratamiento y serán responsables de ingresarlos al sistema integrado de gestión en su carácter de generador.
A su vez, los generadores de NFU serán responsables de entregarlos al productor de neumáticos o a un sistema de gestión autorizado.

Entre otros puntos, la iniciativa establece una serie de sanciones (apercibimiento; multas; suspensiones; clausuras).

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 365 días para reglamentar la ley, desde la fecha de su promulgación.

Luego de un debate que se extendió durante casi una hora, la Cámara alta aprobó por unanimidad con 55 votos a favor, la iniciativa de ley que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral
de los neumáticos fuera de uso (NFU), en los términos del tercer párrafo del artículo 41 de la Constitución Nacional, y en el marco de la promoción de la economía circular.

Uno de los puntos que prevé dicha ley es promover el compromiso de los consumidores con la gestión integral de los neumáticos fuera de uso y además incentivar los emprendimientos para la gestión integral del caucho, a través de mecanismos que impacten en su correcto manejo en todo su ciclo de vida.

En uno de los palcos del Senado, estuvo presente el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, quien celebró la media sanción que contó con el apoyo de todos los bloques parlamentarios.

En el debate de esta iniciativa ecológica no hubo mayores controversias entre el oficialismo y la oposición, sino todo lo contrario ya que coincidieron en que “se debe legislar más cerca de la ciencia” y que “hay que cuidar el planeta”.

La primera oradora fue la senadora rionegrina Silvina García Larraburu (Frente de Todos) que señaló que “esta iniciativa, además de solucionar una problemática ambiental concreta, traza una pauta de cómo debe actuar la política en estos tiempos”.

En ese sentido, remarcó: “Tenemos la obligación y el deber de cuidar nuestro planeta por nosotros y las futuras generaciones”.

Por su parte, la senadora bonaerense Gladys González (Juntos por el Cambio) señaló que desde los espacios políticos se debe “escuchar más a la ciencia y entender el alcance de las consecuencias de este tema”.

“Se generan 130 mil toneladas de neumáticos fuera de uso, el 80 por ciento no se recuperan y terminan en el ambiente produciendo daños en la salud pública y la economía”, precisó.

A su turno, el senador chubutense Alfredo Luenzo (Frente de Todos) manifestó que se debe “integrar la cuestión ambiental como parte de un concepto de sustentabilidad para todos los seres humanos. Este es el momento de avanzar con estos proyectos de ley, y llegamos tarde lamentablemente”, afirmó.

La media sanción

• Reducción de fuentes: la generación de los neumáticos fuera de uso y el descarte deberá prevenirse y minimizarse en términos de su cantidad y potencial de causar riesgos e impactos negativos o daños al ambiente o la salud humana.
• Ciclo de vida integrado: los neumáticos deberán manejarse de manera tal que se prevengan y minimicen los riesgos, impactos negativos significativos y daños al ambiente o la salud humana durante todas las actividades que se desarrollen en su ciclo de vida (producción, uso, reutilización, reciclaje, valorización, tratamiento y/o disposición final).
• Proximidad: el tratamiento de los NFU deberá realizarse en sitios cercanos al lugar de su generación.
• Trazabilidad: los procesos en materia de puesta en el mercado de neumáticos y gestión integral de NFU deberán ser transparentes y trazables, permitiendo conocer stocks, flujos de generación, trayectos y cantidades.
• Se establece la siguiente jerarquía como orden de prioridad en materia de manejo de
  neumáticos en su ciclo de vida, en particular para los neumáticos fuera de uso: 1) prevención y minimización; 2) reutilización; 3) reciclado; 4) coprocesamiento; y 5) disposición final. Solo podrá alterarse esta jerarquía cuando se justifiquen motivos de factibilidad técnica, viabilidad económica y protección ambiental, entre otros.
• Se excluyen de lo dispuesto neumáticos de dispositivos para personas con discapacidad, dispositivos menores como bicicletas, triciclos y aquellos que formen parte de juguetes, entretenimientos o servicio de personas.
• Por otra parte, se realizan las siguientes definiciones:
  Neumático: elemento constituido básicamente por caucho y materiales de refuerzo, que se monta sobre una llanta para ser utilizado en el rodamiento de todo tipo de vehículos.
  Neumático fuera de uso (NFU): aquel que se convirtió en residuo al fin de su vida útil, o al que su poseedor le dio un uso distinto a aquel para el cual fue creado.
  Productor de neumáticos: toda persona humana o jurídica, pública o privada, que fabrica o importa neumáticos para ser puestos en el mercado en el territorio nacional, incluyendo a quien importa vehículos que tienen neumáticos entre sus componentes.
  Distribuidor de neumáticos: toda persona humana o jurídica que suministre neumáticos en condiciones comerciales a otra persona o entidad, con independencia de la técnica de venta utilizada.
  Generador de NFU: toda persona humana o jurídica que genere neumáticos fuera de uso.
  Agentes económicos: fabricantes e importadores de neumáticos y vehículos que contengan neumáticos, distribuidores, recuperadores, valorizadores, transportistas y coprocesadores de neumáticos, cámaras empresarias y sindicatos.
  Gestión ambiental integral de NFU: conjunto de actividades destinadas a recuperar, recolectar, clasificar, almacenar, transportar, valorizar y dar tratamiento a los NFU.
  Recuperación: toda actividad vinculada al rescate de los NFU a efectos de su valorización.
  Valorización: toda acción o proceso que permita el aprovechamiento de los NFU y de los materiales que los conforman, siempre que no dañe el ambiente o la salud humana. Se incluyen los procesos de reutilización, reciclaje y coprocesamiento.
  Tratamiento: toda actividad de desmontaje, desarmado, desensamblado, trituración, valorización o preparación para su disposición final y cualquier otra operación que se realice con tales fines.
  Disposición final: destino último, ambientalmente seguro, de los elementos residuales que surjan como remanente del tratamiento de los NFU.
  Puesta en el mercado: momento en que se lleva a cabo por primera vez la operación comercial documentada en el país, por parte de los productores, de cada neumático.
  Coprocesamiento de NFU: operación de tratamiento de neumáticos fuera de uso en un proceso industrial en el que existe un aprovechamiento tanto de la energía como de material presente en estos residuos.
  Recauchutado: proceso que consiste en sustituir por una nueva la banda de rodamiento del neumático usado, cuya carcasa aún conserva las condiciones suficientes para permitir su utilización de acuerdo con la legislación.
• Se establece que los productores serán responsables de la gestión integral de los NFU,
  para lo cual deberán constituir asociaciones sin fines de lucro. Estas serán dirigidas por
  los productores pero podrán participar de su integración todos los agentes económicos.
• Los distribuidores de neumáticos estarán obligados a recibir en forma gratuita los NFU
  para su posterior tratamiento y serán responsables de ingresarlos al sistema integrado
  de gestión en su carácter de generador. Los generadores de NFU serán responsables de
  entregarlos al productor de neumáticos o a un sistema de gestión autorizado.
• Los sistemas integrales de gestión serán diseñados por los productores y deberán garantizar la recogida de los NFU en todo el territorio nacional y su correcta gestión. Podrán ser individuales o colectivos y deberán alcanzar a todos los eslabones de la cadena de comercialización y reutilización de los neumáticos.
• Los sistemas integrales deberán ser previamente autorizados para funcionar. Las autorizaciones se concederán por un período de 5 años y podrán ser renovadas indefinidamente por el mismo plazo. Los sistemas deben incluir la gestión integral tanto de los neumáticos que se comercializan o comercializarán en el futuro como de los neumáticos que ya estaban fuera de uso en el territorio nacional al entrar en vigencia esta ley.
• Se prohíbe la importación de neumáticos fuera de uso, el abandono y/o el desprendimiento de neumáticos en la vía pública o con los residuos domiciliarios y cualquier proceso de eliminación no previsto en esta ley. Los únicos mecanismos posibles para el desprendimiento de los NFU serán a través de los agentes económicos habilitados.
• El organismo de más alta jerarquía con competencia ambiental en el ámbito del Poder
  Ejecutivo Nacional será la autoridad nacional de aplicación de esta ley. Las provincias y
  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determinarán las autoridades competentes en el
  ámbito de sus jurisdicciones.

La Cámara de Senadores sesionaría el próximo jueves con un temario acotado, pero que no estará exento de debate que además estará signado por la cercanía de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 12 de septiembre.

A menos de un mes de las PASO, el temario de la sesión de la Cámara alta incluiría, según fuentes parlamentarias, los pliegos de los judiciales y se definirá si se incluyen dos proyectos de ley del senador neuquino Oscar Parilli (FdT) que ya tienen dictamen.

Los proyectos de Parrilli

Se trata de dos proyectos de ley que buscan limitar la tasa de interés por mora en el pago de servicios públicos y privados que avalaron los del Frente de Todos mientras que los legisladores de Juntos por el Cambio no acompañaron el despacho y anunciaron que estudiarán los textos.

Al explicar los cambios a las iniciativas durante el debate en comisión, Parrilli aclaró que se incorporará “la tasa de interés para personas humanas, porque creo que eso le da mayor claridad” y señaló que “no queremos intervenir en la política del Banco Central”, sino que estos proyectos buscan la coherencia “con el artículo 42 de la Constitución Nacional”.

Luego, leyó los dictámenes, comenzando por el referido a los servicios privados, del cual se excluyó a las instituciones de educación privada.

De acuerdo con el texto, “la tasa de interés moratorio y punitorio deberá aplicarse: a las tarjetas de crédito emitidas por entidades bancarias, por empresas de crédito o por proveedores no financieros de crédito; a las facturas de servicio por medicina prepaga y a las empresas de seguros de cualquier rubro en relación a usuarios y consumidores particulares, en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago, no pudiéndose cobrar ningún tipo de cargos extras por gastos administrativos o por cualquier otro concepto”.

Asimismo, “la fecha del primer vencimiento de las facturas de todos los servicios enunciados en el párrafo precedente no podrá ser anterior al día 10 de cada mes”.

“El Poder Ejecutivo Nacional determinará las autoridades de aplicación que deben dictar, en el ámbito de sus competencias, las reglamentaciones y/o resoluciones correspondientes”, establece, e indica que las empresas que en el plazo de 30 días desde la publicación de la ley no adecuen sus facturas a la tasa de interés correspondiente “serán sancionadas con multas de 4 a 48 Salarios Mínimo, Vital y Móvil”.

También, en todos los casos, las empresas prestadoras de estos servicios deberán otorgar a sus usuarios particulares “planes de facilidades de pago para cancelar las deudas, conforme las pautas que establezcan las autoridades de aplicación de los marcos jurídicos relativos a los servicios involucrados”.

Por otra parte, en lo que respecta a los servicios públicos, se modifica el artículo 31 de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), incorporando que “la tasa de interés moratoria y/o punitoria por mora que podrán aplicar las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales, así como las de servicios públicos esenciales de televisión por cable, servicio de internet y servicio de telefonía móvil y fija, a todas las categorías de usuarios residenciales, organizaciones no empresariales, clubes de barrio y de pueblo, iglesias, entidades de bien público y colectivos de trabajo en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina”.

Eco

De común acuerdo, el oficialismo y la oposición avanzaron con el dictamen favorable de un proyecto de ley que establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso (NFU).

El proyecto contempla la prevención, la reutilización, el reciclado, el coprocesamiento y la disposición final. “Los productores de neumáticos deberán constituir asociaciones que tengan un alcance nacional”, se informó, al tiempo que “las autoridades jurisdiccionales competentes van a establecer convenios con las asociaciones y productores”.