La información que circuló días atrás fue anunciada este miércoles por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, desde Casa Rosada.
Tal como se conoció días atrás, el Gobierno nacional confirmó este miércoles el envío de 150 pliegos para designar jueces, fiscales y defensores, un trámite que compete al Senado, donde esos nombramientos requieren para su aprobación de mayoría simple (a diferencia de las candidaturas de la Corte Suprema), pero La Libertad Avanza cuenta con una extrema minoría de solo seis legisladores.
El anuncio lo encabezaron desde Casa Rosada el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Ambos hicieron un llamado al resto de los bloques para lograr que las postulaciones tengan luz verde.
Al comienzo del gobierno de Javier Milei -al igual que lo hiciera Alberto Fernández con propuestas de Mauricio Macri-, la recién asumida gestión retiró de la Cámara alta 62 pliegos que habían sido girados durante el gobierno del Frente de Todos.
Adorni destacó que el envío de más de un centenar de candidaturas al Poder Judicial es una medida “inédita” porque “supera la cantidad que se envió durante el primer año de los mandatos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri”.
“Los jueces son los que meten presos a los delincuentes, a los narcos y a los políticos corruptos, los que protegen el derecho de propiedad, los que median en un conflicto laboral, los que emiten sentencia sobre el embargo de una empresa, los que deciden si un niño huérfano va a encontrar una familia”, sostuvo.
El vocero presidencial consideró que “Argentina se acostumbró a que la impunidad sea regla, que el sistema judicial solo sea instrumento para demorar causas de los políticos de turno, perseguir a una determinada persona o hacer la vista gorda cuando el tiempo apremia”.
“Esto se terminó, la justicia al servicio de la casta ahora va a ser una justicia que funcione y que esté al servicio de quién debe estar y de quién siempre debió haber estado, que es de todos los argentinos”, agregó y pidió: “El Gobierno espera que el Senado de la Nación tenga la sensatez de tomar esta iniciativa con responsabilidad absoluta”.
Por su parte, Amerio señaló que “desde el inicio de esta gestión, el Gobierno del presidente Javier Milei estableció como prioridad la designación de jueces idóneos para cubrir las vacantes que hoy existen en todo el país. Heredamos un país con las instituciones destruidas y la justicia obviamente no es una excepción”.
En ese sentido, amplió que existe “una vacancia de 30% de jueces y casi 50% de vacancias de fiscales; es decir, que uno de cada tres juzgados no tiene juez y una de cada dos fiscalías no tiene un fiscal”. “Los juicios hoy son interminables porque los juzgados no dan a basto con la cantidad de causas que tienen porque no hay jueces designados”, expresó y apuntó que cubrir las vacantes tiene como objetivo “que la sociedad pueda tener una justicia rápida, que es la justicia que se merece”.
El funcionario de la cartera de Justicia aseguró: “Todos los candidatos que estamos enviando al Senado pasaron previamente por una selección que realiza el Consejo de la Magistratura, en la que se juzga su calidad e idoneidad”.
“Esperamos que el resto de los partidos tomen este proceso con responsabilidad, ya que no se trata de sacar ventajas políticas sino de tener un Poder Judicial con las herramientas y los recursos necesarios para resolver los problemas de la gente”, añadió.
Luego, el secretario de Justicia detalló que actualmente hay 311 cargos de jueces vacantes y el Ministerio tiene en condiciones de enviar 146 candidatos; 161 fiscales vacantes, con 37 propuestas para enviar; y 80 defensores por cubrir, con 45 para enviar.
En el Senado aún resta el debate por los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema que propuso el Gobierno: Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Tras pasar por audiencia pública en la Comisión de Acuerdos, los dictámenes pasaron a la firma, pero siguen sin llegar al recinto. Para aprobarse, el oficialismo requiere inevitablemente del acompañamiento de Unión por la Patria -o al menos una buena parte de sus miembros-, ya que el aval requerido es de dos tercios y con la oposición dialoguista no alcanza.
La Cámara alta se reúne desde las 11.23. El temario incluye un proyecto en homenaje a los tripulantes del ARA San Juan y pliegos de dos camaristas. También se tratará el último DNU de Macri.
El Senado de la Nación realiza desde las 11.23 de este jueves una sesión ordinaria que tiene como tema central el proyecto -ya con media sanción- que busca ampliar el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos (Ley 26.789).
Sobre ese tema, un punto importante que impuso la oposición en la Cámara baja es que la tutela no dependerá del Ministerio de Seguridad, que comanda Patricia Bullrich, sino que continuará en manos de la cartera de Justicia. Durante su exposición en comisiones del Senado, funcionarios del Ejecutivo consideraron que ese cambio "se basó en una cuestión ideológica porque jurídicamente no hay el más mínimo argumento para seguir sosteniéndolo en el Ministerio de Justicia”. Sin embargo, se mantendrá la redacción venida de la cámara de origen y el proyecto se encamina a convertirse en ley este jueves.
El temario incluye además un proyecto de ley que también cuenta con media sanción de Diputados, que instituye el 15 de noviembre de cada año como Día Nacional por la Memoria de los 44 héroes y heroína del Submarino ARA San Juan y la reafirmación y defensa de los Derechos Soberanos del Mar Argentino.
En la sesión se tratarán además dos pliegos -con el previo aval de la Comisión de Acuerdos- que prorrogan, por cinco años más, a dos magistrados judiciales: el vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal Sala IV, Jorge Eduardo Morán; y el vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, Roberto Enrique Hornos.
Además, en Labor Parlamentaria se acordó considerar sobre tablas el DNU 829/19, el último firmado por el expresidente Mauricio Macri. Se trata de una compensación económica a los soldados heridos y a los familiares de aquellos que fallecieron durante el enfrentamiento contra integrantes de la agrupación Montoneros, que en 1975 atacaron el Regimiento de Infantería de Monte N° 29 “Coronel Ignacio Warnes”, en Formosa, en el marco de la denominada “Operación Primicia”.
El Registro Nacional de Datos Genéticos
La ampliación del registro tiene como fin contribuir al “esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial mediante la comparación de perfiles genéticos provenientes de laboratorios debidamente acreditados”.
También, “identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas” y “discriminar las huellas de todo personal que interviene directamente en la escena del hecho delictivo”.
“Los perfiles genéticos de víctimas de delitos o de familiares de personas desaparecidas o extraviadas no podrán ser utilizados como muestra para el esclarecimiento de un hecho delictivo, excepto que los aportantes lo consientan expresamente”, aclara el texto.
De acuerdo al proyecto con media sanción, además del perfil genético “se almacenarán, en forma independiente” el nombre y apellido, fecha y lugar del nacimiento y el número de DNI/pasaporte y la autoridad que lo expidió.
Tras la audiencia pública, donde expusieron los postulantes propuestos por el Ejecutivo, se pasaron a la firma los dictámenes correspondientes.
Foto: Comunicación Senado
La Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro), realizó este jueves en el Salón Illia una audiencia pública con el fin de recibir a dos candidatos a camaristas propuestos por el Poder Ejecutivo.
Se trató de Jorge Eduardo Morán, postulado como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, sala IV; y de Roberto Enrique Hornos, postulado como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, sala B.
Al abrir el encuentro, Tagliaferri informó que "no se recibió ninguna observación" hacia ninguno de los candidatos.
En su presentación, el juez Morán expresó: "Estoy pidiendo una prórroga para permanecer por cinco años más en mi cargo. Llevo 55 años en la Justicia, siempre puse en práctica la intención de formar grupos de trabajo homogéneos teniendo, sobre todo, eficiencia".
Además, destacó las políticas de género que se impulsaron desde la Sala IV. "Fue la única que sacó en 2010 una acordada donde todos los jueces debían hacer de manera obligatoria el curso de género; hemos sido severos en la igualdad entre mujeres y hombres", afirmó.
Por su parte, Hornos hizo un repaso sobre su carrera judicial. "Me he dedicado a la función judicial desde los 19 años y me siento en condiciones de continuar por un período más ya que he podido afrontar satisfactoriamente el recargo de tareas producido por la vacancia que hay en mi fuero", dijo. También destacó la importancia de las políticas género en la esfera judicial.
Tras la audiencia, pasaron para la firma los dictámenes correspondientes para prestar acuerdo sobre los pliegos.
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado bonaerense continua sus jornadas para examinar y realizar los cuestionarios de rigor a los aspirantes a llenar 135 vacantes en diferentes ámbitos de la justicia de la provincia de Buenos Aires.
El primer encuentro, que se llevó adelante en el Salón Dorado de la Cámara Alta sirvió para analizar y aprobar de manera unánime la prestación de acuerdos para los primeros 45 pliegos.
Este miércoles, desde las 13, y el jueves en el mismo horario, continuarán las sesiones de la comisión para finalizar la tarea con los restantes aspirantes a un lugar en la Justicia.
La jornada inaugural de la serie fue encabezada por el titular del ente de análisis, el senador de Unión por la Patria Emmanuel González Santalla, que estuvo acompañado por sus pares de bancada Gustavo Soos, Sofía Vannelli; Sergio Berni, Adrián Santarelli, Amira Curi, Gabriela Demaría y el vicepresidente I del Senado Luis Vivona.
En representación del PRO estuvieron presentes Marcelo Leguizamón Brown, Alejandro Rabinovich; Alex Campbell y Juan Manuel Rico Zini; por el bloque UCR + Cambio Federal Marcelo Daletto y Ariel Martínez Bordaisco; mientras Sergio Vargas participó en representación del espacio de La Libertad Avanza.
Los integrantes de la comisión procedieron en primera instancia al análisis de los antecedentes de los aspirantes para de manera posterior avanzar con las entrevistas de rigor, según indica el reglamento interno.
Los senadores que integran la poderosa comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA) le dieron ayer el visto bueno a los primeros 45 pliegos judiciales. Hoy -miércoles- entrevistarán a otros 45 candidatos y lo mismo harán el jueves. Son reuniones express. La entrevista más extensa duró 12 minutos. El promedio es de 10 minutos, y para compensar, algunas duran incluso menos.
En los primeros 45 pliegos no había nombres polémicos, pero hoy se tratará el pliego de Carlos Baccini, que postula para ser fiscal general de Lomas de Zamora y es apuntado por la senadora Florencia Arietto (La Libertad Avanza 1). El jueves entrevistarán a otro impugnado por Arietto, se trata de Gabriel Vitale, juez de apelación y garantías en Avellaneda y Lanús.
En principio, existe un acuerdo para darle curso a esos funcionarios judiciales. Las denuncias no avanzaron y no se iniciaron los procesos de jurys. Por estas horas, trascendió incluso que desde ACA solicitaron un informe a la Secretaría de Enjuiciamiento y desde allí respondieron que las denuncias contra esos postulados no tienen suficiente sustento.
Hay cuatro pliegos que quedaron en el camino. En su gran mayoría, al perecer, por cuestiones administrativas y que saldrán en la próxima tanda. Se dijo que la vicegobernadora Verónica Magario había frenado los pliegos en Mesa de Entradas por que el ministro de Justicia, Juan Martín Mena, no había incluido ocho nombres de La Matanza.
Mena cedió de inmediato y mandó los pliegos que exigía la vicegobernadora. Seis pasaron de inmediato a la comisión, pero dos se demoraron porque faltaba documentación. Esos quedaron para la próxima tanda, deslizaron.
También quedarán para más adelante otros dos pliegos sobre los que todavía había dudas respecto del destino de los postulados.
Aprobar los pliegos es clave para recomponer un sistema judicial que desde hace años está en crisis por vacancias. A fines de mayo se avanzó con la aprobación de 46 pliegos. Ahora se aprobarán 135 y el objetivo es sumar otros 120 en breve.
Fuentes de la Cámara alta dijeron que con 300 pliegos aprobados estarían dadas las condiciones para abrir una negociación por los jueces de la Suprema Corte, donde hay nada menos que cuatro asientos vacantes.
A continuación, el listado completo de los aspirantes a cargos en la justicia bonaerense que pasaron este martes por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos y cuyos pliegos se estarían aprobando en estas jornadas.
Dra. Cedeira Agustina, juez/a del Tribunal en lo Criminal del Departamento Judicial Bahía blanca, con asiento en Tres Arroyos; Dr. Musso Juan Ignacio, Juez del Tribunal en lo criminal del Departamento Judicial Mercedes; Dr. Purves Diego Ignacio, juez del Tribunal en lo criminal del Departamento Judicial Mercedes; Dr. Bonnet Juan Pablo, Juez del Tribunal en lo criminal del Departamento Judicial Mercedes; Dra. Del Estal Pamela Giselle, agente fiscal del Departamento judicial Moreno-General Rodríguez; Dr. Porta Román Gastón, agente fiscal del Departamento judicial Moreno-General Rodríguez; Dra. Pittella María Verónica, agente fiscal del Departamento judicial Moreno-General Rodriguez.
Enrique Ezequiel Freydier, Agente Fiscal del Departamento Judicial Moreno- Gral Rodríguez; Dr Federico Martín Soñora, Juez de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamento Judicial Moreno- Gral Rodríguez; Dra Ardohain Marta Celina, Jueza de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamento Judicial Moreno- Gral Rodríguez; Sánchez Verónica Luján, Jueza del tribunal de Trabajo del Departamento Judicial Morón; Dr Carreras Gustavo Matías, Defensor oficial para el Fuero Civil, Comercial y de Familia del Departamento Judicial Morón; Dr Musso Juan Ignacio, Juez del Tribunal en lo Criminal del Departamento Judicial Mercedes; Dr Bialobrzeski Juan Carlos, Juez de Paz Letrado del Partido de Hurlingham del Departamento Judicial Morón; Dr Noli Luciano Augusto, Juez de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Avellaneda – Lanús; Dr Vitale Gabriel Mauro Ariel, Juez de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Avellaneda – Lanús.
Dr Benítez Fernando Gonzalo, Juez de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Avellaneda – Lanús; Dra Cáceres Laura Soledad, Jueza del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial Avellaneda - Lanús, sede Avellaneda; Dr Adrián Cabrera, Juez del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial Avellaneda – Lanús, sede Lanús; Dr Sabino Mariano Javier, Juez del Juzgado en lo Correccional del Departamento Judicial Merlo; Dra Pedrazza María Paula, Jueza del Juzgado en lo Correccional del Departamento Judicial Merlo.
Dr Civitico Santiago Gabriel, Juez del Juzgado de Familia Departamento Judicial Merlo; Dra Jurado Mónica Alejandra, Jueza del Juzgado de Familia Departamento Judicial Merlo; Dr Bonini Bernardo Francisco Ricardo, Defensor Oficial Penal Departamento Judicial Merlo; Dr Bonnet Juan Pablo, Juez del Tribunal en lo Criminal del Departamento Judicial Mercedes; Dr Marchese Juan Edgardo, Defensor Oficial Penal Departamento Judicial Merlo.
Dr Gil Escudero Sergio Fabián, Defensor Oficial Penal Departamento Judicial Merlo; Dra Rybak Noelia Magalí, Jueza del Tribunal en lo Criminal del Departamento Judicial Merlo; Dra Matrakar Laura Beatriz, Jueza del Tribunal en lo Criminal del Departamento Judicial Merlo; Dr López Gabriel Sebastián, Juez del Tribunal en lo Criminal del Departamento Judicial Merlo; Dr Tomassetti Gabriel Agustín, Juez del Tribunal en lo Criminal del Departamento Judicial Merlo.
Dr Santamaría Guglielmetti Victoria, Jueza del Tribunal en lo Criminal del Departamento Judicial Merlo; Dr Lamberti Nicolás, Juez del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Necochea; Dr Purves Diego Ignacio, Juez del Tribunal en lo Criminal del Departamento Judicial Mercedes; Dra Iannelli Nancy Judith, Jueza del Juzgado de Paz Letrado del Partido de Tres de Febrero, Departamento Judicial San Martín; Dr Gallicchio Albano Juez del Tribunal en lo Criminal del Departamento Judicial Azul.
Dra Piro María Florencia, Jueza del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial Bahía Blanca, sede Tres Arroyos; Dr Muga Agustín Pablo Ignacio, Juez de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamento Judicial Mercedes; Dra Selva Gisela Aldana, Jueza de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamento Judicial Mercedes; Dra Gennuso Karina Patricia Jueza del Tribunal en lo Criminal del Departamento Judicial Azul; Dra Cáceres Sara Beatriz, Agente Fiscal del Departamento Judicial La Matanza.
Dr Gallo Sebastián Pablo, Agente Fiscal del Departamento Judicial La Matanza; Dr. Matías Nahuel, Agente Fiscal del Departamento Judicial La Matanza; Dr Rulli Diego Ignacio, Agente Fiscal del Departamento Judicial La Matanza; Dra Sánchez Evangelina Laura, Agente Fiscal del Departamento Judicial La Matanza; Dr Tarrio Suárez Gonzalo Agustín, Agente Fiscal del Departamento Judicial La Matanza.
Fue durante una reunión realizada este miércoles en el Salón Illia. Desde la oposición, que cuestionaba algunas designaciones, solo asistieron dos legisladores.
En medio de la coyuntura post-electoral y mientras Patricia Bullrich anunciaba su apoyo a Javier Milei en el balotaje durante una conferencia de prensa, en el Salón Illia del Senado se llevó a cabo una audiencia pública para analizar los pliegos de 16 candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial.
En la previa, la oposición había advertido por dos designaciones, que cuestionaba por tratarse de nombres vinculados a Axel Kicillof y Eduardo "Wado" de Pedro, al tiempo que los postulantes formaban parte originalmente de listas complementarias. Sin embargo, desde Juntos por el Cambio solamente asistieron la macrista Guadalupe Tagliaferri y el radical Pablo Blanco. Más allá de que la porteña planteó críticas sobre la propuesta mandada desde el Ejecutivo, los candidatos pasaron la audiencia sin sobresaltos.
Durante la reunión, a todos los aspirantes -a jueces, fiscales y defensores- se les consultó por el pago del impuesto a las Ganancias; si hicieron cursos o tuvieron capacitación en el exterior; y sobre su apego a la Constitución y el respeto al debido proceso.
Una de las candidatas que había sido observada desde la oposición, y que actualmente es funcionaria del Ministerio del Interior, es María Laura Manín, propuesta para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala Especializada en Defensa de la Competencia, que todavía no está habilitada y debe constituirse.
En su presentación, la abogada destacó que "hace 100 años que Argentina cuenta con legislación anti-monopólica; en 1923 se dictó la primera ley". Sobre la Sala que podría integrar, señaló que "tiene por objeto analizar los recursos que se presenten contra decisiones del órgano administrativo". En este sentido, dijo que "los actos que pueden ser recurribles ante esta sala especializada mediante apelación" son "aplicación de multas, impugnaciones de actos que tengan que ver con el dictado de medidas cautelares, sanciones ante conductas anti-monopólicas", entre otros.
En su intervención, el senador kirchnerista Oscar Parrilli apuntó que "defensa de la competencia no es un tema menor, además donde existen intereses económicos muy poderosos, muy grandes". "Lamentablemente no ha existido hasta ahora por parte de ningún gobierno una efectiva defensa de la competencia, en todo caso lo único que ha ocurrido, a lo largo de los últimos años, es una concentración más grande", expresó.
Por eso, el neuquino consideró que "la tarea no es poca cosa, es un tema que tiene que ver directamente con el bolsillo de la gente". "Ya la están atacando, obviamente. Yo me alegro que quienes la critiquen sean representantes de precisamente quiénes defienden los oligopolios y monopolios", lanzó.
Tagliaferri planteó que más allá de la idoneidad de la candidata, quería hacer foco en "la discrecionalidad del Poder Ejecutivo", ya que Manín "se encontraba en lista complementaria y en la tercera terna para cubrir esa vocalía no estaba designado ninguno, con lo cual saltamos de las ternas a las listas complementarias en infracción".
Recogió el guante la presidenta de la comisión, la camporista Anabel Fernández Sagasti, quien explicó que Manín estaba "segunda de la lista complementaria", pero "el segundo de la primera terna ya fue designado juez en 2021, entonces subió el primero de la lista complementaria. Y el tercero de la primera terna renunció al concurso (Juan Rafael Stinco), por lo tanto la doctora Laura Manín integra la primera terna".
"Es una discrecional del Poder Ejecutivo, es interpretativa la ley. En anteriores gestiones también hay antecedentes de que esto ha sucedido, y la ley no es clara. Se puede complementar las ternas con las listas complementarias", cerró.
Justamente Stinco, otro de los cuestionados desde JxC por tratarse de un exasesor de Kicillof y también formar parte de una lista complementaria, pasó también por la audiencia de este miércoles. Propuesto como juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7 de la Capital Federal, sólo recibió una pregunta de la senadora oficialista Teresa González sobre el desarrollo en su CV del "principio de tarifa justa y razonable".
Entre quienes defendieron sus pliegos, Lucas Alberto Colla, candidato a fiscal ante el juzgado federal de primera instancia de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, respondió sobre Ganancias: "Entiendo que la situación se encuentra completamente zanjada a partir de la sanción de la ley (de 2016); cualquier ciudadano puede litigar y hacer valer sus derechos a través de las acciones pertinentes. La fiscalía tiene siete empleados, dos de los cuales ya pagan impuesto a las Ganancias, por haber ingresado después de 2017. Con mi nombramiento tendré que pagar impuesto a las Ganancias. Al ser un hombre de derecho, me exige en esos términos cumplir con la ley". Aunque agregó que desde su ingreso al Ministerio Público Fiscal en 2007 hasta la actualidad no tributa Ganancias.
Otro de los postulantes, en este caso para el cargo de fiscal ante el juzgado federal de primera instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas, provincia de Misiones, Arlindo Otto Kurtz, detalló que "la provincia de Misiones tiene más del 80% de límites internacionales" y "la República Argentina tiene una realidad que es el ingreso de sustancias estupefacientes".
Según datos del Ministerio de Seguridad, Misiones "es una de las provincias en las que se ha llevado mayor cantidad de decomisos de marihuana". Tras trabajar en Eldorado, y actualmente en Oberá, contó que investiga todo lo que es "narcotráfico, trata de personas, contrabando, falsificación de documentos y demás delitos de índole federal". "La particularidad de la fiscalía a la cual aspiro es similar", dijo.
Durante la exposición de Gabriel Rey, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N°14, la senadora Tagliaferri le preguntó si estaría de acuerdo, "en ocasión de haber un acuerdo, convenio, que esté avalado tanto por la Legislatura de la Ciudad como por el Congreso, del traspaso de competencias que vienen siendo paulatinas, pero sostenidas desde hace muchos años, de su juzgado al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires". "No tengo ningún inconveniente", afirmó Rey.
De los 16 postulantes que se presentaron, al defender su pliego, Sebastián Rodrigo Ghersi, candidato a juez del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional N° 59 de la Capital Federal, sostuvo que buscará "brindar un buen servicio de justicia para los usuarios del sistema, que son las víctimas y los imputados, y también para el público en general; con el norte en entender que las personas que figuran en los expedientes judiciales no son nombres, números, sino personas de carne y hueso, con problemas graves, con conflictos de mucha intensidad, que nosotros tenemos que tratar de resolver".
Al final de la audiencia, se pasaron a la firma dos pliegos que habían vuelto a la comisión en la sesión del 22 de septiembre de 2022, y no habían recibido impugnación, mientras que Fernández Sagasti anunció a los presentes que los demás se analizarían para su respectivo dictamen.
Será durante una reunión de la Comisión de Acuerdos citada para las 10. La oposición anticipó su rechazo a postulantes vinculados con Kicillof y "Wado" de Pedro.
En la única actividad programada en el Senado para esta semana, luego de las elecciones generales, se realizará este miércoles una audiencia pública con una veintena de candidatos al Poder Judicial propuestos por el Ejecutivo.
Más precisamente serán 18 los pliegos que se tratarán en la reunión de la Comisión de Acuerdos, presidida por la mendocina Anabel Fernández Sagasti (UC-FdT), que fue citada para las 10 en el Salón Illia.
Los expedientes tomaron estado parlamentario en la sesión del pasado 28 de septiembre, la segunda sesión que hubo en el año en la Cámara alta para tratar un temario, fecha en la que también el oficialismo avanzó con la designación de Ana María Figueroa.
De la nueva tanda de candidatos, los cargos a cubrir son en las jurisdicciones de Santa Cruz, Misiones, Santiago del Estero, provincia de Buenos Aires y Capital Federal.
Desde la oposición ya advirtieron su rechazo a algunos de los pliegos, entre ellos el de Juan Rafael Stinco, quien fue asesor de Axel Kicillof cuando era ministro de Economía. También fue funcionario de la Procuración General hasta 2015 y exdirector de Asuntos Jurídicos de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
Hace dos años atrás, en medio de la pandemia, asistió de manera remota a una audiencia pública en la Comisión de Acuerdos por su postulación como juez civil y comercial en CABA. Ahora está propuesto como juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°7 de la Capital Federal.
Otro de los nombres cuestionados desde la oposición es el de María Laura Manín, actual subsecretaria de Gestión Administrativa del Ministerio del Interior, postulada como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Su rol sería clave en la resolución de causas que involucren reclamos entre el Estado y las empresas por conductas monopólicas.
Ambos fueron cuestionados desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) porque integraban listas complementarias tras los respectivos concursos.
Los pliegos
Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, Lucas Alberto Colla
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala Especializada en Defensa de la Competencia, María Laura Manín
Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas, provincia de Misiones, Arlindo Otto Kurtz
Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Julio César Lucas Zárate
Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero, Mariano Romero
Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, provincia de Buenos Aires, Tomás Puppio Zubiría
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala Especializada en Defensa de la Competencia, Humberto Carlos Guardia Mendonca
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N° 14, Gabriel Gonzalo Rey
Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59 de la Capital Federal, Sebastián Rodrigo Ghersi
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23 de la Capital Federal, Ana Valeria Amaya
Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Juan Tomás Rodríguez Ponte
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7 de la Capital Federal, Juan Rafael Stinco
Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Fernández
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 85 de la Capital Federal, Marcela Patricia Somer
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 6 de la Capital Federal, María Stupenengo
Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, Ana María Cristina Juan
Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, provincia de Buenos Aires, Carlos Fabián Cuesta
Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata, provincia de Buenos Aires, Jesica Yael Sircovich
Son 18 designaciones para jueces, fiscales y defensores públicos, que serán tratados en una audiencia prevista para el miércoles en la Comisión de Acuerdos.
Pasadas las elecciones generales, la Cámara de Senadores que se ha caracterizado este año por haber tenido una actividad sumamente menguada, será la primera en activarse para retomar en este caso la agenda judicial. Pero no para ocuparse por ejemplo del juicio a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que transita sus instancias finales en la Cámara de Diputados, sino más bien para algo más concreto y eficaz, como es la designación de jueces y fiscales.
A menos de 50 días del cambio de gobierno, el oficialismo se propone poner a consideración del Senado una nueva tanda de pliegos que buscará aprobar antes de dejar el poder. Son 18 los pliegos que este miércoles cumplirán el trámite de pasar por la Comisión de Acuerdos que preside Anabel Fernández Sagasti, con el objetivo de incluirlos en una sesión a desarrollarse seguramente la semana siguiente, donde tiene el número para aprobarlos.
La cita es entonces a las 10 de la mañana de este miércoles, en el Salón Arturo Illia, donde tendrá lugar la audiencia pública en la que se solicitarán los siguientes acuerdos:
Asimismo, la Comisión de Acuerdos dará tratamiento a continuación a los expedientes correspondientes a Carlos Fabián Cuesta como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, y Jésica Yael Sircovich como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata.
Se trata de un conjunto de pliegos que tomaron estado parlamentario en la última sesión y entre los que hay nombres cercanos al gobernador Axel Kicillof y el ministro Eduardo "Wado" de Pedro.
Tras las elecciones generales, la Comisión de Acuerdos del Senado realizará una audiencia pública a 16 candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial, entre ellos algunos nombres cercanos al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al ministro del Interior -y candidato a senador-, Eduardo "Wado" de Pedro.
Se trata de un conjunto de pliegos que fueron enviados por el Poder Ejecutivo en mayo pasado, pero recién tomaron estado parlamentario en la sesión del 28 de septiembre, cuando el oficialismo logró avalar 75 nombramientos de jueces, fiscales y defensores, destacándose el de Ana María Figueroa.
La audiencia se llevará a cabo el próximo 25 de octubre, a partir de las 10 en el Salón Illia, según se oficializó este jueves en el Boletín Oficial.
Los cargos a cubrir son en las jurisdicciones de Santa Cruz, Misiones, Santiago del Estero, provincia de Buenos Aires y Capital Federal.
Desde la oposición, que se muestra en contra de avalar designaciones judiciales a las puertas de un recambio de gobierno, advirtieron por algunos nombres de la nueva tanda de candidatos enviados por el Poder Ejecutivo.
Uno de ellos es Juan Rafael Stinco, quien fue asesor de Axel Kicillof cuando era ministro de Economía. También fue funcionario de la Procuración General hasta 2015 y exdirector de Asuntos Jurídicos de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
Hace dos años atrás, en medio de la pandemia, asistió de manera remota a una audiencia pública en la Comisión de Acuerdos por su postulación como juez civil y comercial en CABA. Ahora está propuesto como juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°7 de la Capital Federal.
Otro de los nombres cuestionados desde la oposición es el de María Laura Manín, actual subsecretaria de Gestión Administrativa del Ministerio del Interior, postulada como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Su rol sería clave en la resolución de causas que involucren reclamos entre el Estado y las empresas por conductas monopólicas.
Ambos fueron cuestionados desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) porque integraban listas complementarias tras los respectivos concursos.
La lista completa de los pliegos
Además de la designación de Ana María Figueroa, la Cámara alta avaló otros 32 nombramientos de jueces, fiscales y defensores.
A continuación, detallamos los nombres de los pliegos que obtuvieron luz verde este jueves en la Cámara alta:
Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, al doctor Enrique Nicolás Baronetto;
Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, a la doctora Alfonsina Bava;
Defensor Público Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Defensoría N° 2, al doctor Agustín Carrique;
Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a la doctora Verónica Raquel Escribano;
Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal, provincia de Salta, al doctor Luis Francisco Valencia;
Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, a la doctora María José Bonifacino;
Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San Martín, provincia de Buenos Aires, Defensoría N° 4, al doctor Alejandro Marcelo Arguilea;
Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero a la doctora Ana Carina Farías;
Defensora Pública Oficial ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes a la doctora Rosana Leonor Marini;
Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario, provincia de Santa Fe, al doctor Román Pablo Lanzón;
Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Jujuy, Fiscalía Nº 1, a la doctora Lucía Romina Orsetti;
Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de La Rioja al doctor José Nicolás Celestino Chumbita;
Defensor Público Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, al doctor Manuel Maximiliano Baillieau;
Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Rosario, provincia de Santa Fe, Fiscalía N°2, al doctor Matías Felipe Scilabra;
Defensora Pública Oficial ante la Cámara Federal de Apelaciones y los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, provincia de Buenos Aires, a la doctora Rosario Muñoz;
Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, a la doctora Marcela Silvina Lamas;
Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, provincia de Santa Fe, Defensoría Nº 3, al doctor Ramiro Dillon Villamayor;
Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Santiago del Estero a la doctora Silvina Soledad Leal Castaño;
Defensora Pública de Víctima con asiento en la provincia de Corrientes a la doctora Patricia Isabel Kenny;
Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, a la doctora Paula Susana Muniagurria;
Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe al doctor Pablo Andrés Vacani;
Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de San Salvador de Jujuy a la doctora María Victoria Nager;
Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy al doctor Diego Martín Matteucci;
Defensor Público de Víctima con asiento en la Provincia de Jujuy al doctor Gonzalo Stordeur;
Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, al doctor Marcelo Alejandro Cardozo;
Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Jujuy a la doctora Carina Inés Gregoraschuk;
Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, al doctor Roberto Fernando Minguillón;
Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, al doctor Martín Luciano Poderti;
Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán al doctor Fernando Luis Rodolfo Poviña;
Vocal de la Cámara Federal de Casación Penal a la doctora Ana María Figueroa;
Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, provincia de Entre Ríos, al doctor Mauricio Gabriel Zambiazzo;
Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de San Rafael, provincia de Mendoza, al doctor Omar Abdón Bittar;
Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Jujuy, Fiscalía Nº2, al doctor Sebastián Gabriel Jure.
Luego de varios meses sin actividad, el Senado volvió a abrir las puertas del recinto este jueves para avanzar con un abultado paquete de pliegos judiciales en carpeta, entre ellos el de la excamarista, que abrirá un conflicto de poderes.
Tras un empate, definido a favor por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, el oficialismo en el Senado consiguió este jueves aprobar una serie de pliegos judiciales, entre los que se destaca el de la jueza Ana María Figueroa, quien cumplió 75 años de edad el 9 de agosto pasado, por lo que la Corte Suprema de Justicia dispuso el 6 de septiembre que deje el cargo.
La designación propuesta por el Poder Ejecutivo -que extiende por cinco años su magistratura- resultó con 35 votos a favor y 35 en contra. Durante la votación, la vicepresidenta Cristina Kirchner no estuvo presente en el recinto, por eso definió a favor con su voto la santiagueña Ledesma Abdala de Zamora.
Además de los 31 senadores del Frente de Todos, votaron a favor la riojana Clara Vega -habitual aliada- y sus excompañeros de bancada Guillermo Snopek, María Eugenia Catalfamo y Edgardo Kueider. No lo hizo así Carlos “Camau” Espínola.
Además de JxC, votaron en contra el rionegrino Alberto Weretilneck y la cordobesa Alejandra Vigo. Mientras que las ausentes fueron la misionera Magdalena Solari Quintana -que también siempre vota con el oficialismo- y la neuquina Lucila Crexell, de JxC. Solari Quintana había estado presente a la hora del quórum, pero no bajó para la aprobación del pliego.
Figueroa era una magistrada considerada clave para el cristinismo, habida cuenta de su presencia en la Cámara Federal de Casación Penal -la cual presidió hasta agosto-, que debía resolver si las causas de Hotesur-Los Sauces y la del Memorándum con Irán, que involucran a la vicepresidenta, se volvían a reabrir o no. Luego de que el máximo tribunal resolviera finalmente apartarla, los restantes camaristas de la Sala I ordenaron que ambas causas fueran a juicio.
Ahora, la decisión del Senado de aprobar el pliego de Figueroa planteará seguramente una polémica en torno a la validez o no de su continuidad. El paso que sigue es que el presidente Alberto Fernández firme el decreto de designación. La situación, sin dudas, abrirá una situación de conflicto de poderes.
En sus discursos, los senadores de JxC cargaron duro contra el oficialismo por la insistencia de aprobar la continuidad de Figueroa, pese a la decisión de la Corte, y cuestionaron a CFK.
Además de ese pliego se avanzó con otros 32 nombramientos -votados por unanimidad con 70 votos positivos- de jueces, fiscales y defensores, pero previamente al tratamiento de éstos, se dio ingreso a casi una veintena de pliegos judiciales y militares.
El debate
La presidenta de la Comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, valoró el trámite que los pliegos tuvieron y destacó la necesidad de que se cubran vacantes, algunas de las cuales en algunas jurisdicciones “llevan años esperando”.
“Si hoy se aprueban estos pliegos, se van a ver beneficiados en un afianzamiento de la justicia”, dijo y reconoció que “mucho se ha escrito y dicho respecto de estos pliego”, pero explicó: “La designación de jueces federales es un acto constitucional complejo que se inicia en el Consejo de la Magistratura, donde los aspirantes a los distintos cargos pasan por un concurso; luego un examen escrito; luego una audiencia oral; necesitan los dos tercios para el orden de prelación y luego se forma una terna que va al Ejecutivo, que elige y vuelve al Senado”.
En esa línea, la vicejefa del interbloque oficialista afirmó que en el caso de estos 33 pliegos “han seguido tanto la manda constitucional, como el reglamento de esta Cámara; se han recibido los antecedentes, todos han venido a la audiencia, han recibido preguntas de los senadores y, por supuesto, la Comisión de Acuerdos ha generado el dictamen favorable para estos 33 pliegos”.
Recordó que el Ministerio Público de la Defensa había sacado un comunicado este miércoles diciendo que era falso lo que se publicaba y lo que repetían los senadores “por falta de información, quiero creer”, apuntó Fernández Sagasti, agregando la referencia a que “el kirchnerismo quiere copar la justicia”.
La camporista negó la versión de que estos 33 pliegos hubieran sido elegidos de listas complementarias. “El Ministerio Público hizo un comunicado en el que expresó su preocupación por la falta a la verdad de esos dichos periodísticos; recomiendo que cada vez que analicen los pliegos lean completo el envío, porque en algunas ocasiones pasa que los jueces, fiscales, defensores, rinden en diferentes concursos, incluso de diferentes provincias, entonces lo que pasa es que cuando por ejemplo un fiscal es designado en Rosario, renuncia en las otras ternas. Entonces la lista complementaria sube, porque se generan vacantes”, relató.
La legisladora mendocina aseguró que eso era lo que había pasado en estos casos y aseguró que lo tenía documentado. “Lamento que los senadores que se acoplaron a estas publicaciones no han tenido la delicadeza de estudiar esta situación que es normal en todos los concursos”, señaló.
Luego se refirió puntualmente al caso de Ana María Figueroa, cuya renovación por cinco años más fue pedida por el Poder Ejecutivo. Remarcó que la magistrada siguió todo el trámite reglamentario en el Senado y “no existió ni una sola oposición a su postulación ni a sus antecedentes”. Apuntó también que al presentarse en la comisión “opinó y contestó con holgura”, para luego remitirse a la Corte Suprema, a la que acusó de “entrometerse con prerrogativas que son exclusivas del Senado. Pero no es la primera vez que en el Senado se aprueba un dictamen luego de que el postulante haya cumplido los 75 años de edad”.
Sobre ello, indicó que eso ha sucedido tanto durante esta gestión, como en la de Mauricio Macri. “Entendemos que los trámites legislativos no son los mismos que los del Ejecutivo”, y puso dos ejemplos: Silvia Mora y Luis Imas, aprobados ocho meses después.
“Pour la galerie”
Desde la oposición, la senadora Guadalupe Tagliaferri acusó al oficialismo porque “el tema que les desvela es avanzar con la agenda judicial de la vicepresidenta. A pocos meses de terminar este gobierno, saben muy bien que les queda muy poco tiempo, y no sólo entonces están dejando una bomba económica que le va a explotar al próximo gobierno, a todos los argentinos, sino también haciendo los últimos ajustes para su impunidad”.
“Incumplimos los fallos de la Corte Suprema: coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y ahora con el fallo de la exjueza Ana María Figueroa”. La legisladora del Pro recordó que el intérprete máximo y último de la Constitución es la Corte, y chicaneó que “la única verdad es la realidad, ustedes debieran saberlo, y la única realidad es que en la Argentina hay millones de argentinos bajo la línea de pobreza, una inflación galopante de la mano de Sergio Massa, y que la señora Figueroa no es más jueza… Así que no le podemos dar ningún acuerdo. Este relato que quieren armar no es gratuito, nos afecta a todos”.
“Van a avanzar con algo ridículo, que no va a prosperar: no es más jueza, ya lo saben. Es pour la gallerie, es un mensaje. Están siendo extremadamente miopes al desafiar un fallo de la Corte Suprema”, enfatizó la macrista.
Por su parte, el senador Luis Juez, expresó que “cuando se rompen las reglas de juego es difícil porque hacen que todo sea dudoso y la falta de reglas de juego hizo que otros jueces sean designados en tiempo y forma, y es cierto que acompañamos en el pasado, pero nunca la Corte Suprema de Justicia se había expresado”.
Al aseverar que iba a votar “decididamente en contra”, el cordobés se quejó de que “estamos discutiendo un absurdo” y continuó: “Entiendo que para ustedes sea más importante el relato que la realidad, pero después de la sentencia y la acordada, el pliego de Figueroa no tiene sentido”.
Finalmente, consideró que “perdemos tiempo porque discutimos un abstracto”, y agregó que “necesitamos respetar las reglas de juego; no la conozco a Figueroa, pero así seguimos creyendo que pelearnos con otros poderes nos enaltece y la Corte ya dijo que perdió su status jurídico”.
Desde el oficialismo, la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, rechazó las expresiones de algunos discursos: “No me gusta cuando nos llaman mentirosos, farsante. Es inaceptable en un recinto como éste”. Sobre la designación de la jueza, aclaró que “es a nosotros a quien nos confiere la Constitución Nacional la prerrogativa de aprobar o no a un miembro del Poder Judicial”, además de que “nada indica en este artículo (el 99 de la CN, inciso 4) que el día que cumple 75 años se convierte en calabaza”.
“Hay como una especie de rendición ante un poder, el Poder Judicial, de parte del poder político, del Poder Legislativo”, observó y subrayó que lo dispuesto por la Corte sobre Figueroa “no es un fallo, es una decisión administrativa”.
En su discurso, la senadora kirchnerista exclamó: “No sé por qué se la agarraron con la jueza Figueroa. Las dos causas de las que tanto hablan ya están abiertas y fueron a juicio oral. ¿Ahora cuál es la excusa? ¿Por qué no votan a Ana María Figueroa?”. “Ustedes quisieron meter por la ventana a dos jueces de la Corte”, le recordó a la oposición y les dijo que “se han rendido frente al Poder Judicial”.
En el tramo final, antes de referirse a la cuestión Figueroa, el jefe del bloque UCR, Luis Naidenoff, pidió que se retire del temario el pliego de Diego Martín Matteucci, propuesto para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, sobre quien “pesan dos cuestiones muy fuertes”.
El formoseño informó que el postulante “fue parte de una causa” sobre incautación de cocaína, y aunque tuvo sobreseimiento, fue algo que “omitió”. Pero resaltó que lo más “grave” es que tiene una denuncia de acoso laboral y sexual. Por eso, pidió “tiempo al oficialismo, no cometer un apresuramiento”. “Este pliego no merece ser aprobado en función de la solicitud del fiscal en el día de la fecha”, manifestó sobre quien investiga esa causa.
Su pedido no tuvo éxito, ya que no se retiró, y antes de la votación, el jefe de Unidad Federal, el jujeño Guillermo Snopek, cuestionó que se haya leído el pedido de un fiscal sin decir quién era y afirmó que, tras consultar, “la Fiscalía dijo que no encontró elementos para imputar” al candidato propuesto.
El fuerte cierre de los jefes
Flamante gobernador electo de Mendoza, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, criticó a sus pares del oficialismo porque “los argumentos técnicos no se han querido escuchar”. “Me encantaría que estuviese acá la vicepresidenta de este Cuerpo para poner la cara. Ella es la que ha forzado esta situación vergonzosa, de someter a este Cuerpo y a las instituciones a una cosa abstracta, a una pelea inútil”, arrancó contra CFK, y hablándole directamente le dijo: “Cristina tenés que estar aquí, aquí dando la cara, porque esto es una tozudez tuya. Cristina termina de someter a los argentinos a tus problemas”.
Sobre el caso, el radical enfatizó que “el caso ‘Schiffrin’ fue categórico y la jueza Ana María Figueroa nunca lo cuestionó. Ese fallo dijo 75 años, si no tiene aprobación, a su casa, jubilada”.
“¿Por qué la apoyan a Cristina en esta salvajada, no les da cosita, no les hace ruido en la cabeza dar una pelea por una mujer que tiene 75 años y debería estar jubilada?”, le preguntó a los senadores del Frente de Todos y analizó que “mucho más aún cuando están perdiendo las elecciones en todas las provincias, con porcentajes muy bajos, y así y todo ni siquiera los hace reflexionar”. “Parece que les encanta este proceso de antipolítica, en vez de buscar consensos y designaciones que sean armónicas”, agregó.
Tras hacerle leer al secretario parlamentario el el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución Nacional, el jefe de la bancada oficialista José Mayans subrayó que la designación de los magistrados “es un acto complejo”, al igual que su destitución y, por ende, “no se puede echar a nadie por una resolución administrativa”.
“El grupo Lago Escondido maneja la Justicia en la República Argentina”, denunció, en alusión al encuentro en el sur entre jueces, empresarios y funcionarios del Gobierno porteño y también recordó a “la mesa judicial para perseguir en el gobierno de Macri a los que pensaban distinto”.
El formoseño insistió con que “en ninguna parte de la Constitución dice que la Corte puede dejar sin efecto el nombramiento de un juez, puede destituir a un juez o puede nombrar a un juez. Es gravísimo lo que pasó acá”. “No lo puede hacer, son prerrogativas del presidente y el Senado de la Nación. ¿No tienen vergüenza ustedes de entregar esa prerrogativa?”, interrogó a sus pares opositores y sumó: “¿No les da vergüenza que tengamos el Consejo de la Magistratura basado en una ley que está muerta?”.
Enfático, y discutiendo con Luis Juez, Mayans habló de “un Poder Judicial corrupto” y la defensa de la oposición a determinados magistrados. “Los que responden a Lago Escondido son jueces independientes, y cualquier fallo que falle en contra de sus intereses son kirchneristas”, manifestó.
Ganancias, alquileres y pliegos judiciales, incluido el de la juez Figueroa, son algunos de los temas de un amplio temario que incluye temas muy postergados como la Ley Johanna y pubertad precoz.
Tras más de cinco meses sin tratar proyectos en el recinto, finalmente el Senado volvió a abrir las puertas del mismo para tratar una serie de proyectos de singular interés, como sin duda lo son aquel que elimina la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y el que modifica la Ley de Alquileres. Pero sin dudas la mayor polémica estará dada en los pliegos que se tratarán en el inicio de la reunión.
Con la presencia de Cristina Fernández de Kirchner presidiendo, la sesión comenzó a las 14.16, con toda la expectativa puesta en los 33 pliegos incluidos en el temario, entre ellos uno muy especial y polémico: el de la jueza Ana María Figueroa.
Tras cumplir años, Figueroa pretendía permanecer en su cargo, aunque retirándose de la presidencia de la Cámara de Casación y sin firmar sentencias, a la espera de que el trámite parlamentario se completara, amparada -bajo su criterio- en una resolución del Consejo de la Magistratura. Pero el máximo tribunal ordenó por unanimidad que deje su cargo el pasado 6 de septiembre y, días después, la Sala I de Casación avanzó con la reapertura de las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán.
El trámite se completará si, en caso de recibir acuerdo, el presidente Alberto Fernández firma el decreto de designación, cosa a la que según se sabe y presiente, está asegurada. Lo que abriría un nuevo conflicto de poderes.
Por otra parte, la Cámara alta debatirá la iniciativa impulsada por el candidato Sergio Massa sobre eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, a la que se le dio un tratamiento veloz en ambas cámaras. Para este viernes, la CGT convocó a una movilización para festejar ésta y otras medidas que están en discusión en el Congreso -los programas de “Compra sin IVA” y “Empleo MiPyME”-.
El otro gran tema será la Ley de Alquileres: a partir de un acuerdo alcanzado con aliados y sus excompañeros que ahora están en el bloque Unidad Federal, el oficialismo incorporó modificaciones a la media sanción que la oposición había logrado en la Cámara de Diputados. Los principales cambios prevén mantener en tres años el plazo de los contratos, que la actualización sea semestral y que el índice a utilizar sea el de “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
Afuera del temario quedó un proyecto sobre regulación de los alquileres temporarios, que la UCR había acordado con el FdT, pero que desde el Pro salieron a cuestionar y generó ruido interno en la bancada opositora; y la iniciativa sobre créditos UVA, que recibió dictamen con modificaciones, pero incluso había disidencias dentro del propio oficialismo.
La lista de proyectos a tratar incluye varios temas que ya cuentan con media sanción de Diputados y, de ser aprobados, serán ley: la creación de cinco universidades nacionales; la creación de un programa de prevención y tratamiento de la pubertad precoz; la ley sobre atención a mujeres y personas gestantes ante la muerte perinatal; el régimen de promoción de la producción orgánica; y un proyecto para establecer por ley el Programa de Becas Progresar. Además, volverá con cambios a Diputados la iniciativa sobre incorporar la violencia digital contra las mujeres a la Ley 26.485.
En un gesto al entrerriano Edgardo Kueider (UF), quien en la última sesión no dio quórum molesto por el no tratamiento de su iniciativa, se tratará el proyecto sobre disminución de las tarifas eléctricas. También, de autoría de la puntana Eugenia Catalfamo (UF), se incorporó un proyecto para establecer el Programa “Remediar” por ley.
El temario se completa con una iniciativa de Daniel Bensusán (FNyP-FdT) para establecer por ley el Programa “Conectar Igualdad” y otra de Pablo Yedlin (FNyP-FdT) sobre fluoración de la sal para consumo humano, con el objetivo de prevenir las caries.
El jefe del bloque oficialista apuntó contra la oposición que “tiene como estrategia no dar quórum y paralizar todo”. Además, afirmó que el proyecto sobre Ganancias “saldría sin problemas” y las modificaciones a la Ley de Alquileres “van a volver a Diputados”.
El jefe del bloque oficialista en el Senado, el formoseño José Mayans, afirmó que el oficialismo baraja la posibilidad de sesionar el próximo jueves para sancionar Ganancias, aprobar las modificaciones de la Ley de Alquileres que “vuelve a Diputados”. Pero eso no es todo, también sumarán en el temario los 75 pliegos judiciales, incluyendo la controvertida designación de Ana María Figueroa, la exjueza cesanteada por la Corte Suprema al llegar a la edad jubilatoria.
Se trata de la funcionaria judicial debía votar en causas en las que la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, está involucrada: Los Sauces y Hotesur. Había cumplido los 75 años de edad el pasado 8 de agosto y la Constitución nacional establece que cuando eso sucede un magistrado debe dejar el cargo, por eso el oficialismo en el Senado intentó en varias ocasiones prorrogar su pliego a través de un pedido del Poder Ejecutivo, pero nunca logró el quórum. Desde el bloque oficialista insisten que el pliego de Figueroa debe ser tratado en el recinto porque tiene dictamen de la Comisión de Acuerdos.
En diálogo por CNN Radio, Mayans comentó: “La idea es tratar Ganancias la semana que viene, porque hay varios temas que están ahí pendientes y nosotros podemos tener el quórum estricto porque, así como están los números en el Senado la oposición tiene como estrategia no dar quórum. Ya vienen así desde las PASO y ahora están esperando que pasen las generales que es una mala estrategia porque el Parlamento se tiene que pronunciar en los temas que la sociedad necesita”.
"Esa estrategia de paralizar todo…porque el grupo Cambiemos creían que van a ser gobierno entonces les correspondía las decisiones el tiempo que viene. Así no les va tan bien con esa estrategia porque la gente siente que no tiene respuesta de Cambiemos. Esa es la visión que se tiene de acuerdo al consenso que están teniendo”, arremetió el senador.
A su vez, enumeró: “El Senado tiene pendiente el tratamiento de pliegos que son 75 pliegos que ya tienen despacho, el tema de la Ley de Alquileres. Hasta acá podemos tener los números si no se enferma nadie. Ganancias saldría sin problemas”.
“El primer tema que se trata en cualquier sesión es el tema de los acuerdos, aparte de eso si nosotros decimos que la justicia tiene que actuar en la lucha contra el crimen organizado, contra la trata de personas, estos son pliegos que tiene un tramite de 5 años. Son pliegos que sacó el Consejo de la Magistratura en el tiempo de Macri por dos tercios”, expresó el formoseño.
En tanto, remarcó que “hay un pedido de ratificación del Ejecutivo que fue a Audiencia Pública y no recibió objeciones ni impugnaciones. No sé cómo objetan las personas que cumplen con los requisitos constitucionales”, y denunció: “En cambio, hay dos jueces en la Cámara Federal que son Bertuzzi y Bulgia que se negaron a venir a la Cámara del Senado y la Corte los sigue sosteniendo de forma irregular y siguen haciendo fallos. Esa gente está en falta constitucional”.
“Son temas que nosotros consideramos importante, si tenemos los números lo tratamos sino no los incluimos porque representa herramientas para que el Poder Judicial actúa en la lucha del narcotráfico, no podemos dejarlo supeditado a que a un senador no le guste. Si no tememos los números se cae”, planteó.
Por otro lado, consultado por Alquileres aseguró: “Las modificaciones están confirmadas y vuelve a Diputados y hay que ver qué tratamiento le dan. Mientras tanto hay una ley vigente”.
“Estos cambios van de acuerdo a la situación que se está viviendo. Nosotros hicimos audiencias donde estuvieron inquilinos y propietarios. Hay una propuesta de la Comisión de Turismo para los alquileres temporarios, son las visiones que se traen y el resultado es el despacho de comisión. Vamos a ir al recinto y vemos los números”, explicó.
Además, señaló que “en la Ley de Alquileres hay una lucha de intereses y hay que poner mucha racionalidad teniendo en cuenta lo que dijeron los inquilinos, para que no sean afectados tanto propietarios como inquilinos. El tema de la racionalidad es el ajuste por salario, los contratos en pesos y cada 6 meses y contratos de 3 años. Va a salir eso y va a ir a Diputados de nuevo”.
“Esta semana tuvimos una senadora con problemas de salud y cuando tenes un quórum muy estricto no se puede enfermar nadie. Dios quiera que podamos cumplir con el objetivo”, bregó.
Por último, se refirió al panorama electoral: “Acá hay dos modelos, un modelo liberal y el del Estado presente", y diferenció: "El modelo liberal perdió 200 mil millones de dólares de PBI y endeudó a la Argentina. Claramente el problema es la brutal deuda que dejó Mauricio Macri".
En tanto, el senador también habló sobre Javier Milei: "Él dice que va a ser peor que Macri y tiene los datos incorrectos de cuánto vale y gasta la política". Y estableció que a Patricia Bullrich le falta información: "Cada vez que habla pierde un punto porque no entiende dónde está metida".
Al cierre de la entrevista, el dirigente peronista calificó como "un cuento chino" el gasto del Estado en la política. Y fundamentó: "El 50% del gasto del Estado está en el sistema previsional y ayuda social, hay 9 millones de personas metidas en el sistema previsional y unos 12 millones en ayuda social".
"Milei dice que va a dolarizar, pero va a terminar con la salud, la seguridad y la justicia. Y después de él va a venir otra frustración porque no tienen un dólar para dolarizar", finalizó Mayans.
Así lo expresó el jefe de la bancada oficialista en el Senado, quien opinó el candidato de La Libertad "es un desastre" y "no entiende nada". Apuntó contra la oposición por la actividad en la Cámara alta.
El jefe de la bancada oficialista en el Senado, José Mayans, apuntó este viernes contra el candidato presidencial de La libertad Avanza, Javier Milei: "Es un desastre esa persona, no entiende nada… y tiene posibilidades de ser presidente. Es un (Mauricio) Macri potenciado".
"Hay una falta de comprensión por parte de Milei de lo que es el Estado. No tiene idea de lo que es el concepto de país federal, del artículo primero de la Constitución Nacional", expresó en declaraciones a Radio El Destape.
El formoseño explicó que "el sistema provincial representa el 45% del gasto del Estado y la ayuda social, el 5%". "Habría que preguntarle a estos candidatos a presidente qué van a hacer con esto. ¿Qué van a hacer con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y con los programas sociales?", señaló.
Además, dijo que ese gasto asciende al 65% junto a educación y salud, entre otras partidas sensibles, y se preguntó: "¿Qué van a hacer con las paritarias docentes y con el sistema de salud?".
El legislador admitió que "hay que recomponer la situación del salario" porque "los trabajadores que no llegan a fin de mes y están enojados con el sistema, y la protesta es Milei".
"(Sergio) Massa está haciendo un esfuerzo para resolver el problema de la usura en que está metido el país y en ir recomponiendo el sistema salarial", destacó sobre el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria.
Y volvió al expresidente con el líder de LLA: "Macri y Milei tienen el mismo concepto de Estado, un Estado bobo, sin presencia, sin regulación".
Por otra parte, al ser consultado por el tratamiento de la Ley de Alquileres, Mayans aseveró que "hay una maniobra del grupo Lago Escondido diciendo que nosotros íbamos a cambiar la sesión" para tratar pliegos judiciales, más puntualmente el de la camarista Ana María Figueroa, por el proyecto de Ley de Alquileres. "Es una barbaridad lo que han hecho. Hicieron un operativo de prensa", se quejó.
El senador defendió que "la jueza Figueroa estuvo impecable" en la audiencia pública y que "tiene un trabajo en la Justicia que ha sido sumamente importante". "El pliego no tiene ningún tipo de impugnación", remarcó.
Acusó entonces que "el grupo Lago Escondido quiere que el Parlamento no funcione", en alusión al grupo de jueces, funcionarios porteños y empresarios que mantuvieron un encuentro en el sur hace un año atrás.
"El problema de los alquileres es importante, pero tenemos también otros temas, como los pliegos del Poder Judicial", insistió el oficialista y mencionó también los pliegos militares y de ascenso diplomático, y la entrada y salida de tropas, que "nunca se le negó a un presidente este asunto". "La oposición se niega a trabajar", lanzó.
Con la cuenta regresiva en marcha en la meta que el oficialismo se ha impuesto para sacar los pliegos judiciales previstos y en particular el de Ana Figueroa antes del 9 de agosto, el FdT redobla esfuerzos para tener una sesión.
Tres senadores le faltaron al oficialismo para completar el 12 de junio el quórum necesario para llevar adelante una sesión en la que pretendía debatir cinco proyectos de ley, pero fundamentalmente dar luz verde en el inicio de la reunión a 75 pliegos judiciales. Entre ellos, uno clave: el de la jueza Ana María Figueroa, quien cumplirá 75 años el próximo 9 de agosto y con ello debería jubilarse, razón por la cual el Poder Ejecutivo pidió para ella extender su gestión profesional otros 5 años. Si llega esa fecha sin que el tema se debata en el recinto, la camarista deberá dejar su lugar clave, donde tiene un papel relevante en una causa de sumo interés para la presidenta del Senado: votar si debe ir o no a juicio la causa Hotesur/Los Sauces, donde están imputados Cristina Kirchner y sus hijos.
Parecía que, ante la imposibilidad de revertir la situación planteada con las ausencias, ese objetivo había sido dejado de lado por parte del Poder Ejecutivo, pero las negociaciones nunca dejaron de avanzar. Con obstáculos, eso sí.
Con el jujeño Guillermo Snopek parecería haber habido acuerdo, luego de que le permitieran llevar en su boleta el extremo principal, con Sergio Massa como precandidato presidencial. Recordemos que Snopek encabeza una lista para diputado nacional por Unión por la Patria, y deberá disputar la interna con otras dos listas.
Si bien tenía otras demandas, como avanzar con un proyecto suyo para pedir la intervención del Poder Judicial jujeño y ser confirmado al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sus resistencias habrían cedido.
El segundo caso corresponde al senador entrerriano Edgardo Kueider, quien fue claro ante parlamentario.com respecto del tratamiento de un proyecto de su autoría para reducir tarifas eléctricas: su postura sigue siendo “la misma” y no la va a cambiar “bajo ninguna circunstancia”, en tanto y en cuanto la iniciativa que él impulsa no se trate. Pues bien, el tema parece haber quedado saldado a partir de la convocatoria a una reunión este miércoles a las 11.30 de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, en el Salón Arturo Illia, para tratar el expediente S-3346/22, que no es otro que el proyecto de Kueider que establece la disminución de las tarifas del servicio eléctrico.
El último senador pendiente es el rionegrino Alberto Weretilneck, quien ya no estuvo presente en la reunión fallida del 12 de julio, a pesar de estar en el Congreso ese día. El argumento para no bajar al recinto fue que sabía que el oficialismo no tenía quórum, de ahí que no tenía relevancia su presencia. Sin embargo, respecto de una próxima reunión, parlamentario.com publicó el 27 de julio pasado que fuentes cercanas al gobernador electo ponían en duda que el senador fuera a acompañar una sesión. El gobernador electo de Río Negro irá, ahora más que nunca, tema por tema. De cara a lo que resta hasta el 10 de diciembre, fecha en la que asumirá un nuevo gobierno, desde el entorno del senador aclararon que él va a apoyar lo que favorezca a su provincia y se opondrá a ciertos temas, sobre todo los que interprete que perjudican a Río Negro en particular o al interior en general.
Por lo que pudo saber este medio, Weretilneck no tenía previsto estar esta semana en el recinto, donde el oficialismo querría realizar este jueves la sesión postergada.
Fueron la piedra de la discordia entre el oficialismo y la oposición. Conozca los nombres que estaban previstos para abordar en la frustrada sesión.
El Frente de Todos no logró alcanzar el quórum necesario para sesionar este miércoles y aprobar 75 pliegos de jueces, camaristas, fiscales y defensores. Entre ellos, el de la camarista Ana María Figueroa, el más destacado de todos los puestos a consideración.
A continuación, detallamos los nombres de los pliegos que este miércoles no alcanzaron a tener luz verde en la Cámara alta:
Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 17 de la Capital Federal al doctor Maximiliano Alberto Leandro Callizo;
Jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 7 de la Capital Federal, a la doctora Constanza Borghini;
Jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44 de la Capital Federal a la doctora Paula Ximena Morales;
Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 de la Capital Federal al doctor Marcos Sebastián Wenner;
Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31 de la Capital Federal al doctor Sergio Alejandro Echegaray;
Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 24, a la doctora María Ángeles Ramos;
Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 24, a la doctora María Ángeles Ramos;
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N° 9, al doctor Leonardo César Fillia;
Defensor Público Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 22, al doctor Pablo Amalio Zalazar;
Defensor Público Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 7, al doctor Rolando Boris Vela;
Defensor Público Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 13, al doctor Gonzalo Agustín Freijedo;
Defensor Público Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11, al doctor Mariano Gabriel Juárez;
Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 5, a la doctora María Candelaria Migoya;
Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 12, a la doctora María Lucrecia Sammartino;
Vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N° 1, al doctor Adrián Norberto Martin;
Vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N° 7, al doctor Fernando Gabriel Bellido;
Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11, al doctor Germán Luis Artola;
Defensor Público Curador de la Defensoría General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría N° 12, al doctor Agustín Rivero;
Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 7 de la Capital Federal a la doctora Mariana Salduna;
Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 26 de la Capital Federal al doctor Gabriel Emilio Vandemberg;
Defensor Público Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo
Criminal y Correccional y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11, al doctor Mariano Gabriel Juárez;
Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20 de la Capital Federal al doctor Nicolás Grappasonno;
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 26 de la Capital Federal a la doctora Paula Diana Marinkovic;
Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, al doctor Enrique Nicolás Baronetto;
Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, a la doctora Alfonsina Bava; Defensor Público Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Defensoría N° 2, al doctor Agustín Carrique;
Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a la doctora Verónica Raquel Escribano;
Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal, provincia de Salta, al doctor Luis Francisco Valencia;
Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, a la doctora María José Bonifacino;
Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San Martín, provincia de Buenos Aires, Defensoría N° 4, al doctor Alejandro Marcelo Arguilea;
Fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo de la Capital Federal, Fiscalía N° 7, a la señora doctora Mirta Sonia Álvarez;
Fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo de la Capital Federal, Fiscalía N° 3, a la señora doctora Mónica Sirounian;
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 de la Capital Federal a la señora doctora Lucila Califano;
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 25 de la Capital Federal al señor doctor Leonardo Raúl Vittola;
Juez del Juzgado Nacional de Menores N° 2 de la Capital Federal al señor doctor Pablo Glanc;
Jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58 de la Capital Federal a la señora doctora Natalia Noel Le Pera;
Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero a la señora doctora Ana Carina Farías;
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 2 de la Capital Federal al señor doctor Carlos Gabriel Mallo;
Defensora Pública Oficial ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes a la señora doctora Rosana Leonor Marini;
Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario, provincia de Santa Fe, al señor doctor Román Pablo Lanzón;
Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Jujuy, Fiscalía Nº 1, a la señora doctora Lucía Romina Orsetti;
Defensor Público Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo
Criminal y Correccional y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 9, al señor doctor León Gordon Avalos;
Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de La Rioja al señor doctor José Nicolás Celestino Chumbita;
Vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N° 4, a la señora doctora Paula Norma Gorsd;
Defensor Público Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, al señor doctor Manuel Maximiliano Baillieau;
Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Rosario, provincia de Santa Fe, Fiscalía N°2, al señor doctor Matías Felipe Scilabra;
Defensora Pública Oficial ante la Cámara Federal de Apelaciones y los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, provincia de Buenos Aires, a la señora doctora Rosario Muñoz;
Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, a la señora doctora Marcela Silvina Lamas;
Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, provincia de Santa Fe, Defensoría Nº 3, al señor doctor Ramiro Dillon Villamayor;
Defensor Público Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría Nº 6, al señor doctor Pablo Rovatti;
Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Santiago del Estero a la señora doctora Silvina Soledad Leal Castaño;
Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal al señor doctor Juan Manuel Domínguez;
Defensora Pública de Víctima con asiento en la provincia de Corrientes a la señora doctora Patricia Isabel Kenny;
Fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo de la Capital Federal, Fiscalía N° 4, al señor doctor Carlos Alberto Pietragalla;
Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, a la señora doctora Paula Susana Muniagurria;
Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe al doctor Pablo Andrés Vacani;
Defensora Pública Oficial ante los Juzgados y la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Capital Federal, Defensoría N° 4, a la señora doctora Analía Isabel Cascone;
Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de San Salvador de Jujuy a la doctora María Victoria Nager;
Fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo de la Capital Federal, Fiscalía Nº 1, al doctor Rodrigo Nicolás Sánchez Terlizzi;
Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría Nº 4, a la doctora Laura Isabel Ayala;
Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy al doctor Diego Martín Matteucci;
Defensor Público de Víctima con asiento en la Provincia de Jujuy al doctor Gonzalo Stordeur;
Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, al doctor Marcelo Alejandro Cardozo;
Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Jujuy a la doctora Carina Inés Gregoraschuk;
Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, al doctor Roberto Fernando Minguillón;
Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 20 de la Capital Federal al doctor Juan Manuel Mejuto;
Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, al doctor Martín Luciano Poderti;
Fiscal General Adjunto ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal al doctor Germán Helvio Queipo;
Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán al doctor Fernando Luis Rodolfo Poviña;
Vocal de la Cámara Federal de Casación Penal a la doctora Ana María Figueroa;
Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, provincia de Entre Ríos, al doctor Mauricio Gabriel Zambiazzo;
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 77 de la Capital Federal al doctor Federico Pablo Notrica;
Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de San Rafael, provincia de Mendoza, al doctor Omar Abdón Bittar;
Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Jujuy, Fiscalía Nº2, al doctor Sebastián Gabriel Jure;
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala “C”, al doctor Hernán Diego Papa;
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 102 de la Capital Federal al doctor Eduardo Guillermo Roveda;
Juez de Cámara del Tribunal Oral de Menores N° 3 de la Capital Federal al doctor Gerardo Agustín Pettigiani.
Luego de tres meses sin actividad, la Cámara alta volverá a abrir las puertas del recinto este miércoles para tratar seis proyectos, entre ellos, un abultado paquete de pliegos judiciales en carpeta.
Los últimos días se venía barajando la posibilidad de que el oficialismo convocara a una sesión en el Senado de cara al receso invernal para darle tratamiento a una serie de proyectos que aguardan ser tratados, entre los cuales se encuentra un abultado paquete de pliegos judiciales.
En la tarde de este martes se oficializó la convocatoria a una sesión pública especial para el día miércoles 12 de julio a las 11 para tratar un total de seis proyectos, luego de cuatro meses sin actividad en el recinto, salvo la visita del jefe de Gabinete en el mes de mayo.
Encabeza el temario una serie de pliegos judiciales que el oficialismo busca aprobar rápidamente, ya que se encuentra el de la jueza Ana María Figueroa, pronta a cumplir los 75 años de edad en agosto. La magistrada forma parte de la Cámara Federal de Casación Penal, que debe resolver si las causas de Hotesur-Los Sauces y el Memorándum con Irán, que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner, se vuelven a reabrir o no.
Pero además del pliego de la camarista, a fines de mayo asistieron a audiencia pública otros 46 candidatos a cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores. Además, en carpeta hay otras decenas de dictámenes pendientes del año pasado. Sucede que, en la única sesión que hubo este año -el 13 de abril-, por acuerdo con la oposición solo se avanzó en designaciones para Santa Fe y Córdoba.
Al respecto, desde el interbloque de JxC ya habían anticipado que no están dispuestos a acompañar las designaciones judiciales. Sin embargo, el Frente de Todos tiene los números para el quórum, pero para eso deberá tener asistencia perfecta de su bancada, más sus tres aliados Alberto Weretilneck (JSRN), Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Clara Vega (Hay Futuro Argentina), y estaría en 34. Se le sumarían los miembros del bloque Unidad Federal, cuyo presidente el jujeño Guillermo Snopek, quien en las PASO competirá como precandidato a diputado nacional por una de las listas de Unión por la Patria. También la puntana María Eugenia Catalfamo y Edgardo Kueider.
DPP-17-23-1La convocatoria a sesionar incluye en primer lugar el proyecto proveniente de la Cámara baja que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales, para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas.
En segundo lugar figura un proyecto de ley del senador Pablo Yedlin. Esta iniciativa tiene dictamen desde el 9 de noviembre, y tiene por objeto autorizar en todo el territorio nacional la elaboración, comercialización y consumo de sal de mesa enriquecida con flúor, para colaborar en la prevención de las caries dentales y mejorar la salud bucal de la población.
También ha sido incluido una iniciativa de la senadora sanjuanina Cristina López Valverde, por el que se crea el Programa Nacional Libros para Aprender. Este proyecto tiene dictamen desde el 15 de noviembre de 2022, y se trata de un programa creado por resolución del Ministerio de Educación en noviembre de 2021, que tiene por objeto la entrega individual de libros de texto y de literatura a estudiantes y docentes del nivel inicial, primario, secundario de escuelas públicas y de los Institutos de Formación Docente.
Este programa tiene objetivos dentro y fuera del espacio áulico. Promover el hábito de leer permite no solo la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino también facilitar la apropiación de los bienes culturales y trasladar esta práctica a las familias.
Proveniente de la Cámara baja, se tratará la media sanción que crea el Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Pubertad Precoz. Se trata de una iniciativa que cuenta dictamen desde el 30 de mayo pasado y recibió media sanción de Diputados el 19 de abril de este año.
Este proyecto, que fue impulsado por los diputados Rubén Manzi y Carla Carrizo, tiene como funciones entender en todo lo referente a la investigación, docencia, prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad en sus aspectos médicos y sociales.
También promueve la capacitación, formación y perfeccionamiento de profesionales de la salud en el abordaje y tratamiento de la PPC, como así también generar protocolos de atención de niñas y niños con ese diagnóstico.
Prevé realizar estudios estadísticos sobre la Pubertad Precoz Central que abarquen todo el país, y llevar adelante campañas informativas/educativas destinadas a la comunidad en general y a grupos específicos, tendientes a crear conciencia sobre la enfermedad.
Por último, se tratará otro proyecto proveniente de la Cámara baja y es el que aquel por el que se establecen los procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal.
Un tema que tuvo dictamen el 30 de mayo pasado y fue sancionada también por Diputados el 24 de noviembre. Hablamos de la Ley Johanna, bautizado así por el caso de Johanna Piferrer, impulsora de la iniciativa por haber sido víctima de violencia obstétrica. La iniciativa indica que todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliadas/os, independientemente de la figura jurídica que posean, tendrán a su cargo con carácter obligatorio instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.
Se busca dotar las/os profesionales de la salud, que intervienen al momento del parto, de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas mujeres, personas gestantes y familias que sufren una muerte perinatal. También, posibilitar un ambiente de contención y cuidado, con el acompañamiento de especialistas; y facilitar opciones terapéuticas, gestiones a realizar, documentación a cumplimentar y consultas sucesivas.
La jueza de la Cámara de Casación asistió a defender su pliego. Desde JxC la interrogaron por el rol clave que tiene en causas que involucran a Cristina Kirchner y enfatizó: "No conozco ni donde funciona el Instituto Patria".
Por segundo día consecutivo, la Comisión de Acuerdos del Senado realizó este miércoles una audiencia pública en la que expusieron aspirantes a jueces, fiscales y defensores públicos propuestos por el Gobierno nacional.
Toda la expectativa por las rispideces que pudiese generar su presencia para defender su pliego estaba puesta en la figura de Ana María Figueroa, para quien el Poder Ejecutivo pidió ampliar por cinco años su magistratura, atento a que en agosto cumplirá 75 años.
Vocal de la Cámara Federal de Casación Penal -clave para el oficialismo, en general, y la vicepresidenta de la Nación en particular, por cuanto ese cuerpo debe decidir si ella va o no a juicio por la causa Hotesur-, la jueza recordó al iniciar su exposición que justamente doce años atrás ese mismo Senado le prestaba acuerdo, un 29 de mayo de 2011. “Me da mucha alegría poder estar aquí”, señaló, aclarando que no era tarea sencilla resumir sus 50 años de ejercicio profesional de la profesión.
Recordó haberse recibido en el año 1973, época que definió como “muy especial” y contó que inmediatamente después de recibirse recibió a víctimas y familiares de la represión, y más tarde se convertiría en abogada de organizaciones de derechos humanos.
Figueroa destacó las 1.042 sentencias que ha emitido Casación en materia de cuestiones de género, recordando a su vez que en 2011 “prácticamente no había sentencias de género en el país”. Celebró también “que se haya avanzado tanto en tan poco tiempo”.
Al referirse a las cuestiones de lesa humanidad destacó los números registrados en nuestro país en la materia: 1.425 condenas; 1.126 personas condenadas; 171 absueltas; 297 juicios; 70 en trámite; 717 detenidos. Datos que, contó, llevó a La Haya, sorprendiendo a todos. “En el juzgamiento de personas de lesa humanidad somos ejemplo mundial”, enfatizó, recordando también que cuando la Corte Suprema tuvo el fallo del 2x1, Casación Federal “fue el organismo que no aplicó el fallo”.
Llegó entonces el momento de las preguntas y tomó la posta desde la oposición la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro-JxC), quien leyó lo que ella había declarado ante un medio de comunicación el 18 de diciembre pasado, diciendo que “hubo ensañamiento judicial contra la vicepresidenta”, al tiempo que llamó a confiar en los tres poderes. Por eso consideró que esa declaración le sonaba contradictoria. Y planteó las dudas que le generaban la demora de la jueza en emitir su voto sobre la causa Hotesur/Los Sauces, toda vez que sus dos colegas ya lo habían hecho.
Figueroa contó que podía haber expresado que había habido ensañamiento, pero eso tenía que ver exclusivamente con que “no es habitual que en Argentina a una persona la citen a 8 indagatorias el mismo día. No es razonable eso, no hubo ningún otro caso en la historia”. Y cuestionó también que se hubieran elegido fechas especiales para ella para indagarla. “No me parece correcto contra la vicepresidenta, ni contra cualquier ciudadano”, dijo.
La camarista agregó que en ese momento estaban en “un período de debate con los dos colegas. Hasta el lunes estuvimos charlando del tema”, remarcando que siempre buscan “llegar a consensos en temas tan graves. No es tan sencillo como con un tema simple. Con ellos estamos permanentemente debatiendo”, y aclaró que estaban “en el secreto del debate” y no podía referirse al tema. Habían resuelto además no seguir anotando las circulaciones dentro del sistema Lex100 “para que no haya presiones, pero estamos llegando a buen consenso”.
“Pierda cuidado que no tengo ningún feedback con el Poder Ejecutivo para dar mi fallo según me den el acuerdo o no”, aseguró.
El otro legislador opositor que hizo preguntas fue el riojano Julio Martínez (UCR-JxC), quien arrancó enmarcando la situación en la que se había llegado a esta audiencia. Subrayó que “desde hace 3 años y medio el Congreso, y en especial el Senado, está atravesado prioritariamente por una agenda judicial”. Y ahora, destacó, “el Senado está paralizado”. Pero advirtió que “hoy se mueve, ayer y hoy hubo mucha actividad gracias a usted, y el interés que tiene el oficialismo y Cristina Kirchner en que siga siendo jueza”.
“¿A qué cree que se debe el interés del oficialismo? ¿A que su pliego sea tratado? ¿Por cuál de todas estas causas hay interés en que usted siga?”, preguntó, y enumeró luego casos como el de los jueces Carlos Fayt, Raúl Zaffaroni y Elena Highton de Nolasco, en los que el oficialismo y el kirchnerismo habían estado siempre en contra de que siguieran en sus cargos más allá de haber cumplido la edad jubilatoria. “Ahora están a favor. ¿Por qué cree que están a favor de su continuidad? -insistió-. ¿Por su posición sobre la Ley del Arrepentido, que la consideró inconstitucional? ¿Será porque está en Hotesur y Los Sauces? ¿Será porque usted manifestó que hubo un ensañamiento contra la vicepresidenta? ¿Será porque criticó a (Claudio) Bonadio por las citaciones en un mismo día, o porque denunció aprietes de la mesa judicial macrista, algo que tiene el beneplácito de la bancada oficialista?”.
Y concluyó advirtiendo “mucha desprolijidad” en cómo se estaba dando la situación, que podía llevar a algunos a pensar que ella estuviera demorando su voto sobre CFK en función de si le daban o no el acuerdo para continuar en el cargo.
Figueroa contestó que a los jueces no les gusta que los conflictos de la política se judicialicen. “Pero cuando los tenemos en nuestras manos, asumimos nuestra responsabilidad. Lo hacemos siempre ajustados a derecho”, sostuvo.
“Nadie puede objetar de mi persona mi imparcialidad”, aseveró, y puso como ejemplo a los imputados de crímenes de lesa humanidad, que por haber sido ella abogada de organizaciones de derechos humanos podían haberla puesto en duda. Sin embargo, aseguró que “más de un defensor oficial me dice que condenados a perpetua han dicho ‘la doctora Figueroa es justa’”.
Respecto de los dichos de Zaffaroni a favor de que los jueces no continúen en sus cargos más allá de los 75 años, señaló con ironía: “Después se consideró muy idóneo, porque estuvo después 5 años al frente de la CIDH”. Aclaró además que la ley establece que toda persona puede pedir acuerdo nuevamente al cumplir los 75, y lo que viene después es “un proceso complicado”. Pero enfatizó que “realmente es atribución de todo el sistema institucional establecer si alguien está en condición física, intelectual, de formación, si puede o no continuar en el cargo”.
“Yo creo que estoy en condiciones, sino no lo hubiera hecho”, aseguró y, ante la pregunta de por qué creía que este mismo oficialismo le había negado a otros lo que ahora pedía para ella, respondió: “Es un tema de discrecionalidad del presidente de la Nación. Esto se lo debe contestar el presidente”. “Y la vice…”, retrucó Martínez.
Por último, ante la pregunta referida a la reactivación del Senado, Figueroa dijo: “Si es así, bienvenido. Ojalá haya sido por mí que la tercera parte de las vacantes en el Poder Judicial se cubran de una buena vez”.
Al momento de repreguntar, el riojano le consultó a Figueroa si “en esta nueva etapa va a pagar impuesto a las Ganancias” y “si ha conversado con miembros del Ejecutivo, del Legislativo, del Instituto Patria o de alguien cercano al oficialismo” sobre su postulación.
“No cree pertinente, debido a que hay un fallo que depende de usted, que afecta o favorece a la vicepresidencia de la Nación y su familia, ¿no cree oportuno apartarse de este tema?”, insistió el senador y apuntó que su apartamiento sería “para darle una mayor credibilidad” al eventual fallo.
De forma acotada, la camarista le respondió: “No conozco ni donde funciona el Instituto Patria, ni he tenido conversaciones con el Poder Ejecutivo de ninguna índole”.
Finalmente, tomó la palabra el jefe del interbloque oficialista, José Mayans (FNyP-FdT), quien hizo una larga intervención en la que cuestionó la Corte Suprema y fustigó a sus pares de Juntos por el Cambio. “Usted hizo que toda esta gente venga”, lanzó, y aunque destacó la participación habitual del radical Pablo Blanco y la macrista Guadalupe Tagliaferri en las audiencias, criticó que los opositores “aparecen para hacer dar la nota. Después se van, no queda ni el loro acá”.
El formoseño aprovechó para cuestionar que “hasta ayer uno de los heroes del sistema era (el fiscal Guillermo) Marijuan, que se dedicaba a hacer pozos”, en alusión a los allanamientos años atrás en propiedades de Lázaro Báez, pero “desde ayer, que dice que no tiene pruebas”, al pedir el sobreseimiento de CFK, “pobre Marijuan… le dan de mañana, tarde, noche; ahora es el fiscal más corrupto”.
“La vergonzosa actuación de miembros de la Corte es lo que está poniendo en peligro la institucionalidad argentina”, consideró y, por el contrario, elogió a Figueroa: “Para nosotros es un honor tenerla a usted acá en el Congreso por lo que ha hecho en su trabajo en el Poder Judicial y la verdad que el papa (Francisco) tiene 80 años, y el presidente de los Estados Unidos (Joe Biden), que ahora se va a postular de nuevo tiene 80 años, y Fayt tenía 95 y decían ‘qué brillante Fayt’, que ya ni hablaba, se manejaba por señas”. Entonces, observó que a la jueza se la ve “plena, con ganas de seguir aportando y con una trayectoria indiscutible. Y eso la hace digna a usted”.
“Necesitamos personas como usted en el Poder Judicial, que no se dejen presionar por el poder mediático ni por la mafia que amenaza a los jueces que no responden a sus intereses, ni por los sectores políticos que están arrodillados ante esos poderes”, completó el presidente del FdT.
Otra veintena de candidatos defendieron sus pliegos
La audiencia de este miércoles se extendió por más de seis horas y por el Salón Illia desfilaron 23 postulantes, en su mayoría candidatos a cubrir vacantes en fiscalías y juzgados de la Capital Federal, en el fuero laboral, en el civil y comercial y en lo criminal y correccional.
Las preguntas de los senadores giraron en torno a la postura de los aspirantes sobre el pago del impuesto a las Ganancias, la capacitación en Ley Micaela y también la cuestión del traspaso de la justicia nacional a CABA.
Sobre este último tema, Juan Manuel Domínguez, propuesto como fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, advirtió que “la competencia de la justicia nacional del trabajo no solamente cumple una función de justicia ordinaria”, sino que “es aparte competente cuando está demandado el Estado Nacional, sus reparticiones autárquicas y las empresas públicas con componente nacional”. Asimismo, puede “revisar materia sindical del Ministerio de Trabajo”.
Por eso, “más allá de la opinión que podría merecer el traspaso, al momento en que se hagan los acuerdos debería tenerse en cuenta esa situación. No podría trasladarse la totalidad de la justicia del trabajo sin rediseñar ese aspecto de la competencia”, sugirió.
Por su parte, Pablo Glanc, propuesto como juez del Juzgado Nacional de Menores N°2 de la Capital Federal, fue consultado por la senadora Tagliaferri sobre “la necesidad de generar una ley procesal penal-juvenil” y si cree que eso “sería de utilidad para no estar dentro del modelo de tutelaje, entendiendo que muchas veces los niños y adolescentes vienen con situaciones de vulnerabilidad, que terminan lamentablemente en situaciones de delito”.
“Considero fundamental y más que necesaria la reforma del régimen penal juvenil, que data de la última dictadura. El 95% de la biblioteca dice que hay que modificarlo”, afirmó el candidato, que recomendó que el tema de la edad se podría dejar “para otro momento” y avanzar de una vez “en lo que la mayoría está de acuerdo” porque “la ley actual permite mucha discrecionalidad y eso nunca es bueno”.
Tagliaferri también consultó por una serie de impugnaciones que recibió Hernán Diego Papa, candidato a vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal.
La Comisión de Acuerdos, en la que fue ratificada como presidenta Anabel Fernández Sagasti, interrogó a más de una veintena de postulantes. El reclamo por la implementación del sistema acusatorio.
La Comisión de Acuerdos del Senado llevó a cabo este martes la primera de las dos audiencias programadas para evaluar los pliegos de 47 candidatos a cubrir vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías de distintos puntos del país.
En el arranque, en un breve trámite sin discusión, fueron ratificadas las autoridades: la mendocina kirchnerista Anabel Fernández Sagasti como presidenta; la porteña del Pro Guadalupe Tagliaferri como vice; y la misionera Magdalena Solari Quintana, aliada del oficialismo, como secretaria.
En la primera jornada los senadores interrogaron a 24 postulantes, propuestos por el Poder Ejecutivo. En tanto, este miércoles asistirán los restantes, entre los que se encuentra la jueza Ana María Figueroa como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, quien en agosto próximo cumplirá 75 años. La magistrada tiene un voto determinante en causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Además de los jueces Diego Barroetevaña y Daniel Petrone, Figueroa deberá decidir sobre los planteos para que las causas del Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces se vuelvan a reabrir o no.
Interna santafesina
De los candidatos que expusieron este martes, cuatro correspondían a la provincia de Santa Fe, y tres específicamente a Rosario. Román Lanzón, propuesto como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario, arrancó su presentación: “Como todos sabemos la jurisdicción de Rosario está atravesando una situación realmente muy problemática, particular y coyuntural muy especial, no vinculada exclusivamente al tráfico de estupefacientes, porque ese flagelo trasciende las fronteras de la provincia de Santa Fe, es una problemática nacional; pero sí en lo que hace al aumento de la tasa de litigiosidad penal a niveles exponenciales y a un grado de violencia urbana inusitada, que no solo impacta en el fuero federal sino también en el fuero provincial”.
Por otra parte, consideró que “hay una ventaja que tiene la provincia de Santa Fe, no son todas cosas negativas, y es que hace aproximadamente una década tiene implementado un Código Procesal Penal Acusatorio Adversarial que tiene la misma impronta ideológica y operativa que el Código Procesal Penal que fue sancionado por este Congreso allá por 2014 y espero prontamente pueda ponerse en funcionamiento en Rosario y el resto del país, como había sido propuesto por la Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código”.
A su turno, Matías Scilabra, candidato a fiscal ante los juzgados de primera instancia de Rosario, Fiscalía N°2, detalló que “en el año 2022 en esta fiscalía federal ingresaron 1.500 nuevas causas, de las cuales 500 fueron civiles y 1.000 penales. De estas causas penales, el 80% representaron causas vinculadas a la Ley de Drogas, esto tiene también que ver con que en Santa Fe no está desfederalizado el narcomenudeo”.
Los otros postulantes que se presentaron este martes fueron Ramiro Villamayor, propuesto como defensor público ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, Defensoría N°3; y Pablo Vacani, como defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe.
Precisamente mientras exponía Vacani, el senador Dionisio Scarpin (UCR-JxC) reclamó con énfasis al jefe del interbloque oficialista, José Mayans, que “se ponga en funcionamiento la bicameral” encargada del control y monitoreo de implementación del Código Procesal Penal, pedido que se acrecentó en marzo pasado con la escalada de violencia narco en Rosario y que fue uno de los puntos centrales durante el debate de la Ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal santafesina. Si bien Diputados ya nombró a sus representantes en la comisión, el Senado todavía no lo hizo.
El legislador de Juntos por el Cambio solicitó que “se designen las personas que hacen falta para que funcione el sistema”. “Dejemos de dar vueltas. Designen los representantes y empecemos a laburar”, expresó y cuestionó el sistema actual que “es obsoleto, viejo, poco transparente, totalmente ineficiente, se dilapidan recursos y lo peor de todo es que no le podemos resolver los problemas a la gente”.
“El Código Procesal Penal fue sancionado en diciembre de 2014 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”, recordó el senador Oscar Parrilli (UC-FdT) y apuntó que “el gobierno del macrismo, del cual estos senadores parecen extraterrestres, lo derogó, lo freezó”. “Todos estamos de acuerdo en implementar el Código Procesal Penal, no solo en Santa Fe, en todo el país, Santa Fe no es una isla, sino pareciera que acá lo único que interesa es la isla de Santa Fe. Si hay responsabilidades son del macrismo”, agregó.
Salió a responderle la senadora Carolina Losada (UCR-JxC), quien minutos antes había tenido un cruce con Mayans. “Parece que el senador Parilli viviera en Narnia, y la verdad que tomo muy ofensivo que hable de la isla de Santa Fe, porque debería como senador de la Nación saber la situación que estamos viviendo. Se sigue basando en el ‘ah, pero Macri’ ya la verdad apolillado, les pido que busquen otra, porque quedan en ridículo insistentemente”, lanzó la precandidata a gobernadora dentro del “Frente de Frentes”, donde competirá en la interna contra Maximiliano Pullaro y Mónica Fein.
Pero además, la radical cargó contra el precandidato a gobernador del peronismo, el senador Marcelo Lewandowski: “Si usted realmente cree que Santa Fe es una isla pregúntele los casos al senador Lewandowski que lo tiene al lado, aunque tampoco la tiene muy clara porque por algo no quiso acompañar el proyecto de infancias protegidas, ni el de emergencia de seguridad para Santa Fe, porque parece que desconoce la situación y tampoco quiso firmar el proyecto de fortalecimiento de la justicia federal”. “Que después se maquille un poquito y diga que lo quiso tratar sobre tablas no quiere decir que lo haya querido impulsar, todo lo contrario”, se quejó.
Lewandowski recogió el guante y le contestó: “Tiene un problemita de comprensión de texto la senadora, porque ya demostré 100 veces que presenté un proyecto que no era similar al que presentó ella, y lo presenté antes, y hasta le pedí a la senadora y a Scarpin que me acompañaran en mi oficina”.
Y cuestionó si cree que “todo lo que presenta todos lo tenemos que acompañar creyendo que es la verdad revelada… si creen que a las infancias las vamos a proteger por una ley, a las infancias las vamos a proteger dándoles más alimentos, más salud, más educación”. Y dijo que eso se hace con “una inversión concreta y directa” y “metiéndonos todos los días de la semana en Rosario y en toda la provincia, no viviendo afuera y llegando cada tanto”.
Pusieron la lupa sobre dos candidatos de Jujuy
Entre las designaciones que se evaluaron hubo candidatos a cubrir cargos en Santiago del Estero, Corrientes, Rosario y ciudad de Santa Fe, Jujuy, La Rioja, Mar del Plata (provincia de Buenos Aires), Puerto Iguazú (Misiones), Tucumán, Paraná (Entre Ríos) y San Rafael (Mendoza). A todos se les consultó su visión sobre el impuesto a las Ganancias y respondieron favorablemente en relación a la ley que se votó en 2017.
Al exponer Diego Martín Matteucci, propuesto como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, la senadora Silvia Giacoppo (UCR-JxC) lo consultó por dos impugnaciones en su contra. “Como jujeña tengo la responsabilidad de que usted me responda, porque no lo hizo en forma satisfactoria cuando recibió las impugnaciones sobre dos temas que para mí no son graves, sino son gravísimos”, planteó la legisladora.
En primer lugar se refirió a que “en el año 2018, cuando se desempeñaba como secretario penal del Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 de Jujuy, tras realizarse un control en un depósito bajo su responsabilidad se constató el faltante de 58 kilos de cocaína y dinero que fue incautado en distintos procedimientos”. “¿La sentencia que lo sobresee está firme?”, interrogó entre otras consultas.
El postulante aclaró que cuando concursó “no tenía ninguna causa” en la que estuviera imputado y que en la causa de ese hecho “hubo una sola persona imputada”, pero luego en una investigación que se desprendió “se quiso analizar mi conducta por los supuestos incumplimientos de deberes de funcionario público y cuestiones relativas a mi accionar”. Sin embargo, en una resolución de la que participaron la Procunar, fiscales y jueces de Salta y Jujuy, fue sobreseído. “El fallo se encuentra firme y consentido”, afirmó Matteucci e incluso defendió que “este faltante se había podido descubrir a partir de los mayores controles y mayor rigurosidad que tuve yo”.
Luego Giacoppo lo consultó por una denuncia de acoso laboral y sexual, que “surge de un mail en el cual una madre pide ayuda en forma anónima, diciendo que no va a dar los datos de su hija, que es una dependiente de su juzgado, porque tiene miedo a represalias”. “Me veo en absoluta indefensión de contestar algo que no sé de dónde viene y que claramente niego rotundamente”, dijo el postulante y agregó: “Nunca he recibido algo ni siquiera parecido a esto, escapa a mí poder saber de dónde viene. Sé que no tiene ningún asidero posible”. También aseguró no haber sido notificado y que se había enterado el día anterior a la audiencia, aunque la senadora recordó que la denuncia fue radicada el 16 de este mes.
La senadora jujeña también realizó numerosas preguntas por varias impugnaciones a Carina Gregoraschuk, postulada como jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Jujuy.
Será durante este martes y miércoles, a partir de las 10 en el Salón Illia. Una de las designaciones es la de la jueza Ana María Figueroa en la Cámara de Casación.
El oficialismo en el Senado buscará reactivar la Comisión de Acuerdos para tratar un paquete de 47 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, que proponen candidatos para cubrir vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías.
Se trata de expedientes que tomaron estado parlamentario al comienzo de la única sesión que hubo este año, el 13 de abril pasado, exceptuando la preparatoria de febrero.
En la primera de las reuniones, convocada para este martes a las 11 en el Salón Illia, deberá primero realizarse la designación de autoridades. Hasta ahora, en la Cámara alta solo se han conformado unas pocas comisiones, donde, pese a los cambios en los bloques, se mantuvieron las presidencias en manos del oficialismo. Durante los últimos tres años, Acuerdos estuvo a cargo de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, a quien el Frente de Todos buscará ratificar.
Para la firma de los dictámenes, el oficialismo cuenta con mayoría en la comisión, pero el panorama para reunir quórum para una eventual sesión donde se traten los pliegos es imposible sin acompañamiento de la oposición. Además de la mayoría simple que requiere para su aprobación.
El FdT cuenta con 31, y más sus tres aliados habituales (Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana y Clara Vega) llegaría a 34, con asistencia perfecta. Pero necesita de tres más para abrir la reunión, es decir, 37, algo que no se puede sin Juntos por el Cambio o el peronismo disidente.
Entre los 47 pliegos se destaca la postulación para dar continuidad en su cargo a la jueza Ana María Figueroa como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, quien en agosto próximo cumplirá 75 años. La magistrada tiene un voto determinante en causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Además de los jueces Diego Barroetevaña y Daniel Petrone, Figueroa deberá decidir sobre los planteos para que las causas del Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces se vuelvan a reabrir o no.
Audiencias previstas
Martes 30 de mayo a las 10
PE Nº 23/23 – MENSAJE Nº 19/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZA DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE SANTIAGO DEL ESTERO, PROV. HOMÓNIMA A LA DRA. ANA CARINA FARIAS.
PE Nº 39/23 – MENSAJE N° 35/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE SANTIAGO DEL ESTERO, PROV. DE SANTIAGO DEL ESTERO, A LA DRA. SILVINA SOLEDAD LEAL CASTAÑO.
PE Nº 25/23 – MENSAJE N° 21/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CORRIENTES, PROV. DE CORRIENTES, LA DRA. ROSANA LEONOR MARINI.
PE Nº 41/23 – MENSAJE N° 37/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA DE VÍCTIMA CON ASIENTO EN LA PROV. DE CORRIENTES, A LA DRA. PATRICIA ISABEL KENNY.
PE Nº 26/23 – MENSAJE N° 22/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 2 DE ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AL DR. ROMÁN PABLO LANZON.
PE Nº 34/23 – MENSAJE N° 30/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, FISCALÍA Nº 2, AL DR. MATÍAS FELIPE SCILABRA.
PE Nº 37/23 – MENSAJE N° 33/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL FEDERAL DE ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, DEFENSORÍA N° 3, AL DR. RAMIRO DILLON VILLAMAYOR.
PE Nº 44/23 – MENSAJE N° 40/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE EL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AL DR. PABLO ANDRÉS VACANI.
PE Nº 27/23 – MENSAJE N° 23/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE JUJUY, PROV. DE JUJUY, FISCALÍA N° 1, A LA DRA. LUCÍA ROMINA ORSETTI.
PE Nº 36/23 – MENSAJE N° 32/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN, PROV. DE JUJUY, A LA DRA. MARCELA SILVINA LAMAS.
PE Nº 46/23 – MENSAJE N° 42/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN SALVADOR DE JUJUY, PROV. DE JUJUY, A LA DRA. MARÍA VICTORIA NAGER.
PE Nº 49/23 – MENSAJE N° 45/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE JUJUY, PROV. DE JUJUY, AL DR. DIEGO MARTÍN MATTEUCCI.
PE Nº 50/23 – MENSAJE N° 46/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO DE VÍCTIMA CON ASIENTO EN LA PROV. DE JUJUY, AL DR. GONZALO STORDEUR.
PE Nº 52/23 – MENSAJE N° 48/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZA DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE JUJUY, PROV. DE JUJUY, A LA DRA. CARINA INÉS GREGORASCHUK.
PE Nº 63/23 – MENSAJE Nº 59/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE JUJUY, PROV. DE JUJUY, FISCALÍA Nº 2, AL DR. SEBASTIÁN GABRIEL JURE.
PE Nº 31/23 – MENSAJE N° 27/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA RIOJA, PROV. DE LA RIOJA, AL DR. JOSÉ NICOLÁS CELESTINO CHUMBITA.
PE Nº 33/23 – MENSAJE N° 29/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE MAR DEL PLATA, PROV. DE BS. AS, AL DR. MANUEL MAXIMILIANO BAILLIEAU.
PE Nº 43/23 – MENSAJE N° 39/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA DE MAR DEL PLATA, PROV. DE BS. AS., A LA DRA. PAULA SUSANA MUNIAGURRIA.
PE Nº 53/23 – MENSAJE N° 49/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA, PROV. DE BS. AS., AL DR. ROBERTO FERNANDO MINGUILLON.
PE Nº 55/23 – MENSAJE N° 51/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA, PROV. DE BS. AS., AL DR. MARTÍN LUCIANO PODERTI.
PE Nº 51/23 – MENSAJE N° 47/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO IGUAZÚ, PROV. DE MISIONES, AL DR. MARCELO ALEJANDRO CARDOZO.
PE Nº 58/23 – MENSAJE Nº 54/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR VOCAL DE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE TUCUMÁN, PROV. DE TUCUMÁN, AL DR. FERNANDO LUIS RODOLFO POVIÑA.
PE Nº 60/23 – MENSAJE Nº 56/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE EL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE PARANÁ, PROV. DE ENTRE RÍOS, AL DR. MAURICIO GABRIEL ZAMBIAZZO
PE Nº 62/23 – MENSAJE Nº 58/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN RAFAEL, PROV. DE MENDOZA, AL DR. OMAR ABDÓN BITTAR.
Miércoles 31 de mayo a las 10
PE Nº 17/23 – MENSAJE Nº 13/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, FISCALÍA Nº 7, A LA DRA. MIRTA SONIA ALVAREZ
PE Nº 18/23 – MENSAJE Nº 14/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, FISCALÍA Nº 3, A LA DRA. MÓNICA SIROUNIAN.
PE Nº 19/23 – MENSAJE Nº 15/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZA DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 9 DE LA CAPITAL FEDERAL, A LA DRA. LUCILA CALIFANO
PE Nº 20/23 – MENSAJE Nº 16/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 25 DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. LEONARDO RAÚL VITTOLA.
PE Nº 21/23 – MENSAJE Nº 17/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE MENORES Nº 2 DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. PABLO GLANC.
PE Nº 22/23 – MENSAJE Nº 18/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZA DEL JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N°58 DE LA CAPITAL FEDERAL A LA DRA. NATALIA NOEL LE PERA.
PE Nº 24/23 – MENSAJE Nº 20/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL N°2 DE LA CAPITAL FEDERAL AL DR. CARLOS GABRIEL MALLO.
PE Nº 28/23 – MENSAJE N° 24/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 102, DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. EDUARDO GUILLERMO ROVEDA.
PE Nº 29/23 – MENSAJE N° 25/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL Y CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, DEFENSORÍA N° 9, AL DR. LEÓN GORDON AVALOS.
PE Nº 30/23 – MENSAJE N° 26/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR VOCAL DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA C, AL DR. HERNÁN DIEGO PAPA.
PE Nº 32/23 – MENSAJE N° 28/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR VOCAL DE LA CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, VOCALÍA Nº 4, A LA DRA. PAULA NORMA GORSD.
PE Nº 35/23 – MENSAJE N° 31/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES Y LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SAN MARTÍN, PROV. DE BS. AS., A LA DRA. ROSARIO MUÑOZ.
PE Nº 38/23 – MENSAJE N° 34/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL Y CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, DEFENSORÍA N.º 6, AL DR. PABLO ROVATTI.
PE Nº 40/23 – MENSAJE N° 36/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL GENERAL ANTE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. JUAN MANUEL DOMINGUEZ.
PE Nº 42/23 – MENSAJE N° 38/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, FISCALÍA Nº 4, AL DR. CARLOS ALBERTO PIETRAGALLA.
PE Nº 45/23 – MENSAJE N° 41/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS Y LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, DEFENSORÍA Nº 4, A LA DRA. ANALÍA ISABEL CASCONE.
PE Nº 47/23 – MENSAJE N° 43/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, FISCALÍA Nº 1, AL DR. RODRIGO NICOLÁS SANCHEZ TERLIZZI.
PE Nº 48/23 – MENSAJE N° 44/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, DEFENSORÍA Nº 4, A LA DRA. LAURA ISABEL AYALA
PE Nº 54/23 – MENSAJE N° 50/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL Nº 20 DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. JUAN MANUEL MEJUTO.
PE Nº 56/23 – MENSAJE N° 52/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL GENERAL ADJUNTO ANTE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. GERMÁN HELVIO QUEIPO.
PE Nº 57/23 – MENSAJE N° 53/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL DE MENORES Nº 3 DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. GERARDO AGUSTÍN PETTIGIANI
PE Nº 59/23 – MENSAJE Nº 55/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR VOCAL DE LA CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL, A LA DRA. ANA MARÍA FIGUEROA
PE Nº 61/23 – MENSAJE Nº 57/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 77 DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. FEDERICO PABLO NOTRICA.
Unos 47 pliegos serán analizados en la Comisión de Acuerdos, que tiene previstas las reuniones para el 30 y 31 de mayo. Una de las designaciones es la de la jueza Ana María Figueroa en la Cámara de Casación.
En un año que ha comenzado sin ritmo en el Senado, producto de la pérdida de la condición de primera minoría del oficialismo, se buscará avanzar la semana próxima con el trámite correspondiente a la designación de jueces, fiscales y defensores.
Durante la única sesión de este año -exceptuando la preparatoria de febrero- tomó estado parlamentario un abultado paquete de pliegos judiciales enviado por el Poder Ejecutivo, cuyos postulantes asistirán a las audiencias públicas previstas para el martes 30 y miércoles 31 de mayo.
En la primera de las reuniones deberá primero realizarse la designación de autoridades. Hasta ahora, en la Cámara alta solo se han conformado dos comisiones, donde, pese a los cambios en los bloques, se mantuvieron las presidencias en manos del oficialismo. Durante los últimos tres años, Acuerdos estuvo a cargo de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.
Aunque estos pliegos requieren de mayoría simple para su aprobación, esto es 37 legisladores, el Frente de Todos tendrá complicado el trámite en el recinto sin acompañamiento de la oposición, esto es Juntos por el Cambio y el peronismo disidente. Es que, con toda la bancada completa llega a 31 y más sus tres aliados habituales (Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana y Clara Vega), estaría en 34.
Entre los 47 pliegos se destaca la postulación para dar continuidad en su cargo a la jueza Ana María Figueroa como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, quien en agosto próximo cumplirá 75 años. La magistrada tiene un voto determinante en causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Además de los jueces Diego Barroetevaña y Daniel Petrone, Figueroa deberá decidir sobre los planteos para que las causas del Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces se vuelvan a reabrir o no.
Audiencias previstas
Martes 30 de mayo a las 10
PE Nº 23/23 - MENSAJE Nº 19/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZA DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE SANTIAGO DEL ESTERO, PROV. HOMÓNIMA A LA DRA. ANA CARINA FARIAS.
PE Nº 39/23 - MENSAJE N° 35/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE SANTIAGO DEL ESTERO, PROV. DE SANTIAGO DEL ESTERO, A LA DRA. SILVINA SOLEDAD LEAL CASTAÑO.
PE Nº 25/23 - MENSAJE N° 21/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CORRIENTES, PROV. DE CORRIENTES, LA DRA. ROSANA LEONOR MARINI.
PE Nº 41/23 - MENSAJE N° 37/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA DE VÍCTIMA CON ASIENTO EN LA PROV. DE CORRIENTES, A LA DRA. PATRICIA ISABEL KENNY
PE Nº 26/23 - MENSAJE N° 22/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 2 DE ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AL DR. ROMÁN PABLO LANZON.
PE Nº 34/23 - MENSAJE N° 30/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, FISCALÍA Nº 2, AL DR. MATÍAS FELIPE SCILABRA.
PE Nº 37/23 - MENSAJE N° 33/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL FEDERAL DE ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, DEFENSORÍA N° 3, AL DR. RAMIRO DILLON VILLAMAYOR.
PE Nº 44/23 - MENSAJE N° 40/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE EL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AL DR. PABLO ANDRÉS VACANI.
PE Nº 27/23 - MENSAJE N° 23/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE JUJUY, PROV. DE JUJUY, FISCALÍA N° 1, A LA DRA. LUCÍA ROMINA ORSETTI.
PE Nº 36/23 - MENSAJE N° 32/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN, PROV. DE JUJUY, A LA DRA. MARCELA SILVINA LAMAS.
PE Nº 46/23 - MENSAJE N° 42/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN SALVADOR DE JUJUY, PROV. DE JUJUY, A LA DRA. MARÍA VICTORIA NAGER.
PE Nº 49/23 - MENSAJE N° 45/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE JUJUY, PROV. DE JUJUY, AL DR. DIEGO MARTÍN MATTEUCCI.
PE Nº 50/23 - MENSAJE N° 46/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO DE VÍCTIMA CON ASIENTO EN LA PROV. DE JUJUY, AL DR. GONZALO STORDEUR.
PE Nº 52/23 - MENSAJE N° 48/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZA DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE JUJUY, PROV. DE JUJUY, A LA DRA. CARINA INÉS GREGORASCHUK.
PE Nº 63/23 - MENSAJE Nº 59/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE JUJUY, PROV. DE JUJUY, FISCALÍA Nº 2, AL DR. SEBASTIÁN GABRIEL JURE.
PE Nº 31/23 - MENSAJE N° 27/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA RIOJA, PROV. DE LA RIOJA, AL DR. JOSÉ NICOLÁS CELESTINO CHUMBITA.
PE Nº 33/23 - MENSAJE N° 29/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE MAR DEL PLATA, PROV. DE BS. AS, AL DR. MANUEL MAXIMILIANO BAILLIEAU.
PE Nº 43/23 - MENSAJE N° 39/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA DE MAR DEL PLATA, PROV. DE BS. AS., A LA DRA. PAULA SUSANA MUNIAGURRIA.
PE Nº 53/23 - MENSAJE N° 49/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA, PROV. DE BS. AS., AL DR. ROBERTO FERNANDO MINGUILLON.
PE Nº 55/23 - MENSAJE N° 51/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA, PROV. DE BS. AS., AL DR. MARTÍN LUCIANO PODERTI.
PE Nº 51/23 - MENSAJE N° 47/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO IGUAZÚ, PROV. DE MISIONES, AL DR. MARCELO ALEJANDRO CARDOZO.
PE Nº 58/23 - MENSAJE Nº 54/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR VOCAL DE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE TUCUMÁN, PROV. DE TUCUMÁN, AL DR. FERNANDO LUIS RODOLFO POVIÑA.
PE Nº 60/23 - MENSAJE Nº 56/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE EL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE PARANÁ, PROV. DE ENTRE RÍOS, AL DR. MAURICIO GABRIEL ZAMBIAZZO
PE Nº 62/23 - MENSAJE Nº 58/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN RAFAEL, PROV. DE MENDOZA, AL DR. OMAR ABDÓN BITTAR.
Miércoles 31 de mayo a las 10
PE Nº 17/23 - MENSAJE Nº 13/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, FISCALÍA Nº 7, A LA DRA. MIRTA SONIA ALVAREZ
PE Nº 18/23 - MENSAJE Nº 14/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, FISCALÍA Nº 3, A LA DRA. MÓNICA SIROUNIAN.
PE Nº 19/23 - MENSAJE Nº 15/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZA DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 9 DE LA CAPITAL FEDERAL, A LA DRA. LUCILA CALIFANO
PE Nº 20/23 - MENSAJE Nº 16/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 25 DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. LEONARDO RAÚL VITTOLA.
PE Nº 21/23 - MENSAJE Nº 17/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE MENORES Nº 2 DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. PABLO GLANC.
PE Nº 22/23 - MENSAJE Nº 18/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZA DEL JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N°58 DE LA CAPITAL FEDERAL A LA DRA. NATALIA NOEL LE PERA.
PE Nº 24/23 - MENSAJE Nº 20/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL N°2 DE LA CAPITAL FEDERAL AL DR. CARLOS GABRIEL MALLO.
PE Nº 28/23 - MENSAJE N° 24/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 102, DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. EDUARDO GUILLERMO ROVEDA.
PE Nº 29/23 - MENSAJE N° 25/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL Y CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, DEFENSORÍA N° 9, AL DR. LEÓN GORDON AVALOS.
PE Nº 30/23 - MENSAJE N° 26/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR VOCAL DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA C, AL DR. HERNÁN DIEGO PAPA.
PE Nº 32/23 - MENSAJE N° 28/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR VOCAL DE LA CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, VOCALÍA Nº 4, A LA DRA. PAULA NORMA GORSD.
PE Nº 35/23 - MENSAJE N° 31/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES Y LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SAN MARTÍN, PROV. DE BS. AS., A LA DRA. ROSARIO MUÑOZ.
PE Nº 38/23 - MENSAJE N° 34/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL Y CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, DEFENSORÍA N.º 6, AL DR. PABLO ROVATTI.
PE Nº 40/23 - MENSAJE N° 36/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL GENERAL ANTE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. JUAN MANUEL DOMINGUEZ.
PE Nº 42/23 - MENSAJE N° 38/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, FISCALÍA Nº 4, AL DR. CARLOS ALBERTO PIETRAGALLA.
PE Nº 45/23 - MENSAJE N° 41/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS Y LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, DEFENSORÍA Nº 4, A LA DRA. ANALÍA ISABEL CASCONE.
PE Nº 47/23 - MENSAJE N° 43/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, FISCALÍA Nº 1, AL DR. RODRIGO NICOLÁS SANCHEZ TERLIZZI.
PE Nº 48/23 - MENSAJE N° 44/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, DEFENSORÍA Nº 4, A LA DRA. LAURA ISABEL AYALA
PE Nº 54/23 - MENSAJE N° 50/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL Nº 20 DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. JUAN MANUEL MEJUTO.
PE Nº 56/23 - MENSAJE N° 52/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL GENERAL ADJUNTO ANTE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. GERMÁN HELVIO QUEIPO.
PE Nº 57/23 - MENSAJE N° 53/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL DE MENORES Nº 3 DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. GERARDO AGUSTÍN PETTIGIANI
PE Nº 59/23 - MENSAJE Nº 55/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR VOCAL DE LA CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL, A LA DRA. ANA MARÍA FIGUEROA
PE Nº 61/23 - MENSAJE Nº 57/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 77 DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. FEDERICO PABLO NOTRICA
Las designaciones habían sido avaladas en la Comisión de Acuerdos el pasado 15 de septiembre. La votación fue por 63 votos positivos.
Tras siete meses con dictamen, y ante la atención que suscita la situación por el narcotráfico en la provincia de Santa Fe, el Senado avaló este jueves, en su primera sesión del año, tres pliegos de jueces para Rosario. La votación fue unánime, por 63 votos afirmativos.
Concretamente, se trata de las designaciones de Gastón Alberto Salmain (Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 de Rosario), Elena Beatriz Dilario y Eduardo Daniel Rodrigues da Cruz (ambos para la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario), cuyos nombramientos habían tenido aval en la Comisión de Acuerdos el pasado 15 de septiembre.
Además, se aprobó un conjunto de pliegos para cubrir cargos en la provincia de Córdoba: Pablo Gustavo Montesi (Juzgado Federal de Primera Instancia de San Francisco); Ernesto José Cano (conjuez en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba); y Mariano Longarini (Juzgados Federales de Primera Instancia de la Jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba).
También se votó la designación de Ana María Blanco como defensora pública oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, Defensoría N°2.
Miembro informante como presidenta de la Comisión de Acuerdos, la vicepresidenta del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, destacó el proceso que se dio en el tratamiento de los pliegos de los candidatos y planteó que hay "decenas" de nombramientos que esperan poder aprobarse en el recinto, lo que despertó reproches cruzados con la vicepresidenta de la comisión, la macrista Guadalupe Tagliaferri.
"Este bloque tiene la voluntad de seguir trabajando para llegar a un consenso y acuerdo para traer al recinto a las decenas de pliegos que quedan con dictamen en la Comisión de Acuerdos desde hace bastante tiempo para cubrir vacantes del Poder Judicial, y de los Ministerios Públicos Fiscales y Defensorías de varias provincias, entre las que se encuentran Salta, Chubut, Buenos Aires, Capital Federal, Entre Ríos y otras", señaló.
La mendocina consideró: "Creo que debemos abogar por la equidad, la solidaridad y la igualdad que tenemos todos los ciudadanos al derecho a una justicia ágil, en tiempo y forma, ecuánime y es este Congreso el que tiene la responsabilidad de emitir acuerdos o no".
Entonces, detalló a continuación que hay designaciones que "se están paralizando en esta cámara con la negativa de dos bloques a tratar estos pliegos", entre los que hay defnsores para Tartagal, Concepción del Uruguay, Lomas de Zamora y fiscales para Comodoro Rivadavia, por ejemplo.
Tras la breve intervención del jefe de Unidad Federal, Guillermo Snopek, que reivindicó la reforma judicial que había tenido media sanción pero cayó en Diputados, tomó la palabra Tagliaferri. "Sí, al fin por suerte estamos hoy acá tratando algunos pliegos", arrancó la opositora, que reclamó que los pliegos en el temario llevaban "216 días sin traerlos el Frente de Todos a este recinto".
"Distinta suerte cobraron los jueces de la Cámara de Piedrabuena (Santa Cruz)", apuntó y mencionó que allí estaban "un familiar de Máximo Kirchner, un exabogado de la vicepresidenta", para cuestionar que "rápidamente, en menos de 70 días, se los aprobó en la sesión de noviembre", la última que se había realizado -hasta hoy- para tratar temas.
La legisladora del Pro recordó además que el presidente incluyó los pliegos en extraordinarias "pero no abrieron el Senado, sí la Cámara de Diputados para hacer un juicio político a la Corte Suprema". "Lo que pasó, claramente, es que les explotó el tema en la cara", enfatizó.
Al mencionar todos los reclamos que presentaron para que se traten los pliegos, aseguró que desde Juntos por el Cambio estuvieron "a disposición", pero al oficialismo "lo único que les ha importado desde el día uno es controlar a la justicia simplemente para beneficio personal de sus agendas de poder y no para lo que le interesa a la gente".
Fernández Sagasti recogió el guante y dijo que iba a responder "las falacias y los ataques" de Tagliaferri, al "contar con hechos lo que sucedió sesión por sesión". "La voluntad del Frente de Todos estuvo siempre en que tratemos todos los pliegos", expresó y recordó que tras el dictamen que tuvieron los mismos, el 15 de septiembre, solo hubo dos sesiones en adelante.
Al referirse a la del 27 de octubre, la camporista remarcó que en ese momento no contaban con el jefe de bloque, José Mayans, afectado en su salud, y no tenían quórum, por eso "hicimos un acuerdo en tratar temas estrictamente ligados a lo social, donde Juntos por el Cambio pidió exclusivamente que no se trataran temas de justicia y acuerdos", reveló.
"El 16 de noviembre se trató Presupuesto y el decreto de las designaciones del Consejo de la Magistratura. Juntos por el Cambio se ausentó del recinto y fueron a dar una conferencia de prensa", reprochó, para luego decir que intentaron sin éxito convocar a sesión el 22 de diciembre y el 23 de febrero (extraordinaria).
"Ustedes tenían decidido no sesionar ningún tema hasta que no se sacara el juicio político de la Cámara de Diputados. Al fin reflexionaron y acotaron tratar los pliegos solamente de la provincia de Santa Fe y, por una cuestión de arreglo con el otro bloque que se escindió del nuestro, incluyeron los pliegos de Córdoba", explicó.
Finalmente, cerró: "Yo lo que les pido es que tengan la sensibilidad de pensar que las demás provincias necesitan también una justicia accesible y rápida, como por supuesto la necesita con urgencia la provincia de Santa Fe".
Tomó estado parlamentario en el comienzo de la sesión de este jueves. También se giró el pedido de nombramiento de la nueva interventora de la AFI.
En el arranque de la sesión de este jueves, tomó estado parlamentario el pliego enviado por el Poder Ejecutivo para dar continuidad en su cargo a la jueza Ana María Figueroa como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal.
La magistrada tiene un voto determinante en causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Además de los jueces Diego Barroetevaña y Daniel Petrone, Figueroa deberá decidir sobre los planteos para que las causas del Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces se vuelvan a reabrir o no.
Por otra parte, dentro del extenso paquete de pliegos, también fue girado el de Ana Clara Alberdi, quien fue designada como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia luego que Agustín Rossi asumiera como jefe de Gabinete.
Alberdi es Licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y en la actualidad se encuentra cursando una maestría en Políticas Públicas en la Universidad Torcuato Di Tella, informó el Gobierno en febrero pasado cuando se la nombró interventora.
De la mano de Rossi, Alberdi se ha desempeñado como jefa de Gabinete del Ministerio de Defensa. Además, fue asesora y jefa de despacho de bloque en la Cámara de Diputados de la Nación.
La Cámara de Senadores volvió a abrir las puertas para tratar una serie de proyectos importantes, entre ellos alcohol cero y el fortalecimiento de la justicia santafesina, que de ser aprobados se convertirán en ley.
A tres días de cumplirse cinco meses de la última sesión en la que se discutieron proyectos, la Cámara de Senadores inició una sesión que se presume será bastante extensa con una serie de proyectos y pliegos que no presentan mayores diferencias entre el oficialismo y oposición.
La sesión presidida por la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, se inició a las 12.20. Recordemos que el antecedente inmediato se registró hace dos semanas con una sesion fallida con la mayoría de los temas previstos para este jueves, que finalmente se levantó cuando la oposición se retiró del recinto dejándolos sin quórum.
En la reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles, los jefes de bloques resolvieron sumar al temario la iniciativa de alcohol cero, que incluso generó división en Juntos por el Cambio con distintos pedidos de sesión presentados la semana pasada.
Finalmente, y luego de distintas acusaciones de presiones para que no salga, promediando la tarde de este miércoles se confirmó en el Plan de Labor que el proyecto estará en el temario y se espera que sea aprobado con una mayoría destacada, pese a algunos rechazos, como por ejemplo de los senadores de la provincia de Mendoza (excepto la oficialista Anabel Fernández Sagasti) y San Juan.
Además, se debatirá el proyecto de fortalecimiento de la justicia federal y se incorporará un tema que no estaba entre las solicitudes iniciales, pero que viene reclamando el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, y es la ley de enfermería.
La Cámara alta tratará una tanda de pliegos judiciales, entre ellos tres designaciones en la ciudad de Rosario; y la denominada “Ley Lucio”, de Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de niñas, niños y adolescentes, inspirada en el caso de Lucio Dupuy.
Entre los proyectos con media sanción, se incluye el que reconoce a la Lengua de Señas Argentina como idioma viso gestual en todo el territorio nacional; una modificación de la ley de impuesto a las Ganancias sobre exenciones a trabajadores de la salud; una iniciativa que modifica la Ley 22.431 para agilizar la renovación y obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD); y un proyecto para jerarquizar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas.
Finalmente, los senadores tratarán un proyecto dictaminado en comisión en diciembre pasado que establece la eliminación del trámite de fe de vida para jubilados y pensionados y titulares de pensiones no contributivas.
Los jefes de bloques resolvieron en Labor Parlamentaria sumar el proyecto. También se tratará el fortalecimiento de la justicia federal santafesina.
Tras el trago amargo de la sesión frustrada el pasado 30 de marzo, oficialismo y oposición en el Senado se pusieron de acuerdo y sesionarán este jueves, desde las 12, con un amplio temario que incluye varios proyectos con media sanción que se convertirán así en ley. Será la primera reunión para aprobar proyectos que se realice desde el 16 de noviembre pasado, es decir, hace casi cinco meses.
En la reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles, los jefes de bloques resolvieron sumar al temario la iniciativa de alcohol cero, que incluso generó división en Juntos por el Cambio con distintos pedidos de sesión presentados la semana pasada.
Finalmente, y luego de distintas acusaciones de presiones para que no salga, promediando la tarde de este miércoles se confirmó en el Plan de Labor que el proyecto estará en el temario y se espera que sea aprobado con una mayoría destacada, pese a algunos rechazos, como por ejemplo de los senadores de la provincia de Mendoza (excepto la oficialista Anabel Fernández Sagasti) y San Juan.
Además, se debatirá el proyecto de fortalecimiento de la justicia federal y se incorporará un tema que no estaba entre las solicitudes iniciales, pero que viene reclamando el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, y es la ley de enfermería.
La Cámara alta tratará una tanda de pliegos judiciales, entre ellos tres designaciones en la ciudad de Rosario; y la denominada "Ley Lucio", de Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de niñas, niños y adolescentes, inspirada en el caso de Lucio Dupuy.
Entre los proyectos con media sanción, se incluye el que reconoce a la Lengua de Señas Argentina como idioma viso gestual en todo el territorio nacional; una modificación de la ley de impuesto a las Ganancias sobre exenciones a trabajadores de la salud; una iniciativa que modifica la Ley 22.431 para agilizar la renovación y obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD); y un proyecto para jerarquizar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas.
Finalmente, los senadores tratarán un proyecto dictaminado en comisión en diciembre pasado que establece la eliminación del trámite de fe de vida para jubilados y pensionados y titulares de pensiones no contributivas.
Tras el escándalo que se vivió en el recinto días atrás, JxC convocó a sesionar con un temario similar que contiene pliegos judiciales y la llamada “Ley Lucio”. También incluyeron en el temario el proyecto que promueve el fortalecimiento de la Justicia Penal en Santa Fe.
Luego del escándalo que se vivió la semana pasada en el recinto del Senado, ámbito para nada caracterizado por ese tipo de episodios, Juntos por el Cambio insiste en marcar su agenda y presentó un nuevo pedido para que se convoque a una sesión especial el próximo jueves 13 de abril a las 14 tal como había anticipado parlamentario.com.
Suscriben el pedido de sesión los senadores radicales Alfredo Cornejo, Mariana Juri, Luis Naidenoff, Carolina Losada, Humberto Schiavoni, Juan Carlos Romero e Ignacio Torres.
El temario presentado consta de 13 proyectos a poner a consideración. Seis son pliegos judiciales y el proyecto que reconoce a la Lengua de Señas Argentina como idioma viso gestual en todo el territorio nacional que cuenta con media sanción de Diputados.
Otra iniciativa con media sanción es la creación de un Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de niños, niñas y adolescentes o también conocida como Ley Lucio, inspirada en el caso del nene pampeano Lucio Dupuy, aunque no llevará ese nombre.
También se encuentra una modificación de la ley de Impuesto a las Ganancias sobre exenciones a trabajadores de la salud (también con media sanción); y el proyecto que modifica a la ley 22.431 de Protección Integral de las Personas con Discapacidad con el objetivo principal de agilizar la renovación y obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Igual que esos temas, también con media sanción de la Cámara baja, sumaron el Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas, y la eliminación del trámite de fe de vida a jubilados y pensionados y titulares de pensiones no contributivas.
En el último lugar del temario se incluyó el proyecto que promueve el Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe, que no estuvo incluido en la sesión pasada y cuya inclusión y tratamiento sobre tablas fue solicitado por el oficialista santafecino Marcelo Lewandowski.
Atento a la reducción numérica que sufrió con la salida de cuatro senadores y para no mostrar que perdió el control en el Senado, el Frente de Todos se disponía a presentar una convocatoria propia con los mismos temas, sumando Alcohol Cero que no está incluido en el temario de la oposición y es el punto de discordia que impide que ambas bancadas acuerden un temario de consenso.
Otro proyecto excluido fue el del senador entrerriano Edgardo Kueider (Unidad Federal) que establece la disminución de tarifas del servicio eléctrico, tema con el que insiste dicho espacio, algo a tener en cuenta para ver si se suman o no a la convocatoria.
De hacerlo, se logrará el quórum para habilitar la sesión, que cristalizará una nueva correlación de fuerzas desfavorable para el oficialismo, ya que la sumatoria de las bancas de Juntos por el Cambio y Unidad Federal da 38, una más que el quórum y cuatro por encima de los 34 a los que el oficialismo podría aspirar de máxima si cuenta con el favor de sus tres habituales aliados. Además, el Senado saldría del letargo de estar cuatro meses sin sesionar.
CCF_000067-1El oficialismo quedó en soledad en la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos lo que constituía el paso previo para la realización de la sesión de este martes.
Un sorpresivo paquete de 33 expedientes para acordar designaciones de funcionarios Judiciales, remitido en la víspera de la realización de la sesión, hizo estallar el precario equilibrio que habían logrado los senadores para hacer la última sesión ordinaria del año.
Los 33 funcionarios que buscan acuerdo en el Senado sorprendieron a propios y extraños. La lista se anexa a los 8 pliegos que quedaron sin despacho en la última acordada que hicieron los senadores. Son ahora 41 pliegos los que se debaten.
Más allá de algunas objeciones que se hicieron a ciertos pliegos retenidos en la Comisión de ACA, que conduce el senador Emmanuel González Santalla, los últimos pliegos que ingresaron tomaron a varios actores con la guardia baja.
El paquete que es caracterizado porque tendría una marcada influencia del ministro de Justicia, Julio Alak, “no pasa ni el filtro del propio oficialismo”, sostuvo un senador que precisamente integra la Comisión de ACA, pero que es de la oposición.
Independientemente de ello, y ante la falta de acuerdo, la oposición se retiró de reunión de ACA y solo quedaron los senadores del oficialismo que cuentan con mayoría propia en ese ámbito, más no en el recinto.
Pero el hecho que no haya acuerdo en la Comisión de ACA ya imposibilita que esos 33 pliegos sean tratados en la sesión programada para este martes a las 15 horas, pues con despacho de mayoría primero se deberá informar en sesión pública el tratamiento para luego finalmente tratarse en otra sesión.
De todas formas, si bien los senadores del oficialismo tomaron las entrevistas a los aspirantes, un paso formal que hay que dar, se mostraron cauto a la hora de armar los despachos de comisión, que serían de mayoría, y se especula que finalmente no se van a hacer, aunque podrían. Sin despacho es como que todo se puede modificar en el futuro.
Al mismo tiempo se informó que las autoconvocatorias para sesiones extraordinarias en ambas Cámaras serían sin limitaciones temáticas, por lo que se podría incluir los proyectos que encuentren acuerdo en Labor Parlamentaria, así los acuerdos podrían ser considerados en las sesiones extraordinarias que se llevarían adelante en diciembre.
Sin los acuerdos en el posible temario, la sesión estaría perdiendo razón de ser e incluso aunque la tenga, habría que buscar el quorum que por el momento no estaría prestando el bloque de senadores de Juntos, que conduce Christian Gribaudo.
Se trata de encontrar acuerdo nada menos que, en principio, para la designación de 20 Jueces, 8 defensores oficiales, 3 agentes fiscales y 2 Jueces de Paz. La “frutilla del postre” es la inclusión de un postulante para ocupar el Tribunal de Casación Penal de la provincia.
Esta particularidad es el centro de una larga disputa que ahora deberá resolver si en una de sus vacantes se incluya actual Defensor Oficial platense Manuel Bouchoux.
El nombre de Bouchoux le hace ruido a Juntos, que estaría dispuesto a resistir ese nombramiento en el Senado. La principal cuestión que traba el acuerdo es que dos postulantes a integrar ese importante Tribunal ya tienen acuerdo del Senado y no fueron designados por el gobernador Kicillof.
Se trata a Francisco Pont Vergés y Ana Julia Biasotti. El primero es secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal del Ministerio Público, y la segunda actualmente se desempeña, también dentro del Ministerio Público, como Defensora ante el Tribunal de Casación.
Estos pliegos, ingresados a mediados de 2019, antes de las PASO de agosto de ese año, fueron acordados en el Senado sin el apoyo del FdT en ninguna instancia, pero de todas formas el bloque de Juntos los acordó legalmente.
Esas acciones del gobierno de Maria Eugenia Vidal y luego de los senadores de Juntos, fueron calificadas por los ahora oficialistas, antaño opositores, como un manotazo de ahogado para “armar una red de protección judicial”, por parte de los ahora opositores.
Tal vez por ello, el gobernador Axel Kicillof no hace el decreto para que la designación de Pont Vergés y Biasotti sean efectiva desde septiembre de 2021, cuando se prestó el acuerdo en el Senado.
Pero sucede que ahora necesita del acuerdo de los senadores de Juntos para poder acordar en el Senado este nuevo pliego de Bouchoux, algo que esta semana no estaría consiguiendo.
El oficialismo quedó en soledad en la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos lo que constituía el paso previo para la realización de la sesión de este martes.
Un sorpresivo paquete de 33 expedientes para acordar designaciones de funcionarios Judiciales, remitido en la víspera de la realización de la sesión, hizo estallar el precario equilibrio que habían logrado los senadores para hacer la última sesión ordinaria del año.
Los 33 funcionarios que buscan acuerdo en el Senado sorprendieron a propios y extraños. La lista se anexa a los 8 pliegos que quedaron sin despacho en la última acordada que hicieron los senadores. Son ahora 41 pliegos los que se debaten.
Más allá de algunas objeciones que se hicieron a ciertos pliegos retenidos en la Comisión de ACA, que conduce el senador Emmanuel González Santalla, los últimos pliegos que ingresaron tomaron a varios actores con la guardia baja.
El paquete que es caracterizado porque tendría una marcada influencia del ministro de Justicia, Julio Alak, “no pasa ni el filtro del propio oficialismo”, sostuvo un senador que precisamente integra la Comisión de ACA, pero que es de la oposición.
Independientemente de ello, y ante la falta de acuerdo, la oposición se retiró de reunión de ACA y solo quedaron los senadores del oficialismo que cuentan con mayoría propia en ese ámbito, más no en el recinto.
Pero el hecho que no haya acuerdo en la Comisión de ACA ya imposibilita que esos 33 pliegos sean tratados en la sesión programada para este martes a las 15 horas, pues con despacho de mayoría primero se deberá informar en sesión pública el tratamiento para luego finalmente tratarse en otra sesión.
De todas formas, si bien los senadores del oficialismo tomaron las entrevistas a los aspirantes, un paso formal que hay que dar, se mostraron cauto a la hora de armar los despachos de comisión, que serían de mayoría, y se especula que finalmente no se van a hacer, aunque podrían. Sin despacho es como que todo se puede modificar en el futuro.
Al mismo tiempo se informó que las autoconvocatorias para sesiones extraordinarias en ambas Cámaras serían sin limitaciones temáticas, por lo que se podría incluir los proyectos que encuentren acuerdo en Labor Parlamentaria, así los acuerdos podrían ser considerados en las sesiones extraordinarias que se llevarían adelante en diciembre.
Sin los acuerdos en el posible temario, la sesión estaría perdiendo razón de ser e incluso aunque la tenga, habría que buscar el quorum que por el momento no estaría prestando el bloque de senadores de Juntos, que conduce Christian Gribaudo.
Se trata de encontrar acuerdo nada menos que, en principio, para la designación de 20 Jueces, 8 defensores oficiales, 3 agentes fiscales y 2 Jueces de Paz. La “frutilla del postre” es la inclusión de un postulante para ocupar el Tribunal de Casación Penal de la provincia.
Esta particularidad es el centro de una larga disputa que ahora deberá resolver si en una de sus vacantes se incluya actual Defensor Oficial platense Manuel Bouchoux.
El nombre de Bouchoux le hace ruido a Juntos, que estaría dispuesto a resistir ese nombramiento en el Senado. La principal cuestión que traba el acuerdo es que dos postulantes a integrar ese importante Tribunal ya tienen acuerdo del Senado y no fueron designados por el gobernador Kicillof.
Se trata a Francisco Pont Vergés y Ana Julia Biasotti. El primero es secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal del Ministerio Público, y la segunda actualmente se desempeña, también dentro del Ministerio Público, como Defensora ante el Tribunal de Casación.
Estos pliegos, ingresados a mediados de 2019, antes de las PASO de agosto de ese año, fueron acordados en el Senado sin el apoyo del FdT en ninguna instancia, pero de todas formas el bloque de Juntos los acordó legalmente.
Esas acciones del gobierno de Maria Eugenia Vidal y luego de los senadores de Juntos, fueron calificadas por los ahora oficialistas, antaño opositores, como un manotazo de ahogado para “armar una red de protección judicial”, por parte de los ahora opositores.
Tal vez por ello, el gobernador Axel Kicillof no hace el decreto para que la designación de Pont Vergés y Biasotti sean efectiva desde septiembre de 2021, cuando se prestó el acuerdo en el Senado.
Pero sucede que ahora necesita del acuerdo de los senadores de Juntos para poder acordar en el Senado este nuevo pliego de Bouchoux, algo que esta semana no estaría consiguiendo.
Expusieron este miércoles 20 postulantes en el Salón Illia del Senado. Los pliegos se pasaron a la firma para su dictamen.
La Comisión de Acuerdos del Senado concluyó este miércoles con la ronda de audiencias públicas a candidatos a ocupar distintos cargos en el Poder Judicial. Tras el encuentro, los pliegos se pasaron a la firma para su dictamen.
Con baja participación de senadores, sobre todo de Juntos por el Cambio, expusieron una veintena de postulantes, que se sumaron a la docena que ya se había presentado el día anterior.
El total entre ambos días era de 33 expedientes, pero la presidenta de la comisión, Anabel Fernández Sagasti (UC-FdT), informó que el Ejecutivo ordenó retirar el de Paula Gorsd, propuesta como vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, vocalía N°10.
En la jornada de este miércoles, las preguntas de los senadores oficialistas giraron en torno a la actuación que están teniendo los fiscales y jueces del juicio por la causa "Vialidad", que tiene a la vicepresidenta Cristina Kirchner como principal acusada, aunque sin hacer ninguna referencia directa.
Al igual que el martes, la neuquina Silvia Sapag (UC-FdT) consultó a los candidatos por su "apego a la Constitución, al debido proceso, la imparcialidad de los jueces y el principio de presunción de inocencia".
Por su parte, la vicepresidenta de la comisión, Guadalupe Tagliaferri (Pro), la única opositora que permaneció durante toda la reunión, interrogó a varios postulantes respecto de su opinión sobre el traspaso de la justicia ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires.
Durante la presentación de María Ángeles Ramos, propuesta como fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N°24, Fernández Sagasti preguntó: "¿Usted cree que la lectura en un juicio oral de un fiscal viola el principio de oralidad en el proceso penal?".
"No está prevista la lectura técnicamente en el Código Procesal Penal, la oralidad es lo que debe regir en el juicio oral", señaló Ramos, quien remarcó que en su experiencia personal "para llevar adelante un alegato en casos de lesa criminalidad, me tengo que valer de ciertas notas porque es muy difícil". En ese sentido, sería aceptable para "casos grandes o de macrocriminalidad" pero "debe regir la oralidad completa", agregó.
En la exposición de Leonardo Fillia, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, vocalía N°9, también la presidenta de la comisión fue con una pregunta sobre los juicios orales.
"En la Facultad cuando uno estudia derecho procesal penal hay algo que nos enseñan que tiene que ver con la 'tranquilidad de las partes' y que va arraigado al principio de juez natural, de imparcialidad, y que tanto los fiscales como los defensores tienen que bregar por la tranquilidad de las partes. ¿Usted entiende que esto es un principio por el que tiene que velar?", sostuvo la vicejefa de la bancada oficialista.
A lo que Fillia respondió que "quien ejerza como fiscal debe obligatoriamente velar por la custodia de la legalidad, porque es un mandato constitucional". "En el caso que la situación de incertidumbre o erosión del debido proceso sea identificada con el peso suficiente, como juez tendría facultades para declararla de oficio", apuntó, al tiempo que "como defensor sería obligada la realización de algún tipo de planteo o cuestionamiento".
Al momento de la presentación de Fernando Bellido, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, vocalía N°7, el senador Oscar Parrilli (UC-FdT) le consultó: "¿Qué teoría de la culpabilidad considera más adecuada cuando tiene que sentenciar un fallo? ¿Qué opina sobre la incorporación y valorización de las pruebas en los procesos penales, sobre todo cuando ya se realiza el juicio oral?".
Bellido se mostró a favor del "sistema de la sincera convicción razonada sobre la verdad de los hechos juzgados, en el que los jueces tenemos que dar explicaciones de por qué aceptamos determinados medios de prueba, cómo los valoramos, qué peso le damos a ese medio y siempre teniendo en cuenta que no sea un medio de prueba contrario a las garantías constitucionales".
"La prueba ilegal debe ser excluida", aseveró, al tiempo que señaló que "si bien está prevista la incorporación (de prueba) por lectura, debe ser la excepción. Lo ideal es que en un juicio oral las pruebas se produzcan en el debate para que puedan ser controladas por todos".
Y añadió: "Estoy a favor de que los juicios orales se lleven adelante con rapidez, celeridad y continuidad. No estoy muy de acuerdo en que se prolonguen mucho tiempo y se realicen pocas audiencias públicas por semana".
A su turno, Gabriel Vandemberg, propuesto a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correcional N°26 de la Capital Federal, fue consultado por Parrilli por una observación del CELS sobre "dos hechos de violencia ocurridos en el año 2002 que lo tuvieron a usted supuestamente como protagonista".
Luego que Fernández Sagasti aclarara que la impugnación no había sido presentada formalmente ante la comisión, Vandemberg relató que en 2002 él era fiscal en Lomas de Zamora, y recordó que era una época de secuestros y salideras, durante la cual "desbaratamos una banda mixta de policías y ladrones".
El 8 de mayo de 2002 cuando llevaba a sus hijos al colegio por la mañana aparecieron dos vehículos de los cuales se bajaron personas armadas y sin mediar palabra comenzaron a disparar, detalló, a lo que sumó que él estaba "armado legalmente" y ejerció "el derecho de defensa". Luego la causa fue a juicio y todos fueron condenados, dijo.
En el segundo hecho él ya contaba con custodia, y no estaba armado, pero persiguió a un auto que vino hasta su casa y en esa persecución le dispararon con una ametralladora desde el otro auto, donde luego se encontraron elementos policiales. "Después de ahí a mí no me molestaron más", agregó. Asimismo aseguró que en sus clases "jamás" propició "el uso de armas en civiles" que "tienen que estar en manos de profesionales de la seguridad".
"Quedo satisfecho con su respuesta y me parece que era oportuno que usted pudiera expresarse", cerró Parrilli.
Por otra parte, en la reunión, Tagliaferri planteó una cuestión que "no tenía que ver con la idoneidad de los candidatos" pero "hay un envío del Poder Ejecutivo que en el caso de dos postulantes se ha elegido a dos personas de la misma terna". "No es lo que corresponde cuando se envían pliegos, es una desprolijidad".
"Creía que durante la presidencia de Mauricio Macri se había tornado costumbre este tipo de cosas, pero bueno obviamente le requeriremos al Ejecutivo que se abstenga a la regla", le devolvió Fernández Sagasti.
Una tanda de postulantes, cuyos pliegos fueron enviados por el Ejecutivo, se presentó este martes ante la Comisión de Acuerdos del Senado.
Una docena de candidatos a ocupar distintos cargos en el Poder Judicial defendieron este martes sus pliegos, enviados por el Poder Ejecutivo, en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por la oficialista Anabel Fernández Sagasti.
Tras el encuentro, la mendocina anunció a los senadores que los expedientes iban a pasar a la firma para su dictamen y que se pasaba a cuarto intermedio hasta este miércoles, cuando se recibirán a 21 postulantes, a partir de las 10.
Postulada para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario, Elena Dilario señaló que ese es "un tribunal que está sin vacancia hace casi cuatro años" y tiene "más de 200 causas en trámite" de las cuales "el mayor porcentaje son causas de narcotráfico". "Me siento capacitada, con prudencia y racionalidad, para llevar la función adelante", sostuvo, al recordar que tiene una trayectoria de 40 años. También abogó por tener una gestión con "una justicia pronta, oportuna".
Al momento de las preguntas, la kirchnerista Silvia Sapag (UC-FdT) le preguntó sobre el debido proceso, algo que repitió luego con los otros candidatos durante toda la reunión, en alusión indirecta al desempeño de los jueces y fiscales que llevan adelante el juicio por la causa "Vialidad".
"Mi interés es preguntarle sobre su apego a la Constitución y qué piensa de las garantías del debido proceso, o sea, el derecho a defensa, la imparcialidad de los jueces y el principio de presunción de inocencia", expresó la neuquina.
Dilario afirmó que coincide con "la Constitución Nacional, con el artículo 18 en el que claramente están contempladas las garantías. Hay que cumplirlas. El rol que tiene el juez es fundamental para cuidar esas garantías y siempre respetando el debido proceso". "Solamente quería su ratificación del conocimiento de todos estos temas porque últimamente no hemos visto ese comportamiento en los fiscales y jueces", agregó Sapag.
Tras ser consultada por los santafesinos Dionisio Scarpin (UCR) y Marcelo Lewandowski (FNyP-FdT), la candidata a jueza recibió un pedido por parte de Carolina Losada (UCR). "Le quiero pedir que tenga el mayor compromiso que pueda. Nosotros necesitamos robustecer a nuestra justicia y mucho", manifestó la santafesina, a lo que Dilario respondió: "Lo tengo, es un desafío y realmente estoy feliz de participar de esto".
También propuesto como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario, Eduardo Rodrigues da Cruz, fue consultado por el senador Scarpin sobre "cuál es su interpretación de por qué en Rosario se triplican o cuadriplican los índices de homicidios y de los delitos de narcotráfico".
El candidato contestó que "son múltiples factores: hay un nivel de violencia muy elevado en la sociedad argentina, hay un nivel de pobreza muy elevado, hay un nivel de connivencia entre algunos sectores de las fuerzas de seguridad y también las organizaciones criminales, a mí modo de ver, aprovechan algunos lugares que quedan vacíos".
"Cuando la Justicia Federal está sobrecargada, cuando no puede intervenir de manera activa, como realmente debería ser, porque no tiene los medios para hacerlo, porque durante 40 años no se crearon juzgados federales, pasan estas cosas", aseveró.
Rodrigues da Cruz dijo que esta "es una situación muy compleja; abordarla implica analizar un montón de factores" y apuntó que las organizaciones criminales de Rosario "tienen una disponibilidad económica que les permite hacerse de muchas cosas". "El pueblo de la provincia de Santa Fe está sufriendo, necesita respuestas inmediatas de todos los actores", agregó.
A su turno, Gustavo Montesi, propuesto para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Francisco, Córdoba, sostuvo que esta es "una jurisdicción bastante especial" ya que se trata de "una ciudad fronteriza que limita con otras dos ciudades de Santa Fe: Frontera y Villa Josefina".
"Los informes de Gendarmería desprenden que la droga, o la mayor cantidad de la droga, descendería desde el norte hacia el centro de la Argentina, y transitaría de este a oeste por dos rutas, que son la ruta nacional 19 y la ruta provincial 158, y San Francisco está exactamente en el medio de esas dos rutas", explicó, por lo que afirmó que "este tribunal tiene una importancia especial en lo que es la lucha y el combate del narcotráfico".
Al tomar la palabra, el senador Luis Juez (Pro-JxC) contó que conoce al doctor Montesi "hace 36 años. Ha tenido una actividad interesantísima en el juzgado de San Francisco cuando le tocó subrogar. Es importante esta oportunidad que le da el Estado y la propuesta viene como anillo al dedo porque conoce la jurisdicción, tuvo un trabajo acertado, inteligente y muy esmerado en un lugar complejo".
"Necesitamos jueces que conozcan la jurisdicción, se involucren", resaltó y completó: "Tengo más de 35 años de ejercicio en la profesión. No me involucro ni personal, política o sentimentalmente con ningún magistrado, pero sí cuando encuentro calidades y cualidades, así como las critico, me gusta resaltarlas. En mejor manos no puede estar el juzgado".
Durante la audiencia, expuso también Alejandro Arguilea, candidato a defensor ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San Martín, Buenos Aires, quien aclaró que por el cargo de defensor no se tributa impuesto a las Ganancias, ni tampoco anteriormente cuando fue designado en un cargo de juez en 2008.
"Muchos postulantes han manifestado que han prestado conformidad, pero me parece que igual nadie les cobra", planteó el senador Oscar Parrilli (UC-FdT), a lo que Fernández Sagasti explicó que "prestan conformidad cuando empiezan el concurso; en caso de ser designados empiezan a descontarles".
Al confesar tener "inquietud" por el tema, Parrilli anticipó que pedirá informes. "Porque parece que aún a los que les correspondería que les descuenten, no les descuentan. Ese es un tema que me preocupa", dijo y agregó: "O hay un problema con la Corte, el Consejo (de la Magistratura), el Ministerio (Público) o la AFIP. No está muy claro".
"Según la ley, los nuevos magistrados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal tienen que tributar Ganancias. Me sumo a la investigación muy vehementemente, pero no tiene nada que ver con el postulante en cuestión", cerró la presidenta de la comisión.
En la presentación de Agustín Carrique, propuesto como defensor ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Lomas de Zamora, Fernández Sagasti, recordó que "el Ministerio Público de la Defensa aplica hace varios años la ley de ingreso democrático, no así el Poder Judicial de la Nación". En esa línea, consultó al candidato cuál fue su experiencia al respecto y "si se ha podido romper con lo que vulgarmente se denomina la familia judicial".
Carrique destacó que "la Defensoría General ha sido pionera en la implementación del ingreso democrático" y "muy rápidamente se instrumentaron mecanismos de designación con exámenes públicos, abiertos" para que "todos puedan inscribirse". "Yo soy de la generación que tuvimos que recorrer y golpear puertas para empezar a trabajar de meritorio en un Defensoría hace 23 años. No tenía contactos, ni familia, ni nadie que pudiera ayudarme", agregó.
En la audiencia también defendieron sus pliegos: Verónica Escribano, propuesta como fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia; Enrique Baronetto, propuesto para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia; y Gastón Salmain, propuesto para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 de Rosario.
Además de los postulados para el cargo de defensor público: Alfonsina Bava (Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham); Luis Valencia (Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal); María José Bonifacino (Juzgados Federales de Primera Instancia de Concepción del Uruguay); y Ana María Blanco (Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba).
La Comisión de Acuerdos del Senado recibirá este martes y miércoles a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo en el Salón Illia.
La Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por la oficialista Anabel Fernández Sagasti, recibirá este martes y miércoles, desde las 10 en el Salón Illia, a más de 30 candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar distintos cargos en el Poder Judicial.
En la primera audiencia pública, defenderán sus pliegos: Verónica Escribano, propuesta como fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia; Elena Dilario y Eduardo Rodrigues da Cruz, propuestos para jueces de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario; Gustavo Montesi, propuesto para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Francisco, Córdoba; Enrique Baronetto, propuesto para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia; y Gastón Salmain, propuesto para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 de Rosario.
También asistirán, postulados para el cargo de defensor público, Alfonsina Bava (Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham); Agustín Carrique (Juzgados Federales de Primera Instancia de Lomas de Zamora); Luis Valencia (Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal); María José Bonifacino (Juzgdos Federales de Primera Instancia de Concepción del Uruguay); Alejandro Arguilea (Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San Martín, Buenos Aires); y Ana María Blanco (Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba).
En tanto, el miércoles expondrán Paula Gorsd, propuesta como vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, vocalía N°10; Leonardo Fillia, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, vocalía N°9; Adrián Martín, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, vocalía N°1; y Fernando Bellido, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, vocalía N°7.
Para la categoría de jueces, defenderán sus pliegos Paula Morales (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°44 de la Capital Federal); Marcos Wenner (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°41 de la Capital Federal); Sergio Echegaray (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°31 de la Capital Federal); Mariana Salduna (Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correcional N°7 de la Capital Federal); Gabriel Vandemberg (Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correcional N°26 de la Capital Federal); Nicolás Grappasonno (Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correcional N°20 de la Capital Federal); y Paula Marinkovic (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°26 de la Capital Federal).
Otros pliegos que se analizarán son los de candidatos a defensores para los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional ante la Cámara Nacional de Apelaciones de la Capital Federal: Pablo Zalazar (Defensoría N°22); Rolando Boris Vela (Defensoría N°7); Gonzalo Freijedo (Defensoría N°13); Mariano Juárez (Defensoría N°11); María Candelaria Migoya (Defensoría N°5) y María Lucrecia Sammartino (Defensoría N°12).
También las designaciones de Gerónimo Santos, como defensor ante los Juzgados y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Defensoría N°1; Germán Artola, como defensor ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N°11; y Agustín Rivero, como defensor curador de la Defensoría General de la Nación, Curaduría N°12.
La lista se completa con el pliego de María Ángeles Ramos, propuesta como fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N°24.
A lo largo de tres jornadas, los senadores recibieron a los postulantes enviados por el Poder Ejecutivo. Cómo fue la presentación de un candidato impugnado, al que el oficialismo ratificó que avalará.
En una reunión de un poco más de tres horas, la Comisión de Acuerdos del Senado culminó este jueves con una serie de audiencias públicas que se realizaron para escuchar a más de 60 candidatos a cubrir distintos cargos en el Poder Judicial.
En el arranque de la tercera jornada, la presidenta de la comisión, la oficialista Anabel Fernández Sagasti, anticipó que había tres postulantes que no concurrirían, por lo cual "como es criterio de esta comisión, al no poder venir a la audiencia pública no se les va a dar el acuerdo correspondiente".
Por su parte, la vicepresidenta de la comisión, la macrista Guadalupe Tagliaferri, repitió como en la primera audiencia su observación sobre la "gran cantidad de conjueces" que se iban a tratar. "No sería el procedimiento lógico que deberíamos tener", consideró y remarcó que en el Consejo "ya existen concursos públicos realizados, con lo cual se podrían seleccionar para cubrir las vacantes".
Desde el oficialismo, el jujeño Guillermo Snopek señaló que "los conjueces en cada Cámara o en cada instancia judicial tienen la función de cubrir a los jueces titulares no solo en caso de vacancia, sino también si tienen alguna incompatibilidad o excusación".
Entre los postulantes que asistieron al Salón Illia, donde expusieron sobre su trayectoria y respondieron preguntas, como si por ejemplo han recibido la formación en la Ley Micaela, defendió su pliego Ramiro Salinas, propuesto como conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.
Salinas fue consultado por el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, sobre "casos que están hoy muy en boga como la extorsión por movilizarse por parte de los movimientos sociales a cambio de un plan". "Quisiera saber si lo constituye un delito o no y cómo interpreta esos hechos", preguntó.
Antes que tomara la palabra el candidato, Fernández Sagasti le pidió que "conteste con la salvedad de no prejuzgar por su condición de magistrado". "La jurisprudencia es muy clara en torno a los temas de extorsión y derechos sociales", expresó Salinas, quien opinó que el caso necesitaría de un "análisis particular de la situación" sobre "las circunstancias, ver cuáles son los intereses en conflicto y verificar". "Si las pruebas indican una clara evidencia de extorsión habrá que avanzar", agregó.
Otro de los que se presentó este jueves fue Juan Pablo Salvay, propuesto para conjuez de los juzgados federales de primera instancia de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, quien se encuentra imputado en una causa que se inició a partir de la denuncia del fiscal federal Enrique Senestrari, a raíz de una presunta sustracción de documentación de la Fiscalía en la que era empleado.
Lo consultó al respecto el senador cordobés Luis Juez, quien mencionó que Salvay recibió "algunas impugnaciones muy serias", y le pidió que "verbalice puntualmente en qué situación se encuentra".
"Nunca fue mi intención ni es mi intención hacer un show mediático. Hice lo que creí que era correcto, denuncié lo que yo estimaba constituía un delito de parte de un funcionario, mi denuncia lo fue en el ámbito administrativo de la Procuración General de la Nación", respondió. Salvay también afirmó haber sido "víctima de maltrato de un funcionario a lo largo de los años" y "víctima de lawfare".
Juez aclaró que él tiene una "enemistad manifiesta" con Senestrari, pero le insistió al candidato que conteste "en qué etapa procesal se encuentra esa denuncia". "Me encuentro imputado en una imputación que data de febrero de 2020. No me encuentro procesado y mucho menos condenado", aclaró el postulante. Tras su exposición, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, ratificó que el oficialismo acompañará su pliego.
La Comisión de Acuerdos mantendrá tres audiencias este martes, miércoles y jueves, a las 10, para escuchar a los candidatos propuestos desde el Poder Ejecutivo.
La Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por la oficialista Anabel Fernández Sagasti, iniciará este martes a las 10, en el Salón Illia, la ronda de audiencias públicas en la que se recibirá a postulantes a distintos cargos en el Poder Judicial.
También habrá reunión este miércoles y jueves, a la misma hora, para avanzar con el tratamiento de más de 30 pliegos, que se trata de 65 designaciones en total.
En la primera jornada se analizarán las postulaciones de José Manuel Díaz Vélez, como juez del juzgado de primera instancia N°3 de Tucumán; Jorge Gamal Abdel Chamia, como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja; Federico Aníbal Zurueta como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy; Carlos Fabián Cuesta y Pablo Ezequiel Wilk como jueces de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata; Jésica Yael Sircovich, como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata; y Fabián Gustavo Cardozo, como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas.
También asistirán los candidatos como vocal a distintas Cámaras de Apelaciones: Patricia Marcela Moltini (Tucumán); Marcelo Hugo Bersanelli, Carlos Augusto Borges y Nelson Andrés Sánchez (Santa Cruz); Silvina María Andalaf Casiello (Santa Fe); y Mario Osvaldo Boldú (Misiones).
Asimismo, se tratará el mensaje del Poder Ejecutivo que solicita el acuerdo para designar defensor público de víctima con asiento en la provincia de Tucumán a Martín Galliano; y como fiscal ante el juzgado federal de primera instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas, a Jorge Horacio Campitelli.
Fue en la sesión de este jueves en el Senado, donde tomaron estado parlamentario distintas solicitudes de acuerdos enviadas por el Poder Ejecutivo.
Durante el inicio de la sesión de este jueves en el Senado, se dio ingreso formal a un conjunto de pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, que deberán ser analizados en la Comisión de Acuerdos.
Los mensajes proponen la designación de conjueces en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Mendoza y la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza; los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata y la Cámara Federa de Apelaciones de La Plata; los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Salta; y los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Resistencia.
También se solicita el nombramiento de conjueces en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba y en los juzgados federales de Primera Instancia de la Cámara Federal de esa ciudad; los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario y en en los juzgados federales de Primera Instancia de la Cámara Federal de la misma localidad; y en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de General Roca.
Otro de los pliegos propone la designación de José Nicolás Celestino Chumbita como conjuez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja; y además se postula a Ana Carina Farias como conjueza de los juzgados federales de Primera Instancia de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
La bancada opositora no votó a favor de la designación de Gabriel De Vedia, quien lanzó una denuncia sobre el accionar de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón contra Alejandra Gils Carbó.
El Senado aprobó en la sesión de este jueves un paquete de pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo para designar jueces, fiscales y defensores. La votación se realizó en conjunto y resultó con 59 votos positivos, 0 negativos y una abstención.
No obstante, el grueso de la oposición -esto es Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal-, se opuso a la postulación de Gabriel De Vedia para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad, quien denunció mediáticamente el accionar de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón contra Alejandra Gils Carbó.
Al exponer en audiencia pública, el fiscal Vedia reveló que se reunió en 2017 con Rodríguez Simón, quien ante la posibilidad de que la exprocuradora no renuncie, le habría dicho: “Entonces meteremos presas a las hijas y a ella”.
Además, ambas bancadas se opusieron a la designación como vocal de la Cámara de Apelaciones Penal Económica, un ámbito donde se tratará la cuestión de la quiebra del Correo, de Guadalupe Vásquez.
También, Juntos por el Cambio rechazó el pliego de otro propuesto como vocal de la Cámara de Apelaciones Penal Económica, Juan Carlos Bonzón. En tanto, el salteño Juan Carlos Romero votó en contra de José Alejandro Sudera, para vocal de la Cámara de Apelaciones del Trabajo en la Ciudad, Sala II.
Muy breve, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, presidenta de la Comisión de Acuerdos, recordó las audiencias públicas que se realizaron a fines del mes de julio, las cuales tuvieron "una concurrencia nutrida de senadores" y contaron con "la presencia de los 33 candidatos".
"Hemos cumplido con todos los requerimientos del reglamento de la Cámara y de la Constitución", agregó la oficialista, y señaló que "no se resolvió ninguna observación a ninguno" de los postulantes, además de destacar la publicidad de las audiencias.
Por su parte, Juan Carlos Romero, titular del interbloque Parlamentario Federal, votó solamente 11 pliegos a favor, en contra de 3 y se abstuvo en el resto. Sobre los que acompañó, el senador argumentó que "son pliegos que habían sido retirados por esta administración, pasaron dos filtros, por lo cual entiendo que eso es garantía".
Pero cuestionó luego "el sistema de imposición que hay en el Consejo de la Magistratura" y "el acomodamiento de lugares" por parte del oficialismo, para "lograr la impunidad". "No desean la independencia de la Justicia, el kirchnerismo lo que busca es impunidad", denunció.
Dentro del paquete de pliegos enviados por el Ejecutivo, el Senado aprobó las designaciones como jueces -en distintas Cámaras de la Capital Federal- de Hugo Daniel Navarro, Ana Silvia Guzzardi, Maximiliano Dialeva Balmaceda, Walter José Candela, Gustavo Alterini, Matías Ariel Buenaventura y María Virginia Sansone; y de Enrique Jorge Bosch y Patricio Nicolás Sabadini como jueces de Cámara en Resistencia, Chaco.
Asimismo, se avalaron los nombramientos de Juan Carlos Bonzón, como vocal de la Cámara de Apelaciones Penal Económica; Guadalupe Vásquez, como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de Capital Federal; Florencia Nallar, como vocal de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial; Juan Perozziello Vizier, como vocal en la Sala I de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial; Marisa Sandra Sorini, como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil; Marisa Sandra Sorini, como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil; y Carlos Calvo Costa, como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A, de la Capital Federal.
El listado continúa con las designaciones como jueces en lo Civil y Comercial en Capital Federal de María Claudia Pita, María Pilar Rebaudi Basavilbaso, Diego Paz Saravia, Gonzalo Auguste y Alejandro Nobili; y de Diego Leonel Freedman, como juez de Cámara del Tribunal Oral N°2 de Menores de la Ciudad.
En el fuero laboral, tuvieron luz verde los pliegos de Enrique Catani, para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad; Andrea García Vior, para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad, Sala II; Gabriel De Vedia, para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la Ciudad; Patricia Russo, para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la Ciudad, Sala VII; y José Alejandro Sudera, para vocal de la Cámara de Apelaciones del Trabajo en la Ciudad, Sala II.
Además, fue avalado el pliego de José Agustín Chit como fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de la provincia de Tucumán.
También recibieron aprobación las postulaciones de defensores públicos: María Laura Lema, como defensora pública oficial ante los tribunales orales en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires; Pablo Alfredo Candela, como defensor público de víctima para el juzgado federal con asiento en la provincia de Tierra del Fuego; y Romina Alicia Magnano, como defensora pública oficial ante los juzgados federales de primera instancia en lo Criminal y Correccional de Morón.
Y completan la lista Iván Javier Gueler, como defensor público oficial ante el juzgado oficial de primera instancia de Gualeguaychú; Mariana Beatriz Vera, como defensora pública de víctimas para la provincia de Catamarca; y Noelia Quiroga, como defensora pública oficial ante los tribunales federales de primera y segunda instancia de Paraná.
Son más de una treintena de aspirantes para diversos cargos en el Poder Judicial, y de entre ellos hay solo uno que es rechazado por la oposición. Las razones.
En el inicio de la sesión de este jueves, la Cámara alta tratará los pliegos judiciales de 33 aspirantes para diversos cargos, de los que solo uno recibió objeciones de parte de la oposición. Como sea, se descuenta que el oficialismo impondrá su mayoría en la Cámara alta para aprobar los mismos.
Dichos pliegos fueron tratados en la comisión que preside la mendocina Anabel Fernández Sagasti el 27 y 28 de julio pasado. Al cabo del segundo día, el presidente del bloque oficialista, José Mayans, destacó que no hubiera habido prácticamente objeciones sobre los postulantes, ante lo cual anticipó el tratamiento en el recinto de los mismos en la próxima sesión.
El primer día fueron 15 los pliegos, a saber:
Enrique Jorge Bosch, propuesto como juez de Cámara en Resistencia; Patricio Nicolás Sabadini, postulante a juez de Cámara en Resistencia; Pablo Alfredo Candela, como defensor Público de Víctima para el juzgado federal con asiento en la provincia de Tierra del Fuego; Romina Alicia Magnano, para ocupar el cargo de defensora Pública Oficial ante los juzgados federales de primera instancia en lo Criminal y Correccional de Morón; Iván Javier Gueler, propuesto como defensor público oficial ante el Juzgado oficial de Primera Instancia de Gualeguaychú; Noelia Quiroga, propuesta como defensora pública oficial ante los tribunales federales de primera y segunda instancia de Paraná; Mariana Beatriz Vera, impulsada como defensora pública de Víctimas para la provincia de Catamarca; José Agustín Chit, propuesto como fiscal ante los juzgados federales de primera instancia Tucumán; y María Laura Lema, quien se postula para el cargo de defensora pública oficial ante los tribunales orales en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires.
También están Diego Leonel Freedman, propuesto como juez de Cámara del Tribunal Oral N° 2 de Menores de CABA; Enrique Catán, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, Sala I; Andrea García Vior, para el cargo de vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de CABA, Sala II; Gabriel De Vedia, quien aspira a cubrir el cargo de vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, Sala V; Patricia Russo, propuesta como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en CABA, Sala VII; y José Alejandro Sudera, propuesto como vocal de la Cámara de Apelaciones del Trabajo en la Ciudad, Sala II.
Los 18 pliegos analizados al día siguiente, en una reunión que presidió el vice de Acuerdos, el senador del Pro Ernesto Martínez, eran todos del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y fueron los siguientes:
Hugo Daniel Navarro, postulante para juez de Cámara en Capital Federal; Juan Carlos Bonzón, candidato a vocal de la Cámara de Apelaciones Penal Económica; Ana Silvia Guzzardi, que busca ser jueza de Cámara en Capital Federal; Maximiliano Dialeva Balmaceda, postulante para el mismo cargo en otra vocalía; Walter José Candela, aspirante a juez de Cámara en CABA, y Gustavo Alterini, también postulante para juez de Cámara en CABA.
Postulante para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de Capital Federal, Guadalupe Vásquez; Florencia Mallar, propuesta como vocal de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial; María Pilar Rebaudi Basavilbaso, postulante para jueza civil en Capital Federal; Juan Perozziello Vizier, como postulante a vocal en la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial; para ocupar el cargo de jueza civil en Capital Federal, María Claudia Pita; Marisa Sandra Sorini, postulante para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil; Matías Ariel Buenaventura, sugerido para ser juez de Cámara en Capital Federal, y María Virginia Sanzone, propuesta para el cargo de jueza de Cámara en Capital Federal.
Para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A, de la Capital Federal, se presentó Carlos Calvo Costa, quien fue el único postulante de los que se presentó que no había tenido un paso por el Poder Judicial; Diego Paz Saravia, para el cargo de juez en lo Comercial en Capital Federal; Gonzalo Auguste, propuesto para juez civil y comercial en Capital Federal, y Alejandro Nobili, postulado como juez civil y comercial en esta Capital.
Durante el tratamiento de esa treintena de pliegos hubo dos pasajes polémicos. Aunque solo en uno quedó claro el rechazo de los senadores de Juntos por el Cambio. El destinatario de los cuestionamientos fue el fiscal Gabriel De Vedia, quien fue interrogado por las senadoras del Pro Guadalupe Tagliaferri y Laura Rodríguez Machado, sobre la supuesta reunión que había mantenido en 2017 con el entonces operador judicial del macrismo Fabián Rodríguez Simón, en cuyo marco este último le habría adelantado la intención de ese Gobierno de “meter presa” a la entonces procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó y a sus hijas en caso de que no renunciara.
Propuesto para el cargo de vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, Sala 5, De Vedia debió dar sus argumentos sobre las razones por las que había demorado tres años y medio para hacer pública esa supuesta reunión. Y más aún, que no hubiera hecho ninguna presentación judicial sobre ello, y que a pocos meses después de haber hecho esas declaraciones el Poder Ejecutivo mandara su pliego al Senado.
El otro pasaje polémico fue tras la exposición de Guadalupe Vásquez, propuesta para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de Capital Federal, un ámbito donde se tratará la cuestión de la quiebra del Correo y respecto de lo cual el senador radical Julio Martínez preguntó respecto de su postura. Eso motivó la reacción de los senadores oficialistas, que reclamaron que no contestara para evitar eventuales recusaciones posteriores. El tema fue saldado sin que Vásquez tuviera que pronunciarse.
Son más de una treintena de aspirantes para diversos cargos en el Poder Judicial, y de entre ellos hay solo uno que es rechazado por la oposición. Las razones.
Al final, la Cámara alta no sesionará este jueves y la aprobación de los pliegos judiciales que se trataron la última semana de julio en la Comisión de Acuerdos deberán esperar. Son 33 aspirantes para diversos cargos, de los que solo uno recibió objeciones de parte de la oposición. Como sea, se descuenta que el oficialismo impondrá su mayoría en la Cámara alta para aprobar los mismos.
Dichos pliegos fueron tratados en la comisión que preside la mendocina Anabel Fernández Sagasti el 27 y 28 de julio pasado. Al cabo del segundo día, el presidente del bloque oficialista, José Mayans, destacó que no hubiera habido prácticamente objeciones sobre los postulantes, ante lo cual anticipó el tratamiento en el recinto de los mismos en la próxima sesión.
El primer día fueron 15 los pliegos, a saber:
Enrique Jorge Bosch, propuesto como juez de Cámara en Resistencia; Patricio Nicolás Sabadini, postulante a juez de Cámara en Resistencia; Pablo Alfredo Candela, como defensor Público de Víctima para el juzgado federal con asiento en la provincia de Tierra del Fuego; Romina Alicia Magnano, para ocupar el cargo de defensora Pública Oficial ante los juzgados federales de primera instancia en lo Criminal y Correccional de Morón; Iván Javier Gueler, propuesto como defensor público oficial ante el Juzgado oficial de Primera Instancia de Gualeguaychú; Noelia Quiroga, propuesta como defensora pública oficial ante los tribunales federales de primera y segunda instancia de Paraná; Mariana Beatriz Vera, impulsada como defensora pública de Víctimas para la provincia de Catamarca; José Agustín Chit, propuesto como fiscal ante los juzgados federales de primera instancia Tucumán; y María Laura Lema, quien se postula para el cargo de defensora pública oficial ante los tribunales orales en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires.
También están Diego Leonel Freedman, propuesto como juez de Cámara del Tribunal Oral N° 2 de Menores de CABA; Enrique Catán, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, Sala I; Andrea García Vior, para el cargo de vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de CABA, Sala II; Gabriel De Vedia, quien aspira a cubrir el cargo de vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, Sala V; Patricia Russo, propuesta como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en CABA, Sala VII; y José Alejandro Sudera, propuesto como vocal de la Cámara de Apelaciones del Trabajo en la Ciudad, Sala II.
Los 18 pliegos analizados al día siguiente, en una reunión que presidió el vice de Acuerdos, el senador del Pro Ernesto Martínez, eran todos del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y fueron los siguientes:
Hugo Daniel Navarro, postulante para juez de Cámara en Capital Federal; Juan Carlos Bonzón, candidato a vocal de la Cámara de Apelaciones Penal Económica; Ana Silvia Guzzardi, que busca ser jueza de Cámara en Capital Federal; Maximiliano Dialeva Balmaceda, postulante para el mismo cargo en otra vocalía; Walter José Candela, aspirante a juez de Cámara en CABA, y Gustavo Alterini, también postulante para juez de Cámara en CABA.
Postulante para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de Capital Federal, Guadalupe Vásquez; Florencia Mallar, propuesta como vocal de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial; María Pilar Rebaudi Basavilbaso, postulante para jueza civil en Capital Federal; Juan Perozziello Vizier, como postulante a vocal en la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial; para ocupar el cargo de jueza civil en Capital Federal, María Claudia Pita; Marisa Sandra Sorini, postulante para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil; Matías Ariel Buenaventura, sugerido para ser juez de Cámara en Capital Federal, y María Virginia Sanzone, propuesta para el cargo de jueza de Cámara en Capital Federal.
Para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A, de la Capital Federal, se presentó Carlos Calvo Costa, quien fue el único postulante de los que se presentó que no había tenido un paso por el Poder Judicial; Diego Paz Saravia, para el cargo de juez en lo Comercial en Capital Federal; Gonzalo Auguste, propuesto para juez civil y comercial en Capital Federal, y Alejandro Nobili, postulado como juez civil y comercial en esta Capital.
Durante el tratamiento de esa treintena de pliegos hubo dos pasajes polémicos. Aunque solo en uno quedó claro el rechazo de los senadores de Juntos por el Cambio. El destinatario de los cuestionamientos fue el fiscal Gabriel De Vedia, quien fue interrogado por las senadoras del Pro Guadalupe Tagliaferri y Laura Rodríguez Machado, sobre la supuesta reunión que había mantenido en 2017 con el entonces operador judicial del macrismo Fabián Rodríguez Simón, en cuyo marco este último le habría adelantado la intención de ese Gobierno de “meter presa” a la entonces procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó y a sus hijas en caso de que no renunciara.
Propuesto para el cargo de vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, Sala 5, De Vedia debió dar sus argumentos sobre las razones por las que había demorado tres años y medio para hacer pública esa supuesta reunión. Y más aún, que no hubiera hecho ninguna presentación judicial sobre ello, y que a pocos meses después de haber hecho esas declaraciones el Poder Ejecutivo mandara su pliego al Senado.
El otro pasaje polémico fue tras la exposición de Guadalupe Vásquez, propuesta para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de Capital Federal, un ámbito donde se tratará la cuestión de la quiebra del Correo y respecto de lo cual el senador radical Julio Martínez preguntó respecto de su postura. Eso motivó la reacción de los senadores oficialistas, que reclamaron que no contestara para evitar eventuales recusaciones posteriores. El tema fue saldado sin que Vásquez tuviera que pronunciarse.
Las especulaciones sobre la primera reunión en el recinto del mes de agosto van tomando cuerpo y se especula que en las próximas horas se confirmará la sesión para el próximo jueves. Todavía no hay una definición sobre el temario. No sería muy extenso.
La Cámara de Senadores sesionaría el próximo jueves con un temario acotado, pero que no estará exento de debate que además estará signado por la cercanía de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 12 de septiembre.
A menos de un mes de las PASO, el temario de la sesión de la Cámara alta incluiría, según fuentes parlamentarias, los pliegos de los judiciales y se definirá si se incluyen dos proyectos de ley del senador neuquino Oscar Parilli (FdT) que ya tienen dictamen.
Los proyectos de Parrilli
Se trata de dos proyectos de ley que buscan limitar la tasa de interés por mora en el pago de servicios públicos y privados que avalaron los del Frente de Todos mientras que los legisladores de Juntos por el Cambio no acompañaron el despacho y anunciaron que estudiarán los textos.
Al explicar los cambios a las iniciativas durante el debate en comisión, Parrilli aclaró que se incorporará “la tasa de interés para personas humanas, porque creo que eso le da mayor claridad” y señaló que “no queremos intervenir en la política del Banco Central”, sino que estos proyectos buscan la coherencia “con el artículo 42 de la Constitución Nacional”.
Luego, leyó los dictámenes, comenzando por el referido a los servicios privados, del cual se excluyó a las instituciones de educación privada.
De acuerdo con el texto, “la tasa de interés moratorio y punitorio deberá aplicarse: a las tarjetas de crédito emitidas por entidades bancarias, por empresas de crédito o por proveedores no financieros de crédito; a las facturas de servicio por medicina prepaga y a las empresas de seguros de cualquier rubro en relación a usuarios y consumidores particulares, en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago, no pudiéndose cobrar ningún tipo de cargos extras por gastos administrativos o por cualquier otro concepto”.
Asimismo, “la fecha del primer vencimiento de las facturas de todos los servicios enunciados en el párrafo precedente no podrá ser anterior al día 10 de cada mes”.
“El Poder Ejecutivo Nacional determinará las autoridades de aplicación que deben dictar, en el ámbito de sus competencias, las reglamentaciones y/o resoluciones correspondientes”, establece, e indica que las empresas que en el plazo de 30 días desde la publicación de la ley no adecuen sus facturas a la tasa de interés correspondiente “serán sancionadas con multas de 4 a 48 Salarios Mínimo, Vital y Móvil”.
También, en todos los casos, las empresas prestadoras de estos servicios deberán otorgar a sus usuarios particulares “planes de facilidades de pago para cancelar las deudas, conforme las pautas que establezcan las autoridades de aplicación de los marcos jurídicos relativos a los servicios involucrados”.
Por otra parte, en lo que respecta a los servicios públicos, se modifica el artículo 31 de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), incorporando que “la tasa de interés moratoria y/o punitoria por mora que podrán aplicar las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales, así como las de servicios públicos esenciales de televisión por cable, servicio de internet y servicio de telefonía móvil y fija, a todas las categorías de usuarios residenciales, organizaciones no empresariales, clubes de barrio y de pueblo, iglesias, entidades de bien público y colectivos de trabajo en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina”.
Eco
De común acuerdo, el oficialismo y la oposición avanzaron con el dictamen favorable de un proyecto de ley que establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso (NFU).
El proyecto contempla la prevención, la reutilización, el reciclado, el coprocesamiento y la disposición final. “Los productores de neumáticos deberán constituir asociaciones que tengan un alcance nacional”, se informó, al tiempo que “las autoridades jurisdiccionales competentes van a establecer convenios con las asociaciones y productores”.
La reunión de la Comisión de Acuerdos fue presidida por un senador de la oposición y tuvo un desarrollo tranquilo, que se complicó por las preguntas de un radical a una postulante a camarista.
Por segundo día consecutivo, se escucharon este miércoles en la Comisión de Acuerdo las exposiciones de 18 postulantes del Ejecutivo para diversos cargos en el marco del Poder Judicial, en este caso todos para el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
El cónclave, presidido esta vez por un senador de Juntos por el Cambio, el cordobés Ernesto Martínez, comenzó pocos después de las 10, con una sucesión de testimonios de los aspirantes que arrancó con el juez Hugo Daniel Navarro, postulante para juez de Cámara en Capital Federal, quien detalló las características del tribunal al que aspira acceder, precisando que esos tribunales reciben, según las estadísticas, un ingreso promedio anual de 400 causas, aunque advirtió que en 2020 se redujo sensiblemente ese número (a 15), lo que atribuyó a la pandemia.
“A pesar de esta merma importante, el número de causas que ingresan es sumamente elevado”, remarcó el magistrado, anticipando su intención de imprimirle celeridad al trámite de las mismas “para darle una respuesta tanto a la sociedad como al justiciable”. Asimismo dijo priorizar el juzgamiento de causas con personas detenidas, causas de delitos graves y complejos, violencia de género, delitos contra la integridad sexual y violencia institucional”, lo cual aclaró que “no implica desatender las causas que ingresan al tribunal. Voy a hacer uso de todos los medios alternativos de resolución de conflictos para lograr la armonía entre las partes y la paz social”, agregó.
Sobre el pago de Ganancias, dijo estar “totalmente de acuerdo” para abonarlo.
Se trató luego el pliego de Juan Carlos Bonzón, postulante a vocal de la Cámara de Apelaciones Penal Económica, que ya integra, pero para continuar ejerciendo el cargo en función de haber pasado la edad de 75 años, por lo que su exposición fue muy breve y respecto de Ganancias, admitiendo que debe ser pagado por una cuestión de “igualdad ante la ley”.
Ana Silvia Guzzardi fue la siguiente, propuesta como jueza de Cámara en Capital Federal, quien lleva muchos años en el Poder Judicial: desde 1993, o sea que está por cumplir 30 años en la carrera, signada por “la vocación por el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal”, según consignó, destacando que además de haber sido abogada, ha ejercido la docencia en esas dos materias, en la Facultad de Derecho y en el Instituto Superior de Seguridad Pública. “Como ven, siempre me he dedicado al Derecho Penal y Procesal Penal”, observó la aspirante.
Al concluir, el senador Martínez, que conducía la reunión, la consultó respecto del pensamiento del doctor Marcelo Sancinetti con relación al tema del enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, por ser ella discípula del titular de la cátedra de Derecho Penal y Procesal Penal en la UBA. Guzzardi aclaró que no coincidía con el pensamiento de quien considera que existe un reparo constitucional por cuanto no debería ser el imputado el que debe demostrar que se ha enriquecido al salir de la función pública, sino la parte acusadora. La aspirante a jueza señaló que considera que al asumir la función pública acepta que “la carga de la prueba se ha invertido”
Fue el turno luego de Maximiliano Dialeva Balmaceda, postulante para el mismo cargo en otra vocalía, quien dijo haber sido el primer relator del tribunal al que aspira integrar como juez, destacó que el “espíritu inicial del tribunal que aún se mantiene” y consideró que “será un honor y espero estar a la altura de las circunstancias poder compartir con esos jueces y ese equipo de trabajo de excelencia”, en caso de ser aceptado por el Senado para acceder al cargo.
Habló a continuación Walter José Candela, aspirante a juez de Cámara en CABA, quien es actualmente juez de primera instancia. Entre otras consideraciones, Candela destacó que en los tribunales orales no hay designaciones de jueces desde 2015, por lo que hay allí “muchísimas vacantes”. Calificó entonces como “héroes” a los actuales magistrados que desarrollan un “trabajo estoico”, aunque a pesar de todo advirtió que “es muy difícil, por las agendas, porque uno no puede estar con tres juicios a la vez”.
Consultado por el senador Martínez respecto de los accidentes de tránsito y su opinión en torno a las escalas de pena hoy vigentes, el magistrado señaló que “hacer una inflación punitiva no lleva nunca a nada, lo que estamos necesitando es cambiar el procedimiento, hacerlo más ágil, más público”.
Fue el turno luego de Gustavo Alterini, también postulante para juez de Cámara en CABA, quien contó haber participado activamente en la confección del proyecto de sentencias por el cual la Sala 4ta de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Capital Federal en la denominada megacausa Plan Cóndor. “En dicha causa la Argentina fue felicitada por la CIDH por haber cumplido con el deber de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos en el marco del denominado Plan Cóndor”, apuntó.
“Conozco los defectos y virtudes de los operadores judiciales y no por ello desconozco el valor que tiene para el buen funcionamiento del servicio de justicia de la tarea que desarrollan los abogados y abogadas que están del otro lado del mostrador, a los cuales los jueces -hablo siempre en potencial- les debemos generar todas las herramientas que están a nuestro alcance para que cumplan la elevada labor que realizan”, apuntó además.
Postulante para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de Capital Federal, Guadalupe Vásquez dijo conocer el funcionamiento de los tribunales colegiales, y el de los tribunales de revisión, además de haber participado de conflictos constitucionales complejos, como así también tener una formación jurídica interdisciplinaria, que consideró valiosa para la vacante a la que aspira.
Asimismo sostuvo que “el rol de cada juez es resolver los casos que le tocan en forma justa: en primer lugar, deben valorar los hechos del caso y entender cuál es el conflicto que amerita la intervención de la justicia; en segundo lugar aplicar el derecho, y por derecho entiendo las decisiones adoptadas por nuestros órganos democráticos, la Constitución nacional y los instrumentos internacionales”.
Al concluir, fue interrogada por el senador radical Julio Martínez sobre si había trabajado con la fiscal Gabriela Boquín y con la exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y si había intervenido en la causa del Correo Argentino. Allí se acabó por un rato la armonía que había reinado hasta entonces.
“No trabajé con Boquín, nunca, no la conozco personalmente”, fue la respuesta de Vásquez, quien aclaró que solo la conocía como fiscal a través de sus dictámenes. A continuación detalló todo su recorrido laboral en el ámbito judicial y en ese marco reconoció que “entre numerosas personas, he trabajado con la doctora Gils Carbó”. Puntualmente fue en la Secretaría de la Fiscalía de la Cámara Comercial, que entonces estaba a cargo de la hoy ex procuradora general.
“Respecto del Correo, nunca tuve intervención en este caso”, concluyó.
El riojano Julio Martínez insistió entonces con el tema, pidiéndole opiniones técnicas en un sentido que remitía claramente a la causa que involucra a la familia Macri, lo que motivó la airada reacción de los senadores José Mayans, Oscar Parrilli y Mario Pais.
Tras un extenso cruce, el senador Ernesto Martínez dio por sorteada la situación sin que la doctora Vázquez tuviera que responder esas preguntas.
Propuesta como vocal de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, Florencia Mallar destacó que la sala para la que ha sido postulada tiene la particularidad de que de las tres vocalías hay dos vacantes, “con lo cual se impone la formación de un nuevo equipo de trabajo en el que tiene que estar presente un buen plan de gestión que priorice por sobre todas las cosas el liderazgo del juez y la comunicación”. Aclaró que por liderazgo del juez no se refería solo a cuestiones técnicas, “sino también al ejercicio de un buen liderazgo en la toma de decisiones y en la distribución eficiente del trabajo”.
María Pilar Rebaudi Basavilbaso. Postulante a jueza civil en Capital Federal señaló que un juzgado civil con competencia patrimonial tiene un ingreso de entre 700 a 800 causas anuales, de las cuales la gran mayoría son procesos burocráticos de los cuales los sistemas de Inteligencia Artificial a los que destacó especialmente “pueden hacer ganar en tiempo y optimizarlo para dedicarlo a las causas que sí son más complejas”. Consideró además fundamental que el juez se capacite. “El sistema no nos lo exige, pero es impensado creer que uno accede a la magistratura y deja de hacerlo, entonces la capacitación es parte de esta responsabilidad que asumimos en el rol que vamos a ocupar en la sociedad, y también debemos capacitar a nuestro equipo”, precisó.
A su turno, Juan Perozziello Vizier expuso como postulante a vocal en la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, destacando el mérito de quienes están actualmente en ese ámbito “para integrar un tribunal que brinde un servicio de justicia como el que requieren estos tiempos tan difíciles, en que es tan importante que el Poder Judicial responda a esa demanda”.
Habló luego, para ocupar el cargo de jueza civil en Capital Federal, María Claudia Pita quien ingresó a la justicia hace más de 35 años. “Pasé por todos los cargos que requiere el escalafón”, comentó, destacando que “haber transitado mi carrera en todos los cargos del escalafón me permitió tener un conocimiento muy profundo del proceso”, agregó. En cuanto a su función como jueza, si es designada por el Senado, garantizó que será “una persona muy involucrada con cada una de las causas que se sometan a mi decisión, como verdadera directora del proceso”. “Mi compromiso es estar al lado de la gente y velar por sus derechos”, concluyó.
Luego le tocó exponer a Marisa Sandra Sorini, postulante para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Detalló que todas las vocalías de la sala a la que aspira acceder se encuentran vacantes, y anticipó su deseo de instrumentar “un trabajo mancomunado y solidario, por una justicia que llegue con una tutela judicial eficiente, de manera rápida, que se resuelvan con rapidez aquellas cuestiones que no ameritan ningún tipo de demora y que las resoluciones sean debida y razonablemente fundadas no solo en la ley y la Constitución, sino en los tratados y los tratados institucionales de derechos humanos”.
A continuación, Matías Ariel Buenaventura habló para defender su propuesta para ser juez de Cámara en Capital Federal, y detalló que tratará de esforzarse para “contribuir con dedicación, compromiso y con responsabilidad desde el cargo para el que fui propuesto, de manera tal de poder volcar mi trayectoria y experiencia en la resolución de los casos de una manera eficiente, fundamentalmente rápida y con perspectiva de género”.
María Virginia Sanzone fue la siguiente expositora. Propuesta para el cargo de jueza de Cámara en Capital Federal, se definió como “una persona muy inquieta”, por cuanto es la tercera vez que se presenta ante la Comisión de Acuerdos.
Para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A, de la Capital Federal, se presentó Carlos Calvo Costa, quien fue el único postulante de los que se presentó en la jornada que no había tenido un paso por el Poder Judicial, sino que proviene del libre ejercicio de la profesión. En su exposición, precisó que “hoy a través del nuevo sistema de presentaciones judiciales se ha logrado prácticamente que la casi totalidad de los expedientes sean digitales, lo que ha contribuido a que se agilice en los plazos de duración de los procesos, que era algo que la sociedad reclamaba y sigue reclamando, y se han prácticamente eliminado esas demoras incomprensibles que se producían cuando las partes tenían que diligenciar una cédula de notificación y tardaban dos meses en ser restituidas”.
Diego Paz Saravia se presentó a continuación para el cargo de juez en lo Comercial en Capital Federal. Contó que estuvo 14 años en el Poder Judicial, pero los últimos 10 los pasó en el ejercicio de la profesión. “El día que decidí irme del Poder Judicial fue para continuar creciendo en lo que es mi formación personal y profesional. Y estos diez años en el ejercicio de la profesión me han dado muchísimas herramientas para que si me toca poder regresar al Poder Judicial, hacerlo de la mejor manera”, señaló.
Luego fue el turno de Gonzalo Auguste, propuesto para juez civil y comercial en Capital Federal. Detalló cómo es el ámbito para el cual se ha propuesto, que tiene en trámite aproximadamente 7.500 causas y un ingreso anual de unas 800 causas. “La mayor litigiosidad hoy por hoy está dada por los amparos incumplimiento de prestaciones médico asistenciales”, comentó.
Postulado como juez civil y comercial en esta Capital, Alejandro Nobili fue el último de los que se presentó ante los legisladores. En su intervención señaló que “el derecho civil está muy cerca de la gente; es un tema que trata a las personas como tal, y el derecho federal, que está delegado por las provincias, tiene también una temática delegada desde el punto de vista constitucional por las provincias, pero también desde el punto de vista científico. Hoy por hoy ya no prevalecen las causas patrimoniales, sino las de salud y del estado de las personas. Por eso requiere de las habilidades del juez, del compromiso: el juez es un funcionario que está obligado a pensar por, para y hacia el otro”.
Al finalizar la audiencia, el senador José Mayans destacó el desarrollo del encuentro y remarcó que no hubieran habido prácticamente objeciones sobre los postulantes, ante lo cual anticipó el tratamiento en el recinto de los mismos en la próxima sesión del Senado.
La Comisión de Acuerdos del Senado analizó a quince postulantes para cargos en la Justicia. No hubo reproches, salvo contra el pliego de un actual fiscal de la Nación propuesto como camarista.
El virtual receso que han impuesto en la tarea legislativa las vacaciones de invierno y, sobre todo, el cierre de listas, fue interrumpido este martes por la mañana para el tratamiento de una serie de pliegos judiciales. Así, la Comisión de Acuerdos que preside la mendocina Anabel Fernández Sagasti habilitó una audiencia para escuchar las exposiciones de quince postulantes para ocupar vacantes en el Poder Judicial.
Y lo que transitaba por los carriles normales se alteró bien sobre el final, al cabo de la presentación de Gabriel De Vedia, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, quien denunció mediáticamente en marzo pasado que el operador judicial del macrismo Fabián Rodríguez Simón le había confiado en una reunión privada la intención del Gobierno de Cambiemos de “meter presa” a la entonces procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó y a sus hijas en caso de que no renunciara. El tema generó una serie de preguntas de la oposición, que ya adelantó el rechazo de ese pliego por tildar de “parcial” al actual fiscal.
El primero en exponer ante los senadores fue Enrique Jorge Bosch, propuesto como juez de Cámara en Resistencia, provincia del Chaco, quien habló sobre las dificultades de ese tribunal por la falta de jueces para completarlo. “Tiene un solo juez titular y está cubierto por subrogancias”, detalló, Bosch, quien respecto del tema del pago de Ganancias -cuestión sobre la que todos los postulantes fue consultado específicamente- señaló que “ya está en la ley, hay que pagarla, y esto hace al principio de equidad de las cargas tributarias.
Patricio Nicolás Sabadini habló también como postulante a juez de Cámara en Resistencia, y destacó que a ese tribunal ingresaron desde 2019 83 causas, de las cuales el 82% culminaron con condenas por juicio abreviado, aclarando que eso no fue por una “cuestión de comodidad”, sino por imperio de las circunstancias derivadas de autoridades titulares en esa Cámara. Así las cosas, graficó la situación señalando que “antes teníamos presos sin condena y ahora tenemos presos sin juicio previo”.
Con relación al pago de Ganancias, dijo que siempre sostuvo que “el salario no es ganancia”, pero aclaró que “por una cuestión de equidad me sumo a lo que dijo Bosch: hay que pagarlo”.
Propuesto como defensor Público de Víctima para el juzgado federal con asiento en la provincia de Tierra del Fuego, Pablo Alfredo Candela destacó la creación por ley de esa función para “garantizar los derechos y garantías de las víctimas de los procesos penales”. Dijo además que esa provincia “ha sido pionera en derechos de las víctimas.
“Estoy de acuerdo con la tributación de Ganancias. Es lo que corresponde”, puntualizó al finalizar.
Romina Alicia Magnano se presentó para ocupar el cargo de defensora Pública Oficial ante los juzgados federales de primera instancia en lo Criminal y Correccional de Morón, cargo que ostenta interinamente, pues ese puesto está vacante desde 2016. Tras detallar las características del cargo, Magnano dijo que “es un desafío y un anhelo personal ejercer el derecho de defensa con perspectiva de género, procurando defender los estereotipos de género que permiten la criminalización, tanto de mujeres como de identidades no binarias, y a la vez ejercer la defensa con el compromiso que la noble misión refiere”.
“He firmado mi conformidad, la ley así lo establece”, señaló sobre Ganancias.
Iván Javier Gueler fue propuesto como defensor público oficial ante el Juzgado oficial de Primera Instancia de Gualeguaychú, y en su presentación detalló las tareas que se cumplen en ese tribunal, donde él ya viene desarrollando esa tarea. Al respecto destacó que debe lidiar allí con causas de estupefacientes y trata de personas, como así también causas por el uso de documento público falso y contrabando de mercaderías y cigarrillos, pero la mayoría en las que han intervenido en el último tiempo tienen que ver con la violación a las medidas de aislamiento dispuestas por la pandemia. “En casi su totalidad hemos podido llegar a acuerdos, con lo cual esas causas se han visto resueltas de manera rápida y expedita y se ha descongestionado el sistema”, comentó.
Respecto de Ganancias, ya firmó su conformidad para pagarlo, aclarando sobre todo que no considera que uno deba ampararse en un privilegio.
Fue el turno a continuación de Noelia Quiroga, propuesta como defensora pública oficial ante los tribunales federales de primera y segunda instancia de Paraná. Ella contó su experiencia al frente de una defensoría ante el tribunal oral, que la ha enriquecido mucho. “Hace casi 28 años que ingresé al Poder Judicial y siempre mi objetivo ha sido desarrollar mi trabajo con compromiso”, expresó en un pasaje.
“Estoy dispuesta a pagar Ganancias”, señaló sobre el final ante la pregunta de rigor.
Mariana Beatriz Vera ha sido propuesta como defensora pública de Víctimas para la provincia de Catamarca. “Me llamó mucho la atención esta nueva ley, este nuevo paradigma”, comentó en un pasaje la postulante, que afirmó haber realizado diferentes propuestas sobre el tema. Contó que actualmente se desempeña como defensora pública oficial, cargo al que accedió por concurso, habiendo obtenido el primer lugar. Para ella, el cargo que atiende la situación de las víctimas “tiene perspectiva de vulnerabilidad”, y lo definió como “un cargo omnicomprensivo, en el sentido de que acompañamos a las víctimas en todas las etapas del proceso penal”.
“Como trabajadora de nuestro país, debemos aportar para el impuesto a las Ganancias, y como tal firmé mi compromiso ante el Ministerio de Justicia de la Nación”, precisó Vera.
José Agustín Chit fue propuesto como fiscal ante los juzgados federales de primera instancia Tucumán, y en ese cargo contó haber participado del juicio contra el clan Alé. Señaló sobre el final de su exposición que “en caso de obtener el acuerdo del Senado, y aprovechando que es una fiscalía que no está habilitada aún, mi intención es formar un equipo de trabajo con criterio de paridad de género, para poder llevar adelante investigaciones que tengan esa perspectiva y que redunden en beneficio de usuarios y beneficiarios del sistema”.
La senadora tucumana Beatriz Mirkin intervino a continuación para hacer hincapié en la enorme cantidad de víctimas de violencia de género que hay en su provincia, la cual supera la media nacional, según destacó. Preguntó entonces sobre los casos en que un vehículo pasa de una jurisdicción a otra y en esos casos los controles se encargan de revisar la documentación del auto, pero no la de quienes van ahí. Planteó como interrogante si ayudaría por ejemplo a la cuestión de la trata de personas que se procediera en ese sentido.
“Hoy por hoy están las herramientas que la ley permite ante una posible situación, si se advierte un elemento que haga sospechar un posible delito, para requisar un automotor”, señaló el doctor Chit, quien coincidió en que “hay que mejorar y encontrar una manera de mayor seguimiento. Nos debemos todos los operadores judiciales un mayor compromiso con el seguimiento de las herramientas que se requieren para prevenir la violencia contra las mujeres”.
A su turno, María Laura Lema expuso para el cargo de defensora pública oficial ante los tribunales orales en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires, quien detalló que existen hoy dos defensorías que actúan ante los tribunales orales. Sobre Ganancias, se manifestó de acuerdo con el pago, y contó que personalmente ya dio su conformidad para abonarlo. Y con relación al planteo de la senadora Mirkin, adhirió a lo que había expresado su antecesor y agregó que “existen regulados operativos que pueden llevarse a cabo para detectar este tipo de situaciones”.
Además, se mostró a favor de continuar con las capacitaciones obligatorias en temas de perspectiva de género, no solo en el ámbito de la Justicia, sino también con los auxiliares de la misma, las fuerzas de seguridad.
Fue el turno luego de Diego Leonel Freedman, propuesto como juez de Cámara del Tribunal Oral N° 2 de Menores de CABA. Ese tribunal hoy tiene dos jueces y uno subrogante, señaló. Tiene en trámite 2.000 causas, ingresando unas 30 por mes; la mayoría de las cuales tiene que ver con delitos contra la propiedad privada. Se ocupan del juzgamiento de personas mayores de 16 y menores de 18 años, siendo el enjuiciamiento oral y reservado.
La senadora María Eugenia Catalfamo le preguntó sobre la reinserción de jóvenes privados de su libertad, a lo que Freedman refirió su experiencia personal como defensor de menores. Cuando le tocó intervenir, dijo, no ha tenido casos de reincidencia. Sugirió además “trabajar con el ámbito familiar y social de la comunidad para cuando el joven recupere su libertad” y abogó por un “trabajo interdisciplinario que se pueda dar con la justicia penal juvenil”.
Promediando la jornada, expuso Enrique Catán, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, Sala I. “Me he dedicado mucho al Derecho del Trabajo, tanto como abogado litigante, durante muchos años, en la actividad académica, y ya desde hace algún tiempo como juez en un tribunal de La Plata.
“No hay ningún impedimento constitucional para que los jueces y juezas paguemos Ganancias. No por un principio de igualdad, sino para empezar a mitigar cierto descreimiento que la sociedad tiene en el Poder Judicial”, añadió sobre el final.
Andrea García Vior expuso para el cargo de vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de CABA, Sala II, quien señaló sobre Ganancias que “debemos tributar porque nuestros ingresos lo justifican. A mi ver, del principio de intangibilidad del salario no deriva que los jueces no debamos pagar impuestos”.
Fue el turno a continuación de Gabriel De Vedia, quien aspira a cubrir el cargo de vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, Sala V. Actualmente es fiscal en el fuero de la Seguridad Social y en un pasaje de su larga exposición dijo que durante su trayectoria le ha dado mucha importancia al tema de la evasión, a su juicio “una de las cuestiones centrales en el derechod el trabajo”.
“En esto hay que ser implacable -consideró-. La informalidad va ganando terreno en todo el mundo, pero entiendo también que debemos aspirar y tener la vara muy alta en el campo del Derecho Laboral. Atendiendo las complejidades de este mundo pos pandémico, pero no podemos perder la relevancia que significa para un trabajador el empleo registrado y que se le hagan los aportes”. En ese sentido dijo haber hecho muchas denuncias penales por el tema de la evasión previsional”.
Fue a continuación de su exposición cuando la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri lo interrogó sobre declaraciones suyas en los medios que la llevaban a interrogarlo sobre su nivel de independencia. Le preguntó sobre su reunión con “Pepín” Rodríguez Simón, si se había propuesto como reemplazante de Alejandra Gils Carbó y entre otras cosas sobre las razones por las que había demorado tres años y medio para hacer pública esa supuesta reunión. Y más aún, que no hubiera hecho ninguna presentación judicial sobre ello y que a pocos meses después de haber hecho esas declaraciones el Poder Ejecutivo mandara su pliego al Senado.
De Vedia admitió que la reunión había existido y afirmó que no había hecho la denuncia correspondiente porque “la destinataria del mensaje era la procuradora. Si alguien tenía que denunciarlo era ella”.
La reunión, calma hasta entonces, se alteró con esos cuestionamientos, aunque en ningún momento se salió de los carriles. Tras alrededor de una hora de debate sobre ese tema, se pasó a la penúltima expositora, Patricia Russo, propuesta como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en CABA, Sala VII. Para ella, ese cargo sería “la culminación de mis mayores aspiraciones, por lo que si este Senado decide otorgar el acuerdo, deseo cumplir la función con la mayor responsabilidad y dedicación”.
Sobre Ganancias, dijo que pagar sería “la manera de conjugar los preceptos constitucionales con la necesidad de que todos los ciudadanos cumplamos con la directiva del artículo 16° de la Constitución nacional, que impone la igualdad como la base del impuesto y las cargas públicas”.
El último invitado fue José Alejandro Sudera, propuesto como vocal de la Cámara de Apelaciones del Trabajo en la Ciudad, Sala II, quien fue el más breve de todos los que se presentaron este martes, y que sobre Ganancias señaló que si bien el artículo 16 de la Constitución establece que todos los habitantes de la Nación somos iguales ante la ley, tanto en las obligaciones como en los derechos, aclaró que hay prerrogativas determinadas por ejemplo para los empleados públicos. O citó también la estabilidad de los representantes gremiales, o los propios legisladores. “Y esto también rige para los jueces, que no pueden ver disminuidos sus salarios. No se puede afectar la independencia de los jueces por vía de la disminución de esos sueldos”, remarcó, aunque aclaró sobre Ganancias que “en la medida que eso no suceda”, se debe pagar el impuesto.
La Cámara alta se reúne por primera vez desde el arranque del nuevo período ordinario. Se renovarán por 60 días más las sesiones virtuales y se votarán designaciones de camaristas, jueces y defensores.
Desde las 14.11, el Senado realiza este jueves su primera sesión del año, durante la que se votará la renovación de las sesiones virtuales y se aprobarán 22 pliegos de candidatos a camaristas, jueces y defensores, entre ellos el de Roberto Boico, exabogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Como primer punto del temario, el pleno considerará el decreto 5/21, que lleva la firma de la presidenta provisional de la Cámara alta, Claudia Ledesma Abdala, y que prorroga por 60 días “la realización de sesiones del H. Senado de la Nación en carácter remoto o virtual mediante videoconferencia, de modo excepcional” por la pandemia del Covid-19.
El esquema seguirá como hasta ahora, es decir, la mayoría de los legisladores podrán participar de las sesiones y reuniones de comisión desde sus domicilios particulares, sus despachos o bien desde dependencias oficiales.
El Frente de Todos y Juntos por el Cambio, en calidad de mayoría y primera minoría, podrán contar con seis senadores presentes cada uno en el recinto durante las sesiones, mientras que al interbloque Parlamentario Federal le corresponderán dos como segunda minoría, y uno a los bloques restantes.
En la sesión también se votarán 22 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, que obtuvieron dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos presidida por Anabel Fernández Sagasti tras dos audiencias públicas realizadas en febrero.
El nombre que sobresale en la lista es el de Boico, quien fue defensor de Cristina Kirchner y el senador Oscar Parrilli en la causa del Memorándum con Irán, y es propuesto ahora como vocal de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal.
Todos los pliegos que votará el Senado:
-Jorge Eduardo Di Lorenzo como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala II
-Juan Rafael Stinco como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 3 de Capital Federal
-Mercedes Maquieira como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 9 de Capital Federal
-Roberto José Boico como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal
-María Soledad Casazza como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 5 de Capital Federal
-Pablo Daniel Frick como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 14 de Capital Federal
-Gustavo Adolfo Vargas como defensor público de víctima con asiento en la provincia de Chaco
-Natalia Eloísa Castro como defensora pública oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata
-Guillermo Dante González Zurro como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala M
-Lorena Fernanda Maggio como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala B
-Martín Miguel García Ongaro como defensor público de víctima con asiento en la provincia de La Pampa
-Andrea Fabiana Centonze como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 70 de Capital Federal
-Moira Alicia Fullana como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 3 de Capital Federal
-Matías Sebastián Moreno Espeja como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 71 de Capital Federal
-Juan Pablo Lorenzini como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 47 de Capital Federal
-Eugenio Ricardo Labeau como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 54 de Capital Federal
-Damián Esteban Ventura como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 53 de Capital Federal
-Diego Hernán Tachella como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 20 de Capital Federal
-Vanesa Susana Moreno como defensora pública curadora de la Defensoría General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría Nro. 6
-Gabriel Gerardo Rolleri como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala D
-Maximiliano Luis Caia como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala J
-Macarena Marra Giménez como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nro. 12 de Capital Federal
La Comisión de Acuerdos del Senado recibió este viernes a 11 postulantes que defendieron sus pliegos, enviados por el Poder Ejecutivo.
Por segundo día consecutivo, la Comisión de Acuerdos realizó este viernes una nueva audiencia pública para escuchar a 11 candidatos a cubrir cargos en el Poder Judicial. La nómina forma parte de un paquete de pliegos que el Poder Ejecutivo envió al Senado a principios de febrero.
La reunión, que se llevó a cabo de manera remota por tres horas, fue presidida por el vicepresidente de la comisión, el senador de Juntos por el Cambio Ernesto Martínez.
Propuesta para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 70 de Capital Federal, Andrea Fabiana Centonze señaló que "el juzgado está vacante hace casi tres años" y actualmente "existen unas 100 causas en estado de dictar sentencia".
"Es hora de motivar, valorar y capacitar al equipo de trabajo, a fin de lograr los mejores resultados", expresó y agregó que "las tareas del juzgado son muchas y el juez en soledad no podría lograr brindar un servicio de justicia expedito y justo. Considero que el magistrado tiene que ser un líder, un coordinador, tener compromiso y predicar con el ejemplo". Además, manifestó su "compromiso" de "juzgar con perspectiva de género".
Por su parte, Moira Alicia Fullana, candidata a jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 3 de Capital Federal, informó que el juzgado está vacante desde 2017, pero los jueces subrogantes "han mantenido un alto nivel de resoluciones".
"Tengo la idea del juez participativo", afirmó Fullana, al referirse a "trabajar activamente sobre los procesos" y "tutelar los derechos de los trabajadores con la mayor celeridad posible". Sobre el impuesto a las Ganancias, una consulta a todos los expositores, la postulante resaltó: "Los jueces estamos llamados a acatar el orden jurídico como ningún otro ciudadano".
A su turno, Damián Esteban Ventura, postulado como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 53 de Capital Federal, dijo que se desempeña "hace más de 30 años" en este fuero, el cual consideró que "no recibe una especial atención, no está en la mira o en el radar de los medios de comunicación, pero a mí entender cumple un rol muy importante para la ciudadanía, ya que pretende resolver cuestiones cotidianas de la gente".
Ventura sostuvo que aspira a trabajar con las herramientas del uso "de las audiencias, la oralidad, la inmediación, la gestión", y ahondó que "gestionar un juzgado no es tarea sencilla, pero si uno está presente y toma las decisiones adecuadas escuchando al otro, siempre todo se hace más fácil y llevadero, y se obtienen resultados eficaces".
Otro de los expositores fue Diego Hernán Tachella, aspirante a juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 20 de Capital Federal, quien reveló que conoce "a gran parte del personal" del juzgado, el cual está vacante desde noviembre de 2018.
"Es muy importante la gestión, el juez tiene que tomar un rol activo, participar en las audiencias. Y si se presenta una inspección ocular, asistir", opinó, al subrayar la importancia del fuero porque es aquel por el cual "mucha gente resuelve sus problemas cotidianos". "La gente necesita ser escuchada", añadió.
En tanto, Maximiliano Luis Caia, propuesto para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala J, aseguró: "Conozco la competencia del cargo al cual aspiro, dado que ingresé al fuero civil como meritorio hace más de 26 años". Asimismo, detalló que transitó "por varios cargos de escalafón" y fue juez subrogante hasta noviembre de 2014, "cuando me nombraron titular del juzgado N°95, el cual ejerzo en la actualidad".
En la misma línea que expositores anteriores, Caia señaló que el fuero civil "no está muy visibilizado, pero sí creo que es relevante para las personas, porque atraviesa todos los ordenes de la vida, desde el nacimiento e incluso después del fallecimiento".
"La presencia del juez es esencial y decisiva -prosiguió-, porque inmediatez, además es importante para optimizar y darle calidad al servicio de justicia y llegar a una resolución justa y en tiempo oportuno".
También defendió su pliego Vanesa Susana Moreno, candidata a defensora pública curadora de la Defensoría General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría Nro. 6, quien confesó: "Se me presenta como un gran desafío personal, en cuanto a la culminación de una labor que vengo desarrollando hace ya casi 14 años".
La postulante calificó como "noble labor" la "defensa de los intereses de las personas en el ejercicio de su capacidad". "Ya han pasado más de 10 años de la sanción de la Ley de Salud Mental, que aportó un piso mínimo de garantías para las personas, receptó los tratados internacionales de derechos humanos e impuso una obligatoriedad en todo el territorio nacional", indicó.
Y continuó: "La cuestión es de vital trascendencia porque ningún efector resulta ajeno a las problemáticas de salud mental. En la práctica se requiere de forma constante del auxilio de diferentes efectores de salud, tanto públicos y privados, a los fines de velar y poder dar cumplimientos a los parámetros de la ley y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad".
Además expusieron en la reunión de este viernes Macarena Marra Giménez, candidata a jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nro. 12 de Capital Federal; y Matías Sebastián Moreno Espeja, candidato a juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 71 de Capital Federal.
La lista la completan Juan Pablo Lorenzini, para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 47 de Capital Federal; Eugenio Ricardo Labeau, para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 54 de Capital Federal; y Gabriel Gerardo Rolleri, como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala D.
Fue propuesto por el Poder Ejecutivo para cubrir una vacante en la Cámara Federal. También defendieron sus pliegos ante la Comisión de Acuerdos otros diez candidatos.
La Comisión de Acuerdos del Senado, que preside la oficialista Anabel Fernández Sagasti, realizó este jueves una audiencia pública para escuchar a once candidatos a cubrir vacantes en el Poder Judicial, entre ellos Roberto Boico, exabogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el senador Oscar Parrilli en la causa del Memorándum con Irán.
Boico, propuesto para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal, Sala II, arrancó su exposición respondiendo sobre el pago del impuesto a las Ganancias por parte de los jueces.
"Me parece que es un imperativo que todos los argentinos tengamos el deber de tributar para la contribución del bien común. No hay ninguna duda del deber moral de hacerlo siendo magistrado", señaló.
Sobre la Cámara Federal, explicó que "es un tribunal que tiene la decisión respecto de todas las cuestiones de apelaciones de los juzgados de primera instancia, que son 12". Y agregó que en caso que "la reforma judicial llegase a ser sancionada por la Cámara de Diputados, ese ámbito se ampliaría a cuatro salas y 46 juzgados de primera instancia".
"Hay una cantidad de trabajo importante", subrayó y opinó que "la característica fundamental que tiene que tener una Cámara Federal, que tiene las causas de la envergadura que tiene, es la celeridad y el compromiso por el respeto a las garantías constitucionales de todas las partes en pugna y en litigio".
Para Boico, hay que "poner muy alto el concepto de independencia e imparcialidad que tiene que tener el magistrado" y "transparentar un fuero que tiene las causas más visibilizadas ante la opinión pública".
Por otra parte, el abogado pidió "rescatar una perspectiva de género que falta en la Cámara, al menos en cuanto a la composición". Además, abogó por "rescatar quizás algunas palabras que no están tan presentes en las sentencias" como "pueblo, derecho, igualdad, vulnerabilidad", porque "este tipo de palabras lo que hacen es garantizar y poner en práctica los postulados más importantes de la Constitución Nacional".
Consultado por el senador oficialista Martín Doñate sobre el control de constitucionalidad, el candidato dijo que "el control de constitucionalidad debe transitarse con suma responsabilidad. Las inconstitucionalidades excesivas producen un deterioro de la calidad del Poder Judicial".
"Los funcionarios judiciales tienen que rendir cuentas de lo que hacen al pueblo", agregó y resaltó que "las decisiones que se toman deberían confluir en un mayor examen por parte de los tribunales".
En esa línea, y ante una consulta del senador del Pro Ernesto Martínez -quien en la introducción apuntó que "es el único candidato que viene de la profesión del ejercicio de la abogacía"-, Boico sostuvo que "hay que hacer una construcción jurisprudencial seria, responsable lo más rigurosamente posible, en la medida que los tribunales inferiores y también los propios integrantes de la Cámara se avengan y se sujeten a esos criterios que no pueden cambiar graciosamente por coyunturas especificas".
Otros diez postulantes defendieron sus pliegos
Propuesto como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala II, Jorge Eduardo Di Lorenzo detalló que se trata de "una Cámara que tiene bastante trabajo. Según las ultimas estadísticas han ingresado alrededor de 1.600 causas penales y 3.500 causas no penales".
En caso de acceder al cargo, el candidato dijo que buscará "contribuir a un eficiente trabajo en equipo, manteniendo y aún mejorando la resolución de las causas en los tiempos que implica la ley", al tiempo de "resolver con una mirada inclusiva y perspectiva de género".
A su turno, Gustavo Adolfo Vargas, postulado como defensor público de víctima con asiento en la provincia de Chaco, sostuvo que "la Ley de Víctimas ha sido un reconocimiento al carácter activo que debe tener la víctima" que "nunca está muy empoderada, por eso es más susceptible, la más vulnerable y sufre las injusticias que se dan en distintos ámbitos".
"No quisiera que la Defensoría, o las demás defensorías que todavía están pendientes de establecerse, se constituya en una ventanilla más sino en un canal efectivo de actuación", enfatizó.
Además, defendió su pliego Mercedes Maquieira, candidata a jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 9 de Capital Federal, quien precisó que el cargo se encuentra vacante desde 2016 cuando se jubiló su titular y desde ese momento "han pasado varios jueces subrogantes".
Maquieira reveló que ya ha trabajado con los dos secretarios del juzgado, por lo que pronosticó que "vamos a poder formar un buen equipo de trabajo", algo que consideró "esencial porque el juez no puede llevar por sí solo un juzgado". En caso de ser designada, aseguró que trabajará por "crear un buen clima, un ambiente donde la gente quiera trabajar y desarrollarse".
Por otra parte, en referencia al pago del impuesto a las Ganancias, la postulante expresó: "Empezaré a pagar Ganancias inmediatamente. Es lo que corresponde que los magistrados paguen Ganancias".
A la jornada de este jueves también asistió María Soledad Casazza, propuesta como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 5 de Capital Federal, quien al repasar su capacitación enfatizó que "los operadores y las operadoras jurídicos debemos resolver y pensar las decisiones con perspectiva de género, eso tiene que atravesar e instalarse en las decisiones judiciales".
En particular sobre el fuero comercial, habló de la necesidad que "el juez o la jueza deben bregar por la defensa de todos los interesen comprometidos, sobre todo en procesos concursales, y buscar un justo equilibrio entre de los trabajadores, la empresa, el fisco y los demás acreedores".
También expusieron en la audiencia pública Natalia Eloísa Castro, candidata a defensora pública oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata; Martín Miguel García Ongaro, candidato a defensor público de víctima con asiento en la provincia de La Pampa; y Juan Rafael Stinco, postulado para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 3 de Capital Federal.
Además, defendieron sus pliegos ante los senadores Pablo Daniel Frick, propuesto como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 14 de Capital Federal; Guillermo Dante González Zurro, postulado como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala M; y Lorena Fernanda Maggio, para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala B.
El Frente de Todos, con mayoría en el Senado, avaló el pliego del magistrado que hasta ahora se desempeñaba en Dolores. También se avalaron un paquete de nombramientos.
En la primera sesión extraordinaria del año, el Frente de Todos en el Senado aprobó la designación de Alejo Ramos Padilla como juez del Juzgado Federal N°1 de La Plata, con competencia electoral en el distrito más grande del país. De esta manera, el magistrado tendrá un rol clave en la fiscalización de las elecciones legislativas de este año.
El pliego fue enviado por el Poder Ejecutivo en noviembre pasado, luego que se revisara esa postulación y se desechara el nombre de Laureano Durán, quien había sido propuesto por la gestión anterior para ese cargo.
Ramos Padilla, quien tuvo a su cargo la causa por presunto espionaje ilegal durante el macrismo, por la cual imputó al fiscal federal Carlos Stornelli, es un magistrado cuestionado por la oposición y que, incluso, durante el gobierno de Cambiemos fue denunciado por mal desempeño. Ahora ocupará el puesto vacante en La Plata desde 2014, tras la muerte de Manuel Blanco.
La designación fue rechazada por el interbloque Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal, mientras que el oficialismo sumó el respaldo para su aprobación de los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones).
No obstante, la votación en paquete resultó con 66 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, de Juan Carlos Romero.
Miembro informante del oficialismo, la mendocina Anabel Fernández Sagasti destacó las audiencias públicas realizadas y aseguró que la Comisión de Acuerdos, que preside, "ha cumplimentado todos los requisitos de procedimiento".
Los 15 candidatos recibieron "58 observaciones a las calidades y méritos", las cuales "han contestado en debido tiempo y forma", apuntó la legisladora, que ponderó que "todos y cada uno de los candidatos enviados por el Poder Ejecutivo Nacional contestaron todas las preguntas de los senadores" en la reunión de comisión y, a su criterio, de manera "muy solventes, demostrando la idoneidad de cada uno".
En contra de la postulación de Silvia Estela Mora, como jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°10 de Capital Federal, el cordobés Ernesto Martínez acusó que "no responde a una vacante del Poder Judicial, sino a una continuidad que se reclama por cumplir próximamente 75 años y se compadece con una motivación sospechosa, lo cual ratifico".
"Es una jueza contemporánea con el voto hoy oficialista de su marido en el seno del Consejo de la Magistratura (el vicepresidente de ese órgano, Ricardo Recondo), a los fines de obtener la mayoría de los dos tercios necesaria para conformar ternas que se eleven al Poder Ejecutivo, de las cuales el presidente de la Nación tiene el derecho constitucional de poder elegir a uno de los integrantes para enviar al Senado", lanzó el macrista.
El legislador advirtió que "esto es un privilegio indebido porque es sospechoso y políticamente inconveniente" y "los contubernios políticos son siempre nefastos para cualquiera que los haga".
"El oficialismo habla de lawfare, de justicia cautelar, de partido judicial y resulta que pacta con uno de los miembros más connotados del partido judicial, que sí existe, verdaderamente existe", agregó y completó: "No solo acuerdan en el Consejo de la Magistratura, sino que nada dicen acerca del fondo de la cuestión que debe resolverse en el caso de (Elena) Highton de Nolasco".
En rechazo al pliego de Ramos Padilla, el salteño Juan Carlos Romero acusó al Frente de Todos de tener "un plan bien orquestado de acomodar toda la Justicia para el único objetivo que es la búsqueda de la impunidad de los imputados pertenecientes al oficialismo".
Romero lo calificó como "un juez militante" y "polémico" que será trasladado a "un juzgado tan importante como lo es el electoral de la provincia de Buenos Aires". "Tuvo ocho denuncias en el Consejo de la Magistratura, de las cuales ya fueron cerradas muchas de esas pero tres están en trámite", señaló.
Respecto de la causa que tuvo a su cargo sobre espionaje ilegal, lo consideró que "armó un invento" y una investigación "traída de los pelos". "Parece que tiene capacidad, porque le va bien los concursos, pero no tiene idoneidad", agregó y anticipó su voto negativo. Además, dijo que se abstendría en todos los nombramientos, excepto el de Jorge Gustavo Montoya para el Juzgado de Primera Instancia de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta, al que acompaña.
Por su parte, el oficialista Jorge Taiana defendió la postulación de Ramos Padilla, quien aseguró "ha sido víctima de una campaña mediática y política de descalificación que en realidad tiene pocos antecedentes".
El bonaerense recordó que "la afiliación partidaria que tuvo antes de ingresar a la Justicia fue la Unión Cívica Radical" y destacó que fue "el mejor calificado en el concurso que realizó el Consejo de la Magistratura durante el gobierno anterior".
Para el senador, su designación "es un acto de estricta justicia y, en verdad, un desagravio ante tantas falsedades que se han dicho de él". "Es un juez valiente, es un juez que conoce, es un juez que tuvo que soportar que el presidente (en referencia a Mauricio Macri) en ejercicio dijera que había que sacarlo", enfatizó y lo consideró un "ejemplo de una justicia en Argentina que quiere ser independiente y no quiere subordinarse a poder alguno".
En respuesta a Martínez, el oficialista Mario Pais aseveró "no nos podemos hacer cargo de esa crítica y yo afirmo que no existe tan contubernio. Menos aún el senador Martínez ha dado alguna prueba o acreditación del mismo".
"Si hay algunas pruebas y reminiscencias de contubernio no fueron durante esta gestión, sino en la anterior", disparó el chubutense y añadió: "Inclusive a quien habla como senador se le impidió jurar en el Consejo de la Magistratura para alterar un orden del día y poder cesar a un juez de la Nación".
Más nombramientos
Además del pliego de Ramos Padilla, el cuerpo aprobó este jueves un paquete de nombramientos en la Justicia. Recibieron aval Sebastián Foglia y Ernesto Pedro Francisco Sebastián, como jueces de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca; y Jorge Gustavo Montoya, como juez del Juzgado de Primera Instancia de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta.
Además, se aprobaron las designaciones de Silvia Estela Mora, como jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°10 de Capital Federal; Luis Alberto Imas, como juez de cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 de Capital Federal; y Mario Leal, como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
También tuvieron aval para ocupar juzgados de primera instancia en lo Civil de la Capital Federal Ramiro Güiraldes (N°90); Andrea Alejandra Imatz (N°6); Mariana Judith Kanefsck (N°4); y Alejandro Luis Pastorino (N°29).
En tanto, se votaron los nombramientos de Pedro Pugliese, como defensor público de víctima con asiento en la provincia de Neuquén; Verónica Esther Vieito, como defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, provincia de Buenos Aires; y Nicolás Javier Ossola, como defensor público oficial adjunto de la Defensoría General de la Nación.
La Cámara alta realiza desde las 14.18 su primera sesión del año, en la que el oficialismo buscará avalar la designación de Alejo Ramos Padilla como juez federal de La Plata. Además, se votará una iniciativa para modificar varios aspectos de la Ley 27.442.
El Senado realiza este jueves, desde las 14.18, su primera sesión del año, con un temario breve que consiste en un paquete de pliegos judiciales y un proyecto para introducir modificaciones a la Ley de Defensa de la Competencia.
La sesión se lleva a cabo de manera virtual, modalidad que fue renovada hasta marzo por un decreto de la vicepresidenta Cristina Kirchner, con lo cual hay un acotado número de senadores presentes y resto se encuentran conectados de forma remota.
En la reunión se pondrán en consideración quince dictámenes correspondientes a la Comisión de Acuerdos que preside la mendocina Anabel Fernández Sagasti (FdT). Entre ellos figura el del juez Alejo Ramos Padilla, propuesto para ocupar un cargo en el Juzgado Federal N°1 de La Plata, con competencia electoral.
Luego se tratará un proyecto de la correntina Ana Almirón (FdT), que impulsa una serie de cambios a la Ley de Defensa de la Competencia.
El texto, que en caso de ser aprobado será girado a la Cámara de Diputados, establece modificaciones sobre la conformación de la Autoridad Nacional de la Competencia, la cual a su vez se propone que funcione bajo la órbita de la Secretaría de Comercio Interior.
Entre sus puntos centrales, la iniciativa busca que la designación de sus miembros ya no sea mediante un concurso público de antecedentes y oposición, sino por un "procedimiento público, abierto y transparente" dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo. Además, se elimina que la renovación de sus integrantes pueda ser "de manera escalonada y parcial".
También se suprime la posibilidad de que el Tribunal de Defensa de la Competencia pueda "por decisión fundada expedir permisos para la realización de contratos, convenios o arreglos".
Fue en el marco de la Comisión de Acuerdos, que preside la oficialista Anabel Fernández Sagasti. Tras concluir con el paquete de pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, se pasaron a la firma los dictámenes.
La Comisión de Acuerdos del Senado, que preside la oficialista Anabel Fernández Sagasti, realizó este martes una nueva audiencia pública y cerró así las exposiciones de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos vacantes en la Justicia.
En la jornada defendieron sus postulaciones Ramiro Güiraldes, para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°90 de la Capital Federal; Nicolás Javier Ossola, para defensor público oficial adjunto de la Defensoría General de la Nación; Andrea Alejandra Imatz, para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°6 de la Capital Federal; y Mariana Judith Kanefsck, para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°4 de la Capital Federal.
También participaron Alejandro Luis Pastorino, candidato a juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°29 de la Capital Federal; Ariel Ignacio Fognini, para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°97 de la Capital Federal; Luis Alberto Imas, para juez de cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 de la Capital Federal; Silvia Estela Mora, para jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°10 de la Capital Federal.
Al momento de exponer, Ramiro Güiraldes explicó que “el civil es un fuero silencioso que tiene mucha incidencia en la sociedad, que dirime los conflictos que tienen los ciudadanos entre sí en las relaciones de derecho privado. La competencia del fuero civil es muy amplia y variada”. Sobre el impuesto a las Ganancias aseguró estar “de acuerdo con el pago del impuesto por parte del Poder Judicial”.
A su turno, Nicolás Ossola expresó que “el impuesto a las Ganancias es una obligación que asume la mayoría de la población. No encuentro justificación para tratar de ampararme en algún privilegio con el objeto de evitarlo, sobre todo desde la perspectiva del principio de igualdad”.
Por su parte, Andrea Imatz relató que se desempeña en el fuero civil hace "más de 30 años" y contó que “uno de los desafíos más importantes ha sido seguir trabajando durante la pandemia de manera remota; esto me ha dado experiencia para aplicarla en el nuevo cargo”.
Mariana Kanefsck manifestó que el juzgado para el que se presenta es exclusivo con competencia en temas de familia. "El juez de familia debe realizar un trabajo de puertas abiertas, no solo con el justiciable sino también con el equipo de trabajo, es importante circular por los despachos y motivarlos”, señaló.
En tanto, Alejandro Pastorino consideró que “el juez tiene que tener un rol activo, presente en el proceso, actuar con imparcialidad e igualdad”.
Ariel Fognini sostuvo: “El rol del juez cumple un papel fundamental frente al justiciable y frente a su equipo de trabajo, debe tener una conducta activa tratando de conocer las partes, sus pretensiones y la forma en que se entabla el debate y fomentar un ambiente propicio de trabajo”.
También sobre el impuesto a las Ganancias, Luis Alberto Imas aseguró que se encuentra “en un tribunal penal tributario", por lo cual "mal hablaría que no esté a favor de la igualdad de que todos tenemos que tributar y cumplir con las obligaciones; nosotros enjuiciamos a aquellas personas que evaden el pago de los impuestos”.
Por último, Silvia Mora coincidió que “por la igualdad ante la ley todos los magistrados deberíamos tributar el impuesto a las Ganancias”.
Tras la reunión, Fernández Sagasti informó que los pliegos se pasarán a la firma para los dictámenes.
El juez federal de Dolores, propuesto para el Juzgado Federal N°1 de La Plata -con competencia electoral-, se presentó este lunes ante senadores para defender su pliego. Legisladores de la oposición no le hicieron preguntas.
El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, sorteó sin sobresaltos este lunes la audiencia pública en la Comisión de Acuerdos, donde defendió su postulación para ocupar la vacante en el Juzgado Federal N°1 de La Plata, con competencia electoral en el distrito más grande del país.
El magistrado fue el último en exponer y, al momento de las consultas, no recibió ninguna pregunta por parte de senadores de la oposición. Se prevé que una vez que la comisión finalice con el listado de candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo, los pliegos pasen a la firma.
El oficialismo no tiene dificultades en obtener el número para la firma del dictamen, como tampoco para los votos dentro del recinto, con lo cual se prevé que la designación avance a paso firme. El tratamiento de acuerdos fueron incluidos en el temario de sesiones extraordinarias por parte del Gobierno.
La postulación de Ramos Padilla se trata de uno de los más de 200 pliegos que el Poder Ejecutivo retiró en febrero pasado para su revisión, ya que la gestión anterior había impulsado a Laureano Durán.
Al comenzar su exposición, Ramos Padilla consideró "esencial" para cualquier juez "concursar para esta especie de traslados", y resaltó que concursó para tres cargos, quedando dentro de las ternas, además de destacar que para esta vacante fue calificado "con el más alto puntaje, con 183,5 puntos, más de 35 puntos de diferencia con el segundo que integra la terna y 38 con el tercero".
Al insistir con la necesidad de los concursos, opinó que cualquiera debe someterse "con sus pares a una competencia de estas características, y pasar por los procesos de selección que establece la Constitución".
En un repaso de su trayectoria, el juez federal de Dolores recordó que se recibió en 2001 de abogado, que se desempeña como docente "hace más de 10 años" en la UBA y en la Universidad Atlántida Argentina.
"Fundamentalmente mi tarea estuvo signada por los juicios por la verdad, me identifiqué mucho en ese trabajo", sostuvo y mencionó que acompañó a "Chicha" Mariani (María Isabel Chorobik de Mariani) "en la búsqueda de su nieta".
Asimismo, recordó que participó del caso de Jacobo Timerman; en el juicio que se determinó el robo sistemático de bebés durante la dictadura; y que patrocinó a excombatientes de Malvinas. En ese tramo, negó haber tenido participación en la causa "Noble".
Ramos Padilla recordó momentos de su paso como subrogante por el juzgado federal de Bahía Blanca, mientras que desde Dolores destacó que dispuso una medida cautelar para prohibir "que dos jueces de la Corte asuman sin acuerdo del Senado de la Nación", en referencia a lo sucedido con Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.
"En los últimos tiempos fui objeto de numerosas críticas y también de muchos elogios por haber iniciado algunas investigaciones en materia de espionaje, por haberme animado a llevar adelante investigaciones en materia de espionaje", expresó, en alusión la causa Marcelo D'Alessio, por la cual procesó, entre otros, al fiscal Carlos Stornelli.
El juez apuntó que fue denunciado por su desempeño en esta causa, pero el juez federal "(Luis) Rodríguez archivó absolutamente todas las denuncias" y "el juez (Marcelo) Martínez Di Giorgi hizo lo propio".
"En el expediente que yo tramito, que tiene 80 cuerpos y 170 legajos, también se hicieron numerosos planteos, nulidades, cuestiones de competencia, recusaciones. Todas y cada una fueron rechazadas en cada una de las instancias", continuó.
En ese sentido, ponderó que fue en el Consejo de la Magistratura "donde cada uno de los planteos que se hicieron hacia mi funcionamiento fueron rechazados de plano". "La instrucción que llevó adelante el doctor (Pablo) Tonelli fue rechazada con un enorme dictamen, donde se dijo que no hubo ninguna irregularidad funcional de mi parte, mal desempeño, ni ningún delito que pueda serme reprochado", agregó.
El magistrado defendió que le "han tocado tocado tomar decisiones complejas, difíciles", pero "un juez tiene que resolver de acuerdo a sus convicciones" y "es necesario que los jueces no sean oportunistas".
Respecto al Juzgado Federal N°1 de La Plata, señaló que es un cargo del mismo grado en el cual se desempeña actualmente. "Es un juzgado muy amplio, que tiene muchos empleados. Hay que trabajar mucho. Sería para mí un honor poder ejercer la magistratura ahí", completó.
Al momento de las preguntas, el senador chubutense Mario Pais subrayó que Ramos Padilla "no tiene en curso ningún jury" y, por otra parte, le pidió que se explaye sobre la experiencia electoral ya que se trata de "un juzgado clave" con casi el 40% del padrón.
Entonces el juez respondió: "Mi experiencia en materia electoral tiene que ver esencialmente desde que ejerzo como abogado. Desde que ejerzo como juez, solamente tenemos los jueces tenemos la intervención durante el comicio para lo que es el amparo del elector".
"Me ha tocado intervenir en procesos electorales universitarios. Intervine como abogado en varios de los procesos electorales de la Facultad de Medicina", relató y sumó otro episodio, sobre su patrocinio a Alfredo Bravo, quien peleó por "la tercer banca de senador por la Ciudad de Buenos Aires" en 2001, en un tema que finalmente "se terminó debatiendo y definiendo en el propio Congreso de la Nación".
Finalmente, el presidente del bloque Frente de Todos, José Mayans, le reconoció haber tenido "causas que han sido muy difíciles" y avaló: "Estamos sumamente conformes y nuestro bloque va a acompañar la propuesta hecha por el Poder Ejecutivo".
Otros candidatos
En la reunión de este lunes también expuso Sebastián Foglia, propuesto como juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, quien afirmó que se trata, desde 2018, del "único Tribunal Oral Federal del país que no tiene ninguno de los tres jueces", lo que "ha complicado mucho el trabajo del tribunal y actualmente hay 60 causas para realizar juicio oral".
Además, hay "aproximadamente unas 70 personas en prisión preventiva a la espera de juicio". "Esa es la labor que entiendo prioritaria; regularizar el trámite de todos esos juicios y solucionar los problemas de las demoras en las prisiones preventivas", resaltó Foglia.
A su turno, Mario Leal, candidato a vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, destacó que, pese a este año de pandemia, se alcanzaron resoluciones en materia previsional en 86 casos, más de 200 casos en lo civil y más de 600 casos resueltos en materia penal.
Leal aseveró que desde el cargo buscará "contribuir a un eficiente trabajo en equipo, manteniendo y mejorando aún lo que se pueda en la rapidez y terminalidad de cada una de las causas"; dar "una mirada de carácter inclusiva y de género a las cuestiones que tenga que resolver" y garantizar "el acceso a la información pública".
Por su parte, Jorge Gustavo Montoya, postulado para juez del Juzgado de Primera Instancia de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta, reveló que se encuentra en el tribunal -no como titular- desde febrero de 2016 y que al momento de su llegada el mismo "se encontraba muy desarticulado", con "el multifuero que prácticamente no estaba operativo", sumado a problemas edilicios y un "problema muy grave" respecto al inventario de causas.
Montoya remarcó la importancia de este juzgado, dado que el territorio tiene "unos 300 kilómetros en total de frontera con Bolivia y Paraguay", donde "los delitos más frecuentes" y con "gran cantidad de causas" son el narcotráfico y la narcocriminalidad.
Además, participaron de la audiencia pública Pedro Pugliese, propuesto a defensor público de víctima con asiento en la provincia de Neuquén; Ernesto Pedro Francisco Sebastián, postulado como juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires; y Verónica Esther Vieito, candidata a defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, provincia de Buenos Aires.
Así se expresaron los senadores de Juntos por el Cambio tras cumplirse un año de la asunción de Axel Kicillof en la gobernación bonaerense.
Los senadores de Juntos por el Cambio e integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado bonaerense, Nidia Moirano, Juan Pablo Allan, Felicitas Beccar Varela, Leandro Blanco, Elisa Carca, Lucas Fiorini, Claudia Rucci y Gabino Tapia, manifestaron preocupación por “la pasividad del gobierno en la cobertura de las vacantes judiciales”.
En ese sentido, los senadores remarcaron que estamos frente a una “situación que la propia Suprema Corte de Justicia calificó como preocupante” y agregaron: “nos encontrarnos ante la cifra de vacantes más alta históricamente registrada. Faltan jueces, fiscales, defensores oficiales y camaristas en toda la provincia”.
“En todo lo que va del año el Poder Ejecutivo no remitió ni un solo pliego al Senado y lamentablemente ya nos encontramos fuera del período de sesiones ordinarias. Pero tampoco firmó los decretos de los 41 cargos que fueron aprobados por el Senado en el mes de septiembre de este año demorando indebidamente un trámite que impide y obstaculiza el normal funcionamiento de múltiples juzgados, cámaras, defensorías y fiscalías”, señalaron los legisladores de Juntos por el Cambio.
“El gobierno tomó, durante sus primeros 12 meses de gestión, la decisión de adormecer a la Justicia dejándola a la deriva, no proveyéndola de los recursos humanos necesarios para ocupar cargos esenciales que hacen, ni más ni menos, al correcto y normal funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado”, remarcaron los senadores.
Los senadores opositores también se detuvieron en señalar que “esta situación contrasta absolutamente con la gestión que llevamos adelante durante el período 2016–2019 donde se cubrieron más de 500 cargos judiciales y se reformaron las leyes del Consejo de la Magistratura”.
En ese sentido, los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos que integran el bloque de JxC explicaron que en el gobierno de María Eugenia Vidal “se modificó la Ley de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados estableciendo el orden de mérito de las ternas, la Escuela Judicial Obligatoria, la realización de un examen oral videofilmado, y la del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órganos encargados respectivamente de la selección y remoción de magistrados judiciales, previendo en definitiva la despolitización de estos dos órganos y su mayor eficiencia, objetividad y transparencia”.
Por último, los legisladores sostuvieron que “la Justicia no puede ser abandonada. Los bonaerenses necesitamos Justicia”.
El nombramiento del juez federal de Tucumán fue avalado en la sesión de este jueves. Juntos por el Cambio votó en contra. También se aprobó un conjunto de pliegos judiciales.
Con mayoría garantizada, el oficialismo en el Senado aprobó este jueves la designación de Raúl Daniel Bejas en la Cámara Nacional Electoral. El pliego del juez federal tucumano se votó dentro de un paquete que resultó con 65 votos a favor y uno en contra.
Pero su nombramiento fue rechazado en particular por la bancada de Juntos por el Cambio y por el salteño Juan Carlos Romero (Parlamentario Federal). En tanto, el rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) se abstuvo.
La oposición rechazó la propuesta del Gobierno cuestionando tres aspectos centrales: su actuación como juez en diferentes casos; su pasado como apoderado del Partido Justicialista en su provincia -entre 1984 y 1996-; y el hecho de que en el concurso de 2018 el primer puntaje lo obtuvo una mujer, Alejandra Lázzaro, actual secretaria de la CNE.
Lázzaro era el nombre por el cual bregaron desde el comienzo la Unión Cívica Radical y la CC-ARI, socios del Pro, cuando durante la gestión anterior el Poder Ejecutivo nunca envió el pliego.
Bejas, quien recibió varias impugnaciones en su candidatura, fue criticado por haber sobreseído en una causa por presunto enriquecimiento ilícito al actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur, justo antes que éste comenzara su carrera hacia la Gobernación.
Actualmente la CNE está integrada por los magistrados Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera. El tercer cargo estaba vacante desde 2016, cuando falleció a los 87 años el juez Rodolfo Munné.
En la sesión también se aprobó el pliego de Mariano Galletta como defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. En este caso, Juntos por el Cambio se inclinó por la abstención.
Por este cargo, Vanessa Lucero, quien salió primero en la terna del concurso realizado en 2018, presentó un amparo ante la Justicia. Durante el año pasado su pliego no se había llegado a tratar y, a principio de este año, el Gobierno lo retiró para su revisión. Finalmente, en septiembre pasado se envió la candidatura de Galletta, avalada este jueves.
Al referirse a los dos casos, la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, recordó que en ambos "se objetó que ninguno de ellos era el primero en orden de mérito de la terna que remitió el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo", además de haberse cuestionado al presidente por "no haber optado por una mujer".
"No vamos a admitir que bajo la pátina de la cuestión de género se discuta en realidad una cuestión política", apuntó la vicejefa del bloque oficialista, que aclaró que "no existe obligación en el Poder Ejecutivo Nacional de elegir al primero o primera en orden de mérito".
Además, la mendocina defendió que en el primer paquete de pliegos enviado por el Gobierno "el 50% de los pliegos enviados eran pliegos de mujeres", y en éste último "el 45% de los pliegos enviados son de mujeres".
"Se está utilizando la excusa de la paridad de género para una discusión más de fondo", insistió la legisladora y cargó que desde Juntos por el Cambio "no aceptan las reglas democráticas de juego que establece la Constitución Nacional". "Intentan teñir de ilegítima una decisión que es totalmente legal", agregó y reprochó que "el expresidente Mauricio Macri nunca envió a ninguno de los tres postulantes" para la CNE.
La tucumana Silvia Elías de Pérez, quien encabezó el rechazo a Bejas, remarcó que "es imprescindible que un juez, máxime en un órgano tan importante, sea independiente e imparcial". "Estas dos características a quien nos está proponiendo no las tiene", afirmó.
Señaló entonces que el magistrado "omitió en su curriculum" haber sido "más de 10 años apoderado del Partido Justicialista de Tucumán", pero criticó con más fuerza "la historia del juez y de cómo ha ido resolviendo distintos casos".
Entre eso, la radical mencionó que "no quiso tomarle indagatoria a (César) Milani cuando era jefe del Ejército"; sobreseyó "al gobernador (Juan) Manzur, acusado de enriquecimiento ilícito cuando era ministro nacional, uno de los más ricos"; y "no investigó nunca ningún hecho de corrupción", aseguró.
La opositora opinó que la decisión es "una enorme discriminación hacia la mujeres" y subrayó que durante el gobierno anterior "la UCR a Macri también le solicitó que envíe el pliego" de Lázzaro.
Finalmente, Elías de Pérez anticipó la abstención sobre el pliego de Galletta y enfatizó que en su provincia "todos los jueces son hombres, todos los fiscales son hombres y todos los defensores son hombres".
También desde el bloque radical, el porteño Martín Lousteau cuestionó que el argumento de "ustedes no lo hicieron" no es "una buena justificación". El vicepresidente de la Cámara manifestó que a principio de año se realizó una capacitación en el Senado sobre la Ley Micaela y "sin embargo hoy vamos a votar que un hombre ocupe un lugar que debería ocupar una mujer".
"Se privilegian cuestiones políticas", sostuvo y lamentó que "se pierde la oportunidad de tener a la primera mujer en la Cámara Nacional Electoral". "A pesar de todo lo que proclamamos y las leyes que sancionamos es un retroceso en materia de género", añadió.
Por su parte, el oficialista Mario Pais respaldó que Bejas asistió a audiencia pública y "con absoluta solvencia dio cuenta de su obrar, dio las explicaciones". "Es un juez que no tiene denuncias ante el Consejo de la Magistratura", valoró y además destacó que con su integración a la CNE se plasma "una perspectiva federal" en un órgano que "siempre ha sido manejado desde una visión centralista de Capital Federal".
En los cierres, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, resaltó que "el candidato que se elige no puede ser una decisión arbitraria" y "cuando se trata de ternas que son invertidas, las razones tienen que ser mayormente fundadas".
En base a un informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, el formoseño precisó que en el Poder Judicial hay un 61% de mujeres "en el personal administrativo", pero "en cuanto a las magistradas en algunos casos se alcanza el 44%" y "en las máximas autoridades solo el 28%".
"En 1971 se creó la Cámara Nacional Electoral y desde esa fecha nunca de los tres integrantes una integrante fue mujer", agregó y expresó que la decisión "es una discriminación selectiva que afecta al conjunto del colectivo de mujeres".
En tanto, el presidente del Frente de Todos, José Mayans, elogió que Bejas "estuvo impecable en su presentación" y criticó a Juntos por el Cambio por no haber reclamado por una mujer cuando en la Corte Suprema se designaron dos hombres, durante el gobierno de Mauricio Macri.
El formoseño se quejó del "cuestionamiento y la descalificación" y dijo: "Es un juez federal con competencia electoral que nunca tuvo un jury. ¿Y qué hace la oposición? Lo desprestigia". Por último, celebró que su nombramiento "tiene una visión federal" porque "es la primera vez que un hombre del interior" va a ocupar el cargo.
El resto de los pliegos
Además se dio acuerdo a las designaciones de Sebastián Eduardo Russo, como vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III; Adriana Claudia Cammarata, como vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala I; Héctor Osvaldo Chomer, como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal; y Alejandra Quinteiro, como jueza de Cámara del Tribunal Oral de Menores Nro. 2 de la Capital Federal.
También se aprobaron los nombramientos de Guillermo Quadrini en la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego; Federico Martín, como juez federal de primera instancia de Victoria (Entre Ríos); Guillermo Díaz Martínez, como juez federal de primera instancia N°2 de Catamarca; María Belén López Mace, como jueza federal de primera instancia N°2 de Formosa; Gabriel Di Giulio, como juez federal de primera instancia N°1 de Azul (Buenos Aires); Ricardo Mianovich, como juez federal de primera instancia N°2 de Resistencia (Chaco); y Claudio Vázquez como juez federal de primera instancia de Río Gallegos (Santa Cruz), con el voto en contra de Juntos por el Cambio.
En el conjunto de pliegos recibieron aval una docena de jueces laborales de primera instancia, con asiento en Capital Federal. Se trata de María Luján Garay, Laura Matilde D’Arruda, Santiago Docampo Miño, Lucas Malm Green, Ana Clara Alfie, Alejandro Musa, Héctor Karpiuk, Andrea Urretavizcaya, Fabiana Rodríguez, María Eugenia Plaza, Carlos Nagata y Viviana Dobarro.
En tanto, se votaron las designaciones de Juan Bernardo Candia, como defensor público de menores e incapaces en lo Civil, Comercial y del Trabajo N°1 de Capital Federal; Mercedes Robba, como defensora pública curadora de la Defensoría General de la Nación; Carlos Escandar,como defensor público de víctima con asiento en la provincia de Salta; Celia Delgado, como defensora pública oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca (Río Negro); y María Virginia Jalil Colomé, como defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Villa Mercedes (San Luis).
Los postulantes expusieron ante la Comisión de Acuerdos, presidida por la oficialista Anabel Fernández Sagasti. Los miembros de Juntos por el Cambio estuvieron ausentes.
La Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por la mendocina Anabel Fernández Sagasti, recibió este lunes a diez candidatos a cargos en la Justicia, quienes defendieron ante los senadores sus pliegos, enviados por Poder Ejecutivo el pasado 1ro. de septiembre.
Las exposiciones se desarrollaron durante cuatro horas, en una reunión que estuvieron presentes los legisladores del Frente de Todos y la misionera Magdalena Solari Quintana, en tanto los miembros de Juntos por el Cambio estuvieron ausentes.
La primera en presentarse fue Iara Jesica Silvestre, propuesta como fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Santa Rosa, La Pampa, quien afirmó que conoce "de primera mano" la fiscalía y "al personal y al equipo de trabajo".
La pampeana resaltó que el fiscal debe tener un "rol proactivo" y manifestó que bregará "por la capacitación permanente del personal, sobre todo en cuestiones de género y discapacidad". "Soy de la idea una fiscalía de puertas abiertas", agregó.
En tanto, María Isabel Caccioppoli, candidata a jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, expresó: "La justicia federal para mí es un lugar muy cómodo". "Conozco al personal (del juzgado), tengo una cordial relación con todos", relató y destacó su "basta experiencia en el contacto con la gente; entiendo a la justicia como un servicio para la comunidad". En referencia a la reforma judicial, la consideró "absolutamente necesaria".
A su turno, Alejo Amuchástegui, propuesto como defensor público oficial ante los tribunales orales en lo criminal federal de Mendoza sostuvo que aspira "a promover la instauración del nuevo Código Procesal Penal" ya que el sistema acusatorio "mejora la administración de justicia, en cuanto a los paradigmas comienzan a modificarse".
"La competencia me es conocida, la jurisdicción de Mendoza me es conocida", dijo sobre el cargo y detalló que esa defensoría "tiene principalmente causas con infracción a la Ley de Drogas", otras por "delitos de lesa humanidad y asociaciones ilícitas fiscales".
Postulado para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Santa Fe, Daniel Edgardo Alonso destacó que se trata de "una Cámara centenaria y es la quinta Cámara del país". Anunció que en caso de ser avalada su candidatura, impulsará un cambio reglamentario para "volver a un tribunal de tres, que constituye un juez natural, eficaz y eficiente para resolver todas las situaciones con la mayores garantías para imputados y para víctimas. No se puede tener un tribunal de seis". Y apostó por "seguir avanzando en la digitalización que es lo mejor que nos pudo pasar".
Por su parte, Pablo Gabriel Salinas, candidato a juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Mendoza, repasó su trayectoria, entre la que mencionó haber sido el primer secretario de Derechos Humanos en la provincia, y agradeció la adhesión a su postulación que hizo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
Salinas señaló que con su designación "se completaría el tribunal y permitiría que el mismo funcione de manera más eficiente". "Voy a promover los principios de transparencia, independencia y justicia abierta", añadió.
En la reunión, también defendieron sus postulaciones Pablo Oscar Quirós, propuesto para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Mendoza; Ivana Soledad Hernández, candidata a jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de General Pico, La Pampa; Gema Raquel Guillen Correa, propuesta como defensora pública oficial ante los juzgados federales de primera instancia de San Juan; María Carolina Pereira, candidata a jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis; y Susana Beatriz Pravata, postulada para jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia N°4 de Mendoza.
El senador del Frente de Todos dijo que es lícito que el Ejecutivo solicite la devolución de 42 pliegos para cubrir cargos judiciales.
El senador bonaerense del Frente de Todos Gervasio Bozzano brindó más detalles sobre los pliegos para cubrir cargos judiciales que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires solicitó por decreto al Senado provincial “para poder revisarlos”.
El legislador provincial señaló que la disputa legislativa es por “42 pliegos que envió la ex gobernadora Vidal, una vez casi resuelta su suerte electoral” y destacó que “es una posibilidad que también tuvo María Eugenia Vidal al momento de asumir”.
En declaraciones a Radio Provincia, Bozzano explicó que “en ese momento había 126 pliegos y Vidal retiró 40. Es algo similar lo que está pidiendo el gobernador Kicillof” y destacó que a Juntos por el Cambio “les pareció lógico que lo hizo Vidal pero ahora han cambiado de opinión”.
En ese marco, destacó que “hoy nosotros somos oficialismo y minoría y Cambiemos es oposición y mayoría. El Parlamento necesita del diálogo que se vuelve complejo por el número y porque Cambiemos, que no asumió que perdió, toma una iniciativa como si fuese gobierno”.
Bozzano señaló que entre estos 42 pliegos, “uno de los casos más emblemáticos que hay es el Tribunal de Casación Penal, porque es un lugar muy importante. Y están mandando dos pliegos, para dos vacantes y uno es el segundo del Procurador”.
Finalmente, dijo que “entendemos que no debe estar ahí porque integra la misma agrupación política judicial que el ex ministro Ferrari. Y a nosotros nos preocupa que vaya esa persona con esa línea a ocupar un cargo de esa envergadura”.