La reunión de la Comisión de Acuerdos fue presidida por un senador de la oposición y tuvo un desarrollo tranquilo, que se complicó por las preguntas de un radical a una postulante a camarista.
Por segundo día consecutivo, se escucharon este miércoles en la Comisión de Acuerdo las exposiciones de 18 postulantes del Ejecutivo para diversos cargos en el marco del Poder Judicial, en este caso todos para el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
El cónclave, presidido esta vez por un senador de Juntos por el Cambio, el cordobés Ernesto Martínez, comenzó pocos después de las 10, con una sucesión de testimonios de los aspirantes que arrancó con el juez Hugo Daniel Navarro, postulante para juez de Cámara en Capital Federal, quien detalló las características del tribunal al que aspira acceder, precisando que esos tribunales reciben, según las estadísticas, un ingreso promedio anual de 400 causas, aunque advirtió que en 2020 se redujo sensiblemente ese número (a 15), lo que atribuyó a la pandemia.
“A pesar de esta merma importante, el número de causas que ingresan es sumamente elevado”, remarcó el magistrado, anticipando su intención de imprimirle celeridad al trámite de las mismas “para darle una respuesta tanto a la sociedad como al justiciable”. Asimismo dijo priorizar el juzgamiento de causas con personas detenidas, causas de delitos graves y complejos, violencia de género, delitos contra la integridad sexual y violencia institucional”, lo cual aclaró que “no implica desatender las causas que ingresan al tribunal. Voy a hacer uso de todos los medios alternativos de resolución de conflictos para lograr la armonía entre las partes y la paz social”, agregó.
Sobre el pago de Ganancias, dijo estar “totalmente de acuerdo” para abonarlo.
Se trató luego el pliego de Juan Carlos Bonzón, postulante a vocal de la Cámara de Apelaciones Penal Económica, que ya integra, pero para continuar ejerciendo el cargo en función de haber pasado la edad de 75 años, por lo que su exposición fue muy breve y respecto de Ganancias, admitiendo que debe ser pagado por una cuestión de “igualdad ante la ley”.
Ana Silvia Guzzardi fue la siguiente, propuesta como jueza de Cámara en Capital Federal, quien lleva muchos años en el Poder Judicial: desde 1993, o sea que está por cumplir 30 años en la carrera, signada por “la vocación por el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal”, según consignó, destacando que además de haber sido abogada, ha ejercido la docencia en esas dos materias, en la Facultad de Derecho y en el Instituto Superior de Seguridad Pública. “Como ven, siempre me he dedicado al Derecho Penal y Procesal Penal”, observó la aspirante.
Al concluir, el senador Martínez, que conducía la reunión, la consultó respecto del pensamiento del doctor Marcelo Sancinetti con relación al tema del enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, por ser ella discípula del titular de la cátedra de Derecho Penal y Procesal Penal en la UBA. Guzzardi aclaró que no coincidía con el pensamiento de quien considera que existe un reparo constitucional por cuanto no debería ser el imputado el que debe demostrar que se ha enriquecido al salir de la función pública, sino la parte acusadora. La aspirante a jueza señaló que considera que al asumir la función pública acepta que “la carga de la prueba se ha invertido”
Fue el turno luego de Maximiliano Dialeva Balmaceda, postulante para el mismo cargo en otra vocalía, quien dijo haber sido el primer relator del tribunal al que aspira integrar como juez, destacó que el “espíritu inicial del tribunal que aún se mantiene” y consideró que “será un honor y espero estar a la altura de las circunstancias poder compartir con esos jueces y ese equipo de trabajo de excelencia”, en caso de ser aceptado por el Senado para acceder al cargo.
Habló a continuación Walter José Candela, aspirante a juez de Cámara en CABA, quien es actualmente juez de primera instancia. Entre otras consideraciones, Candela destacó que en los tribunales orales no hay designaciones de jueces desde 2015, por lo que hay allí “muchísimas vacantes”. Calificó entonces como “héroes” a los actuales magistrados que desarrollan un “trabajo estoico”, aunque a pesar de todo advirtió que “es muy difícil, por las agendas, porque uno no puede estar con tres juicios a la vez”.
Consultado por el senador Martínez respecto de los accidentes de tránsito y su opinión en torno a las escalas de pena hoy vigentes, el magistrado señaló que “hacer una inflación punitiva no lleva nunca a nada, lo que estamos necesitando es cambiar el procedimiento, hacerlo más ágil, más público”.
Fue el turno luego de Gustavo Alterini, también postulante para juez de Cámara en CABA, quien contó haber participado activamente en la confección del proyecto de sentencias por el cual la Sala 4ta de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Capital Federal en la denominada megacausa Plan Cóndor. “En dicha causa la Argentina fue felicitada por la CIDH por haber cumplido con el deber de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos en el marco del denominado Plan Cóndor”, apuntó.
“Conozco los defectos y virtudes de los operadores judiciales y no por ello desconozco el valor que tiene para el buen funcionamiento del servicio de justicia de la tarea que desarrollan los abogados y abogadas que están del otro lado del mostrador, a los cuales los jueces -hablo siempre en potencial- les debemos generar todas las herramientas que están a nuestro alcance para que cumplan la elevada labor que realizan”, apuntó además.
Postulante para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de Capital Federal, Guadalupe Vásquez dijo conocer el funcionamiento de los tribunales colegiales, y el de los tribunales de revisión, además de haber participado de conflictos constitucionales complejos, como así también tener una formación jurídica interdisciplinaria, que consideró valiosa para la vacante a la que aspira.
Asimismo sostuvo que “el rol de cada juez es resolver los casos que le tocan en forma justa: en primer lugar, deben valorar los hechos del caso y entender cuál es el conflicto que amerita la intervención de la justicia; en segundo lugar aplicar el derecho, y por derecho entiendo las decisiones adoptadas por nuestros órganos democráticos, la Constitución nacional y los instrumentos internacionales”.
Al concluir, fue interrogada por el senador radical Julio Martínez sobre si había trabajado con la fiscal Gabriela Boquín y con la exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y si había intervenido en la causa del Correo Argentino. Allí se acabó por un rato la armonía que había reinado hasta entonces.
“No trabajé con Boquín, nunca, no la conozco personalmente”, fue la respuesta de Vásquez, quien aclaró que solo la conocía como fiscal a través de sus dictámenes. A continuación detalló todo su recorrido laboral en el ámbito judicial y en ese marco reconoció que “entre numerosas personas, he trabajado con la doctora Gils Carbó”. Puntualmente fue en la Secretaría de la Fiscalía de la Cámara Comercial, que entonces estaba a cargo de la hoy ex procuradora general.
“Respecto del Correo, nunca tuve intervención en este caso”, concluyó.
El riojano Julio Martínez insistió entonces con el tema, pidiéndole opiniones técnicas en un sentido que remitía claramente a la causa que involucra a la familia Macri, lo que motivó la airada reacción de los senadores José Mayans, Oscar Parrilli y Mario Pais.
Tras un extenso cruce, el senador Ernesto Martínez dio por sorteada la situación sin que la doctora Vázquez tuviera que responder esas preguntas.
Propuesta como vocal de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, Florencia Mallar destacó que la sala para la que ha sido postulada tiene la particularidad de que de las tres vocalías hay dos vacantes, “con lo cual se impone la formación de un nuevo equipo de trabajo en el que tiene que estar presente un buen plan de gestión que priorice por sobre todas las cosas el liderazgo del juez y la comunicación”. Aclaró que por liderazgo del juez no se refería solo a cuestiones técnicas, “sino también al ejercicio de un buen liderazgo en la toma de decisiones y en la distribución eficiente del trabajo”.
María Pilar Rebaudi Basavilbaso. Postulante a jueza civil en Capital Federal señaló que un juzgado civil con competencia patrimonial tiene un ingreso de entre 700 a 800 causas anuales, de las cuales la gran mayoría son procesos burocráticos de los cuales los sistemas de Inteligencia Artificial a los que destacó especialmente “pueden hacer ganar en tiempo y optimizarlo para dedicarlo a las causas que sí son más complejas”. Consideró además fundamental que el juez se capacite. “El sistema no nos lo exige, pero es impensado creer que uno accede a la magistratura y deja de hacerlo, entonces la capacitación es parte de esta responsabilidad que asumimos en el rol que vamos a ocupar en la sociedad, y también debemos capacitar a nuestro equipo”, precisó.
A su turno, Juan Perozziello Vizier expuso como postulante a vocal en la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, destacando el mérito de quienes están actualmente en ese ámbito “para integrar un tribunal que brinde un servicio de justicia como el que requieren estos tiempos tan difíciles, en que es tan importante que el Poder Judicial responda a esa demanda”.
Habló luego, para ocupar el cargo de jueza civil en Capital Federal, María Claudia Pita quien ingresó a la justicia hace más de 35 años. “Pasé por todos los cargos que requiere el escalafón”, comentó, destacando que “haber transitado mi carrera en todos los cargos del escalafón me permitió tener un conocimiento muy profundo del proceso”, agregó. En cuanto a su función como jueza, si es designada por el Senado, garantizó que será “una persona muy involucrada con cada una de las causas que se sometan a mi decisión, como verdadera directora del proceso”. “Mi compromiso es estar al lado de la gente y velar por sus derechos”, concluyó.
Luego le tocó exponer a Marisa Sandra Sorini, postulante para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Detalló que todas las vocalías de la sala a la que aspira acceder se encuentran vacantes, y anticipó su deseo de instrumentar “un trabajo mancomunado y solidario, por una justicia que llegue con una tutela judicial eficiente, de manera rápida, que se resuelvan con rapidez aquellas cuestiones que no ameritan ningún tipo de demora y que las resoluciones sean debida y razonablemente fundadas no solo en la ley y la Constitución, sino en los tratados y los tratados institucionales de derechos humanos”.
A continuación, Matías Ariel Buenaventura habló para defender su propuesta para ser juez de Cámara en Capital Federal, y detalló que tratará de esforzarse para “contribuir con dedicación, compromiso y con responsabilidad desde el cargo para el que fui propuesto, de manera tal de poder volcar mi trayectoria y experiencia en la resolución de los casos de una manera eficiente, fundamentalmente rápida y con perspectiva de género”.
María Virginia Sanzone fue la siguiente expositora. Propuesta para el cargo de jueza de Cámara en Capital Federal, se definió como “una persona muy inquieta”, por cuanto es la tercera vez que se presenta ante la Comisión de Acuerdos.
Para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A, de la Capital Federal, se presentó Carlos Calvo Costa, quien fue el único postulante de los que se presentó en la jornada que no había tenido un paso por el Poder Judicial, sino que proviene del libre ejercicio de la profesión. En su exposición, precisó que “hoy a través del nuevo sistema de presentaciones judiciales se ha logrado prácticamente que la casi totalidad de los expedientes sean digitales, lo que ha contribuido a que se agilice en los plazos de duración de los procesos, que era algo que la sociedad reclamaba y sigue reclamando, y se han prácticamente eliminado esas demoras incomprensibles que se producían cuando las partes tenían que diligenciar una cédula de notificación y tardaban dos meses en ser restituidas”.
Diego Paz Saravia se presentó a continuación para el cargo de juez en lo Comercial en Capital Federal. Contó que estuvo 14 años en el Poder Judicial, pero los últimos 10 los pasó en el ejercicio de la profesión. “El día que decidí irme del Poder Judicial fue para continuar creciendo en lo que es mi formación personal y profesional. Y estos diez años en el ejercicio de la profesión me han dado muchísimas herramientas para que si me toca poder regresar al Poder Judicial, hacerlo de la mejor manera”, señaló.
Luego fue el turno de Gonzalo Auguste, propuesto para juez civil y comercial en Capital Federal. Detalló cómo es el ámbito para el cual se ha propuesto, que tiene en trámite aproximadamente 7.500 causas y un ingreso anual de unas 800 causas. “La mayor litigiosidad hoy por hoy está dada por los amparos incumplimiento de prestaciones médico asistenciales”, comentó.
Postulado como juez civil y comercial en esta Capital, Alejandro Nobili fue el último de los que se presentó ante los legisladores. En su intervención señaló que “el derecho civil está muy cerca de la gente; es un tema que trata a las personas como tal, y el derecho federal, que está delegado por las provincias, tiene también una temática delegada desde el punto de vista constitucional por las provincias, pero también desde el punto de vista científico. Hoy por hoy ya no prevalecen las causas patrimoniales, sino las de salud y del estado de las personas. Por eso requiere de las habilidades del juez, del compromiso: el juez es un funcionario que está obligado a pensar por, para y hacia el otro”.
Al finalizar la audiencia, el senador José Mayans destacó el desarrollo del encuentro y remarcó que no hubieran habido prácticamente objeciones sobre los postulantes, ante lo cual anticipó el tratamiento en el recinto de los mismos en la próxima sesión del Senado.
