El Correo se coló en el debate de pliegos de la Comisión de Acuerdos

Estalló cuando un senador oficialista interrogó a una aspirante a camarista sobre el tema que involucra a la familia Macri. Desde el oficialismo le pidieron a la postulante no contestar.

Así como el día anterior el clima en la Comisión de Acuerdos del Senado se enrareció por las preguntas formuladas al postulante a camarista Gabriel De Vedia en torno a una supuesta reunión que había tenido con Fabián Rodríguez Simón, este miércoles la situación “se picó” en ese mismo ámbito por las preguntas formuladas por otro senador de Juntos por el Cambio a otra postulante a camarista.

Fue al cabo de la exposición de la doctora Guadalupe Vásquez, propuesta para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de Capital Federal, quien al concluir fue interrogada por el senador radical Julio Martínez respecto de si había trabajado con la fiscal Gabriela Boquín, que intervino en la causa de la quiebra del Correo Argentino, y con la ex procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó. También le preguntó si había intervenido en la causa del Correo.

“No trabajé con Boquín, nunca. No la conozco personalmente”, fue la respuesta de Vásquez. A continuación detalló todo su recorrido laboral en el ámbito judicial y en ese marco reconoció que “entre numerosas personas, he trabajado con la doctora Gils Carbó”. Puntualmente fue en la Secretaría de la Fiscalía de la Cámara Comercial, que entonces estaba a cargo de la hoy ex procuradora general.

“Respecto del Correo, nunca tuve intervención en este caso”, concluyó.

El riojano Julio Martínez ya había adelantado que se reservaba el derecho de hacer más preguntas, y eso hizo a continuación, pidiéndole una opinión técnica respecto del caso en el que un deudor ofreciera el 100% del crédito reconocido y si en ese caso entendía que el acreedor puede negarse, y así y todo el juez homologar la propuesta.

Con sus preguntas, el senador Julio Martínez alteró la calma en la Comisión de Acuerdos.

Claramente el senador radical estaba refiriéndose a la cuestión del Correo Argentino, donde el Estado no aceptó la propuesta del grupo SOCMA y promovió que el juez interviniente decretara la quiebra. Previsiblemente reaccionó el presidente del bloque oficialista, José Mayans, y el senador de Juntos por el Cambio Ernesto Martínez -que presidió la reunión en lugar de la titular de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti– trató de apaciguar los ánimos pidiendo evitar “controversias y diálogos a la luz pública”.

Deseoso de evitar que la situación se desmadrara, el senador cordobés sugirió que esa era una pregunta teórica cuya respuesta podía encontrarse a partir de los antecedentes de la doctora Guadalupe Vásquez, y sugirió que así se permitiría resolver la situación “con solvencia”. Si así se evitaba la búsqueda de “una controversia que a esta altura no considero relevante, lo dejamos”.

Intervino entonces el kirchnerista Oscar Parrilli, que le pidió a Julio Martínez retirar esa pregunta que a su juicio rayaba en “una actitud casi de inteligencia, y además no corresponde pedirle a un postulante su opinión sobre un caso concreto”. Y tras remarcar que se estaba aludiendo a la situación “en la que está acusado el expresidente Mauricio Macri”, concluyó que el senador radical estaba “claramente preguntándole si es macrista o no”.

El senador oficialista insistió en que la pregunta era “fuera de lugar, desubicada, denota una actitud claramente persecutoria del Poder Judicial” que insistió en atribuirle al Gobierno anterior, y repitió sus dichos del día anterior, respecto de que “nosotros no le hemos preguntado a nadie a qué partido es o de qué estudio jurídico”. Para Parrilli, lo de Julio Martínez “denota una concepción de la justicia de poner jueces adictos, como fue durante el proceso de (Germán) Garavano y Macri”.

Oscar Parrilli reaccionó ante las preguntas de Julio Martínez.

El senador riojano se negó a retirar la pregunta y aclaró que no tenía que “pedir permiso” para preguntar. Y advirtiendo que desde el oficialismo se habían referido a “un fallo claramente penetrado por la política al cual no me referí”, ratificó su pregunta.

El presidente del bloque Frente de Todos tomó la palabra para afirmar que nunca se había hecho ese tipo de preguntas en la Comisión de Acuerdos. “No que yo me acuerde… No corresponde este tipo de preguntas”, insistió.

Al frente de la comisión, el cordobés Ernesto Martínez trató de hacer equilibrio y puntualizó que no podían “poner en aprietos a la postulante”. Y trató de responder él la pregunta para dar por concluido haciendo lo que definió como una formulación académica: “Si alguien ofrece el pago del 100%, es una forma de cancelar las obligaciones. No tiene nada que ver con un caso en particular”.

Para tratar de equilibrar la situación y saldarla, concluyó: “Nadie retira preguntas, ni usted está en el compromiso de contestar. La presidencia entiende terminado ahí el tema”.

Igual, los ánimos no parecían haberse apaciguado, pero Ernesto Martínez insistió en que el tema estaba “terminado”, y agregó: “La doctora terminó hasta donde debía, no considero correcto comprometerla en respuestas en un sentido o en otro”.

“Rechazo que otros senadores me pidan que retire la pregunta -insistió el Martínez riojano-. La hago y la ratifico; rechazo los dichos de los senadores que piden que no contesten y quiero preguntar también si se puede considerar al Estado nacional como un acreedor hostil. ¿Cuál es su opinión en cuanto a la cesión de créditos en un proceso judicial?”.

Intervino entonces el senador chubutense Juan Mario País (Frente de Todos – Chubut), que reconoció la potestad de todos los senadores de opinar sobre Derecho, pero “el problema es que está politizando el tema en función de la causa de la quiebra del Correo, y le está haciendo preguntas concretas por las que puede llegar a ser recusada. Por eso estamos solicitando un tema de mesura”. Insistió en que el interrogatorio tenía un componente político y que su par de Juntos por el Cambio utilizaba argumentos pueriles para justificarse. “Todos sabemos de qué estamos hablando”, apuntó, reconociendo que el senador que presidía la reunión estaba conduciéndola “adecuadamente”, pero rechazaban las preguntas por lo que subyacía en las mismas.

En el mismo sentido intervino el kirchnerista Martín Doñate  para pedir que Martínez retirara ese tipo de preguntas y decirle a Vásquez que se abstuviera de responder.

Ernesto Martínez siguió tratando de mantener el equilibrio: valoró los antecedentes y la valía de la doctora Vásquez y agregó que no veía correcto reclamarle a otro senador retirar las preguntas, ni tampoco hacer referencia a casos puntuales. Pero sugirió que la postulante contestara la pregunta: “Equilibrando esto, a la doctora le sobra capacidad para contestar perfectamente desde el punto de vista académico y sin compromiso alguno. No veo el motivo de la oposición”.

Mayans y Parrilli protestaron, advirtiendo este último que lo que ella dijera podía resultar un prejuzgamiento, y volvió a insistir con los modos que le atribuye al Gobierno anterior y la existencia de una mesa judicial.

“Siempre busco actuar con equilibrio”, aclaró Ernesto Martínez, que le pidió a su compañero de bancada ser “muy concreto” para evaluar si su requerimiento podía ser relacionado con un caso concreto. El Martínez riojano pidió “que lo diga ella si quiere contestar, pero no lo digan las partes. No lo acepto de parte de un gobierno que tiene en marcha la agenda de venganza e impunidad. Sino díganme qué hacen reuniendo esas bicamerales para hostigar al procurador Casal y el traslado permanente de jueces… Hasta han llegado a carpetear a dos militares…”.

“Esto lo va a decidir la presidencia”, resumió Ernesto Martínez, que concluyó el episodio de la siguiente manera: “Habiendo hecho catarsis ambos bloques, la doctora Vázquez queda desocupada”.

El Senado analizó más pliegos judiciales y hubo cruces por preguntas sobre el Correo

La reunión de la Comisión de Acuerdos fue presidida por un senador de la oposición y tuvo un desarrollo tranquilo, que se complicó por las preguntas de un radical a una postulante a camarista.

Por segundo día consecutivo, se escucharon este miércoles en la Comisión de Acuerdo las exposiciones de 18 postulantes del Ejecutivo para diversos cargos en el marco del Poder Judicial, en este caso todos para el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

El cónclave, presidido esta vez por un senador de Juntos por el Cambio, el cordobés Ernesto Martínez, comenzó pocos después de las 10, con una sucesión de testimonios de los aspirantes que arrancó con el juez Hugo Daniel Navarro, postulante para juez de Cámara en Capital Federal, quien detalló las características del tribunal al que aspira acceder, precisando que esos tribunales reciben, según las estadísticas, un ingreso promedio anual de 400 causas, aunque advirtió que en 2020 se redujo sensiblemente ese número (a 15), lo que atribuyó a la pandemia.

“A pesar de esta merma importante, el número de causas que ingresan es sumamente elevado”, remarcó el magistrado, anticipando su intención de imprimirle celeridad al trámite de las mismas “para darle una respuesta tanto a la sociedad como al justiciable”. Asimismo dijo priorizar el juzgamiento de causas con personas detenidas, causas de delitos graves y complejos, violencia de género, delitos contra la integridad sexual y violencia institucional”, lo cual aclaró que “no implica desatender las causas que ingresan al tribunal. Voy a hacer uso de todos los medios alternativos de resolución de conflictos para lograr la armonía entre las partes y la paz social”, agregó.

Sobre el pago de Ganancias, dijo estar “totalmente de acuerdo” para abonarlo.

Se trató luego el pliego de Juan Carlos Bonzón, postulante a vocal de la Cámara de Apelaciones Penal Económica, que ya integra, pero para continuar ejerciendo el cargo en función de haber pasado la edad de 75 años, por lo que su exposición fue muy breve y respecto de Ganancias, admitiendo que debe ser pagado por una cuestión de “igualdad ante la ley”.

Ana Silvia Guzzardi fue la siguiente, propuesta como jueza de Cámara en Capital Federal, quien lleva muchos años en el Poder Judicial: desde 1993, o sea que está por cumplir 30 años en la carrera, signada por “la vocación por el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal”, según consignó, destacando que además de haber sido abogada, ha ejercido la docencia en esas dos materias, en la Facultad de Derecho y en el Instituto Superior de Seguridad Pública. “Como ven, siempre me he dedicado al Derecho Penal y Procesal Penal”, observó la aspirante.

Al concluir, el senador Martínez, que conducía la reunión, la consultó respecto del pensamiento del doctor Marcelo Sancinetti con relación al tema del enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, por ser ella discípula del titular de la cátedra de Derecho Penal y Procesal Penal en la UBA. Guzzardi aclaró que no coincidía con el pensamiento de quien considera que existe un reparo constitucional por cuanto no debería ser el imputado el que debe demostrar que se ha enriquecido al salir de la función pública, sino la parte acusadora. La aspirante a jueza señaló que considera que al asumir la función pública acepta que “la carga de la prueba se ha invertido”

Fue el turno luego de Maximiliano Dialeva Balmaceda, postulante para el mismo cargo en otra vocalía, quien dijo haber sido el primer relator del tribunal al que aspira integrar como juez, destacó que el “espíritu inicial del tribunal que aún se mantiene” y consideró que “será un honor y espero estar a la altura de las circunstancias poder compartir con esos jueces y ese equipo de trabajo de excelencia”, en caso de ser aceptado por el Senado para acceder al cargo.

Habló a continuación Walter José Candela, aspirante a juez de Cámara en CABA, quien es actualmente juez de primera instancia. Entre otras consideraciones, Candela destacó que en los tribunales orales no hay designaciones de jueces desde 2015, por lo que hay allí “muchísimas vacantes”. Calificó entonces como “héroes” a los actuales magistrados que desarrollan un “trabajo estoico”, aunque a pesar de todo advirtió que “es muy difícil, por las agendas, porque uno no puede estar con tres juicios a la vez”.

Consultado por el senador Martínez respecto de los accidentes de tránsito y su opinión en torno a las escalas de pena hoy vigentes, el magistrado señaló que “hacer una inflación punitiva no lleva nunca a nada, lo que estamos necesitando es cambiar el procedimiento, hacerlo más ágil, más público”.

Fue el turno luego de Gustavo Alterini, también postulante para juez de Cámara en CABA, quien contó haber participado activamente en la confección del proyecto de sentencias por el cual la Sala 4ta de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Capital Federal en la  denominada megacausa Plan Cóndor. “En dicha causa la Argentina fue felicitada por la CIDH por haber cumplido con el deber de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos en el marco del denominado Plan Cóndor”, apuntó.

“Conozco los defectos y virtudes de los operadores judiciales y no por ello desconozco el valor que tiene para el buen funcionamiento del servicio de justicia de la tarea que desarrollan los abogados y abogadas que están del otro lado del mostrador, a los cuales los jueces -hablo siempre en potencial- les debemos generar todas las herramientas que están a nuestro alcance para que cumplan la elevada labor que realizan”, apuntó además.

La discusión por el Correo

Postulante para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de Capital Federal, Guadalupe Vásquez dijo conocer el funcionamiento de los tribunales colegiales, y el de los tribunales de revisión, además de haber participado de conflictos constitucionales complejos, como así también tener una formación jurídica interdisciplinaria, que consideró valiosa para la vacante a la que aspira.

Asimismo sostuvo que “el rol de cada juez es resolver los casos que le tocan en forma justa: en primer lugar, deben valorar los hechos del caso y entender cuál es el conflicto que amerita la intervención de la justicia; en segundo lugar aplicar el derecho, y por derecho entiendo las decisiones adoptadas por nuestros órganos democráticos, la Constitución nacional y los instrumentos internacionales”.

Al concluir, fue interrogada por el senador radical Julio Martínez sobre si había trabajado con la fiscal Gabriela Boquín y con la exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y si había intervenido en la causa del Correo Argentino. Allí se acabó por un rato la armonía que había reinado hasta entonces.

“No trabajé con Boquín, nunca, no la conozco personalmente”, fue la respuesta de Vásquez, quien aclaró que solo la conocía como fiscal a través de sus dictámenes. A continuación detalló todo su recorrido laboral en el ámbito judicial y en ese marco reconoció que “entre numerosas personas, he trabajado con la doctora Gils Carbó”. Puntualmente fue en la Secretaría de la Fiscalía de la Cámara Comercial, que entonces estaba a cargo de la hoy ex procuradora general.

“Respecto del Correo, nunca tuve intervención en este caso”, concluyó.

El riojano Julio Martínez insistió entonces con el tema, pidiéndole opiniones técnicas en un sentido que remitía claramente a la causa que involucra a la familia Macri, lo que motivó la airada reacción de los senadores José Mayans, Oscar Parrilli y Mario Pais.

Tras un extenso cruce, el senador Ernesto Martínez dio por sorteada la situación sin que la doctora Vázquez tuviera que responder esas preguntas.

Propuesta como vocal de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, Florencia Mallar destacó que la sala para la que ha sido postulada tiene la particularidad de que de las tres vocalías hay dos vacantes, “con lo cual se impone la formación de un nuevo equipo de trabajo en el que tiene que estar presente un buen plan de gestión que priorice por sobre todas las cosas el liderazgo del juez y la comunicación”. Aclaró que por liderazgo del juez no se refería solo a cuestiones técnicas, “sino también al ejercicio de un buen liderazgo en la toma de decisiones y en la distribución eficiente del trabajo”.

María Pilar Rebaudi Basavilbaso. Postulante a jueza  civil en Capital Federal señaló que un juzgado civil con competencia patrimonial tiene un ingreso de entre 700 a 800 causas anuales, de las cuales la gran mayoría son procesos burocráticos de los cuales los sistemas de Inteligencia Artificial a los que destacó especialmente “pueden hacer ganar en tiempo y optimizarlo para dedicarlo a las causas que sí son más complejas”. Consideró además fundamental que el juez se capacite. “El sistema no nos lo exige, pero es impensado creer que uno accede a la magistratura y deja de hacerlo, entonces la capacitación es parte de esta responsabilidad que asumimos en el rol que vamos a ocupar en la sociedad, y también debemos capacitar a nuestro equipo”, precisó.

A su turno, Juan Perozziello Vizier expuso como postulante a vocal en la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, destacando el mérito de quienes están actualmente en ese ámbito “para integrar un tribunal que brinde un servicio de justicia como el que requieren estos tiempos tan difíciles, en que es tan importante que el Poder Judicial responda a esa demanda”.

Habló luego, para ocupar el cargo de jueza civil en Capital Federal, María Claudia Pita quien ingresó a la justicia hace más de 35 años. “Pasé por todos los cargos que requiere el escalafón”, comentó, destacando que “haber transitado mi carrera en todos los cargos del escalafón me permitió tener un conocimiento muy profundo del proceso”, agregó. En cuanto a su función como jueza, si es designada por el Senado, garantizó que será “una persona muy involucrada con cada una de las causas que se sometan a mi decisión, como verdadera directora del proceso”. “Mi compromiso es estar al lado de la gente y velar por sus derechos”, concluyó.

Luego le tocó exponer a Marisa Sandra Sorini, postulante para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Detalló que todas las vocalías de la sala a la que aspira acceder se encuentran vacantes, y anticipó su deseo de instrumentar “un trabajo mancomunado y solidario, por una justicia que llegue con una tutela judicial eficiente, de manera rápida, que se resuelvan con rapidez aquellas cuestiones que no ameritan ningún tipo de demora y que las resoluciones sean debida y razonablemente fundadas no solo en la ley y la Constitución, sino en los tratados y los tratados institucionales de derechos humanos”.

A continuación, Matías Ariel Buenaventura habló para defender su propuesta para ser juez de Cámara en Capital Federal, y detalló que tratará de esforzarse para “contribuir con dedicación, compromiso y con responsabilidad desde el cargo para el que fui propuesto, de manera tal de poder volcar mi trayectoria y experiencia en la resolución de los casos de una manera eficiente, fundamentalmente rápida y con perspectiva de género”.

María Virginia Sanzone fue la siguiente expositora. Propuesta para el cargo de jueza de Cámara en Capital Federal, se definió como “una persona muy inquieta”, por cuanto es la tercera vez que se presenta ante la Comisión de Acuerdos.

Para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A, de la Capital Federal, se presentó Carlos Calvo Costa, quien fue el único postulante de los que se presentó en la jornada que no había tenido un paso por el Poder Judicial, sino que proviene del libre ejercicio de la profesión. En su exposición, precisó que “hoy a través del nuevo sistema de presentaciones judiciales se ha logrado prácticamente que la casi totalidad de los expedientes sean digitales, lo que ha contribuido a que se agilice en los plazos de duración de los procesos, que era algo que la sociedad reclamaba y sigue reclamando, y se han prácticamente eliminado esas demoras incomprensibles que se producían cuando las partes tenían que diligenciar una cédula de notificación  y tardaban dos meses en ser restituidas”.

Diego Paz Saravia se presentó a continuación para el cargo de juez en lo Comercial en Capital Federal. Contó que estuvo 14 años en el Poder Judicial, pero los últimos 10 los pasó en el ejercicio de la profesión. “El día que decidí irme del Poder Judicial fue para continuar creciendo en lo que es mi formación personal y profesional. Y estos diez años en el ejercicio de la profesión me han dado muchísimas herramientas para que si me toca poder regresar al Poder Judicial, hacerlo de la mejor manera”, señaló.

Luego fue el turno de Gonzalo Auguste, propuesto para juez civil y comercial en Capital Federal. Detalló cómo es el ámbito para el cual se ha propuesto, que tiene en trámite aproximadamente 7.500 causas y un ingreso anual de unas 800 causas. “La mayor litigiosidad hoy por hoy está dada por los amparos incumplimiento de prestaciones médico asistenciales”, comentó.

Postulado como juez civil y comercial en esta Capital, Alejandro Nobili fue el último de los que se presentó ante los legisladores. En su intervención señaló que “el derecho civil está muy cerca de la gente; es un tema que trata a las personas como tal, y el derecho federal, que está delegado por las provincias, tiene también una temática delegada desde el punto de vista constitucional por las provincias, pero también desde el punto de vista científico. Hoy por hoy ya no prevalecen las causas patrimoniales, sino las de salud y del estado de las personas. Por eso requiere de las habilidades del juez, del compromiso: el juez es un funcionario que está obligado a pensar por, para y hacia el otro”.

Al finalizar la audiencia, el senador José Mayans destacó el desarrollo del encuentro y remarcó que no hubieran habido prácticamente objeciones sobre los postulantes, ante lo cual anticipó el tratamiento en el recinto de los mismos en la próxima sesión del Senado.

Ernesto Martínez, el único senador que votó en contra del cupo laboral trans

El cordobés del bloque Pro se opuso a la ley que establece la contratación del 1% de personas travestis, transexuales y transgénero en el Estado. Un antecedente: votó en contra de la paridad de género en listas electorales.

El senador cordobés Ernesto Martínez, miembro del bloque Pro, fue el único que votó este jueves en contra de la Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins, de cupo laboral travesti-trans, que se aprobó en la Cámara alta por 55 votos positivos, uno negativo y seis abstenciones.

Durante el debate el legislador no hizo uso de la palabra. De hecho, la mayoría de los oradores fueron mujeres. El único anotado para hablar era Daniel Lovera, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Pero más tarde se sumaron los radicales Pablo Blanco -para anunciar el cambio en su voto de abstención a afirmativo- y Luis Naidenoff.

En lo que respecta a Martínez, el senador tiene como antecedente haber votado hace casi cinco años en contra de la paridad de género en las listas electorales. El suyo y el del exsenador Federico Pinedo fueron los únicos votos en contra a esa norma.

En esa discusión, que se dio el 19 de octubre de 2016, el cordobés se preguntó “¿dónde está limitada?” la participación de la mujer en la política, tras haber tenido una presidenta por ocho años, actualmente tener una vicepresidenta (en esa ocasión en referencia a Gabriela Michetti), cinco gobernadoras en todo el país y el 42% de mujeres en el recinto del Senado.

“La discriminación a mi modo de ver desapareció”, opinó, y dijo que el 50 y 50 por ciento pasa a ser una “discriminación negativa” que además “no resuelve ningún problema concreto de la mujer” y “da pie” al reclamo de otros cupos, calificando a la propuesta como “demagógica”.

Días después, en una entrevista al diario Clarín, ratificó su postura considerando que “la paridad de género es una ley corporativa que tiene olor fascista”, aunque curiosamente opinaba que las leyes de cupo “deben imponerse cuando existe segregación en determinado sector”.

“Que sigan siendo oposición por muchos años más…”

Lo dijo con ironía el senador Mayans, luego de que el diputado radical Buryaile se defendiera de las acusaciones por haber viajado en avión portando el coronavirus.

Terminaba la reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa cuando el diputado radical Ricardo Buryaile pidió la palabra. No fue para referirse a un tema de la agenda, sino para defenderse por una acusación en su contra por parte de su coterráneo José Mayans, jefe del bloque oficialista en el Senado y titular de la comisión.

Es que Mayans había insistido, en la sesión de este jueves, en que Buryaile abordó un vuelo cuando estaba contagiado de Covid.

“Usted dijo ayer que yo había tomado un avión teniendo síntomas de Covid. Usted ha faltado a la verdad”, arrancó el radical, pero el oficialista no lo dejó terminar: “Si vamos a entrar a discutir el desastre que fueron a hacer a Formosa… no quiero entrar en esa discusión, no corresponde a la comisión”.

Entre quejas de Buryaile, Mayans volvió a denunciar que la oposición “fue a Clorinda a hacer un acto político, ¡y ahora tenemos 1.200 casos de coronavirus y 70 muertos!”.

Entonces intervino el senador cordobés Ernesto Martínez (Pro) para intentar calmar las aguas con su habitual sentido del humor. “Cada uno seguirá haciendo política por su lado, como corresponde. Comuníquele al gobernador (Gildo) Insfrán que luego de la versión y las buenas noticias que nos ha dado el diputado Buryaile, hay fuerte peligro de que se salve y va a seguir siendo oposición en la provincia de Formosa”.

Ante el comentario de Martínez, Mayans remató con ironía: “Ojalá que siga siendo oposición porque no sacan más del 20% en Formosa, así que sigan siendo por muchos años más…”.

Proponen la declaración del Día de la Antártida Argentina

En la reunión de conformación de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, María Eugenia Duré explicó su proyecto para “visibilizar a la Antártida” cada 22 de febrero. Se ratificaron las autoridades.

En la reunión de conformación de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, la senadora María Eugenia Duré (FdT-Tierra del Fuego) presentó su iniciativa de adhesión a la conmemoración del Día de la Antártida Argentina el 22 de febrero.

“Se cumplen 117 años de permanencia ininterrumpida en el Continente Blanco, con lo que eso significa para nuestro país”, argumentó y agregó que “Argentina es el país con más bases en la Antártida. Hoy tiene trece bases que administra y seis de ellas son permanentes”.

“La importancia de este proyecto tiene que ver con visibilizar a la Antártida”, puntualizó la legisladora oficialista. “No podemos no hablar ni de Antártida ni de Malvinas con la importancia geopolítica que tiene la Antártida, con la importancia turística, económica, científica”, concluyó Duré. Su iniciativa fue unificada con la de la senadora Nora Del Valle Giménez (FdT-Salta), quien también propuso adherir a la conmemoración del 22 de febrero.

Otros cinco proyectos también se pusieron en tratamiento, aunque sus autores estaban ausentes. Todos se aprobaron y se pasaron a la firma.

Fotos: Comunicación Senado.

Al comienzo de la reunión, la comisión ratificó a sus autoridades. Nancy González (FdT-Chubut) continuará como presidenta, Ernesto Martínez (Pro-Córdoba) como vicepresidente, y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro-Río Negro) como secretario.

La flamante presidenta agradeció por “el acompañamiento que he tenido el año pasado en la comisión” y destacó que “hemos sacado proyectos muy importantes, como la aprobación del FONDEF que era una ley muy esperada para nuestras Fuerzas Armadas”.

Pidieron la palabra para agradecer y ratificar a las autoridades los senadores Oscar Parrilli (FdT-Neuquén), Julio Cobos (UCR-Mendoza), y los propios Martínez y Weretilneck.

En nombre de las “señoras gordas”, Carrió le contestó a “los machos feos”

Les dedicó un mensaje cargado de ironía a los senadores Ernesto Martínez y José Mayans que se refirieron a ella en esos términos en las sesiones del Senado de esta semana.

Se sabía que las palabras del senador de Juntos por el Cambio Ernesto Martínez traerían cola. Fue cuando el jueves, durante el tramo de la sesión en el que la oposición intentó sin éxito retirar los proyectos de Martín Lousteau y Lucila Crexell para modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público, en nombre de Juntos por el cambio habló el senador cordobés y sobre el final no pudo evitar referirse de  manera crítica y a título personal a Elisa Carrió, cuestionando su pedido de brindarle los 2/3 a Daniel Rafecas para que sea procurador general de la Nación. No la nombró, pero fue peor, pues se refirió a ella como “señora gorda”.

En ese pasaje y tal cual reseñó parlamentario.com, Martínez habló del “exhibicionismo ofrecido a la sociedad en el día de ayer comprando libros de Derecho y haciendo pendant con operaciones mediáticas de una señora gorda. Es inaceptable”.

A continuación, la presidenta del Senado le dio la palabra al senador Doñate, pero el jefe del bloque oficialista, José Mayans, intervino para pedir “una aclaración” del miembro informante pro la oposición. “Quiero que me aclare el término de ‘señora gorda’. ¿A quién se refiere?”, preguntó divertido. Cristina Kirchner lo ignoró y le dio la palabra a Doñate.

Pero al día siguiente, en la sesión del viernes, el formoseño insistió con el tema. En su intervención de cierre del debate sobre el FGS, Mayans deslizó: “Ahora dijeron ayer acá que hay una señora gorda que dice que quiere arreglar con nosotros. No sé de quién se trata. Porque si hubiesen puesto, por lo menos, nombre y apellido, yo hubiese sabido quién es la señora gorda esa que quiere arreglar con nosotros”.

La respuesta de Elisa Carrió llegó este sábado, a través de un video donde se la ve en su casa de Exaltación de la Cruz y muestra todo su histrionismo: “Bueno, yo soy la señora gorda de la que hablan los senadores Martínez y Mayans, así que en nombre de todas las mujeres gordas espléndidas de este país, les voy a contestar: uno de la gordura puede bajar unos kilitos; ahora los machos feos no salen más. No se pueden curar. Besos y abrazos, y esperen la demanda por discriminación, en nombre de todas las gordas de esta nación”.

El oficialismo rechazó el retiro de los proyectos opositores para modificar la Ley del Ministerio Público

El pleno del cuerpo no aceptó el pedido con los mismos argumentos utilizados la semana pasada en la comisión. Dura crítica de un senador de JxC a Elisa Carrió.

lousteau naidenoff recinto 29 octubre 2020

En el inicio de la sesión de este jueves en el Senado se puso a consideración el pedido de los autores de tres proyectos presentados en su momento para modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público, que el oficialismo recogió y quiere debatir ahora, con intenciones -según la oposición- de ir más allá del espíritu de esas normas y cambiar las mayorías necesarias para designar o sacar al procurador general de la Nación. El tema fue puesto a consideración del cuerpo y previsiblemente el oficialismo impuso su mayoría, primero en una votación a mano alzada. Pero luego, tras una polémica generada en torno al tipo de votación, terminó resolviéndose por métodos electrónicos, con este resultado: 41 a 27.

“Es muy simple, es ganas de pelear y complicar las cosas de cualquier manera”, se quejó la presidenta del Cuerpo, Cristina Kirchner, antes de procederse a la votación electrónica, hecho lo cual se quejó por haber perdido una hora y media con ese tema.

Al final, la votación se hizo por los medios electrónicos.

Hubo un debate que arrancó el senador nacional Oscar Parrilli, quien explicó las razones por las que el oficialismo rechazaba el retiro de los proyectos con los mismos argumentos utilizados el viernes pasado, en la Comisión de Justicia que preside el neuquino.

Parrilli reiteró que los proyectos “solo pueden ser retirados si el pleno del Senado lo autoriza”. Agregó que “evidentemente estamos ante un problema”, pero no se refería a esa controversia, sino a la situación del procurador general de la Nación, Eduardo Casal. “Desde hace casi tres años hay un procurador interino”, señaló el ex titular de la AFI, para detallar a continuación lo sucedido con Alejandra Gils Carbó, quien fue elegida por más de 60 votos, recordó, y destacó la tarea “muy importante” que tuvo al frente de la Procuración General. “Un desempeño digno”, resumió, para contar luego la “campaña despiadada” desarrollada contra ella a partir de 2015 por referentes de Cambiemos, comenzando por Mauricio Macri, quien -recordó Parrilli-, “en 2015 dijo que si tenían dignidad, Gils Carbó, Vanoli y Parrilli debían renunciar”.

“Llegamos a 2019 con los salvadores de la República, con la República a medias”, ironizó, para agregar luego: “Se llenan la boca con la República y lo primero que hacen es no cumplirla”.

Hay un problema: tenemos un procurador interino”, resumió finalmente, ratificando el rechazo al retiro de los proyectos. “Es como la deuda externa, nos dejaron el problema y después se quejan porque lo queremos resolver”, deslizó.

A continuación, expuso por la oposición el senador cordobés Ernesto Martínez, quien recordó, como ya lo había hecho también el viernes pasado, que “no hay antecedente alguno de un proyecto que, retirado por el autor, reciba tratamiento de comisión y luego pueda ser aprobado. No hay un antecedente en 150 años”, remarcó.

El senador cordobés sostuvo que “se pierde el mismo tiempo haciendo las cosas bien, que haciéndolas mal”, sugiriendo que en lugar de utilizar proyectos de la oposición, el oficialismo presente un proyecto propio. Reconoció que así como Cambiemos no tuvo los votos en 2017 para elegir a la sucesora de Gils Carbó, “la falta de acuerdo subsiste, y podrá saldarse con una reducción en la mayoría requerida para darle aval al nombre que se envíe. Pero bueno, eso requiere sinceridad por parte del oficialismo”.

“El nombre también será una decisión del Poder Ejecutivo Nacional, y veremos si hay mayorías distintas. Pero el postulante debe reunir actitudes que hasta ahora no se han visto”. Así las cosas, Ernesto Martínez ratificó el retiro de los proyectos y deslizó luego una dura crítica hacia Elisa Carrió. Sin nombrarla y hablando a título personal, cuestionó la postura expuesta por la exdiputada a favor de que Juntos por el Cambio modifique su postura respecto de Daniel Rafecas. “Esto es inaceptable”, aclaró, para reiterar luego: “Que el oficialismo presente y trate su mismo proyecto”.

Igual que el viernes pasado, también habló en representación del oficialismo el camporista Martín Doñate, quien reiteró que “nuestro bloque no va a aceptar y rechaza de plano retirar y no discutir los proyectos que el propio bloque de Cambiemos presentó y que hasta hace pocos días pedían que pusiéramos en debate”.

“Una vez presentado, el proyecto deja de ser automáticamente propiedad del autor y pasa a ser propiedad de la Cámara”, insistió el senador rionegrino, que consideró “infantiles” los argumentos utilizados por la oposición respecto del temor a que se vayan a hacer modificaciones al texto original presentado. Porque, admitió, “desde el oficialismo vamos a pretender sugerir modificaciones al texto original del que presentó este senador. Esto es insólito: que sancionemos el texto sin debate, debemos entregarnos sin condicionamientos… ¿Dónde se vio esto? Si no gano yo, me llevo la pelota. Si no se hace lo que yo quiero, hago trompita y retiro el proyecto…”.

Los proyectos, según anticipó Parrilli, comenzarán a ser debatidos a partir del lunes próximo en la Comisión de Justicia.

Legisladores nacionales de JxC alertaron por la reducción de fondos destinados a Defensa

El diputado Carlos Fernández y el senador Ernesto Martínez firmaron un documento conjunto en el que advierten la sostenida reducción de fondos para esta cartera.

El diputado nacional Carlos Fernández y el senador nacional Ernesto Martínez firmaron un documento conjunto: “Pierde la defensa, pierde el país”, en el que aseguraran que “el largo proceso de deterioro tiene como consecuencia que nuestras Fuerzas Armadas no estén en condiciones materiales de cumplir su misión principal y de garantizar el control de nuestros espacios soberanos”. 

Tanto Fernández, que preside la comisión de Defensa Nacional en la Cámara baja, como Martínez, que ocupa la vicepresidencia de la misma Comisión en el Senado, insistieron en que “ven con preocupación una reducción real del presupuesto consolidando de esta forma el más bajo en la historia democrática de la Argentina”.

En el documento, que fija la postura que seguirán los legisladores del interbloque en ambas Cámaras en medio del debate por el presupuesto 2021, los referentes radicales afirmaron que “Defensa recibiría solo el 1,7% del gasto previsto, cayendo sin cesar desde el 2004, cuando fue el 4% del gasto total. La desconexión entre la ley de Presupuesto Nacional y el planeamiento de la defensa impiden orientar la organización y el desarrollo de las Fuerzas Armadas. La defensa nacional, es una parte inescindible de la seguridad nacional, y sin ella no existirá ni desarrollo ni prosperidad”. 

Avanza un proyecto para que el resarcimiento por delitos de lesa humanidad sea imprescriptible

La iniciativa surgió por un fallo de la Corte que denegó una indemnización a la hija de un trabajador de Techint desaparecido durante la dictadura.

La Comisión de Legislación General del Senado, que preside Ana Almirón (Frente de Todos) avanzó este martes con un proyecto de ley para que el resarcimiento por delitos de lesa humanidad sea declarado imprescriptible.

Tras una intensa discusión en torno a la técnica legislativa, el Frente de Todos aceptó una propuesta de redacción de Ernesto Martínez (Pro) y los senadores firmaron el dictamen, que quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión.

La iniciativa fue presentada por Cristina López Valverde (Frente de Todos) a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2019 que denegó una indemnización a la hija de Enrique Ingeniero, un trabajador desaparecido en las oficinas de Techint durante la dictadura.

En ese fallo, los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti resolvieron por mayoría que los reclamos patrimoniales prescriben, incluso cuando se trata de crímenes de lesa humanidad.

A raíz de esto, López Valverde presentó el proyecto, que modifica el Código Civil y Comercial en dos artículos, el 2.537 y 2.561, respecto a la imprescriptibilidad de las acciones civiles por daños derivados de delitos de lesa humanidad.

Foto: Comunicación Senado

Desde Juntos por el Cambio, el cordobés Martínez se mostró “esencialmente de acuerdo en la idea del proyecto y sus intenciones”, pero pidió “darle a la ley una forma que después no tenga grises ni problemas de interpretación judicial”.

En ese sentido, consideró que “no daríamos una respuesta adecuada si solo nos quedamos en el Código Civil y Comercial” y por eso sugirió “reformar la Ley de Contrato de Trabajo, donde está el problema real de la prescripción”, aunque finalmente desistió de esa propuesta.

Desde el oficialismo, Mario Pais sostuvo que “es correcta la técnica que estamos utilizando” para procurar “una reparación justa, integral y real por los daños y perjuicios derivados de un acto de un tercero”.

En el mismo sentido se expresó María de los Ángeles Sacnun, al reconocer que “teníamos esta falencia en nuestro derecho interno”. “Estamos saldando una discusión porque la misma Corte manifestó la necesidad de que el Parlamento se exprese”, agregó.

La titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales explicó que el objetivo es “que no haya dudas en cuanto a la reparación que se debe llevar adelante tanto desde el Estado como desde el derecho privado”.

Desde la UCR, Silvia Giacoppo coincidió en que “estamos terminando con una injusticia de 40 años, de gente que se murió esperando justicia”.

Para Martínez, el Poder Ejecutivo “tiene mucho que ver” en la liberación de presos

El senador opositor remarcó que es el que tiene “la posibilidad de conmutar las penas”. Además habló de un “manejo oscilante” sobre el tema por parte del Gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires.

El senador nacional Ernesto Martínez (Pro) habló este jueves sobre las prisiones domiciliarias para detenidos, bajo el argumento de prevención del coronavirus en las cárceles, y aseguró que “el Poder Ejecutivo sí tiene mucho que ver” porque “la posibilidad de conmutar penas le corresponde a él”.

Además, el legislador cuestionó que “viene de un manejo oscilante el Poder Ejecutivo, tanto desde la Nación como de la provincia de Buenos Aires”.

“Dos días antes -que comience esta situación- el presidente (Alberto) Fernández tuitea un discurso humanista sobre las condiciones carcelarias de detención y la fragilidad en la salud de los presos. Y, al día siguiente es tajante, diciendo ‘no, de mi lado no hay ningún tipo de indulto’. Estas cosas van confundiendo”, sostuvo en declaraciones a radio Futurock.

Para el corbobés, “el preso lo que hace es aprovechar situaciones externas que se le presenten para lograr beneficios. Los presos se quieren ir con la excusa del Covid-19”.

“Nosotros nos ponemos del lado de las víctimas que han visto a sus victimarios en la cárcel y ahora irse sin cumplir las condenas”, señaló y consideró que hay que “testear” a los detenidos y “si hay algún caso de gravedad, aislarlos en un pabellón especial”.

Agregó que eso “es mucho más útil y despeja todo este escándalo” porque, de otra manera, “los presos van a salir a robar, violar, asesinar”.

“La ley que aprobaremos no servirá absolutamente para nada”

Así lo afirmó el senador de Juntos por el Cambio Ernesto Martínez, tras adelantar el voto positivo para el proyecto sobre góndolas, que destrozó durante su discurso.

El senador cordobés Ernesto Martínez (Juntos por el Cambio) se mostró sumamente crítico con el proyecto de ley de góndolas venido en revisión de Diputados, al que entre otras cosas calificó como “un placebo irrelevante”. Si bien adelantó el voto positivo suyo y de su bancada, enumeró las razones por las que consideraba ineficaz la norma que, afirmó, “no hará ni bien ni mal”.

En principio, se quejó por la prisa en aprobar el proyecto, considerando que una semana más de análisis tal vez hubiera servido “para darle sentido a esta ley, o al menos la operatividad que no tiene”.

“En nuestro país muchas veces nos ponemos a inventar la rueda, y encima cuadrada: no existen antecedentes internacionales que tengan relación directa con el proyecto venido en revisión de Diputados -afirmó-. Lo que sí existen son las leyes de Defensa de la Competencia y de Defensa de los Consumidores, los principios constitucionales y todas las normas que se han dictado en consecuencia”.

Martínez aseguró que “se intentó copiar un proyecto de ley del Ecuador, pero se copió mal; por eso lo que hoy se trata se transforma en un placebo irrelevante”. El senador del Pro señaló “la falta de entidad de esto de andar midiendo góndolas con un centímetro para hacerla ley de la Nación pasa por un ridículo legislativo del cual es difícil volver”. A su juicio, es el Ministerio de Producción y la Secretaría de Comercio, que del mismo depende, los que tienen que ocuparse de la defensa de la competencia, del abastecimiento asegurado para el pueblo, de la lealtad comercial y de todo aquello que ya está legislado, y se preguntó: “¿Para qué ponernos entonces en reglamentaristas a nivel de inspectores prácticamente municipales”.

Si bien adelantó que votaría a favor, como así también su bloque, porque se trata de una norma que “no hará ni bien ni mal”, aclaró que trataba de “no ser un desprevenido”, e insistió en que el proyecto “se plagió (de Ecuador) y se lo hizo mal”.

Para él, “la norma en revisión no daña, tampoco completa lo que dejó vacante la ley de fondo de la competencia. No fomenta ninguna competencia ni evita distorsiones de precios”, y advirtió que “asignar un espacio de una góndola de un hipermercado no implica estar en capacidad de llenarlo, ni mucho menos de reponerlo, o dejar un porcentaje para productos de economías locales, o cooperativas, que hasta pueden significar la consagración de espacios vacíos o muertos, transforma a la norma en un declaracionismo que insisto no hace ni bien ni mal”.

“No debemos sacralizar pavadas”, señaló el senador cordobés en otro pasaje de su discurso, tras preguntarse cómo se solucionaba el problema de la reposición. Por el contrario, dijo que lo que se debe es “imponer la Ley de Defensa de la Competencia, Lealtad Comercial y Defensa del Consumidor… el resto es marketing”.

Enumeró luego una serie de críticas al proyecto, como la exigencia de cinco proveedores para cada producto. “¿Y si no hay cinco proveedores?”, se preguntó, afirmando que lo que sí debía exigirse a los grandes supermercados “es que se compre, no que se exhiba. Si los supermercados no adquieren estos productos, ¿cómo se favorece a las pymes y demás productores?”.

“La obligación de posibilitar espacios, que es lo que consagra la ley, no es la obligación de comprar”, afirmó, considerando que “lo podríamos haber arreglado”, y apuntó que “un apuro que comprendo pero no comparto llevó a que hoy discutamos de este modo”.

La autocrítica

“Antes que me lo recuerden, hablo en representación de una fuerza política que ha fracasado en su política económica -admitió-. Pero en mi caso no quedé castrado para advertir que el nuevo gobierno, como todo, se va poniendo viejo; tiene todo el derecho a los anuncios positivos o aparentemente favorables, como este que hoy se va a aprobar; lo que no debemos todos, todas las fuerzas políticas es continuar generando frustraciones colectivas, configuradas con fuerza de ley, como es lo que hoy votaremos afirmativamente en general, con alguna abstencón que se debe a una coherencia con la actuación anterior en Diputados, porque así corresponde”.

Sobre el final reiteró que “nosotros de ninguna manera vamos a oponernos a aquello que aparece como un progreso, una mejora para la sociedad, o que beneficia a las pymes, cooperativas, economías locales o regionales… Pero tampoco vamos a pasar por acá muy rápido, sin decir que  no se dieron cuenta cómo era la cosa y que no están sancionando obligaciones de compra para aquellos que tanto facturan, como era la ley que se intentó copiar, y simplemente se quedaron en un problema estético de un porcentaje de exhibición en las góndolas”.

“Con lo cual la ley que aprobaremos no servirá absolutamente para nada”, concluyó.