La norma fue aprobada con 55 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones. Establece que el Estado deberá contratar al menos un 1% de personas travestis, transexuales y transgénero.
Con militantes presentes en los palcos del recinto, y también en las afueras del Congreso, el Senado sancionó este jueves por 55 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones la Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins, que establece un cupo del 1% dentro del Estado Nacional para la contratación de personas travestis, transexuales y transgénero, una norma reclamada por el colectivo desde hace años.
El único voto en contra fue del cordobés Ernesto Martínez (Pro), mientras que se abstuvieron los senadores Roberto Basualdo, Julio Cobos, Silvia Elías de Pérez, Laura Rodríguez Machado, Humberto Schiavoni y María Belén Tapia, todos de Juntos por el Cambio.
La norma establece, entre sus principales puntos, que la terminalidad educativa incompleta o los antecedentes penales “que resulten irrelevantes” no podrán ser un impedimento para el acceso de los postulantes al empleo.
En lo que respecta al sector privado, las empresas que contraten personas travestis, transexuales y transgénero tendrán prioridad en las compras del Estado, además de beneficios fiscales.
También se dispone que el Banco Nación tendrá líneas de crédito con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, individuales o asociativos, destinados específicamente a este colectivo.
Miembro informante del proyecto, la pampeana Norma Durango confesó la “hermosa y estupenda sensación de sentir que después de tantos años nuestro país tendrá una ley que reconoce, incluye y considera al colectivo integrado por lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersex”.
Para la presidenta de la Banca de la Mujer, esta ley “viene a compensar un poco tanto dolor, tanto desamparo sufrido durante décadas, tantas vidas truncas, tantos proyectos anulados”, al tiempo que es “la oportunidad de revertir una realidad de discriminación y violencia que ha sometido y somete a las personas travestis, transexuales y transgénero”.
“Estamos aquí por la fuerza militante del activismo de la disidencia sexual de todo nuestro país. Estamos aquí por Diana y Lohana. Ojalá estuvieran esta tarde con sus banderas en el Congreso disfrutando este momento”, destacó.
La senadora oficialista apuntó que “a pesar de los avances normativos registrados en la última década”, este colectivo continúa “teniendo dificultades para acceder a la salud, a la educación, a la vivienda, así como a la protección frente a la informalidad laboral y el desempleo; en definitiva, para vivir una vida en condiciones dignas”. “Un dato significativo que da cuenta de ello: tienen una expectativa de vida que ronda entre los 35 y los 40 años”, mencionó.
“Estamos dando un paso histórico; sentando las bases para reparar la desigualdad estructural que existe en la sociedad respecto de las personas travestis, transexuales y transgénero, para que puedan participar del desarrollo social y económico en igualdad de condiciones, oportunidades y trato, sin violencias ni discriminaciones”, completó.
Única oradora del interbloque Juntos por el Cambio, la bonaerense Gladys González consideró que “lo mínimo que podemos hacer es aceptar que nos es difícil entender, reconocer nuestra ignorancia, y elegir en qué lado nos queremos pasar”.
“Yo no entendía en oportunidad del matrimonio igualitario, y creo que justamente eso hizo que votase con una mirada parcial, condicionada por lo cultural, lo religioso, con una mirada seguramente llena de prejuicios y de ignorancia”, reflexionó.
Por eso, la macrista enfatizó: “Hoy no quiero que me pase lo mismo, quiero votar mirando y viendo, con mayúscula, quiero reconocer y valorar al otro, no quiero mirar para otro lado y seguir negando”. Y afirmó que votando esta ley “podemos elegir hacernos cargo y reparar lo que hicimos mal como sociedad y como Estado”.
“Si hay algo que está claro es que llegamos tarde, aunque quiero reconocer que hay provincias que nos lleva la delantera”, añadió.
A su turno, la correntina Ana Almirón sostuvo que “esta ley viene a poner un freno, porque hay un grupo humano al que el acceso al trabajo digno siempre le fue negado, dejándolo siempre en el mundo de la ilegalidad”.
La oficialista mencionó que “la Ley de Identidad de Género significó un antes y un después”, pero “a pesar de los avances normativos”, los integrantes de este colectivo “todavía siguen siendo víctimas de actos discriminatorios”.
En lo que respecta a la cuestión educativa, la legisladora explicó que “cuando empiezan a desarrollar su identidad” en la adolescencia, “empiezan a sufrir discriminación y hace que haya una mayor deserción escolar y abandonen los estudios”. Además, en su discurso, Almirón abogó que las provincias “se hagan eco” de la ley y que esta norma sirva para “empezar a hablar de políticas integrales al respecto”.
También desde el Frente de Todos, la fueguina María Eugenia Duré citó palabras de Lohana Berkins y ponderó: “Estamos en una sesión histórica, hay todo un país esperando que esto sea ley, es un día de celebración”. La oficialista manifestó que la norma es resultado de “una lucha histórica del colectivo travesti-trans”, que han “transformado ese dolor en sus vidas en resistencia”. Pero también la ley se trata de “abrir nuevos caminos hacia la libertad de este colectivo” y “ampliar derechos”.
Luego, la puntana María Eugenia Catalfamo expresó: “Ojalá junto a nosotros en estas bancas estuvieran sentadas personas del colectivo LGBTIQ+, quienes pudieran contarnos cada una de las violencias que tuvieron que atravesar durante toda su vida, para que no nos quede ninguna duda de por qué tenemos que estar acompañando esta media sanción”.
“Esta es una ley integral, de inclusión social, que nos permite darnos cuenta por qué el Estado debe estar a cargo de reparar años de discriminación, de maltrato, de violencia que ha sufrido este colectivo, que como cualquiera de nosotros merece cumplir con sus sueños y deseos más íntimos”, añadió la legisladora oficialista.
Por el interbloque Parlamentario Federal, la neuquina Lucila Crexell aseveró que “al sancionar esta ley avanzamos sobre el reconocimiento de los derechos y la reparación de uno de los grupos más sistemáticamente marginados y perseguidos. Estamos hablando del colectivo travesti, transexual y transgénero. Un colectivo que históricamente ha sufrido la discriminación estructural basada en su identidad de género, y para comprobarlo basta con ver las condiciones de vida de esta población”.
“La mayoría vive en condiciones de extrema pobreza; la perspectiva de vida es notablemente inferior a la media; con serias dificultades para insertarse en el mercado formal de trabajo y con acceso muy precario al ejercicio de sus derechos”, prosiguió la senadora, que además aportó cifras de la investigación “La revolución de las mariposas”.
Crexell precisó que, de acuerdo a ese informe, “el 88% de las mujeres travesti-trans nunca accedió al mercado formal de trabajo; el 70% su principal fuente de ingreso es la prostitución y un 15% menciona trabajos informales; el 60% no completó sus estudios secundarios; el 65% vive en habitaciones de alquiler, hoteles o pensiones; el 4% vive en refugios o en situación de calle; y el 75% reconoce haber sufrido violencia”.
En la recta final del debate, habló el primer senador, y fue el fueguino Pablo Blanco, para anunciar su cambio de voto. “Cuando inicié esta sesión tenía la determinación de abstenerme en este proyecto de ley, basado en que para mí todos los ciudadanos somos iguales, independientemente del sexo, la religión, la ideología”.
“Pero escuchando a las senadoras preopinantes, y analizando que la única verdad es la realidad -continuó-; la realidad es que no siempre se le reconocen los derechos a todos”, remarcó y reveló que votaría a favor en general, pero se iba a abstener en el artículo 7, referido a los antecedentes penales.
En los cierres, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, ponderó que leyes de este tipo “que tratan de dar una vuelta de página en una historia de discriminación de sectores vulnerables, siempre es un avance”. El radical subrayó que en Argentina, “más allá de los enormes problemas y desafíos que tenemos a resolver”, en materia de “reconocimiento de derechos” hay “un Estado que ha estado a la vanguardia”.
“Lo que venimos a hacer es no solamente reconocer el plan de vida, sino en ese plan de vida tener la posibilidad del progreso social, a construir con dignidad ese progreso social. Y ahí está el Estado, con este cupo del 1%. ¿Alcanzará, no alcanzará? Es el primer paso”, sostuvo el formoseño.
Por último, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera, señaló que “el objetivo es que esta población que ha sido invisibilizada por tanto tiempo, a la que se han negado innumerables derechos, que ha sido perseguida, discriminada, estigmatizada, criminalizada y excluida de la sociedad, pueda acceder a un trabajo digno que le posibilite mejorar su calidad de vida y le dé la oportunidad de planificar proyectos”.
“Tenemos que decir sin eufemismos que el motivo de desempleo estructural de la comunidad travesti-trans no es ni más ni menos que su identidad de género. Sin duda que la ampliación de derechos que propone el proyecto va a permitir sacar de a poco a esta población de la marginación”, sumó el pampeano.
De qué se trata la nueva ley
La norma tiene por objeto “establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina”.
Se establece que “el Estado Nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, deben ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.
La ley indica que los organismos tendrán que “establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero” y “asimismo, reservar las vacantes que se produzcan en los puestos correspondientes a los agentes que hayan ingresado” bajo el régimen de esta ley. No obstante, aclara que el cumplimiento de la norma “en ningún caso debe implicar el cese de las relaciones laborales existentes al momento de su sanción”.
Al igual que había dispuesto el Poder Ejecutivo el 4 de septiembre del año pasado por decreto, se prevé que “el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo”. En caso de que los aspirantes no hayan completado sus estudios, se les “permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos requeridos y finalizarlos”, para lo cual la autoridad de aplicación deberá garantizar el acceso.
Algo no contemplado por el decreto 721/20 pero que sí incorpora la flamante ley es que “los antecedentes penales de las/os postulantes, que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo”.
“Toda persona travesti, transexual o transgénero tiene derecho al trabajo formal digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género y/o su expresión”, agrega el articulado.
Por otra parte, se establece que tendrán prioridad en las contrataciones del Estado aquellas empresas que cumplan con el cupo trans; en tanto se estipulan incentivos para el sector privado, tales como que “las contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales”.
Dicho beneficio tendrá la duración de un año y, en el caso de micro, pequeñas y medianas empresas el plazo se extenderá a dos años. En tanto, el Banco de la Nación promoverá “líneas de crédito con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, individuales o asociativos, destinados específicamente a personas solicitantes travestis, transexuales y transgénero”.
El texto contempla la creación del Registro Único de Aspirantes y, por otro lado, de una Unidad de Coordinación interministerial para garantizar la implementación integral y coordinada de la norma.
“El incumplimiento total o parcial de la ley por parte de las funcionarias y los funcionarios públicos responsables, constituye mal desempeño en sus funciones o falta grave, según corresponda”, indica.
Además de invitar a adherir a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, también se invita a adoptar la norma a las Universidades Públicas.
La ejecución de las obligaciones de los organismos y dependencias deberá efectuarse de manera progresiva y dentro de un plazo máximo de dos años, contados desde su sanción.
