Dijo tener un 90% de confluencia con los legisladores alineados con Macri y Bullrich, con quienes estableció el Pacto de Acassuso, y ya anticipó su deseo de derogar la Ley de Alquileres.
Consciente de que necesitará gobernabilidad y el ámbito donde ese activo se juega todo el tiempo es en el Congreso, el presidente electo Javier Milei anticipó este lunes que allí La Libertad Avanza y las fuerzas de Juntos por el Cambio que respondan a Mauricio Macri y Patricia Bullrich van a “confluir”.
“¿Cómo no vamos a poder confluir con una agenda donde tenemos el 90% de acuerdo?”, se preguntó el todavía diputado nacional, que a partir del 10 de diciembre se sentará en el sillón de Rivadavia.
En un raíd mediático que abarcó este lunes las radios Mitre, Rivadavia y Continental, Milei se pronunció de manera crítica sobre la Ley de Alquileres, reformada recientemente en el Congreso. “Lo único que ha hecho la Ley de Alquileres es generar daño”, dijo, asegurando que terminó “perjudicando a aquellos que pretendía proteger”. Así las cosas, Milei se mostró decidido a “derogarla y entender que es un contrato entre partes”.
¿Uno podrá pactar el alquiler en cualquier moneda?, le preguntaron. “Sí, absolutamente”, garantizó Milei.
Sobre los alquileres, Milei sostuvo que los contratos podrán pactarse en el futuro “en cualquier moneda”, por cuanto “la libertad monetaria es parte de las cosas en las que queremos avanzar”.
Siempre en el ámbito legislativo, el presidente electo se refirió puntualmente al electo diputado Miguel Angel Pichetto, sobre quien dijo que “podría desempeñar un rol importante” en el armado político del futuro oficialismo en la Cámara de Diputados.
En tren de dar nombres, anticipó dos para futuros cargos: Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia y la diputada nacional Carolina Piparo para la ANSeS.
También se refirió al futuro de los medios públicos, cuyo futuro imagina con privatizaciones. Sobre la TV Pública, a la que definió como “un mecanismo de propaganda”, que trabajó “con mentiras y abonando la campaña de miedo” en contra de La Libertad Avanza. “No adhiero a esas prácticas de tener un Ministerio de Propaganda encubierto: tiene que ser privatizado. Lo mismo con Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, va a estar en manos del sector privado”, anticipó, incluyendo en ese marco a la agencia estatal de noticias Télam.
Milei afirmó que su intención es ser “el primer eslabón de una reconstrucción de la Argentina”.
En la octava sesión del año en Diputados se avanzó con proyectos como el de Compra sin IVA, Alquileres, creación de nuevas universidades y la Ley de Violencia Digital, entre otras.
Con el tema Alquileres concitando la mayor atención, la Cámara baja debate también la creación del programa “Compra Sin IVA”, el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado, la creación de tres universidades nacionales y el Plan Nacional de Ciencia 2030, entre otros temas.
Con el quórum alcanzado a las 12.31, la Cámara de Diputados realiza este martes su última sesión antes de las elecciones generales, para tratar una decena de proyectos entre los que se destaca la modificación de la Ley de Alquileres.
Se le complicó al oficialismo alcanzar el quórum para sesionar, por la ausencia de varios diputados del propio Frente de Todos. Llegadas las 12.30 se sentó en su banca el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, que pidió a la presidencia aguardar unos minutos más, por cuanto un legislador propio estaba en camino. El tablero marcaba 127 diputados sentados en sus bancas, y contando a Paula Penacca, secretaria parlamentaria del oficialismo, que estaba parada, en efecto les faltaba solo un diputado. Y un minuto después ingresó la jujeña Carolina Moisés, con lo que el quórum fue alcanzado.
También se debate este martes el programa “Compra Sin IVA”, que ya funciona como decreto, pero que en tren de campaña el oficialismo busca convertirlo en ley este martes.
Asimismo se tratará el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL), como así también el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030; la creación de las universidades nacionales de la Cuenca del Salado -en Cañuelas-, Juan Laureano Ortiz -en Paraná- y la de Saladillo; el Régimen de Promoción de la Industria del Calzado y su Cadena de Valor; Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incorporando la violencia digital (con las modificaciones del Senado); y la creación del programa Argentina Inclusiva.
Volvamos al tema que genera la principal expectativa y que es la modificación de la Ley de Alquileres, que vuelve con cambios introducidos en el Senado. Modificaciones que fueron avaladas por el oficialismo en las comisiones que el miércoles pasado les dieron a las mismas dictamen de mayoría, y ahora los cálculos están puestos en determinar cuál de las dos propuestas prevalecerá en definitiva, para convertirse en ley.
Un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda volvió a darle dictamen al tema.
La propuesta del Senado establece mantener el plazo vigente actualmente de tres años en los contratos; proponer que los aumentos sean semestrales; y fijar un nuevo índice para la actualización a partir del coeficiente “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
La oposición defenderá la iniciativa que se aprobó el 23 de agosto, la cual propone devolver el plazo de los contratos a dos años, permitir ajustes cada 4 meses y dejar librado al acuerdo de las partes la actualización de los alquileres con la opción de tres métodos: Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS).
Con un dictamen de mayoría y otro de minoría, el programa “Compra Sin IVA” propone el reintegro de una proporción de las operaciones de consumidores finales definidos como beneficiarios por las compras de bienes muebles realizadas en ciertos comercios minoristas o mayoristas, siempre que el pago se realice mediante la utilización de tarjetas de débito asociadas a cuentas vinculadas a tales personas, tarjetas de crédito o tarjetas que operen bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o débito en cuenta a través de la utilización de códigos de respuesta rápida (QR).
También se incluyen las compras de bienes efectuadas en el marco de la “Tarjeta Alimentar”, o de las tarjetas emitidas a beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – “Potenciar Trabajo”.
El programa está destinado a quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento o pensiones no contributivas, en todos los casos siempre que sus ingresos mensuales por dichos conceptos no excedan la suma de 6 haberes mínimos garantizados; los que perciben asignaciones universales por hijo para protección social; asignaciones por embarazo para protección social; el personal en relación de dependencia en la actividad privada o pública cuyos ingresos mensuales no superen la suma equivalente a 6 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
También se contempla a aquellas personas trabajadoras comprendidas en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y los contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que se encuentren encuadrados en cualquiera de sus categorías, excepto que obtengan determinado tipo de ingresos. Asimismo, se contempla la posibilidad de ampliar el listado de sujetos beneficiarios.
También avanzarán con la propuesta para declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de Gas Natural Licuado, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector. El proyecto obtuvo dictamen este lunes en el marco de un plenario.
Además, se propone la creación de un Régimen de Promoción de grandes proyectos que comprende el transporte del gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte; y su comercialización y exportación. Serán beneficiarios quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de su sanción (prorrogables por otros tres por la autoridad de aplicación).
También, otorgará beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.
Se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria” y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante treinta años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras.
También garantizará el transporte y suministro del gas natural para el proyecto e incluye la posibilidad de acceder a autorización de exportación en firme de GNL 365 por 30 años.
Como contrapartida, demanda requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local que van escalando periódicamente, como condición de mantenimiento de los beneficios. El objetivo es lograr que los proyectos, a medida del paso del tiempo, vayan incorporando bienes e insumos producidos localmente.
También está el proyecto que prevé crear el Programa de fomento de la industria local y de la integración de valor industrial del calzado, como así también el Programa de Fomento de Inversiones para el desarrollo de nuevos proveedores de materias primas e insumos de la cadena de valor de la industria del calzado y fabricantes de calzado.
Asimismo promueve la creación el Programa de promoción del empleo del calzado y de regularización del empleo industrial no registrado. Asimismo, establece ajustar el sistema de etiquetado Nomenclatura AR para el calzado argentino, como así también la creación del Instituto Nacional de Promoción del Calzado Argentino.
La iniciativa tiene media sanción de la Cámara alta desde el 27 de octubre del 2022 y prevé agendas estratégicas, territoriales, transversales y de cambio institucional, y plantea 10 desafíos nacionales para la próxima década.
El plan presenta los procesos centrales de su formulación e implementación en virtud de un conjunto de agendas agrupadas en cuatro clases, según ámbitos territoriales y temáticos de incumbencia: Agendas Estratégicas, Agendas Territoriales, Agendas Transversales y Agenda de Cambio Institucional.
Según el dictamen, se desarrollarán “Diez Desafíos Nacionales”, que serán políticas específicas de alcance nacional que expresan los temas estratégicos que requieren de conocimiento científico y tecnológico. Ellos son: erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental; impulsar la bioeconomía y la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria; y contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos.
También, los de construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional; lograr una salud accesible, equitativa y de calidad; desarrollar los sectores espaciales, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa; y fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del Mar Argentino.
Completan los desafíos, promover la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la transformación digital; potenciar la transición al desarrollo sostenible; y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética.
El Plan 2030 presenta Agendas Territoriales Integradoras de Ciencia, Tecnología e Innovación (ATI-CTI) para cada una de las 24 jurisdicciones, que expresan las prioridades y estrategias de intervención.
Las Agendas Transversales buscan consolidar la base científica y tecnológica para potenciar la capacidad de respuesta tanto a los Desafíos Nacionales como de las Agendas Territoriales. Estas se orientan a la promoción general del conocimiento, la aplicación de tecnologías a la investigación, desarrollo e innovación, la consideración de los aportes de las ciencias sociales y humanas, la promoción de una ciudadanía y cultura científica, la sostenibilidad y la incorporación de la perspectiva de género.
La Agenda de Cambio Institucional atiende a las modalidades de planificación referidas a la formación de recursos humanos, la gestión del conocimiento, la articulación multiactoral, la federalización y la internacionalización.
En cuanto a la inversión total en investigación y desarrollo, se proyecta que pasará del 0,52% del PBI en el año 2020 al 0,85% en el año 2025 y al 1,70% en el año 2030.
En cuanto a la creación de nuevas universidades, se completará este martes el cronograma de ocho que esta administración se había puesto como objetivo. Una de las iniciativas fue presentada por el diputado opositor Emiliano Yacobitti (Evolución Radical), que propone establecer a la Universidad Nacional de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires.
También, está el proyecto de la diputada nacional María Rosa Martínez (FdT – Buenos Aires), quien propuso construir la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede central en el distrito de Cañuelas.
Del mismo modo, se busca la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. El lugar ya funciona como facultad y es impulsada por la diputada Blanca Osuna.
En el temario también figura la creación del Programa Argentina Inclusiva que tuvo dictamen en noviembre del año pasado y es fruto de la unificación de ocho iniciativas, que propone un Régimen de Capacitación en Discapacidad en la Función Pública.
Promueve la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada de la Administración Pública Nacional en el trato adecuado a las personas con discapacidad y adecuación en accesibilidad de espacios públicos. También busca la difusión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporar la perspectiva de discapacidad desde el modelo social.
La Autoridad de Aplicación, que será elegida por el Poder Ejecutivo, creará la Mesa de Coordinación Administrativa del Programa Argentina Inclusiva, establecer, conjuntamente con los órganos de implementación, las directrices y los lineamientos mínimos de los contenidos curriculares de la capacitación; monitorear los datos estadísticos a los fines de facilitar la verificación y el cumplimiento de las capacitaciones y desarrollar indicadores anuales de evaluación; implementar campañas de difusión y de concientización.
El proyecto que incorpora la violencia digital como una modalidad dentro de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (N°26.485) -que había recibido la media sanción el pasado 5 de julio- fue aprobado en el Senado, pero recibió modificaciones por haber omitido la definición “participación política” en su redacción, por lo que volvió a Diputados.
La iniciativa está inspirada en la “Ley Olimpia”, una normativa mexicana que aborda los delitos que violan la intimidad de las mujeres a través de medios digitales, y que se sancionó en ese país a partir del activismo de Olimpia Coral Melo -quien estuvo presente en el palco-, víctima de difusión de material con contenido sexual, sin su consentimiento, por parte de una expareja.
En el artículo 6 de la 26.485 se incorpora la modalidad de “violencia digital o telemática” definida como “toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar”.
El dictamen de mayoría se votará primero, y es el que avala las modificaciones introducidas en el Senado. El dictamen de minoría es el mismo que fue aprobado en agosto pasado.
Principales puntos del dictamen de mayoría, con las modificaciones propuestas por el Senado:
Principales puntos del dictamen de minoría, que había sido aprobado en agosto pasado
Myriam Bregman (FIT-U) le enrostró que “hace poco dijo que no tendría que haber la Ley Nacional de Alquileres”, mientras que Patricia Bullrich (JxC) disparó: “Los únicos que compran casas en este país son los kirchneristas, que hace 20 años nos vienen robando”.
El último tópico del segundo Debate Presidencial fue Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente, en el que el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, hizo hincapié en Alquileres y Créditos Hipotecarios UVA, dos temas que están en tratamiento en el Congreso. Le salieron al cruce Myriam Bregman (FIT-U) y Patricia Bullrich (JxC).
En sus dos minutos de exposición, el tigrense destacó la importancia del bloque y se refirió al crédito hipotecario al contar que “ya estamos trabajando en un acuerdo con el sistema financiero para que puedas tener acceso a un crédito hipotecario sobre la base de un sistema de actualización con coeficiente de variación salarial. La cuota aumenta si aumenta tu salario”.
“En segundo lugar, estamos detectando todos los inmuebles ociosos que tiene a lo largo del país el Estado Nacional ahí vamos a poner en marcha un programa de lotes con servicios, dos millones de lotes con servicios, con agua, cloacas, con pavimento y con alumbrado, con inversión pública, para que vos puedas acceder al lote para poder construir tu casa”, explicó, pero señaló que “tenemos la responsabilidad de cuidar la casa común, la casa de todos”.
En ese sentido, remarcó que “hay tres cosas claras. Vengo planteando desde el 2014 la reforma del Código Penal, quien contamina un río. tala un bosque o destruye un humedal, tiene que ir a prisión, de 3 a 8 años de prisión. En segundo lugar, energías renovables, Argentina tiene la enorme oportunidad por sus corrientes marinas, por su energía solar, pero también por la energía eólica y por el gas, de ser uno de los grandes jugadores mundiales del hidrógeno”.
“Y, en tercer lugar y no menos importante, también hay un tema que tiene que ver con el cuidado del ambiente, y es que vos seas protagonista del desarrollo de un programa ambiental que nos permita el cuidado a todos. Casa común y casa propia, el desafío del próximo 4 años”, cerró su ponencia.
En el derecho a réplica, Bregman le planteó que “más allá de lo que se está discutiendo en el Congreso, Massa dijo hace poco que no tendría que haber la Ley Nacional de alquileres”, al tiempo que advirtió que “eso es muy peligroso porque deja sin una garantía mínima a aquellos que tienen que alquilar”.
“Acá los veo hacer muchas propuestas y promesas, pero hay medidas urgentes que se tienen que tomar, impuestos progresivos inmediatos a la vivienda ociosa, Créditos hipotecarios accesibles y un plan nacional de vivienda para solucionar la emergencia habitacional”, enumeró la diputada de izquierda y reclamó: “Que la plata no vaya para el FMI, vaya para vivienda y dejen de desalojar a todos los que reclaman vivienda en La Matanza como lo hicieron en Guernica”.
A su turno, Bullrich le recordó que “hay 2 millones de pobres más en el tiempo que va tu año de gobierno. Tu año de ministro de Economía, ¿de qué hablas? Hoy no compra una casa a nadie en la Argentina”.
“Nadie puede alquilar, no le alcanza la plata para nada y vos hablas de un país que no existe”, cuestionó la opositora y le enrostró: “Los únicos que compran casas en este país son los Kirchneristas, tus amigos, que se compran las casas en todos los countries de la Argentina, los ladrones de siempre que hace 20 años nos vienen robando. Por eso te digo, los argentinos han empeorado la vida y ustedes han generado este empeoramiento de la vida de los argentinos y es muy evidente, ¿cierto? Nosotros vamos a trabajar para que el que roba tenga una condena para que nunca más en la Argentina el desarrollo humano dependa de los corruptos”.
Al momento de exponer sus ideas, Bullrich apuntó directamente contra Massa: “¿Sabes lo que traba en la Argentina el desarrollo humano de los argentinos? Los bolsos de López, los sueños compartidos que no los compartieron con nadie, solo con ellos. Los hoteles de Cristina Fernández de Kirchner, el Yate de Insaurralde”.
“Dejar de robar, entendelo de una vez por todos, se llevan todo, se llevaron rutas, hospitales, escuelas, todos a sus bolsillos”, denunció la candidata de JxC y le enrostró: “Los ñoquis de La Cámpora que dijiste que los iba a combatir, ahora los pones en planta permanente. Ellos tienen buenos salarios, 9 billones tiene (Silvina) Batakis, y la gente se muere de hambre. Entonces, los ñoquis de La Cámpora son los únicos favorecidos de este país”.
Por el contrario, propuso: “Para que la Argentina vuelva a tener campo, empresas, alquileres, sueldos, casas, poder cuidar su ambiente, necesitamos que la vida de tu familia, ese dinero vaya a tu familia, que la casa sea para tu familia y no para la familia de los burócratas del Estado, necesitamos que el dinero vaya a las personas, a los sectores medios que están destruidos, necesitamos que todo el dinero de la Argentina realmente se concentre en la gente”.
“El 100% aumentaron ustedes el Estado, ¿sabes qué Estado aumentaron? El Estado de los burócratas. Si ese Estado hoy estuviera en las casas para que cada ciudadano argentino tenga un crédito para poder comprar una casa, para que los jóvenes puedan alquilar, para que los estudiantes puedan tener un crédito para estudiar mejor, para que cada ciudadano argentino tenga posibilidades, el país sería otro, para eso hay que dejar de robar, para sacarse el kirchnerismo de encima de una vez y para siempre”, remató.
Tras un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, el oficialismo avaló las modificaciones, mientras que la oposición defendió la media sanción que había salido en agosto pasado.
El oficialismo en la Cámara de Diputados se alzó este miércoles con el dictamen de mayoría a favor del proyecto que fue devuelto con cambios desde el Senado sobre la Ley de Alquileres, mientras que la oposición firmó un dictamen de minoría que defiende la media sanción que había sido aprobada el pasado 23 de agosto.
El Frente de Todos, solo con el acompañamiento del misionero Carlos Fernández, consiguió el despacho de mayoría con 41 firmas. Fernández había votado a favor junto al resto de la oposición la vez pasada. En tanto, con 39, el despacho de minoría fue respaldado por Juntos por el Cambio y la bonaerense Graciela Camaño.
A pesar de esos números, la ley tendrá un final abierto en el recinto. La postura que adopten los bloques federales será determinante para torcer el destino de la reforma de un lado o del otro. Se sabe que, a favor de la derogación, los tres libertarios liderados por Javier Milei se opondrán a cualquiera de las dos opciones.
En la previa de la sesión, que se estima se convocará para la próxima semana y podría incluir el tema, en el FdT admiten que la oposición estaría en condiciones nuevamente de imponer su mayoría y, en ese caso, sancionar definitivamente una modificación que devuelve el plazo de los contratos a dos años, permite ajustes cada cuatro meses y deja librado al acuerdo de la partes la actualización de los alquileres con la opción de tres índices (IPC, IPM, IS). Cabe recordar que en la sesión de agosto a la bancada liderada por Germán Martínez le faltaron 13 integrantes, que podrían haber hecho empatar la votación, pese a que algunos estiman que en ese caso no se hubieran abstenido los dos socialistas. Igualmente, es historia.
Aunque en el Senado el rionegrino Alberto Weretilneck votó junto al oficialismo, sus dos diputados estarían más cerca de mantenerse a favor de la versión original. Eso contribuye a los números de Juntos por el Cambio, que este miércoles salió a reclamarle a esos legisladores que mantengan su postura, lo que despertó rechazo en la reunión.
Por su parte, el texto que salió del Senado mantiene el plazo (vigente actualmente) de tres años en los contratos; establece que los aumentos sean semestrales; y fija un nuevo índice para la actualización, a partir del coeficiente “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
Al comienzo de la reunión, que terminó con los ánimos alterados y una fuerte discusión entre la oficialista Paula Penacca y la radical Karina Banfi, el primer orador fue el diputado Pablo Tonelli, que defendió la media sanción de Diputados.
“La Ley 27.551 no dio los resultados esperados y produjo una alteración dramática en el mercado de los alquileres”, afirmó y mencionó que al momento de su sanción -a mediados de 2020- en la Ciudad de Buenos Aires había “una oferta de unos 7.000 inmuebles” y “hoy en día hay menos de 1.000”. Dijo que a la ley se sumaron “factores externos” como la alta inflación que hace que los alquileres requieran “aumentos constantes”.
El legislador del Pro cuestionó que a partir de la Ley de Alquileres “los locadores perdieron rentabilidad, estímulo, aliciente y retiraron del mercado” las propiedades. Para el macrista, puede ser “una actitud comprensible” querer “proteger a los inquilinos, pero ya está probado que esa protección excesiva no ha dado buenos resultados”. “Tenemos que encontrar un equilibrio que respete razonablemente los intereses de las dos partes”, añadió y ratificó: “Creemos que lo mejor es insistir en la sanción originaria de nuestra cámara”.
También a favor de la reforma salida de Diputados, el puntano Alejandro Cacace sostuvo que un contrato de tres años “es una eternidad en este contexto” y se quejó de que se quiera “imponer los precios desde el Estado, porque sabemos los problemas que trae”. El diputado de Evolución Radical explicó que “en una economía que tiene 12% de inflación mensual” los propietarios “se cubren de la inflación cobrando todo de arranque desde el precio inicial”, al defender que se puedan hacer las actualizaciones cada cuatro meses. “Está claro que en una economía que es altamente inflacionaria hay que reducir los tiempos de la actualización”, insistió en esta línea.
Entre los oradores, desde el oficialismo el porteño Itaí Hagman observó que lo más conflictivo de la situación no era solo la alta inflación sino “la caída del salario real”, que hace más difícil a los inquilinos afrontar los aumentos. “La incertidumbre la hemos generado con la expectativa de un cambio del régimen”, opinó, al recordar que desde el año pasado está en debate la reforma de la 27.551.
Según el diputado del FdT, desde que se sancionó la ley “hasta el segundo cuatrimestre de 2022, creció la oferta”, mientras que comenzó a caer en el segundo semestre de 2022. “Se combinó la inflación y la expectativa”, señaló y advirtió que el cambio del plazo del contrato de tres años a dos es algo que no le interesa a propietarios e inquilinos, sino “hay un solo actor al que les conviene: las inmobiliarias”.
“La ley no fija los precios de los alquileres”, aclaró y defendió que “a las dos partes les sirve que haya un mecanismo de indexación, porque nunca se sabe a ciencia cierta cuál va a ser la inflación”.
Un final caliente
A medida que avanzó la reunión, el debate fue subiendo de tono. Tras cuestionar la ley actual y la reforma del Senado, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, mencionó que en el Senado el rionegrino Alberto Weretilneck -gobernador electo- votó junto al FdT, pero lanzó: “Espero que los diputados acá puedan tener independencia de la posición del senador Weretilneck”.
También resaltó que el bloque de Milei votó en contra de los dos dictámenes en agosto pasado, para manifestar que “si hoy el bloque del diputado Milei y del gobernador Weretilneck acompañan la media sanción que pudimos obtener en agosto en Diputados, vamos a tener una mejor Ley de Alquileres”.
“Es una vergüenza que un diputado pida la palabra para apretar a colegas públicamente”, se quejó visiblemente molesto Germán Martínez, presidente de la bancada oficialista.
Vino después la intervención del diputado del FdT Eduardo Toniolli, quien disparó contra López: “Le queda mejor el papel de defensor de (Horacio) Rosatti que de apretador”. Lo hizo en alusión al presidente de la Corte Suprema y el rol de López en la Comisión de Juicio Político. Pero después siguió y expresó que entre los “problemas de la Argentina” uno es “la oposición pedorra que tiene este Gobierno”.
El santafesino consideró la ley que defiende la oposición “la escribió el señor Barriga” (personaje del Chavo del 8) y enfatizó que “hay una falta de sensibilidad en algunas intervenciones que son alarmantes”.
“Más pedorro será el diputado que acaba de hablar”, devolvió la radical Karina Banfi, que calificó al texto venido del Senado como “una medida populista”. “La única idea que tienen es más intervención, más congelamiento, más subsidio, más maquinita y más inflación. Esto ya lo conocemos, ya lo hizo (Hugo) Chávez en Venezuela”, exclamó.
Además, chicaneó al oficialismo: “Van terceros y no entran al balotaje”. “Este problema de la ley lo ocasionó el gobierno de (Alberto) Fernández, terminemos con el cuento de (Daniel) Lipovetzky, que les digo, nos echó una maldición, eh”, aseveró y también apuntó a los legisladores de Juntos Somos Río Negro, al sostener que si acompañan al oficialismo “seguramente quedará en la conciencia del senador Weretilneck y de los rionegrinos, que seguro deben ser todos propietarios”.
En el cierre, Federico Fagioli, diputado referenciado en Juan Grabois, habló de “juntos por la desregulación o juntos por el mercado” y los acusó de que “odian profundamente” a los inquilinos y “lo que quieren hacer es tirarlos a la fosa”. “ El único objetivo que ustedes tienen es enriquecer a las inmobiliarias”, criticó y sumó: “Sus proyectos son solo de odio. Hay una vocación de Juntos por el Cambio de querer arruinarle la vida 10 millones de inquilinos”.
Los últimos discursos despertaron un ida y vuelta de respuestas fuera de micrófono que, cuando se dio por cerrado el plenario, continuó muy fuerte entre Banfi y Penacca. Luego de que de un lado hubieran chicaneado con el escándalo Martín Insaurralde y del otro respondieran citando a Gerardo Milman -que estuvo en la reunión-, las diputadas se cruzaron a los gritos con duras acusaciones.
Después de más de 5 meses volvió a sesionar la Cámara alta para tratar proyectos, aprobando pliegos judiciales, una reforma de la Ley de Alquileres, Ganancias y otros temas.
La iniciativa en el Senado recibió 37 votos a favor y 29 en contra. La nueva redacción conserva en tres años la duración de los contratos, establece aumentos semestrales y contempla un nuevo índice para la actualización.
Inquilinos, propietarios e inmobiliarias seguirán esperando por una nueva Ley de Alquileres, ya que -tal como se preveía- el oficialismo en el Senado impuso su dictamen de mayoría con modificaciones en la sesión de este jueves, por lo que el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados.
El texto fue aprobado con 37 votos afirmativos y 29 negativos. El Frente de Todos construyó una mayoría a partir del acuerdo, que se dio previamente en la discusión en comisión, con sus excompañeros de bancada y sus habituales aliados.
Así, además del oficialismo, votaron a favor de los cambios Guillermo Snopek, Eugenia Catalfamo, Edgardo Kueider y Carlos “Camau” Espínola, de Unidad Federal; la riojana Clara Vega y el rionegrino Alberto Weretilneck, cada uno desde su monobloque.
En el caso de éste último, los diputados rionegrinos que responden a su espacio habían votado en la Cámara baja con Juntos por el Cambio y otros sectores de la oposición. Pero, a partir de esta nueva versión del proyecto, su postura podría cambiar.
Además de los votos negativos de Juntos por el Cambio -que tuvo cinco ausentes-, se opuso la cordobesa Alejandra Vigo. Al igual que en la votación de los pliegos judiciales, la misionera Magdalena Solari Quintana, presente este jueves, se ausentó en ese momento.
En sus puntos centrales, las modificaciones a la media sanción que vino de Diputados consisten en: mantener el plazo (vigente actualmente) de tres años en los contratos; establecer que los aumentos sean semestrales; y fijar un nuevo índice para la actualización de los alquileres, a partir del coeficiente “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Lo que se mantuvo sin cambios fue la parte que prevé beneficios fiscales para incentivar la oferta de propiedades.
Por su parte, Juntos por el Cambio defendió la media sanción que salió de Diputados, que preveía que los contratos vuelvan a dos años, actualizaciones cada cuatro meses y un menú de tres índices para establecer los aumentos, a acordar entre las partes.
Miembro informante del oficialismo, el pampeano Daniel Bensusán aseguró que en las comisiones quedó claro que el proyecto que vino de la Cámara de Diputados “no era del agrado de las partes” y hasta senadores de la bancada opositora reconocieron que “no era un dictamen que solucionaba el problema”. “Nuestra obligación es mejorar el proyecto de ley”, defendió y enumeró que “obviamente que la escasez de inmuebles destinados al alquiler tiene múltiples causales: la especulación financiera, la dolarización de los alquileres y la inflación, que hace difícil mantener un equilibrio en esta relación contractual”.
“Este problema no se resuelve con una sola ley, es integral, y seguramente el Estado tendrá que intervenir controlando”, consideró y detalló los cambios. Además de los contratos y el plazo de actualización, resaltó que se eliminó que “se permitan pagos voluntarios anticipados por parte del inquilino”, y se estableció que “los contratos sean redactados y acordados en moneda nacional”.
Sobre el nuevo índice, el presidente de la Comisión de Legislación General explicó que se determinará “por la menor variación que surja de comparar el 0,9 del coeficiente de variación salarial, publicado por el INDEC, y la variación del coeficiente de estabilización de referencia, publicado por el Banco Central”.
“Entendemos que permitirá mejorar la situación de esa gran masa de inquilinos que hoy no pueden acceder a una vivienda”, dijo sobre la nueva redacción y afirmó que se busca que el cambio en “los plazos para la duración del contrato y eventuales ajustes le dan una previsibilidad y estabilidad”.
Al manifestarse a favor de la media sanción de Diputados, el radical Víctor Zimmermann observó que la Ley de Alquileres actual “que afecta tanto a propietarios como a inquilinos, se ve básicamente afectada por el tema de la inflación, del cepo al dólar, por el problema del déficit habitacional y por la falta de inversión”. “Con una Ley de Alquileres no se puede resolver el problema económico de un país”, agregó.
Recordó que los expositores que asistieron a las comisiones desde Córdoba comentaron que “el 47% de los inmuebles que se ponen normalmente dentro del mercado de los alquileres fueron retirados para alquiler temporal” -cuestión pendiente de abordar, admitió-. “(Los propietarios) prefieren ponerlo en alquiler temporal y cobrar los alquileres en dólares o euros”, señaló.
El chaqueño expresó que todos los invitados que vinieron “nos pidieron que le demos celeridad y certidumbre al tratamiento, y yo creo que lo hemos logrado, más allá de las diferencias”, pero cuestionó que se dilate la resolución regresando el proyecto a Diputados, mientras “hay muchos contratos pendientes que están parados, esperando a ver qué pasa”.
A su turno, el porteño Martín Lousteau recordó que él estaba en Diputados cuando se aprobó la primera norma y advirtió que por entonces había los mismos temores que en la actualidad. En su discurso se preguntó si “lo que viene con media sanción de Diputados resuelve el problema… La verdad que no los resuelve, en un contexto con una mente dolarizada en materia de propiedades. Claramente que no es la panacea la media sanción, pero el dictamen de mayoría va a agravar el vicio de querer proteger al más débil y terminar haciéndole peor la situación”.
El legislador de Evolución Radical advirtió también que “hay 15 mil personas que cuando intervenimos mal, se les va a ir el precio de los alquileres a las nubes, o no se los van a renovar”.
Lousteau sostuvo que “estamos generando una incertidumbre respecto del flujo de fondos que va a hacer que hoy con un proyecto así suban el alquiler”. A su juicio, el propietario dirá: “Me voy a cubrir porque para adelante voy a recibir menos”.
Cerró el debate la vicejefa del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, que cuestionó la actitud de Juntos por el Cambio, a cuyos miembros acusó de no querer acordar nada con el oficialismo “aunque estén de acuerdo”. Puso como ejemplo el tema de alquileres temporarios, donde habían acordado un dictamen con la UCR, pero después “les tiraron la oreja a dos o tres y ahora lo quieren cambiar”.
La mendocina aseguró que desde el Frente de Todos tenían la voluntad de mejorar la media sanción que venía de Diputados, pero sostuvo que “se nos hace imposible porque hay una decisión política (en la oposición) de no acordar, porque estamos en medio de la campaña. Esa mezquindad nos lleva a tener dos dictámenes”.
Reconoció el trabajo en comisión y en ese sentido valoró la actitud del vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Víctor Zimmermann, de quien elogió “la amplitud con la que se trabajó”, y al respecto aseguró que “el resultado de nuestra máxima síntesis es este dictamen”.
“El problema afecta a 10 millones de personas; la inquilinización de la vivienda hay que trabajarla desde un lado político, pero ante la irresponsabilidad de la parte minoritaria de Juntos por el Cambio de enviar una media sanción que lo único que produjo fue incertidumbre, paralización de contratos y una desfachatez… Porque algunos diputados y senadores no habían leído la media sanción”, afirmó. Al respecto, la camporista sostuvo que en lo que llegó de la otra Cámara “ya no había alquileres para comercios de tres años; volvían a incluir que se tuvieran que pagar meses por adelantado, y que libremente el inquilino y el locador se tenían que poner de acuerdo en cómo se tenían que actualizar los alquileres”.
Fernández Sagasti diferenció que “este dictamen lo que tiene que hacer al legislar entre dos puntos o intereses contrapuestos es tratar de equilibrar un sistema, porque ese mundo de fantasía que muchos senadores nos quieren vender no existe”.
Agregó que el contrato de alquiler “funciona en los hechos como un contrato de adhesión, donde no pueden discutir las cláusulas porque hay una relación de asimetría con el propietario”. En referencia a la actual Ley 27.551, apuntó que en su momento vino a corregir una serie de abusos que existían por entonces. “No solucionó el problema, pero seamos sinceros: una ley no va a resolver la situación económica y social que existe en la Argentina. Hay que debatir una ley que tiene que ver con volver a convertir la vivienda en la Argentina en un derecho y no en un activo financiero, como está pasando ahora”, analizó y completó que “retroceder a contratos de dos años es incrementar la incertidumbre que viven diez millones de personas”.
Puntos centrales del proyecto
Ganancias, alquileres y pliegos judiciales, incluido el de la juez Figueroa, son algunos de los temas de un amplio temario que incluye temas muy postergados como la Ley Johanna y pubertad precoz.
Tras más de cinco meses sin tratar proyectos en el recinto, finalmente el Senado volvió a abrir las puertas del mismo para tratar una serie de proyectos de singular interés, como sin duda lo son aquel que elimina la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y el que modifica la Ley de Alquileres. Pero sin dudas la mayor polémica estará dada en los pliegos que se tratarán en el inicio de la reunión.
Con la presencia de Cristina Fernández de Kirchner presidiendo, la sesión comenzó a las 14.16, con toda la expectativa puesta en los 33 pliegos incluidos en el temario, entre ellos uno muy especial y polémico: el de la jueza Ana María Figueroa.
Tras cumplir años, Figueroa pretendía permanecer en su cargo, aunque retirándose de la presidencia de la Cámara de Casación y sin firmar sentencias, a la espera de que el trámite parlamentario se completara, amparada -bajo su criterio- en una resolución del Consejo de la Magistratura. Pero el máximo tribunal ordenó por unanimidad que deje su cargo el pasado 6 de septiembre y, días después, la Sala I de Casación avanzó con la reapertura de las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán.
El trámite se completará si, en caso de recibir acuerdo, el presidente Alberto Fernández firma el decreto de designación, cosa a la que según se sabe y presiente, está asegurada. Lo que abriría un nuevo conflicto de poderes.
Por otra parte, la Cámara alta debatirá la iniciativa impulsada por el candidato Sergio Massa sobre eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, a la que se le dio un tratamiento veloz en ambas cámaras. Para este viernes, la CGT convocó a una movilización para festejar ésta y otras medidas que están en discusión en el Congreso -los programas de “Compra sin IVA” y “Empleo MiPyME”-.
El otro gran tema será la Ley de Alquileres: a partir de un acuerdo alcanzado con aliados y sus excompañeros que ahora están en el bloque Unidad Federal, el oficialismo incorporó modificaciones a la media sanción que la oposición había logrado en la Cámara de Diputados. Los principales cambios prevén mantener en tres años el plazo de los contratos, que la actualización sea semestral y que el índice a utilizar sea el de “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
Afuera del temario quedó un proyecto sobre regulación de los alquileres temporarios, que la UCR había acordado con el FdT, pero que desde el Pro salieron a cuestionar y generó ruido interno en la bancada opositora; y la iniciativa sobre créditos UVA, que recibió dictamen con modificaciones, pero incluso había disidencias dentro del propio oficialismo.
La lista de proyectos a tratar incluye varios temas que ya cuentan con media sanción de Diputados y, de ser aprobados, serán ley: la creación de cinco universidades nacionales; la creación de un programa de prevención y tratamiento de la pubertad precoz; la ley sobre atención a mujeres y personas gestantes ante la muerte perinatal; el régimen de promoción de la producción orgánica; y un proyecto para establecer por ley el Programa de Becas Progresar. Además, volverá con cambios a Diputados la iniciativa sobre incorporar la violencia digital contra las mujeres a la Ley 26.485.
En un gesto al entrerriano Edgardo Kueider (UF), quien en la última sesión no dio quórum molesto por el no tratamiento de su iniciativa, se tratará el proyecto sobre disminución de las tarifas eléctricas. También, de autoría de la puntana Eugenia Catalfamo (UF), se incorporó un proyecto para establecer el Programa “Remediar” por ley.
El temario se completa con una iniciativa de Daniel Bensusán (FNyP-FdT) para establecer por ley el Programa “Conectar Igualdad” y otra de Pablo Yedlin (FNyP-FdT) sobre fluoración de la sal para consumo humano, con el objetivo de prevenir las caries.
En la misma iba a abordarse la cuestión de alquileres, pero también el oficialismo tenía la intención de sumar la aprobación de pliegos judiciales, resistida desde Juntos por el Cambio.
Seguirá haciéndose desear una sesión del Senado de la Nación, que este año solo ha tenido una reunión para tratar leyes. Había trascendido que el Cuerpo volvería a reunirse esta semana, entre miércoles o jueves, para tratar la reforma de la Ley de Alquileres, pero la sesión nunca fue oficializada y finalmente fue postergada.
El oficialismo necesita sí o sí contar con sus aliados para poder arrancar esa sesión que considera clave. Y eso implica que no le sobra nada. Por eso, ante la ausencia de dos senadores propios por enfermedad -como llegó a trascender- se postergó la reunión al menos para la próxima semana.
En la reunión estaba previsto que se tratara la modificación de la Ley de Alquileres, donde hay dos dictámenes. Pero también el oficialismo buscaba aprobar los 75 pliegos judiciales que tiene postergados desde hace tiempo. Y entre ellos, el polémico de la jueza Ana María Figueroa, cuya jubilación formal la propia Corte ya formalizó en un fallo conocido hace pocos días, pero que según ha trascendido el kirchnerismo buscaba desoír, planteando con la aprobación de la prolongación de su mandato un conflicto de poderes en ciernes.
Independientemente del caso de la excamarista, están los otros 74 pliegos que el Frente de Todos busca aprobar, como así también dar ingreso de una nueva serie de pliegos que le interesan.
Todo eso es resistido desde Juntos por el Cambio, que tiene posibilidades acotadas por cuanto una vez el oficialismo consiga el quórum, solo podrá protestar desde sus bancas, pues los números no le alcanzan para rechazar nada.
El interbloque del Frente de Todos, que cuenta con 31 miembros, puede alcanzar el quórum a partir del acompañamiento de tres senadores con monobloque (Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana y Clara Vega) y cuatro de sus excompañeros de Unidad Federal. Con todos presentes, y sin contar a la cordobesa Alejandra Vigo -que es vice de UF- ni el interbloque Juntos por el Cambio, estarían en 38, uno por encima del número que se requiere para abrir la reunión.
Vale recordar que la Cámara alta presidida por Cristina Kirchner no se reúne para aprobar proyectos desde hace cinco meses, pues la última y única sesión de este año para ese fin se realizó el 13 de abril.
El 12 de julio, antes de las PASO y previo a que la jueza Ana María Figueroa cumpliera los 75 años de edad, fracasó la convocatoria a sesión. Fue justamente a raíz de la polémica por la camarista -a quien la Corte ya ordenó dejar el cargo-, cuyo pliego estaba incluido en el temario. También ese día el oficialismo sufrió un revés con las ausencias de Guillermo Snopek y Edgardo Kueider.
Yendo al tema alquileres, de la mano del dictamen que introduce modificaciones a la media sanción, el temario podría incluir el proyecto para regular los alquileres temporarios, algo que dividió a JxC, ya que fue consensuado entre el oficialismo y la UCR, pero el Pro, con la candidata presidencial Patricia Bullrich a la cabeza, salió a rechazarlo.
El diputado oficialista y candidato a jefe de Gobierno se diferenció de Jorge Macri y dijo que su mensaje “es plural”, al referirse a carteles que piden por el voto de los radicales.
“Si votaste a Lousteau y no querés al primo de Macri hay alternativa. Santoro jefe de Gobierno”, fue la leyenda con letras blancas y fondo rojo de carteles que aparecieron en la Ciudad de Buenos Aires en medio de la campaña electoral.
Consultado por el tema, el diputado oficialista Leandro Santoro, candidato a jefe de Gobierno de Unión por la Ciudad, dijo que desde su espacio le hablan a “los radicales”, pero también “a gente que es peronista y se alejó del kirchnerismo”. “Es un mensaje plural”, afirmó.
El legislador planteó que en estas elecciones “hay dos premisas: una ciudad mercantilista, que parte de negocios; y una más humana, que plantea un Estado que incluya, que trabaje para el desarrollo económico y el equilibrio ambiental”.
“Están muy claros los apellidos, una cosa es el primero de Macri (Jorge) y otro somos Bárbara Rossen y yo”, apuntó y agregó que “más allá de los carteles, las consignas y las actividades de campaña, de lo que se trata de poner acá es qué es lo que está en disputa en la Ciudad”.
Por otra parte, en declaraciones a Radio 10, Santoro se refirió a la cuestión alquileres y sostuvo que “no hay una medida que vaya a resolver la situación de los inquilinos, hay que implementar una batería de instrumentos que vayan mejorando la oferta y reduciendo el precio, que es lo que hacen todas las ciudades del mundo: regular Airbnb, reconvertir el microcentro para que dejen de estar las oficinas vacías y se transformen en departamentos de alquiler, movilizar la vivienda ociosa, y construir un parque público de viviendas para ofrecer departamentos desde el Estado”.
“Los salarios están muy bajos en todo el mundo y las propiedades están muy caras”, resaltó, pero cuestionó puntualmente que “en la Ciudad de Buenos Aires no hay políticas específicas”, sino, por el contrario, puso como ejemplo que “el Edificio del Plata se lo vendieron a IRSA que va a hacer 20 departamentos para Airbnb. ¿Por qué el Gobierno de la Ciudad no reconvirtió ese edificio?”. “Cuando hablamos de una ciudad de negocios o humana, es esto”, aseveró.
Respecto de las medidas económicas tomadas desde el Gobierno nacional, el diputado valoró que “el Gobierno demuestra que tiene sensibilidad social y un objetivo claro que es la redistribución del ingreso”, pero “hay que seguir trabajando todos los días”.
“Hay que dar un proceso de discusión profunda sobre qué modelo de país queremos, no hay soluciones mágicas. Es mentira que se va a resolver la inflación de la noche a la mañana, que se van a terminar los piquetes, que es todo cuestión de voluntad política y decisión”, completó.
Así sucedió en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda. Se prevé llevarlos al recinto el jueves 21 de septiembre.
Durante un nuevo plenario de comisiones, los representantes de quienes alquilan dijeron que la reforma de la ley no tiene “ningún beneficio” para ellos. Especialistas enfatizaron en el rol del Estado y la regulación.
Avanzó este jueves el debate en el Senado sobre la reforma de la Ley de Alquileres con la participación de representantes de inquilinos, quienes reclamaron no retroceder en derechos y cuestionaron el proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados.
Durante un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, los expositores criticaron la vuelta a dos años en los contratos, que se “iguale” a las partes de la relación y advirtieron que una modificación a la norma actual no garantiza que se amplíe la oferta de una manera accesible. También denunciaron abusos por parte del sector inmobiliario, ante la falta de control de la ley vigente.
En el Senado, el interbloque de Juntos por el Cambio se muestra a favor de la media sanción que salió de Diputados, mientras que el oficialismo anticipó que presentará modificaciones y, con el objetivo de obtener el dictamen de mayoría, negocia esos cambios con sus excompañeros integrantes hoy del bloque Unidad Federal y con los monobloquistas Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana y Clara Vega.
Al cierre del encuentro, y tras escuchar a los diferentes expositores, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Víctor Zimmermann (UCR) propuso: “Tenemos que darle la mayor previsibilidad y celeridad al tratamiento de la media sanción, fundamentalmente porque todos coincidimos en que la presente ley perjudica a propietarios como inquilinos. Por eso, nosotros pedimos que hoy firmemos dictamen“.
En contraposición, la secretaria de la comisión la senadora Juliana Di Tullio (FdT) sostuvo: “La media sanción que viene en revisión perjudica claramente a los inquilinos y lo que pidieron es que se vuelva a la situación anterior. Nosotros tenemos propuestas para mejorar el dictamen y le pido que hagamos un cuarto intermedio hasta el miércoles para poder acercar posiciones tanto en nuestro interbloque como otros bloques para llegar a un número significativo en el recinto”.
“Vamos a hacer un cuarto intermedio para trabajar hasta el miércoles y poder arribar a un dictamen o dos o los que se presenten para poder, lo más rápido posible, darle un corte al tema”, cerró Daniel Bensusán (FdT) titular de la Comisión de Legislación General.
Las exposiciones
En su disertación, Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, recordó que desde el 2016 vienen discutiendo la ley, pero “sabíamos que la pelea no era esa, la pelea era cuando la ley estuviese vigente porque sabemos muy bien el rol del mercado inmobiliario en el país porque el Estado ha delegado en el mercado inmobiliario la responsabilidad del acceso a la vivienda”.
“Quien decide quién puede alquilar y quién no es la inmobiliaria. No hay una ventana del Estado a dónde ir a reclamar”, cuestionó Muñoz y criticó: “Me sigue sorprendiendo que el ministro de Hábitat no haya venido, ¿no tiene nada para decir? lo único que se dice es que la vivienda es un sueño, nosotros soñamos y hay otros que lo hacen realidad bastante seguido que tienen 10 o 20 viviendas y a nosotros nos dicen que sigamos soñando”.
También enfatizó contra el encuentro de ayer en donde “vinieron todos empresarios, ningún propietario. Vienen los empresarios a hablar de qué tiene que hacer el Estado con las políticas de vivienda. Eso me parece una derrota que escuchemos a los empresarios darnos clase de cómo resolver el problema de la vivienda en Argentina”. “Ayer dijeron que había millones de rentistas, pero el Estado no sabe cuántos hay”, apuntó y brindó datos oficiales de la situación de la vivienda en el país.
Así detalló que “en 1991 había 8 millones de viviendas, había 3.6 personas por vivienda. 2001 11 millones de viviendas y 3,1 persona por vivienda. En 2010 casi 14 millones de viviendas y 2.9 de personas por vivienda. En 2022 18 millones de viviendas y 2.6 personas por vivienda. En la Ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 1.9 personas, la situación es obscena”. También precisó que el nivel de viviendas del mercado privado de 1991-2001 creció un 37%, mientras que la población creció un 18%; del 2001-2010 creció casi un 20% la cantidad de viviendas, del 2010-2022 creció casi un 30% la cantidad de viviendas. “La cantidad de viviendas creció un 108%”, afirmó.
“No faltan viviendas en el país. Cuando se votó la ley empezó la campaña en contra en todos los medios. Si hubiese habido una campaña tan feroz contra la vivienda dolarizada la situación sería otra en un país donde no hay dólares”, cuestionó y agregó: “Nos deberíamos preguntar qué Estado queremos, no que ley si nadie se cree que el problema del alquiler sean los plazos. El problema lo tienen las inmobiliarias que quieren cobrar cada 24 meses. Tampoco nos creemos que el problema sea la actualización de los precios y el precio inicial que tampoco está regulado y te cobran lo que se les antoja”.
Muñoz apuntó: “La Ley de Alquileres plantea la obligación de registrar los contratos en AFIP y según el jefe de Gabinete en 3 años de vigencia de la norma se registraron 140 mil nada más y los que no registran ayer vinieron a pedir no pagar impuestos y a que los incentiven, algo que le dan todos los años, todos los gobiernos”.
“Hay que crear todas las herramientas posibles para que el Estado se encargue de garantizar que se cumplan las leyes. Las inmobiliarias se creen estar por encima y si la ley no les gusta no la cumplen. Sinceremos el debate y den señales claras. Mantengamos la ley actual y logremos que se cumpla, que el Estado esté por encima del mercado inmobiliario, garanticemos que 10 millones de inquilinos tengamos al Estado velando para que se cumpla esta ley”, afirmó.
Y cerró: “Tienen que dar una señal clara y rápida sobre esto porque quien está gobernando y decidiendo es el mercado inmobiliario. La media sanción afecta todos los derechos de los inquilinos, los contratos, los pagos adelantados, sacaron la obligatoriedad de que los propietarios registren los contratos, es una barbaridad, actualización cuatrimestral es un escándalo, pusieron tres índices y ni en la ley actual se sabe cuál se toma y no hay campañas de difusión porque nadie sabe qué son los precios mayoristas, todo es para confundir y tratar de que no se entienda. La media sanción es una redacción del mercado, intentan ocultar las intenciones reales”.
El siguiente en exponer fue Juan Arrizabalaga, representante de Inquilinos Tandil y concejal de Unión por la Patria en esa ciudad, quien consideró que la reforma de la ley es “un nuevo ataque del lobby inmobiliario, que evidentemente permea a una parte de la clase política argentina”. “Es una reforma pro-mercado, pro-rentistas, que apunta a los tres puntos fundamentales más protectorios de la ley”, señaló.
En ese sentido, explicó que “achicar el plazo de los contratos de tres a dos años va a generar más inestabilidad habitacional”, además de aumentar los costos inmobiliarios; en lo que respecta a “pasar de un ajuste anual a cuatrimestral, o cualquier otro ajuste menor, va a multiplicar los precios”; y, finalmente, sobre los índices para que las partes acuerden, dijo que “compara dos partes que son incomparables”.
Tras enumerar situaciones de abusos por parte de inmobiliarias (contratos por un año, comisiones indebidas, etc.), Arrizabalaga alertó que “lo que está en juego es que el año que viene millones de inquilinos no tengan a dónde ir a vivir, no tengan para pagar un alquiler”. Finalmente, en un mensaje a los legisladores del peronismo, les pidió: “Es momento de defender a los que hay que defender, a los 10 millones de inquilinos que tiene la Patria”.
A su turno, Luna Miguens del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) recomendó “mirar la película un poco más amplia” ya que “vivimos en una Argentina, pero también en un mundo, donde la producción de viviendas tiene cada vez menos que ver con las necesidades de vivienda” sino “que tiene cada vez más que ver con la rentabilidad”. “Hay un proceso creciente de inquilinización y un proceso de concentración de vivienda”, observó y ejemplificó que “vemos crisis de alquileres en Barcelona, Lisboa, New York”.
“En el marco de esa crisis, el Estado tiene el deber, la responsabilidad y la obligación de defender el derecho a la vivienda”, enfatizó y expresó que se necesita “un Estado que pueda poner límites al uso económico de la vivienda”. “La media sanción va en contra de eso, porque lo que hace es restringir el rol del Estado”, indicó sobre el proyecto aprobado en Diputados y cuestionó: “No entiendo quién puede pensar que volver al contrato de dos años no perjudica a los inquilinos. No se puede volver atrás con ese avance”.
Miguens precisó luego datos de una encuesta telefónica realizada por el CELS junto al CONICET y la Universidad Nacional de San Martín, entre otras instituciones, en la cual “el 63% de los inquilinos respondió que tiene deudas y más del 60% respondió que tomó deudas para poder pagar el alquiler”. Sobre el aumento de la incidencia del valor del alquiler sobre los ingresos, en 2021 “el 24% de los hogares destinaban más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler”, mientras que “en 2022 esa proporción aumentó el 32%”. “En todas estas encuestas los hogares sostenidos por mujeres están un poco peor”, subrayó y agregó que “el 35% respondió que alquila una habitación” y no una vivienda entera.
Otro de los expositores de la jornada fue Maximiliano Vittar, de Inquilinos Córdoba, quien arrancó: “Estamos con la esperanza y expectativa de que muchos legisladores realmente nos escuchen. En la Cámara de Diputados estuvimos (el año pasado) tres semanas discutiendo, y las propuestas y planteos, por lo menos en el proyecto con media sanción, no fueron tomados”.
Sobre la iniciativa, sostuvo que no encuentra “un beneficio para el inquilino”. “Al plantear igualdad de partes entramos en un desconocimiento total de lo que sucede” en la realidad, remarcó y se preguntó que “si el problema es la inflación, ¿por qué hoy discutimos la Ley de Alquileres? ¿O por qué la salida es esta media sanción? No se están discutiendo otras leyes de lo que sucede con otros bienes y servicios”.
Avanzado el encuentro, Florencia Labiano, socióloga y becaria doctoral del CONICET, aseveró que “en los últimos 20 años en Argentina, y en los grandes centros urbanos, estamos atravesando un proceso de inquilinización, de modo similar a lo que sucede en otras ciudades del mundo. Cada vez más hogares se vuelcan al mercado de alquileres privado para recurrir a una vivienda”. Al hacer hincapié en lo privado, explicó que en otros países hay combinación de sector privado y público, o incluso cooperativas o sindicatos que tienen viviendas propias puestas al alquiler.
“Que la política de viviendas sea un mercado es una decisión política”, resaltó y criticó que “en materia de alquileres, el Estado delega en privados una responsabilidad pública, a la vez que genera directa o indirectamente las condiciones para que la vivienda se concentre cada vez más”. “La vulnerabilidad aumenta en los grupos etarios más jóvenes, pero también en los más viejos. Hay jubilados entre los inquilinos y eso también es preocupante”, continuó.
Labiano advirtió que “hoy por hoy la vivienda está afectando al mercado laboral” en lo que respecta a “la cantidad de horas que trabajamos, el patrimonio al que accedemos, el tipo de crédito y el tipo de alquiler”. “El alquiler afecta cada vez más a más personas en situaciones más desiguales, no legislar, no reglamentar o no generar las capacidades estatales para poner en práctica las leyes, no significa no regular, significa entregar el control del mercado a sus agentes más poderosos, es decir los más concentrados”, enfatizó.
Al hacer referencia a la encuesta de la que habló Miguens, la socióloga indicó que “el 76% de los hogares de inquilinos que se habían mudado en los últimos cinco años habían tenido problemas para acceder porque no cumplían con requisitos que proponía el mercado, esos mismos hogares tienen contratos que no están adecuados a la Ley de Alquileres. Es decir que el mercado define quién accede y quién no accede”.
“Hay que distinguir entre los propietarios, pero para eso hace falta conocerlos, y esos datos los tiene el Estado”, aseguró y dijo que “no faltan viviendas, falta la voluntad de ponerlas en oferta, y es algo que no creo que vaya a modificarse con esta ley”. “Lo que pido es que no retrocedan en los derechos conquistados para los hogares inquilinos para congraciarse con la supuesta oferta de un supuesto mercado que desconocemos por completo”, sumó y, en ese sentido, recordó que “solo el 10% de los contratos están registrados en AFIP”.
Por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia expuso Pablo Vitale planteó que no se está tomando a la población inquilina en barrios populares y en expansión que “viene creciendo en el país y de los cuales no se tienen datos”, y señaló que “es un mercado que se viene precarizando hace años”.
“La ley da respuestas a una sola parte del problema de acceso a la vivienda que es complejo. El contexto de aplicación de la ley también fue particular porque a lo único que le atribuimos la situación del mercado es a una sola ley. ‘Una ley nos modifica la realidad’, eso ya lo sabemos, pero en este ámbito lo que podemos hacer es sentar las bases y los marcos a partir del cual dar una discusión en términos fácticos y si a eso nos resignamos estamos condenados a que la situación solo dependa de relaciones de fuerza en la que se favorezca a la parte más poderosa”, señaló a modo de llamado de atención.
También indicó que “desde que se sancionó esta ley se está planteando que va a ser modificada, qué expectativa de mercado puede reaccionar de otra manera que no sea retrayéndose si se plantea que es inminente la mejora de la ley para generar rentabilidad. Esto no existe, no se generan mecanismos de control para el mercado extorsivo porque depende de la parte propietaria las condiciones bajo las cuales se alquila”.
“No se ha generado situaciones para que ocurra algo diferente a lo que pasa actualmente con la ley y es atribuible a los recursos estatales destinados para que se cumpla y excede el ámbito legislativo. La ley debe garantizar derechos porque el 50% de los alquileres se hace sin contratos”, remató Vitale y pidió que se legisle en base a datos y “hacer un diagnóstico adecuado respecto de cuáles son las mejores vías de solución posibles. La propuesta de reforma de la ley va en detrimento de los derechos adquiridos en la modificación y de la situación preexistente y deja a la situación inquilina en una situación peor”.
Un contrato de cinco años para los comercios
Leo Bilanski, presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), habló en representación de los comercios de barrio y manifestó que “el valor inmobiliario y aporte que nosotros reproducimos muchas veces se nos vuelve en contra al momento de renovar el alquiler”. Sobre la actualización del precio, opinó que “es necesario que haya un índice oficial conocido” porque “hoy parece que el índice es el diario, y una economía normal, armónica, desarrollada, no puede bailar al ritmo de las operaciones mediáticas”.
“El precio del alquiler es determinante para nuestro flujo de gastos y para los costos fijos con los cuales determinamos precios y rentabilidades”, explicó y advirtió que “hoy infinita cantidad de contratos están dolarizados a tipos de cambio caprichosos”.
Respecto al plazo de los contratos, Bilanski apuntó que hoy es de tres años para los comercios, “cuando recién el recupero de la inversión no tardamos menos de dos años en realizarla, por eso no lo vemos largo (al contrato), lo vemos corto. Habría que pensar algún tipo de extensión hasta cinco años”.
Sobre ese punto, la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri resaltó que tanto la ley anterior, como la vigente, establece que “cualquiera sea el destino, si no está especificado, no inhabilita a que sea mayor”. En ese sentido, aseguró que la norma “no impediría que firmen un contrato por cinco años”. Pero el presidente de ENAC le respondió que eso debe quedar explícitamente escrito, porque “hay muchos que no cumplen la ley”.
A continuación, la vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, se quejó que en el proyecto aprobado en la Cámara baja “se hizo un recorte, no sabemos si consciente o inconsciente, yo tiendo a pensar mal siempre. La ley anterior, no la vigente, establecía dos años para vivienda y tres para comercio. Pero en la media sanción se le metió también un hachazo a los comerciantes”.
“Nos quieren hacer creer que estamos legislando para un tipo de contrato en donde todos son buenos, amables, donde las partes son iguales y pueden tomarse un café en un lugar hermoso y pactar las condiciones de un contrato de locación”, ironizó la mendocina.
Y se mostró de acuerdo en “no solamente volver a los tres años (de contrato), sino de extenderlo a cinco años. Que sea de tres años con la posibilidad de extenderlo por dos más” para el caso de los comercios.
También expusieron en la reunión Carla Sánchez, de Juntas por el Derecho a la Ciudad; Diego Fernández, presidente de la Asociación Platense de Inquilinos e Inquilinas; Sebastián Artola, de Inquilinos Agrupados Rosario; Federico Prior, de Inquilinos Neuquén; Matías Solano, de Inquilinos Santa Cruz; Lucía Cavallero, de Ni Una Menos.
Referentes del sector inmobiliario y propietarios brindaron su punto de vista ante los senadores. El plenario seguirá este jueves con la presencia de inquilinos.
A las objeciones y rechazos expresadas por el oficialismo, se sumaron los de Unidad Federal, donde se adelanta que presentarán un proyecto alternativo.
Quienes imaginaban un tratamiento veloz de la reforma de la Ley de Alquileres motorizada en la Cámara de Diputados, se encontraron esta semana con la novedad de que eso no sucederá.
Resulta curioso, pues a priori se habían encendido las alarmas ante la posibilidad de que el oficialismo buscara utilizar el tema como “moneda de cambio” para apurar una sesión en la que se pudieran aprobar los pliegos judiciales pendientes. Entre ellos, el de la camarista Ana María Figueroa, clave en la causa Hotesur/Los Sauces. Así las cosas, las dudas estaban planteadas en torno a qué actitud adoptaría la principal oposición si se daba esa situación.
Más allá de la fecha de tratamiento, se hacían cálculos para determinar qué podía pasar en una sesión. Juntos por el Cambio tiene 33 votos propios, y para llegar al número necesario sumaba al rionegrino Alberto Weretilneck, gobernador electo de su provincia, atento a que los diputados de Juntos Somos Río Negro no solo votaron a favor del dictamen de minoría en la Cámara baja, sino que también Agustín Domingo trabajo en la confección del mismo.
La misionera Magdalena Solari Quintana era otra posibilidad, aunque habitualmente orbita cerca del oficialismo, pero teniendo en cuenta que los misioneros de su partido en Diputados estuvieron alineados con el proyecto aprobado, aunque solo uno de ellos lo votó: Carlos Fernández. Diego Sartori, el otro diputado del Frente Renovador de la Concordia estaba enfermo.
La senadora riojana Clara Vega ya está decididamente alineada con el oficialismo, pero ante un tema tan especial tal vez tuviera predisposición a apoyar la media sanción, en aras de un pronto alivio para inquilinos y propietarios. Aunque esta senadora tiene un proyecto propio, con lo que posiblemente querría introducirle modificaciones al texto llegado de Diputados.
Si esos tres votos fueran favorables, el cuarto había que buscarlo en el interbloque Unidad Federal, y allí JxC contaba con la cordobesa Alejandra Vigo, por el hecho de que la mayoría de los cordobeses schiarettistas votaron a favor en Diputados. En ese caso también se podría contar con el correntino Carlos “Camau” Espínola, alineado con el gobernador cordobés. Si todos los mencionados votaban a favor, se llegaba a una holgada cifra: 38 a favor. Difícil.
El tema es que el oficialismo no solo no mostró premura por el tratamiento de este tema en el recinto, sino que también exhibió disposición a modificar el texto. Muchos de los cambios van en el sentido mostrado por el oficialismo en Diputados, sobre todo el plazo de los contratos por 3 años, que según se expresó el martes en la comisión resulta un tema innegociable.
La cuestión es que no solo el Frente de Todos muestra reparos hacia la media sanción de los diputados. El estratégico interbloque Unidad Federal tampoco acepta el proyecto tal cual llegó. Y ahí se derrumban las expectativas de que el proyecto pueda avanzar rápido. Esto es, tal cual llegó de la Cámara baja.
Lo adelantó el presidente de UF, el jujeño Guillermo Snopek, quien no solo está en contra de pasar de 3 años a 2 de contrato, sino tampoco quiere los 4 meses como mínimo para los reajustes. Ese tema hace carrera en buena parte de quienes se oponen a lo que llegó de Diputados.
En cuanto a Vigo, tampoco debería sorprender alguna objeción, teniendo en cuenta que no todos los cordobeses apoyaron la norma debatida en la Cámara baja. Natalia de la Sota, junto a Alejandro “Topo” Rodríguez, votaron en contra. No estaban de acuerdo con los 4 meses, pero sobre todo se enojaron porque no les aceptaron una modificación referida al mecanismo de actualización. El texto aprobado dice: “A los fines dispuestos en el párrafo anterior, para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, PUDIENDO aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.
Para estos diputados del interbloque Federal, en lugar de decir “pudiendo aplicar”, tenía que decir “debiendo aplicar”. Porque de lo contrario, quedando como el texto quedó, el texto no establece taxativamente ningún índice de actualización. Ni una combinación de índices, ni nada que se le parezca.
En Unidad Federal están de acuerdo con esa objeción; no los convence que los reajustes queden librados a lo que resuelvan las partes.
En definitiva, adelantan desde el interbloque integrado por Snopek, Alejandra Vigo, Espínola, María Eugenia Catalfamo y Edgardo Kueider, que presentará un proyecto propio.
Lo cual aleja toda posibilidad de aprobación del texto sancionado en Diputados, y por el contrario garantiza que el mismo vuelva con modificaciones.
También obtuvo dictamen la creación del RENDAM y la modificación del artículo 69 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Para dos diputados que votaron en contra, la media sanción en definitiva no establece ningún índice de actualización.
Convertido en centro de atención de la política argentina, llamó la atención en la sesión del miércoles pasado sobre alquileres el voto de Javier Milei y sus compañeras de interbloque, negativo igual que el oficialismo y la izquierda. Pero no fue el único dato saliente: también votaron en contra dos integrantes del interbloque Federal: su presidente, Alejandro “Topo” Rodríguez, y la cordobesa Natalia de la Sota.
En este caso, según pudo saber parlamentario.com, fue por disidencias respecto del texto del dictamen de minoría finalmente aprobado. Por un lado, los diputados del interbloque Federal cuestionaban la periodicidad para los reajustes: rechazaban que el mínimo de tiempo fuera 4 meses y pedían 6. Pero había otro tema más determinante.
Recordemos las modificaciones que se hicieron en pleno recinto. Una fue en este párrafo: “En los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerdes las partes y por intervalos no inferiores a 4 meses”. Ahí se eliminó la parte donde se establecía una periodicidad de “entre tres (por intervalos de 3 y 12 meses”.
El otro párrafo modificado dice: “A los fines dispuestos en el párrafo anterior, para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.
Para los diputados del interbloque Federal, en lugar de decir “pudiendo aplicar”, tenía que decir “debiendo aplicar”. Porque de lo contrario, quedando como el texto quedó, el texto no establece taxativamente ningún índice de actualización. Ni una combinación de índices, ni nada que se le parezca.
Según pudo saber parlamentario.com, los diputados reclamaron cambiar la palabra y no se lo aceptaron. Por eso votaron en contra.
Fuentes legislativas aclararon que deliberadamente se dejó la palabra “pudiendo”, de modo tal de dejar al libre albedrío cómo será el mecanismo de actualización.
Al defender el dictamen de mayoría sobre la Ley de Alquileres, que resultó finalmente rechazado, el jefe del bloque oficialista cuestionó a la oposición y pidió “alejarse de las posiciones electoralistas”.
Al defender el dictamen de mayoría del oficialismo sobre la Ley de Alquileres, que en la sesión de este miércoles resultó rechazado, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, enfatizó: “Hay que tener en claro cuál es el sujeto social que nosotros queremos venir a defender. Es cierto que esto es un problema que afecta a propietarios e inquilinos. Pero no los afecta de la misma manera, y nosotros tenemos la obligación de resguardar al más débil en una relación que no es simétrica”.
En su discurso, el santafesino cuestionó que el dictamen de minoría “tiene como objetivo disminuir derechos”, mientras que la propuesta del oficialismo tenía aspectos “positivos para los inquilinos y la economía argentina”.
“Lo que imperó desde el principio del tratamiento hasta acá por parte de los sectores opositores fueron posiciones netamente políticas, y hoy, después de un resultado electoral, vuelven a tironearse por una determinada bandera, la de la derogación, y no les preocupa en lo más mínimo la situación que están viviendo los argentinos de a pie”, cargó contra la oposición.
Y agregó: “Nosotros reivindicamos la tarea realizada, vamos a defender siempre a los inquilinos, reconocemos las dificultades que hay hoy para alquilar, queremos dar respuesta a esas necesidades, pero para eso hay que alejarse de las posiciones electoralistas”.
Martínez recordó el proceso que tuvo la actual Ley 27.551, que tuvo media sanción en Diputados en noviembre de 2019, bajo el gobierno de Cambiemos, por 191 votos afirmativos, lo que “reflejaba claramente el espíritu de consenso que primó”. Más tarde, en junio de 2021, “se logró la sanción con 41 votos afirmativos, ninguna abstención y ningún negativo”, pero para esa época “ya se había roto el clima de acuerdo político que se había logrado en el primer tiempo de la pandemia”.
El legislador remarcó que en marzo de 2021, “ya había no solamente bloques opositores que pidieron la derogación de la Ley de Alquileres, sino un enorme entramado de organizaciones y de medios de comunicación que pedían terminar con la ley. No se había cumplido un año de que estuviera vigente y ya se la querían llevar puesta”.
“Este es un problema que tiene muchas aristas y es sumamente complejo. Es fácil echarle la culpa a una normativa de una situación tan compleja que se está dando. El problema tiene una complejidad, que no solamente los pone en un lugar a los propietarios, con legítimas situaciones en muchos casos, en otras no tanto, la especulación nunca es legítima, y menos cuando estamos hablando de un derecho social como es la vivienda; ahora, en la otra punta, hay inquilinos angustiados, con dificultades para acceder a un alquiler, con complicaciones por los precios”, sostuvo.
El jefe del oficialismo también expresó que “los alquileres temporarios en muchos casos sirven a la cuestión turística, no negamos el valor, pero sabemos que librados a su propia voluntad, a que las propias fuerzas del mercado que ahora tanto se ponderan, hagan lo suyo, pero lo que genera es un proceso profundo de dolarización”.
El santafesino insistió con que el dictamen de mayoría tenía “beneficios concretos para los inquilinos”, entre ellos establecer que “el precio del alquiler debe fijarse en moneda nacional” y que “las cláusulas contractuales que contradigan a la normativa van a ser siempre interpretadas a favor del inquilino, que podrá rescindir el contrato sin abonar ninguna indemnización”. Además, mencionó los incentivos fiscales y dijo: “Nosotros creemos que tenemos un dictamen virtuoso, que permite avanzar en el stock de viviendas en alquiler”.
Con 125 votos a favor, 112 en contra y 3 abstenciones, se aprobó el proyecto que establece que los ajustes sean por intervalos no inferiores a 4 meses y que el mecanismo de actualización pueda combinarse entre tres índices, a acordar por las partes. Además, vuelve a dos años el plazo de los contratos.
En la primera sesión tras las elecciones PASO, la oposición unida en la Cámara de Diputados, excepto la izquierda y los tres libertarios Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo, logró conseguir la media sanción de una reforma a la Ley de Alquileres, tras una votación que resultó con 125 votos a favor, 112 en contra y 3 abstenciones. El proyecto pasa ahora al Senado, que no se reúne para tratar iniciativas desde hace cuatro meses.
En primer lugar, este miércoles fracasaron una docena de proyectos que proponían la derogación total de la actual 27.551 al no reunir los dos tercios necesarios, ya que no contaban con dictamen. La idea era fuertemente avalada por buena parte de Juntos por el Cambio y los libertarios. Pero desde el principio se sabía que no habría chance.
Luego comenzó el debate, que tuvo una corta lista de oradores, sobre los dictámenes que se firmaron el año pasado, y que nunca habían llegado al recinto hasta hoy.
En la primera votación, JxC, los libertarios y los bloques provinciales consiguieron su segundo objetivo -el primero fue el quórum- de rechazar el dictamen de mayoría del Frente de Todos. El oficialismo tuvo varios ausentes, pero igualmente no hubiera llegado con el número para imponerse, ni siquiera con el Frente de Izquierda a favor. El resultado fue por 109 votos afirmativos y 131 negativos.
A continuación, se sometió a votación el dictamen de minoría, el cual tuvo modificaciones que fueron producto de varias negociaciones previas. Plantados en su postura de derogación, los legisladores de La Libertad Avanza terminaron votando en contra del dictamen de minoría, al igual que el oficialismo y la izquierda. También hubo dos votos negativos por parte del jefe del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, y la cordobesa Natalia de la Sota.
A favor lo hicieron los legisladores de Juntos por el Cambio, el interbloque Provincias Unidas y el bloque SER. Por parte del interbloque Federal, positivamente también votaron los bonaerenses Graciela Camaño y Florencio Randazzo, y los cordobeses Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca, mientras que los santafesinos socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez se abstuvieron. La tercera abstención fue del camporista salteño Emiliano Estrada.
Los dos cambios centrales al texto original -que salió de comisiones el 22 de junio de 2022- se refieren al período de tiempo para los ajustes y al mecanismo que podrán utilizar las partes para la actualización del precio.
De esta manera, la iniciativa aprobada establece que “en los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 4 meses”.
En tanto, “para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.
Además, el proyecto vuelve a dos años el plazo mínimo legal de los contratos e incorpora una serie de incentivos para promover la oferta de viviendas en el mercado.
En relación a los beneficios fiscales, se contempla una reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan tres unidades de explotación, “en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados” se considere como “una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma”.
También exime de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y contempla una modificación al impuesto a los débitos y créditos bancarios -más conocido como impuesto al cheque- para que estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados”.
El debate
Al defender el dictamen de mayoría, que reivindicaba la ley actual, al mantener el plazo de tres años en los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina IPC y RIPTE -como rige-, el jefe del oficialismo, Germán Martínez, abrió el debate.
“Hay que tener en claro cuál es el sujeto social que nosotros queremos venir a defender. Es cierto que esto es un problema que afecta a propietarios e inquilinos. Pero no los afecta de la misma manera, y nosotros tenemos la obligación de resguardar al más débil en una relación que no es simétrica”, sostuvo.
El santafesino cargó contra la oposición: “Lo que imperó desde el principio del tratamiento hasta acá por parte de los sectores opositores fueron posiciones netamente políticas, y hoy, después de un resultado electoral, vuelven a tironearse por una determinada bandera, la de la derogación, y no les preocupa en lo más mínimo la situación que están viviendo los argentinos de a pie”.
A continuación, al exponer sobre el dictamen de minoría, Graciela Camaño arrancó: “Venimos a este recinto sin tanta petulancia, y a la hora de evaluar el tiempo de duración de la ley, que supuestamente es planteado como un mérito, quiero informar que en ese mismo período en la Argentina hubo un 476% de inflación”.
“Modestamente lo único que nos proponemos con el dictamen de la minoría es intentar mejorar la oferta”, sostuvo la diputada de Identidad Bonaerense.
A su turno, el rionegrino Agustín Domingo dijo que “lo que debemos lograr es que exista un amplio mercado de viviendas”, y advirtió que hasta ahora “nos hemos dedicado a asfixiar con regulaciones ese mercado. Penalizamos construir, alquilar o vender inmuebles y el saldo está a la vista. Hemos asesinado al regulador común. Hicimos hasta lo imposible para destruir la oferta de viviendas de los pequeños propietarios”.
“Entendemos que estos cambios son posibles y están orientados a empoderar a nuestra sociedad civil. Son quienes pueden darle vigor al mejor regulador que puede tener este mercado: la libre competencia”, defendió el legislador de Juntos Somos Río Negro.
Por su parte, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace planteó sus críticas a la actual Ley de Alquileres y aseguró que la modificación propuesta “viene a mejorar el plazo y el precio”. “La ley de alquileres no funciona porque la situación del mercado está destruida”, observó y ejemplificó: “Entremos a cualquier sitio en internet y la gran mayoría de los avisos están en dólares porque eso asegura un valor constante para la renta del propietario, casi no hay avisos en pesos”.
“La propuesta del FdT es ratificar esta ley”, cuestionó y diferenció que “queremos derogar los dos problemas de esta ley, que son plazo y precio. Proponemos volver al plazo de dos años y acordar actualización de precios con incentivos fiscales en el monotributo y ventajas impositivas al impuesto y crédito bancario”.
En su carácter de titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Carlos Heller expresó: “Estamos frente a un tema complejo porque este Parlamento sancionó una ley hace un tiempo y los resultados no son los que estaban en el espíritu de los legisladores al momento de sancionarla”.
“Hay un problema real. Lo que no me cierra y no puedo entender es que a este problema real se lo quiera resolver dejando que sea la fuerza del mercado la que determine o traiga la solución”, criticó y remarcó que “las leyes se hacen para proteger la situación del más débil, el más fuerte no necesita leyes y, en este caso, ese más fuerte es el mercado. Las leyes están hechas para generar protecciones, derechos a aquellos que están más débiles”.
Heller respaldó los 3 años para los contratos porque “el tiempo y la estabilidad es un valor que hace a la idea de adecuado, acortar los tiempos es poner en riesgo ese derecho. No es un tema neutro”. “El tema de adecuado incluye la asequibilidad que la pone el precio y si el precio no es accesible, no se accede a la vivienda y ese es el problema”, resumió.
“Tenemos una ley que todo el mundo dice que no se cumple, que todos dicen que la mayoría de los contratos se formulan por fuera de la ley, por ejemplo porque el 90% de los contratos no están registrados. Deberíamos estar pensando en cómo hacemos para que esos contratos estén registrados dentro de los términos que establece la ley”, subrayó el porteño.
De la vereda de enfrente, el macrista Pablo Tonelli afirmó que “es difícil, en Argentina y en cualquier parte del mundo, regular las locaciones urbanas” ya que “se requiere equilibrio y precisión”, pero advirtió que “si se pierde el equilibrio en favor del locatario o el inquilino termina siendo perjudicial”.
Respecto a la Ley de Alquileres, manifestó: “Esta ley no produjo los resultados esperados porque buscaba proteger a los inquilinos y provocó un efecto no deseado, la retracción de la oferta”. Sobre ello, mencionó que “al momento de aprobarse la ley había 8.000 ofertas de alquiler en CABA, y ahora han bajado por debajo de los 1.000”.
“Esto habla de un fracaso de la ley y de un efecto no deseado que lógicamente produce encarecimiento en el precio y endurecimiento en las condiciones”, señaló el legislador del Pro y enfatizó que “debe haber precios razonables y debe haber renta para los propietarios”. “Creemos que, con estas tres modificaciones, normalizaremos el mercado”, cerró.
Sobre el final del debate, la radical Karina Banfi pidió revisar “lo que hemos hecho con una aprobación (casi) por unanimidad (lograda) en este Congreso. Hay una falta de memoria… Votamos en 2019 esta ley y en 2020 el mundo sufrió una pandemia, y durante la gestión de esta pandemia entró en vigencia la ley actual”.
Así las cosas, “una de las medidas que tomó el Gobierno el 30 de marzo de 2020 fue dictar un DNU que congeló los alquileres y suspendió los desalojos hasta septiembre de ese año. Se hizo una prórroga hasta marzo de 2021, y ya habían aumentado un 60% los alquileres. Ya había una distorsión de esa oferta y demanda por esa intromisión que había hecho el Gobierno nacional”, apuntó.
Desde La Libertad Avanza habló Carolina Píparo. “No vamos a apoyar ningún maquillaje porque la ciudadanía pide la derogación”, sentó la postura la libertaria y cuestionó que “montaron un show -con la modificación- porque desde JxC sabían que no estaban dadas las condiciones para derogar la ley”. “Es un show para la gente que vengamos a mentir acá”, se quejó y fustigó que “esta ley no funcionó porque el Estado se metió donde nadie lo llamó”.
Finalmente la diputada y candidata presidencial del FIT, Myriam Bregman, aseveró: “A una situación crítica que viven miles de familias en el país, ahora se le suma este nuevo ataque y mazazo al bolsillo que se está discutiendo acá. Y pueden hacer los discursos que quieran, pero esta sesión es para atacar a las familias trabajadoras; si se aprueba el dictamen de minoría es dolarizar completamente los alquileres, volver la situación aún peor. Se puso en pie esta sesión porque se abrazó el bloque de Milei con JxC y con el de (Juan) Schiaretti”.
Al apuntar contra el actual ministro de Economía y candidato presidencial oficialista, Sergio Massa, la porteña lanzó: “Lo escuché decir que la Ley de Alquileres fracasó, pero lo que fracasó es su Gobierno ministro. Fracasó porque hay una inflación desatada, porque las familias no llegan a fin de mes.
“La incertidumbre de las familias es total, la situación es terrible. Le acortan los plazos, le suman que el alquiler se dolarice y que se actualice cada 3 o 6 meses a valores de una inflación desatada. Atacan a la ley no en los puntos débiles, como por ejemplo que no regula el valor inicial de los alquileres, sino que cuestionan los puntos progresivos que tiene porque las grandes inmobiliarias hicieron su juego”, lamentó.
Lo dijo en referencia a los dueños de propiedades para alquilar que, aclaró, “no tienen 30 propiedades compradas con la 1050”.
Sobre el final del debate sobre la Ley de Alquileres, la radical Karina Banfi pidió revisar “lo que hemos hecho con una aprobación (casi) por unanimidad (lograda) en este Congreso. Hay una falta de memoria… Votamos en 2019 esta ley en 2020; el mundo sufrió una pandemia y durante la gestión de esta pandemia entró en vigencia la ley actual”.
Así las cosas, “una de las medidas que tomó el Gobierno el 30 de marzo de 2020 fue dictar un DNU que congeló los alquileres y suspendió los desalojos hasta septiembre de ese año. Se hizo una prórroga hasta marzo de 2021, y ha habían aumentado un 60% los alquileres. Ya había una distorsión de esa oferta y demanda por esa intromisión que había hecho el Gobierno nacional”.
Luego Banfi cargó contra quienes definió como “autopercibidos sindicalistas de los inquilinos”, aclarando que los inquilinos lo que quieren es “tener un techo propio, no asociarnos a esas asociaciones”. “Decían estos sindicalistas de los inquilinos que era grave la situación, y había 300 mil familias que ya tenían 5 meses de deuda. Algunos advertimos ya entonces que esta ley era un obstáculo para la poca resolución que tenía el tema”.
Al cuestionar la ley, dijo la ley vigente establece un ajuste cada doce meses, y en ese sentido explicó cómo funciona la realidad del mercado: “El propietario sabe que durante un año, con una inflación que supera los dos dígitos y una ley que lo obliga a ajustar cada 12 meses va a perder el lucro. Entonces lo carga en el inicio del contrato. La gente nos dice que no puede alquilar, porque está muy alto el precio de los alquileres”.
Sostuvo en ese sentido que “era necesario sacar este corset, por eso presentamos proyectos para derogar. Por eso llegamos acá, llegamos buscando la derogación con nuevos proyectos, luego no tenemos los números. No tenemos la maduración política todavía para comrender cómo funciona el mercado”.
“Algunos compañeros creen que están combatiendo el capital y en realidad no existe ese mercado. Acá hay un jubilado, un autónomo que se pudo comprar una casa quizá en los 90 y hoy quiere hacer una diferencia para no tener que pedirles a los hijos para que le paguen los remedios. ¿Ese es el mercado que quieren combatir?”, lanzó Karina Banfi.
Y continuó, con una referencia explícita hacia la familia Kirchner: “Esa es la realidad que tiene hoy el mercado inmobiliario; no tienen 30 propiedades compradas con la 1050… Y por eso nunca como hoy tenemos que escuchar a los inquilinos y a los propietarios y entender que lo que nos están diciendo es que no hay oferta, son muy caros los alquileres y esta ley no sirve”.
“Vamos a aflojar el corset que le hemos puesto hace 4 años, vamos a derogar los períodos de actualización”, aseguró, para lanzar después contra el Gobierno nacional: “No hay ni una sola política habitacional… Ni en campaña se les ocurre resolver el problema”.
Karina Banfi concluyó su discurso afirmando su convicción de que con la nueva composición de la Cámara volverían a trabajar el tema para “flexibilizar” y derogar lo que fuese necesario.
Así lo expresó la diputada del interbloque Federal a la hora de defender el dictamen de minoría. En su discurso, puso énfasis en el nivel de inflación que debió soportar la Ley de Alquileres.
Al exponer sobre el dictamen de minoría, la diputada Graciela Camaño aludió sin nombrar al discurso que acababa de expresar el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, diciendo que “venimos a este recinto sin tanta petulancia, y a la hora de evaluar el tiempo de duración de la ley, que supuestamente es planteado como un mérito, quiero informar que en ese mismo período en la Argentina hubo un 476% de inflación. Entonces, las leyes… bueno, podemos encenderlas con discursos y todas las cosas que se dicen acá adentro, pero a la hora de la efectividad conducente de la norma, evidentemente algún problema tenemos”.
“Modestamente lo único que nos proponemos con el dictamen de la minoría es intentar mejorar la oferta”, sostuvo la diputada de Identidad Bonaerense.
Camaño dijo que la falta de programas habitacionales “es también un problema del que no se hace cargo nadie”. Y en síntesis, reconoció que “no hay una resolución definitiva de este problema. El que hoy venga a decir que viene a pelear por ‘los derechos de’, que mire la historia para ver todo lo que no hicimos ‘por los derechos de’”.
La diputada nacional aseguró que “venimos a poner un poquito para el problema de la oferta. Hay una de las partes que ha retraído la oferta por cómo hemos legislado”.
Camaño recordó que el período de negociación era un problema, por lo cual en el dictamen de minoría retrayeron el período a 2 años. “Fijamos períodos de ajustes que tienen un límite en los 4 meses y también parámetros del valor de ajustes y una serie de incentivos fiscales”.
A continuación, detallamos uno de los cambios hechos al dictamen de minoría:
“En los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerdes las partes y por intervalos no inferiores a 4 meses”, dice el dictamen de minoría, donde se eliminó la parte donde se establecía una periodicidad de “entre tres (por intervalos de 3) y doce (12) meses”.
Otra modificación: “A los fines dispuestos en el párrafo anterior, para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.
Ante la sesión convocada por Juntos por el Cambio y otras bancadas, advirtieron que van a agravar la crisis de los inquilinos si derogan la ley o le hacen “modificaciones regresivas”.
El próximo miércoles 23 de agosto Juntos por el Cambio convocó una sesión especial de la Cámara de Diputados para intentar modificar la Ley de Alquileres o derogarla. Para la izquierda, los cambios que tratarán de hacerle a la norma son “regresivos para las y los inquilinos que hoy ya viven una situación desesperante”.
Al respecto, Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Alejandro Vilca, diputados del PTS – Frente de Izquierda Unidad, fueron contundentes al señalar que “las propuestas que quieren llevar al recinto van a empeorar una situación que ya es crítica para inquilinos e inquilinas. Los bloques mayoritarios están montando un engaño gigantesco a la población culpando de la crisis en los alquileres a la ley vigente, cuando lo que buscan es dejarle las manos libres al negocio inmobiliario para que hagan lo que quieran, agravando los problemas que ya viven las y los inquilinos. Lo que cuestionan de la Ley de Alquileres son los puntos que protegen mínimamente a los inquilinos, y no por lo que le falta proteger ni por su prácticamente nula aplicación. Nada bueno puede venir de quienes defienden el lobby inmobiliario que quiere fijar la suba alquileres según el precio del dólar y no por los salarios”.
“Rechazamos las propuestas que quieren llevar al recinto porque van a implicar un aumento mayor en los precios de los alquileres y con actualizaciones cada 3 o 6 meses, quieren un nuevo golpe a los ingresos. Las medidas que buscan votar Juntos por el Cambio, Javier Milei y otros bloques aliados como el de Schiaretti van a perjudicar a los más de 10 millones de inquilinos e inquilinas de todo el país, y agravar la crisis habitacional que tiene un responsable claro: la especulación inmobiliaria. No cuenten con nosotros”, agregaron.
Además, denunciaron al gobierno de Frente de Todos que “nada hizo, no ya sólo para resolver el problema de la vivienda sino para que se cumplan los puntos mínimos que protegen a los inquilinos. Dejar correr y no garantizar derechos mínimos fue y es funcional al lobby que dicen querer combatir y llevó a millones de familias a este callejón desesperante. Sumado a eso, con el golpe devaluatorio del 22% que han decidido luego de las PASO, no hacen más que empeorar los ingresos de las mayorías”.
“Hoy en día las y los inquilinos ya atraviesan una situación crítica para acceder a la vivienda que es un derecho constitucional. El déficit habitacional creció, porque el negocio inmobiliario retira del mercado la oferta de alquileres para vivienda, para especular con aumentos muy por encima de la inflación, al no haber ningún impuesto a la vivienda ociosa. Si avanzan las propuestas de Juntos por el Cambio, Javier Milei y los bloques aliados, significará un enorme golpe a los ingresos de inquilinos e inquilinas, dificultando aún más el acceso a la vivienda. Al promover que los alquileres sean ’por libre acuerdo entre las partes’ lo que proponen es que la especulación inmobiliaria tenga todo el poder de imponer sus condiciones, y que las y los inquilinos queden presos de sus negocios. No son dos partes en igualdad de condiciones”, criticaron.
Por último, Bregman, Del Caño y Vilca concluyeron proponiendo que “se tomen medidas urgentes para atender la crisis de los alquileres a favor de las y los inquilinos. Empezando por apuntar a las viviendas vacías con impuestos progresivos para desalentar la especulación de los grandes grupos inmobiliarios y que esos inmuebles se vuelquen a la oferta; poner un tope al precio inicial de los contratos y a las actualizaciones de acuerdo a la evolución de los salarios formales e informales; limitar los alquileres temporarios a quienes excedan los 300mts2 sin contar la vivienda propia; la prohibición de fijar precios de alquileres en dólares. Estas son medidas que podrían tomarse en lo inmediato, en el camino de dar respuestas más estructurales para el acceso a la vivienda como créditos baratos y con tasa subsidiada, y un plan de obras públicas para construir las viviendas necesarias y urbanizar barrios, donde sean las y los trabajadores quienes controlen esa planificación. La vivienda es un derecho, no un negocio”.
Los jefes de JxC y los bloques federales acordaron “volver a redactar” algunos puntos. Primero deberán reunir quórum y también rechazar el dictamen de mayoría del oficialismo. La sesión quedó formalmente convocada para el próximo miércoles a las 12.
Por Melisa Jofré
En un nuevo encuentro que mantuvieron por Zoom este jueves, los jefes de Juntos por el Cambio y bloques federales ratificaron la decisión de sostener la sesión convocada para el próximo miércoles en la Cámara de Diputados y acordaron redactar cambios al texto del dictamen de minoría, de modo de conformar a todos los sectores y poder avanzar en una media sanción que reforme la Ley de Alquileres (27.551).
Para los promotores del debate, al quórum, que se reúne a partir de los 129 presentes, “se debería llegar fácil”. Aunque para ello tendrán que tener a todos sus legisladores sentados en el recinto. Pero consideran que el número no estaría tan ajustado si además concurren los tres libertarios, al recordar que Javier Milei acompañó el pedido de sesión con su firma.
Tal como adelantó parlamentario.com, el segundo objetivo, una vez puesta en marcha la reunión, sería el de “rechazar el dictamen K”, es decir, el dictamen de mayoría que el Frente de Todos suscribió y reinvidica la ley actual, sumando beneficios fiscales para incentivar la oferta -en eso ambas propuestas son similares-.
A sabiendas de que los proyectos que directamente proponen la derogación no cuentan con dictamen y, por lo tanto, necesitan de los dos tercios para ser tratados, la oposición desistió en la idea de someterlos a votación, como ocurrió el pasado 5 de julio cuando Hernán Lombardi lo planteó sobre tablas. El Pro, algunos diputados de la UCR y los liberales pujaban por esta idea e incluso en la solicitud se había definido tratar “los proyectos y dictámenes” referidos a la cuestión.
Así las cosas, los representantes de JxC, interbloque Federal e interbloque Provincias Unidas decidieron que se harán cambios en el texto del dictamen de minoría, que salió con despacho de comisiones en junio del año pasado, de manera de “conformar a todos, incluso a los que quieren la derogación”.
En las modificaciones plantearían que los contratos de alquileres vuelvan al plazo de dos años y que el ajuste sea acordado entre las partes, sin dar precisiones de lapsos, haciendo referencia al Código Civil y Comercial. “No está cerrada la redacción, se trabajará incluso en el recinto. El justo equilibrio permitirá que salga esta media sanción”, indicaron fuentes parlamentarias.
Uno de los aspectos que más “ruido” había provocado en el texto, y que hizo caer los consensos en la oposición para avanzar en el recinto, fue el artículo 6, donde quedó fijado que “se podrán realizar ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y doce 12 meses”. Ahora sería una de las primeras cosas a modificar.
Por su parte, desde el oficialismo le habrían pedido a los jefes de la oposición que la sesión se postergue para septiembre, pero éstos se negaron. Desde el Frente de Todos mantienen su postura de defensa al dictamen de mayoría y aseguran que “los que pidieron la sesión son los responsables de reunir el quórum”.
Para el arranque tampoco estarán los diputados del Frente de Izquierda, quienes consideran que “es regresivo” modificar la ley.
Actualmente, con la reciente incorporación formal de José Luis Espert, Juntos por el Cambio suma 117 miembros, el interbloque Federal 8 y el interbloque Provincias Unidas 4. El total, siempre y cuando haya unanimidad y asistencia perfecta, da los 129.
Pero por fuera también están los dos legisladores del bloque SER y el neuquino Rolando Figueroa, además de Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo, en quienes ponen atención especial los impulsores de la sesión.
Poco después que terminó el encuentro virtual de los opositores, se conoció la convocatoria formal a la sesión del próximo miércoles 23 a las 12, con la firma del secretario parlamentario, Eduardo Cergnul.
citacion-sesion-diputados-alquileres-23-agostoTras las PASO, los jefes de bloques mantuvieron conversaciones y buscan reunir los 129 que habilitarían el quórum. Sin embargo, todavía no saben si tendrán los votos para aprobar el dictamen de minoría. Pero sí quieren dejar expuesto una vez más al oficialismo.
Mientras de a poco baja la espuma de las elecciones PASO, marcadas por la sorpresa del primer lugar que alcanzó Javier Milei, este miércoles los jefes de Juntos por el Cambio y de algunos bloques provinciales mantuvieron conversaciones sobre la convocatoria a sesionar el próximo miércoles 23 en la Cámara de Diputados por la Ley de Alquileres.
En el encuentro, realizado por Zoom, se definió que sostendrán la convocatoria realizada el pasado 5 de julio y volverán a contactarse para evaluar si consiguen o no el número para dar por abierta la reunión, es decir, si pueden alcanzar el quórum con 129 presentes.
Con los mayores esfuerzos, logrando que todos sus integrantes estén sentados en el recinto, Juntos por el Cambio suma 117, el interbloque Federal 8 y el interbloque Provincias Unidas, 4. Total: 129.
Pero por fuera también están los dos legisladores del bloque SER y el neuquino Rolando Figueroa, además de los tres liberales Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo. Milei fue uno de los presidentes de bloque que firmó el pedido de citación.
Se estima que al igual que el Frente de Todos, el Frente de Izquierda no dé quórum.
Fuentes legislativas de la oposición consultadas por parlamentario.com reconocieron que “todavía falta” asegurar que tendrán el número para el quórum, pero “la idea es no sólo tener 129 sino que esos 129 rechacen el dictamen de mayoría que es del kirchnerismo. Este es el gran primer objetivo”.
No obstante, por ahora, la oposición tampoco tiene garantizado poder aprobar su dictamen de minoría, ya que persisten las dudas de algunos respecto del artículo 6 de ese texto, donde quedó fijado que “se podrán realizar ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y doce 12 meses”.
Ese fue uno de los puntos que, hace ya más de un año atrás, hizo caer con fuerza la posibilidad de avanzar en el recinto porque, tras la discusión en comisiones, hubo diputados de bloques federales que no quedaron conformes con esa redacción. Para un grupo de legisladores ese plazo de tres meses es muy poco, pero los que pujan fuerte para que se mantenga ese tiempo como piso son los representantes del Pro.
En caso de que los bloques no lleguen a un acuerdo para poder aprobar el dictamen de minoría, y si es que primero logran rechazar el del Frente de Todos, buscarán que -otra vez- se pongan en consideración los proyectos que directamente proponen derogar la Ley 27.551. Una idea que fue sumando adeptos.
Eso fue lo que sucedió el 5 de julio, antes de que se decidiera presentar un pedido de sesión. En esa oportunidad fue solicitado por el macrista Hernán Lombardi y resultó rechazado, porque, al tratarse de una iniciativa sin dictamen, requiere de los dos tercios.
En la solicitud de sesión se aclaró que sería con el objeto de tratar “los proyectos y dictámenes con estado parlamentario referidos a la Ley de Alquileres”.
Desde Juntos por el Cambio revelaron a parlamentario.com que la idea de dejar expuesto una vez más al Frente de Todos, votando en contra de la derogación, es lo que “más seduce” a algunos referentes, entre ellos a Patricia Bullrich, quien se consagró en la interna del Pro. No es extraño, pues el “ala dura” de los amarillos está por la derogación hace tiempo.
Los dos dictámenes
El dictamen del Frente de Todos (mayoría) revindica la ley actual, al mantener el plazo de tres años en los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina IPC y RIPTE. Asimismo, otorga más facilidades para los inquilinos en la presentación de garantías.
En el capítulo de incentivos fiscales, propone una reforma en el régimen de monotributo para beneficiar a monotributistas que tengan más de tres unidades de explotación; incorpora al régimen de la Ley de Incentivo a la Construcción los inmuebles que durante 12 años estén destinados al alquiler y “siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados”; y exime del impuesto a los Bienes Personales a aquellas propiedades cuyo valor resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, el mínimo no imponible para esa categoría.
Por su parte, el dictamen de minoría vuelve a dos años el plazo mínimo legal de los contratos. En cuanto al precio del alquiler, deberá “fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y 12 meses”.
Asimismo, agrega que para los ajustes, las partes “deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS)” elaborados por el INDEC, “o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.
En relación a los beneficios fiscales, similares a los del oficialismo, la iniciativa contempla una reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan tres unidades de explotación, “en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados” se considere como “una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma”.
También exime de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y contempla una modificación al impuesto a los débitos y créditos bancarios -más conocido como impuesto al cheque- para que estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados”.
Por Manuel Aguirre. El legislador radical correntino compara las actitudes expuestas en materia legislativa por ambas cámaras. Mientras una busca avanzar con alquileres, en la otra se intenta dar luz verde a una jueza.
La política es una actividad que debería estar al servicio del pueblo; sin embargo, en ocasiones parece que los intereses personales de los políticos están por encima de las necesidades colectivas. Y esto es precisamente lo que está sucediendo en estos momentos en el Senado de la Nación.
Mientras que la Cámara de Diputados se prepara para tratar el tema urgente de la ley de alquileres en una sesión programada para el próximo mes, en el Senado se busca otorgar un nuevo acuerdo a la Juez Ana María Figueroa en una clara maniobra para favorecer intereses personales. ¿Dónde quedan las necesidades del pueblo?
Es lamentable que, ante la posibilidad de un cambio en la composición del Senado después de las elecciones, la vicepresidente se apresure a otorgar un acuerdo a una juez que cree que la favorecerá. ¿Acaso la economía en crisis y la proximidad de las elecciones no deberían ser prioridades más importantes?
Es evidente que esta impostura de apariencia veraz queda al descubierto, y que solo se busca resolver casos personales alejándose de las necesidades colectivas. ¿Qué ha pasado con el liderazgo que se sacrificaba por el pueblo?
Los políticos deberían estar al servicio del pueblo, y no al revés. La verdad siempre es mejor que una mentira con apariencia agradable. Solo aceptando la verdad se puede realizar acciones positivas que mejoren la situación. El pueblo tiene que conocer cuáles son las prioridades de las personas que se postulan para representarlos.
El pueblo tiene ahora a la vista cuáles son las prioridades de las personas que se postulan para representarlos. A 40 años de la recuperación de la democracia como forma de gobierno, es lamentable constatar que la política sigue siendo una actividad en la que los intereses personales están por encima de las necesidades colectivas. Es hora de que los políticos recuerden que su deber es servir al pueblo y no a sí mismos.
Al hablar de la cuestión habitacional, la diputada camporista cuestionó la falta de medidas del oficialismo porteño sobre viviendas.
La diputada nacional Paula Penacca (FdT) cuestionó la política en materia de vivienda del Gobierno de la Ciudad y enfatizó: “Hace 16 años que hay un modelo de desarrollo urbano totalmente entregado al mercado”.
Precandidata a renovar su banca por Unión por la Patria, la porteña consideró que desde su espacio ven “mucha oportunidad de hacer una transformación profunda en la Ciudad, que ya hace 16 años es gobernada por el macrismo”.
“Hay un montón de necesidades de la población que no son cubiertas, en el distrito con el presupuesto más grande del país”, señaló la camporista.
Sobre una de ellas, la legisladora afirmó que hay que “atender una situación habitacional que está en crisis, el mercado de alquileres está en crisis”. “No hay ninguna medida del Gobierno porteño para asistir a quienes necesitan alquilar en la Ciudad. Lo único que hizo (Horacio Rodríguez) Larreta en este tiempo fue endeudar a los inquilinos. Te dan un crédito para que puedas entrar a un alquiler”, criticó.
“La vivienda es un derecho y no puede quedar totalmente librado al mercado. Tiene que existir una protección de la parte más débil”, continuó la secretaria parlamentaria del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, al tiempo que opinó que se deben regular “los alquileres temporarios para el turismo”.
Penacca expresó que “hace 16 años que hay un modelo de desarrollo urbano totalmente entregado al mercado, con propiedades dolarizadas, con venta de tierras que quitan la posibilidad al Estado de intervenir, con un Código Urbanístico que permite la construcción de grandes torres, que ponen en crisis a quienes ya tienen vivienda”.
“Se construye cada vez más, pero son edificios que no son accesibles a la clase media”, explicó en diálogo con AM750.
En relación a la Ley de Alquileres, defendió la postura del Frente de Todos para que “haya intervención del Estado para mediar en la relación desigual”, mientras que desde la oposición “quieren derogar todo tipo de ley y prohibir todo tipo de intervención del Estado, dejar librado al mercado y que sea sálvese quien pueda”, dijo.
Sostuvo que en el oficialismo “algo patológico”, y concluyó: “No sé a quién defienden, pero a la gente seguro que no”.
“Esta mala ley se hizo en 2020 previendo que no haya inflación, por eso fracasó rotundamente”, sostuvo este jueves el jefe del bloque de diputados nacionales del radicalismo Mario Negri respecto de las negociaciones en el Congreso para poder modificar la Ley de Alquileres.
En diálogo con Radio Mitre, Negri recordó que “desde junio del año pasado, nosotros en la oposición queremos corregirla, pero el kirchnerismo lo obstaculiza. Acá en Capital Federal hay 170 mil viviendas vacías, solo hay 10 mil casas en oferta y antes la oferta era de entre 50 mil y 70 mil unidades”, explicó.
Un día después de haber protagonizado las negociaciones en el recinto para tratar de avanzar con la citada norma, el cordobés sostuvo que “nosotros hicimos un dictamen con toda la oposición, porque la ley de 2020 establecía 3 años y una actualización anual en base a la inflación. El dictamen nuestro vuelve a dos años y establece que el ajuste sea acordado por las partes, con una actualización que puede ir desde 3 meses a un año”.
“El kirchnerismo tiene una anteojera ideológica porque con su tesitura se castiga al votante de ellos también. Es una enorme ceguera”, agregó el legislador. Por otra parte apuntó que “te dicen que es una cosa de la derecha, pero hacen un monumento a la insensatez. Perjudican tanto a los inquilinos como a los propietarios. Porque acá la verdad es que el kirchnerismo quiere sostener la ley como está. Hay algo patológico del kirchnerismo, no sé a quién defienden, a la gente seguro que no”.
Negri recordó que este miércoles, “como en todas las sesiones, se pidió incluso la derogación de la Ley de Alquileres y el kirchnerismo lo rechazó. Entonces yo propuse en medio de la sesión, que el recinto convocara una sesión especial para tratar Alquileres el día 23 de agosto. Ese día sabremos quién está y quién no está”.
Destacó que durante la sesión de este miércoles, “para que los muchachos del kirchnerismo digan dónde están parados, 13 presidentes de bloques firmamos el pedido de sesión. Si todos los que firmaron cumplimos con el compromiso tomado ayer, el 23 de agosto tenemos quórum, podremos sesionar. Somos más que los kirchneristas. Esperemos que hasta el 23 se pueda mejorar el proyecto para tener más consenso todavía. Lo que no se puede hacer es ignorar la realidad, porque así nos va a la política con este divorcio que hay con lo que le pasa a la gente”.
“Yo firmé primero el dictamen de minoría hace un año y luego hace poco acompañé la derogación total porque observamos que el kirchnerismo cajonea el tema”, planteó. Y cerró: “Debemos tener plasticidad para encontrar un punto en común porque no puede haber falta de respuestas. Lo ideal, en tiempo de transición, es la derogación, pero no sé si eso junta todas las voluntades. Confío en que el 23 haya una respuesta”.
Luego de intentar sin éxito forzar su derogación, JxC logró cosechar la firma de 13 bloques para realizar una sesión en la que tratarán de encontrarle una solución a la cuestión.
En una discusión caliente, la cuestión de la Ley de Alquileres, no prevista en el temario de este jueves, fue traída este miércoles al recinto de la Cámara de Diputados por la oposición, que en un primer intento fracasó en que se trate un proyecto sobre tablas que propone su derogación, pero que, en segundo término, logró poner contra las cuerdas al oficialismo para que se solicite una sesión especial para debatir el tema el próximo 23 de agosto.
Al final, alrededor de las 20, luego del debate sobre violencia de género digital y antes del inicio de la discusión sobre los créditos UVA, el presidente del bloque radical, Mario Negri, pidió la palabra para anunciar que once bloques habían firmado una nota para ratificar el pedido de sesión especial para el día 23 de agosto a las 12, con el objeto de “considerar los proyectos y dictámenes, todo lo que esté girando alrededor de la Ley de Alquileres”.
En rigor, después se sabría que habían sido 13 los bloques firmantes, y el cordobés hizo pública la posibilidad de hacer “extensible en este momento al Frente de Todos también, si quieren firmar la nota, así los argentinos saben que el 23 estamos todos. Están invitados a acompañar con la firma”, dijo.
“Convocaré en el día de mañana si me eleva la nota”, respondió la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau.
Por su parte, la diputada Silvia Lospennato señaló que eso “significa que queremos que este debate se dé en el pleno. Es un tema discutido, vamos a estar trabajando de acá hasta esa fecha para tener un dictamen que ojalá pudiéramos aprobar por unanimidad, para resolver este tema a los argentinos, y sino cada uno irá con la posición que considera que es mejor para resolver el tema de los argentinos”.
“Eso sería importante, que de acá al 23 se trabaje en este tema ya que es una cuestión que tiene dictámenes de comisión y que las comisiones vinieron tratando hace mucho tiempo”, apuntó Cecilia Moreau, quien allá por 2020, como presidenta de la Comisión de Legislación General, fue quien se ocupó de dirigir la primera etapa de ese debate. Y remató: “Si este tema no fue resuelto hasta acá es porque no tuvo consenso; ojalá lo puedan encontrar de acá a la próxima sesión”.
El pedido de sesión fue suscripto por Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro), Juan López (CC), Carla Carrizo (Evolución Radical), Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal), Luis Di Giacomo (Provincias Unidas), Javier Milei (La Libertad Avanza), Carlos Zapata (Ahora Patria), Paula Omodeo (CREO), Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), José Luis Espert (Avanza Libertad), Marcelo Orrego (Producción y Trabajo) y Alejandro “Topo” Rodríguez (interbloque Federal).
Todo había comenzado con un pedido de apartamiento del reglamento planteado por el diputado macrista Hernán Lombardi, que requería de las tres cuartas partes, y resultó rechazado con 102 afirmativos, 113 negativos y 9 abstenciones.
Tras esa votación, el jefe del bloque radical, Mario Negri, tomó la palabra. “Esto no es demagogia, cinismo ni aprovechamiento electoral”, afirmó y pidió una moción para que, por simple mayoría, se vote convocar a una sesión especial para el próximo 23 de agosto, después de las PASO. Entonces, se abrió un debate reglamentario que lo tuvo como protagonista a él y al presidente del Frente de Todos, Germán Martínez.
Cuando el acuerdo parecía no aparecer, la secretaria parlamentaria del bloque oficialista, Paula Penacca, explicó que ya que esa forma de convocar a una sesión no figuraba en el reglamento, “si la oposición quiere hacer una sesión especial con este tema que presente las diez firmas, que usted (a la presidenta) va a tener la obligación de convocar, pero que se pongan de acuerdo si van a querer tratar allí el proyecto del diputado Lombardi o si van a querer tratar el dictamen de mayoría y minoría”, en referencia a los textos que ya tienen despacho de comisión y nunca se llevaron al recinto.
A continuación, la secretaria parlamentaria de Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato, propuso “circular por las próximas dos horas un pedido de sesión especial” que “vamos a someter a la firma de todos los presidentes de bloques de esta Cámara. Entonces va a quedar claro qué bloques lo quieren tratar”. Y dio tiempo de que se firme esa solicitud hasta las 18, por lo cual se postergó la votación de la moción de Negri.
Al proponer el tratamiento de su proyecto de derogación de la Ley 27.551, Lombardi anticipó: “Vamos a hacer esto todas las veces que haga falta para reflexionar un poco dónde estamos parados. A tres años de la vigencia de la Ley de Alquileres, hay valores que subieron un 600%. Los inquilinos están absolutamente sufrientes, porque se retiró la oferta. No hay oferta”.
“Es una ley que no funcionó, nosotros decimos que también contó con la anuencia de nuestro bloque, pero es una catástrofe”, continuó y resaltó que “los inquilinos están angustiados y los propietarios están espantados”. “Por supuesto que el deterioro del salario real, al cual han llevado las erráticas políticas de este desgobierno, no tiene parangón por lo menos en la historia de la democracia argentina”, fustigó.
El macrista habló de que en algunos barrios de la Ciudad, “el aumento intermensual es del 19%” en los alquileres. “Este Gobierno fracasó, no van a poder corregir grandes cosas en los meses que le quedan, lo que podríamos hacer es no agregar sufrimiento al sufrimiento y angustia a la angustia”, reclamó.
Y desafió: “Consulten al presidente (Alberto Fernández), que no ejerce, a vuestra jefa política (Cristina Kirchner), al ministro (Sergio Massa), que además es candidato. Pero sería mejor quizás no consultar a ninguno de los jefes, escuchen a la gente que está sufriendo todos los días”.
En contra de la propuesta, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman señaló que esa iniciativa “no ataca a la Ley de Alquileres por las deficiencias que tiene, sino lo que se pretende es dejarle las manos libres al mercado inmobiliario”. “La ley claramente tiene muchas críticas, pero acá se la trata de empeorar y no de mejorar para los inquilinos”, agregó.
En tanto, el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, acusó a Lombardi de estar “en modo electoral” y recordó que estaba “proponiendo un proyecto que no tiene dictamen de comisión”. “Cuando uno trata un tema de esta sensibilidad, si no es que está en modo electoral, lo tiene que hacer con la suficiente altura para plantear el debate con la profundidad que lo reclama; y, en segundo lugar, lo tiene que hacer escuchando absolutamente a todos como sí se hizo en el plenario de comisiones”, subrayó.
El santafesino admitió que eran “conscientes de las dificultades que tiene el dictamen por cómo quedó configurado, para que pueda imponerse en el recinto una mirada o la otra, al igual que somos conscientes de las necesidades”. “Pero lo que vamos a dejar en claro es que, en un momento de dificultad, lo que nosotros no vamos a dejar es que sean los inquilinos los que vayan a una negociación absolutamente asimétrica”, enfatizó y le dijo que el incremento del 19% se da en los contratos que están por fuera de la ley. Entonces, lanzó: “Usted está representando a ese sector y nosotros vamos a seguir representando a los inquilinos que tienen que ser protegidos”.
Al anunciar la abstención del interbloque Federal, la diputada Graciela Camaño observó que “hay un cinismo tan grande en el debate de este tema. ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Hacerle creer a los inquilinos que los defendemos de un lado y del otro?”. “Nadie tiene la fórmula mágica para la resolución de los alquileres. Ahora, si enserio queremos debatir la Ley de Alquileres, seamos democráticos, traigamos la orden del día la recinto, se vota y el que gana, gana”, aseveró.
Otra de las que tomó la palabra fue la legisladora de Buenos Aires Libre Carolina Píparo, quien criticó que “es un desastre esta ley sumado al desastre económico que está haciendo el oficialismo”, pero cargó contra Juntos por el Cambio por “venir ahora cuando se pasaron un año explicándome por qué no se podía derogar la ley. Hoy es oportunismo electoral”. “Por supuesto que voy a acompañar porque quiero derogar la ley y defiendo a los inquilinos”, completó.
El jefe del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giacomo, cuestionó la “burda maniobra electoral, propia de estos tiempos, proviniendo de alguien de los sectores llamados extremos o duros”. Y, al recordar el consenso que había tenido la oposición en el dictamen de minoría, reprochó que luego desde ese sector de Juntos por el Cambio “propusieron una liberalización absoluta del tema, y quedó claro que fue imposible que podamos avanzar”.
Un proyecto, sin dictamen, propuesto por Hernán Lombardi resultó rechazado. Pero Juntos por el Cambio comprometió a los jefes de bloques a firmar una solicitud para que el tema se debata en el recinto el próximo 23 de agosto.
En una discusión caliente, la cuestión de la Ley de Alquileres, no prevista en el temario de este jueves, fue traída al recinto de la Cámara de Diputados por la oposición, que en un primer intento fracasó en que se trate un proyecto sobre tablas que propone su derogación, pero que, en segundo término, logró poner contra las cuerdas al oficialismo para que se solicite una sesión especial para debatir el tema el próximo 23 de agosto.
Todo comenzó con un pedido de apartamiento del reglamento planteado por el diputado macrista Hernán Lombardi, que requería de las tres cuartas partes, y resultó rechazado con 102 afirmativos, 113 negativos y 9 abstenciones.
Tras esa votación, el jefe del bloque radical, Mario Negri, tomó la palabra. “Esto no es demagogia, cinismo ni aprovechamiento electoral”, afirmó y pidió una moción para que, por simple mayoría, se vote convocar a una sesión especial para el próximo 23 de agosto, después de las PASO. Entonces, se abrió un debate reglamentario que lo tuvo como protagonista a él y al presidente del Frente de Todos, Germán Martínez.
Cuando el acuerdo parecía no aparecer, la secretaria parlamentaria del bloque oficialista, Paula Penacca, explicó que ya que esa forma de convocar a una sesión no figuraba en el reglamento, “si la oposición quiere hacer una sesión especial con este tema que presente las diez firmas, que usted (a la presidenta) va a tener la obligación de convocar, pero que se pongan de acuerdo si van a querer tratar allí el proyecto del diputado Lombardi o si van a querer tratar el dictamen de mayoría y minoría”, en referencia a los textos que ya tienen despacho de comisión y nunca se llevaron al recinto.
A continuación, la secretaria parlamentaria de Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato, propuso “circular por las próximas dos horas un pedido de sesión especial” que “vamos a someter a la firma de todos los presidentes de bloques de esta Cámara. Entonces va a quedar claro qué bloques lo quieren tratar”. Y dio tiempo de que se firme esa solicitud hasta las 18, por lo cual se postergó la votación de la moción de Negri.
Posiciones encontradas
Al proponer el tratamiento de su proyecto de derogación de la Ley 27.551, Lombardi anticipó: “Vamos a hacer esto todas las veces que haga falta para reflexionar un poco dónde estamos parados. A tres años de la vigencia de la Ley de Alquileres, hay valores que subieron un 600%. Los inquilinos están absolutamente sufrientes, porque se retiró la oferta. No hay oferta”.
“Es una ley que no funcionó, nosotros decimos que también contó con la anuencia de nuestro bloque, pero es una catástrofe”, continuó y resaltó que “los inquilinos están angustiados y los propietarios están espantados”. “Por supuesto que el deterioro del salario real, al cual han llevado las erráticas políticas de este desgobierno, no tiene parangón por lo menos en la historia de la democracia argentina”, fustigó.
El macrista habló de que en algunos barrios de la Ciudad, “el aumento intermensual es del 19%” en los alquileres. “Este Gobierno fracasó, no van a poder corregir grandes cosas en los meses que le quedan, lo que podríamos hacer es no agregar sufrimiento al sufrimiento y angustia a la angustia”, reclamó.
Y desafió: “Consulten al presidente (Alberto Fernández), que no ejerce, a vuestra jefa política (Cristina Kirchner), al ministro (Sergio Massa), que además es candidato. Pero sería mejor quizás no consultar a ninguno de los jefes, escuchen a la gente que está sufriendo todos los días”.
En contra de la propuesta, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman señaló que esa iniciativa “no ataca a la Ley de Alquileres por las deficiencias que tiene, sino lo que se pretende es dejarle las manos libres al mercado inmobiliario”. “La ley claramente tiene muchas críticas, pero acá se la trata de empeorar y no de mejorar para los inquilinos”, agregó.
En tanto, el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, acusó a Lombardi de estar “en modo electoral” y recordó que estaba “proponiendo un proyecto que no tiene dictamen de comisión”. “Cuando uno trata un tema de esta sensibilidad, si no es que está en modo electoral, lo tiene que hacer con la suficiente altura para plantear el debate con la profundidad que lo reclama; y, en segundo lugar, lo tiene que hacer escuchando absolutamente a todos como sí se hizo en el plenario de comisiones”, subrayó.
El santafesino admitió que eran “conscientes de las dificultades que tiene el dictamen por cómo quedó configurado, para que pueda imponerse en el recinto una mirada o la otra, al igual que somos conscientes de las necesidades”. “Pero lo que vamos a dejar en claro es que, en un momento de dificultad, lo que nosotros no vamos a dejar es que sean los inquilinos los que vayan a una negociación absolutamente asimétrica”, enfatizó y le dijo que el incremento del 19% se da en los contratos que están por fuera de la ley. Entonces, lanzó: “Usted está representando a ese sector y nosotros vamos a seguir representando a los inquilinos que tienen que ser protegidos”.
Al anunciar la abstención del interbloque Federal, la diputada Graciela Camaño observó que “hay un cinismo tan grande en el debate de este tema. ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Hacerle creer a los inquilinos que los defendemos de un lado y del otro?”. “Nadie tiene la fórmula mágica para la resolución de los alquileres. Ahora, si enserio queremos debatir la Ley de Alquileres, seamos democráticos, traigamos la orden del día la recinto, se vota y el que gana, gana”, aseveró.
Otra de las que tomó la palabra fue la legisladora de Buenos Aires Libre Carolina Píparo, quien criticó que “es un desastre esta ley sumado al desastre económico que está haciendo el oficialismo”, pero cargó contra Juntos por el Cambio por “venir ahora cuando se pasaron un año explicándome por qué no se podía derogar la ley. Hoy es oportunismo electoral”. “Por supuesto que voy a acompañar porque quiero derogar la ley y defiendo a los inquilinos”, completó.
El jefe del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giacomo, cuestionó la “burda maniobra electoral, propia de estos tiempos, proviniendo de alguien de los sectores llamados extremos o duros”. Y, al recordar el consenso que había tenido la oposición en el dictamen de minoría, reprochó que luego desde ese sector de Juntos por el Cambio “propusieron una liberalización absoluta del tema, y quedó claro que fue imposible que podamos avanzar”.
Así lo afirmó Matías Barroetaveña (FdT) en diálogo con parlamentario.com, en donde analizó la crisis habitacional que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y el impacto de las medidas tendientes a favorecer el alquiler.
Luego de que el oficialismo porteño aprobara en soledad un paquete de medidas que buscarán favorecer los alquileres, el legislador del Frente de Todos (FdT) y miembro de la Comisión de Planeamiento Urbano, Matías Barroetaveña, participó de un mano a mano con parlamentario.com en el que analizó la crisis habitacional que atraviesa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En ese contexto, el peronista advirtió sobre el avance de los alquileres temporarios y el detrimento que sufrieron los permanentes a raíz de esta situación. “. El crecimiento de los alquileres temporarios profundiza la competencia entre la oferta de alquileres temporarios y la de los permanentes. Más de 15.000 propiedades en la Ciudad de Buenos Aires que podrían abastecer la oferta de alquileres permanentes han sido desplazadas hacia el mercado de alquileres temporarios”, aseguró.
Al mismo tiempo que cuestionó con dureza el paquete de medidas que aprobó la Legislatura porteña en las últimas semanas y aseguró que las mismas tendrán “poco impacto” y que parten de un diagnostico erróneo.
– ¿Qué análisis puede realizar acerca de la situación de habitabilidad que atraviesa a la Ciudad?
-La Ciudad de Buenos Aires atraviesa una situación muy crítica en relación al acceso a la vivienda de las grandes mayorías que está directamente relacionada un modelo de gobierno que mientras actúa como facilitador de negocios del capital inmobiliario posee una muy baja performance en el área de vivienda y hábitat. En este sentido, excepto el inicio de algunos procesos de reurbanización no hay política vivienda en esta ciudad desde hace muchos años. Se han desarticulado, desfinanciado o subejecutado los principales programas de abordaje de la cuestión, sumado a una total desregulación del mercado inmobiliario que se estima que aproximadamente el 13,9% de los habitantes de la Ciudad se encuentran en una situación habitacional crítica, según el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) son unos 428.141. Si tomamos las estadísticas oficiales presentadas, el 7,4% de los porteños reside en villas, el 4,2% en complejos habitacionales, el 0,1% se encuentra en situación de calle y el 2,2% es residente de piezas de hotel-pensión, inquilinato o conventillo. Al mismo tiempo, según los últimos relevamientos realizados por la Dirección General de Estadística y Censos, basándose en la EAH 2019 – 2020, aún prevalecen 9,7% de hogares en situación de hacinamiento crítico y no crítico. Si bien no existen datos oficiales confiables actualizados, un informe de la Secretaría de Hábitat e Inclusión caracterizaba a la población en villas en un número cercano a 275.000 personas. Estimaciones propias, en base a los censos realizados por el Instituto de la Vivienda en los asentamientos que fueron censados durante los últimos 5 años (Playón de Chacarita, Rodrigo Bueno, Barrio Ricciardelli, Rodrigo Bueno y Barrio Padre Mugica) arrojan una población estimada de 330.000 personas. La misma preocupación despiertan los indicadores de personas en situación de calle. El “Censo Popular de Personas en Situación de Calle” realizado por un conjunto de organizaciones que aborda específicamente la problemática contabiliza al año 2017 4.394 las personas que vivían en la calle, ascendiendo a 5.872 cuando se tenía en cuenta a las personas que utilizan la red de alojamiento transitorio nocturno. El segundo censo, realizado en 2019, da un total de 7.251 personas en situación de calle. Por otra parte, el proceso de concentración económica existente y de desregulación en nuestra ciudad, durante los últimos años, ha ido generando aumento de precios, prácticas monopólicas, evasión, exclusión, etc. En este sentido, la proporción de hogares inquilinos creció 11 puntos porcentuales en el período 2003 – 2017 (pasando de 23,9% a 35,1% y los hogares propietarios han decrecido en casi iguales proporciones de 64,4% en 2001 a 52,2% en 2017), cifras que siguen creciendo hasta el presente.
– En la última sesión ordinaria, el oficialismo aprobó una serie de proyectos que buscan favorecer el acceso a los alquileres. ¿Cree que con estas medidas se podrá avanzar en ese sentido?
-Si bien celebramos que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta comprenda que la compleja problemática de acceso a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires precisa la urgente formulación de políticas públicas, desgraciadamente las propuestas presentadas no son más que algunos parches coyunturales y mucho marketing para mostrar al jefe de Gobierno como un gobernante moderado de cara a su campaña presidencial en un contexto de crecimiento dentro de la agenda pública de la problemática de los alquileres. Más allá de esta cuestión y del poco impacto que poseen estas medidas, no dejan de ser un especie de incentivos sin ningún tipo de contraprestación para teóricamente aumentar la oferta de inmuebles en alquiler. Claramente, parten de un diagnóstico equivocado, ya que la problemática es un fenómeno multicausal motivado el propio funcionamiento del mercado de suelo y vivienda, sumado a cuestiones más inmediatas como el efecto de las devaluaciones producidas a partir de 2018 en relación al desacople precio de inmuebles en dólares / salarios en pesos, efectos de la pandemia, alta inflación y la propia política urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, el mercado de alquileres no se puede analizar solamente de acuerdo a la ley de oferta y demanda ortodoxa, ya que constituye un bien de gran elasticidad, dado su carácter de necesidad vital. Además, en el actual contexto, y con un deterioro de décadas de la situación habitacional, la mayor oferta de mercado demandaría mucho tiempo en impactar en una baja prolongada y constante del precio. Particularmente en el caso del proyecto del oficialismo que pretende generar una excepción del 80% en el pago de la plusvalía para todo desarrollo inmobiliario destinado a vivienda individual y/o colectiva y usos complementarios localizados en las comunas 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10, aquí lo que existe es una oportunidad para seguir dándole beneficios a la corporación inmobiliaria, lo cual agrava al problema. Es un verdadero disparate que el proyecto no delimite qué se puede construir, ni para quien, confiando que el mercado va a resolverlo por sí los acuciantes problemas de vivienda y planificación que posee nuestra ciudad.
– Desde el CEM advirtieron acerca del crecimiento de los alquileres temporarios en la Ciudad. ¿Qué impacto podría tener esto en los alquileres tradicionales?
-En todas las ciudades en las cuales se han desplegado los alquileres temporarios a través de plataformas digitales se ha agravado el problema del acceso a la vivienda para quienes habitan los territorios. No es un mero problema comercial sino que implica impactos urbanos y habitacionales severos; una de las consecuencias fundamentales de este fenómeno es que la brecha entre los ingresos de los hogares y el precio del alquiler permanente se amplía en todo el mundo. En julio 2018 en Buenos Aires se alcanzó el máximo de noches reservadas por propiedad, con un promedio de 17 noches. Con un precio promedio de 63 dólares por noche, significaron 1.071 dólares que, al tipo de cambio ese mes (28 pesos coincidente entre oficial y paralelo) representaron 29.988 pesos para una propiedad promedio. En ese momento, el precio promedio mensual de departamentos en alquiler de 1 a 5 ambientes usados y a estrenar en la ciudad era de 13.242 pesos. Es decir que, a grandes rasgos, con poco más de una semana de alquiler temporario se equiparaba los ingresos generados en un mes de alquiler permanente. En las 22 ciudades argentinas relevadas a inicios de 2023 hay 29.656 ofertas totales en Airbnb, de las cuales 26.469 corresponden a propiedades completas, es decir que el 89% de las ofertas son viviendas que se alquilan enteras. En tanto las ofertas se mantienen a lo largo del año, es posible plantear la hipótesis de que casi 9 de cada diez alquileres temporarios a través de la plataforma serían inmuebles destinados exclusivamente a este mercado inmobiliario. El crecimiento de los alquileres temporarios profundiza la competencia entre la oferta de alquileres temporarios y la de los permanentes. Más de 15.000 propiedades en la Ciudad de Buenos Aires que podrían abastecer la oferta de alquileres permanentes han sido desplazadas hacia el mercado de alquileres temporarios. En 2019 esta misma estimación se encontraba en las 9.338 unidades, de manera tal que sólo en cuatro años -y con una pandemia de por medio- creció 62%. Además, en diferentes ciudades del mundo se empiezan a visualizar vínculos entre la proporción de ofertas de Airbnb y la construcción de tipologías específicas de departamentos. En Buenos Aires las tipologías ofertadas son en su mayoría pequeñas propiedades: el 95% de los alquileres temporarios corresponden a departamentos de 1 y 2 ambientes.
– ¿De qué forma podría la Legislatura frenar el avance de los alquileres temporarios?
-Una primera medida para mitigar el impacto negativo de los alquileres temporarios es contar con información precisa y actualizada. Es necesario que las empresas de las plataformas abran los datos. Con información adecuada, se pueden promover políticas públicas que incluyen cuestiones comerciales, de fiscalidad y turísticas, y abordarlo integral e integradamente con la política habitacional. Además, generar políticas segmentadas de acuerdo a tipo de propietarios según el tipo y la cantidad de propiedades que ofertan. En este sentido, hemos presentado un proyecto con la siguientes prioridades: sanciones más severas y transparentes a los locadores y a las plataformas que no cumplan con la ley; pasar el control de Ministerio de Turismo a la Agencia Gubernamental de Control (AGC), como en cualquier comercio; y por último, los fondos recaudados en concepto de multas deberán ser afectados al financiamiento de operatorias de alquiler social llevadas adelante por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires.
Se trata de un paquete de medidas que habían sido anunciadas por Horacio Rodríguez Larreta: incentivos a los alquileres, un régimen de co-vivienda y una exención en el pago del derecho para el desarrollo urbano de predios destinados a la vivienda familiar.
Cómo lo anunció semanas atrás el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, la Legislatura porteña aprobó en la sesión de este jueves un paquete de medidas a través del cual se buscará favorecer el acceso a la vivienda y se impulsó un beneficio para que los desarrolladores inmobiliarios creen viviendas en las comunas más afectadas por la falta de alquileres.
En este contexto, los legisladores sancionaron con 31 votos a favor y 21 en contra un nuevo régimen de co-vivienda, mediante el cual se buscará favorecer a todas aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y/o afectados por el déficit habitacional.
La medida contó con el aval de Vamos Juntos (VJ), Republicanos Unidos (RU), Partido Socialista (PS) y UCR-Evolución (UCR-EV); mientras que el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Frente de Todos (FdT) y La Libertad Avanza (LLA) se opusieron.
El texto recientemente aprobado plantea que pueden convertirse en co-viviendas todas aquellas propiedades de dominio privado de la Ciudad y del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC); inmuebles de dominio privado sujetos de derecho público estatales, no estatales y de personas jurídicas. De esta manera, serán contemplados para este régimen los terrenos sin edificar; terrenos con edificaciones en obra, interrumpidas o en curso de ejecución; y los terrenos con edificaciones concluidas que deban ser refuncionalizados.
Este régimen tiene por finalidad la generación de una herramienta de política pública que tienda a promover -en el marco de las competencias de la Ciudad de Buenos Aires- el efectivo ejercicio del derecho al hábitat en el contexto del déficit habitacional existente en la actualidad a nivel nacional e internacional.
Por otro lado, este mismo jueves los legisladores aprobaron con 36 votos positivos y 21 en contra otra ley que buscan incentivar los alquileres a través de la exención del pago de la Tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza, y del Impuesto Inmobiliario. La iniciativa contó con el aval de los bloques VJ, RU, PS, UCR-Ev y LLA y el rechazo de FIT y FdT.
De acuerdo al texto podrán acceder a este beneficio todos los contratos que se firmen desde la promulgación de la ley hasta el 31 de diciembre del 2023; los inmuebles que no tengan una valuación fiscal superior a diez millones de pesos; el precio del contrato de locación no debe superar los 220 mil pesos mensuales del año inicial de su celebración; el beneficiario y el inmueble no deben poseer deudas exigibles e impagas a favor del GCBA; el beneficiario no debe estar incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; entre otros puntos.
Asimismo se sancionó con 36 votos a favor y 21 en contra otra ley que busca eximir del pago del 80% del Derecho para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable a los desarrollos inmobiliarios destinados a vivienda individual y/o colectiva y usos complementarios a la vivienda localizados en las Comunas 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. La medida contó con el aval de VJ, RU, PS, UCR-Ev y LLLA y el rechazo del FIT y FdT.
El debate en el recinto
La legisladora de VJ y presidenta de la Comisión de Vivienda, Cecilia Ferrero, aseguró que “no solo estamos impulsando una serie de medidas que tienden a generar alivio fiscal a los propietarios e inquilinos, como así también para favorecer el desarrollo inmobiliario de vivienda en barrios con menor desarrollo. También hemos generado un debate sobre nuevas formas de acceso a la vivienda que se salen del clásico binomio ‘alquiler o acceso a la propiedad’. Es así que presente un proyecto de co vivienda, que hoy aprobamos y que busca generar un nuevo paradigma de acceso a la vivienda”.
“Con la covivienda lo que va a suceder es que vos a decidir juntarte con amigos, con tu familia, para diseñar el lugar donde queres vivir, y ahí vas a poder presentarte a concurso sobre terrenos públicos de la ciudad que van a permanecer siendo de la ciudad pero el edificio que vos construyas, junto a tus amigos, junto a tu familia, lo vas a poder usar hasta por 70 años y que incluso se puede renovar. Para construir este edificio podés contar con ahorros propios y podés pedirle financiamiento también al Instituto de la Vivienda de la Ciudad”, continuó la legisladora.
A la vez que planteó que “la ventaja de esto es que es mucho más barato que acceder a un crédito hipotecario, porque en este caso el valor del suelo, se detrae del costo de la cuota mensual, pagando así un canon por lo que se denomina técnicamente el derecho real de superficie. Es una ventaja frente al alquiler, ya que te da la seguridad en la tenencia, se trata de tu lugar por 70 años que es lo que establece el Código Civil” e indicó que “si bien este es un régimen que nosotros impulsamos como una política pública, pero que también buscamos que pueda darse entre privados, ya que es un modelo que funciona muy bien en Barcelona, Dinamarca, Uruguay y que en Madrid también está surgiendo en el ámbito privado de cooperativas”.
En ese contexto, el presidente del bloque UCR-Evolución (UCR-Ev), Marcelo Guouman, afirmó que “son proyectos que intentan ayudar a reconstruir progresivamente el mercado de alquiler en la Ciudad. En un contexto macroeconómico muy complejo, los proyectos incentivan, vía exenciones impositivas, el incremento de las unidades para alquilar y al mismo tiempo favorecer a los inquilinos con mayor oferta. Por último, se fomenta el asociativimismo para proyectos de covivienda, con créditos del IVC, y la construcción en el sur de la Ciudad”.
Por su lado Mercedes De Mendieta (FIT) consideró que “el paquetazo de leyes que se votaron en la Legislatura son pura demagogia de Larreta en medio de la campaña electoral” y remarcó que “fueron presentadas como propuestas para ‘aliviar los alquileres’ pero en realidad son beneficios para los propietarios, con exenciones impositivas para los dueños, las constructoras y ni una medida para los inquilinos que vivimos un verdadero drama. Con la inflación, hoy el precio del alquiler de un monoambiente ronda los 95 mil pesos, muy por encima del salario mínimo, vital y móvil”.
“Casi la mitad del salario de les trabajadores se pierde en alquilar. Mientras hacen marketing electoral, Larreta desaloja en Floresta a 36 familias de sus viviendas sin darle ninguna solución digna, trayendo y llevando a las familias por hoteles e inquilinatos inhabitables”, advirtió.
Asimismo la peronista Claudia Neira (FdT) explicó que “no acompañamos estos proyectos y lo digo con dolor, hubiese sido muy bueno poder habido tener una solución conjunta. Estas medidas van a tener cero impacto, no hay ningún tipo de dato real, son más medidas electorales que no van a tener un impacto real”, aunque reconoció: “tenemos un problema, claramente definido por la inflación y la ley de alquileres con su actualización; pero también hay otra pata, que tiene que ver con la forma en la que el Ejecutivo que ha construido a lo largo de estos años, incentivando el desarrollo inmobiliario pero que no está pensada en relación a las personas”.
Mientras que la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) Rebeca Fleitas indicó que “no se pueden dar soluciones con parches transitorios como estos. Para darle una solución la gente podrían hablar con sus pares y pedir la derogación de la Ley de Alquileres, que fue impulsada por Juntos por el Cambio. Desde hace años vemos como el Estado quiere regular los alquileres en ‘protección al más débil’ pero no da resultado, claramente el accionar estatal resulta peor en el contexto de la crisis actual que tenemos en la Argentina”.
La Legislatura se reúne desde las 11.45 para tratar un paquete de medidas tendientes a para promover el alquiler de viviendas de uso familiar. Además se evaluarán nuevas regulaciones para instituciones que hospedan a adultos mayores.
Después de un mes sin actividad en el recinto, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires desde las 11.45 para llevar a cabo una nueva sesión ordinaria, en la que se tratará un amplio temario, en el cual se incluye un paquete de medidas tendientes a favorecer el acceso al alquiler de viviendas familiares.
El temario fue definido durante la labor parlamentaria presidida por Emmanuel Ferrario (VJ). De acuerdo a esa reunión y en relación a las medidas para acceso a la vivienda, se debatirá una ley de incentivos, otra iniciativa que propone eximir del 80% de los impuestos al derecho de desarrollos urbanos y hábitat cuando sean destinados a viviendas de uso individual o colectivo, y asimismo se tratará otra normativa referida a las co-viviendas.
En cuanto a los geriátricos, un proyecto de la legisladora Ana María Bou Pérez (VJ) y otros posteriores presentados fueron analizados y compatibilizados en las comisiones de Salud y de Políticas de Promoción e Integración Social. El nuevo marco legal que se votará busca actualizar la normativa ya existente, “siguiendo las líneas de acción de envejecimiento saludable propuestas y propiciadas por la Organización Mundial de la Salud”, tal como expresan los fundamentos.
Por otra parte, a iniciativa de la Jefatura de Gobierno, se votará un proyecto para “dejar sin efecto el Impuesto de Sellos (…) respecto de las liquidaciones o resúmenes periódicos que las entidades emisoras de tarjetas de crédito o compra hubieran generado desde el día 22 de diciembre de 2022 hasta el día 9 de marzo de 2023”. Es que desde esa fecha en adelante, dicho impuesto ya quedó exento por una ley anterior.
Los legisladores porteños se reunirán a partir de las 11 para llevar a cabo una nuevas sesión ordinaria en la que preven tratar, además, un proyecto para que las mascotas puedan ingresar a los geriátricos.
Tras un mes sin sesiones, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reunirá este jueves a partir de las 11 para llevar a cabo una sesión ordinaria en la que buscará darle aprobación a un paquete de medidas anunciadas por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tendientes a favorecer el acceso a la vivienda.
Respecto de los alquileres, se debatirá una ley de incentivos, otra iniciativa que propone eximir del 80% de los impuestos al derecho de desarrollos urbanos y hábitat cuando sean destinados a viviendas de uso individual o colectivo, y asimismo se tratará otra normativa referida a las co-viviendas.
Por otro lado, los legisladores tienen contemplado debatir -de acuerdo al extenso temario- buscarán darle aprobación a un proyecto que permitirá el acceso de mascotas a los geriátricos. El nuevo marco legal que se votará busca actualizar la normativa ya existente, “siguiendo las líneas de acción de envejecimiento saludable propuestas y propiciadas por la Organización Mundial de la Salud”, tal como expresan los fundamentos.
Por otra parte, a iniciativa de la Jefatura de Gobierno, se votará un proyecto para “dejar sin efecto el Impuesto de Sellos (…) respecto de las liquidaciones o resúmenes periódicos que las entidades emisoras de tarjetas de crédito o compra hubieran generado desde el día 22 de diciembre de 2022 hasta el día 9 de marzo de 2023”. Es que desde esa fecha en adelante, dicho impuesto ya quedó exento por una ley anterior.
Las comisiones de Vivienda y Presupuesto se reunieron para seguir evaluando una propuesta que busca aumentar las propiedades disponibles para alquiler.
Tal y cómo lo anunció días atrás parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúa analizando una serie de propuestas tendientes a mejorar la crisis habitacional que golpea al distrito capitalino. Por lo que las comisiones de Vivienda –a cargo de Cecilia Ferrero (VJ)- y la de Presupuesto –presidida por Claudio Romero (VJ)- se reunieron nuevamente para seguir avanzando con el debate por los incentivos fiscales.
En ese sentido, la oficialista Paola Michielotto (VJ), una de las legisladoras que formó parte del plenario de comisiones y autora del proyecto que busca promover una serie de incentivos fiscales. “Se trata de un proyecto de ley que tiene como objetivo promover a través de incentivos fiscales, el incremento de la oferta de inmuebles en alquiler, en el ámbito de CABA”, indicó.
“Se exime del pago de ABL e Impuestos Inmobiliarios, a aquellos inmuebles sujetos de un contrato de alquiler, cuya Valuación Fiscal Homogénea no sea superior a los 10 millones de pesos y cuyo valor de alquiler mensual no supera los 220 mil pesos”, continuó la legisladora.
Al mismo tiempo que precisó que “estas exenciones serán de aplicación para contratos formalizados a partir de la promulgación de la Ley, hasta el 31 de diciembre de este año y por un plazo de 36 meses o el plazo del contrato de ser menor, las referidas exenciones tendrán diciembre de 2026”.
“Es una gran iniciativa para mejor el acceso al alquiler en la Ciudad de Buenos Aires”, concluyó la legisladora.
Cabe recordar que además de estas exenciones impositivas, la Legislatura se encuentra en pleno análisis de otras propuestas tendientes a mejorar la situación habitacional del distrito. Por un lado, el régimen de co vivienda, se trata de una propuesta que ya está rigiendo en otros países del mundo, y que busca pensar el acceso a la vivienda por fuera de un sistema de compra y el de alquiler. De acuerdo a la iniciativa, no se accede a la vivienda como propiedad, sino que se accede al derecho real de superficie por un plazo extendido en el tiempo; la forma de acceder es a través de asociaciones o grupos de personas que podrán agruparse en distintas modalidades y herramientas jurídicas, como por ejemplo, mutuales, asociaciones civiles, cooperativas, fideicomisos. El régimen busca que las personas sin vivienda y con determinado nivel de ingresos se puedan agrupar y acceder a la construcción de un edificio con facilidades de financiamiento, en donde el terreno ya sea que lo ponga el IVC u alguna jurisdicción, quede en cabeza del propietario pero esa construcción pueda ser utilizada y usufructuada por este grupo de personas por hasta 70 años.
En tanto sobre la iniciativa en relación a la exención de plusvalía para la construcción de viviendas, el Gobierno de la Ciudad propuso que la misma sea del 80% para los desarrolladores urbanos. El mismo busca eximir del pago del Derecho para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable –conocido como plusvalía urbana- a los desarrollos inmobiliarios destinados a vivienda individual localizados en las Comunas 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10.
La iniciativa presentada por el diputado radical Fabio Quetglas cuenta con el aval del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad.
El diputado nacional Fabio Quetglas (UCR) recogió una propuesta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires y presentó un proyecto de ley que apunta a generar incentivos fiscales para aumentar la oferta de inmuebles en alquiler para viviendas familiares.
En medio de la crisis por los alquileres, la iniciativa propone una serie de beneficios que habían sido contemplados cuando se debatió una reforma de la actual Ley de Alquileres -a propuesta de los propietarios-, pero finalmente el tema no se trató nunca en el recinto.
En concreto, el proyecto prevé que todas las unidades inmobiliarias en manos de monotributistas se computen como una sola unidad de negocios y no se los califique como responsables inscriptos cuando superen los 3 inmuebles como lo indica la ley vigente; también exime de Bienes Personales a los inmuebles puestos en alquiler, y reduce del 35% al 15% de la tasa de impuesto a las Ganancias para los ingresos de alquiler para viviendas.
El número de viviendas en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires es de solo algo más de 1.000 unidades, cuando el promedio histórico es de unas 9.000, lo que provoca una crisis entre las miles de personas que no encuentran hogar.
En este sentido, Quetglas argumentó que “adoptar medidas que atiendan el aspecto impositivo y la carga administrativa que recae sobre los propietarios debería ser algo obligatorio a fin de estimular y facilitar el funcionamiento del sector inmobiliario y contribuir a paliar un problema que se agrava con el correr de los años”.
“Con independencia de los aspectos regulatorios, es posible y necesario generar incentivos fiscales, de modo tal que poner una propiedad en alquiler para vivienda permanente, resulte razonablemente atractivo y se pueda recuperar la oferta”, señaló el radical.
La iniciativa fue acompañada por sus pares Mario Negri, Martín Tetaz, Cristian Ritondo, Karina Banfi, Francisco Monti, Fernando Iglesias, Lisandro Nieri y Rodrigo de Loredo.
La presidenta de la Comisión de Vivienda analizó los recientes anuncios de Rodríguez Larreta para fomentar los alquileres en la Ciudad y desmenuzó las iniciativas que el Parlamento porteño analizará en las próximas semanas.
En el marco de la crisis habitacional que enfrenta la Ciudad de Buenos Aires y en medio del reclamo por la derogación de la Ley de Alquileres, la presidenta de la Comisión de Vivienda y diputada de Vamos Juntos (VJ), Cecilia Ferrero, participó en un mano a mano con parlamentario.com para analizar las medidas anunciadas por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para impulsar el acceso a la vivienda en el distrito capitalino.
Además dio detalles acerca de los proyectos que llegarán a la Legislatura porteña en los próximos días y que la comisión que preside tendrá que poner en tratamiento. “Las iniciativas que vamos a tratar acá en la Legislatura tienen que ver con la rebaja o eliminación de Ingresos Brutos o ABL para aquellos contratos de locación registrados y que, de esta manera, constituyan una medida que aliente a los propietarios a volcar más viviendas al mercado del alquiler”, comenzó diciendo.
“Y la otra iniciativa en la que he trabajado fuertemente en los últimos meses tiene que ver con pensar nuevas formas de acceso a la vivienda, no solamente pensar en la compra-venta y el alquiler, sino un régimen de co vivienda”, añadió.
-¿Qué análisis puede hacer acerca de la crisis habitacional que está atravesando la Ciudad? ¿A qué se debe esta situación?
-La crisis habitacional que posee la Ciudad de Buenos Aires no es ajena a la crisis económica que atraviesa el país. Y se debe en gran parte, justamente, a este problema inflacionario que impide el acceso a créditos para la compra, como así también impide la previsibilidad de la negociación entre propietarios e inquilinos en relación al precio del alquiler debido a la Ley de Alquileres que está vigente actualmente. Por lo tanto, tanto la macro economía, el problema inflacionario, es una barrera de acceso a cualquier política habitacional. La Ley de Alquileres debe ser modificada urgentemente, está pendiente de tratamiento, y es uno de los mayores problemas con los que la Ciudad de Buenos Aires, así como el resto del país, tiene para resolver y morigerar la crisis habitacional.
– Una de las principales preocupaciones de los porteños es el acceso a la vivienda, ¿considera que con las medidas recientemente anunciadas por el jefe de Gobierno porteño podrá mejorarse esa situación?
-Las medidas anunciadas por el jefe de Gobierno apuntan a romper en algunos casos o ayudar a romper la primera barrera en el acceso que es reunir el dinero para mudarse, pagar el mes de depósito y pagar el primer alquiler. Ese monto inicial de ingreso, muchas veces, es una de las barreras por lo que con el programa “Alquiler más fácil” se busca ayudar a aquel que puede pagar un alquiler pero tiene ese problema como primera barrera de acceso. Otra de las medidas tiene que ver con la garantía, muchas veces la exigencia de una garantía hipotecaria es otra barrera, por lo que el programa de garantía de caución con financiamiento por parte del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (Ivc) es una herramienta de suma ayuda. Por otro lado, el caso de los créditos para refacción de las viviendas que se encuentran disponibles para alquilar pero que por sus condiciones edilicias no se encuentren en un estado óptimo y que por eso no están en el mercado, busca resolver esta situación. Estas tres medidas concretas y estos programas no son suficientes para terminar con la crisis habitacional pero si pueden ser de ayuda para aquellas personas que tienen este nivel de dificultad o demanda.
– Puntualmente, ¿cuáles serán las iniciativas que se remitirán a la Legislatura?
-Las iniciativas que vamos a tratar acá en la Legislatura tienen que ver con la rebaja o eliminación de Ingresos Brutos o ABL para aquellos contratos de locación registrados y que, de esta manera, constituyan una medida que aliente a los propietarios a volcar más viviendas al mercado del alquiler. Y la otra iniciativa en la que he trabajado fuertemente en los últimos meses tiene que ver con pensar nuevas formas de acceso a la vivienda, no solamente pensar en la compra-venta y el alquiler, sino un régimen de co vivienda, el cual ya funciona en otros lugares del mundo y que tiene que ver con el acceso a la vivienda por un plazo largo de tiempo. Es decir, no se accede a la vivienda como propiedad, sino que se accede al derecho real de superficie por un plazo extendido en el tiempo; la forma de acceder es a través de asociaciones o grupos de personas que podrán agruparse en distintas modalidades y herramientas jurídicas, como por ejemplo, mutuales, asociaciones civiles, cooperativas, fideicomisos. El régimen busca que las personas sin vivienda y con determinado nivel de ingresos se puedan agrupar y acceder a la construcción de un edificio con facilidades de financiamiento, en donde el terreno ya sea que lo ponga el IVC u alguna jurisdicción, quede en cabeza del propietario pero esa construcción pueda ser utilizada y usufructuada por este grupo de personas por hasta 70 años. Son nuevas formas de acceso a la vivienda, va a ser un debate muy interesante de dar porque es innovador y ya se probó en otras ciudades del mundo, ya está funcionado y nosotros estamos convencidos de que la Ciudad tiene que contar con esta herramienta.
– Desde la oposición vienen planteando desde hace varios meses una reconfiguración del microcentro, a fin de convertir oficinas vacías en departamentos. ¿Está previsto avanzar en este sentido?
-El plan de reconversión del microcentro está llevándose adelante, está en cabeza del Ministerio de Desarrollo de la Ciudad, tengo entendido que el plazo de presentar proyectos de reconversión de oficinas en viviendas sigue vigente y que ya se han presentado varios, algunos ya en ejecución. En los próximos meses o directamente el otro año veremos muchos edificios de oficinas convertidos en unidades de vivienda. Así también el Banco Ciudad promueve créditos para mudarse al microcentro.
Se trata de una iniciativa de Gustavo Mola (UCR) y Lucía Romano (VJ), mediante la cual se buscará favorecer el acceso al alquiler y garantizar una mayor rentabilidad para los propietarios de las viviendas.
En medio del fuerte reclamo por la derogación de la Ley de Alquileres que rige en todo el país, los legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Gustavo Mola (UCR-Ev) y Lucía Romano (VJ), presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley para modificar el Código Fiscal vigente con el objetivo de aliviar la carga tributaria de los inquilinos y propietarios de viviendas en alquiler.
El proyecto busca elevar el importe a partir del cual las rentas por alquileres de viviendas abonan el impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad, de 75.250 a 220.000 pesos mensuales.
Además, la iniciativa propone elevar la cantidad máxima de unidades de vivienda por propietario para poder acceder al beneficio, de dos a tres unidades. De esta forma, aquellos propietarios que tengan propiedades en alquiler que no superen el nuevo monto y las tres unidades, quedarían exentos de pagar dicho impuesto.
En ese sentido, los legisladores argumentan que esta medida “busca favorecer el acceso a la vivienda con valores que se adecuen a los deprimidos salarios de los inquilinos y a la vez generar un incentivo a los propietarios para que eleven su margen de rentabilidad y decidan incorporar sus inmuebles a la oferta en alquiler”.
“El código fiscal vigente se encuentra desfasado y distante de la realidad comercial y del mercado, debido a la espiral inflacionaria que sacude fuertemente al país y que ha elevado rápidamente el valor de los alquileres, que hoy superan por mucho el importe actual establecido para el impuesto. Modificar esta ley es necesario para adecuarla a la realidad y respetar los principios constitucionales aplicables a la materia tributaria de Capacidad Contributiva y Razonabilidad”, agregaron.
Al mismo tiempo que concluyeron precisando que “dada la coyuntura económica es necesario tomar medidas para aliviar a las personas que ya tienen una fuerte carga tributaria, y darles un respiro para que puedan sortear las dificultades que venimos atravesando”.
“En caso de aprobarse la iniciativa, junto con el paquete de medidas anunciadas por el Ejecutivo de la Ciudad para ordenar el mercado inmobiliario, los vecinos de la ciudad se verían altamente beneficiados”, sentenciaron.
El legislador de Vamos Juntos dialogó con parlamentario.com para pedir la derogación de la normativa que regula los alquileres y explicó que el fracaso de la misma se debió a la escalada inflacionaria.
El presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano y diputado de Vamos Juntos (VJ), Daniel Del Sol, dialogó con parlamentario.com acerca del pedido del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, para derogar la actual Ley de Alquileres y las medidas que propuso para fomentar los alquileres en el distrito capitalino.
En ese sentido, el oficialista afirmó que “está claro que la Ley de Alquileres no dio los resultados que se esperaban, en gran parte por no haber podido controlar ni bajar la inflación” y remarcó: “por lo tanto estoy a favor de todo tipo de medidas que ayuden a vecinos, tanto inquilinos como propietarios”.
“De todas formas no deja de ser un beneficio local para paliar las deficiencias de una ley nacional que necesita ser reformulada con urgencia”, sentenció Del Sol.
Cabe recordar que Rodríguez Larreta anunció que buscará fortalecer programas ya existentes a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) para “facilitar los alquileres”, sostuvo Rodríguez Larreta. En primer lugar, el programa Garantía + fácil bonificará hasta el 70% del seguro de caución, siendo aplicable para alquileres de hasta 654 UVAs, que a valor de hoy tiene un monto tope de 145.319 pesos. Algo por lo cual el inquilino podrá recurrir a un instrumento alternativo a una garantía propietaria.
En segunda instancia, a través del primer mes del alquiler, depósito, mudanza y garantía. Estos podrán pagarse en hasta 36 cuotas y tendrá un máximo correspondiente a 1962 UVAs, es decir, 438.958 de pesos.
Por último el programa Refacción + fácil, que financia reformas en viviendas desocupadas para aumentar la oferta y agregar valor a inmuebles para mayor comodidad de los inquilinos, tendrá un monto máximo de 6500 UVAs. La cuota variará según el Coeficiente de Valor Salarial (CVS), sin tasa de interés y con un plazo de pago de entre uno y ocho años.
El jefe de Gobierno porteño anunció que buscará fortalecer programas del IVC que ya se encuentran vigentes y sumará medidas que apuntan a la reducción de impuestos y la modificación de regulaciones.
En medio de la polémica por las viviendas ociosas y en un marco de crisis habitacional, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este jueves una serie de medidas tendientes a fomentar los alquileres dentro del distrito capitalino. Además pidió derogar la Ley de Alquileres que rige en todo el país.
“Ya no es que se puede acceder a comprar una vivienda, no se puede ni alquilar. Tenemos que ser capaces de derogar la ley”, comenzó diciendo el pre candidato a presidente de la Nación, quien remarcó que “no hay laburo que alcance, no hay sueldo que alcance y menos en esta situación de inflación ya totalmente fuera de control”.
A su vez planteó que “el tema es hoy una prioridad. Hay muchísimos inquilinos en la ciudad de Buenos Aires y el registro de los alquileres no es total, hay agujeros por todos lados. Queremos trabajar y colaborar en beneficio para la clase media porteña, dar previsibilidad a un sector muy golpeado”.
Es por ello buscará fortalecer programas ya existentes a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) para “facilitar los alquileres”, sostuvo Rodríguez Larreta. En primer lugar, el programa Garantía + fácil bonificará hasta el 70% del seguro de caución, siendo aplicable para alquileres de hasta 654 UVAs, que a valor de hoy tiene un monto tope de 145.319 pesos. Algo por lo cual el inquilino podrá recurrir a un instrumento alternativo a una garantía propietaria.
En segunda instancia, a través del primer mes del alquiler, depósito, mudanza y garantía. Estos podrán pagarse en hasta 36 cuotas y tendrá un máximo correspondiente a 1962 UVAs, es decir, 438.958 de pesos.
Por último el programa Refacción + fácil, que financia reformas en viviendas desocupadas para aumentar la oferta y agregar valor a inmuebles para mayor comodidad de los inquilinos, tendrá un monto máximo de 6500 UVAs. La cuota variará según el Coeficiente de Valor Salarial (CVS), sin tasa de interés y con un plazo de pago de entre uno y ocho años.
En otro orden de cuestiones, Rodríguez Larreta también anunció que enviará proyectos a la Legislatura para continuar paleando la crisis habitacional. Uno de los temas a tratar será la exención de Ingresos Brutos para contratos de alquiler, mediante el aumento del tope de exención de 75 mil a 220 mil y la cantidad máxima de departamentos a eximir por propietarios de dos a tres. Asimismo, otra medida tenderá a facilitar la rentabilidad del alquiler tradicional mediante la eximición temporal de ABL: el período sería de 1 a 3 años, y el valor máximo de alquiler a topear es de 220 mil pesos.
También se someterá a proceso parlamentario un incentivo a la construcción de viviendas en zonas estratégicas, mediante la exención del 80% plusvalía que pagan las construcciones, específicamente en las Comunas 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. De esta manera, se buscará aumentar la densificación en dichas zonas.
La legisladora del FdT reflexionó acerca de las dificultades que enfrentan los jóvenes para acceder a un alquiler y aseguró que en el distrito capitalino hay más de 200 mil casas desocupadas.
Mientras a nivel nacional se evalúa la posibilidad de suspender la Ley de Alquileres actual, la legisladora del Frente de Todos (FdT) Ofelia Fernández se refirió a las dificultades que enfrentan los jóvenes para abandonar la casa familiar e insistió en la necesidad de pensar políticas públicas para terminar con las viviendas ociosas en la Ciudad de Buenos Aires.
En ese sentido, la opositora planteó que “no hace falta que yo explique lo jodido que se puso irte de la casa de tu familia, alquilar y ni hablar de comprar una casa, que es algo que parece que ninguno de nosotros vaya a poder hacer. Uno pensaría que a los jóvenes les está yendo bárbaro porque están yendo a los recitales, festivales y restaurantes; pero claro, uno gasta la plata ahí porque si no la estás guardando ¿para qué cosa? “.
“La vivienda, el derecho número 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cada vez está más lejos? Hoy alquila el 35% de las familias, hace 15 años sólo el 20%, pero el tema también es ¿Cuánta de tu guita se va en el alquiler? Para 1955, después de medidas regulatorias, el alquiler representaba el 3% del salario de una persona. Vamos a fingir demencia económica para que se entienda: ponele que ganabas 100 pesos, se te iban tres al alquiler; hace diez años, con cien pesos se te iban 28 al alquiler; ahora, con 100 se van 40; y si encima tenés entre 18 y 29 años, en promedio se van 60 de 100 al alquiler”, agregó tajante.
Sobre esa misma línea, la diputada remarcó que “está dedicar a las que encontré en la Capital Federal, en la que soy legisladora hace poco más de tres años. En esta ciudad hay tres millones y pico de habitantes, siempre, desde hace décadas tenemos la misma cantidad. Pero hay más viviendas construidas, de hecho hay un millón y medio, y por alguna razón se vive peor, cuesta más vivir en la Ciudad” y se preguntó: “¿cómo se explica esta matemática en la que hay la misma gente, más viviendas y peor calidad de vida? ¿De dónde sale poner un edificio? Bueno, muchas veces es fácil. Compras un terreno, pones un edificio y fin… pero muchas otras veces, para hacerlo, necesitan del Estado para que se puedan construir más pisos en un barrio, para que los eximan de algunos impuestos, para hacerlo en un terreno público fiscal, entre otras herramientas. Eso en general lo discute la Legislatura con el nombre de rezonificación, excepción al Código Urbanístico, beneficio impositivo, convenio urbanístico, sesión de tierras públicas, etc. He visto pasar muchos de estos proyectos, que en general terminan en torres de lujo con viviendas carísimas y vacías”.
“Hay 200 mil viviendas vacías en la Ciudad, esto es como si Barracas, Palermo, La Boca y Parque Patricios fuesen enteros barrios fantasmas. Lo que a mí me altera principalmente es ¿por qué la política de la Ciudad está tan regalada? O sea ¿por qué el Estado tiene que ayudar al sector inmobiliario a tener departamentos vacíos? ¿Es esto normal? Para mí no”, continuó Fernández. Al mismo tiempo que reconoció que “lo que le pasa a Buenos Aires de tener casas sin gente y gente sin casas, alquileres muy caros, compras directamente inalcanzables, y que encima si tenes una propiedad preferís ponerla en Airbnb que en alquiler formal, o directamente dejar la casa vacía, sí le pasa a otras ciudades pero hay que ver que hicieron”.
Es por ello que ejemplificó la situación con las medidas adoptadas por algunas de las ciudades más resonantes del mundo. “Por ejemplo, Berlín aprobó la expropiación de 240 mil viviendas y ya acordó la adquisición de 15 mil para alquiler social, es decir que eligen el precio y para que sectores de la sociedad es más importante. Pero además, al poner a competir viviendas del Estado, las inmobiliarias tienen que anclar sus propios precios para que la competencia tenga algún sentido y alguien les quiera alquilar”, detalló.
“En el caso de Nueva York, si da beneficios a un desarrollo inmobiliario cómo los que nombré antes, les dice ‘todo bien, te ayudo con esta norma pero vos el 30% de estos departamentos los pones a este precio o se los alquilas a este sector de la población’. Más cerca, en Montevideo, si una vivienda está vacía un año, tienen que empezar a pagar un impuesto progresivo; en Chile, donde el Gobierno promueve un subsidio de hasta cinco años para quienes quieran irse de la casa familiar”, siguió.
Sobre esa misma línea lanzó: “¿Te gustó más uno? ¿Te gustó más otro? Buenísimo, ejemplos hay muchos. El tema es que buenos Aires no tiene ninguno, nada. ¿Cómo puede ser que existiendo tantas herramientas elijas no usar ninguna? Acá o tienen un negocio o son medio tarad…, porque si no te parece que esté bien ninguna de las medidas anteriores, al menos invéntate algo”.
Fernández también opinó que “esto no es normal, de hecho es desesperante. Las inmobiliarias están directamente llamando de a 20 personas a ver el mismo departamento y les dicen que hagan una carrera a la inmobiliaria a ver quién llega primero y hace la reserva. Encima de esta cacería demencial, cuando llegas y querés reservar te dicen ‘bueno, viste que esto está muy solicitado, así que sube 20 lucas por sobre el precio de la página’. O buscas departamento y están todos en dólares, cuando vos ganas en pesos y el negocio es en pesos. La mano de obra, los materiales de construcción, es directamente un choreo…”.
“¿Pensamos hacer algo al respecto? Tenemos pensada una serie de proyectos, tenemos tantos otros ya presentados y en estas semanas me ocupar de mostrarlos. Como en todo, nuestra generación va a ser la que tenga que intervenir su presente a tiempo para cambiar su futuro. Hay que imaginar ese futuro, pelearlo y construirlo, porque esto no es normal y no hay que acostumbrarse. Esto se puede poner todavía peor, por eso hay que hacer un llamado urgente por el derecho a la vivienda”, completó.
El proyecto fue presentado por la senadora oficialista Ana María Ianni el cual propone crear un “Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico” para abordar la problemática de la competencia desleal en alojamientos turísticos.
La senadora nacional Ana María Ianni (Unidad Ciudadana/FdT- Santa Cruz) presentó un proyecto de ley para regular los contratos de locación temporaria con fines turísticos y propone crear un “Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico Temporario”.
Según informó, la iniciativa la impulsó debido a la “nuevo desafío que presupone el incremento de la oferta de unidades de vivienda turística que se alquilan de forma temporaria ofrecidas – en su gran mayoría – por empresas de alojamiento organizadas a través de plataformas virtuales, y ante la falta de un marco regulatorio nacional de registración, control y fiscalización”.
Y precisó que el proyecto de ley propone crear en el ámbito del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación el Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico Temporario.
En su carácter de vicepresidenta de la Comisión de Turismo del Senado de la Nación sostuvo: “No puedo dejar de escuchar y atender el reclamo de los prestadores de servicios y las inquietudes de los consumidores ante esta situación que preocupa y afecta seriamente al sector”.
“Este vacío legal que hay en la actualidad hace que un porcentaje altísimo de la actividad se desarrolle dentro de la economía informal, lo que trae aparejada una serie de distorsiones que alteran de manera significativa el funcionamiento de la oferta hotelera y para hotelera tradicional configurando un escenario de competencia desleal”, expresó.
Y señaló: “Es por esta razón que con mi equipo diseñamos esta propuesta buscando una herramienta que permita optimizar la relación contractual entre prestadores y turistas, factor determinante en el posicionamiento nacional e internacional de un destino”.
En cuanto a las plataformas digitales que ofrezcan, intermedien, o celebren contratos de locación temporarios con fines turísticos, el proyecto define que las mismas deberán habilitar un campo especial para que el propietario informe el número de inscripción ante el registro de cada unidad, y dar de baja o suspender toda publicación que no posea dicho número. En caso de que la plataforma no cumpliera con esta medida podrá ser apercibida, multada o suspendida en forma definitiva.
La iniciativa también aborda “la informalidad en los alquileres temporarios de viviendas para uso turístico” que “tiene un impacto sobre los precios, la calidad y cantidad de la oferta de los alquileres formales de viviendas de uso permanente, lo que genera graves distorsiones en el mercado de viviendas de alquiler con serias consecuencias sociales y económicas para las comunidades residentes”.
“En Argentina el turismo constituye una actividad estratégica para el crecimiento y desarrollo nacional, contribuyendo de manera sustancial a la generación de empleo y a una mayor, más equitativa y equilibrada distribución de la renta nacional. Es por ello que desde el Estado se deben brindar las herramientas de gestión, y la generación y armonización de las normas de protección de las personas usuarias, consumidoras y prestadoras de los servicios turísticos en un marco de transparencia, eficacia, competitividad y sostenibilidad para los destinos turísticos”, argumentó.
Arrancó con todo 2022, con la noticia rimbombante de la renuncia del titular del bloque oficialista, Máximo Kirchner. Y cerró de manera similar, con los puentes entre el oficialismo y la oposición saltando por los aires en la Cámara baja. En el ínterin, estuvieron la renuncia del presidente de Diputados, y leyes de importancia mayúsculas aprobadas con notorias peculiaridades.
2022 fue un año que en el Congreso registró un punto de inflexión nada menos que en el último día de enero, cuando pasadas las 18 se conoció una noticia tan inesperada como impactante: la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista.
Una decisión adoptada por “no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador”. Así lo escribió el propio hijo de los Kirchner a la hora de cristalizar una decisión que venía madurando, pero que -está dicho- nadie esperaba.
Fue un sacudón, sobre todo para un oficialismo que venía por entonces enfrascado en la cuestión del acuerdo con el Fondo Monetario, un tema que abría aguas en el seno del Frente de Todos, como efectivamente se verificaría a la hora de que el acuerdo llegara al recinto.
Consciente de que le esperaba una tarea intensa en la materia, el Gobierno no demoró en elegir al sucesor de Máximo, y la elección recayó en el santafesino Germán Martínez, un hombre con mucha experiencia legislativa adquirida al lado de Agustín Rossi, quien durante muchos años estuvo a cargo de esa bancada, cuando tenía otros nombres e integrantes. En sus primeras definiciones expresadas en la Casa Rosada tras reunirse el 1 de febrero con el presidente Alberto Fernández,Martínez trató de enviar un mensaje conciliador, sobre todo hacia adentro, convencido de que necesitaba retener a todos en su bloque después de semejante sacudón. “Nos iremos conociendo, no creo que arranque ninguna nueva etapa; vengo a caminar sobre los pasos ya trazados por Máximo. Ni siquiera vengo a reemplazar a nadie, porque sinceramente creo desde lo político que Máximo es irreemplazable”, señaló entonces.
Mientras buena parte de la provincia de Corrientes ardía en llamas y los pedidos de informes y cuestionamientos estaban a la orden del día, se hacían desear las extraordinarias, convocadas oficialmente por el Poder Ejecutivo con 18 proyectos para tratar. Eran días en los que causaba conmoción el caso de droga adulterada que dejó un saldo de 23 fallecidos -generando varios pedidos de interpelación al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández-, y en ese marco fue que diputados del Frente de Todos encabezados por Carolina Gaillard presentaron un proyecto para modificar la ley que establece el Régimen Penal de Estupefacientes, con el fin de despenalizar el consumo personal.
En tanto, y al tiempo que la oposición armaba en ese febrero una marcha contra la Corte Suprema, iban floreciendo proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura, atento a que corrían los tiempos dispuestos por el Tribunal Superior para la implementación de una nueva ley.
El 9 de febrero, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, recibía al ministro de Agricultura Julián Domínguez y representantes del Consejo Agroindustrial Argentino en lo que representaba el puntapié inicial para el tratamiento del proyecto de desarrollo agroindustrial. Esa iniciativa, cuyo nombre fue variando en su referencia pública, no alcanzó a tener dictamen en las comisiones en las que se trató. Cuando estaban cerca de hacerlo, la discusión del tema Humedales se coló y alteró los ánimos en la Comisión de Agricultura y Ganadería, donde cerca estaban de alcanzar un entendimiento para dejar el proyecto listo para llegar al recinto. Finalmente el año transcurrió sin que eso ocurriera.
Con el rumor creciente de una invasión a Ucrania que finalmente sucedió, el presidente Alberto Fernández pasó por Rusia, donde le ofreció a Vladimir Putin que nuestro país fuera para ellos “la puerta de entrada de Rusia” en la región. Entre múltiples críticas de la oposición, el presidente del bloque radical de la Cámara baja, Mario Negri, consideró que el mandatario “se fue de boca en Rusia y eso en política exterior se paga”.
El debate legislativo durante ese segundo mes del año se circunscribió a lo largo de todo el mes a las especulaciones respecto de la actitud del oficialismo sobre el acuerdo con el FMI, y sobre unas sesiones extraordinarias que no se hicieron. En efecto y por primera vez desde 2009, no hubo sesiones extraordinarias a pesar del temario elaborado por el Gobierno que, como dijimos, contenía 18 proyectos, de lo más variados: el Consenso Fiscal; la reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura; la nueva Ley de VIH; la ley de cannabis medicinal e industrial, como así también la creación de parques nacionales y universidades nacionales. También figuraban la ley de desarrollo agrobioindustrial; ley de promoción de inversiones en la industria automotriz; ley de compre argentino; y ley de electromovilidad.
El 1° de marzo Alberto Fernández inauguró por tercera vez el período de sesiones ordinarias, con un discurso en el que reconoció a la inflación como “el gran problema de los argentinos”, y definió al acuerdo con el FMI como “el mejor acuerdo que el Gobierno de la Argentina podía conseguir. Me hubiera gustado que el Gobierno anterior no hubiera recurrido en 2018 al FMI y muchos menos en las condiciones que ya describí”. Y pidió al Congreso acompañar el entendimiento “para dar previsibilidad a los argentinos y argentinas”.
En ese discurso de poco más de una hora y media descartó una reforma previsional, lanzó críticas contra JxC entre otras cosas por haber rechazado el Presupuesto el año anterior y cuando volvió a insistir a la Justicia investigar a Mauricio Macri por la deuda contraída con el FMI, los diputados y senadores del Pro se levantaron de sus bancas y abandonaron el recinto mientras el oficialismo le brindaba al presidente uno de sus más cerrados aplausos de la jornada y la vicepresidenta sonreía.
“El relato mentiroso y sesgado sobre la deuda pública en Argentina que desconoce la deuda que heredó el expresidente Macri de las administraciones kirchneristas y las generadas por esta gestión (que ya acumula 65 mil millones de dólares incluyendo la deuda del BCRA) insulta la inteligencia de los argentinos y la investidura de los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación”, diría más tarde el Pro a través de un comunicado.
Uno de los integrantes de esa bancada -hoy convertido en objeto de un pedido de expulsión desde el oficialismo-, Gerardo Milman, participó de la comisión de recepción del presidente y en ese marco le pidió que iniciara su alocución con un minuto de silencio “por los muertos por Covid y por los asesinados en Ucrania”. El presidente así lo hizo y el diputado del Pro se lo agradeció desde su banca.
Al día siguiente de la Asamblea Legislativa volvieron a presentar en Diputados el proyecto de ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el uso racional y sostenible de los Humedales, que había perdido estado parlamentario por tercera vez. Leonardo Grosso había adelantado esa presentación que se hizo con la presencia de diputados, funcionarios y organizaciones ambientales, sociales y científicas.
El 3 de marzo oficialismo y oposición definieron en Diputados el cronograma para el debate del acuerdo. Recién ese día y después de que durante todo el verano se insistiera desde el Gobierno en que la presentación pública del mismo era inminente, se conoció el proyecto. Finalmente el día 7 de marzo arrancó el debate en la Cámara baja, con la presencia del jefe de Gabinete, el ministro de Economía, el titular del Banco Central y otros funcionarios.
En ese tan postergado encuentro del ministro con los diputados, Martín Guzmán no hizo referencias a ningún tipo de herencias y se limitó a detallar la manera como habían llegado al stand by del FMI en 2018. En ese marco repitió muchos de los conceptos vertidos el 28 de enero pasado, cuando junto al presidente de la Nación anunciaron el preacuerdo.
Arrancó planteando que era la primera vez en la historia en que un acuerdo entre el Gobierno y el staff del FMI sería puesto a consideración del Congreso, tras lo cual describió primero qué se buscaba alcanzar con el acuerdo. Y en ese sentido señaló que la Argentina “enfrenta una situación de un gran potencial desestabilizador la deuda, la combinación de la carga y la secuencia de vencimientos”. Advirtió entonces que “la Argentina no cuenta con recursos para hacer frente a los vencimientos acordados en 2018, lo cual pone en un clarísimo riesgo la estabilidad de la balanza de pagos en tiempos muy próximos”.
Desde la vereda de enfrente, el diputado del Pro Luciano Laspina le enrostró a Guzmán: “Usted viene al Congreso con una ley que trae un enlatado, donde nos quiere hacer socios del ajuste inevitable que tenemos por delante, porque el Gobierno en los dos últimos años, primero con la excusa de la pandemia y después de la post-pandemia, se quedó sin financiamiento y sin recursos. Y quiere asociar a la oposición y hacer responsable político al FMI de un ajuste que ustedes no pueden evitar”.
El 8 de marzo y tras una reunión con Massa, gobernadores pidieron a los diputados la aprobación del acuerdo; lo mismo hicieron ante el plenario de comisiones la CGT el Grupo de los 6. Entre los primeros, sobresalió el radical Gerardo Morales, quien rechazó un default y llamó a “honrar las deudas y actuar con responsabilidad en el Congreso”.
El dictamen se alcanzó en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas el 9 de marzo. No fue sencillo: la reunión comenzó a las 14.13 y tras un cuarto intermedio de más de tres horas, se firmó pasadas las 22. Con la intención de sumar voluntades, el Ejecutivo había atendido los reclamos y modificó el proyecto original, por lo que la redacción final del proyecto presentó tres artículos, siendo el primero el siguiente: “Apruébense, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2 de la Ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el ‘Programa de Facilidades Extendidas’ a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación de los vencimientos del ‘Acuerdo Stand By’ oportunamente celebrado en 2018 y para apoyo presupuestario. El Poder Ejecutivo Nacional suscribirá, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente”.
Ese artículo sufrió un cambio de último momento por lo cual se demoró la reanudación del debate. Originalmente decía “para apoyo presupuestario”, lo cual fue modificado por esta frase: “para fortalecimiento de las reservas”. Se quitó el artículo 2 que la oposición exigía que se borrara. El mismo expresaba: “A los fines del artículo 1°, se acompañan el ‘Memorando de Políticas Económicas y Financieras’ y el ‘Memorando Técnico de Entendimiento’, como Anexos IF-2022-20313101-APN-SLYA#MEC e IF-2022-20313142-APN-SLYA#MEC, que componen el Programa de Facilidades Extendidas mencionado en el artículo precedente y que forman parte integrante de la presente ley”.
Era imprescindible que el oficialismo cediera, pues necesitaba los votos de una buena parte de la oposición para compensar los propios que le faltarían. La discusión siempre giró en torno al texto que envió el Poder Ejecutivo y los dos artículos que incomodaban a la oposición. No solo a Juntos por el Cambio, sino también al interbloque Federal, que en conferencia de prensa en la que sus miembros había dejado clara su negativa a votar el programa económico dentro del proyecto de acuerdo con el FMI, en una postura similar a la que plantea Juntos por el Cambio, aunque con una propuesta propia.
Protagonista central de todas las negociaciones, pasado el mediodía el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, concurrió a la Casa Rosada para dialogar con el presidente Alberto Fernández. Según trascendió, el diputado le llevó al mandatario tres propuestas de la oposición y una “unificada” del Frente de Todos, que ya se mostraba dispuesto a modificar el texto del proyecto.
Las negociaciones finales se llevaron a cabo en el despacho del presidente del bloque radical, Mario Negri. Allí concurrieron, además de miembros de JxC Germán Martínez y Sergio Massa. A las 19, ambos salieron para regresar 15 minutos más tarde, ya con caras distendidas y a punto de firmar el acuerdo.
La sesión se realizó en Diputados al día siguiente y la aprobación sobrevino luego de más de 13 horas por 202 votos a favor y 37 en contra. El grueso del oficialismo y los bloques de la oposición respaldaron la iniciativa, que rechazaron los diputados de La Cámpora, cuyo líder Máximo Kirchner bajó al recinto recién al momento de la votación, para hacerlo obviamente en contra. No hubo oradores de ese espacio durante la sesión.
Juntos por el Cambio aportó más votos que el oficialismo: 111 contra 76. El resto de los votos favorables correspondió a los del interbloque Federal, Provincias Unidas y los dos de SER. De los 37 que votaron en contra, 28 eran del FdT y solo uno de JxC. Las abstenciones sumaron 37 y los ausentes fueron 4, todas de Juntos por el Cambio.
Durante el debate en Diputados hubo serios incidentes en torno al Congreso de la Nación de quienes rechazaban el acuerdo con el Fondo. Y en ese marco se produjeron destrozos en el despacho de Cristina Kirchner en el Senado. La propia vicepresidenta se encargó de difundir el episodio a través de un video con su voz en off, en el que la exmandataria habló también del regreso del FMI y sus revisiones técnicas trimestrales. Un militante del Movimiento Social Teresa Rodríguez fue detenido por el hecho.
El incidente tomó proporciones a partir de que la vicepresidenta hizo a lo largo del año constantes referencias a ese suceso que los diputados y senadores del FdT repudiaron con dureza. El 14 de marzo Cristina Kirchner difundió un nuevo video a través del cual denunció que el ataque a su despacho había sido planificado.
Un informe elaborado por Presidencia del Senado calculó en 6 millones de pesos el costo de los daños, sin considerar elementos históricos dañados durante la pedrada.
Ese mismo día arrancaba en la Comisión de Presupuesto del Senado el debate sobre la media sanción proveniente de Diputados.
El proyecto tuvo dictamen el 15 de marzo y dos días después sesionó la Cámara alta para rubricar la ley. Eso se consiguió al cabo de un debate de 9 horas, con 56 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones.
Tal como se esperaba, el oficialismo se fracturó a la hora de votar: el sector kirchnerista no acompañó al momento de la votación. En esa instancia tampoco estuvo presente Cristina Kirchner.
Igual que en la otra Cámara, Juntos por el Cambio aportó más votos que el propio oficialismo. 32 senadores de ese espacio se manifestaron a favor del acuerdo, y en ese espacio hubo solo una abstención. Del Frente de Todos, 20 senadores acompañaron el proyecto, mientras que 13 votaron en contra y hubo dos abstenciones.
Faltando poco tiempo para que venciera el plazo de 120 días dado por la Corte Suprema para que el Congreso elaborara una nueva ley, en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado comenzó a analizarse el 22 de marzo el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo. Fue con la presencia del ministro de Justicia, Martín Soria, el viceministro Juan Martín Mena; y el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones.
En ese marco el titular de Justicia se quejó porque el Congreso estuviera “obligado a legislar bajo presión” y calificó al fallo de la Corte dictado el 16 de diciembre de 2021 como “una extorsión sin precedentes en la historia democrática del país”.
El 23 de marzo se firmó el dictamen del proyecto, que se trataría una semana después. Sin embargo esa sesión se cayó, pues el aliado Alberto Weretilneck había presentado un dictamen propio y no llegó a un acuerdo con el oficialismo. Sin eso, no había ley, por lo que el proyecto volvió a comisión. Allí, el 30 de marzo un plenario de Asuntos Constitucionales y de Justicia volvió a debatir el tema y el oficialismo aceptó los cambios propuestos por el senador rionegrino, que apuntaban a tener un Consejo de la Magistratura más federal. Con esa medida, el oficialismo se garantizaba la aprobación del proyecto.
Cosa que consiguió el 7 de abril. Ese día en el Senado el proyecto del Poder Ejecutivo recibió modificaciones para garantizar su aprobación por 37 votos a favor, 33 en contra y ninguna abstención.
La media sanción pasó a Diputados, donde tenía muy pocas chances de tratarse antes del 15 de abril, plazo dispuesto por el fallo de la Corte. No se trató hasta entonces, ni después, y volvió a regir la norma de 1996.
¿Llegó a tratarse en Diputados? Con expositores, el debate en comisión arrancó el 17 de mayo, pero nunca se acercó siquiera al dictamen.
Cristina Kirchner y Sergio Massa se tomaron su tiempo para designar a los miembros del Congreso que debían desembarcar en el nuevo Consejo de la Magistratura. Por lo pronto, un juez de Paraná, a instancias del diputado Marcelo Casaretto, logro frenar la designación de los diputados. Esa instancia no prosperó, pero lo verdaderamente audaz fue la jugada del oficialismo en el Senado para quedarse con un lugar más en la Legislatura. Luego de la presión de Juntos por el Cambio para que Cristina Kirchner y Sergio Massa firmaran las designaciones de la diputada Roxana Reyes y el senador Luis Juez, la vicepresidenta de la Nación sacó un as de la manga y parece haberse quedado con el premio mayor: partió en dos el bloque del Frente de Todos, con lo cual pasaba a tener una bancada por la “mayoría” y la otra sería la “segunda minoría”.
Se creó el bloque Frente Nacional y Popular, de 21 miembros, y se reflotó el escudo Unidad Ciudadana, como segunda minoría, con 14 miembros.
Así las cosas, si bien Sergio Massa designó a la diputada de JxC Roxana Reyes, el Senado terminó enviando un senador kirchnerista: Martín Doñate. El tema se judicializó, pero la Corte terminó dando el visto bueno para que ambos juraran, más allá de que hubiera todavía reclamos judiciales pendientes.
El viernes 25 de marzo Juntos por el Cambio elevó al presidente de la Cámara una nota solicitando una sesión especial para el 5 de abril venidero, con el objeto de derogar la Ley de Alquileres. La nota incluía proyectos para ayudar a productores de Corrientes y Misiones afectados por los incendios.
“El Congreso no puede seguir paralizado, esperamos apoyo de toda la oposición”, reclamó Mario Negri.
La medida surtió efecto y oficialismo y oposición terminaron acordando constituir la Comisión de Legislación General para iniciar el 5 de abril, fecha prevista para la sesión ahora suspendida, un cronograma para debatir cambios en la ley y mejorarla.
En el ínterin comenzaron a aparecer iniciativas alternativas, como la de Gisela Marziotta para crear una Cámara Nacional de Alquileres, un órgano autárquico que se encargara de regular los aumentos de precios de esas rentas; otra del rionegrino Agustín Domingo para volver al plazo de dos años, librar a la voluntad de las partes los ajustes de los precios y liberar la elección de garantía para la operación; y también una del sanjuanino José Luis Gioja, que proponía modificar el plazo de los contratos y el sistema de actualización de los precios.
Cuando el 12 de abril comenzaron las reuniones informativas, quedó expuesto que los inquilinos respaldaban la norma vigente. Las reuniones informativas se extendieron hasta el 26 de abril, y finalmente el 11 de mayo se firmaron tres dictámenes: uno de mayoría del Frente de Todos, que reivindicó la norma actual, mientras que JxC firmó otro a favor de reducir la extensión de los contratos y cambiar la forma de actualización. El dictamen fue del interbloque Federal.
Sin embargo, como el despacho de mayoría incluía un capítulo sobre incentivos fiscales para los cuales no tenía competencia Legislación General, se convocó a tratar el tema también en la Comisión de Presupuesto. Recién el 22 de junio se concretó esa postergada reunión en la que el Frente de Todos mantuvo su dictamen de mayoría, pero Juntos por el Cambio y bloques federales terminaron suscribieron uno de minoría, con grandes posibilidades de imponerse en el recinto. Sin embargo, con el correr del tiempo el apoyo que habían dado los rionegrinos en nombre del interbloque Provincias Unidas se diluía, puntualmente por el tema del tiempo de aplicación de los reajustes: mientras el dictamen estableció que fueran cada 3 meses, los rionegrinos preferían períodos semestrales. Pasó el tiempo, e inflación desenfrenada mediante, el tema se complicó cada vez más y el tratamiento de la reforma en el recinto se postergó indefinidamente hasta llegar a esa última y frustrada sesión de Diputados en la que el oficialismo sorprendió proponiendo incluir el proyecto en el temario, cosa que fue rechazada por la oposición, a sabiendas de que el oficialismo conseguiría imponer su dictamen, que ellos consideraban pernicioso.
El 28 de marzo, el bloque del Frente de Todos del Senado presentó un proyecto de ley para crear un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”, y “se busca que quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco, realicen un aporte especial de emergencia”.
Ese mismo día la titular del Senado recibió en su despacho al embajador norteamericano Marc Stanley, con quien entre otras cosas conversó sobre ese tema, solicitándole la “colaboración de su país” con esa iniciativa que contaba obviamente con su beneplácito.
Contra las críticas que surgieron contra esa propuesta, Oscar Parrilli sostenía que “se calcula que hay fuera del país entre 350.000 y 400.000 millones de dólares sin declarar”, y que aquellos que se opongan a esta iniciativa “estarán defendiendo a los evasores”.
El 12 de mayo el Senado aprobaba el proyecto impulsado por el kirchnerista Oscar Parrilli para crear un Fondo para pagarle al FMI con dólares fugados. Fue al cabo de un debate de casi cinco horas, y se aprobó por 37 votos a favor y 31 en contra. El proyecto
Comenzó a tratarse el 1 de junio, con la presencia de constitucionalistas y economistas, en Diputados, pero no pudo avanzar.
En plena carrera inflacionaria, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace presentó un proyecto de ley para dolarizar la economía. Ya venía hablando de eso Javier Milei, pero el diputado puntano dio un paso más al plasmarlo en iniciativa. Desde el oficialismo, Marcelo Casaretto descartó de plano la propuesta al afirmar que “le quitaría al Estado la posibilidad de manejar la política monetaria”, en tanto que el liberal José Luis Espert aclaró que esa alternativa podía ser, eventualmente, “la frutilla del postre. Nunca la punta del ovillo”.
El 29 de marzo se presentó en Diputados la nueva ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS). El proyecto, fruto del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, fue presentado por la entrerriana Carolina Gaillard y acompañado por más de 50 diputados y diputadas de todos los bloques políticos. En diciembre de 2021, el proyecto había recibido dictamen de comisiones e incluso formó parte del temario de sesiones extraordinarias, pero finalmente no se trató.
“Hoy volvemos a presentar un proyecto de ley que es el fruto del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, para dar respuesta integral al tratamiento de VIH, hepatitis virales, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual”, explicó Gaillard.
Un tema que caracterizó no solo a este 2022, sino a todo el recambio legislativo, fue la demora en constituir las comisiones en ambas cámaras. Fundamentalmente en Diputados, donde recién el 21 de abril se destrabó el tema y comenzaron los llamados masivos a ir constituyendo las comisiones.
El 26 de abril, la diputada radical Jimena Latorre hizo público a través de sus redes sociales que dos meses atrás le habían detectado cáncer de mama y luchaba contra esa enfermedad. Así y todo siguió concurriendo a las sesiones y reuniones de comisión. En la sesión del 5 de mayo, la primera realizada desde que ella hizo su anuncio, Sergio Massa la felicitó por estar presente “dando el ejemplo y sesionando”, despertando un cerrado aplauso espontáneo.
El 27 de abril de 2022 comenzó a debatirse en comisiones del Senado los proyectos para ampliar la Corte Suprema. Se pusieron a consideración ese día iniciativas de Adolfo Rodríguez Saá, Clara Vega, Alberto Weretilneck y Silvia Sapag.
Ese mismo día en la otra Cámara, la oposición pidió una sesión especial para el jueves 5 de mayo para tratar el proyecto de Boleta Unica. La movida estuvo encabezada por el diputado de Identidad Bonaerense Florencio Randazzo. Y un día más tarde, se repitió la modalidad para pedir una sesión especial también para el jueves 5, para tratar el tema de los créditos UVA. En este caso, la presión surtió efecto, pues oficialismo y oposición llegaron a un entendimiento para darle al tema un tratamiento especial como con alquileres. No obstante y pese a que se realizaron numerosas reuniones -varias de ellas informativas-, pasó el año y el tema quedó irresuelto.
Entre muchas idas y vueltas, el día 5 de mayo Diputados realizó una sesión en la que la oposición unificada logró imponer una moción de emplazamiento de comisiones para comenzar a tratar los proyectos que impulsan la implementación de la boleta única de papel, de cara a las elecciones de 2023. La votación resultó con 132 votos a favor, 116 en contra y 3 abstenciones. Según el cronograma establecido en el recinto, el miércoles 11 de mayo a las 10 debería iniciarse el debate en comisiones, para firmar dictamen el 31 de mayo.
No fue lo único que se votó en esa sesión: también se dio media sanción, en su cuarto intento y tras 9 años de trabajo, la ley de VIH; y fue convertido en ley el Marco Regulatorio del Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial.
El 6 de mayo senadores oficialistas encabezados por Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde presentaron un proyecto de ley para que las personas en edad de jubilarse, pero que no cuentan con los aportes suficientes, pudieran cubrir esos años haciendo los pagos correspondientes. El proyecto tuvo media sanción el 30 de junio, pero en Diputados el tratamiento se demoró y el proyecto no pudo ser tratado en la última sesión del año, que no pudo hacerse por falta de quórum.
En esa sesión del 30 de junio se convirtió en ley la creación del Parque Nacional Ansenuza en la provincia de Córdoba, como así también se aprobó la Ley de Oncopediatría. En esa misma jornada, el Senado convirtió en ley la respuesta integral al VIH.
Por esos días hubo chispazos entre Sergio Massa y el ministro de Economía Martín Guzmán, por un reclamo del entonces presidente de la Camara para volver a actualizar el piso de Ganancias, ante lo cual el titular del Palacio de Hacienda confirmó que así lo harían. Pasaron los días y ante la inacción del ministro, Massa volvió a enviarle una carta para actualizar “de inmediato” el piso. Finalmente el Gobierno elevó el mínimo a $280 mil pesos y el anuncio lo formularon Massa, Guzmán y dirigentes cegetistas en una conferencia de prensa realizada en la explanada de la Casa de Gobierno.
Uno de los proyectos que se debatió a lo largo de buena parte del año fue el de Compre Argentino, en el que oficialismo y oposición no pudieron ponerse de acuerdo y el 24 de mayo emitieron dos dictámenes que nunca llegaron al recinto.
El último día de mayo la oposición logró el dictamen de mayoría sobre boleta única. El oficialismo, con el apoyo del misionero Diego Sartori, firmó un dictamen de rechazo.
El 2 de junio, Juan Manzur se presentó por primera vez en el Congreso para dar su informe como jefe de Gabinete. Fue en el Senado, donde destacó la recuperación económica de 2021, admitió que una baja de la inflación sería gradual y habló de la necesidad de bajar el déficit fiscal.
Dos meses después de iniciarse el debate en el Senado, el 2 de junio Alberto Fernández presentaba a gobernadores un proyecto para agrandar la Corte Suprema. En rigor, originalmente se había dicho que los gobernadores le llevarían un proyecto propio, pero en realidad fue al revés. Fue ahí cuando se habló de elevar a 25 el número de integrantes del Tribunal.
Eran días en los que Javier Milei “derrapaba” manifestándose en una entrevista a favor de la venta de órganos, mientras la vicepresidenta le decía en público a Alberto Fernández que usara “la lapicera”. Al día siguiente, Matías Kulfas era eyectado del gabinete.
El 8 de junio el Poder Ejecutivo mandó al Congreso el proyecto de renta inesperada, una iniciativa fundamentada en las consecuencias de la guerra en Ucrania, que nunca llegó a tratarse siquiera en comisión.
Ese mismo 8 de junio la oposición le asestó una severa derrota al oficialismo al dar media sanción al proyecto de boleta única de papel. Fue por 132 votos a favor, 104 en contra y 4 abstenciones. Nunca se comenzó a tratar en el Senado.
Un día después, los jefes del interbloque Frente de Todos en el Senado presentaron formalmente en el Senado el proyecto para ampliar la Corte Suprema a 25 miembros.
En la sesión del 15 de junio, la Cámara baja daba media sanción por unanimidad al alivio fiscal para trabajadores monotributistas y autónomos. En esa misma jornada y tras un debate caliente, el FdT logró sancionar la prórroga por 50 años del financiamiento a las industrias culturales. Quince días más tarde el Senado convertía en ley el alivio fiscal.
A mediados de año surgió un nuevo debate legislativo, en torno al tratamiento del Salario Básico Universal, una propuesta promovida por diputados de movimientos sociales, con la forma de Itai Hagman. De entrada, el Gobierno aclaró que no había posibilidades de avanzar con ese tema, mientras que la vicepresidenta se manifestó a favor de la iniciativa.
En ese mes de julio se produjo la renuncia intempestiva de Martín Guzmán, y durante el fin de semana en el que se analizó su sucesión, se anotó el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa. Finalmente la elegida fue Silvina Batakis, que duró poco.
Con la economía tambaleando, el 24 de julio los diputados oficialistas denunciaban maniobras golpistas y alertaban sobre “una acción sistemática” en ese sentido. Le apuntaron además a “dirigentes políticos y operadores mediáticos”. Desde Juntos por el Cambio, replicaron que “la desestabilización del Gobierno la infringe el FdT desde el día que muchos legisladores dieron la espalda irresponsablemente al acuerdo con el FMI”.
En ese marco, el 28 de julio se anunciaba finalmente que Sergio Massa dejaría la Cámara de Diputados para asumir al frente de un Ministerio de Economía “reforzado”. “La política no necesita salvadores, sino servidores”, expresó el designado “superministro”.
El primer día de agosto se confirmó el nombre de quien sucedería a Massa al frente de la Cámara: Cecilia Moreau. La primera mujer al frente de Diputados asumió al día siguiente en una sesión de casi dos horas en la que primero se le aceptó a Massa la renuncia como presidente y diputado nacional y luego se votó a su sucesora. Juntos por el Cambio, el bloque Córdoba Federal y la izquierda se abstuvieron a la hora de la votación; el bloque de Javier Milei se opuso; Identidad Bonaerense, el Partido Socialista y el interbloque Provincias Unidas acompañaron el nombramiento junto al oficialismo. Los diputados de Avanza Libertad José Luis Espert y Carolina Píparo estuvieron ausentes.
“Sin abrir un juicio de valor respecto de la persona propuesta, nosotros nos vamos a abstener”, anunció Mario Negri al justificar la postura de su espacio, pero aclaró que esa postura tenía que ver con que faltaban también 4 meses para que concluyera el mandato. Y adelantó entonces que verán si en diciembre se renovaba o se incorporaban cambios.
Eran días en los que toda la atención estaba puesta en el alegato del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad, y el 8 de agosto la defensa de la vicepresidenta pedía que se apartara del juicio tanto a ese fiscal como al presidente del Tribunal y se declarara la “nulidad” de todo lo actuado en el juicio. El pedido sería rechazado.
Ese mismo día la senadora Juliana Di Tullio presentaba un proyecto de ley de refuerzo de ingresos para “reducir la indigencia”. Una iniciativa tendiente a dar una respuesta al pedido de implementación de un salario básico universal.
A un año de las elecciones primarias, sonaba fuerte la posibilidad de que el Gobierno buscara eliminar las PASO, cosa muy resistida desde Juntos por el Cambio. La especie cobró más fuerza cuando el diputado rionegrino Luis Di Giacomo anunció la intención de presentar un proyecto en ese sentido.
La posibilidad de que un proyecto en ese sentido pudiera realmente prosperar duró hasta que finalmente Javier Milei aclaró el 5 de noviembre que no daría quórum para ese debate. Su eventual apoyo a la derogación era lo que inclinaba la balanza hacia el lado del Gobierno.
El 22 de agosto la fiscalía pedía 12 años de prisión para Cristina Kirchner e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Propenso a los extremos, el diputado del Pro Francisco Sánchez sugería que “12 años por robar impunemente es casi nada” y sugería para esos casos “la pena de muerte”. Hubo fuertes reacciones desde el oficialismo y hasta pedidos de expulsión del neuquino.
Al día siguiente, la vicepresidenta hizo su descargo, en el que aseguró que “absolutamente nada de lo que dijeron fue probado”. En los días posteriores, la casa de Cristina Kirchner se convirtió en una suerte de santuario para los militantes que diariamente se instalaron en esa zona de Palermo, hasta que el Gobierno de la Ciudad decidió poner vallas y ardió Troya. El kirchnerismo reaccionó hablando de “cobarde hostigamiento” contra CFK.
Y fue el 1 de septiembre cuando el país se conmocionó con la noticia del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Fernando Sabag Montiel fue detenido luego de gatillarle dos veces en la cabeza a la exmandataria sin que alcanzara a salir ninguna bala.
Oficialistas y opositores salieron a condenar prestamente el atentado y en el Salón Illia del Senado todos los sectores dieron un pronunciamiento contra el ataque.
El presidente Alberto Fernández dio un discurso por cadena nacional en el que anunció un feriado para el día siguiente y cargó contra los discursos del odio.
Ese sábado se realizó una histórica sesión de la Cámara baja en la que se corporizó un enfático repudio al ataque contra la vicepresidenta. Por un lado se expresó un “enérgico repudio” al intento de magnicidio y se exigió un “pronto y completo esclarecimento”.
El Senado realizó su sesión de repudio el jueves siguiente, pero no asistió el interbloque Juntos por el Cambio por no avalar “el uso político partidario del Congreso”.
El jefe de Gabinete, Juan Manzur, concurrió finalmente a la Cámara de Diputados el 14 de septiembre para brindar por primera vez el informe que le manda la Constitución. Allí llamó al “diálogo” para “fortalecer la paz social”, admitió que nadie podía estar conforme con los niveles de inflación existentes y escuchó el pedido irónico de la oposición para que cumpliera en volver a la Cámara en el mes de noviembre. Nada optimista en ese sentido, Waldo Wolff dio por sentado que eso no sucedería y le deseó “feliz Navidad, feliz Año Nuevo y Reyes”. Y acertó, porque el tucumano no regresó a ninguna de las dos cámaras.
Al día siguiente hubo sesión en Diputados y en ese marco el socialista Enrique Estévez pidió un apartamiento de reglamento para tratar una serie de proyectos referidos a la protección de humedales, en un plenario de comisiones a partir del 22 de septiembre.
En esa sesión, Diputados también aprobó el proyecto de Promoción de la Enfermería y convirtió en ley el Consenso Fiscal 2021.
El 22 de septiembre, el Senado dio media sanción a la ampliación de la Corte Suprema a 15 miembros. Lo consiguió con aliados que obligaron a que como concesión dejara de lado el oficialismo su idea de elevar el número a 25. La aprobación se consiguió por 36 votos a favor y 33 en contra.
El 28 de septiembre el ministro de Economía, Sergio Massa, se presentó en la Cámara de Diputados acompañado por sus colaboradores ministeriales. En su exposición, Massa explicó los principales ejes del programa y pidió que “cualquiera sea el Presupuesto, es muy importante que el Congreso fije una hoja de ruta”. En ese sentido, recordó fallido Presupuesto 2022 que “lo llevo como una cruz”. También calificó al proyecto como “prudente y realista, planteado con responsabilidad”.
El debate sobre humedales generó controversias entre los diputados, por el interés de la comisión cabecera, Medio Ambiente, por sacar rápido el dictamen. Desde la Comisión de Agricultura se pusieron en guardia y reclamaron realizar reuniones informativas, cosa que rechazaron desde la comisión conducida por Leonardo Grosso. Al final, Agricultura -presidida por Ricardo Buryaile– hizo su propia reunión con invitados y al día siguiente se suspendió el plenario en el que pretendían dictaminar.
La pulseada continuó y el 3 de noviembre en una reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y Presupuesto, diputados a favor de la iniciativa reclamaron no dilatar más el tema, con duros cuestionamientos a Buryaile por no haberse sumado al plenario. Llamaron a dictaminar la semana siguiente. “A mí no me financia nadie”, se defendió el radical entrerriano.
Finalmente se realizó un plenario el 10 de noviembre en el que JxC obtuvo el dictamen de mayoría, mientras que el de minoría correspondió al FdT. El proyecto que encabezaba Leonardo Grosso contó con el respaldo de las organizaciones ambientalistas y era similar al que obtuvo dictamen en 2021 -solo en esa comisión- pero finalmente no avanzó. En tanto, producto de un consenso entre los proyectos de Maximiliano Ferraro y Ximena García; Jorge Vara; y Gabriela Lena, Juntos por el Cambio puso sobre la mesa un texto unificado, que ya no llegó en el resto del año al recinto.
El 8 de octubre se conoció la información de que el senador nacional José Mayans había sido internado tras sufrir una hemorragia intestinal. Dos días después debió ser trasladado en avión sanitario a un nosocomio de la Ciudad de Buenos Aires, donde permaneció internado dos meses hasta que pudo regresar a su provincia. Se espera que en el transcurso de este 2023 pueda reintegrarse a la actividad política.
En una sesión consensuada del 12 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la prórroga del Régimen de Regularización Dominial para Barrios Populares, una iniciativa que generó algunas rispideces en el seno del Pro.
El 25 y 26 de octubre se debatió el Presupuesto 2023 en la Cámara baja. El proyecto del Poder Ejecutivo tuvo una treintena de modificaciones, y obtuvo 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones. Fue la aprobación más amplia en esa Cámara registrada en los últimos veinte años.
En la votación particular, el oficialismo decidió retirar el artículo 95 del dictamen del Presupuesto, que prorrogaba hasta diciembre de 2023 la facultad del Poder Ejecutivo para modificar las alícuotas de los derechos de exportación. Claramente así lo decidió a partir de la certeza de que fracasarían en la votación.
No lo hizo y sí perdió la votación el Frente de Todos en el artículo referido al pago de Ganancias por parte de funcionarios y empleados del Poder judicial. Hubo 134 votos en contra de ese artículo -incluso cinco por parte del propio oficialismo- y 116 a favor.
A fines de octubre el diputado Gerardo Milman fue involucrado en el atentado contra la vicepresidenta, a partir de que un asesor del senador Marcos Cleri dijo haberlo escuchado decir en la confitería Casablanca que “cuando la maten” él iba a estar “en la costa”, horas antes del ataque contra CFK. “Queda bastante claro que es una jugada berreta y desesperada del oficialismo para correr el eje de la conversación e intentar distraernos de la angustiante realidad que atraviesa el país”, se defendió el diputado del Pro.
Sin embargo el diputado Milman terminó bajando absolutamente el perfil y el oficialismo avanzando con un proyecto para excluir al legislador por “inhabilidad moral”.
Lejos de apaciguar esa embestida, la propia Cristina Kirchner publicó un video el 10 de noviembre donde dio por válida la acusación y afirmó: “Aparecieron las primeras pruebas que vinculan a la política” con el ataque, al tiempo que seguía machacando contra la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la investigación, porque “paralizó y boicoteó la investigación”. El bloque Pro salió en defensa de su diputado y habló de “acusaciones infundadas”.
En la sesión del 27 de octubre, el Senado convirtió en ley el proyecto que garantizaba el financiamiento de las industrias culturales por 50 años; la prórroga del Régimen de Regularización Dominial para Barrios Populares; y la ley para expropiar el predio de Cromañón.
El 8 de noviembre la Corte Suprema aceptó el amparo presentado por el Pro contra la maniobra que había dejado afuera del Consejo de la Magistratura al senador Luis Juez. Los senadores del Frente de Todos rechazaron duramente lo que consideraron como un “fallo político” de la Corte, hablaron de “avasallamiento” del Poder Legislativo, de inconstitucionalidad, y como los mandatos de los integrantes del Consejo de la Magistratura ya vencían, decidieron insistir con Martín Doñate para ese lugar en dicho organismo.
En una sesión celebrada el 9 de noviembre, la Cámara baja aprobó la creación del Registro de Deudores Alimentarios, como así también dio media sanción a la Ley Lucio, y un proyecto para flexibilizar la renovación del Certificado Unico de Discapacidad.
El 16 de noviembre se reunió el Senado para tratar el Presupuesto 2023, pero ese debate no tuvo el mismo resultado que en Diputados, donde la oposición colaboró de tal manera que la aprobación obtuvo una abrumadora cantidad de votos. El clima se había enrarecido en los días previos por el tema del Consejo de la Magistratura y en ese marco el oficialismo buscó incluir a todo el cuerpo en el nombramiento de los cuatro representantes del Senado ante el Consejo de la Magistratura. Así, se puso el decreto a consideración del pleno como primer tema a debatir en esa sesión, por lo que Juntos por el Cambio resolvió no participar de esa sesión. Al cabo, el nombramiento de los cuatro representantes del Senado ante el Consejo -Martín Doñate incluido- contó con 37 votos a favor. Unanimidad con el Frente de Todos y sus aliados habituales, mas sin la presencia de la principal oposición, que protestó no solo por la designación de Doñate en lugar de Luis Juez, sino porque esas resoluciones de la Cámara alta nunca pasaron por el recinto para ser avaladas por el pleno. Habitualmente, cada cámara informa directamente al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema de Justicia sobre quiénes son los nominados. Pero esta vez el oficialismo buscó blindar la decisión ante la posibilidad de un nuevo fallo adverso.
Así, mientras el oficialismo y sus aliados refrendaba en el recinto el decreto, los senadores de Juntos por el Cambio brindaban una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias donde anticipaban que continuarían en la Justicia -con la presentación de un nuevo amparo- el reclamo por el lugar que consideran corresponde a Luis Juez (Pro) en vez de Martín Doñate (UC-FdT), en sintonía con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de días atrás.
Allí explicaron que también se ausentaban del debate del Presupuesto porque su tratamiento tomaba “irrelevancia” ante lo ocurrido con el Consejo.
De tal manera, a media tarde el Gobierno ya tenía el Presupuesto convertido en ley, por unanimidad, mas sin los votos de la principal oposición.
La última sesión consensuada de la Cámara de Diputados se celebró el 24 de noviembre. Ese día se aprobó por unanimidad el proyecto que reconoce la lengua de señas en todo el país; le dieron media sanción al proyecto de alcohol cero al volante; y la Ley Johanna sobre atención frente a la muerte perinatal.
Pero mientras ya se hablaba de dos señales más en la Cámara baja para cerrar el año, las cosas comenzaron a complicarse en ese Cuerpo. Fue cuando el juez Martín Cormick anuló el 28 de noviembre la designación de la diputada radical Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura, al hacer lugar de manera tardía a una presentación hecha en su momento por Germán Martínez. Mario Negri calificó el fallo como “arbitrario, político, nulo y extemporáneo”.
Al día siguiente los radicales pidieron a la presidenta de la Cámara apelar el fallo, y el 30 de noviembre Cecilia Moreau lo hizo, pero, en función del conflicto planteado, la titular del Cuerpo resolvió dejar en suspenso todas las designaciones establecidas en la Resolución 1.608/2022 hasta tanto se saldara la cuestión. “Apelo a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas e instituciones de la República para encontrar una pronta resolución a este tema”, sostuvo Moreau.
Fue la chispa que incendió la pradera. “Dejó de ser la presidenta de toda la Cámara para militar por los intereses de Cristina Kirchner”, bramó Mario Negri. El interbloque JxC entró en estado deliberativo y emitió un comunicado en el que repudiaban “la determinación del kirchnerismo, a través de la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, de dejar sin efecto las designaciones de diputados en el Consejo de la Magistratura”, expresaron, mientras el bloque de diputados oficialistas salía a respaldarla.
Con ese clima se llegaba a la sesión preparatoria para confirmar las autoridades de la Cámara, prevista para el 1 de diciembre. Para ese día estaba prevista también una sesión especial para después de dicha sesión, pero ya la principal oposición se había pintado la cara y anunciaba que no apoyaría la continuidad de Moreau.
Y sucedió lo imprevisto: la sesión preparatoria del 1° de diciembre no alcanzó quórum y por primera vez desde el retorno de la democracia las autoridades fueron habilitadas para continuar en sus cargos por el artículo 37° del reglamento y no la votación de sus pares. Tras el fracaso de la sesión, hubo una sucesión de conferencias de prensa en las que las partes dejaron claras sus posiciones. En el caso de JxC, cuestionaron severamente la suspensión de las designaciones en el Consejo de la Magistratura. “Ojalá nos vaya bien en el Mundial, pero que no elijan el Mundial para desarmar las instituciones”, advirtió Negri.
“Son caprichosos los de JxC porque cuando los fallos les gustan, los festejan en Twitter y salen en la radio. Ahora cuando les va mal hacen esto y se van a mirar el Mundial”, los criticó Cecilia Moreau.
La sesión especial posterior a la fracasada sesión preparatoria nació con complicaciones. Al oficialismo se le hizo cuesta arriba y sucesivamente fue postergando por notas el inicio, hasta conseguirlo finalmente, mas con mucha demora respecto de la hora original, lo que llevó a JxC a considerar inválida la sesión. Y así lo hicieron saber a viva voz una vez que el oficialismo dio por iniciada la misma. Nunca dejaron de gritar tras el inicio del debate de creación de 8 universidades.
El caos se desató a partir de que la presidencia de la Cámara anunció la decisión de votar el temario de inmediato y a mano alzada, con lo cual postergó la inclusión de cuestiones de privilegio, herramienta con la que la principal oposición tenía como objetivo alargar indefinidamente la sesión. ¿De qué manera? Es que prácticamente todos los diputados de Juntos por el Cambio pretendían anotarse para expresarse y así dilatar in eternum el avance de esa sesión.
La maniobra oficialista desató la ira de la principal oposición, que se dedicó a partir de entonces a protestar a los gritos, tratando de impedir el desarrollo de la sesión. Lo sufrió en carne propia la miembro informante del oficialismo, Blanca Osuna, que arrancó gritando a viva voz su discurso. “Tal cual plantea el reglamento -remarcó al comenzar-, vamos a dar tratamiento de la creación de universidades nacionales para la República Argentina. Estamos haciendo una labor cuya atribución nos otorga la Constitución nacional”, señaló entre aplausos del oficialismo. Ese intento de sesión duró poco más de una hora y media, hasta que Juntos por el Cambio forzó una votación a sabiendas de que no había quórum y la sesión se cayó.
Fue una sesión escandalosa con gestos obscenos al final que motivaron un pedido de expulsión de legisladores kirchneristas contra el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo. Como contrapartida, desde Juntos por el Cambio se reclamaría una sanción similar para Rodolfo Tailhade, que antes había hablado de una “sodomización” del radicalismo a manos del Pro durante la gestión de Macri.
A su vez, el jefe del bloque oficialista calificaba la actitud de la principal oposición como “un hecho de golpismo parlamentario”.
El martes 6 de diciembre de 2022, los jueces del Tribunal Oral Federal N°2 condenaron a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión por corrupción e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en el marco del juicio por la causa “Vialidad”. Eso sí: desestimaron la acusación por asociación ilícita.
Posteriormente, Cristina realizó un extenso alegato en el que cargó de manera muy dura contra el Poder Judicial de la Argentina, aunque contrariamente a lo que expuso durante años, ya no habló de lawfare, ni de Partido Judicial. Esta vez y de ahora en más eligió el término “mafia y Estado paralelo”, que consideró un sistema vigente en la República Argentina.
En su discurso ella relativizó la prisión, asegurando que el verdadero objetivo de la justicia que cuestiona fue inhabilitarla para volver a ejercer cargos. En ese contexto, al cabo de su discurso de alrededor de una hora, y de una puntillosa explicación referida a los chats que revelan un viaje financiado por el grupo Clarín a Lago Escondido, la vicepresidenta de la Nación formuló un anuncio inesperado: que no será candidata a nada en 2023. Ni a presidenta, ni a senadora, a nada…
El mal clima del oficialismo con la Justicia atravesó todo el año. Sobre el final, el 14 de diciembre, la jefa del bloque Unidad Ciudadana en el Senado, Juliana Di Tullio, volvía a apuntar contra la Justicia y afirmaba que “esta Corte (Suprema) es peor que la Corte menemista”, en referencia al máximo tribunal con mayoría automática durante los 90.
El 15 de diciembre, la Corte Suprema dispuso que se les tomara juramento a los diputados designados para la Magistratura, con lo que se especuló que podría destrabarse la situación planteada entre oficialismo y oposición en esa Cámara. La presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, explicó a su vez que “la decisión de apelar el fallo de un juez que impedía la designación de una diputada radical en el Consejo de la Magistratura obedeció a resguardar la institucionalidad y autonomía que merece la Cámara de Diputados de la Nación”. “Hoy la Corte Suprema, a través de la acordada 34, ha resuelto sostener la vigencia de la resolución 1608 y tomar juramento a los cuatro diputados y diputadas que fueron designados para el cargo”, agregó la presidenta de la Cámara, dando por concluido el diferendo.
El 21 de diciembre juraron los nuevos consejeros por la mañana, pero eso no apaciguó los ánimos. Para ese mismo día estaba prevista una sesión y Juntos por el Cambio anticipó que no darían quórum. Como el interbloque Federal anunció que tampoco contribuirían al quórum hasta tanto las partes en disputa no acordaran, no había manera de que hubiera sesión, y se especuló con que aportaran al número algunos diputados de Evolución Radical, habida cuenta de que dos de las universidades que iban a crearse eran impulsadas por legisladores de ese sector. Sin embargo a la hora del quórum nadie de JxC se presentó y la sesión terminó cayéndose.
Hubo un último intento para acercar posiciones, ofreciendo el oficialismo incorporar la ley de alquileres en el temario. No hubo caso: la principal oposición lo consideró “una trampa” y no se sumó.
No hubo sesión de cierre del año, ni tampoco el Senado volvió a reunirse, por problemas para conseguir el quórum.
Ese mismo día la Corte Suprema falló a favor de CABA en el diferendo por el recorte de la coparticipación. Al siguiente el presidente anunció que recusaría a los miembros de la Corte y que no acataría el fallo. Hubo denuncias contra el Gobierno y anuncios de juicios políticos contra el presidente, quien el 26 de diciembre anunció que enviarían un proyecto para reasignar recursos y cumplir con el fallo de la Corte. La Ciudad rechazó el pago en bonos, y el presidente se mostró inflexible respecto de no pagar como la Corte había dispuesto.
El año terminaría con la denuncia del oficialismo de vinculaciones entre Rodríguez Larreta y Horacio Rosatti, basándose en la difusión de unos chats tomados de manera ilegal que mostraban supuestos diálogos entre el ministro porteño Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, un hombre muy allegado al presidente de la Corte. Para los senadores del Frente de Todos, se trataba del “mayor escándalo judicial de la historia de la democracia”.
De esta forma el legislador bonaerense repudió la presentación de un proyecto de ley en la Legislatura porteña que propone la prohibición de viviendas vacías.
El senador provincial Marcelo Daletto sostuvo que “hay que promover la oferta de viviendas en alquiler y no obstaculizarla”, en claro repudio a la presentación de un proyecto de ley en la Legislatura porteña por parte de la agrupación Inquilinos Agrupados, que propone la prohibición de viviendas vacías por más de 90 días y la creación del Régimen de Alquiler Protegido.
“De aprobarse esta iniciativa se incrementaría la falta de alquileres -cuando para solucionarlo hay que promover la oferta-, en un país donde los elevados niveles de inflación impiden el acceso al ahorro y al crédito. Sin esas herramientas, es imposible solucionar el déficit de viviendas”, dijo el legislador.
En esa línea, señaló que “el Estado solo no puede resolver la demanda habitacional y la prueba de ello es que en la provincia de Buenos Aires hay 1 millón de familias sin hogar, mientras que en los últimos años no se han podido otorgar más de 2 mil viviendas al año. Es decir que, a este ritmo hoy, necesitaríamos 500 años para resolver este problema”.
Daletto argumentó también que “en este momento de escasa oferta de alquileres, es necesario que el Estado implemente políticas para promoverlo y una de ellas es bajando los gastos impositivos porque todo privado que pone en alquiler su inmueble está contribuyendo a saldar esta deuda social”.
Y destacó que “por eso, meses atrás presentamos con el diputado Santiago Passaglia, de manera conjunta en ambas cámaras bonaerenses, un proyecto de ley para promover beneficios fiscales y aumentar la oferta de alquileres. La escasez de oferta de viviendas para alquilar es una problemática que el Estado debe atender generando herramientas que ayuden a aliviar la actual crisis tanto a los inquilinos como a los propietarios”.
Y para finalizar sostuvo que “para impulsar la cantidad de propiedades en alquiler hay que comenzar por el respeto a la propiedad privada, un derecho defendido y consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional y claramente la Ley no puede ir en contra de ese principio”.
Se trata de una iniciativa de asociación Inquilinos Agrupados, a fin de terminar con el problema de acceso a la vivienda y darle utilidad a los más de 300 mil inmuebles vacantes que hay en el distrito capitalino.
Buscando darle respuesta a la crisis habitacional que atraviesa el distrito, asociación Inquilinos Agrupados presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley mediante el cual se prevé que unas 340 mil viviendas ociosas pasen al sistema de alquileres.
El proyecto en cuestión plantea que los inmuebles que permanezcan vacíos por más de 90 días consecutivos ingresen “de forma obligatoria” a un sistema de alquiler protegido, el cual estará administrado por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad que deberá fijar un precio de renta equivalente al 1% del valor fiscal de la propiedad.
También define a la vivienda ociosa como “aquella que registre durante el lapso de tres meses consumos de servicios eléctricos por debajo de los 50 kwh/mes”, así como las que “no se hayan registrado su contrato de alquiler”, tal como lo determina la normativa vigente.
Respecto de esta situación, el referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, afirmó en diálogo con la agencia de noticias Télam que “decidido presentar un proyecto que soluciona en 90 días el problema de oferta de vivienda en la Ciudad” e indicó que “cuando el mercado plantea que la demanda supera la oferta, nada dice de las 340.000 viviendas vacías, siendo esta la causa fundamental junto con el alquiler turístico”.
Es que, de acuerdo con un estudio elaborado por la Mesa de estudio de viviendas vacías, casi una de cada 10 viviendas de la Ciudad de Buenos Aires permanece sin ocupar y la mayoría de ellas está en barrios como Puerto Madero, Palermo y Recoleta.
“No hay dudas de que el mercado inmobiliario construye viviendas para dejar vacías y las consecuencias sociales y habitacionales son gravísimas”, aseveró y concluyó precisando que “el aumento del valor del suelo, condiciones cada vez más restrictivas para conseguir vivienda, y alquileres que significan más de la mitad de nuestros ingresos. Toda ciudad moderna regula la vivienda vacía y es hora de que aquí también suceda”.
Cabe señalar que desde Inquilinos Agrupados iniciarán una campaña de recolección de firmas para sumar al menos 38 mil adhesiones que obliguen a los diputados a debatir el proyecto.
La puntana Eugenia Catalfamo apuntó puntualmente contra el Pro, y fustigó que impulsan “siempre más y mejores opciones para el que más tiene”.
La senadora nacional Eugenia Catalfamo (UC-FdT) cargó contra la oposición por el proyecto unificado que presentaron en la Cámara de Diputados para reformar la Ley de Alquileres.
A través de su Twitter, la puntana apuntó puntualmente al Pro, espacio al que le adjudicó la propuesta, que consideró “un insulto a millones de argentinos y argentinas que cada mes destinan casi el 50% de sus salarios al alquiler de un techo que los contenga”.
Para la oficialista, “dejar librada la discusión entre propietarios e inquilinos respecto del tiempo de actualizaciones (donde 3 meses es el mínimo y un año el máximo), o de cómo llevar adelante esas actualizaciones (de acuerdo a diferentes índices) es no hacerse cargo del verdadero problema que atraviesa la sociedad argentina”.
“Dan vergüenza!”, fustigó Catalfamo en el mensaje, acusó a los opositores de impulsar “siempre más y mejores opciones para el que más tiene” y completó con el hashtag: “#ElPROnosdaña”.
La legisladora de Evolución Radical aseguró que la iniciativa va en el objetivo de “reconstruir ese mercado que hoy no está”.
La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical) destacó el consenso alcanzado entre distintos bloques de la oposición para arribar a un proyecto de reforma de la Ley de Alquileres y resaltó: “Logramos una serie de medidas que intentan reconstruir el mercado de alquileres y darle confianza al inquilino y al propietario. Tenemos que volver a reconstruir ese mercado que hoy no está”.
En declaraciones a FM Delta, la porteña consideró que “la buena noticia” es que “somos 17 bloques los que logramos hacer un acuerdo inicial para dar una respuesta a la sociedad, tratando de que la mejor forma de proteger a los inquilinos es que los precios bajen y las unidades disponibles aumenten”.
Para la legisladora de Juntos por el Cambio, “flexibilizar e incentivar es la estrategia de esta ley” para “transitar la dificultad y minimizar daños en un contexto cuasi hiperinflacionario”. Sobre este punto, explicó: “Si antes eran 3 años, ahora son 2 años. La actualización con varios índices y damos márgenes para poder construir un acuerdo”.
“Finalmente, sacamos los incentivos negativos de la ley y pusimos incentivos fiscales positivos. Liberamos (del impuesto) Bienes Personales a los propietarios que quieren alquilar, liberamos el monotributo a los propietarios que quieren poner su propiedad en alquiler, y sacamos todo lo que son impuestos en las transacciones”, detalló sobre el dictamen.
Carrizo sostuvo que “la peor respuesta que podemos dar desde la política, cuando hay un problema, es ignorarlo”. “Y nuestra expectativa, de estos 17 bloques, es poder solicitar una sesión, instalar el tema, salir del status quo y empezar a dar un mensaje concreto de que podemos avanzar minimizando daños y, de alguna manera, revitalizar el mercado de alquileres en la Argentina”, concluyó.
En un plenario de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, el Frente de Todos avanzó con el despacho de mayoría que reivindica la ley actual, mientras que Juntos por el Cambio y bloques federales suscribieron uno de minoría que modifica la norma. Qué proponen.
Por Melisa Jofré
Tras un largo camino, que comenzó a principios de abril con un acuerdo parlamentario para debatir una reforma en 30 días hábiles -plazo que claramente no se cumplió-, un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados avanzó con los dictámenes sobre la reforma de la Ley de Alquileres (N°27.551).
Con 40 firmas, el Frente de Todos se alzó con el despacho de mayoría, mientras que el de Juntos por el Cambio y los bloques federales alcanzó 39. Sin embargo, el escenario de cara al recinto aparece adverso para el oficialismo, dado que la oposición lo superaría en número para imponer su texto. Podrían pedir incluso sesión para debatir el tema en los primeros días de julio.
Igualmente, resta definir la postura que tendrán, por ejemplo, los cuatro diputados libertarios, quienes pujaban directamente por la derogación de la ley. Teniendo en cuenta los acompañamientos en comisión, el dictamen de minoría contaría con 116 legisladores de Juntos por el Cambio, 8 del interbloque Federal y 4 del interbloque Provincias Unidas.
Luego de varias jornadas informativas, por las que pasaron más de cien expositores de todos los sectores, y habiéndose sumado a la discusión la Comisión de Presupuesto, no hubo luz verde para un consenso. Aunque sí ambos proyectos avanzan en beneficios impositivos para promover la oferta de propiedades.
El dictamen del Frente de Todos revindica la ley actual, al mantener el plazo de tres años en los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina IPC y RIPTE. Asimismo, otorga más facilidades para los inquilinos en la presentación de garantías.
En el capítulo de incentivos fiscales, propone una reforma en el régimen de monotributo para beneficiar a monotributistas que tengan más de tres unidades de explotación; incorpora al régimen de la Ley de Incentivo a la Construcción los inmuebles que durante 12 años estén destinados al alquiler y “siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados”; y exime del impuesto a los Bienes Personales a aquellas propiedades cuyo valor resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, el mínimo no imponible para esa categoría.
Por su parte, el dictamen de minoría vuelve a dos años el plazo mínimo legal de los contratos. En cuanto al precio del alquiler, deberá “fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y 12 meses”.
Asimismo, agrega que para los ajustes, las partes “deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS)” elaborados por el INDEC, “o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.
En relación a los beneficios fiscales, similares a los del oficialismo, la iniciativa contempla una reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan tres unidades de explotación, “en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados” se considere como “una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma”.
También exime de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y contempla una modificación al impuesto a los débitos y créditos bancarios -más conocido como impuesto al cheque- para que estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados”.
Durante el plenario, el diputado Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) reveló: “Desde la última reunión hemos continuado trabajando con los interbloques con los que teníamos una mirada parecida respecto de cuáles eran los cambios que había que hacerse en la Ley de Alquileres y de los incentivos fiscales. Viendo los dictámenes que habíamos sacado de Legislación General, nos pusimos de acuerdo en unificar un solo proyecto”.
Al explicar los aspectos de esa iniciativa, el legislador argumentó que se modifica de tres a dos años el plazo de los contratos, porque ese cambio que se dio con la ley sancionada en 2020 “generó un impactó negativo en la oferta”. Además, ahora buscan que haya “una mayor libertad entre las partes” para la actualización del precio de los alquileres.
A continuación, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace destacó el “diálogo fructífero entre distintos bloques”. “La intervención del Estado en la regulación de los alquileres no debe darse a través de los precios, sino de los incentivos para garantizar la oferta”, argumentó ya sobre el proyecto.
Y señaló que la ley sancionada en 2020 “ha generado consecuencias no deseadas”. Si bien se aprobó con “un pretendido objetivo de ayudar a los inquilinos”, el puntano analizó que su implementación falló en un contexto de “economía de alta incertidumbre y con alta inflación también”. En esa línea, explicó que es lógico que los propietarios “busquen cubrirse de ese riesgo con la única variable que sí controlan, que es la del precio inicial”, por eso el aumento de los alquileres.
Desde el oficialismo, el salteño Lucas Godoy lamentó que los legisladores de la oposición “hayan soslayado completamente la voz de unos de los actores fundamentales de la relación, que son los inquilinos”, de quienes “no he escuchado a ninguno de ellos que hay que retornar a un plazo mínimo de dos años, a una actualización semestral o que no tenga ningún tipo de regulación”. También resaltó que “es incomprobable” que los precios “hayan aumentado producto de esta ley”.
En tanto, su par Susana Landriscini cargó: “No respetan nada de lo que han pedido y solicitado fuertemente los inquilinos, las mujeres cabeza de familia, los sectores vulnerables, los representantes del interior, los jóvenes”. “La palabra ‘libremente’ en los pactos entre oferentes y demandantes surge de la doctrina liberal económica, que cree que uno y uno de las partes son iguales, cuando no lo son”, fustigó y agregó que la iniciativa de la oposición se trata de “una legislación que solo beneficia a propietarios e inmobiliarias”.
En la misma línea, el sanjuanino José Luis Gioja consideró que “está claro quién va a ganar, está claro quién va a imponer. Esto es como poner a un zorro con una gallina”. “El sector más perjudicado son los inquilinos. Como legisladores lo que tenemos que hacer mínimamente es defender los derechos de los inquilinos. ¡Acá hasta escuchamos llorar a una mujer!”, enfatizó. Y, más tarde, completó: “¡Vamos a hacer que rija la ley del gallinero, el de arriba caga al de abajo! Y así no debería ser”.
Desde el interbloque Federal, la diputada Graciela Camaño observó que “los salarios de los trabajadores están en paritaria permanentemente” porque “el gravísimo problema que tenemos es el problema de la inflación”. Entonces, cuestionó hacer discursos como si se creyera que “sí se escucha, cuando en realidad no se está viendo cuál es el problema que tiene nuestro país”.
“El problema que tenemos es que no hay oferta para alquilar”, sostuvo, al tiempo que admitió que “desde una ley no vamos a resolver el terrible problema habitacional que tenemos” porque, entre otras cosas, “este país no tiene crédito hipotecario hace muchísimos años”. “Este problema es mucho más importante, más profundo”, dijo.
Avanzada la discusión, el diputado del Pro Luciano Laspina cuestionó que “este Gobierno está acostumbrado a echarle la culpa a los anteriores, a echarse la culpa entre ellos, a patear los problemas para adelante y nunca resolverlos. Este es un ejemplo más, de negar la realidad, como niegan la inflación”.
“Hay un problema estructural en lo macroeconómico que esta ley no va a solucionar”, apuntó el macrista, que expresó que hay “una caída muy grande del salario medido en dólares o en metro cuadrado en el mercado inmobiliario”. Para el santafesino, con este proyecto “vamos a solucionar los problemas micro que se generaron con la ley votada (en Diputados) en 2019”, ante “un colapso de la oferta de propiedades”. “Venimos a intentar revertirlo, generando incentivos a que haya más oferta. Si hay más oferta, el precio baja”, sumó.
En el tramo final, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, recordó el trayecto que tuvo la ley -que se votó por amplia mayoría en Diputados en noviembre de 2019- y rechazó que “le hemos cargado casi toda la responsabilidad de los problemas que existen” a esa norma, que “entró en vigencia aproximadamente hace un año y dos meses”.
“Razón, convicción y también corazón hacen falta cada vez que aprobamos las leyes”, manifestó y planteó a continuación: “No venimos con una superioridad moral, pero tampoco queremos dejar instalada la idea de que acá hay algunos que tienen superioridad intelectual respecto a los proyectos que se tratan de impulsar”.
Luego leyó noticias sobre aumento de alquileres en otros puntos del mundo, como en New York o Barcelona. “Esta situación (internacional) que se está dando la tenemos que tener en cuenta. Inclusive aquellas economías más estables y que les dan mayor certidumbre a los mercados están teniendo problemas en los alquileres”, señaló. Finalmente, en su discurso, coincidió que “el camino va por los incentivos”, pero alertó que “no por reducir derechos de los inquilinos”.
Será este miércoles a partir de las 13, en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.
El esperado debate del proyecto de reforma de la Ley de Alquileres se retoma este miércoles, con el fin de emitir los dictámenes pendientes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en torno a proyectos que fueron debatidos ya en Legislación General.
Pero más allá de esa cuestión que dejaría el tema listo para llevarlo al recinto, y con la posibilidad de que la oposición en su conjunto unifique los dos dictámenes emitidos en Legislación General, en cuyo caso impondrían el dictamen de mayoría, el plenario analizará otro tema.
Se trata del proyecto de ley por el cual se crea el Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ese proyecto conocido como “el fondo para pagarle al Fondo” con “plata fugada” al exterior.
Por eso se recibirán expositores que continuarán así con las exposiciones que se iniciaron el pasado 1 de junio en una reunión de la que tomaron parte esa vez solo los integrantes de la Comisión de Legislación General que encabeza Cecilia Moreau. Ahora se suma Presupuesto y Hacienda.
El proyecto presentado en el Senado por el neuquino Oscar Parrilli contempla los siguientes puntos principales:
Tras largas dilaciones, los diputados tratarán de poner fin a la espera el miércoles que viene en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.
La celeridad con la que venía analizándose la reforma de la Ley de Alquileres se frenó a la hora de emitir dictamen. Finalmente hubo no uno, sino tres -uno del oficialismo y dos de la oposición-, pero la iniciativa no quedó habilitada para llegar al recinto, pues se estableció que debía pasar antes por la Comisión de Presupuesto y Hacienda para convalidar la introducción de medidas de orden fiscal introducidas en dos de los dictámenes.
En efecto, cuando en los primeros días de mayo Legislación General emitió los distintos despachos para modificar la norma vigente, dos de ellos incluyeron beneficios impositivos, materia en la cual la comisión dirigida por Cecilia Moreau no tiene competencia para dictaminar.
El dictamen de Juntos por el Cambio era el único que no incluía un capítulo en ese sentido, pero habida cuenta de que hay legisladores de ese espacio que habían presentado iniciativas por separado para establecer ese tipo de beneficios fiscales para los propietarios de viviendas, también estaban dispuestos a abrir su dictamen para sumar esos cambios.
Fue así que a la espera de que fuera convocada la Comisión de Presupuesto y Hacienda para dar el paso final previo a la llegada del tema al recinto, diputados de la oposición enviaron al presidente de la Cámara, Sergio Massa, una nota pidiéndole que “en miras a poder observar y cumplir con el tiempo acabadamente con los términos acordados en el acuerdo parlamentario sobre el tema Ley de Alquileres, arbitre y disponga todos los medios necesarios y conducentes para concretar en el menor tiempo posible la realización de una reunión conjunta en la que intervengan las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General” de modo de “completar el trámite unificado y dictaminar respecto de todos los expedientes referidos al tema”.
La misiva fue suscripta el pasado 31 de mayo por los diputados de Juntos por el Cambio Juan Manuel López, Carla Carrizo, Alejandro Cacace, Karina Banfi, Pablo Torello y Pablo Tonelli; mientras que por el interbloque Federal suscribieron Graciela Camaño e Ignacio García Aresca.
Finalmente se anunció este miércoles la convocatoria a las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda para el miércoles que viene a las 13, en el Anexo C, segundo piso, y según pudo saber parlamentario.com, la oposición buscará suscribir un dictamen conjunto. Esto es, unificar el de Juntos por el Cambio con el que firma Graciela Camaño, pero que fue impulsado por el diputado rionegrino Agustín Domingo (lo firma la diputada de Identidad Bonaerense pues el hombre de Juntos Somos Río Negro no integra la comisión). El dictamen conjunto contemplaría contratos de 2 años; precios libres y aumentos semestrales en lugar de anuales.
Una conclusión obvia pero contundente a la que la diputada del Pro remite al analizar temas claves que hoy discute la Cámara baja, como Compre Argentino, la reforma de la Ley de Alquileres y los créditos UVA.
Los principales problemas que hoy debate la Cámara de Diputados en busca de mejorar las leyes vigentes remiten siempre a una misma conclusión: la inflación. Es lo que una y otra vez señala la diputada nacional del Pro Germana Figueroa Casas al analizar los proyectos en cuyos debates hoy participa. En su diálogo con parlamentario.com, detalló los cuestionamientos de su espacio al proyecto de ley de Compre Argentino y la reforma de la Ley de Alquileres.
Sus dudas respecto del primer proyecto las grafica en frases como la de por qué se debe beneficiar a las PyMEs que contratan con el Estado “pagándoles más caro”. Respecto de la reforma de la Ley de Alquileres, confiesa que para ella directamente habría que derogarla.
Diputada nacional por Santa Fe, de origen rosarino -ciudad donde fue concejal hasta asumir el 10 de diciembre pasado en el Congreso de la Nación- Figueroa Casas es contadora, especializada en Tributación, y es además docente en la materia Finanzas Públicas. De ahí las características de la mayoría de las 8 comisiones que integra en representación de Juntos por el Cambio. A la que el último martes agregó excepcionalmente una más, Industria, en reemplazo de un colega para suscribir el dictamen de minoría que cosechó 38 firmas sobre el proyecto de ley de Compre Argentino que su interbloque cuestionó durante todas las jornadas del plenario. Cosa que les mereció el reproche del oficialismo, que tras quitar del texto la referencia al PAMI, cuestionó la postura mantenida por la principal oposición.
El oficialismo “no cedió tanto”, aclara la diputada ante parlamentario.com, para hacer hincapié además en que nunca tuvieron tampoco el texto completo del proyecto para ver bien “en qué cedieron”. Y en rigor de verdad, aclara, “en lo más importante no está cediendo”, aunque advierte que en lugar de ceder, el oficialismo debe explicar por qué quiere esa Ley de Compre Argentino.
“¿Por qué pasar a un 20% de las Pymes y las grandes de un 8 a un 15%? De 15 a 20, de 8 a 15, ¿por qué esos números?”, se pregunta la diputada del Pro, entre otras cosas: “¿Tienen las compras que se hicieron en los últimos 2 años? ¿Cuántas PyMEs nacionales, cuántas empresas grandes nacionales se quedaron afuera por precio? ¿De cuánto fue el porcentaje por el que se quedaron afuera? ¿Hicieron encuestas preguntándoles después de la licitación cuál fue el motivo, por qué la diferencia de precios?”.
A mí me parece que el costo argentino tiene más que ver con los impuestos que se pagan y las cargas que tienen las PyMEs”.
“A mí me parece que el costo argentino tiene más que ver con los impuestos que se pagan y las cargas que tienen las PyMEs”, sintetiza Figueroa Casas, que como integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda planteó durante el debate “¿por qué beneficiar solo a las PyMEs que contratan con el Estado pagándoles más caro? ¿Por qué no beneficiamos a todas las PyMEs sacándoles un poquito el pie de encima? Me parece que ahí está el tema”. También sostiene que “hay mucho enojo con el compre caro, pero realmente tenemos que ser responsables con un Estado que sabemos que está complicado, con una inflación que crece y no es un momento para comprar más caro para beneficiar a tal…”.
Según la legisladora santafesina, en las reuniones realizadas con las PyMEs, las mismas plantean otras cosas. “No están pidiendo que el Estado les pague más caro: te están pidiendo que el Estado les rebaje los impuestos; tienen problemas para conseguir gente que trabaje, piden capacitación; crédito, baja de impuestos… eso me parece que es lo más necesario”.
Figueroa Casas da por sobreentendido que el acuerdo que no se alcanzó en las comisiones, no llegará en el recinto. “Ellos dicen que es una ley nueva y derogan la anterior; hay partes que son textuales de la ley anterior que se aprobó durante el gobierno de Cambiemos. Es una ley polémica… Pagar algo más caro, tiene que ser por una buena razón”, sostiene, convencida de que lo que debió haberse hecho es ver si la ley vigente funcionó, pero en cambio desde el oficialismo “van por más, agregándole discrecionalidad, porque aparte esto tiene que ser limitado. Por ejemplo, la ley de Cambiemos tenía la posibilidad de cambiar 10 puntos porcentuales hacia abajo; ahora ellos ponen hacia abajo y hacia arriba. Después hay cosas que define la autoridad de aplicación”, lo que resume como la combinación de mayor discrecionalidad y más porcentajes.
“Aparte, se pasaron hablando de las PyMEs durante los plenarios, y a las PyMEs les dan un aumento de 5 puntos, un 33%; y a las empresas grandes les aumentan el margen como un 87%. Es contradictorio, salvo que te dijeran: ‘No, las empresas grandes tienen este problema y entonces les estamos aumentando’… pero ese informe nunca llegó, que es lo que pedimos desde el principio”, enfatiza.
Con todo, aclara que “uno no dice ‘que no haya ley de Compre Argentino’, sino ¿qué es la ley de Compre Argentino? Si la vamos a mejorar, que nos digan por qué”, y agrega: “¿Un fideicomiso, con la cantidad de fideicomisos que ya hay? Un fideicomiso que va a servir para cubrir el problema de financiación que genera el propio Estado porque paga tarde y mal. ¿Por qué no empezamos a pagar bien? Es difícil acompañar algo que no ves como una mejoría sobre lo que está”.
Puesto el tema en un impasse desde que acordaron sumar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar los dictámenes suscriptos en Legislación General, la reforma de la Ley de Alquileres es otro de los debates “pesados” que trata en este tiempo la Cámara baja.
Sobre el tema, Germana Figueroa Casas aclara que Juntos por el Cambio no tocó el tema impositivo en la norma porque así estaba acordado previamente, mas no porque no lo consideraran necesario, cosa que ahora harán cuando se discuta el tema en Presupuesto. La diputada cuenta que ella había presentado y acompañado propuestas de incentivos tributarios, como así también confía que “están hablando de confluir con el interbloque Federal, que tiene presentado un proyecto que no es tan diferente (al de JxC) en algunas cosas”.
Ella aclara que personalmente se inclinaría por la derogación. “Si hubiera los votos suficientes para la derogación, a mí me parece que es lo mejor, porque cuando una ley tomó el estado que tomó, seguirla modificando y emparchando, acordando, y viendo que pongo esta parte tuya… me parece que es peor. Para mí habría que derogarla y empezar de nuevo. Esa era mi posición, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto de los incentivos tributarios, que me parece que van más al meollo de la cuestión, que es que hay un problema de oferta, un problema de rentabilidad para los dueños”.
“Lo que vale una propiedad y lo que te da en alquileres no es un incentivo para alquilarla, sino para venderla, por lo que vale en dólares -reflexiona-. Y el inquilino no llega a pagar los alquileres. Pero también el tema impositivo tuvo mucho que ver: una persona que está en Ganancias paga el 35%, enseguida llega a esos números altos. Y lo que yo presenté fue porque estudiando el tema, hablándolo, viendo la situación de los pequeños propietarios”.
Lo que vale una propiedad y lo que te da en alquileres no es un incentivo para alquilarla, sino para venderla, por lo que vale en dólares”.
Pone un ejemplo concreto: “El monotributo no te permite estar ahí si tenés más de tres unidades de explotación. Entonces, una persona que tiene 4 monoambientes, que los alquila en, no sé, 50 mil pesos cada uno, te da 200 mil pesos. Después hay otra persona que tiene una casa que alquila en 200 mil pesos, exactamente los dos iguales, pero uno tiene cuatro unidades y tiene que ir sí o sí a Ganancias, y el que tiene la casa grande, se puede quedar en monotributo. Puede terminar pagando entre 3 y 4 veces más por Ganancias que lo que se paga por monotributo”.
– Los inquilinos defendieron durante las audiencias el tema de los 3 años de contrato. Y un comprovinciano suyo, el diputado Eduardo Tonioli decía que el acortamiento de los plazos a 2 años solo generaría complicaciones, porque la mayor responsabilidad en el alza del precio de los alquileres es por las renovaciones y los nuevos contratos, entonces un acortamiento sería perjudicial.
– Bueno, pero lo que está disparando los alquileres es la inflación. Esa actualización anual que es tremenda. Si una persona hubiera acordado alquileres como se hacía con el Código Civil, que uno fijaba los precios para el primer año, o para los seis meses, y estimaba lo que le parecía iba a ser la inflación, a lo mejor el inquilino estaría pagando mucho menos. El propietario se hubiera perjudicado, no sabemos. Mucho que tiene que ver con el salto que pasó ahora fue porque se incorporó que pagaban los impuestos los propietarios, que sabe que el Estado le aumenta los impuestos a cada rato. Entonces, a lo mejor el inmobiliario estaba en 1.000 pesos por mes, pero el propietario calcula por si acaso en 1.500 y eso lo traslada al precio. A mí me parece que eso no fue bueno y también, al incluir los impuestos en el alquiler, las comisiones y todo se calculan sobre la renta, que ahora incluye los impuestos. Entonces, no sé si el salto se dio solamente porque uno renueva, o por la ley nueva que te hace tener que ajustar al año.
Un tema que viene de la mano con el de los alquileres es el de los créditos UVA, donde la oposición forzó también un tratamiento que aún no se ha iniciado, pero que también se las trae. La diputada del Pro cuenta que para hablar del tema han convocado en el interbloque Juntos por el Cambio a los que como ella integran la Comisión de Finanzas. “Tenemos que hablarlo y ver, hay muchas aristas, porque también hay gente que está cobrando plazos fijos en UVA, hay dos caras de la misma moneda”, observa, sin dejar de tener en cuenta que “somos un país que tiene tan poco crédito hipotecario, que hay que tener ojo… De nuevo, esto es como la ley de alquileres, cuando uno la tocó y se asustan los propietarios. Bueno, en este caso: ¿Otra vez le vamos a decir a los bancos que las cosas cambian? ¿Va a haber crédito después? Hay mucho que analizar. Claro, hay gente que está angustiada, pero el problema principal es la inflación. Eso es lo que genera este problema”.
Las referencias a la inflación llevan a la guerra declarada por el Gobierno que todavía no muestra señales de éxito. “Desde el principio, siempre opiné que los controles de precios no funcionan, porque la experiencia lo muestra. Ojalá hubiera una solución mágica, pero la única forma es ser responsables, bajar el gasto, porque la emisión sin fin genera inflación”, sostiene Figueroa Casas.
La diputada santafesina se admite preocupada y asustada. “Yo he vivido la hiperinflación”, recuerda, aunque no cree que estén dadas las cosas hoy para llegar a ese punto… “Si se toman medidas. Creo que estamos a tiempo”.
Consultada sobre las iniciativas provenientes del kirchnerismo que impulsan de manera independiente de su propio Gobierno iniciativas tales como la moratoria en jubilaciones, acelerar los aumentos de salarios, o salario básico universal, Figueroa Casas cuenta como anécdota la interpretación que estos días le dio una joven de 20 años, que no es economista. “Me decía que no entendía que a vos te dan la plata, pero como el Estado te la da emitiendo moneda, eso ya después te termina valiendo la mitad. Entonces ¿te conviene que te den la plata? Yo la miraba pensando que cómo es que alguien que no tiene nada que ver con la economía empiece a razonar de esa manera. Te empezás a dar cuenta”.
Celebra ese tipo de razonamientos, aunque reconoce que hay que aumentarle a la gente, “porque la inflación hace que el sueldo valga cada vez menos, pero el ‘plan platita’ tiene esa desventaja, que no puede ser eterno”. Y agrega: “En economía uno trabaja a veces hablando de mover solo una variable y que todo quede igual, pero eso no es lo que pasa en la realidad. Entonces, si yo le voy a dar dinero a alguien, pero le genero tal inflación que no le alcance lo que le doy, lo estoy engañando. Cuando yo digo que está bueno endeudarse en pesos y no en dólares, lo que estoy diciendo es que a esa gente le voy a licuar la deuda. Le estoy diciendo a esa gente que no le voy a pagar lo que vale, porque si no me daría lo mismo endeudarme en pesos que en dólares. Bueno, lo mismo pasa con esto, le doy nominalmente, pero realmente no le va a alcanzar para todo lo que necesita. La verdad que asusta porque decís hasta dónde vamos a llegar con esto”.
– Un porcentaje alto de la inflación el gobierno lo atribuye a la guerra. ¿Qué tan cierto le parece esto?
– La inflación que hay en un año en esos países a los que afectó y que están repreocupados, es menos que la que tenemos nosotros en un mes. Obviamente que influye. Influye por ejemplo aumentando las commodities, también aumentando el costo de impuestos, pero también es una oportunidad. Lo que pasa es que si uno ve al campo como enemigo, por ejemplo, entonces va a decir que le va a ir bien porque los commodities valen más, por otro lado les cobra retenciones, le conviene que se exporte más, pero no ve que les vaya bien. En vez de decir nuestros productos valen más en el mundo, entonces me preocupo porque a nuestra gente no le alcanza. Y yo lo que tendría que pensar es que a la gente le tiene que ir bien y ganar mejor y que haya más empleo, y entonces no me voy a preocupar si no le alcanza para comprar el pan. A todo esto, se habla de la harina, y la harina es un 13% del valor del pan, y un 26% son impuestos. ¿Entonces el problema está en la harina o en los impuestos?
Acceda aquí a los proyectos que defenderán en el recinto el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el interbloque Federal.
Tres dictámenes fueron suscriptos finalmente este miércoles en la Cámara de Diputados para modificar la Ley de Alquileres vigente.
El suscripto por los miembros del Frente de Todos mantiene el plazo de tres años en los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres (fórmula que combina IPC y RIPTE).
Asimismo otorga facilidades para las garantías de los inquilinos
Dictamen-alquileres.docxA su vez, el dictamen de minoría de Juntos por el Cambio planea volver al plazo de 2 años en los contratos; en cuanto a las actualizaciones, propone que sean cada 6 meses, “pudiendo utilizar índices oficiales elaborados o publicados por organismos nacionales, provinciales o municipales, o los que las partes acuerden”.
Alquileres-Dictamen-JxC-finalEl tercer dictamen, también de minoría, es el que corresponde al interbloque Federal, y plantea volver al plazo de 2 años en los contratos.
Elimina la cláusula referida a que el locador deba aceptar cualquiera de las garantías presentadas por el locatario, mientras que las actualizaciones se negociarán “libremente” entre las partes. Los aumentos deberán ser escalonados. Los incrementos tendrán un tope para que no superen la inflación.
Habilita la posibilidad del inquilino para realizar pagos anticipados, como así también permite la ampliación de los contratos temporarios.
Dictamen-alquileres-minoria-Diputada-Graciela-CamanoEsta semana avanzará el debate en el seno de la Comisión de Legislación General, pero todavía no se emitirá dictamen.
A través de una sesión especial que no llegó a concretarse, la oposición obligó a principios de abril al oficialismo a tratar una reforma de la Ley de Alquileres. Así, se conformó la Comisión de Legislación General, que delineó un cronograma de audiencias al cabo de las cuales los diputados se abocarán a la elaboración del dictamen a llevar al recinto.
Concluidas las reuniones informativas que se realizaron de manera mixta y convocaron a 132 expositores, ahora es el turno de los diputados para trabajar el dictamen correspondiente. Al filo del tiempo acordado con la oposición para ir al recinto. Según esos tiempos establecidos, esta semana debería haberse dado la sesión correspondiente.
Pero no es fácil lograr un dictamen. En diálogo con varios legisladores, parlamentario.com pudo corroborar que hay quienes piensan que no podrá llegarse al recinto con un dictamen único. La vicepresidenta de la Comisión de Legislación General, Carla Carrizo, admitió que podría haber dos dictámenes; otro diputado del oficialismo fue más crudo al no descartar que haya “varios dictámenes”.
Con este panorama para un tema que no es para nada sencillo y que no terminará conformando a todas las partes, se llega al momento de llevar la cuestión al recinto con muchas dudas, y entre ellas la de cuándo será su tratamiento. Pues se esperaba que esta semana se emitiera dictamen, pero Legislación General se reunirá este martes, mas no para tratar alquileres, sino tratar el proyecto de prórroga por el termino de 90 días la vigencia del artículo 6° del Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda. Será este martes a las 15.
Al día siguiente se reunirá la comisión nuevamente, pero está acordado que ese día expondrán todos los que tienen proyectos propios, de modo tal que recién en una reunión posterior se debería llegar a el o los dictámenes. Debería ser la segunda semana de mayo, que es la única que queda libre, pues los dos miércoles posteriores serán feriados.
El primero, 18 de mayo, dedicado al Censo Nacional; el segundo, 25 de Mayo. Y con la vuelta de la presencialidad, se complica para los diputados estar presentes en Buenos Aires si existe un feriado justo a mitad de semana.
Lo más conveniente entonces sería que la sesión fuera el 11 o 12 de mayo, luego de que la Comisión de Legislación General dictaminara el martes 10. De lo contrario, el tratamiento en el recinto debería pasar para el mes de junio.
Con una presentación en ambas Cámaras, opositores buscan establecer beneficios fiscales para aumentar la oferta de alquiler de inmuebles de ciertas características.
El diputado Santiago Passaglia, y el senador Marcelo Daletto, ambos integrantes de las bancadas de Juntos, impulsan un proyecto de Ley en ambas Cámaras con el objetivo de otorgar beneficios fiscales para locadores -a través de la modificación de la Ley 10397 Código Fiscal de la Provincia- y en consecuencia, aumentar la oferta con la que cuentan los inquilinos.
“La provincia de Buenos Aires alberga a casi el 40% de la población del país y el INDEC estima para 2022 más de 5 millones y medio de Hogares. Pero muchas de esas familias no pueden acceder a una casa propia por motivos como las condiciones macroeconómicas, la falta de empleo, la falta de créditos hipotecarios y el efecto pandemia”, manifestó Daletto.
“Según relevamientos estadísticos del sector casi un 19 por ciento de viviendas son alquiladas en los grandes conglomerados urbanos de la Provincia, mientras que se observa una tendencia ascendente”, aseguró el Senador.
“A este contexto, se suma la retracción en la oferta de viviendas para alquiler producida entre otras causas por la Ley Nacional de Alquileres. Lo cierto es que la escasez de oferta de vivienda para alquilar es una problemática que el Estado debe atender generando herramientas que ayuden a aliviar la actual crisis tanto a los inquilinos como a los propietarios y esta iniciativa es una de ellas”, agregó Daletto.
El legislador opositor detalló que “a través del proyecto elaborado de manera conjunta con Santiago Passaglia, buscamos generar beneficios fiscales para aumentar la oferta de alquiler de inmuebles de ciertas características, que son a los que clase media y baja más requieren”.
“Es decir, buscamos aumentar la oferta y que aquellos locadores que ponen en alquiler sus inmuebles tengan beneficios fiscales”, concluyó el senador de Coronel Brandsen.
Presentaron ante el presidente de la Cámara baja un pedido de sesión para el primer martes de abril. El temario.
Tal cual había trascendido en la semana, la principal oposición elevó este viernes una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para solicitar una sesión especial para el 5 de abril, para tratar la derogación de la Ley de Alquileres y la ayuda a productores de Corrientes y Misiones afectados por los incendios.
“El Congreso no puede seguir paralizado, esperamos apoyo de toda la oposición”, señaló el presidente del bloque radical, Mario Negri.
El pedido de sesión es para el martes 5 de abril a las 12, con el objeto de tratar tres proyectos para derogar la Ley de Alquileres y otro que declara el estado de desastre y emergencia ambiental, económica, social, agropecuaria y productiva por el término de un año, prorrogable por igual plazo en todo el territorio de las provincias de Corrientes y de Misiones, afectados por la sequía y los incendios acaecidos desde el mes de diciembre de 2021.
Suscriben el pedido los diputados Cristian Ritondo, Mario Negri, Rodrigo de Loredo, Juan Manuel López, Margarita Stolbizer, Ricardo López Murphy, Carlos Zapata, Omar De Marchi, Julio Cobos, Sofía Brambilla, Ingrid Jetter, Manul Ignacio Aguirre, Jorge Vara, Martín Arjol, Florencia Klipauka Lewtak, Alfredo Schiavoni y Silvia Lospennato.
El sanjuanino José Luis Gioja presentó un proyecto que propone un plan de construcción y adquisición de inmuebles destinados a la gestión pública de alquileres sociales y gravar las viviendas ociosas. En exclusiva, adelantamos el proyecto que contempla también topes de precios iniciales.
Una cuenta pendiente del Congreso de la Nación sigue siendo la Ley de Alquileres. Sancionada en el año 2020, lejos de solucionar los problemas, como esperaban todos los sectores que la apoyaron, terminó complicando la situación de locatarios y locadores, al punto tal que oficialistas y opositores llegaron a hablar el año pasado hasta de su derogación.
Sobre todo desde la oposición hay varias iniciativas presentadas en ese sentido, y desde el Frente de Todos adelantaron la disposición para aplicar modificaciones, pero si bien hablaron de implementar medidas urgentes, el tema no fue incluido siquiera en el temario de sesiones extraordinarias.
Ahora, cuando en la oposición se comienzan a barajar incluso fechas para una sesión en Diputados con el fin de derogarla, desde el oficialismo surge una propuesta ya no en esa dirección, sino para modificar la Ley 27.551.
Tal cual adelantó esta semana parlamentario.com, el diputado nacional José Luis Gioja venía trabajando en una iniciativa que precisamente presenta este viernes y tiene por objeto, por un lado, mejorar las condiciones de contratación de los inquilinos, y por otro, otorgar beneficios tributarios para locadores, que incluye desgravación del Impuesto a los Bienes Personales por 15 períodos fiscales.
“Esta ley que proponemos modificar fue cuestionada hasta por sus mismos autores un minuto después de su aprobación”, sostuvo Gioja y agregó que “pretendemos fortalecer y transparentar el mercado inmobiliario y sentar las bases para que, desde el Estado Nacional y los estados provinciales se delineen políticas públicas que faciliten el acceso a la vivienda de alquiler”.
La iniciativa parlamentaria del diputado Gioja -a la que parlamentario.com tuvo acceso-incluye un punto importante que beneficia a las personas registradas en el Régimen del Monotributo y es que los que otorguen seguros de caución deberán aceptar tomadores de seguros que estén inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes (Monotributo) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), no podrán requerirles más que la constancia de inscripción y comprobantes de pago de los últimos seis meses, ni podrán cobrarles más que a tomadores que fuesen empleados en relación de dependencia.
Atendiendo la falta de oferta habitacional con destino al alquiler, el exgobernador sanjuanino agrega un ítem en su propuesta relacionado con esto y es que el Consejo Nacional de la Vivienda arbitre los mecanismos para diseñar y formular un plan para la construcción y adquisición de inmuebles por el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinados a la gestión pública de alquileres sociales, como así también elaborar un modelo de proyecto de ley para gravar en provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles que podrían destinarse a la vivienda y que se encuentran deshabitados.
El proyecto de Gioja, según se desprende de sus propias declaraciones, tiene dos objetivos: por un lado, mejorar el acceso a la vivienda y, por el otro, mejorar las condiciones de contratación de los inquilinos.
La iniciativa lleva también las firmas de los diputados oficialistas Rosana Bertone, Lía Caliva, Sergio Casas, Susana Landriscini, Dante Rodríguez, Nilda Moyano, Jorge Romero, Nancy Giorasi, Carlos Selva, Eduardo Valdés, Juan Carlos Alderete, Estela Hernández, Juan Manuel Pedrini y Alicia Aparicio.
Algunos de los aspectos que sobresales del proyecto presentado por Gioja son:
Para precio inicial de renovación de contrato de alquiler 10%; y para precio inicial de nuevo contrato 20%, adicional, respectivamente, al que corresponda con el ajuste anual previsto por el párrafo tercero del artículo 14 de la Ley 27.551.
Se establecería que las personas que otorguen los seguros de caución deberán aceptar tomadores de seguros que estén inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes (Monotributo) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), no podrán requerirles más que la constancia de inscripción y comprobantes de pago de los últimos seis meses, ni podrán cobrarles más que a tomadores que fuesen empleados en relación de dependencia.
a. Las sumas que los locadores facturen en concepto de alquileres podrán deducirse de los ingresos brutos anuales del régimen simplificado para pequeños contribuyentes (monotributo).
b. Los bienes inmuebles locados y registrados estarán exentos del impuesto sobre los bienes personales por cada año y período fiscal en el que estuvieran registrados los respectivos contratos y/o con un contrato vigente.
Este régimen de beneficios regirá por los próximos quince (15) períodos fiscales anuales a la entrada en vigencia de la presente ley.
• Construcción de inmuebles en centros urbanos.
Fomentar la construcción de inmuebles en centros urbanos destinados al alquiler, en todo el país, los que podrán ser asignados según diversas modalidades.
• Construcción y adquisición de inmuebles para la gestión pública de alquileres sociales.
Conformar un sistema de gestión pública de alquileres sociales, paralelo al mercado privado.
Para ello, todas -y cada una por su cuenta, sin perjuicio de aportes nacionales- las jurisdicciones deberían construir y adquirir inmuebles (casas o departamentos) y gestionar su alquiler a precios más bajos que los del mercado.
Este tipo de impuesto debería implementarse a nivel local, tanto por las facultades tributarias como por la fiscalización.
Gioja-Modificación-de-Ley-de-alquileresEl diputado nacional y presidente del partido UNIR expresó su rechazo a la norma actual y consideró necesario derogarla.
Dentro de un marco en el que el Gobierno dejó entrever que está dispuesto a trabajar en la reforma de la ley de alquileres y que abriera la posibilidad de suspenderla por 180 días, Alberto Asseff (UNIR – Buenos Aires) reafirmó su postura contraria y criticó la medida que por estas horas estudia el oficialismo: “Suspenderla es perder el tiempo, cuando ya está probado que ha sido una mala ley que perjudica tanto a inquilinos como a propietarios”, opinó.
El diputado que integra el bloque de Juntos por el Cambio recordó haber sido el primero, en su momento, en proponer la derogación total de la norma en cuestión, una idea de la que sigue convencido dado que argumenta que no ha cumplido con los objetivos que perseguía en el terreno de la práctica y que el hecho de suspenderla por un tiempo no cambiará la tesitura de las cosas. “¿Para qué perder el tiempo con una medida parcial como la suspensión? ¿Qué se gana con suspenderla?”, cuestionó el legislador.
Por último, Asseff también se mostró contrario a la posibilidad de modificar algunos aspectos de la ley: “Tampoco sirve la eliminación de algunos artículos, como proponen algunos de mis colegas Diputados, porque en esencia la ley intenta regular el mercado inmobiliario y por más buena voluntad que ponga la política queriendo suavizar la regulación sigue siendo una restricción al libre juego de oferta y demanda de un bien tan sensible como lo es la vivienda”.
El diputado Leandro Halperín (UCR-Ev) rechazó la discriminación por orientación sexual e identidad de género que sufrió una joven pareja que intentó alquilar un inmueble. “Debemos señalar y repudiar enérgicamente estos actos violentos y discriminatorios”, aseveraron.
Los legisladores de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración mediante el cual buscarán expresar su “máximo repudio” ante los hechos de discriminación por orientación sexual e identidad de género, que les negó la posibilidad de alquilar un departamento a Thiago Leis y Emma Velasco, una joven pareja, producto de la trans/homofobia.
Asimismo, los radicales –que presentaron el texto por iniciativa de Leandro Halperín (UCR-Ev)- buscarán manifestar su “solidaridad con las personas afectadas y al colectivo LGTBIQ+ en general”.
En los fundamentos de la medida, los legisladores consideraron que la discriminación hacia Velasco y Leis es “tristemente, solo un ejemplo de la violencia sistemática a la que está sometida la comunidad LGBTQ+, y en especial las identidades trans, en Argentina” y remarcaron que “Thiago y Emma no pudieron alquilar un departamento producto de los discursos del odio que sostienen la trans/homofobia: ‘no se hace por el tema de tu pareja’, les dijeron”.
“Sin perjuicio de ser un acto repudiable por parte de quienes se negaron a alquilar un departamento por la identidad de género de una de las partes, es el reflejo de un sistema estructural que permite e incentiva actos transfóbicos, lesbofóbicos y homofóbicos en todas las interacciones públicas y privadas y una manifestación más de la violencia que el colectivo trans sufre a diario”, aseveraron y consideraron que “este hecho no solamente es ofensivo, sino que atenta contra Convenciones Internacionales y leyes de orden interno, en los cuales se busca combatir toda forma de discriminación para con la población, sea por su creencia, su etnia, su religión, su orientación sexual y/o su identidad de género””.
Además repudiaron que “en el Siglo XXI sigan sucediendo estas situaciones, nos solidarizamos ante este tipo de situaciones y seguimos luchando para dar respuesta política ante los discursos del odio que sostienen estas prácticas” y concluyeron señalando que “debemos señalar y repudiar enérgicamente estos actos violentos y discriminatorios. Es nuestro deber como legisladores pronunciarnos sobre estos hechos, caso contrario, estamos avalando vivir en una sociedad que considera a algunos de sus miembros ‘ciudadanos de segunda’”.
Un proyecto de ley encabezado por Álvaro González propone modificar la ley vigente, que según el diputado “no beneficia ni a inquilinos ni a propietarios”.
Diputados del bloque Pro encabezados por el porteño Álvaro González presentaron un proyecto de ley para “mejorar” la ley de alquileres, que rige desde julio del año pasado, por entender que “no beneficia ni a inquilinos ni a propietarios”.
González advirtió que desde la sanción de la nueva norma “los valores aumentaron un 60%, muy por encima de la inflación”, y por eso propone modificarla.
El proyecto plantea que los contratos vuelvan a ser por dos años -el plazo se amplió a tres-; eliminar la cláusula de ajuste anual y con índice del Banco Central; y que las partes puedan realizar ajustes de común acuerdo en sus contratos privados.
Según la ley vigente, el índice para la actualización anual de los precios está conformado en igual medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), y debe ser elaborado y publicado mensualmente por el BCRA.
“Es urgente que trabajemos para mejorar una ley que quedó en evidencia que no beneficia ni a inquilinos ni a propietarios”, sostuvo González.
La iniciativa fue acompañada por sus pares del Pro Adriana Cáceres, Virginia Cornejo, Ezequiel Fernández Langan, Alicia Fregonese, Carmen Polledo, Dina Rezinovsky, Gisela Scaglia, Héctor Stefani, Pablo Torello y Natalia Villa.
La iniciativa fue de Pablo Tonelli junto a Cristian Ritondo y Álvaro González y busca estimular la oferta de inmuebles para alquiler habitacional.
El diputado del Pro Pablo Tonelli presentó, junto a los diputados Cristian Ritondo y Álvaro González, un proyecto de ley para crear un régimen de promoción para alquiler de viviendas con destino habitacional.
El proyecto establece beneficios impositivos para quienes construyan o incorporen inmuebles con características de viviendas destinados a la locación habitacional. El régimen es de adhesión voluntaria, el valor locativo surgirá de la libre negociación entre las partes y solo regirá para alquileres con fines de vivienda permanente.
El régimen promocional alcanza al impuesto a las Ganancias, a los Bienes Personales, sobre el Patrimonio Neto y al Valor Agregado. Además, los contratos de locación sobre dichos inmuebles estarían exentos de abonar el impuesto de sellos que habitualmente recae sobre ellos.
“El proyecto parte de la idea de que el mejor estímulo para incentivar la oferta de inmuebles para alquiler habitacional es de índole fiscal, como ya lo demostró, hace años, la ley 23.091 sancionada durante la gestión de Raúl Alfonsín en 1984. La promesa de exenciones impositivas es un efectivo y probado aliciente para que los inversores construyan viviendas y los propietarios las ofrezcan en alquiler. Y lo mejor es que no hace falta demostrarlo porque el sistema ya ha mostrado su eficacia” sostuvo Tonelli.
“La situación crítica del mercado inmobiliario afecta considerablemente el derecho de acceso a la vivienda de todos aquellos a quienes se les hace casi imposible adquirir una propia, y se ve agravada además por la ausencia de créditos para la adquisición de inmuebles. Pese a las buenas intenciones, la sanción de la ley 27.551 no mejoró la oferta de viviendas para locación habitacional y el Congreso Nacional debe tomar cartas en el asunto” continuó Tonelli.
Por otro lado, el proyecto propone la existencia obligatoria de un seguro de garantía, cuya prima abonarán siempre los locadores, que sirva para cubrir el riesgo por incumplimientos de los locatarios, daños a la propiedad ocasionados por éstos e indemnizaciones por ocupaciones indebidas.
Los beneficios impositivos señalados en el proyecto durarían un período de once años —susceptibles de prórroga— contados a partir de la reglamentación de la ley. La forma de acreditar que las viviendas se destinan a la finalidad indicada, sería a través de los contratos de locación que se celebren con los eventuales inquilinos.
El mantenimiento de estos beneficios impositivos estaría condicionado a que los inmuebles incorporados al régimen, mantengan una ocupación efectiva de inquilinos a título de locación habitacional efectiva y permanente por un período mínimo de 100 meses consecutivos o alternados dentro del término de 10 años, contados a partir de la formalización del primer contrato de locación de cada unidad; debiéndose formalizar el primer contrato de locación dentro de los 120 días posteriores a aquél en que los inmuebles estén en condiciones de habitabilidad o, en su caso, al de la compra de los mismos, excepto en el supuesto de inmuebles ocupados, en cuyo caso el plazo se computaría desde el momento de su efectiva desocupación.
Cualquier incumplimiento por parte de los propietarios de estos inmuebles, de los requisitos necesarios para alcanzar los beneficios impositivos referidos, los obligará a reintegrar los importes ahorrados con su debida actualización.
Lo hizo el Gobierno a través de un decreto por el cual también extendió la suspensión de los desalojos por falta de pago.
El Gobierno nacional prorrogó el congelamiento de los precios de alquileres y la suspensión de los desalojos por falta de pago, así como la imposibilidad de modificar el valor de las cuotas de los créditos hipotecarios, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.
El Ejecutivo extendió hasta el 31 de enero de 2021 la suspensión de los desalojos, el plazo de vigencia de los contratos y el congelamiento de los precios de los alquileres.
La norma prórroga hasta febrero de 2021 el inicio del pago de las deudas por diferencia de precio en los mismos términos y condiciones, y hasta el 31 de enero de 2021 para las deudas por falta de pago.
Por otra parte, se extiende la mediación obligatoria por el plazo de 6 meses, a partir del 30 de marzo de 2021, y la suspensión establecida con anterioridad.
Entre otras cosas, esto implica prolongar el congelamiento del valor de las cuotas de créditos hipotecarios hasta el 31 de enero próximo, con lo que seguirá vigente el de marzo cuando se dictó la emergencia sanitaria en todo el país.
También dispone suspender las ejecuciones hasta la misma fecha, sean “hipotecarias, judiciales o extrajudiciales”. La norma además alcanza a los “lanzamientos ya ordenados” y que no se hubiesen llevado a cabo.
Y establece que las cuotas de créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y deban pagarse entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de julio de 2022 no podrán superar el valor determinado en un esquema de convergencia elaborado por el Poder Ejecutivo.
En tanto, el artículo 4 dispone que desde las 0 horas del 25 de septiembre y hasta el 31 de julio de 2022, las entidades financieras deberán habilitar una instancia para considerar la situación de aquellos clientes que acrediten que el importe de la cuota a abonar supera el 35 por ciento de sus ingresos actuales. Además, las insta a “contemplar situaciones especiales debidamente acreditadas que deriven en una variación de los deudores/codeudores considerados o deudoras/codeudoras”.
En otro punto, se fija que las deudas que pudieren generarse desde el 1° de octubre de 2020 y hasta el 31 de enero del año 2021, originadas en la falta de pago o por pagos realizados fuera de plazo o por pagos parciales, podrán ser convertidas a Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y refinanciadas a pagar a partir de la finalización del cronograma vigente del préstamo, en cuotas que no podrán superar la cuota original del préstamo.
Además, señala que de aplicar intereses compensatorios, estos no deberán exceder la tasa de interés del préstamo original.
Finalmente, determina que las deudas acumuladas previstas por los artículos 6° y 7° del Decreto N° 319/20 podrán ser refinanciadas, y agrega que “las partes podrán pactar una forma de pago distinta que no podrá ser más gravosa para la parte deudora”.
En los considerandos, de los decretos se señala que “la emergencia sanitaria requirió, por parte del gobierno, la adopción de medidas tendientes a velar por la salud pública, extremando simultáneamente los esfuerzos para coadyuvar a las problemáticas económica y social”.
También puntualiza que la referida emergencia “ha dificultado para una importante cantidad de locatarios y locatarias, la posibilidad de hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos suscriptos con anterioridad a la aparición de la pandemia de Covid-19, la cual ha modificado la cotidianeidad y las previsiones de los y las habitantes del país”.
Los diputados Eduardo Fernández y Fernanda Vallejos buscan extender el decreto que suspendió desalojos y prorrogó contratos hasta el 31 de marzo de 2021.
El diputado nacional Eduardo Fernández, junto a la diputada Fernanda Vallejos, presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que prorroga hasta el 31 de marzo de 2021 la vigencia del Decreto 320/2020 sobre Suspensión de Desalojos, Prorroga de Contratos de Alquiler y Congelamiento de Precios.
El Decreto 320, al que alude el proyecto, establece una serie de derechos en favor de los inquilinos en el marco de la cuarentena y la pandemia, suspendiendo las órdenes de desalojo y prorrogando de manera automática los contratos de alquiler vigentes al 20 de marzo hasta el 30 de septiembre del corriente año.
Agrupaciones en Defensa de Inquilinos a lo largo de todo el territorio del país alertaron sobre la delicada situación que atraviesa el sector y solicitaron una extensión del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece el congelamiento de alquileres, teniendo en cuenta que el Decreto 320/2020 pierde vigencia el 30 de septiembre. En medio de la crisis económica producto de la pandemia, la Federación Nacional de Inquilinos señaló que hay aproximadamente un millón de familias en condiciones de ser desalojadas a partir de octubre por las deudas acumuladas.
“A estas familias queremos brindarles la tranquilidad de que van a poder seguir teniendo un techo mientras la economía se recupera de esta terrible pandemia mundial”, argumentó el diputado cordobés Eduardo Fernández, al tiempo que subrayó que la prórroga incluye los alquileres de espacios culturales, de profesionales para el ejercicio de su actividad y pymes.
El proyecto obtuvo dictamen en la Comisión de Legislación General, donde Juntos por el Cambio reclamó una ley de asistencia a comerciantes.
Un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la situación de los alquileres con fines comerciales obtuvo dictamen favorable este lunes en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, tras un fuerte debate donde volvió a asomar la grieta.
La iniciativa fue presentada por la presidenta de la comisión, Cecilia Moreau (Frente de Todos) y solicita informes a la AFIP sobre diversas cuestiones relacionadas al ROI (Registro de Operaciones Inmobiliarias) en el contexto de la pandemia.
Si bien Juntos por el Cambio acompañó el proyecto, el diputado Luis Petri (UCR) planteó la necesidad de avanzar con una ley que alivie la carga impositiva “ya que la situación de los comercios en Argentina es prácticamente asfixiante y terminal”.
“Yo no me puedo plantar frente a un comerciante y decirle que lo único que ha hecho el Congreso ha sido un pedido de informes, porque nos quedamos cortos”, reprochó, y advirtió que “hay muchos comercios que bajan la persiana y no sabemos si podrán volver a abrir sus puertas”.
Petri sostuvo que “según datos de las cámaras de comercio, la rescisión de los contratos en CABA ronda el 22% en junio y la morosidad el 15%. La situación es por demás alarmante”.
“Más allá de acompañar, creemos que es imprescindible que rápidamente demos una solución para los inquilinos a locales comerciales”, insistió el mendocino, y en el mismo sentido Roxana Reyes (UCR) consideró que “un pedido de informes a cien días de la pandemia es, al menos, extemporáneo”.
En nombre del oficialismo, la jujeña Carolina Moisés destacó la reciente sanción de la Ley de Alquileres, que era “una cuenta pendiente”, y recordó además el decreto que congeló los precios de los alquileres.
“Está bueno que en Juntos por el Cambio se preocupen tanto por cómo mantener abiertos los comercios, porque hasta el 10 de diciembre hicieron todo para que los argentinos vivieran peor de lo que estaban”, ironizó Moisés.
Jorge Enriquez (Pro) recogió el guante y, tras reclamarle al Frente de Todos que “deje de mirar al pasado”, denunció que “a la gran mayoría de los trabajadores no les llegó el ATP”. “Lo sufro en carne propia porque le pasa a los trabajadores de mi estudio”, reveló.
El legislador advirtió que “el único esfuerzo que hace el Gobierno es imprimir billetes; el verdadero esfuerzo lo hacemos todos con nuestros impuestos. No es la concesión graciosa de un gobierno”.
Intervino entonces la oficialista Gabriela Cerruti, quien salió al cruce de Petri: “Decir sin pudor ni vergüenza que en estos meses no se tomó ninguna medida y que lo único que se hace es presentar un pedido de informes es mentir”.
Cerruti se preguntó: “¿Qué medida tomó el jefe de Gobierno frente al cierre de los comercios? ¿Les bajó el ABL? ¿Les hizo algún préstamo? No hay ni un crédito del Banco Ciudad para los comercios”.
Además, recordó que el pasado 11 de junio, los senadores de Juntos por el Cambio no votaron en el Senado la Ley de Alquileres. “¿Con qué cara vienen a hablar de los alquileres?”, cuestionó.
El pedido de informes aprobado en la comisión solicita detalles a la AFIP sobre la cantidad de locaciones comerciales registradas en todo el país, diferenciadas por jurisdicción, y el monto promedio de las mismas.
También se consulta sobre la cantidad de locaciones comerciales registradas cuyos contratos hayan finalizado desde el mes de marzo hasta la fecha; y las locaciones comerciales cuyos contratos tengan fecha de finalización desde la fecha hasta el 30 de septiembre.
En otro orden, la comisión dictaminó un pedido de informes -unificado entre proyectos de Karina Banfi, Carla Piccolomini y Fernando Iglesias- sobre el decreto 338/20 y el funcionamiento del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
La iniciativa corresponde a diputados de los jefes de bloques de Juntos por el Cambio y atiende la situación de quienes sufren especialmente las consecuencias de la cuarentena.
Diputados nacionales presentaron un proyecto de ley sobre contratos de alquileres comerciales, que busca aliviar la situación económica de los inquilinos de locales comerciales que se encuentran impedidos de desarrollar sus actividades con motivo del aislamiento obligatorio y, también, ayudar a los propietarios de dichos locales.
La iniciativa firmada por Cristian Ritondo, Mario Negri, Maximiliano Ferraro, Luciano Laspina y Luis Pastori establece en su artículo 1° que a partir de la declaración del Aislamiento Obligatorio, por el Decreto Nº 297/2020 y las normas ampliatorias, la situación de estos inquilinos y propietarios de locales comerciales quedan comprendidos dentro del artículo 1203 del Código Civil y Comercial de la Nación. Este artículo establece que si “por caso fortuito o fuerza mayor” el comerciante inquilino se ve impedido de usar su local tiene dos opciones, o bien la rescisión del contrato o la suspensión del pago del alquiler por el tiempo que dure -en este caso- la cuarentena.
En lo que respecta al propietario, el proyecto de ley propone que éste pueda deducir del impuesto a las Ganancias hasta el 100% del valor locativo del inmueble no ingresado en el ejercicio fiscal del corriente año, en la medida que no haya pactado una refinanciación de dicho valor con un 30% adicional en carácter de deducción especial.
El proyecto aclara que el propietario, en caso de pactar una refinanciación, el valor locativo se considerará devengado en el ejercicio y la deducción a computar será de hasta el 30% de ese valor. En ambos casos, la deducción procede hasta el límite de los ingresos gravados correspondientes al inmueble.
Tras participar de la votación de la ley de educación a distancia, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal abandonaron el debate. Acusan al oficialismo de romper el acuerdo sobre las sesiones virtuales.
Por Carolina Ramos y Melisa Jofré
La tensión entre el oficialismo y la oposición en el Senado escaló este jueves cuando, tras reiteradas amenazas, Juntos por el Cambio y el Interbloque Parlamentario Federal se retiraron por segunda vez consecutiva de la sesión virtual, acusando al Frente de Todos de violar la regulación de los debates virtuales.
Las bancadas presididas por el formoseño Luis Naidenoff y el salteño Juan Carlos Romero volvieron a actuar en tándem y abandonaron la sesión virtual cuando terminó de aprobarse el proyecto de ley de educación a distancia. El único que, según advirtieron, está vinculado a la pandemia del Covid-19.
La oposición le enrostró al bloque de José Mayans y a la propia vicepresidenta Cristina Kirchner que el decreto 8/20, que reguló el funcionamiento retomo, estableció que las sesiones telemáticas serían acotadas a temas referidos a la pandemia y sus derivados.
Sin embargo, el oficialismo incluyó la semana pasada dos DNU de la gestión anterior -uno de los cuales transfería a la Corte Suprema las escuchas judiciales- y este jueves incorporó a la agenda la iniciativa sobre alquileres y otra de Oscar Parrilli para suspender la inscripción de las Sociedades de Acción Simplificada (SAS).
Fue la gota que rebalsó el vaso para la oposición, que dejó asentada su postura desde el inicio, con una cuestión de privilegio presentada por Laura Rodríguez Machado (Pro) contra Cristina y Mayans.
Los senadores fueron más allá y, a lo largo del debate sobre educación a distancia, aprovecharon la oportunidad para reforzar las críticas, en un clima de crispación que tuvo que ser controlado por la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala, ante la ausencia de Cristina durante buena parte del debate.
“Nos vamos a abstener de participar de la votación (de alquileres) porque se trata de un proyecto que está fuera de lo que habíamos acordado para tratar en las sesiones remotas”, anticipó Humberto Schiavoni, jefe del bloque Pro.
En el mismo sentido, su par Pablo Blanco aclaró: “No es que uno esté en contra de estos proyectos, pero debemos respetar el marco por el cual ibamos a funcionar. Si en la casa de las leyes fijamos reglas de común acuerdo aprobadas por unanimidad, es una muy mala señal que le damos a la sociedad al no respetar los acuerdos”.
Además, advirtió que “hay más de 100 proyectos relacionados al Covid-19” presentados por Juntos por el Cambio “que ni siquiera fueron tratados en comisión”.
Tanto Blanco como Schiavoni señalaron además que los inquilinos “están protegidos” por el DNU firmado por el Poder Ejecutivo a fines de marzo que prohibió los desalojos por falta de pago y congeló el precio de los alquileres debido a la situación de emergencia sanitaria.
También muy molesta, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) consideró “muy triste” que “el oficialismo haya decidido terminar” con los acuerdos, “un modo de trabajo indispensable en la democracia actual”.
También se quejó de que “a los proyectos que vienen de Diputados no se los deja revisar ni cambiar una coma”. “¿Qué quieren ahora, qué seamos nosotros la escribanía de Sergio Massa? ¡Me resisto, señora presidenta!”, exclamó, al referirse al tema de alquileres y las dudas sobre la redacción aprobada en la Cámara baja.
La tucumana le pidió al Frente de Todos “que recapacite” porque “se equivocan” al “tomar esta manera antidemocrática, porque cuando no respeto lo que acuerdo, las formas de actuar y tratar a la oposición, hiero de muerte a la democracia. ¡Y eso es lo que están haciendo! Creer que tienen los votos y que por eso tienen derecho a hacer lo que quieren”.
La riojana Clara Vega, del Interbloque Federal, también lamentó la decisión de “no respetar los acuerdos en tiempos de pandemia”, al tratar en esta sesión “dos temas que no tienen que ver con el Covid-19”, sino que “tienen que ver con un oportunismo y un sesgo ideológico”.
Reafirmó esta postura el jefe de Parlamentario Federal, Juan Carlos Romero, quien se quejó de que ambos temas “nada tienen que ver con la pandemia”. Y cargó contra “un sector del oficialismo” que gobernó hasta diciembre de 2015 por expresar “día a día un revanchismo contra el campo, la prensa, los periodistas no adeptos, las empresas, los jueces. En fin, todos los que piensen distinto a ustedes están siendo castigados”.
“Creemos que deben respetarse los acuerdos”, enfatizó y recordó que en julio vencerá el plazo establecido para las sesiones remotas, con lo cual se podrá “discutir” sobre nuevas reglas. Pero advirtió que eso se hace con “consensos” porque “ante la imposición es más difícil, se agranda la grieta”.
Finalmente, el salteño lanzó que “ganar las elecciones no es un boleto para el ‘todo vale'” y “ser mayoría no es ser dueños. Ser mayoría les da una mayor responsabilidad. No es un cheque en blanco para hacer lo que se les ocurra”.
A partir de las 14, realizará una sesión que incluye en el temario el proyecto sobre educación a distancia. Ambas iniciativas quedaron postergadas por la polémica generada en la anterior sesión. JxC solo votaría este último proyecto.
Una semana después de que fracasara el tratamiento de los dos proyectos previstos para debatir en la última sesión del Senado, luego de que la oposición consiguiera obturar los dos tercios para habilitarlos, la Cámara alta realizará a partir de las 14 una sesión especial para este jueves para discutir esos temas pospuestos.
De manera remota, el cuerpo tratará los proyectos de ley que vienen en revisión sobre educación a distancia, por un lado, y alquileres, por el otro.
En el primero de los casos el proyecto de ley modifica el artículo 109 de la Ley 26.206, de Educación Nacional, estableciendo la posibilidad de impartir educación a distancia en una situación excepcional.
Según ha trascendido, los senadores de Juntos por el Cambio solo votarían ese tema, no así las otras cuestiones previstas en el temario, pues argumentan que trasgreden el acuerdo establecido en el decreto de la presidencia de la Cámara alta número 0008/2020 por el cual solo se tratarían de manera remota temas relacionados con la pandemia.
No es el caso del proyecto que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación respecto de los contratos de locación, ni tampoco el otro proyecto incluido en el temario de esta sesión especial: un proyecto de ley del senador Oscar Parrilli que dispone suspender por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) regulado en el Título III de la Ley 27.349 (apoyo al capital emprendedor) y otras cuestiones conexas.
Será uno de los temas de la sesión de este jueves, tras el fracaso del tratamiento la semana pasada. Cuáles son los puntos salientes de la iniciativa.
Tras el “plantazo” de la oposición la semana pasada, el Senado volverá a sesionar este jueves de manera virtual para tratar, entre otros temas, la postergada ley de alquileres. El proyecto cuenta con aprobación de la Cámara de Diputados y se encamina a convertirse en ley.
A continuación, un repaso por sus aspectos principales:
También incluyó en el temario el proyecto sobre educación a distancia. Ambas iniciativas quedaron postergadas por la polémica generada en la anterior sesión.
Una semana después de que fracasara el tratamiento de los dos proyectos previstos para debatir en la última sesión del Senado, luego de que la oposición consiguiera obturar los dos tercios para habilitarlos, la presidencia de la Cámara alta convocó a una sesión especial para este jueves para discutir esos temas pospuestos.
En efecto este martes por la noche la presidenta del Cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner llamó a sesionar de manera remota para tratar los proyectos de ley que vienen en revisión sobre educación a distancia, por un lado, y alquileres, por el otro.
En el primero de los casos el proyecto de ley modifica el artículo 109 de la Ley 26.206, de Educación Nacional, estableciendo la posibilidad de impartir educación a distancia en una situación excepcional.
Asimismo se discutirá el proyecto que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación respecto de los contratos de locación.
En ambos casos las iniciativas están en condiciones de ser ley, aunque el proyecto sobre alquileres podría sufrir modificaciones que obligarían a su vuelta a Diputados.
Pero no son esos los únicos proyectos previstos para la sesión especial de este jueves. También ha sido incluido en el temario el proyecto de ley del senador Oscar Parrilli que dispone suspender por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) regulado en el Título III de la Ley 27.349 (apoyo al capital emprendedor) y otras cuestiones conexas.
En esta oportunidad se descuenta que no habrá impedimentos para llevar adelante la sesión, pues son iniciativas que contaron con la anuencia en comisión de los miembros de Juntos por el Cambio. El motivo del rechazo de la semana pasada fue la intención del oficialismo de llevar al recinto el debate sobre Decretos de Necesidad y Urgencia firmados durante la gestión de Mauricio Macri, cosa que la oposición consideraba violatoria del acuerdo establecido para no debatir durante las sesiones remotas en tiempos de pandemia temas ajenos al Covid-19.
El senador santafesino criticó la decisión de Juntos por el Cambio de bloquear el tratamiento del proyecto y dijo que, esta norma, se necesita para “devolverle certidumbre a muchas familias”.
El senador nacional Roberto Mirabella (Frente de Todos) criticó la decisión del interbloque de Juntos por el Cambio de negarse a tratar sobre tablas la ley de alquileres y la de educación a distancia en la sesión virtual que realizó este jueves la Cámara alta.
“Se necesitaban dos tercios para poder tratarlos, pero no acompañaron. Vamos a insistir con la ley de alquileres y con educación a distancia en la próxima sesión”, manifestó.
El legislador por la provincia de Santa Fe aseguró que desde el oficialismo “estamos convencidos de la importancia de ambos instrumentos y, por ello, vamos a trabajar fuertemente para votarlo ya mismo en el recinto”.
“La ley de alquileres, especialmente, es una herramienta muy importante que el Congreso Nacional ha venido deliberando desde hace unos años y llegó el tiempo de aprobar el nuevo marco normativo para devolverle certidumbre a muchas familias que están necesitando acompañamiento”, explicó.
Por otro lado, consultado por el tema de las escuchas ilegales, Mirabella expresó su preocupación y afirmó que “son actividades ilegales que se hicieron no solamente sobre el gobernador (de Santa Fe, Omar) Perotti, sino que también afectó al menos a otras 87 personas entre los cuales hay políticos, periodistas, dirigentes, militantes, referentes de la vida social y política argentina”.
“Esto nos preocupa, realmente mucho. Realmente es una práctica que creíamos estaba desterrada en la Argentina, de la escucha, de seguimiento de adversarios políticos, periodistas, o de lo que fuere”, completó.
Fue porque no cedieron los dos tercios para tratar ambos proyectos sobre tablas. Para la oficialista, esa actitud “resulta muy cara para la democracia”.
Luego de que la oposición bloqueara el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley de alquileres y de educación a distancia en el Senado, la oficialista Anabel Fernández Sagasti denunció una “maniobra espuria” de Juntos por el Cambio y otros bloques y lamentó: “Me avergüenza tener colegas que, por solo oponerse por oponerse, le niegan derechos a los argentinos”.
Así se expresó la vicejefa del bloque del Frente de Todos luego de que el oficialismo no alcanzara los dos tercios necesarios para tratar las dos iniciativas consensuadas, cuyos dictámenes no contaban con los siete días de vigencia reglamentarios.
La votación resultó con 42 votos afirmativos y 29 negativos, de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, quienes tomaron la decisión a modo de reproche al oficialismo por promover la votación conjunta de varios DNU, incluyendo dos de la gestión macrista y el que le otorgó mayores facultades al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
“Que la oposición se niegue a tratar un tema que salió por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, y que no fue una imposición porque lo veníamos hablando, resulta muy caro para la democracia”, advirtió la mendocina.
Recordó que “hace menos de un mes, senadores y diputados lanzaban una ‘caravana por la democracia’ pidiendo que el Congreso sesione con temas importantes para la Argentina”.
“La ley de alquileres es un tema que venimos debatiendo hace mucho. Muchos argentinos esperaban alivianar su situación con los contratos de alquiler”, lamentó Fernández Sagasti, y lanzó: “Ese llamado a la democracia, a que sesionemos, a que las instituciones se abran, y todo lo que hicieron con el titular de la ‘infectadura’ es lo que quieren hacer de nuestras instituciones”.
Finalmente, la oficialista insistió: “Lamento mucho que el Senado no quiera tratar las leyes de educación y alquileres. Me avergüenza tener colegas que, por solo oponerse por oponerse, le niegan derechos a los argentinos”.
En su tercera reunión virtual, la Cámara alta debate sobre iniciativas de alquileres y educación a distancia. Además, se discutirá sobre el DNU de los “superpoderes” a Santiago Cafiero y uno firmado por Mauricio Macri sobre el manejo de las escuchas judiciales, que el oficialismo busca rechazar.
De manera virtual, el Senado sesiona desde las 14.25 para tratar dos proyectos que podrían convertirse en ley y una serie de Decretos de Necesidad y Urgencia, entre ellos dos firmados por el expresidente Mauricio Macri sobre el manejo de las escuchas judiciales, que el Frente de Todos -con mayoría- buscará rechazar.
El primer punto del temario es la iniciativa modifica el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional, con el fin de darle un marco a la “excepcionalidad a distancia” transitoria para todos los niveles de educación, en el marco del aislamiento por la pandemia de coronavirus.
El proyecto, que cuenta con media sanción de Diputados, plantea que esta modalidad se usará cuando la escolaridad presencial sea inviable, en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos.
Además, dispone que tendrán que adoptarse disposiciones para la reorganización pedagógica e institucional del régimen académico y de la capacitación docente. Asimismo, deberá atenderse la provisión de recursos tecnológicos y conectividad que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad y la adopción de condiciones de salud y seguridad en el trabajo.
Por otra parte, se tratará el proyecto -con media sanción de la Cámara baja- que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación con el fin de regular los contratos de alquiler. Durante la reunión en comisión se plantearon algunas sugerencias de modificaciones en el texto que, de ser incorporadas, harán que la iniciativa vuelva a su cámara de origen para la aprobación definitiva.
Como puntos centrales, la iniciativa extiende la duración del plazo del alquiler de dos a tres años y establece un mecanismo de actualización anual de los montos, en base a una combinación entre el índice de inflación y el de salarios (RIPTE).
También indica que la inscripción de los contratos deberá realizarse a través de la AFIP; amplía el menú de garantías que el inquilino podrá presentar al empleador (garantía propietaria, seguro de caución, aval bancario, recibo de sueldo o certificación de ingresos); y establece que las expensas extraordinarias quedarán a cargo del propietario y que los gastos por intermediación de un corredor inmobiliario también dejarán de estar a cargo del locatario.
Decretos de Necesidad y Urgencia
Luego de esos temas, los senadores se abocarán a la discusión de doce DNU, con la particularidad de que habrá dos correspondientes a los años 2015 y 2017, suscriptos por el expresidente Mauricio Macri.
Los decretos del temario, que llevan la firma de Alberto Fernández, son el 408/20 y el 459/20 que prorrogan el aislamiento social, preventivo y obligatorio; el 409/20, referido al cierre de fronteras; el 426/20 que impide la posibilidad de suspender el servicio prepago de telefonía móvil o internet por falta de abono; y el 457/20, criticado por la oposición ya que además de modificar el Presupuesto fue a través del cual se suspendió el límite establecido en la Ley de Administración Financiaera para que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pueda reasignar partidas libremente, en el marco de la pandemia.
También figuran los decretos 391 y 404/20 sobre reestructuración de títulos públicos emitidos bajo legislación extranjera; el 52/19 que dispone la intervención de la AFI; el 487/20 que prohíbe los despidos; y el 488/20, que establece un valor fijo para la comercialización del petróleo crudo para refinerías locales hasta el 31 de diciembre próximo.
Los dos correspondientes a la gestión macrista son los que despertarán seguramente un encendido debate que ya se anticipó en ocasión de la discusión en comisión. Se trata del decreto 256/15, que transfirió el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones de la órbita de la Procuración General -entonces encabezada por Alejandra Gils Carbó- a la Corte Suprema de Justicia, como así también el 102/17, que puso a cargo del Poder Judicial la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, en cabeza de los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra.
A partir de las 14 tratarán los proyectos de educación a distancia y alquileres, como así también trece DNU entre los que figuran dos firmados por Mauricio Macri a los que el oficialismo quiere derogar.
La Cámara de Senadores realizará esta tarde su tercera sesión virtual en tiempos de coronavirus, con el fin de tratar dos proyectos que podría convertir en ley dos proyectos y una serie de decretos entre los que figuran dos aprobados durante la gestión Macri, que traspasaron las escuchas telefónicas de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia, a los que el oficialismo pretende derogar.
La sesión especial está prevista para este jueves a partir de las 14, y contempla el proyecto que incorpora la “excepcionalidad a distancia” transitoria para todos los niveles de educación obligatorios en el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional.
Esta excepcionalidad deberá contar con una declaración previa del Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación o con la jurisdicción según corresponda, cuando la escolaridad presencial sea inviable, en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos.
En el marco de esta excepcionalidad, deberán adoptarse disposiciones para la reorganización pedagógica e institucional del régimen académico y de la capacitación docente. Asimismo, deberá atenderse la provisión de recursos tecnológicos y conectividad que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad y la adopción de condiciones de salud y seguridad en el trabajo, según establece el proyecto que se pondrá a consideración del Cuerpo, que será ley en caso de ser aprobado, pues cuenta con media sanción de Diputados desde el 21 de mayo pasado, cuando fue aprobado por amplia mayoría.
El otro proyecto de ley que será abordado este jueves es el que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.944) respecto de los contratos de locación. En este caso también cuenta con media sanción de Diputados desde noviembre del año pasado, pero podría ser modificado, según se desprende de lo conversado este martes durante su debate en comisión.
El proyecto establece que el pago del mes anticipado y el depósito de garantía no pueden ser mayores al equivalente a un mes de alquiler, respectivamente. El reintegro del mes de garantía debe realizarse en efectivo al momento de la restitución del inmueble, al valor del último mes de alquiler.
En cuanto al plazo mínimo de los alquileres, se amplía a tres años, con las excepciones del artículo 1199 del Código Civil y Comercial de la Nación; además, quedan a cargo del locatario aquellas expensas que deriven de gastos habituales, es decir, vinculados a los servicios normales y permanentes a su disposición. Las expensas extraordinarias debe pagarlas el locador.
Los gastos a cargo del locador pueden ser compensados por el locatario con el importe de los alquileres, previa notificación fehaciente, mientras que la intermediación solo puede estar a cargo de un profesional matriculado para el corretaje inmobiliario.
El locatario debe proponer al menos dos alternativas para las garantías: entre título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, fianza o garantía personal del locatario (recibo de sueldo, certificado de ingresos, etc.); el locador no puede requerir garantía que supere el equivalente a cinco veces el valor mensual de la locación, salvo el caso de que la garantía sea de ingresos, en cuyo caso puede elevarse a diez veces.
Solo se admite que los ajustes al valor de los alquileres sean anuales, y deben seguir un índice conformado en partes iguales por el IPC (índice de precios al consumidor) y el RIPTE (remuneración imponible promedio de los trabajadores estables).
Luego de esos temas, los senadores se abocarán a la discusión de trece DNU, con la particularidad mencionada de que habrá dos correspondientes a los años 2015 y 2017, suscriptos por Mauricio Macri.
Los decretos previstos para discutir este jueves que llevan la firma de Alberto Fernández son el 408/20 y el 459/20 que prorrogan el Aislamiento Social Preventivo y Obligatoria; el 409/20, referido al cierre de fronteras; el 426/20 que impide la posibilidad de suspender el servicio prepago de telefonía móvil o internet por falta de abono; y el 457/20 que modifica el Presupuesto General.
También figura en el temario los decretos 391 y 404/20 sobre reestructuración de títulos públicos emitidos bajo legislación extranjera; el 52/19 que dispone la intervención de la AFI; el 487/20 que prohíbe los despidos; y el 488/20, que establece un valor fijo para la comercialización del petróleo crudo para refinerías locales hasta el 31 de diciembre próximo.
Los dos correspondientes a la gestión macrista son los que despertarán seguramente un encendido debate que ya se anticipó en ocasión de la discusión en comisión. Se trata del decreto 256/15, que transfirió el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones de la órbita de la Procuración General -entonces encabezada por Alejandra Gils Carbó- a la Corte Suprema de Justicia, como así también el 102/17, también dictado por Mauricio Macri, que puso a cargo del Poder Judicial la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, en cabeza de los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra. La acalorada discusión concluyó con la retirada masiva de los representantes de Juntos por el Cambio.
No es de esperar que el debate de este jueves sobre esa cuestión en el recinto -aunque sea virtual- vaya a ser más calmado. Más bien todo lo contrario.
Tratarán los proyectos de educación a distancia y sobre alquileres, como así también trece DNU entre los que figuran dos firmados por Mauricio Macri.
Luego de una semana de impasse, el Senado vuelve a sesionar de manera virtual, según se confirmó este martes. Y tratará dos proyectos que obtuvieron dictamen este mismo martes, como así también más de una docena de Decretos de Necesidad y Urgencia entre los que figuran dos que generarán gran polémica, pues corresponden a la gestión Macri, a los que el oficialismo pretende derogar.
La sesión especial está prevista para este jueves a partir de las 14, según el decreto emitido por la presidencia del Senado, y comprende un temario que incluye el proyecto de ley de educación a distancia para menores de 18 años en casos excepcionales.
Ese proyecto será ley si es aprobado, pues ya recibió media sanción de Diputados el pasado 21 de mayo, por amplia mayoría. Este martes obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Educación y Cultura, con lo que quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión. Esta modalidad de educación a distancia, según establece el proyecto, será autorizada “cuando la escolaridad presencial -total o parcial- sea inviable” y “únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos”.
El otro proyecto de ley que será abordado este jueves es el que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.944) respecto de los contratos de locación. En este caso también cuenta con media sanción de Diputados desde noviembre del año pasado, pero difícilmente sea ley, pues podría ser modificado, según se desprende de lo conversado este martes durante su debate en comisión. Allí desde el propio oficialismo surgieron propuestas de modificaciones. La iniciativa extiende la duración de los contratos de dos a tres años y establece un mecanismo de actualización anual en base a una combinación entre el índice de inflación (IPC) y el de salarios (RIPTE).
Luego de esos temas, los senadores se abocarán a la discusión de trece DNU, con la particularidad mencionada de que habrá dos correspondientes a los años 2015 y 2017, suscriptos por Mauricio Macri.
Los decretos previstos para discutir este jueves que llevan la firma de Alberto Fernández son el 408/20 y el 459/20 que prorrogan el Aislamiento Social Preventivo y Obligatoria; el 409/20, referido al cierre de fronteras; el 426/20 que impide la posibilidad de suspender el servicio prepago de telefonía móvil o internet por falta de abono; y el 457/20 que modifica el Presupuesto General.
También figura en el temario los decretos 391 y 404/20 sobre reestructuración de títulos públicos emitidos bajo legislación extranjera; el 52/19 que dispone la intervención de la AFI; el 487/20 que prohíbe los despidos; y el 488/20, que establece un valor fijo para la comercialización del petróleo crudo para refinerías locales hasta el 31 de diciembre próximo.
Los dos correspondientes a la gestión macrista son los que despertarán seguramente un encendido debate que ya se anticipó en ocasión de la discusión en comisión. Se trata del decreto 256/15, que transfirió el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones de la órbita de la Procuración General -entonces encabezada por Alejandra Gils Carbó- a la Corte Suprema de Justicia, como así también el 102/17, también dictado por Mauricio Macri, que puso a cargo del Poder Judicial la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, en cabeza de los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra. La acalorada discusión concluyó con la retirada masiva de los representantes de Juntos por el Cambio.
No es de esperar que el debate de este jueves sobre esa cuestión en el recinto -aunque sea virtual- vaya a ser más calmado. Más bien todo lo contrario.
Se trata del proyecto aprobado en Diputados en noviembre del año pasado. Desde el propio oficialismo sugirieron modificaciones.
El proyecto de ley de alquileres recibió este martes dictamen favorable en la Comisión de Legislación General del Senado, presidida por Ana Almirón (Frente de Todos), y quedó listo para ser tratado en la próxima sesión, aunque no se descarta que reciba modificaciones.
Se trata de la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado, que extiende la duración de los contratos de dos a tres años y establece un mecanismo de actualización anual en base a una combinación entre el índice de inflación (IPC) y el de salarios (RIPTE).
Según este proyecto, el inquilino podrá optar por presentar como garantía un título de propiedad de inmueble, un aval bancario, un seguro de caución, una garantía de fianza o fiador solidario, o una garantía personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.
Si bien el texto dictaminado fue el mismo de la media sanción, hubo planteos por parte de los propios senadores oficialistas, entre ellos el chubutense Mario Pais, que apuntó al artículo 14 del proyecto, el cual establece el mecanismo de actualización de los montos.
Allí se indica que en los contratos de locación de inmuebles para vivienda “el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual solo pueden realizarse ajustes anuales”.
“Como está redactada la norma, se establece que el valor del alquiler debe mantenerse por doce meses y al año se puede actualizar. Se puede interpretar que el primer año se mantendría el valor, pero luego se permitiría establecer una cláusula gatillo mensual”, dijo Pais.
Proyecto de ley de alquileres by Parlamentario on Scribd
Por otra parte, Ernesto Martínez (Pro) apuntó que “socialmente, hoy estamos bien cubiertos por los Decretos de Necesidad y Urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo que evitan los desalojos” por falta de pago del alquiler.
María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) coincidió en que “los términos del DNU expresan la comprensión de la particular situación por la que están atravesando los inquilinos”, pero consideró que “hay que acompañar con legislación”.
La rionegrina Silvina García Larraburu, autora de un proyecto que se aprobó en el Senado en 2016 pero que la Cámara baja nunca debatió, aportó: “Es lamentable que el proyecto estuviera tanto tiempo en Diputados. Esta ley no es la ideal pero sí hay que darle dictamen para proteger a las 9 millones de personas que vienen bregando por una ley de alquileres”.
En tanto, las senadoras del Frente de Todos Eugenia Catalfamo y Beatriz Mirkin, así como la misionera Magdalena Solari Quintana, plantearon la necesidad de incluir en el Programa de Alquiler Social a los jóvenes, ya que en el proyecto se contempla solo a adultos mayores y víctimas de violencia de género.
En la reunión virtual de la Comisión de Legislación General también obtuvo dictamen favorable un proyecto de ley del oficialista Oscar Parrilli que suspende por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).
La iniciativa modifica una ley aprobada durante la gestión de Mauricio Macri destinada a agilizar la conformación de empresas. El objetivo, explicó Parrilli, es “no permitir que un mecanismo de la promoción del capital emprendedor sea mal utilizado y tergiversada la voluntad del legislador”.
En el lapso de seis meses, las SAS que ya fueron creadas deberán ratificar su inscripción ante la IGJ (Inspección General de Justicia) cuya jurisdicción sigue siendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que el resto de las provincias tienen sus propios registros de sociedades.
El neuquino advirtió que las empresas así constituidas “tenían un capital social irrisorio, un objeto social vago y general, no había garantías de respaldo o funcionamiento, ausencia de legalidad, no tenían obligación de presentar balances ante la IGJ y hasta podían hacer oferta pública de sus acciones”.
“Lo que ocurrió desde 2017 fue una catarata de inscripciones que no tienen que ver con la actividad de los emprendedores”, expresó.
Además, aseguró que las SAS “se usaron con fines diferentes a los que decía la ley, como compra de inmuebles” y deslizó que “no sabemos si fueron para blanquear dinero porque grupos narcos habían constituido estas sociedades en la provincia de Santa Fe”.
Los senadores de Juntos por el Cambio no acompañaron el dictamen y pidieron una semana más para estudiarlo, alegando que las modificaciones anunciadas por Parrilli fueron dadas a conocer minutos antes del inicio de la videoconferencia.
La reunión se realizará este martes desde las 15. Se tratará el proyecto que tiene media sanción de Diputados y otras iniciativas vinculadas al tema.
La Comisión de Legislación General del Senado, que preside la correntina Ana Almirón (FdT), se reunirá de manera remota este martes, a partir de las 15, para analizar la nueva ley de alquileres que cuenta con media sanción de la Cámara baja desde noviembre pasado.
El temario del encuentro incluye otras iniciativas vinculadas al tema, entre las que se encuentra una presentada por Silvina García Larraburu (FdT), quien fue autora de un proyecto aprobado en la Cámara alta en 2016, pero que se trabó en Diputados, donde finalmente -tras varias idas y vueltas- se sancionó un nuevo texto.
El proyecto, avalado en el recinto de la Cámara baja el pasado 20 de noviembre por amplia mayoría, extiende la duración del plazo del alquiler de dos a tres años y establece un mecanismo de actualización anual de los montos, en base a una combinación entre el índice de inflación y el de salarios (RIPTE).
También indica que la inscripción de los contratos deberá realizarse a través de la AFIP; amplía el menú de garantías que el inquilino podrá presentar al empleador (garantía propietaria, seguro de caución, aval bancario, recibo de sueldo o certificación de ingresos); y establece que las expensas extraordinarias quedarán a cargo del propietario y que los gastos por intermediación de un corredor inmobiliario también dejarán de estar a cargo del locatario; entre otros puntos.
Además, en la reunión se tratará un proyecto del senador Oscar Parrilli que propoe suspender por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).
La Comisión de Legislación General se reunirá este martes para analizar proyectos que modifican el Código Civil y Comercial.
Se reunirá este martes a partir de las 15 la Comisión de Legislación General que preside la correntina Ana Almirón para analizar una serie de proyectos que incluyen modificaciones relacionadas con el tema alquileres
Uno de ellos es un proyecto de ley proveniente de la Cámara baja que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación respecto de los contratos de locación. Asimismo analizarán un proyecto de ley de la senadora Silvina García Larraburu, que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación respecto de la Ley de Alquileres, y otro de los senadores nacionales (MC) Magdalena Odarda y Fernando “Pino” Solanas, de Ley de Defensa de las Inquilinas e Inquilinos.
Asimismo tratarán un proyecto de ley de Oscar Parrilli que dispone suspender por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) regulado en el título III de la Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor.
La medida será publicada en las próximas horas a través de sendos DNU y regirá hasta el 30 de septiembre. Se congelan precios, se suspenden desalojos y prorrogan los contratos.
Tal cual había confirmado el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el miércoles pasado, sale el congelamiento de precios de alquileres y cuotas de créditos hipotecarios. Las medidas serán implementadas a través de sendos decretos de necesidad y urgencia que se publicarán este lunes y tendrán vigencia hasta el 30 de septiembre próximo.
Cabe recordar que inicialmente el presidente había anunciado que enviaría sendos proyectos legislativos al Congreso de la Nación, pero finalmente fue desechada la idea ante la imposibilidad de reunir a las dos cámaras en tiempo y forma.
El DNU correspondiente a los alquileres establece la suspensión de los desalojos por falta de pago y la prórroga de la vigencia de los contratos, con conformidad de la parte locataria.
Según el texto al que accedió parlamentario.com, se congelan los precios de los alquileres al valor de marzo, en tanto que la deuda por diferencia de precio entre lo que se debía pagar y lo que efectivamente se pague por el congelamiento, se abonará en 3 cuotas mensuales sin intereses, a pagar desde octubre.
Las deudas que se produzcan por falta de pago, se pagarán a partir de octubre en 3 cuotas, con intereses compensatorios, pero sin penalidades, precisa la medida, además de exceptuar a aquel locador que acredite que depende del alquiler para cubrir sus necesidades básicas o las de su familia primaria conviviente.
Por último, se establece mediación obligatoria, previo a acudir a la justicia, por controversias entre las partes.
¿Cuáles son los alquileres alcanzados por el DNU? Aquellos inmuebles destinados a vivienda única urbana o rural; habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, hoteles u otros alojamientos similares; inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias; e inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias.
También se incluyen aquellos inmuebles alquilados por personas adheridas al régimen de monotributo, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria; los alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión; aquellos inmuebles alquilados por Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) conforme lo dispuesto en la Ley N° 24.467 y modificatorias, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria; y los inmuebles alquilados por Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
El otro decreto de necesidad y urgencia alcanza a los créditos hipotecarios y también tiene vigencia hasta el 30 de septiembre. A través del mismo se congela el valor de las cuotas de los créditos hipotecarios sobre inmuebles destinados a vivienda única, a valor del mes de marzo; y también el valor de las cuotas de los créditos prendarios UVA.
A través del DNU se suspenden las ejecuciones hipotecarias sobre inmuebles destinados a vivienda única; y se suspenden las ejecuciones prendarias respecto de créditos prendarios UVA. Asimismo las deudas por diferencia de monto, entre lo que se debería haber pagado y lo que se pague a causa del congelamiento, se abonarán, a partir de octubre, en 3 cuotas sin interés.
Por último, las deudas que se produzcan por falta de pago, se abonarán, a partir de octubre, en 3 cuotas, solo con intereses compensatorios, sin penalidades.
Así lo confirmaron a parlamentario.com fuentes legislativas, debido a las dificultades que presenta la cuarentena para garantizar que puedan sesionar ambas cámaras.
Si bien desde la Cámara baja habían anticipado su disposición a sesionar de algún modo para tratar en particular los proyectos de ley que el presidente Alberto Fernández anunció este miércoles respecto de alquileres y cuotas de créditos hipotecarios, está decidido que la medida salga por decreto. Es que los tiempos de la emergencia exigen una celeridad que en general el Congreso no tiene, y fundamentalmente ante las dificultades que plantea el desarrollo del aislamiento obligatorio para reunir a las dos cámaras.
El presidente anunció el miércoles durante una entrevista por Telefé que enviaría en las próximas horas proyectos de ley para congelar las cuotas de los alquileres por 180 días, impedir desalojos por falta de pago y congelar también las cuotas de créditos hipotecarios, en función de la emergencia sanitaria que plantea la pandemia de coronavirus.
Inmediatamente se barajó la posibilidad de modificar el reglamento, de modo tal de establecer en esta emergencia la posibilidad de sesionar de manera “virtual”, a través de una videoconferencia como la que en los últimos días practicaron los jefes de bloques en la Cámara de Diputados, que mantuvieron el viernes de la semana pasada y el lunes siguiente reuniones de ese tipo que se transformaron en una suerte de reunión de Labor Parlamentaria.
Sin embargo desde el Senado, el presidente del bloque Frente de Todos, José Mayans, expuso sus reparos. El formoseño aclaró que existían “dificultades para lograr la presencia” de los senadores y se preguntó qué pasaría con los legisladores de provincias donde ya hay casos de enfermedad: “¿Van a Buenos Aires y entran en cuarentena? Porque acá en Formosa, lo mismo que en el Chaco, el que llega entra en cuarentena”, ejemplificó.
Debe recordarse también que hay provincias que establecieron que quienes salgan de esos distritos deberán mantener una estricta cuarentena de dos semanas al regresar. Fue el caso que por ejemplo impidió que el diputado mendocino Alfredo Cornejo acudiera la semana pasada a la reunión con el presidente Alberto Fernández.
Así las cosas, y ante las dificultades planteadas para reunir a las dos cámaras es que se tomó la decisión en las altas esferas oficiales. De la cuestión hablaron este jueves -a través de videoconferencia, justamente- el presidente Alberto Fernández, la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y es así que, según pudo saber parlamentario.com, en las próximas horas se conocerán los decretos correspondientes a los congelamientos anunciados por Fernández.
El propio Mayans había sido bien concreto este miércoles: “Los DNU que se tomen por emergencia no van a ser cuestionados”.
Como sea, según trascendió el presidente de la Cámara de Diputados mantendrá este viernes a las 13 una reunión por videoconferencia con los jefes de bloques para darles detalles de los decretos en cuestión.
La iniciativa de Luis Petri y Alfredo Cornejo tiene en cuenta la situación de los espacios destinados a eventos masivos que atento a las recomendaciones oficiales deben cerrar sus puertas.
Ante la pandemia de coronavirus que tiene en vilo al mundo, donde nuestro país no es la excepción, el Gobierno ha establecido una batería de medidas priorizando la salud de la población que, más allá de las consecuencias positivas desde el punto de vista sanitario, genera un impacto colateral negativo en los sectores de productivos y de servicios, que es necesario paliar con todas las herramientas con las que cuenta el Estado, a fin de impedir el quiebre de las pequeñas y medianas empresas y la consecuente pérdida del empleo.
Esa es la interpretación que hacen los diputados mendocinos Luis Petri y Alfredo Cornejo, que junto a otros colegas presentaron y proyecto proponiendo la suspensión del pago de los alquileres por 60 días correspondientes a los períodos en los cuales la autoridad pública, en sus respectivas jurisdicciones, disponga el cese de actividades consideradas como “eventos masivos”.
Es importante aclarar que “los montos adeudados deberán prorratearse en los restantes meses del año, una vez levantado el cierre dispuesto por la autoridad pública”, detalló Petri.
El decreto 260/2020 que amplía la emergencia sanitaria, en su artículo 18 expresa: “Podrá disponerse del cierre de museos, centros deportivos, salas de juegos, restaurantes, piscinas y demás lugares de acceso público; suspender espectáculos públicos y todo otro evento masivo; imponer distancias de seguridad y otras medidas necesarias para evitar aglomeraciones”.
“En ese sentido, es imprescindible aliviar las cargas y obligaciones que pesan sobre quienes se vean afectados por el artículo 18 del decreto 260/20”, explicó el legislador mendocino.
Por otro lado, Cornejo aseguró que “estamos refinanciando los meses en donde, por cuestiones sanitarias, el Gobierno obliga a cerrar los establecimientos. De esta manera, protegemos las fuentes de trabajo, cuidamos a los inquilinos -que de otra forma no podrían pagar- y garantizamos a los locatarios el cobro de los alquileres prorrateados en el año respecto de estos 60 días”.
Además, Petri manifestó que “la emergencia no es solo sanitaria, los sectores productivos y de servicios en nuestro país también están en riesgo”.
El legislador del FdT analizó el proceso de inquilinización que atraviesa la Argentina y aseguró que el distrito capitalino debe discutir medidas tendientes a regular el mercado de alquileres.
A fin de contribuir a la disminución de la crisis habitacional que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires, el diputado porteño del Frente de Todos (FdT) Manuel Socías analizó en las redes sociales la problemática que afrentan las familias a la hora de acceder a un alquiler y pidió regular ese mercado.
En ese sentido, el opositor explicó que en “diferentes ciudades del mundo están tomando medidas para regular el mercado de alquileres” y advirtió que desde hace décadas “Argentina atraviesa un proceso de inquilinización. Cada vez hay más inquilinos y menos propietarios; en la actualidad, cerca del 20% de los hogares alquila y en la Ciudad de Buenos Aires supera el promedio nacional: más del 35% de sus habitantes es inquilino”.
Sobre esa misma línea señaló que “las dificultades para alquilar no son solo un problema de los sectores con bajos ingresos que no reúnen los requisitos para acceder a un alquiler”, aunque aclaró que “la clase media porteña también se encuentra cada vez con mayores dificultades para alquilar una vivienda”.
“Otras ciudades están aplicando medidas para regular el mercado de alquileres: congelamiento del valor, compra de unidades por parte del Estado, fijación de precios de referencia, regulación de viviendas ociosas”, detalló y remarcó que “las iniciativas responden a las características particulares de los mercados y contextos, no todas son aplicables a nuestra realidad”.
Al mismo tiempo que afirmó que “en una economía inflacionaria como la nuestra, el congelamiento del valor del alquiler como en Berlín sería impracticable, generaría una fuerte litigiosidad y aumentaría la informalidad, lo que constituye la principal barrera para cualquier política pública sobre el sector” e insistió en que “en términos generales, estimular la demanda (vía créditos hipotecarios subsidiados) sin trabajar sobre la oferta (viviendas disponibles para su venta o alquiler) podría agravar el problema. Ninguna política de demanda funciona sino se aborda conjuntamente con el stock ofertado”.
Además Socías indicó que “acá hay que evitar el dogmatismo, sabiendo que el principal jugador del mercado es el sector privado, sin cuya participación no se puede resolver el problema habitacional” y consideró que “la escala del problema requiere de la articulación pública y privada”.
“En CABA hay recursos para orientar el stock inmobiliario. Algunas ideas para discutir: comprar viviendas como en Berlín y Montevideo y/o destinar parte de las herencias vacantes a alquiler social, alentar (con estímulos fiscales) el ingreso de las viviendas ociosas al mercado”, agregó y sentenció que “por último, garantizar la implementación de la ley de vivienda asequible con participación de cooperativas y desarrolladores pequeños y medianos, en paralelo a una efectiva intervención del Banco Ciudad en el financiamiento de la construcción y en créditos para su adquisición”.
