Arrancó con todo 2022, con la noticia rimbombante de la renuncia del titular del bloque oficialista, Máximo Kirchner. Y cerró de manera similar, con los puentes entre el oficialismo y la oposición saltando por los aires en la Cámara baja. En el ínterin, estuvieron la renuncia del presidente de Diputados, y leyes de importancia mayúsculas aprobadas con notorias peculiaridades.
2022 fue un año que en el Congreso registró un punto de inflexión nada menos que en el último día de enero, cuando pasadas las 18 se conoció una noticia tan inesperada como impactante: la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista.
Una decisión adoptada por “no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador”. Así lo escribió el propio hijo de los Kirchner a la hora de cristalizar una decisión que venía madurando, pero que -está dicho- nadie esperaba.
Fue un sacudón, sobre todo para un oficialismo que venía por entonces enfrascado en la cuestión del acuerdo con el Fondo Monetario, un tema que abría aguas en el seno del Frente de Todos, como efectivamente se verificaría a la hora de que el acuerdo llegara al recinto.
Consciente de que le esperaba una tarea intensa en la materia, el Gobierno no demoró en elegir al sucesor de Máximo, y la elección recayó en el santafesino Germán Martínez, un hombre con mucha experiencia legislativa adquirida al lado de Agustín Rossi, quien durante muchos años estuvo a cargo de esa bancada, cuando tenía otros nombres e integrantes. En sus primeras definiciones expresadas en la Casa Rosada tras reunirse el 1 de febrero con el presidente Alberto Fernández,Martínez trató de enviar un mensaje conciliador, sobre todo hacia adentro, convencido de que necesitaba retener a todos en su bloque después de semejante sacudón. “Nos iremos conociendo, no creo que arranque ninguna nueva etapa; vengo a caminar sobre los pasos ya trazados por Máximo. Ni siquiera vengo a reemplazar a nadie, porque sinceramente creo desde lo político que Máximo es irreemplazable”, señaló entonces.
Mientras buena parte de la provincia de Corrientes ardía en llamas y los pedidos de informes y cuestionamientos estaban a la orden del día, se hacían desear las extraordinarias, convocadas oficialmente por el Poder Ejecutivo con 18 proyectos para tratar. Eran días en los que causaba conmoción el caso de droga adulterada que dejó un saldo de 23 fallecidos -generando varios pedidos de interpelación al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández-, y en ese marco fue que diputados del Frente de Todos encabezados por Carolina Gaillard presentaron un proyecto para modificar la ley que establece el Régimen Penal de Estupefacientes, con el fin de despenalizar el consumo personal.
En tanto, y al tiempo que la oposición armaba en ese febrero una marcha contra la Corte Suprema, iban floreciendo proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura, atento a que corrían los tiempos dispuestos por el Tribunal Superior para la implementación de una nueva ley.
El 9 de febrero, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, recibía al ministro de Agricultura Julián Domínguez y representantes del Consejo Agroindustrial Argentino en lo que representaba el puntapié inicial para el tratamiento del proyecto de desarrollo agroindustrial. Esa iniciativa, cuyo nombre fue variando en su referencia pública, no alcanzó a tener dictamen en las comisiones en las que se trató. Cuando estaban cerca de hacerlo, la discusión del tema Humedales se coló y alteró los ánimos en la Comisión de Agricultura y Ganadería, donde cerca estaban de alcanzar un entendimiento para dejar el proyecto listo para llegar al recinto. Finalmente el año transcurrió sin que eso ocurriera.
Con el rumor creciente de una invasión a Ucrania que finalmente sucedió, el presidente Alberto Fernández pasó por Rusia, donde le ofreció a Vladimir Putin que nuestro país fuera para ellos “la puerta de entrada de Rusia” en la región. Entre múltiples críticas de la oposición, el presidente del bloque radical de la Cámara baja, Mario Negri, consideró que el mandatario “se fue de boca en Rusia y eso en política exterior se paga”.
El debate legislativo durante ese segundo mes del año se circunscribió a lo largo de todo el mes a las especulaciones respecto de la actitud del oficialismo sobre el acuerdo con el FMI, y sobre unas sesiones extraordinarias que no se hicieron. En efecto y por primera vez desde 2009, no hubo sesiones extraordinarias a pesar del temario elaborado por el Gobierno que, como dijimos, contenía 18 proyectos, de lo más variados: el Consenso Fiscal; la reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura; la nueva Ley de VIH; la ley de cannabis medicinal e industrial, como así también la creación de parques nacionales y universidades nacionales. También figuraban la ley de desarrollo agrobioindustrial; ley de promoción de inversiones en la industria automotriz; ley de compre argentino; y ley de electromovilidad.
El 1° de marzo Alberto Fernández inauguró por tercera vez el período de sesiones ordinarias, con un discurso en el que reconoció a la inflación como “el gran problema de los argentinos”, y definió al acuerdo con el FMI como “el mejor acuerdo que el Gobierno de la Argentina podía conseguir. Me hubiera gustado que el Gobierno anterior no hubiera recurrido en 2018 al FMI y muchos menos en las condiciones que ya describí”. Y pidió al Congreso acompañar el entendimiento “para dar previsibilidad a los argentinos y argentinas”.
En ese discurso de poco más de una hora y media descartó una reforma previsional, lanzó críticas contra JxC entre otras cosas por haber rechazado el Presupuesto el año anterior y cuando volvió a insistir a la Justicia investigar a Mauricio Macri por la deuda contraída con el FMI, los diputados y senadores del Pro se levantaron de sus bancas y abandonaron el recinto mientras el oficialismo le brindaba al presidente uno de sus más cerrados aplausos de la jornada y la vicepresidenta sonreía.
“El relato mentiroso y sesgado sobre la deuda pública en Argentina que desconoce la deuda que heredó el expresidente Macri de las administraciones kirchneristas y las generadas por esta gestión (que ya acumula 65 mil millones de dólares incluyendo la deuda del BCRA) insulta la inteligencia de los argentinos y la investidura de los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación”, diría más tarde el Pro a través de un comunicado.
Uno de los integrantes de esa bancada -hoy convertido en objeto de un pedido de expulsión desde el oficialismo-, Gerardo Milman, participó de la comisión de recepción del presidente y en ese marco le pidió que iniciara su alocución con un minuto de silencio “por los muertos por Covid y por los asesinados en Ucrania”. El presidente así lo hizo y el diputado del Pro se lo agradeció desde su banca.
Al día siguiente de la Asamblea Legislativa volvieron a presentar en Diputados el proyecto de ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el uso racional y sostenible de los Humedales, que había perdido estado parlamentario por tercera vez. Leonardo Grosso había adelantado esa presentación que se hizo con la presencia de diputados, funcionarios y organizaciones ambientales, sociales y científicas.
El 3 de marzo oficialismo y oposición definieron en Diputados el cronograma para el debate del acuerdo. Recién ese día y después de que durante todo el verano se insistiera desde el Gobierno en que la presentación pública del mismo era inminente, se conoció el proyecto. Finalmente el día 7 de marzo arrancó el debate en la Cámara baja, con la presencia del jefe de Gabinete, el ministro de Economía, el titular del Banco Central y otros funcionarios.
En ese tan postergado encuentro del ministro con los diputados, Martín Guzmán no hizo referencias a ningún tipo de herencias y se limitó a detallar la manera como habían llegado al stand by del FMI en 2018. En ese marco repitió muchos de los conceptos vertidos el 28 de enero pasado, cuando junto al presidente de la Nación anunciaron el preacuerdo.
Arrancó planteando que era la primera vez en la historia en que un acuerdo entre el Gobierno y el staff del FMI sería puesto a consideración del Congreso, tras lo cual describió primero qué se buscaba alcanzar con el acuerdo. Y en ese sentido señaló que la Argentina “enfrenta una situación de un gran potencial desestabilizador la deuda, la combinación de la carga y la secuencia de vencimientos”. Advirtió entonces que “la Argentina no cuenta con recursos para hacer frente a los vencimientos acordados en 2018, lo cual pone en un clarísimo riesgo la estabilidad de la balanza de pagos en tiempos muy próximos”.
Desde la vereda de enfrente, el diputado del Pro Luciano Laspina le enrostró a Guzmán: “Usted viene al Congreso con una ley que trae un enlatado, donde nos quiere hacer socios del ajuste inevitable que tenemos por delante, porque el Gobierno en los dos últimos años, primero con la excusa de la pandemia y después de la post-pandemia, se quedó sin financiamiento y sin recursos. Y quiere asociar a la oposición y hacer responsable político al FMI de un ajuste que ustedes no pueden evitar”.
El 8 de marzo y tras una reunión con Massa, gobernadores pidieron a los diputados la aprobación del acuerdo; lo mismo hicieron ante el plenario de comisiones la CGT el Grupo de los 6. Entre los primeros, sobresalió el radical Gerardo Morales, quien rechazó un default y llamó a “honrar las deudas y actuar con responsabilidad en el Congreso”.
El dictamen se alcanzó en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas el 9 de marzo. No fue sencillo: la reunión comenzó a las 14.13 y tras un cuarto intermedio de más de tres horas, se firmó pasadas las 22. Con la intención de sumar voluntades, el Ejecutivo había atendido los reclamos y modificó el proyecto original, por lo que la redacción final del proyecto presentó tres artículos, siendo el primero el siguiente: “Apruébense, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2 de la Ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el ‘Programa de Facilidades Extendidas’ a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación de los vencimientos del ‘Acuerdo Stand By’ oportunamente celebrado en 2018 y para apoyo presupuestario. El Poder Ejecutivo Nacional suscribirá, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente”.
Ese artículo sufrió un cambio de último momento por lo cual se demoró la reanudación del debate. Originalmente decía “para apoyo presupuestario”, lo cual fue modificado por esta frase: “para fortalecimiento de las reservas”. Se quitó el artículo 2 que la oposición exigía que se borrara. El mismo expresaba: “A los fines del artículo 1°, se acompañan el ‘Memorando de Políticas Económicas y Financieras’ y el ‘Memorando Técnico de Entendimiento’, como Anexos IF-2022-20313101-APN-SLYA#MEC e IF-2022-20313142-APN-SLYA#MEC, que componen el Programa de Facilidades Extendidas mencionado en el artículo precedente y que forman parte integrante de la presente ley”.
Era imprescindible que el oficialismo cediera, pues necesitaba los votos de una buena parte de la oposición para compensar los propios que le faltarían. La discusión siempre giró en torno al texto que envió el Poder Ejecutivo y los dos artículos que incomodaban a la oposición. No solo a Juntos por el Cambio, sino también al interbloque Federal, que en conferencia de prensa en la que sus miembros había dejado clara su negativa a votar el programa económico dentro del proyecto de acuerdo con el FMI, en una postura similar a la que plantea Juntos por el Cambio, aunque con una propuesta propia.
Protagonista central de todas las negociaciones, pasado el mediodía el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, concurrió a la Casa Rosada para dialogar con el presidente Alberto Fernández. Según trascendió, el diputado le llevó al mandatario tres propuestas de la oposición y una “unificada” del Frente de Todos, que ya se mostraba dispuesto a modificar el texto del proyecto.
Las negociaciones finales se llevaron a cabo en el despacho del presidente del bloque radical, Mario Negri. Allí concurrieron, además de miembros de JxC Germán Martínez y Sergio Massa. A las 19, ambos salieron para regresar 15 minutos más tarde, ya con caras distendidas y a punto de firmar el acuerdo.
La sesión se realizó en Diputados al día siguiente y la aprobación sobrevino luego de más de 13 horas por 202 votos a favor y 37 en contra. El grueso del oficialismo y los bloques de la oposición respaldaron la iniciativa, que rechazaron los diputados de La Cámpora, cuyo líder Máximo Kirchner bajó al recinto recién al momento de la votación, para hacerlo obviamente en contra. No hubo oradores de ese espacio durante la sesión.
Juntos por el Cambio aportó más votos que el oficialismo: 111 contra 76. El resto de los votos favorables correspondió a los del interbloque Federal, Provincias Unidas y los dos de SER. De los 37 que votaron en contra, 28 eran del FdT y solo uno de JxC. Las abstenciones sumaron 37 y los ausentes fueron 4, todas de Juntos por el Cambio.
Durante el debate en Diputados hubo serios incidentes en torno al Congreso de la Nación de quienes rechazaban el acuerdo con el Fondo. Y en ese marco se produjeron destrozos en el despacho de Cristina Kirchner en el Senado. La propia vicepresidenta se encargó de difundir el episodio a través de un video con su voz en off, en el que la exmandataria habló también del regreso del FMI y sus revisiones técnicas trimestrales. Un militante del Movimiento Social Teresa Rodríguez fue detenido por el hecho.
El incidente tomó proporciones a partir de que la vicepresidenta hizo a lo largo del año constantes referencias a ese suceso que los diputados y senadores del FdT repudiaron con dureza. El 14 de marzo Cristina Kirchner difundió un nuevo video a través del cual denunció que el ataque a su despacho había sido planificado.
Un informe elaborado por Presidencia del Senado calculó en 6 millones de pesos el costo de los daños, sin considerar elementos históricos dañados durante la pedrada.
Ese mismo día arrancaba en la Comisión de Presupuesto del Senado el debate sobre la media sanción proveniente de Diputados.
El proyecto tuvo dictamen el 15 de marzo y dos días después sesionó la Cámara alta para rubricar la ley. Eso se consiguió al cabo de un debate de 9 horas, con 56 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones.
Tal como se esperaba, el oficialismo se fracturó a la hora de votar: el sector kirchnerista no acompañó al momento de la votación. En esa instancia tampoco estuvo presente Cristina Kirchner.
Igual que en la otra Cámara, Juntos por el Cambio aportó más votos que el propio oficialismo. 32 senadores de ese espacio se manifestaron a favor del acuerdo, y en ese espacio hubo solo una abstención. Del Frente de Todos, 20 senadores acompañaron el proyecto, mientras que 13 votaron en contra y hubo dos abstenciones.
Faltando poco tiempo para que venciera el plazo de 120 días dado por la Corte Suprema para que el Congreso elaborara una nueva ley, en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado comenzó a analizarse el 22 de marzo el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo. Fue con la presencia del ministro de Justicia, Martín Soria, el viceministro Juan Martín Mena; y el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones.
En ese marco el titular de Justicia se quejó porque el Congreso estuviera “obligado a legislar bajo presión” y calificó al fallo de la Corte dictado el 16 de diciembre de 2021 como “una extorsión sin precedentes en la historia democrática del país”.
El 23 de marzo se firmó el dictamen del proyecto, que se trataría una semana después. Sin embargo esa sesión se cayó, pues el aliado Alberto Weretilneck había presentado un dictamen propio y no llegó a un acuerdo con el oficialismo. Sin eso, no había ley, por lo que el proyecto volvió a comisión. Allí, el 30 de marzo un plenario de Asuntos Constitucionales y de Justicia volvió a debatir el tema y el oficialismo aceptó los cambios propuestos por el senador rionegrino, que apuntaban a tener un Consejo de la Magistratura más federal. Con esa medida, el oficialismo se garantizaba la aprobación del proyecto.
Cosa que consiguió el 7 de abril. Ese día en el Senado el proyecto del Poder Ejecutivo recibió modificaciones para garantizar su aprobación por 37 votos a favor, 33 en contra y ninguna abstención.
La media sanción pasó a Diputados, donde tenía muy pocas chances de tratarse antes del 15 de abril, plazo dispuesto por el fallo de la Corte. No se trató hasta entonces, ni después, y volvió a regir la norma de 1996.
¿Llegó a tratarse en Diputados? Con expositores, el debate en comisión arrancó el 17 de mayo, pero nunca se acercó siquiera al dictamen.
Cristina Kirchner y Sergio Massa se tomaron su tiempo para designar a los miembros del Congreso que debían desembarcar en el nuevo Consejo de la Magistratura. Por lo pronto, un juez de Paraná, a instancias del diputado Marcelo Casaretto, logro frenar la designación de los diputados. Esa instancia no prosperó, pero lo verdaderamente audaz fue la jugada del oficialismo en el Senado para quedarse con un lugar más en la Legislatura. Luego de la presión de Juntos por el Cambio para que Cristina Kirchner y Sergio Massa firmaran las designaciones de la diputada Roxana Reyes y el senador Luis Juez, la vicepresidenta de la Nación sacó un as de la manga y parece haberse quedado con el premio mayor: partió en dos el bloque del Frente de Todos, con lo cual pasaba a tener una bancada por la “mayoría” y la otra sería la “segunda minoría”.
Se creó el bloque Frente Nacional y Popular, de 21 miembros, y se reflotó el escudo Unidad Ciudadana, como segunda minoría, con 14 miembros.
Así las cosas, si bien Sergio Massa designó a la diputada de JxC Roxana Reyes, el Senado terminó enviando un senador kirchnerista: Martín Doñate. El tema se judicializó, pero la Corte terminó dando el visto bueno para que ambos juraran, más allá de que hubiera todavía reclamos judiciales pendientes.
El viernes 25 de marzo Juntos por el Cambio elevó al presidente de la Cámara una nota solicitando una sesión especial para el 5 de abril venidero, con el objeto de derogar la Ley de Alquileres. La nota incluía proyectos para ayudar a productores de Corrientes y Misiones afectados por los incendios.
“El Congreso no puede seguir paralizado, esperamos apoyo de toda la oposición”, reclamó Mario Negri.
La medida surtió efecto y oficialismo y oposición terminaron acordando constituir la Comisión de Legislación General para iniciar el 5 de abril, fecha prevista para la sesión ahora suspendida, un cronograma para debatir cambios en la ley y mejorarla.
En el ínterin comenzaron a aparecer iniciativas alternativas, como la de Gisela Marziotta para crear una Cámara Nacional de Alquileres, un órgano autárquico que se encargara de regular los aumentos de precios de esas rentas; otra del rionegrino Agustín Domingo para volver al plazo de dos años, librar a la voluntad de las partes los ajustes de los precios y liberar la elección de garantía para la operación; y también una del sanjuanino José Luis Gioja, que proponía modificar el plazo de los contratos y el sistema de actualización de los precios.
Cuando el 12 de abril comenzaron las reuniones informativas, quedó expuesto que los inquilinos respaldaban la norma vigente. Las reuniones informativas se extendieron hasta el 26 de abril, y finalmente el 11 de mayo se firmaron tres dictámenes: uno de mayoría del Frente de Todos, que reivindicó la norma actual, mientras que JxC firmó otro a favor de reducir la extensión de los contratos y cambiar la forma de actualización. El dictamen fue del interbloque Federal.
Sin embargo, como el despacho de mayoría incluía un capítulo sobre incentivos fiscales para los cuales no tenía competencia Legislación General, se convocó a tratar el tema también en la Comisión de Presupuesto. Recién el 22 de junio se concretó esa postergada reunión en la que el Frente de Todos mantuvo su dictamen de mayoría, pero Juntos por el Cambio y bloques federales terminaron suscribieron uno de minoría, con grandes posibilidades de imponerse en el recinto. Sin embargo, con el correr del tiempo el apoyo que habían dado los rionegrinos en nombre del interbloque Provincias Unidas se diluía, puntualmente por el tema del tiempo de aplicación de los reajustes: mientras el dictamen estableció que fueran cada 3 meses, los rionegrinos preferían períodos semestrales. Pasó el tiempo, e inflación desenfrenada mediante, el tema se complicó cada vez más y el tratamiento de la reforma en el recinto se postergó indefinidamente hasta llegar a esa última y frustrada sesión de Diputados en la que el oficialismo sorprendió proponiendo incluir el proyecto en el temario, cosa que fue rechazada por la oposición, a sabiendas de que el oficialismo conseguiría imponer su dictamen, que ellos consideraban pernicioso.
El 28 de marzo, el bloque del Frente de Todos del Senado presentó un proyecto de ley para crear un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”, y “se busca que quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco, realicen un aporte especial de emergencia”.
Ese mismo día la titular del Senado recibió en su despacho al embajador norteamericano Marc Stanley, con quien entre otras cosas conversó sobre ese tema, solicitándole la “colaboración de su país” con esa iniciativa que contaba obviamente con su beneplácito.
Contra las críticas que surgieron contra esa propuesta, Oscar Parrilli sostenía que “se calcula que hay fuera del país entre 350.000 y 400.000 millones de dólares sin declarar”, y que aquellos que se opongan a esta iniciativa “estarán defendiendo a los evasores”.
El 12 de mayo el Senado aprobaba el proyecto impulsado por el kirchnerista Oscar Parrilli para crear un Fondo para pagarle al FMI con dólares fugados. Fue al cabo de un debate de casi cinco horas, y se aprobó por 37 votos a favor y 31 en contra. El proyecto
Comenzó a tratarse el 1 de junio, con la presencia de constitucionalistas y economistas, en Diputados, pero no pudo avanzar.
En plena carrera inflacionaria, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace presentó un proyecto de ley para dolarizar la economía. Ya venía hablando de eso Javier Milei, pero el diputado puntano dio un paso más al plasmarlo en iniciativa. Desde el oficialismo, Marcelo Casaretto descartó de plano la propuesta al afirmar que “le quitaría al Estado la posibilidad de manejar la política monetaria”, en tanto que el liberal José Luis Espert aclaró que esa alternativa podía ser, eventualmente, “la frutilla del postre. Nunca la punta del ovillo”.
El 29 de marzo se presentó en Diputados la nueva ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS). El proyecto, fruto del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, fue presentado por la entrerriana Carolina Gaillard y acompañado por más de 50 diputados y diputadas de todos los bloques políticos. En diciembre de 2021, el proyecto había recibido dictamen de comisiones e incluso formó parte del temario de sesiones extraordinarias, pero finalmente no se trató.
“Hoy volvemos a presentar un proyecto de ley que es el fruto del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, para dar respuesta integral al tratamiento de VIH, hepatitis virales, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual”, explicó Gaillard.
Un tema que caracterizó no solo a este 2022, sino a todo el recambio legislativo, fue la demora en constituir las comisiones en ambas cámaras. Fundamentalmente en Diputados, donde recién el 21 de abril se destrabó el tema y comenzaron los llamados masivos a ir constituyendo las comisiones.
El 26 de abril, la diputada radical Jimena Latorre hizo público a través de sus redes sociales que dos meses atrás le habían detectado cáncer de mama y luchaba contra esa enfermedad. Así y todo siguió concurriendo a las sesiones y reuniones de comisión. En la sesión del 5 de mayo, la primera realizada desde que ella hizo su anuncio, Sergio Massa la felicitó por estar presente “dando el ejemplo y sesionando”, despertando un cerrado aplauso espontáneo.
El 27 de abril de 2022 comenzó a debatirse en comisiones del Senado los proyectos para ampliar la Corte Suprema. Se pusieron a consideración ese día iniciativas de Adolfo Rodríguez Saá, Clara Vega, Alberto Weretilneck y Silvia Sapag.
Ese mismo día en la otra Cámara, la oposición pidió una sesión especial para el jueves 5 de mayo para tratar el proyecto de Boleta Unica. La movida estuvo encabezada por el diputado de Identidad Bonaerense Florencio Randazzo. Y un día más tarde, se repitió la modalidad para pedir una sesión especial también para el jueves 5, para tratar el tema de los créditos UVA. En este caso, la presión surtió efecto, pues oficialismo y oposición llegaron a un entendimiento para darle al tema un tratamiento especial como con alquileres. No obstante y pese a que se realizaron numerosas reuniones -varias de ellas informativas-, pasó el año y el tema quedó irresuelto.
Entre muchas idas y vueltas, el día 5 de mayo Diputados realizó una sesión en la que la oposición unificada logró imponer una moción de emplazamiento de comisiones para comenzar a tratar los proyectos que impulsan la implementación de la boleta única de papel, de cara a las elecciones de 2023. La votación resultó con 132 votos a favor, 116 en contra y 3 abstenciones. Según el cronograma establecido en el recinto, el miércoles 11 de mayo a las 10 debería iniciarse el debate en comisiones, para firmar dictamen el 31 de mayo.
No fue lo único que se votó en esa sesión: también se dio media sanción, en su cuarto intento y tras 9 años de trabajo, la ley de VIH; y fue convertido en ley el Marco Regulatorio del Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial.
El 6 de mayo senadores oficialistas encabezados por Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde presentaron un proyecto de ley para que las personas en edad de jubilarse, pero que no cuentan con los aportes suficientes, pudieran cubrir esos años haciendo los pagos correspondientes. El proyecto tuvo media sanción el 30 de junio, pero en Diputados el tratamiento se demoró y el proyecto no pudo ser tratado en la última sesión del año, que no pudo hacerse por falta de quórum.
En esa sesión del 30 de junio se convirtió en ley la creación del Parque Nacional Ansenuza en la provincia de Córdoba, como así también se aprobó la Ley de Oncopediatría. En esa misma jornada, el Senado convirtió en ley la respuesta integral al VIH.
Por esos días hubo chispazos entre Sergio Massa y el ministro de Economía Martín Guzmán, por un reclamo del entonces presidente de la Camara para volver a actualizar el piso de Ganancias, ante lo cual el titular del Palacio de Hacienda confirmó que así lo harían. Pasaron los días y ante la inacción del ministro, Massa volvió a enviarle una carta para actualizar “de inmediato” el piso. Finalmente el Gobierno elevó el mínimo a $280 mil pesos y el anuncio lo formularon Massa, Guzmán y dirigentes cegetistas en una conferencia de prensa realizada en la explanada de la Casa de Gobierno.
Uno de los proyectos que se debatió a lo largo de buena parte del año fue el de Compre Argentino, en el que oficialismo y oposición no pudieron ponerse de acuerdo y el 24 de mayo emitieron dos dictámenes que nunca llegaron al recinto.
El último día de mayo la oposición logró el dictamen de mayoría sobre boleta única. El oficialismo, con el apoyo del misionero Diego Sartori, firmó un dictamen de rechazo.
El 2 de junio, Juan Manzur se presentó por primera vez en el Congreso para dar su informe como jefe de Gabinete. Fue en el Senado, donde destacó la recuperación económica de 2021, admitió que una baja de la inflación sería gradual y habló de la necesidad de bajar el déficit fiscal.
Dos meses después de iniciarse el debate en el Senado, el 2 de junio Alberto Fernández presentaba a gobernadores un proyecto para agrandar la Corte Suprema. En rigor, originalmente se había dicho que los gobernadores le llevarían un proyecto propio, pero en realidad fue al revés. Fue ahí cuando se habló de elevar a 25 el número de integrantes del Tribunal.
Eran días en los que Javier Milei “derrapaba” manifestándose en una entrevista a favor de la venta de órganos, mientras la vicepresidenta le decía en público a Alberto Fernández que usara “la lapicera”. Al día siguiente, Matías Kulfas era eyectado del gabinete.
El 8 de junio el Poder Ejecutivo mandó al Congreso el proyecto de renta inesperada, una iniciativa fundamentada en las consecuencias de la guerra en Ucrania, que nunca llegó a tratarse siquiera en comisión.
Ese mismo 8 de junio la oposición le asestó una severa derrota al oficialismo al dar media sanción al proyecto de boleta única de papel. Fue por 132 votos a favor, 104 en contra y 4 abstenciones. Nunca se comenzó a tratar en el Senado.
Un día después, los jefes del interbloque Frente de Todos en el Senado presentaron formalmente en el Senado el proyecto para ampliar la Corte Suprema a 25 miembros.
En la sesión del 15 de junio, la Cámara baja daba media sanción por unanimidad al alivio fiscal para trabajadores monotributistas y autónomos. En esa misma jornada y tras un debate caliente, el FdT logró sancionar la prórroga por 50 años del financiamiento a las industrias culturales. Quince días más tarde el Senado convertía en ley el alivio fiscal.
A mediados de año surgió un nuevo debate legislativo, en torno al tratamiento del Salario Básico Universal, una propuesta promovida por diputados de movimientos sociales, con la forma de Itai Hagman. De entrada, el Gobierno aclaró que no había posibilidades de avanzar con ese tema, mientras que la vicepresidenta se manifestó a favor de la iniciativa.
En ese mes de julio se produjo la renuncia intempestiva de Martín Guzmán, y durante el fin de semana en el que se analizó su sucesión, se anotó el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa. Finalmente la elegida fue Silvina Batakis, que duró poco.
Con la economía tambaleando, el 24 de julio los diputados oficialistas denunciaban maniobras golpistas y alertaban sobre “una acción sistemática” en ese sentido. Le apuntaron además a “dirigentes políticos y operadores mediáticos”. Desde Juntos por el Cambio, replicaron que “la desestabilización del Gobierno la infringe el FdT desde el día que muchos legisladores dieron la espalda irresponsablemente al acuerdo con el FMI”.
En ese marco, el 28 de julio se anunciaba finalmente que Sergio Massa dejaría la Cámara de Diputados para asumir al frente de un Ministerio de Economía “reforzado”. “La política no necesita salvadores, sino servidores”, expresó el designado “superministro”.
El primer día de agosto se confirmó el nombre de quien sucedería a Massa al frente de la Cámara: Cecilia Moreau. La primera mujer al frente de Diputados asumió al día siguiente en una sesión de casi dos horas en la que primero se le aceptó a Massa la renuncia como presidente y diputado nacional y luego se votó a su sucesora. Juntos por el Cambio, el bloque Córdoba Federal y la izquierda se abstuvieron a la hora de la votación; el bloque de Javier Milei se opuso; Identidad Bonaerense, el Partido Socialista y el interbloque Provincias Unidas acompañaron el nombramiento junto al oficialismo. Los diputados de Avanza Libertad José Luis Espert y Carolina Píparo estuvieron ausentes.
“Sin abrir un juicio de valor respecto de la persona propuesta, nosotros nos vamos a abstener”, anunció Mario Negri al justificar la postura de su espacio, pero aclaró que esa postura tenía que ver con que faltaban también 4 meses para que concluyera el mandato. Y adelantó entonces que verán si en diciembre se renovaba o se incorporaban cambios.
Eran días en los que toda la atención estaba puesta en el alegato del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad, y el 8 de agosto la defensa de la vicepresidenta pedía que se apartara del juicio tanto a ese fiscal como al presidente del Tribunal y se declarara la “nulidad” de todo lo actuado en el juicio. El pedido sería rechazado.
Ese mismo día la senadora Juliana Di Tullio presentaba un proyecto de ley de refuerzo de ingresos para “reducir la indigencia”. Una iniciativa tendiente a dar una respuesta al pedido de implementación de un salario básico universal.
A un año de las elecciones primarias, sonaba fuerte la posibilidad de que el Gobierno buscara eliminar las PASO, cosa muy resistida desde Juntos por el Cambio. La especie cobró más fuerza cuando el diputado rionegrino Luis Di Giacomo anunció la intención de presentar un proyecto en ese sentido.
La posibilidad de que un proyecto en ese sentido pudiera realmente prosperar duró hasta que finalmente Javier Milei aclaró el 5 de noviembre que no daría quórum para ese debate. Su eventual apoyo a la derogación era lo que inclinaba la balanza hacia el lado del Gobierno.
El 22 de agosto la fiscalía pedía 12 años de prisión para Cristina Kirchner e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Propenso a los extremos, el diputado del Pro Francisco Sánchez sugería que “12 años por robar impunemente es casi nada” y sugería para esos casos “la pena de muerte”. Hubo fuertes reacciones desde el oficialismo y hasta pedidos de expulsión del neuquino.
Al día siguiente, la vicepresidenta hizo su descargo, en el que aseguró que “absolutamente nada de lo que dijeron fue probado”. En los días posteriores, la casa de Cristina Kirchner se convirtió en una suerte de santuario para los militantes que diariamente se instalaron en esa zona de Palermo, hasta que el Gobierno de la Ciudad decidió poner vallas y ardió Troya. El kirchnerismo reaccionó hablando de “cobarde hostigamiento” contra CFK.
Y fue el 1 de septiembre cuando el país se conmocionó con la noticia del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Fernando Sabag Montiel fue detenido luego de gatillarle dos veces en la cabeza a la exmandataria sin que alcanzara a salir ninguna bala.
Oficialistas y opositores salieron a condenar prestamente el atentado y en el Salón Illia del Senado todos los sectores dieron un pronunciamiento contra el ataque.
El presidente Alberto Fernández dio un discurso por cadena nacional en el que anunció un feriado para el día siguiente y cargó contra los discursos del odio.
Ese sábado se realizó una histórica sesión de la Cámara baja en la que se corporizó un enfático repudio al ataque contra la vicepresidenta. Por un lado se expresó un “enérgico repudio” al intento de magnicidio y se exigió un “pronto y completo esclarecimento”.
El Senado realizó su sesión de repudio el jueves siguiente, pero no asistió el interbloque Juntos por el Cambio por no avalar “el uso político partidario del Congreso”.
El jefe de Gabinete, Juan Manzur, concurrió finalmente a la Cámara de Diputados el 14 de septiembre para brindar por primera vez el informe que le manda la Constitución. Allí llamó al “diálogo” para “fortalecer la paz social”, admitió que nadie podía estar conforme con los niveles de inflación existentes y escuchó el pedido irónico de la oposición para que cumpliera en volver a la Cámara en el mes de noviembre. Nada optimista en ese sentido, Waldo Wolff dio por sentado que eso no sucedería y le deseó “feliz Navidad, feliz Año Nuevo y Reyes”. Y acertó, porque el tucumano no regresó a ninguna de las dos cámaras.
Al día siguiente hubo sesión en Diputados y en ese marco el socialista Enrique Estévez pidió un apartamiento de reglamento para tratar una serie de proyectos referidos a la protección de humedales, en un plenario de comisiones a partir del 22 de septiembre.
En esa sesión, Diputados también aprobó el proyecto de Promoción de la Enfermería y convirtió en ley el Consenso Fiscal 2021.
El 22 de septiembre, el Senado dio media sanción a la ampliación de la Corte Suprema a 15 miembros. Lo consiguió con aliados que obligaron a que como concesión dejara de lado el oficialismo su idea de elevar el número a 25. La aprobación se consiguió por 36 votos a favor y 33 en contra.
El 28 de septiembre el ministro de Economía, Sergio Massa, se presentó en la Cámara de Diputados acompañado por sus colaboradores ministeriales. En su exposición, Massa explicó los principales ejes del programa y pidió que “cualquiera sea el Presupuesto, es muy importante que el Congreso fije una hoja de ruta”. En ese sentido, recordó fallido Presupuesto 2022 que “lo llevo como una cruz”. También calificó al proyecto como “prudente y realista, planteado con responsabilidad”.
El debate sobre humedales generó controversias entre los diputados, por el interés de la comisión cabecera, Medio Ambiente, por sacar rápido el dictamen. Desde la Comisión de Agricultura se pusieron en guardia y reclamaron realizar reuniones informativas, cosa que rechazaron desde la comisión conducida por Leonardo Grosso. Al final, Agricultura -presidida por Ricardo Buryaile– hizo su propia reunión con invitados y al día siguiente se suspendió el plenario en el que pretendían dictaminar.
La pulseada continuó y el 3 de noviembre en una reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y Presupuesto, diputados a favor de la iniciativa reclamaron no dilatar más el tema, con duros cuestionamientos a Buryaile por no haberse sumado al plenario. Llamaron a dictaminar la semana siguiente. “A mí no me financia nadie”, se defendió el radical entrerriano.
Finalmente se realizó un plenario el 10 de noviembre en el que JxC obtuvo el dictamen de mayoría, mientras que el de minoría correspondió al FdT. El proyecto que encabezaba Leonardo Grosso contó con el respaldo de las organizaciones ambientalistas y era similar al que obtuvo dictamen en 2021 -solo en esa comisión- pero finalmente no avanzó. En tanto, producto de un consenso entre los proyectos de Maximiliano Ferraro y Ximena García; Jorge Vara; y Gabriela Lena, Juntos por el Cambio puso sobre la mesa un texto unificado, que ya no llegó en el resto del año al recinto.
El 8 de octubre se conoció la información de que el senador nacional José Mayans había sido internado tras sufrir una hemorragia intestinal. Dos días después debió ser trasladado en avión sanitario a un nosocomio de la Ciudad de Buenos Aires, donde permaneció internado dos meses hasta que pudo regresar a su provincia. Se espera que en el transcurso de este 2023 pueda reintegrarse a la actividad política.
En una sesión consensuada del 12 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la prórroga del Régimen de Regularización Dominial para Barrios Populares, una iniciativa que generó algunas rispideces en el seno del Pro.
El 25 y 26 de octubre se debatió el Presupuesto 2023 en la Cámara baja. El proyecto del Poder Ejecutivo tuvo una treintena de modificaciones, y obtuvo 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones. Fue la aprobación más amplia en esa Cámara registrada en los últimos veinte años.
En la votación particular, el oficialismo decidió retirar el artículo 95 del dictamen del Presupuesto, que prorrogaba hasta diciembre de 2023 la facultad del Poder Ejecutivo para modificar las alícuotas de los derechos de exportación. Claramente así lo decidió a partir de la certeza de que fracasarían en la votación.
No lo hizo y sí perdió la votación el Frente de Todos en el artículo referido al pago de Ganancias por parte de funcionarios y empleados del Poder judicial. Hubo 134 votos en contra de ese artículo -incluso cinco por parte del propio oficialismo- y 116 a favor.
A fines de octubre el diputado Gerardo Milman fue involucrado en el atentado contra la vicepresidenta, a partir de que un asesor del senador Marcos Cleri dijo haberlo escuchado decir en la confitería Casablanca que “cuando la maten” él iba a estar “en la costa”, horas antes del ataque contra CFK. “Queda bastante claro que es una jugada berreta y desesperada del oficialismo para correr el eje de la conversación e intentar distraernos de la angustiante realidad que atraviesa el país”, se defendió el diputado del Pro.
Sin embargo el diputado Milman terminó bajando absolutamente el perfil y el oficialismo avanzando con un proyecto para excluir al legislador por “inhabilidad moral”.
Lejos de apaciguar esa embestida, la propia Cristina Kirchner publicó un video el 10 de noviembre donde dio por válida la acusación y afirmó: “Aparecieron las primeras pruebas que vinculan a la política” con el ataque, al tiempo que seguía machacando contra la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la investigación, porque “paralizó y boicoteó la investigación”. El bloque Pro salió en defensa de su diputado y habló de “acusaciones infundadas”.
En la sesión del 27 de octubre, el Senado convirtió en ley el proyecto que garantizaba el financiamiento de las industrias culturales por 50 años; la prórroga del Régimen de Regularización Dominial para Barrios Populares; y la ley para expropiar el predio de Cromañón.
El 8 de noviembre la Corte Suprema aceptó el amparo presentado por el Pro contra la maniobra que había dejado afuera del Consejo de la Magistratura al senador Luis Juez. Los senadores del Frente de Todos rechazaron duramente lo que consideraron como un “fallo político” de la Corte, hablaron de “avasallamiento” del Poder Legislativo, de inconstitucionalidad, y como los mandatos de los integrantes del Consejo de la Magistratura ya vencían, decidieron insistir con Martín Doñate para ese lugar en dicho organismo.
En una sesión celebrada el 9 de noviembre, la Cámara baja aprobó la creación del Registro de Deudores Alimentarios, como así también dio media sanción a la Ley Lucio, y un proyecto para flexibilizar la renovación del Certificado Unico de Discapacidad.
El 16 de noviembre se reunió el Senado para tratar el Presupuesto 2023, pero ese debate no tuvo el mismo resultado que en Diputados, donde la oposición colaboró de tal manera que la aprobación obtuvo una abrumadora cantidad de votos. El clima se había enrarecido en los días previos por el tema del Consejo de la Magistratura y en ese marco el oficialismo buscó incluir a todo el cuerpo en el nombramiento de los cuatro representantes del Senado ante el Consejo de la Magistratura. Así, se puso el decreto a consideración del pleno como primer tema a debatir en esa sesión, por lo que Juntos por el Cambio resolvió no participar de esa sesión. Al cabo, el nombramiento de los cuatro representantes del Senado ante el Consejo -Martín Doñate incluido- contó con 37 votos a favor. Unanimidad con el Frente de Todos y sus aliados habituales, mas sin la presencia de la principal oposición, que protestó no solo por la designación de Doñate en lugar de Luis Juez, sino porque esas resoluciones de la Cámara alta nunca pasaron por el recinto para ser avaladas por el pleno. Habitualmente, cada cámara informa directamente al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema de Justicia sobre quiénes son los nominados. Pero esta vez el oficialismo buscó blindar la decisión ante la posibilidad de un nuevo fallo adverso.
Así, mientras el oficialismo y sus aliados refrendaba en el recinto el decreto, los senadores de Juntos por el Cambio brindaban una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias donde anticipaban que continuarían en la Justicia -con la presentación de un nuevo amparo- el reclamo por el lugar que consideran corresponde a Luis Juez (Pro) en vez de Martín Doñate (UC-FdT), en sintonía con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de días atrás.
Allí explicaron que también se ausentaban del debate del Presupuesto porque su tratamiento tomaba “irrelevancia” ante lo ocurrido con el Consejo.
De tal manera, a media tarde el Gobierno ya tenía el Presupuesto convertido en ley, por unanimidad, mas sin los votos de la principal oposición.
La última sesión consensuada de la Cámara de Diputados se celebró el 24 de noviembre. Ese día se aprobó por unanimidad el proyecto que reconoce la lengua de señas en todo el país; le dieron media sanción al proyecto de alcohol cero al volante; y la Ley Johanna sobre atención frente a la muerte perinatal.
Pero mientras ya se hablaba de dos señales más en la Cámara baja para cerrar el año, las cosas comenzaron a complicarse en ese Cuerpo. Fue cuando el juez Martín Cormick anuló el 28 de noviembre la designación de la diputada radical Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura, al hacer lugar de manera tardía a una presentación hecha en su momento por Germán Martínez. Mario Negri calificó el fallo como “arbitrario, político, nulo y extemporáneo”.
Al día siguiente los radicales pidieron a la presidenta de la Cámara apelar el fallo, y el 30 de noviembre Cecilia Moreau lo hizo, pero, en función del conflicto planteado, la titular del Cuerpo resolvió dejar en suspenso todas las designaciones establecidas en la Resolución 1.608/2022 hasta tanto se saldara la cuestión. “Apelo a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas e instituciones de la República para encontrar una pronta resolución a este tema”, sostuvo Moreau.
Fue la chispa que incendió la pradera. “Dejó de ser la presidenta de toda la Cámara para militar por los intereses de Cristina Kirchner”, bramó Mario Negri. El interbloque JxC entró en estado deliberativo y emitió un comunicado en el que repudiaban “la determinación del kirchnerismo, a través de la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, de dejar sin efecto las designaciones de diputados en el Consejo de la Magistratura”, expresaron, mientras el bloque de diputados oficialistas salía a respaldarla.
Con ese clima se llegaba a la sesión preparatoria para confirmar las autoridades de la Cámara, prevista para el 1 de diciembre. Para ese día estaba prevista también una sesión especial para después de dicha sesión, pero ya la principal oposición se había pintado la cara y anunciaba que no apoyaría la continuidad de Moreau.
Y sucedió lo imprevisto: la sesión preparatoria del 1° de diciembre no alcanzó quórum y por primera vez desde el retorno de la democracia las autoridades fueron habilitadas para continuar en sus cargos por el artículo 37° del reglamento y no la votación de sus pares. Tras el fracaso de la sesión, hubo una sucesión de conferencias de prensa en las que las partes dejaron claras sus posiciones. En el caso de JxC, cuestionaron severamente la suspensión de las designaciones en el Consejo de la Magistratura. “Ojalá nos vaya bien en el Mundial, pero que no elijan el Mundial para desarmar las instituciones”, advirtió Negri.
“Son caprichosos los de JxC porque cuando los fallos les gustan, los festejan en Twitter y salen en la radio. Ahora cuando les va mal hacen esto y se van a mirar el Mundial”, los criticó Cecilia Moreau.
La sesión especial posterior a la fracasada sesión preparatoria nació con complicaciones. Al oficialismo se le hizo cuesta arriba y sucesivamente fue postergando por notas el inicio, hasta conseguirlo finalmente, mas con mucha demora respecto de la hora original, lo que llevó a JxC a considerar inválida la sesión. Y así lo hicieron saber a viva voz una vez que el oficialismo dio por iniciada la misma. Nunca dejaron de gritar tras el inicio del debate de creación de 8 universidades.
El caos se desató a partir de que la presidencia de la Cámara anunció la decisión de votar el temario de inmediato y a mano alzada, con lo cual postergó la inclusión de cuestiones de privilegio, herramienta con la que la principal oposición tenía como objetivo alargar indefinidamente la sesión. ¿De qué manera? Es que prácticamente todos los diputados de Juntos por el Cambio pretendían anotarse para expresarse y así dilatar in eternum el avance de esa sesión.
La maniobra oficialista desató la ira de la principal oposición, que se dedicó a partir de entonces a protestar a los gritos, tratando de impedir el desarrollo de la sesión. Lo sufrió en carne propia la miembro informante del oficialismo, Blanca Osuna, que arrancó gritando a viva voz su discurso. “Tal cual plantea el reglamento -remarcó al comenzar-, vamos a dar tratamiento de la creación de universidades nacionales para la República Argentina. Estamos haciendo una labor cuya atribución nos otorga la Constitución nacional”, señaló entre aplausos del oficialismo. Ese intento de sesión duró poco más de una hora y media, hasta que Juntos por el Cambio forzó una votación a sabiendas de que no había quórum y la sesión se cayó.
Fue una sesión escandalosa con gestos obscenos al final que motivaron un pedido de expulsión de legisladores kirchneristas contra el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo. Como contrapartida, desde Juntos por el Cambio se reclamaría una sanción similar para Rodolfo Tailhade, que antes había hablado de una “sodomización” del radicalismo a manos del Pro durante la gestión de Macri.
A su vez, el jefe del bloque oficialista calificaba la actitud de la principal oposición como “un hecho de golpismo parlamentario”.
El martes 6 de diciembre de 2022, los jueces del Tribunal Oral Federal N°2 condenaron a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión por corrupción e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en el marco del juicio por la causa “Vialidad”. Eso sí: desestimaron la acusación por asociación ilícita.
Posteriormente, Cristina realizó un extenso alegato en el que cargó de manera muy dura contra el Poder Judicial de la Argentina, aunque contrariamente a lo que expuso durante años, ya no habló de lawfare, ni de Partido Judicial. Esta vez y de ahora en más eligió el término “mafia y Estado paralelo”, que consideró un sistema vigente en la República Argentina.
En su discurso ella relativizó la prisión, asegurando que el verdadero objetivo de la justicia que cuestiona fue inhabilitarla para volver a ejercer cargos. En ese contexto, al cabo de su discurso de alrededor de una hora, y de una puntillosa explicación referida a los chats que revelan un viaje financiado por el grupo Clarín a Lago Escondido, la vicepresidenta de la Nación formuló un anuncio inesperado: que no será candidata a nada en 2023. Ni a presidenta, ni a senadora, a nada…
El mal clima del oficialismo con la Justicia atravesó todo el año. Sobre el final, el 14 de diciembre, la jefa del bloque Unidad Ciudadana en el Senado, Juliana Di Tullio, volvía a apuntar contra la Justicia y afirmaba que “esta Corte (Suprema) es peor que la Corte menemista”, en referencia al máximo tribunal con mayoría automática durante los 90.
El 15 de diciembre, la Corte Suprema dispuso que se les tomara juramento a los diputados designados para la Magistratura, con lo que se especuló que podría destrabarse la situación planteada entre oficialismo y oposición en esa Cámara. La presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, explicó a su vez que “la decisión de apelar el fallo de un juez que impedía la designación de una diputada radical en el Consejo de la Magistratura obedeció a resguardar la institucionalidad y autonomía que merece la Cámara de Diputados de la Nación”. “Hoy la Corte Suprema, a través de la acordada 34, ha resuelto sostener la vigencia de la resolución 1608 y tomar juramento a los cuatro diputados y diputadas que fueron designados para el cargo”, agregó la presidenta de la Cámara, dando por concluido el diferendo.
El 21 de diciembre juraron los nuevos consejeros por la mañana, pero eso no apaciguó los ánimos. Para ese mismo día estaba prevista una sesión y Juntos por el Cambio anticipó que no darían quórum. Como el interbloque Federal anunció que tampoco contribuirían al quórum hasta tanto las partes en disputa no acordaran, no había manera de que hubiera sesión, y se especuló con que aportaran al número algunos diputados de Evolución Radical, habida cuenta de que dos de las universidades que iban a crearse eran impulsadas por legisladores de ese sector. Sin embargo a la hora del quórum nadie de JxC se presentó y la sesión terminó cayéndose.
Hubo un último intento para acercar posiciones, ofreciendo el oficialismo incorporar la ley de alquileres en el temario. No hubo caso: la principal oposición lo consideró “una trampa” y no se sumó.
No hubo sesión de cierre del año, ni tampoco el Senado volvió a reunirse, por problemas para conseguir el quórum.
Ese mismo día la Corte Suprema falló a favor de CABA en el diferendo por el recorte de la coparticipación. Al siguiente el presidente anunció que recusaría a los miembros de la Corte y que no acataría el fallo. Hubo denuncias contra el Gobierno y anuncios de juicios políticos contra el presidente, quien el 26 de diciembre anunció que enviarían un proyecto para reasignar recursos y cumplir con el fallo de la Corte. La Ciudad rechazó el pago en bonos, y el presidente se mostró inflexible respecto de no pagar como la Corte había dispuesto.
El año terminaría con la denuncia del oficialismo de vinculaciones entre Rodríguez Larreta y Horacio Rosatti, basándose en la difusión de unos chats tomados de manera ilegal que mostraban supuestos diálogos entre el ministro porteño Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, un hombre muy allegado al presidente de la Corte. Para los senadores del Frente de Todos, se trataba del “mayor escándalo judicial de la historia de la democracia”.
Un repaso minucioso del día a día al frente de la Cámara de Diputados de quien pasó a ocupar la conducción de la economía en un momento crítico. Sus dichos y actitudes a lo largo del tiempo en el que fue pieza clave de la coalición gobernante. Un informe valioso para conocer el camino que lo llevó hasta donde hoy está.
La renuncia a su banca de diputado nacional puso fin al segundo mandato de Sergio Massa como diputado nacional, luego de haber sido electo en 2019 encabezando la lista legislativa del Frente de Todos que se impuso en las elecciones nacionales de ese año. Así dejó su banca habiendo cumplido 966 días como diputado nacional y presidente de la Cámara.
Fue, como dijimos, su segunda experiencia como diputado nacional, pues ese cargo ocupó también entre 2013 y 2017, cuando encabezó la lista del Frente Renovador que derrotó al kirchnerismo que propuso como candidato a Martín Insaurralde. En rigor, también había sido candidato a diputado nacional en 2009, por el Frente para la Victoria, pero en esa lista en la que figuró en cuarto lugar, su candidatura fue -como la de Daniel Scioli (2°)- “testimonial”.
Desde el momento en que rubricó su acuerdo dentro del Frente de Todos, Massa sabía ya que de llegar la oposición al poder, él presidiría la Cámara de Diputados. Tenía lógica que los tres principales socios de la coalición gobernante ocuparan los principales lugares institucionales: Alberto Fernández presidente; Cristina Fernández vicepresidenta y Massa presidente de Diputados. Esto es, los cuatro primeros casilleros institucionales de conducción en manos ocupados por los tres actores principales del FdT.
El 31 de octubre de 2019, ya siendo diputado electo dijo que en caso de ser confirmado en ese cargo tendrían “diálogo” en el Congreso, “por obligación, pero además por convicción -diría-. Vamos a buscar consensos y vamos a buscar que los temas que significan cambios profundos para el bien de la sociedad argentina tengan el mayor nivel de legitimidad posible”.
Sobre los proyectos en los que esperaba avanzar mencionó al Presupuesto 2020; una reforma tributaria “en beneficio de las PyMEs y la reestructuración de la deuda, a la que consideró “clave”.
Habló también entonces de crear un Consejo Nacional de Seguridad con participación de la oposición y la creación del Consejo Económico y Social.
Ya confirmado como futuro presidente de la Cámara, Massa se reunió el 7 de noviembre con quien él iba a suceder, Emilio Monzó, para dar inicio a la transición. En esa reunión de una hora y media, Massa le contó a Monzó que prorrogarían las sesiones ordinarias hasta fin de año y que el Poder Ejecutivo convocaría a extraordinarias para el mes de enero.
La sesión en la que fue elegido presidente de la Cámara se realizó el 4 de diciembre de 2019. “Esta responsabilidad la asumo con humildad, entendiendo que para mí también viene un tiempo de aprender juntos, de aprender al lado de ustedes, de escucharlos y, sobre todas las cosas, de trabajar codo a codo”, resaltó tras jurar en el cargo.
Consideró que su designación era “el primer paso del diseño institucional que viene”, con “una vocación de construir con la idea de coalición, tratando de representar la diversidad que fue producto o consecuencia de esta arquitectura electoral, y se empiece a ver en los resultados concretos y no solamente en las palabras”.
“Queda obviamente en mí, en mi trabajo, en mi diálogo con cada uno de ustedes, poder hacer sentir que este agradecimiento no es solo a mi fuerza política sino a cada uno de ustedes”, continuó para agradecer luego a “aquellos compañeros que a lo largo de estos años me acompañaron”.
Massa llegó con varias reformas en mente, aunque reconociendo siempre que Emilio Monzó le había dejado “la vara alta”, en función de algunos avances en materia de transparencia y obras edilicias importantes. Hablaba de firmar una resolución que garantizara que las presidencias de las comisiones se dividieran entre hombres y mujeres por igual, cosa que se cumplió durante los primeros dos años, pero no en la siguiente, pues al rearmarse las comisiones según el resultado de las elecciones legislativas, los hombres volvieron a tener el predominio.
Una idea que traía y que no pudo llevar adelante fue la de llevar la Cámara al interior del país, con sesiones en distintas provincias cada 90 días. Su intención era, dijo, “sacar la Cámara a la calle”, y en ese sentido evaluaba que algunas comisiones pudieran reunirse en distintas regiones. Claro está que la llegada de la pandemia, tres meses después, trastocó todos esos planes.
Entre las modificaciones que planteaba Massa figuraba la de priorizar el debate legislativo durante las sesiones y dejar otras instancias que dilatan la discusión de los proyectos -puntualmente los homenajes y las cuestiones de privilegio- para el final de las jornadas. Eso sí se cumplió algunas veces.
No tardó el presidente de la Cámara baja en imprimirle una impronta propia a la manera de conducir las sesiones. Llamando a algunos diputados por su apodo -“Oveja” llamó a Jorge Sarghini, o “Chani” a Alma Sapag-, o dirigiéndose a legisladores en tono coloquial, muy distinto al serio y apegado a las formas de Emilio Monzó. “Mendiguren, ¿esa es tu banca? ¿Esa es tu banca, Vasco? Andá y sentate en tu banca… Deje de pasear por las bancas, diputado”.
“Diputado, tiene dos minutos menos, que se comió su compañera de bloque”, acostumbraba a decir con una sonrisa.
Como sea, ese tono no garantizó nunca que las sesiones fueran un lecho de rosas, ni mucho menos. En su despedida de la banca, Elisa Carrió la emprendió contra Massa: “No me puedo ir de la Cámara sin hacerle una cuestión de privilegio a usted, conforme aparte a todo lo que he dicho sobre usted durante todos estos años, que además ratifico”, comenzó, molesta luego de la votación del artículo de la ley de emergencia referido a la suspensión de la movilidad para regímenes especiales que habían votado.
Entrevistado por C5N a mediados del mes de enero de 2020, Massa habló del desafío que se le presentaba al oficialismo legislativo para los 40 días siguientes. Mencionó entonces la habilitación del “ordenamiento de la deuda para el Ministerio de Economía; la modificación del sistema de jubilaciones, que es lo que la gente conoce como jubilaciones de privilegio, embajadores, jueces y fiscales; la reforma judicial; el Consejo Económico y Social, todos instrumentos que ayudan a mejorar el camino que la Argentina viene desarrollando”.
Ese día se había conocido el índice de inflación de 2019, que marcaba un récord para los últimos 28 años. Por eso le apuntó a la gestión anterior agregándole a ese dato “récords de pobreza, caída del empleo, cierre de PyMEs”, y desafiante sostuvo que aparecían explicando qué hacer con la deuda “aquellos que dejaron la deuda contra producto más alta de la Argentina”. En particular le apuntó al último ministro de Economía de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, al que si bien dijo tenerle “cariño y respeto”, no tuvo empacho en pedirle hacer “silencio, porque tuvo que declarar una deuda en default en pesos de la Argentina”.
A los jefes de la oposición en Diputados Mario Negri y Cristian Ritondo les pidió entender que “necesitamos conformar un perfil sustentable de la deuda para la Argentina, y para eso es necesario darle las herramientas el Ministerio de Economía”.
Massa se acostumbró a recibir gobernadores en su despacho. Uno de los primeros fue el neuquino Omar Gutiérrez, con quien coincidió en la necesidad de debatir “lo antes posible” una nueva ley de hidrocarburos que le aporte “previsibilidad” al sector. Eso quedó en veremos, si bien dos semanas antes el presidente Alberto Fernández les había anticipado a representantes del sector petrolero que enviaría al Congreso para esas extraordinarias ese proyecto.
El 6 de febrero de 2020 el presidente de la Cámara se reunió con Viviam Perrone, integrante de “Madres del Dolor”, y Matías Bagnato, representante del “Observatorio de Víctimas”, con quienes habló de la importancia del Estado y del Congreso para proteger y acompañar a familiares y víctimas del delito y de siniestros de tránsito en la Argentina. Once días más tarde firmó una resolución para poner bajo la órbita del Congreso el Observatorio de Víctimas del Delito, que hasta entonces dependía del Ministerio de Justicia de la Nación.
“El desafío del Observatorio y de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito es básicamente cumplir con la Ley de Víctimas, equilibrar la carga, darle a las víctimas del delito las herramientas desde el Estado para protegerlos, asistirlos y cuidarlos”, destacó Massa.
A principios de marzo de 2020 el campo realizó un paro en contra del aumento de retenciones a la soja. En un acto realizado en Escobar, el presidente de la Cámara les pidió a los productores agropecuarios entender que “en esta etapa la Argentina necesita de ellos”, y advirtió que “de 26 cultivos exportables, 25 quedan igual o ven reducidas las retenciones”. Y puntualizó que “necesitamos entre todos tratar de generar las condiciones, no solamente para mantener y mejorar los niveles de exportaciones y empleo, sino también para mejorar la situación de argentinos que están en pobreza”, añadió.
En sintonía con las medidas adoptadas en el Senado, el presidente de la Cámara baja firmó el 12 de marzo de 2020 la resolución 578/20 para prevenir la propagación del coronavirus. Se suspendieron los eventos previstos para el mes de marzo, y se restringió la presencia de asesores en las reuniones de comisión.
Asimismo, se recomendó hacer uso de la licencia excepcional a los trabajadores mayores de 65 años, mujeres embarazadas, puerpéreas, agentes del programa de inclusión laboral para personas con discapacidad, y agentes con antecedentes patológicos y/o inmunodeprimidos.
En el marco de las medidas adoptadas por el Covid, Massa otorgó a todos los diputados un subsidio de 100 mil pesos para brindar asistencia a personas o zonas afectadas. De inmediato hubo dos diputados que rechazaron el dinero y pidieron direccionarlo a las autoridades de Salud: los tucumanos Beatriz Avila y Pablo Yedlin.
“Es importante entender que en estos momentos, al comando de la emergencia está el presidente, él anunciará las medidas. Nosotros podemos ayudar y colaborar. Es tiempo de obedecer y no de imponer ideas. Cuando entramos en emergencias, lo mejor es que haya alguien que defina el rumbo hacia donde se va. El presidente va a tomar las medidas que hagan falta, por más incómodas o desagradables que resulten al día a día”, afirmó Massa al cabo de un encuentro en la Casa Rosada junto a Alberto Fernández y los jefes de bloques.
Durante el primer día de cuarentena general declarada el 20 de marzo de 2020, Sergio Massa junto a 11 legisladores mantuvo una reunión por videoconferencia transmitida en vivo por el canal Diputados TV. Massa, junto a Máximo Kirchner y Cecilia Moreau, dialogaron alrededor de una hora con Mario Negri, titular del bloque UCR y el interbloque Juntos por el Cambio; Cristian Ritondo, presidente del bloque Pro; Maximiliano Ferraro, jefe de la Coalición Cívica-ARI y Álvaro González, vicepresidente primero del Cuerpo. También se conectaron desde sus hogares Eduardo “Bali” Bucca, titular del interbloque Federal; José Luis Ramón, líder de Unidad Federal para el Desarrollo; Alma Sapag (MPN); Nicolás Del Caño (PTS-FIT) y Romina del Plá (FIT).
Instalados desde el Palacio Legislativo, Massa ofició como moderador, y cada uno de los participantes plantearon un conjunto de inquietudes y propuestas que el presidente de la Cámara baja se comprometió a que “sean notificados a cada área correspondiente del Ejecutivo”.
Al cabo del encuentro, Massa informó que se le pediría a cada uno de los 257 que realizaran un video para que transmitir por Diputados TV, recomendando a la población cumplir con la cuarentena. También dijo que notificaría la constitución de la Comisión de Modernización para avanzar en estos temas de uso de plataformas y firma digital.
Ante la parálisis en que cayó el Parlamento a partir de la cuarentena, el presidente de la Cámara garantizó que si era necesario el Congreso se reuniría para darle al Gobierno las herramientas legislativas que hicieran falta en el marco de la guerra contra el coronavirus y sus consecuencias económicas. Massa contó que “con el presidente hablamos que es probable que próximamente pueda ser necesario convocar al Congreso para dar instrumentos al Gobierno y a la Argentina”. En ese sentido señaló que “hay temas como alquileres, despidos, impuestos, que pueden requerir de leyes para que se puedan solucionar”, por lo que puntualizó que “si tenemos que sesionar, será con todas las indicaciones que nos den las autoridades sanitarias”.
El 16 de abril de 2020 el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó en la residencia presidencial de Olivos la que sería la oferta de reestructuración de la deuda externa a los privados, que incluía tres años de gracia, extensión de plazos, una amplia quita de intereses y alivio de capital. “Toda la dirigencia política se ubicó detrás de esta propuesta de pago de la deuda”, garantizó ese día Sergio Massa. Y agregó: “Dirigentes de distintas fuerzas políticas se sentaron hoy en la mesa, porque así como la batalla sanitaria la tenemos que dar entre todos y no puede haber grieta, también es una responsabilidad de toda la dirigencia política darle a la Argentina un perfil de deuda sostenible en el tiempo, que nos saque de los ciclos que cada diez años nos llevan a caer en el fracaso”.
Una semana después, Juntos por el Cambio insistía con la necesidad de sesionar de manera presencial. “Tal como le señaláramos en la última nota enviada al presidente de la Cámara baja, el 22 de abril, no nos oponemos a una sesión virtual, pero hasta tanto estén dadas las condiciones para llevarla a cabo, seguimos exigiendo que se convoque a una sesión presencial”, expresaba el presidente del interbloque JxC, Mario Negri.
Obviamente no hubo sesiones presenciales y se avanzó hacia la virtualidad. En los primeros días de mayo, a pocas horas de estrenar el sistema de sesiones virtuales, Massa decía: “Somos conscientes de que es un salto de calidad, pero también un cambio de paradigma en el funcionamiento democrático”.
Luego del simulacro de sesión virtual que registró inconvenientes técnicos, sobre todo a la hora de la votación, Sergio Massa aseguraba el 7 de mayo que su objetivo era sesionar cuando la “transparencia y operatividad” de esa modalidad estuvieran “100% garantizadas”.
“El sistema de debate funcionó muy bien”, destacó, aunque defendió que “si se hizo una sesión de prueba, es porque no había certezas de que fuera a funcionar”, por lo que el oficialismo, afirmó, tiene la “humildad de reconocerlo, corregir y mejorar”. Y afirmaba que “el desafío es dejarle un sistema o recinto virtual para siempre al Congreso”.
“El sistema de debate funcionó muy bien”, destacó, aunque defendió que “si se hizo una sesión de prueba, es porque no había certezas de que fuera a funcionar”, por lo que el oficialismo, afirmó, tiene la “humildad de reconocerlo, corregir y mejorar”.
El 10 de mayo de 2020 se publicaba en Perfil una nota en la que el presidente de la Cámara hablaba de la eventual reelección de un Alberto Fernández que por entonces timoneaba con cierta destreza la pandemia. Si al presidente le va bien, decía Sergio Massa ante la consulta sobre la sucesión, “será reelecto”. Y si le va mal, “a todos nosotros nos va a ir mal”. En consecuencia, dijo, “en lo único que tenemos que trabajar es en que a Alberto le vaya bien”.
A mediados del mes de junio la cuarentena estricta continuaba y el oficialismo ya había tropezado con el caso Vicentin. Así fue que el interbloque JxC mostraba los dientes ante el oficialismo y se le plantaba advirtiendo que no habilitarían el debate de “temas conflictivos”, tales como la expropiación de Vicentin o el impuesto a las grandes fortunas, bajo el formato de sesiones virtuales.
El último día de ese mes, el presidente de la Cámara acordaba con la oposición que el Cuerpo siguiera funcionando durante la nueva fase del aislamiento, aunque Juntos por el Cambio pedía conocer el estado de situación sobre posibles contagios. Precisamente un diputado del Pro, el riojano Julio Sahad, se había contagiado y por eso otros bloques habían propuesto que hubiera menos cantidad de diputados presentes en las próximas sesiones.
En el marco de una conferencia de prensa brindada en el Salón de Pasos Perdidos el 4 de agosto, Massa celebró el acuerdo en el que se estaba avanzando en el tema de la deuda, y contó a los periodistas que había dialogado con el presidente de la Nación, que “estaba realmente satisfecho por la tarea encabezada por el Ministerio de Economía”. Destacó al respecto que el “ahorro de 30 mil millones de dólares que dejan de pagar nuestros hijos, nuestros dueños”, y aseguró que eso “además nos permite pensar un horizonte de crecimiento para los próximos años de la Argentina. Y creo que es muy importante transmitirle a los argentinos que tengan confianza y esperanza de que la etapa que viene es una etapa que en la salida de la pandemia nos tiene que unir alrededor del trabajo, de la producción y del crecimiento de la Argentina”.
Tras el entendimiento alcanzado con los bonistas privados, Massa afirmaba por Radio 10 que “el mérito central del acuerdo es del presidente de la Nación y del ministro de Economía, todos los demás que de una forma u otra pudimos ayudar a pavimentar al país lo hicimos bajo el liderazgo de ellos dos”.
Mientras en la Cámara alta rubricaban el dictamen de la reforma judicial, Sergio Massa hacía cuentas y comprendía que no tenía el número suficiente para sacar la ley en Diputados. De ahí que en una entrevista por Canal 9 afirmara el 20 de agosto de 2020 que no había apuro para tratar la iniciativa en esa Cámara. “Tenemos todo el tiempo y todo el año legislativo para charlarlo y debatirlo”, dijo.
Cuatro días después señalaba sobre el mismo tema ante A24 sobre la reforma judicial que iba a ser “una discusión más larga que en el Senado, que va a tener mucho la mirada de la realidad del sistema y que va a incorporar cosas que hoy no aparecen”.
Durante buena parte de la pandemia, el presidente de la Cámara se enfrascó en una dura puja con Juntos por el Cambio por la forma de sesionar. El 1° de septiembre dio una conferencia de prensa en la que sostuvo que el Parlamento debía “seguir abierto y sesionando, seguir votando leyes”. Acababan de concluir sin éxito las negociaciones entre el oficialismo y la oposición en Labor Parlamentaria. “Desde las 11 de la mañana venimos dialogando de manera presencial y remota con los distintos bloques políticos de esta Cámara a los efectos de sesionar para darle a los trabajadores hoteleros, gastronómicos, al sector turístico una ley. Y también para darle a la Argentina herramientas para terminar con la grave situación que representa la pesca ilegal”, explicó, y agregó: “Desgraciadamente, a lo largo de estas ocho horas, a pesar de que por momentos parecía que había consenso unánime de todos los bloques, uno de los bloques de esta Cámara no ha arribado al consenso para participar de la sesión de manera mixta, aduciendo que quieren sesiones presenciales y condicionar la agenda parlamentaria. Y la verdad es que el Parlamento, precisamente lo que tiene es la posibilidad de discutir todos los temas”.
Massa afirmó entonces que “la mayoría de los diputados de esta Cámara, porque ya hay quórum, están dispuestos a seguir trabajando de manera mixta. Pero además, a lo largo de la tarde se le ha ofrecido a los bloques que quieren sesionar de manera presencial, que lo hagan sin obligar al resto. Y aparecía la idea de condicionar de que algunos temas tienen que estar todos los diputados, sabiendo que en esta Cámara no hay espacio físico y tampoco se había dispuesto la mudanza del Parlamento a otros lugares”.
Igual, la sesión se realizó sin la presencia de JxC, y sobre el final de la misma pidió la palabra Cecilia Moreau para hacer una seria denuncia: “Mientras nosotros estamos acá, tratando de sancionar una ley de asistencia al turismo después de 20 horas de discutir con alguna gente la nada misma, quiero decir que estamos sesionando con parte de la parte de afuera del Congreso roto. Han venido a hacer destrozos”, denunció, advirtiendo que “mañana seguramente estas fotos no van a estar en los diarios”.
Y agregó: “Como tampoco van a estar en los diarios los mensajes de Twitter que están circulando en este mismo momento en las redes sociales, donde no solo se distribuye el teléfono del presidente de la Cámara, sino además se distribuye una foto donde están sus hijos, uno de ellos menor de edad. Es un gesto antidemocrático, un gesto patoteril, y me parece que lo mínimo que podemos hacer es sacar una declaración de repudio de esta Cámara”.
A continuación, el diputado José Luis Ramón apoyó la moción, y más tarde el bloque Córdoba Federal, a través de su jefe Carlos Gutiérrez. Ya cerca del final de la sesión, Massa contó que su equipo ya le había cambiado su número de teléfono y agregó que “como Dios no quiere cosas puercas, así como hay gente mala, hay alguien que me compartió la captura de pantalla, para que además pueda hacer la denuncia de quien mandó a difundir y publicar el teléfono. Así que para la tranquilidad de la diputada Moreau, mañana voy a hacer la denuncia del que lo hizo y de los que además lo circularizaron”.
Desde Juntos por el Cambio, que había impugnado esa sesión en rechazo al procedimiento por el cual se renovó, “sin consenso”, el Protocolo de Funcionamiento Remoto, expresaron su apoyo a Sergio Massa a través de las redes sociales.
A propósito de esa sesión, la jueza María Romilda Servini terminó desestimando la denuncia impulsada contra un abogado contra el presidente de la Cámara de Diputados por la sesión del 1° de septiembre. La denuncia fue presentada por el abogado Santiago Nicolás Dupuy de Lome, quien advirtió que Massa “hizo sesionar a la Cámara de Diputados como presidente fuera de las normas vigentes en nuestra Constitución, ya que el protocolo de sesiones que se había adoptado por la pandemia estaba vencido”.
Pero si de escándalos hablamos, el realmente inesperado y sin precedentes se produjo el 24 de septiembre de 2020 cuando, en plena sesión de la Cámara baja, un diputado conectado en forma virtual protagonizó una escena íntima con una mujer, que quedó a la vista porque su cámara estaba encendida.
Fue Juan Ameri, del Frente de Todos por Salta, al que inmediatamente Sergio Massa suspendió en su condición de diputado, ante la sorpresa de algunos legisladores que no estaban anoticiados del video que ya se había hecho viral en las redes sociales. La insólita escena se produjo mientras el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, defendía el proyecto de ley de protección del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y refinanciación de las deudas de las provincias con la ANSES. En esas circunstancias se vio a una mujer sentada sobre el diputado, en una situación íntima. El video llegó a manos de Massa, quien -rápido de reflejos- interrumpió el debate para anunciar la decisión de suspender al legislador, que pertenece a su propio bloque.
“Frente a una falta grave de un diputado, en el marco de las sesiones de asistencia presencial y remota, se dio una situación que nada tiene que ver con el normal decoro y funcionamiento de esta casa”, reprobó el presidente de la Cámara baja.
Días después, Massa contaba por radio Mitre: “A mí nadie me avisó, lo vi yo. Estaba presidiendo la sesión, veo lo que estaba sucediendo en la pantalla con el diputado Ameri y en ese momento me levanto de la presidencia, le pido al vicepresidente que me reemplace, les pido que bajen la conexión del diputado, que lo echen del recinto”.
Massa recordó que convocó a las autoridades del Frente de Todos para analizar la situación, y luego volvió al recinto para comunicarles a los diputados lo que había sucedido y pedir que se conformara la comisión para su expulsión inmediata.
El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, afirmó este fin de semana que “la Argentina va a salir de esta crisis”, a la vez sostuvo que “el país va a crecer si reafirma a sus pymes”.
El 18 de octubre de 2020 visitó el programa La Noche de Mirtha Legrand, con la conducción de Juana Viale, donde señaló que “la Argentina tiene un enorme capital en todos los argentinos y argentinas para salir de esta situación”.
Ante la consulta sobre las distintas miradas dentro del Frente de Todos con relación a diferentes temas, el titular de Diputados señaló: “En las coaliciones de gobierno, hay actores que no piensan igual. Yo no dejo de decir lo que pienso en temas como el uso de las Taser, la defensa de la propiedad privada y el rechazo a la toma de tierras o la liberación de presos”.
“El triunfo del Frente de Todos partió de la idea de que superábamos la grieta y nos abríamos, convocábamos, y teníamos que ir hacia la ampliación del Gobierno y la convocatoria a los sectores medios de la sociedad argentina”, sostuvo además.
“No le pueden pedir al que quiere pagar lo que no le exigieron al que pidió la plata”, expresó el presidente de la Cámara baja a representantes del FMI durante una reunión realizada el 13 de noviembre en el Congreso. Allí, el presidente de la Cámara señaló que “vamos a buscar los consensos para asegurar los acuerdos que la Argentina asuma”. Y durante el encuentro Massa les dijo a sus interlocutores que “no le pueden pedir al que quiere pagar lo que no le exigieron al que pidió la plata”.
El problema es que después se supo que un integrante de la comitiva del FMI había dado positivo de Covid-19, razón por la cual Massa tuvo que ser aislado, a pesar de que el primer hisopado dio negativo. Y se perdió buena parte de la sesión del 16 de noviembre en la que se trataron temas como la Ley Yolanda, una modificación de la Ley de Manejo del Fuego, el Aporte Solidario y hasta el Presupuesto 2021.
La sesión quedó a cargo del diputado del Pro Alvaro González, y si bien Massa volvió a dar negativo recién se integró a la sesión pasadas las 21. Previamente mantuvo una intensa agenda, con reuniones con funcionarios e intendentes, entre otros.
El 9 de diciembre venidero fue reelecto por primera vez al frente de la Cámara. “Nos tocó trabajar en un año difícil, ninguno de nosotros está preparado, fue capacitado, o tenía la experiencia de hacer funcionar cualquiera de las instituciones del Estado en medio de una pandemia”, puntualizó el reelecto presidente.
“Entendiendo que tenemos que buscar los consensos”, aclaró, “pero como parte de un gobierno también tengo la responsabilidad de ayudar a la gobernabilidad y a los resultados que ese gobierno busca en sus políticas públicas”.
Sobre el final del año, Massa participó de un acto en el Estadio Único de La Plata, en el que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires realizó el cierre de su primer año de gestión, con la presencia del gobernador Axel Kicillof, el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández y el diputado nacional Máximo Kirchner. Al hacer uso de la palabra, el tigrense expresó: “Termina un año que ninguno de nosotros deseó, pero que nos tiene que servir en 2021 para devolverle la esperanza a los argentinos. Vamos a volver, a partir de la decisión del Gobierno y de la Ley de Vacunas, a abrazarnos todos los argentinos, a recuperar el ingreso -porque el año que viene la Argentina va a crecer-, a recuperar el salario de los trabajadores y el ingreso de nuestros jubilados -que en los últimos 4 años perdieron un 20% del poder de compra y que van a tener una fórmula, que les permitió ganarle a la inflación en 7 de los 8 años en los que rigió-”.
Y agregó: “En un país que el 10 de diciembre del año pasado estaba en default, a pesar de la pandemia y los límites que impuso, y estar en minoría en Diputados, pudimos renegociar una deuda impensada para la Argentina, multiplicar la inversión pública y, en un año, hacer la puesta en marcha de obras de agua y cloacas”.
Ya en el año electoral, Massa se sumaba a los que abogaban por suspender las PASO: “Antes que gastar en boletas, prefiero invertir en vacunas. Las fuerzas políticas tienen que entender que más allá del proceso electoral lo que está en juego es la salud de todos los argentinos”, dijo por Radio 10.
En febrero de 2021 volvió a mostrar su especial interés en el tema Ganancias. Presentó un proyecto para que los trabajadores que ganaran menos de 150 mil pesos por mes no tributaran el impuesto a las Ganancias y aseguró que el respaldo del conjunto del Parlamento estaba garantizado.
También recibía al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y representantes del Consejo Agroindustrial Argentino para analizar lineamientos del proyecto de ley que crea el Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador. Durante el encuentro desarrollado en el Salón Delia Parodi, Julián Domínguez sostuvo que la iniciativa es “una apuesta a la industrialización”. “Es un cambio de paradigma”, resaltó.
Pero su obsesión seguía siendo Ganancias. Por eso fue que en una recorrida por José C. Paz destacó que el proyecto del oficialismo “generará un alivio fiscal para los trabajadores y les permitirá recuperar salario.
El 9 de marzo de 2021 expresó su deseo de firmar un acuerdo con el Fondo ese mismo año, con un perfil de vencimientos “sustentable”, es decir, sin pagar en los primeros años.
En una reunión con empresarios de los Estados Unidos organizada por el Consejo de las Américas, Massa destacó la importancia de recuperar el superávit fiscal y fortalecer la balanza comercial para que el Banco Central pueda recuperar reservas.
Veinte días más tarde insistía en que el país necesitaba acceder a un acuerdo con el FMI. Y de paso le pegaba a la gestión anterior al señalar que el acuerdo sellado en 2018 durante la gestión de Cambiemos y sostuvo que “el FMI le firmó a la Argentina un crédito político”.
Sin embargo el acuerdo avanzaba con lentitud, y frente a ello, Sergio Massa viajó en el mes de junio a Estados Unidos, donde mantuvo una nutrida agenda de encuentros para buscar un mayor respaldo a esas gestiones y, a la vez, mostrar un sendero que se orienta a la estabilización macro con el objetivo de captar posibles inversiones. Se reunirá en Washington con Juan González, asesor del presidente estadounidense Joe Biden en el Departamento de Estado y hombre de confianza en las relaciones con América Latina. También mantuvo una reunión con Gregory Meeks, diputado demócrata, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Capitolio.
De vuelta en Buenos Aires, en el mes de julio aseguró que habría un alivio fiscal para millones de monotributistas con la aprobación del proyecto de programa fortalecimiento y alivio fiscal para pequeños contribuyentes, y además adelantó “algunas modificaciones” en el recinto en una iniciativa que incentiva el ahorro en pesos al modificar la ley del impuesto a las Ganancias y ley de Impuestos sobre los Bienes Personales.
El 5 de julio de 2021, al recorrer una PyME en Pilar junto al intendente, afirmó que “el plan social es la emergencia. Lo permanente y digno es el trabajo. Hay que transformar los planes sociales en planes de empleo”. Y finalizó: “Hay que establecer que el plan tenga contraprestación laboral y terminalidad educativa obligatoria”.
Un mes más tarde, mantuvo una reunión bilateral en la embajada de los Estados Unidos con Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional del presidente Biden. A la misma se sumaron Juan González, asesor especial del mandatario estadounidense para América Latina, y el subsecretario de la Oficina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga.
“Es bueno hacer balance pensando en el futuro”. Así comenzó su intervención Sergio Massa en el plenario de dirigentes del Frente de Todos en el Estadio Único de La Plata que se realizó el 18 de agosto del 2021, ya de cara a las elecciones. Precisamente al referirse a las elecciones, sostuvo que “lo que se vota en definitiva no es un meme con una peluca de color ni tampoco una buena propaganda, lo que se vota es quienes son los que se van a sentar en diciembre en el Congreso para discutir cuestiones centrales para el futuro de la Argentina”.
“Ese préstamo de 53 mil millones no se debatió en el Congreso, sino lo cerraron en una cena en Olivos con la titular del FMI, Christine Lagarde”, remató. En esa línea, se preguntó: “Aquellos que firmaron la hipotecca a 100 años, ¿qué van a votar cuando tengamos que discutir como renegociar con el fondo la deuda? Cuando tuvieron que elegir entre la gente y las tarifas para empresas, eligieron tarifas. Cuando tuvieron que elegir entre obras para la gente, eligieron la fuga de capitales. Cuando tuvieron que elegir entre un Estado fuerte con capacidad de inversión o simplemente un Estado facilitando negocios para amigos, eligieron facilitar negocios a los amigos de la vida”.
El 26 de agosto de 2021 planteaba que “más allá del proceso electoral, hay que pensar la Argentina después del 10 de diciembre y después de la pandemia”, y en ese marco llamó “al consenso de los distintos sectores de la política”. Al disertar ante el Consejo de las Américas, destacó que luego de las elecciones “debemos encontrar 10 acuerdos básicos para la construcción de la Argentina de los próximos veinte años, entendiendo que los mejores momentos de nuestro país partieron, desde lo social y lo económico, de principios rectores de procesos de crecimiento, con inclusión social y un Estado presente”.
El 3 de septiembre Massa participó junto con el presidente Alberto Fernández de una recorrida por el laboratorio de insumos hospitalarios BINA Pharma, en el Parque Industrial Hudson, en Berazategui, en donde en modo campaña habló del “fracaso estrepitoso del Gobierno anterior” y le pegó a Macri por criticar al Gobierno: “Como creemos en la democracia y estamos acostumbrados a poner la otra mejilla, mientras él llama a destituir a este Gobierno nosotros llamamos a que después de la elección haya cinco políticas de Estado, se sienten a la mesa como una oposición seria y responsable para darle a nuestras pymes, al estudio de nuestros jóvenes y a los argentinos que necesitan un proceso de desarrollo políticas de mediano y largo plazo”.
“Ellos llaman a la destitución del Gobierno, nosotros seguimos queriendo el diálogo y los queremos sentados en la mesa porque creemos en la democracia y porque creemos que el Congreso es el ámbito para definir políticas de Estado”, finalizó.
Tras la derrota electoral en las PASO, el 23 de septiembre señalaba por Radiio 10 que “nuestro primer gran error fue no haber tenido esa fortaleza para convocar a todos a votar, fue la diferencia con el 2019. Estas primarias fue solo un test, pero nos pone a revisar qué nos faltó para convocar a la ciudadanía a votar”.
Y sobre las discusiones en el Gobierno respondía: “Que podamos discutir un tema y pensar distinto en la resolución de un tema no significa que nos lleve a peleas ni ruptura tenemos que aprender a debatir sabiendo que el camino hacia adelante es más FdT (…) Lo más importante en el cambio de Gabinete es que lo dejen tranquilo y lo satisfagan al presidente, quien decide y elige sus colaboradores es Alberto Fernández”.
Mientras tanto, la oposición le reclamaba derogar la resolución 672/21 que había establecido un “Protocolo de Recinto Protegido”, argumentando que esa decisión se había tomado de manera unilateral y “excediendo las facultades que tiene la Presidencia”. El tema se resolvió una semana más tarde cuando Massa firmó una nueva resolución que puso fin a la discusión con la oposición en torno a la presencialidad absoluta. Esto es, sin contemplar excepciones como originalmente se establecía y cuestionaban desde JxC.
El 7 de octubre de 2021 el presidente de la Cámara participó de manera virtual de la 7ma. Cumbre de Presidentes de Parlamentos del G20, donde envió este mensaje al FMI: “Es fundamental que los organismos multilaterales de crédito, expresados en el liderazgo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, entiendan que los programas y los paquetes que se habían estructurado con una realidad absolutamente distinta a la pre-pandemia deben tener o poner en consideración esta nueva realidad”.
Un día después, el entonces titular de la Cámara baja presentaba un proyecto de ley para crear el Programa “Un Puente al Empleo”, con el objetivo de transformar, de manera gradual y con un criterio federal, los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en empleo formal, y llevar alivio económico para MIPyMES que generen empleo.
El programa promueve una transformación gradual y establece facilidades como el mantenimiento de los planes sociales por 12 meses como complemento del salario y el acceso a obra social y ART. Los trabajadores deberán capacitarse y completar cursos de formación para acceder. También podrían participar empleados de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.
Fue el 17 de octubre de 2021 cuando Massa anunció que el Gobierno convocaría al diálogo a la oposición, el empresariado y los trabajadores tras las elecciones de noviembre, “para el diseño de 10 políticas de Estado para la Argentina”, en materia económica, educativa, de empleo y recursos naturales.
“Terminada la elección (del 14 de noviembre) vamos a convocar desde el Gobierno a un acuerdo con la oposición, con los empresarios y con los trabajadores articulando el Congreso y el Consejo Económico y Social. El presidente tiene la decisión de hacerlo”, aseguró.
“Un acuerdo que nos convoque a todos y a todas a pensar el país a mediano y largo plazo. En donde reemplazar los planes sociales por empleo genuino, se transforme en una política permanente e intergeneracional para el crecimiento argentino”, decía días después Massa, abogando por repensar “a 20 años este sistema educativo construido a la luz de la Revolución Industrial, para ir hacia uno acorde a la Revolución de la Tecnología y el Conocimiento en la que vivimos hoy”.
Sergio Massa volvió a convocar el 5 de noviembre a una mesa de trabajo para definir acuerdos de largo plazo y transformar los recursos argentinos en un valor de crecimiento y desarrollo. Además, planteó cual sería la agenda de proyectos de ley que se debatieran en el Parlamento para generar incentivos para el crecimiento económico de la Argentina y para la recuperación del empleo.
Entre ellos, mencionó a la ley de promoción de hidrocarburos; una ley de promoción del turismo y la gastronomía; un nuevo régimen jurídico para el sector autopartista y automotriz; la renovación del Régimen de promoción de la construcción; y la ley agroindustrial.
En el acto del cierre de campaña del Frente de Todos realizado en la localidad de Merlo el 11 de noviembre, Massa sostuvo que al Gobierno nacional “le tocó recorrer un camino que nace del derrumbe de la economía argentina y que continúa en otro derrumbe global. Un camino que nace en el 2019 cuando millones de argentinos depositaron la esperanza de que veníamos a devolverle el trabajo, la dignidad, la recuperación del ingreso y de las pymes”.
El día de la elección, tras emitir su voto ratificó ante los periodistas que lo abordaron la convocatoria al diálogo con todos los sectores que se impulsaría inmediatamente después de los comicios, según aseguró. Y agregó: “Mi responsabilidad es seguir ayudando a buscar acuerdos, a darle a la Argentina crecimiento económico, a consolidar la idea de un país en donde el trabajo sea el actor central y la educación el instrumento de la movilidad social ascendente, y los argentinos tengan la tranquilidad de que gobernamos y vamos resolviendo poco a poco los problemas que tenemos”.
Tras la derrota electoral, el presidente de la Cámara de Diputados participó el 25 de noviembre de 2021 del acto por el Día de la Construcción, en cuyo marco admitió que la Ley de Alquileres había fracasado y alentó la posibilidad de discutir un nuevo proyecto en el Congreso.
“En el Gobierno anterior, el Congreso sancionó, no con mala fe, sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó, y que pretendía asegurar a inquilinos y propietarios y terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y además generando incertidumbre y dificultades para el inquilino”, sostuvo el líder del Frente Renovador.
Cinco días después compartía un almuerzo con Alberto Fernández en la Casa Rosada en el que conversaban sobre las iniciativas de interés del Poder Ejecutivo, entre ellas el Presupuesto 2022 y el Plan Plurianual que Fernández había prometido enviar al Parlamento en la primera semana de diciembre, cosa que nunca hizo.
El 7 de diciembre de 2021 fue reelegido una vez más al frente de la Cámara baja, y en su discurso invitó a los diputados a que a través del “diálogo y el trabajo cotidiano podamos construir la confianza que a lo largo de estos dos años pudimos construir con muchos diputados y diputadas de distintas fuerzas”.
“Ojalá el período que sigue continúe con esta normalidad. Que sea de diálogo, de trabajo con debate porque no estamos obligados a pensar igual, pero de trabajo con respeto y con ideas. Que tengamos la capacidad de escuchar al otro y de ponernos en su lugar y de entender que más allá de nuestras peleas y de nuestras diferencias, afuera hay millones de argentinos que esperan que de nuestros acuerdos y responsabilidad surjan las soluciones para los problemas que enfrentan todos los días y esperan que afrontemos con responsabilidad”, precisó Massa.
Tras el fracaso del tratamiento del Presupuesto 2022, Massa difundió el domingo 19 de diciembre un informe donde detallaba las “consecuencias y el perjuicio” de lo que había sucedido. El informe describía cómo el rechazo efectuado al proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2022, provocaría efectos negativos en relación con la transferencia de recursos a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los municipios. Esta situación llevaría a muchas provincias y legislaturas municipales a tener que revisar sus presupuestos para adecuar los recursos coparticipables que reciben cada mes.
Mientras eso sucedía en el Congreso nacional, en la Legislatura bonaerense modificaban la ley de reelecciones de intendentes, cosa que rechazó enfáticamente. “Es un error grave plantear estos temas mientras la gente reclama por trabajo y educación”, expresó Massa.
Tras oficializarse el acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional, Sergio Massa afirmó el 28 de enero de 2022 que esa era “una muy buena noticia para el país. El acuerdo genera confianza, dentro y fuera del país. La deuda, como estaba, era un problema. El acuerdo es una solución”.
El entonces titular de Diputados había participado de todas las reuniones de trabajo con el presidente Alberto Fernández previas a lograr un entendimiento con el organismo multilateral de crédito.
Ese acuerdo motivó tres días después la renuncia del presidente del bloque oficialista en la Cámara baja, Máximo Kirchner. Massa se reunió el 1 de febrero con el presidente en Olivos para barajar nombres para suceder al hijo de los Kirchner y nombrarlo antes de que el presidente viajara a Rusia y China, cosa que así sucedió y el elegido fue el santafesino Germán Martínez, quien tenía por delante lograr los acuerdos para aprobar el entendimiento con el FMI en la Cámara baja.
De visita en Tucumán, el 4 de marzo Massa señaló a la prensa local respecto del tratamiento del acuerdo con el FMI en el Congreso: “Tenemos que tener la madurez y la responsabilidad de entender que es un problema de la Argentina, y no de un gobierno. Voy a hacer todo mi esfuerzo para tratar de convencer hasta el último diputado de la Argentina”.
Pero los mayores esfuerzos los dedicó a negociar con Juntos por el Cambio para garantizarse el apoyo que allí sabía que podía encontrar y que fue el que en definitiva permitió la aprobación del acuerdo. El 8 de marzo, mientras se iniciaba un nuevo plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, Massa recibía a Mario Negri, Juan Manuel López y Luciano Laspina, quienes a sabiendas de que el oficialismo no contaba con los votos para la aprobación, le advirtieron que “el artículo primero es imposible de votar porque contiene una referencia directa al programa económico y Juntos por el cambio solo está dispuesto a aprobar el financiamiento”, según informó a este medio uno de los participantes del encuentro. A su vez, el segundo artículo era calificado de “invotable”, y hablaban de la necesidad de ponerse de acuerdo las partes en una nueva redacción de los artículos.
Finalmente el acuerdo se alcanzó a través de una intensa negociación que encabezaron el propio Massa y Germán Martínez con la oposición, y que cerraron precisamente en el despacho de Mario Negri. Poco antes de iniciarse el debate en el recinto, el presidente de la Cámara encabezó una conferencia de prensa en la que resaltó que “por primera vez en la historia democrática” el Congreso discutiría un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, razón por la cual saludó “la valentía y la responsabilidad institucional del presidente de devolver una facultad que está en nuestra Constitución y que de alguna manera devuelve el control de los empréstitos al Congreso”.
Massa agradeció al presidente del bloque del Pro, al de la UCR, Provincias Unidas, el interbloque Federal, el Frente de Todos”, y remarcó que “es clave esta solución para evitar una catástrofe”. Aclaró en ese sentido que en un acuerdo “todos plantean algo y todos ceden algo. Porque así como el Gobierno tenía una iniciativa que abrió al resto, de alguna manera también esos bloques cedieron e hicieron concesiones para que el Gobierno pudiera tener esta ley”.
Una vez aprobado el acuerdo, Massa habló con La Nación+, señalando que “con responsabilidad, aún con diferencias entre fuerzas políticas, se entendió la trascendencia que tenía el hecho de avanzar con una facultad que el Congreso retomaba desde la vuelta de la democracia”. Y respecto al arribo de los consensos que permitieron que la iniciativa fuera aprobada, Massa consideró: “Fue mi tarea y responsabilidad buscar acuerdos para que la Argentina resuelva el problema y para eso hay que tener la capacidad de tolerar y respetar al que piensa distinto”.
El domingo siguiente el presidente de la Cámara inflaba el pecho para afirmar que el acuerdo por la deuda no debía ser interpretado como “el techo”, sino “el piso desde el que hay que construir políticas de desarrollo”, ya que el mismo establecía que, para empezar a pagar, “primero se puede crecer”.
Quien por entonces no imaginaba que cinco meses después estaría al frente de la economía, resaltaba “la tranquilidad de seguir teniendo prefinanciación de exportaciones, porque representa vender trabajo argentino al mundo, mantener margen en nuestro sistema financiero para que haya crédito para la gente y avanzar sin tener que recortar derechos a los que trabajan y a los jubilados”.
A días de la aprobación en la Cámara baja y cuando el mismo comenzaba a ser debatido en el Senado, Massa afirmaba que su desafío y el del Gobierno “era tratar de construir el mayor consenso posible para encontrar una salida a este problema”. Destacó lo importante de apostar al diálogo y reunir los apoyos para que el proyecto se apruebe y que la Argentina no ingrese en default. Y agregó: “Parte del acuerdo fue producto tener un sistema de vínculos personales que muchas veces me critican. A la hora del diálogo te permite plantear las cosas de una manera más humana”.
“La Argentina tiene que superar la enfermedad de la grieta y del amigo/enemigo en la política. Más allá de los matices internos de todas las fuerzas posibles, necesitábamos construir un puente de salida que de una señal al mundo”, continuó.
Al participar del Plenario Nacional de Economías Regionales organizado por CAME, el 16 de marzo Sergio Massa se refería a un tema con el que ahora deberá lidiar especialmente: la inflación, a la que calificó como “el veneno más dañino que tiene nuestra economía”.
“Hace falta firmeza para enfrentarla”, enfatizó, afirmando luego que “es clave que aumentemos nuestras exportaciones con valor agregado argentino. Porque los dólares se consiguen vendiendo talento y trabajo argentino al mundo. Para salir del ‘pedir prestado’ todo el tiempo”.
El 20 de marzo Clarín publicó una entrevista con el entonces presidente de la Cámara baja, en la que éste relativizaba las diferencias entre el presidente y su vice. “Hay un deseo de que las diferencias y los matices o los desencuentros se transformen en una pelea y fractura. Pero me da la sensación de que hoy lo que prima en la cabeza y en el espíritu de todos es poner lo mejor para que al Gobierno le vaya bien. A veces con discusiones que son menos públicas, a veces con discusiones que son más públicas”, señalaba quien consideraba el acuerdo con el FMI “un puente” para comenzar a “recorrer un proyecto de desarrollo. Con el puente no alcanza, pero nos habilita para poder recorrer un camino de crecimiento”.
Cuando la oposición amenazaba con convocar a u na sesión especial para el 5 de abril para derogar la Ley de Alquileres, el presidente de la Cámara adelantó en conferencia de prensa que buscarían “suspender” la ley vigente por 90 días, y en ese lapso sancionar una nueva norma. “Porque esta ley perjudicó a propietarios, inquilinos e inmobiliarias”, afirmó.
La idea del presidente de la Cámara pasaba por crear mediante una resolución una comisión que se encargara de elaborar un nuevo proyecto y mientras tanto suspender los dos artículos de la ley vigente que eran los que generaban las mayores dificultades tanto a inquilinos como a propietarios: la extensión de los contratos y la fórmula para calcular los ajustes anuales. Esa posibilidad quedó en veremos y finalmente se optó por no tocar nada y avanzar con una nueva ley, que aún no ha sido votada.
El 29 de marzo de 2022 el presidente Alberto Fernández y el entonces ministro Matías Kulfas presentaban el Plan Argentina Productiva 2030 en el CCK. En ese marco Sergio Massa abogaba porque Gobierno y oposición pudieran “darles a los argentinos políticas de Estado”.
“Este no es un año electoral, es año en el que sentados en una mesa Gobierno y oposición podemos darles a los argentinos políticas de Estado alrededor de la educación, desconcentración federal de la Argentina, economía del conocimiento. Tenemos la oportunidad de dar respuesta”, afirmó, para agregar luego que “después de superar las crisis de deuda, la pandemia, la guerra, todos, quiénes estamos acá y quiénes no están, tenemos la obligación de ponernos como objetivo la construcción de la Argentina del mañana”.
Ese fue para Massa un día pleno de gestos y mensajes, pues lo del CCK fue al mediodía; a la tarde participó de un homenaje en el Congreso organizado por Mario Negri a Hipólito Solari Yrigoyen, en el que estuvo Gerardo Morales, y concluyó por la noche participando de la velada organizada por la Asociación Conciencia, que celebraba sus 40 años de vida. Fortalecido luego de los resultados que la búsqueda de consensos había tenido en el acuerdo con el Fondo, Massa se mostraba convencido en la necesidad de alcanzar una suerte de “Moncloa argentina” y con ese objetivo trascendió que preparaba una carta dirigida a los líderes parlamentarios. Una convocatoria que abarcaría ejes clave como la transformación de planes sociales por empleo, la cadena de valor del litio, el aumento de las exportaciones, medioambiente y lucha contra el narcotráfico.
La novedad fue tomada con recaudos por la oposición. En las redes sociales Mario Negri sugirió empezar “por lo básico antes de lanzar titulares rimbombantes”, ya que “en Argentina ni siquiera está constituida la Bicameral que debe controlar los DNU desde hace 110 días”.
“¿Y si empiezan por constituir comisiones? La Constitución establece un régimen presidencialista. Que envíen los proyectos y nosotros los analizamos”, repuso Graciela Ocaña, mientras que Alejandro “Topo” Rodríguez le decía: “Durante la campaña presidencial de 2019, desde Consenso Federal planteamos la importancia del consenso sobre una agenda para el desarrollo argentino. Este es el camino, no el de la confrontación”.
Consultada sobre el tema, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti enmarcaba ese llamado al diálogo en las “conversaciones” que Massa mantenía con el presidente de la Nación para que se pudiera desarrollar “un año parlamentario en donde salgan una cantidad de proyectos que tienen que salir”.
El 6 de abril Massa alertaba por Radio 10 sobre un intento de “desgastar la figura presidencial y al Gobierno” de parte de quienes “ya están mirando al 2023 y eso es un error, lo que la sociedad espera es soluciones, no problemas”, y sugería “salir de la grieta y resolver problemas de fondo sin importar el partido al cual pertenezcamos”.
Al día siguiente recibía en el Salón de Honor de la Cámara baja al embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, con el que coincidió en promover inversiones para el desarrollo de sectores estratégicos como energías renovables, minería, electromovilidad, economía del conocimiento, agroindustria y litio.
El 18 de abril recibía a gobernadores de las provincias del Norte Grande. Estuvieron Gerardo Zamora (Chaco), Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Morales (Jujuy), Ricardo Quintela (La Rioja) y Raúl Jalil (Catamarca). También estuvieron el senador José Mayans y Germán Martínez. Los gobernadores presentaron un listado de temas que solicitaron formaran parte de la agenda legislativa en los 30 días sucesivos: Tratado de Integración del Norte Grande; la Ley Automotriz y Desarrollo Federal de Autopartes; la Ley de Electromovilidad y Diseño en la Norma de Régimen de Promoción de las provincias productoras de Litio; la Ley de Cannabis Medicinal para promover en el Norte la industria médica; el Comité de Bajos Submeridionales; la ley de Compre argentino; la transferencia de Inmuebles; y la Ley de Tarifa Energética Diferencial.
Fue en esos días que estalló la polémica por las designaciones de miembros del Poder Legislativo en el Consejo de la Magistratura. El 18 de abril Massa y Cristina Kirchner fueron emplazados por Juntos por el Cambio para designar a un legislador de cada cámara correspondientes a las segundas minorías, y fue entonces cuando en el Senado se rompió el bloque oficialista para que ese sector se quedara con el lugar correspondiente a esa cámara. Hubo entonces una resolución de un juez entrerriano que quiso suspender la designación y por eso el Frente de Todos le pidió a Massa abstenerse de designar a un consejero para la Magistratura, pero finalmente el presidente de la Cámara optó por nombrar a la radical Roxana Reyes, lo que fue objetado por Germán Martínez, quien pidió invalidar esa decisión.
Por esos días el presidente del radicalismo quedó envuelto en una polémica por su cercanía a Massa, ante lo cual Gerardo Morales debió salir el 26 de abril a negar que hubiera negociado con el presidente de la Cámara baja la designación de la radical santacruceña.
Tomando distancia de esa polémica, Massa recibía al día siguiente a una representación de la UIA, encabezada por su presidente, Daniel Funes de Rioja, para avanzar con la agenda de proyectos orientados a sostener el crecimiento industrial.
El titular de la Cámara baja participó el 10 de mayo de 2022 de la AmCham Summit 2022, organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina. Durante el encuentro, llevado a cabo en el Icon Hotel de Puerto Madero bajo el lema “Construyamos un país sustentable”, Massa se refirió a la importancia de desarrollar un sistema de subsidios progresivo en la Argentina.
“La Argentina tiene un régimen de subsidios que funciona como Hood Robin, porque nuestra matriz tributaria no es progresiva, entonces el que menos cobra es el que más paga, el que más carga tributaria tiene en términos de ingreso. Tenemos que tener un régimen de subsidios segmentado”, expresó.
En esa línea, recalcó la importancia de hacer “el trabajo de segmentación desde cada una de las áreas de gobierno, inclusive en colaboración entre la secretaría de Energía, la AFIP, y las empresas de servicios públicos”.
Tres días después volvía a insistir con el tema Ganancias, al exigirle al ministro Martín Guzmán la actualización del mínimo no imponible de la Ley del Impuesto a las Ganancias que él mismo había impulsado el año anterior para que los aumentos salariales acordados en paritarias no afectaran el poder de compra de los trabajadores.
Rápidamente le contestó el ministro que elevarían el piso tal cual lo pedido por Massa. Pero el tono no lo debe haber dejado tranquilo a Massa: “Es una obviedad que se actualizará el piso a partir del cual los trabajadores en relación de dependencia pagan (el impuesto a las) Ganancias en función de la evolución de la inflación”, afirmó Guzmán a los medios.
Dos semanas más tarde Massa insistió con una nueva misiva enviada al ministro, en la que le reafirmaba su pedido para actualizar el piso de Ganancias. Esta vez se resolvió el tema rápidamente y ese viernes 26 de mayo los propios Massa y Guzmán brindaron una conferencia de prensa en la explanada de la Casa Rosada anunciando las modificaciones en Ganancias.
Dos días después el presidente de la Cámara doblaba la apuesta anticipando que estaban trabajando en un proyecto para aliviar la situación de autónomos y monotributistas.
El proyecto fue presentado el 30 de mayo y fue acompañado por los diputados Leandro Santoro y Mónica Litza, como así también llevaba las firmas de opositores.
Necesitado de acercar posiciones con su aliado Massa, el 6 de junio de 2022 el presidente lo invitó a viajar a la Cumbre de las Américas, y así fue que por primera vez el tigrense se ausentó en una sesión completa, aquella en la que la oposición impuso el proyecto de Boleta Unica.
Mientras tanto trascendían ruidos en el interior del Frente de Todos, en cuyo marco se anticipaba que le pedirían a su líder replantear su postura dentro del Frente de Todos. En un congreso que se realizaría en Mar del Plata le pedirían reconsiderar los esfuerzos realizados para mantener la unidad de la coalición y llevar adelante la agenda parlamentaria, adelantaban voceros del sector.
Tiempo de definiciones, Martín Guzmán renunció a través de las redes sociales el sábado 2 de julio, justo mientras la vicepresidenta de la Nación encabezaba un acto en homenaje a Perón en Ensenada. A partir de entonces se sucedieron horas febriles en el seno del Gobierno, en las que el nombre de Sergio Massa estuvo en boca de todos por su inminente desembarco en el Gobierno. Se especulaba con la posibilidad de que asumiera como jefe de Gabinete, pero finalmente sus demandas no fueron atendidas y sus chances se apagaron… hasta la próxima crisis.
El domingo cera de las 22, treinta horas después de la renuncia anunciada por Guzmán, la portavoz anunció a través de un tuit que la elegida para reemplazar al ministro renunciante era Silvina Batakis.
“Hay personas que le pueden dar más dinamismo a la gestión”, diría esa semana el diputado Leandro Santoro respecto de Sergio Massa al sugerir que era de aquellas personas que podían “aportar” a un gabinete donde se tomaran “decisiones de manera más ágil”.
El 7 de julio Massa recibió en su despacho a la nueva ministra con quien dialogó para establecer una agenda legislativa en materia económica de cara al segundo semestre del año. El encuentro fue difundido a través de las redes sociales y se dio en medio de rumores de renuncia del titular de la Cámara baja que desde el massismo desmintieron.
Las versiones referidas a un eventual desembarco de Massa en el Gobierno se incrementaron con el paso de los días y el 27 de julio, con la ministra Batakis regresando de Estados Unidos, donde había dialogado con gente del FMI y el Tesoro norteamericano muchos daban por hecho que el presidente de la Cámara pasaría a conducir el Palacio de Economía. Tan era así que Massa cerró la jornada asegurando en las redes sociales no haber tenido ningún ofrecimiento y que recién hablaría con Alberto Fernández entre el viernes y sábado.
Sin embargo el jueves 28 los acontecimientos se precipitaron y al final del día se confirmó su designación en Economía. Sergio Massa renunció el 2 de agosto en una sesión especial en la que se despidió de la Cámara con un breve y emotivo discurso en el que agradeció “a todos y cada uno de los trabajadores de esta casa que, a lo largo de estos 996 días que me tocó estar al frente de la Cámara, nos acompañaron con un esfuerzo enorme, con un compromiso único y entendiendo además la complejidad que nos tocan vivir”.
“Si hay algo que me enseñó este lugar es a escuchar mucho más que hablar. Es aprender a tolerar, es a convivir en la diferencia, es a intentar hasta el último instante, muchas veces con resultados positivos y muchas veces con resultado negativo, a buscar acuerdos, pero sobre todas las cosas me enseñó a valorar y a respetar la tarea que cada uno de ustedes lleva adelante”, señaló en sus últimos instantes como legislador, para concluir diciendo: “Me voy con una convicción: muchas veces he escuchado que el Congreso es el ámbito de los acuerdos, que es el lugar donde las distintas fuerzas políticas representadas de alguna manera pueden encontrar consensos. La Argentina necesita que, más allá de nuestro debate apasionado, convencido, necesita que en algunos temas tengamos la humildad, la tolerancia, la capacidad y el coraje de construir consensos y políticas de Estado. De darle un camino de largos plazos a aquellos temas que todos los que estamos acá estamos convencido que pueden transformar la Argentina”.
