Tal y como lo anunció parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad se prepara para un “super jueves” de sesión y según le explicaron fuentes parlamentarias a este medio se podría sumar una importante iniciativa al temario: se trata de la instauración del juicio por jurados, la cual viene siendo promovida por Leandro Halperín (UCR-Ev) y el resto de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical – Evolución.

El texto ya cuenta con el despacho de la Comisión de Justicia –presidida por el radical Martín Ocampo (UCR-Ev)- y podría ser incorporado a la labor parlamentaria de la sesión de este jueves como una tabla con despacho.

El proyecto impulsado por Halperín cuenta con 73 artículos y sostiene que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados todos aquellos delitos que tengan una pena mínima de ocho o más años de pena privativa de libertad. Para el resto de los delitos, el acusado y su defensor podrán solicitar ser juzgados por un tribunal de jurados y, en caso de existencia de coimputados, la solicitud de uno de ellos en favor de esta modalidad automáticamente obliga a que el juicio se haga por jurados.

De acuerdo a la iniciativa, “el jurado delibera sobre la prueba, se pronuncia en relación al hecho o los hechos sometidos a su deliberación y al delito o los delitos por el cual debe responder el acusado”. Asimismo, para ser integrante del jurado se requerirá: ser argentino, con dos años de ejercicio de la ciudadanía en el caso de los naturalizados, y tener entre 18 y 75 años de edad; saber leer, escribir, hablar y entender plenamente el idioma nacional; gozar del pleno ejercicio de los derechos políticos; y tener domicilio conocido y una residencia inmediata no inferior a cuatro años en la CABA.Sin embargo, se encuentran inhabilitados para desempeñarse como miembros del Jurado: “quienes no tengan aptitud física o psíquica suficiente o presenten una disminución sensorial que les impida el desempeño de la función”, “los abogados, escribanos y procuradores matriculados y los profesores universitarios de disciplinas jurídicas o de medicina legal”, “los imputados en causa penal dolosa contra quienes se hubiera requerido juicio”, “los condenados a una pena privativa de libertad”, “los incluidos en el registro de alimentantes morosos”, entre otros. Tampoco podrán ejercer ese puesto los funcionarios del Poder Ejecutivo, Judicial y quienes ocupen cargos directivos en un partido político reconocido.

El Jurado se integrará obligatoriamente con doce miembros titulares y, como mínimo, con dos suplentes, quienes serán elegidos mediante un sorteo que se realizará en base a un padrón específico. En todos los casos, el panel de jurados titulares deberá quedar siempre integrado con cinco mujeres y cinco hombres.

Los miembros del Jurado tendrán obligación de denunciar ante el juez por escrito, a través del presidente o en forma anónima, sobre cualquier tipo de irregularidad, presiones, influencias o inducciones que hubiesen recibido para emitir su voto en un sentido determinado. La medida también establece el protocolo de protección para los miembros del mismo y la posibilidad de solicitar una remuneración.

Los legisladores de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración mediante el cual buscarán expresar su “máximo repudio” ante los hechos de discriminación por orientación sexual e identidad de género, que les negó la posibilidad de alquilar un departamento a Thiago Leis y Emma Velasco, una joven pareja,  producto de la trans/homofobia.

Asimismo, los radicales –que presentaron el texto por iniciativa de Leandro Halperín (UCR-Ev)- buscarán manifestar su “solidaridad con las personas afectadas y al colectivo LGTBIQ+ en general”.

En los fundamentos de la medida, los legisladores consideraron que la discriminación hacia Velasco y Leis es “tristemente, solo un ejemplo de la violencia sistemática a la que está sometida la comunidad LGBTQ+, y en especial las identidades trans, en Argentina” y remarcaron que “Thiago y Emma no pudieron alquilar un departamento producto de los discursos del odio que sostienen la trans/homofobia: ‘no se hace por el tema de tu pareja’, les dijeron”.

“Sin perjuicio de ser un acto repudiable por parte de quienes se negaron a alquilar un departamento por la identidad de género de una de las partes, es el reflejo de un sistema estructural que permite e incentiva actos transfóbicos, lesbofóbicos y homofóbicos en todas las interacciones públicas y privadas y una manifestación más de la violencia que el colectivo trans sufre a diario”, aseveraron y consideraron que “este hecho no solamente es ofensivo, sino que atenta contra Convenciones Internacionales y leyes de orden interno, en los cuales se busca combatir toda forma de discriminación para con la población, sea por su creencia, su etnia, su religión, su orientación sexual y/o su identidad de género””.

Además repudiaron que “en el Siglo XXI sigan sucediendo estas situaciones, nos solidarizamos ante este tipo de situaciones y seguimos luchando para dar respuesta política ante los discursos del odio que sostienen estas prácticas” y concluyeron señalando que “debemos señalar y repudiar enérgicamente estos actos violentos y discriminatorios. Es nuestro deber como legisladores pronunciarnos sobre estos hechos, caso contrario, estamos avalando vivir en una sociedad que considera a algunos de sus miembros ‘ciudadanos de segunda’”.

Con la intención de saldar una deuda histórica, la Comisión de Justicia –presidida por el radical Martín Ocampo (UCR-Ev)-  encabezó este lunes un debate al respecto de la instauración del juicio por jurados, en el que un panel de especialistas aportaron sus miradas disidentes al respecto de la iniciativa.

El encuentro estuvo a cargo de Leandro Halperín (UCR-Ev), quien viene impulsando desde hace varios años una iniciativa al respecto en la Legislatura porteña pero que aún no ha tenido espacio para el debate en comisión. Además participaron del debate la especialista en Derecho Penal y miembro de Usina de Justicia, María Jimena Molina; la coordinadora Nacional de la Agrupación Víctimas por la Paz y Directora del Área de Justicia Restaurativa de la Asociación Pensamiento Penal, Diana Márquez; y el fiscal general adjunto de la Ciudad, Luis Cevasco.

Al inicio del encuentro, Halperín indicó que “desde hace dos años esta Comisión viene llevando adelante estas reuniones en la que se analiza el funcionamiento del Juicio por Jurados, una herramienta que está prevista en nuestra Constitución Nacional y la de la Ciudad” e insistió que “tenemos que tener en cuenta la mirada que las victimas nos pueden dar, hay muchas organizaciones que están trabajando y aportando sus miradas sobre los conflictos que el derecho penal tiene”.

Por su parte, Molina señaló que desde Usina de Justicia “promovemos el rol activa de la víctima dentro del proceso penal, esta es una deuda que tiene nuestro Derecho Penal aunque en el último tiempo comenzó a revertirse. Esta es una propuesta que genera controversia, porque prima la voluntad popular” y remarcó que “el enjuiciamiento por jurados populares es el coronamiento del sistema acusatorio caracterizado por la participación activa del acusado, fiscales, defensor y de la propia ciudadanía que es elegida como jurado. Priman principios como la oralidad, la bilateralidad, la mediación y la tradición”.

Sin embargo, advirtió que “se observa un claro y llamativo apartamiento de la llamada ‘igualdad de armas’: porque mientras el acusado puede recurrir el veredicto condenatorio emitido por el jurado popular, ni la victima ni el fiscal pueden hacerlo” y consideró que “hay una necesidad de que el jurado emita su voto de manera fundamentada, ya sea de manera escrita o a través de una grabación para que puedan conocerse las razones que los llevaron a determinar el veredicto. También pedimos que se adopte un sistema de votación únicamente por mayoría”.

A su turno Márquez se definió “por el sí al juicio por jurados, aunque tengo que aclarar que este es un debate que quizás debería estar saldado porque el sistema acusatorio se enriquece con el juicio por jurados, pero creemos que ya debería estar superado este debate” y abogó por la implementación de una justicia restaurativa.

Asimismo consideró que “el punitivismo ya ha demostrado una y mil veces su ineficacia, no nos lleva a ser una sociedad más pacifica ni más vivible en la dimensión humana” y precisó que “aspiramos a ser víctimas proactivas que no demos lastima ni busquemos venganza, que nos alejemos del cálculo de la pena como única medida de justicia y que no veamos a la privación de la libertad como el único camino para le prevención del delito”.

“La imagen del juicio por jurados es una imagen mucho más democrática que la que vemos en un juicio común, esto ya es valioso en sí mismo porque las partes ven que tienen enfrente a personas de su misma comunidad”, añadió.

En tanto Cevasco planteó que “lo que no se puede es mezclar sistemas procesas, cada sistema tiene sus características, contexto, sistemas de nulidades y procedimientos” y concluyó recordaron que “el jurado en general analiza las cuestiones de hecho y prueba, dejando las cuestiones jurídicas para la decisión judicial en lo que se llama la cesura del debate”.

Cabe recordar que el proyecto impulsado por Halperín cuenta con 73 artículos y sostiene que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados todos aquellos delitos que tengan una pena mínima de ocho o más años de pena privativa de libertad. Para el resto de los delitos, el acusado y su defensor podrán solicitar ser juzgados por un tribunal de jurados y, en caso de existencia de coimputados, la solicitud de uno de ellos en favor de esta modalidad automáticamente obliga a que el juicio se haga por jurados.

De acuerdo a la iniciativa, “el jurado delibera sobre la prueba, se pronuncia en relación al hecho o los hechos sometidos a su deliberación y al delito o los delitos por el cual debe responder el acusado”. Asimismo, para ser integrante del jurado se requerirá: ser argentino, con dos años de ejercicio de la ciudadanía en el caso de los naturalizados, y tener entre 18 y 75 años de edad; saber leer, escribir, hablar y entender plenamente el idioma nacional; gozar del pleno ejercicio de los derechos políticos; y tener domicilio conocido y una residencia inmediata no inferior a cuatro años en la CABA.Sin embargo, se encuentran inhabilitados para desempeñarse como miembros del Jurado: “quienes no tengan aptitud física o psíquica suficiente o presenten una disminución sensorial que les impida el desempeño de la función”, “los abogados, escribanos y procuradores matriculados y los profesores universitarios de disciplinas jurídicas o de medicina legal”, “los imputados en causa penal dolosa contra quienes se hubiera requerido juicio”, “los condenados a una pena privativa de libertad”, “los incluidos en el registro de alimentantes morosos”, entre otros. Tampoco podrán ejercer ese puesto los funcionarios del Poder Ejecutivo, Judicial y quienes ocupen cargos directivos en un partido político reconocido.

El Jurado se integrará obligatoriamente con doce miembros titulares y, como mínimo, con dos suplentes, quienes serán elegidos mediante un sorteo que se realizará en base a un padrón específico. En todos los casos, el panel de jurados titulares deberá quedar siempre integrado con cinco mujeres y cinco hombres.

Los miembros del Jurado tendrán obligación de denunciar ante el juez por escrito, a través del presidente o en forma anónima, sobre cualquier tipo de irregularidad, presiones, influencias o inducciones que hubiesen recibido para emitir su voto en un sentido determinado. La medida también establece el protocolo de protección para los miembros del mismo y la posibilidad de solicitar una remuneración.

El diputado Leandro Halperín (UCR-Ev) junto a sus compañeros del bloque UCR-Evolución presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración para que el cuerpo parlamentario exprese su beneplácito por el 130° aniversario del nacimiento de la Unión Cívica Radical (UCR), el cual se cumplió el pasado 26 de junio.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores recordaron que “la Unión Cívica Radical, nace en un contexto de crisis económica, que propiciaba la falta de empleo y desigualdad social, como también el fraude y la falta de una alternativa política al ‘unicato’” y precisó que este espacio político se caracteriza “por defender los derechos sociales y buscar el desarrollo y la dignidad humana en todas las etapas de la historia argentina, la UCR fue la creadora del descanso dominical y la jornada laboral de ocho horas, e ideológa del Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, redactado por el entonces presidente del Comité Nacional, Crisólogo Larralde, el cual incluye el derecho a huelga que no estaba incluido en la constitución peronista de 1949”.

“No podemos dejar de mencionar que impulsó la instalación de la democracia liberal en el país, y por ser un partido ampliamente representativo de las clases medias argentinas durante la mayor parte del siglo XX. Su origen se remonta a la representación de las clases bajas inmigrantes y descendientes de inmigrantes, a quienes Leandro Alem denominaba ‘compañeros desposeídos’, para reunir hoy en sus filas a todos ciudadanos que continúan con la lucha diaria por lograr la consolidación definitiva en nuestro país y para el beneficio de todos sus habitantes, de los valores republicanos, la libertad y la igualdad”, añadió.

Los diputados recordaron que, además, “uno de sus logros más importantes es la implementación de la reforma universitaria en el año 1918 a través del entonces presidente Hipólito Yrigoyen, asignando de esta manera un sistema de co-gobierno de las universidades públicas mediante estudiantes, graduados y docentes; la implementación de cargos por concurso y la universidad gratuita y laica, expulsando de esta manera la educación religiosa de las universidades públicas”.

Al mismo tiempo que aseguró que “a su vez es el partido que mayor presupuesto asignó a la educación en la historia, siendo el 24 % del PBI durante el gobierno de Arturo Illia, es también el partido impulsor del uso de guardapolvos en los colegios públicos, ley sancionada durante el gobierno de Yrigoyen. Desde el año 1973 conduce de forma ininterrumpida la Federación Universitaria Argentina mediante su brazo estudiantil, la Franja Morada”.

“Por último, señalar su incansable participación en la recuperación de la democracia, proceso encabezado por Raúl Alfonsín, creando la CONDADEP e investigando y juzgando los crímenes de lesa humanidad que se produjeron durante los años más oscuros de la historia de nuestro país”, completó Halperín.

El texto también lleva la firma de Ariel Álvarez Palma, María Inés Gorbea, Marcelo Guouman, Juan Francisco Nosiglia, Manuela Thourte, Patricia Vischi y Diego Weck (UCR-Ev).

Al igual que lo viene haciendo desde 2018, el legislador de la UCR-Evolución Leandro Halperín volvió a pedir que en la Ciudad de Buenos Aires se implemente el juicio por jurados, una iniciativa que el radicalismo viene impulsando desde hace varios años en la Legislatura porteña pero que aún no ha tenido espacio para el debate en comisión.

En ese sentido, el diputado compartió en sus redes sociales un video en el que compartió la opinión de varios estudiantes de Derecho, quienes apoyaron la propuesta del radicalismo. “Queremos juicio por jurados en la Ciudad de Buenos Aires”, manifestó Halperín.

Cabe recordar que el proyecto en cuestión cuenta con 73 artículos y sostiene que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados todos aquellos delitos que tengan una pena mínima de ocho o más años de pena privativa de libertad. Para el resto de los delitos, el acusado y su defensor podrán solicitar ser juzgados por un tribunal de jurados y, en caso de existencia de coimputados, la solicitud de uno de ellos en favor de esta modalidad automáticamente obliga a que el juicio se haga por jurados.

De acuerdo a la iniciativa, “el jurado delibera sobre la prueba, se pronuncia en relación al hecho o los hechos sometidos a su deliberación y al delito o los delitos por el cual debe responder el acusado”. Asimismo, para ser integrante del jurado se requerirá: ser argentino, con dos años de ejercicio de la ciudadanía en el caso de los naturalizados, y tener entre 18 y 75 años de edad; saber leer, escribir, hablar y entender plenamente el idioma nacional; gozar del pleno ejercicio de los derechos políticos; y tener domicilio conocido y una residencia inmediata no inferior a cuatro años en la CABA.

Sin embargo, se encuentran inhabilitados para desempeñarse como miembros del Jurado: “quienes no tengan aptitud física o psíquica suficiente o presenten una disminución sensorial que les impida el desempeño de la función”, “los abogados, escribanos y procuradores matriculados y los profesores universitarios de disciplinas jurídicas o de medicina legal”, “los imputados en causa penal dolosa contra quienes se hubiera requerido juicio”, “los condenados a una pena privativa de libertad”, “los incluidos en el registro de alimentantes morosos”, entre otros. Tampoco podrán ejercer ese puesto los funcionarios del Poder Ejecutivo, Judicial y quienes ocupen cargos directivos en un partido político reconocido.

El Jurado se integrará obligatoriamente con doce miembros titulares y, como mínimo, con dos suplentes, quienes serán elegidos mediante un sorteo que se realizará en base a un padrón específico. En todos los casos, el panel de jurados titulares deberá quedar siempre integrado con cinco mujeres y cinco hombres.

Los miembros del Jurado tendrán obligación de denunciar ante el juez por escrito, a través del presidente o en forma anónima, sobre cualquier tipo de irregularidad, presiones, influencias o inducciones que hubiesen recibido para emitir su voto en un sentido determinado. La medida también establece el protocolo de protección para los miembros del mismo y la posibilidad de solicitar una remuneración.

A diez días de que finalice el 2020, el legislador de la UCR-Evolución Leandro Halperín compartió en las redes sociales un video en el que realizó un balance de lo que fue el año parlamentario y expresó sus deseos de que todo el arco político continúe trabajando por la construcción de un país con “más acuerdos que diferencias”.

En el clip el radical recordó que “con el compromiso de todos los días y con las convicciones de siempre comenzamos el 2020”, aunque señaló que “la pandemia altero todas nuestras previsiones y nos adaptamos por obligación a nuevas formas de comunicación y de encuentros”.

“Algunos pensaron que nos íbamos a quedar quietos y resignados, pero elegimos movernos para decir presente frente a cada arbitrariedad, atropello, injusticia y manipulación”, indicó y precisó que “también decimos presente para derribar prejuicios y ampliar derechos”, en una clara referencia a la reciente Ley de regulación e investigación sobre el cannabis medicinal.

Asimismo, aseguró que “tenemos una historia que honrar y un futuro para construir” y expresó sus deseos de que esa construcción sea “con más acuerdos que diferencias; con más diagnósticos serios y propuestas; con más democracia, con más evolución”.

“Dicen que en las difíciles, se ve con más claridad el temple y las convicciones. Fue un año complejo donde a pesar de todo pudimos derribar prejuicios, construir acuerdos y ampliar derechos”, sentenció.

Tras varias reuniones en las que se debatió al respecto, la Comisión de Salud –presidida por la radical Patricia Vischi (UCR-Ev)- firmó un dictamen de mayoría de un proyecto de ley que tiene por objeto establecer un marco regulatorio para el acceso informado y seguro como recurso terapéutico, la investigación, el uso científico y la producción pública del Cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud.

El texto también plantea la adhesión de la Ciudad al régimen establecido en la Ley Nacional Nº 27.350 de “Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados”.

Asimismo plantea la incorporación al Sistema de Salud Pública y sus respectivos efectores, hospitales y centros de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A.) el medicamento paliativo de Cannabis y sus derivados, de entrega gratuita “para el tratamiento médico de convulsiones, crisis motoras, dolores crónicos, náuseas y vómitos derivados de quimioterapia y otras afecciones relacionadas con enfermedades tales como Epilepsia Refractaria, Síndrome de West, Cáncer, VIII-SIDA, Esclerosis Múltiple, Autismo y enfermedades psiquiátricas como Esquizofrenia, entre otras afecciones y patologías”.

El proyecto en cuestión también legislará sobre las investigaciones acerca del cannabis y el desarrollo y producción públicos de este medicamento. A su vez crea el registro de cultivadores solidarios, cannabicultores y familias del cannabis.

Al respecto de la medida, el diputado Leandro Halperín (UCR-EV), quien es autor de la norma, explicó en sus redes sociales que “falta poco (para su sanción), el acuerdo es robusto, todos los bloques de la Legislatura somos parte” e insistió en que “estamos ampliando derechos, estamos protegiendo el derecho a la salud”.

“Dentro de pocos días, el cannabis medicinal en la Ciudad de Buenos Aires será ley y las familias estarán más y mejor protegidas”, concluyó.

El diputado porteño radical Leandro Halperin se refirió al debate en la Legislatura de CABA para regular al cannabis para tratamiento medicinal, e indicó que “tenemos un desafío importante para la ciudad de regular una sustancia que se demuestra cada vez con mayor eficacia para tratar muchas patologías de manera medicinal y terapéuticamente también. El desafío es regular un derecho que el Congreso nacional estableció a fines de 2016 y que el acceso al cannabis es legal y el Estado tiene que grantizar que quienes lo necesita puedan tenerlo”. 

En diálogo con el programa radial “Edición Calificada”, el legislador por Evolución fundamentó los motivos por los que cree que este proyecto es prioritario, y sostuvo que “si algo quedó en claro en estos momentos de pandemia es la importancia del rol de Estado en la prevención para no tener que lamentar y costear las consecuencias de un Estado que llegue mal o tarde a problemas vinculados a la salud pública”. 

En este sentido, Halperin consideró además que al regular el cannabis “le da a la Ciudad la posibilidad de generar ingresos que en este contexto son importantes para cualquier lugar”. Y que, el tercer argumento es que “la falta de regulación hace mantener a muchas familias en la marginalidad, que al cultivar porque necesitan el cannabis medicinal no pueden acceder de manera legal al aceite. La falta de regulación hace que termine interviniendo el Poder Judicial con la Justicia penal”. 

Aún así, el legislador aclaró que debe haber una intervención de un profesional de la medicina en la preescripción de la marihuana. “Los beneficios del cannabis son muchos y la regulación puede dar lugar a que encontremos más todavía con fines industriales, medicinal y terapeúticos”, manifestó. 

“En CABA, al no estar regulado todavía, no se vende en las farmacias, el acceso se hace a través del ANMAT y de la importación. En otras juricciones como la provincia de Buenos Aires se puede conseguir en farmacias, en Jujuy el Estado siembra, ha creado una empresa para hacerlo, hay municipios en Río Negro, en Neuquén que han autorizado el auto cultivo y cultivo solidario”, explicó.

Con respecto a aquellos que se oponen a este proyecto dijo: “Hay muchos prejuicios alrededor de la marihuana y esta asociación que tiene con lo delictual, a lo violento, es lo que reina, pero estos argumentos han sido derribados por la ciencia. Por eso estamos trabajando en la sensibilización y lo importante es que haya un acuerdo amplio para que no sea sólo una mayoría circunstancial”, concluyó el legislador radical. 

Por Leandro Halperín*

A la crisis producida por el coronavirus, nuestra sociedad sumó la preocupación por la posible liberación masiva de quienes hoy están en prisión. El debate sobre qué hacer con el sistema penitenciario precede a la pandemia, la falta de acuerdos para lograr algo mejor fortaleció lo peor; ya sabemos cuál es el resultado del “mal Estado” en la prisión.

La cárcel nos devuelve personas que sobrevivieron al infierno, saben jugar con sus reglas y que estén de vuelta entre nosotros nos da temor; hacer algo al respecto es otra de las lecciones que nos dejará esta pandemia. Pero hay un reclamo más importante aún, la necesidad y el derecho de tener Justicia.

El corona virus nos enfrenta a dilemas constantes. Desde que se decretó el aislamiento social y obligatorio decidimos priorizar la protección de la salud pública, el desafío de toda una nación es que el sistema de salud pueda contener la demanda de aquellos que lo necesiten; se requerirán de camas, profesionales e insumos que sabemos escasean. Para intentar evitar el contagio masivo, la prevención es la única herramienta posible mientras el mundo busca una respuesta mejor.

Muchas de las medidas que se implementan afectan derechos esenciales, por ello tienen que ser necesarias, acotadas en el tiempo y proporcionales; deben tener controles eficaces y el Estado debe rendir cuentas de los criterios y fundamentos que adoptó para aplicar las decisiones que toma. La relevancia de estos aspectos cobra todavía más valor cuando advertimos la presencia de otro flagelo, la infodemia; que es la sobreabundancia de piezas y contenidos de desinformación, falsos y de rápida propagación entre las personas y medios. No se trata, en el caso de las prisiones, de analizar la libertad de nadie que no haya cumplido su condena, se habla de prisiones domiciliarias; y su concesión debe analizarse de manera restrictiva e individualizada por parte de los jueces; situación que lamentablemente no ocurrió en todos los casos.

La falta de rigurosidad en los datos y el método complica la objetividad de las decisiones a tomar. El gobierno ha mostrado discrecionalidad a la hora de impulsar las  solicitudes existentes, y la actividad del secretario de Derechos Humanos de la Nación es el mejor ejemplo de lo que no debe hacerse. También otorgar beneficios a quienes cometieron delitos aberrantes es intolerable para la sociedad y viola los derechos de las víctimas. Los responsables de estos dislates deben rendir cuentas.

La prioridad es evitar nuevas víctimas, la prevención de la saturación del sistema sanitario es un desafío que debe abordarse de manera armónica con el derecho a la seguridad y a la justicia. Esto nos impone la necesidad de realizar propuestas idóneas para alcanzar los objetivos de manera integral, las medidas que se adopten deben contener este análisis, y las condiciones que surgen de los párrafos anteriores. Es imprescindible la objetividad en el recorrido, el conocimiento por parte de la ciudadanía de los límites para su aplicación y que funcionen de manera plena los mecanismos de control y rendición de cuentas.

En la actualidad hay más de noventa mil personas encarceladas, de ellos aproximadamente un 2% tiene más de 65 años y se ubican entre la población de riesgo. La escasa cantidad, y su distribución en distintos establecimientos, brinda la posibilidad de acondicionar espacios aislados del resto de la población penitenciaria, dentro o fuera del perímetro de los penales, que tengan las debidas medidas de seguridad y prevención de contagio que se vuelven imposibles en los pabellones.

Un 14% está preso por delitos leves, criterio que se clarifica por el tiempo de la sanción que debe ser menor a los 3 años para ingresar en esta categoría. Son estos los casos que podrían acceder a la prisión domiciliaria en el supuesto que habiten cárceles con hacinamiento, luego del análisis profundo por parte de la autoridad judicial, de la consulta a las víctimas en los casos que corresponda, de evaluar que el domicilio en donde se llevará adelante la medida es apto para su aplicación y de la existencia de controles para su efectivo cumplimiento.

Existe un tercer grupo de presos que podrían estar incluidos en este beneficio, y es el de aquellos que ya estaban gozando de salidas transitorias y se encuentren cerca del fin de su condena. Este colectivo genera temores fundados en los casos de quienes están en  la cárcel por delitos graves, por lo que es imprescindible que el acceso a la prisión domiciliaria sea excepcional, indefectiblemente con control electrónico geolocalizado, que las víctimas participen de la toma de decisiones y que sea el único recurso posible ante un riesgo objetivo que sea real e inminente para esta persona.

Debemos prestar especial atención también a la situación de quienes trabajan en las cárceles, el virus no podría entrar a la prisión si el Estado los protegiese como es debido; pero esto no sucede. La desidia para con ellos afecta sus derechos como trabajadores y es la única causa qué provocó y puede seguir provocando el ingreso del virus a la prisión. Brindarles la protección que merecen también previene la saturación del sistema de salud y disminuye la cantidad de prisiones domiciliarias que se analicen otorgar.

Finalmente quiero señalar otro riesgo que nos amenaza como sociedad, la pandemia nos enfrenta a diario con el miedo a lo desconocido; las implicancias de esto nos recuerda a “Casa tomada” el cuento de Julio Cortazar que narra como dos hermanos son expulsados de su casa por algo que los hace desplazarse por su interior hasta quedarse sin ella. Lamentan la progresiva cesión de espacios frente a eso que no saben que es, pero que toma de a una todas las habitaciones de su hogar, y los protagonistas viven la situación como algo irremediable y normal.

Al riesgo que enfrentamos por la pandemia se le agrega el peligro de socavar los valores que nos definen cómo sociedad, tenemos reglas para convivir y es obligación de quienes nos gobiernan respetarlas y procurar salvar todas las vidas posibles. No tenemos permitido considerar que hay vidas que valen menos que otras, arriesgar o quitarle la vida a alguien no puede ser una opción ni siquiera para con quienes hayan cometido graves delitos. De lo contrario y si elegimos ese camino, nos empezaríamos a parecer a lo mismo que sancionamos y llamamos delito.

* Legislador de la Ciudad de Buenos Aires y pertenece al bloque de  JxC.

Ex director de UBA XXII, el programa de la UBA para Educación en Cárceles y especialista en temas penitenciarios.

En medio de un profundo debate acerca de la excarcelación de personas privadas de la libertad en el marco de la pandemia por el Covid 19, el legislador de la UCR-Evolución y miembro de la Comisión de Seguridad, Leandro Halperín, criticó duramente -a través de las redes sociales- a los radicales que se oponen a la medida y los llamó a la reflexión.

En ese sentido, el radical le explicó “a los más pragmáticos les digo que si el virus entra en la cárcel es porque alguien que está libre lo ingresó. Y si hay presos que se enferman van a ocupar camas y respiradores. ¿No les parece mejor prevenir el contagio?” y remarcó que lee “con tristeza a radicales pregonar que hay quienes no tienen derechos porque violaron los derechos de otros, los responsables de cometer delitos merecen sanción”.

Al mismo tiempo que se insistió en que esto “es tan claro como que el Estado no puede ser delincuente y hacer lo mismo que reprocha, tampoco en la prisión” y remarcó que “con placebos discursivos plagados de demagogia leo con preocupación a encumbrados representantes del partido al que represento y abracé su causa hace más de 31 años. Me preocupa también lo que otros partidos dicen pero soy radical”.

“A los radicales preocupados por nuevos delitos, les digo que tienen razón. Ya se producían graves delitos a diario antes de la pandemia y la cárcel no los evita, los reproduce; esta gente saldrá igual de la cárcel cuando cumple su condena. ¿Qué hicieron para cambiar la cárcel?”, se preguntó y advirtió sobre la infodemia que está latente en sus discursos, dado que afirmó que “nadie habla de liberar ‘presos peligrosos’, son prisiones domiciliarias para delitos no violentos (menos de tres años) y población de riesgo. ¿Les preocupan los privilegios, casos mal otorgados y la corrupción?. A mí sí, ejerzan su rol y controlen”.

Ya sobre el final de su descargo, Halperín compartió una frase de Raúl Alfonsín para los pragmáticos, la cual sostenía que “si la sociedad se hubiese derechizado, lo que la UCR debe hacer en todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora”.

“Bienvenido el debate sobre la doctrina de la Unión Cívica Radical, vamos radicales. ¿Qué hacemos con los Derechos Humanos? ¿Son o no, para todos y siempre?”, concluyó.

Tal y como lo hizo durante todo el año pasado, el diputado de la UCR-Evolución Leandro Halperín encabezó una nueva edición de “La Legislatura en los Barrios” con la que estuvo presente en la esquina de Juramento y Vuelta de Obligado, en Belgrano, en la Comuna 13. También participaron de la actividad los comuneros Federico Wortley y Elizabeth Gazali, con quienes charlaron con los vecinos que se acercaron.

Entre los reclamos más repetidos en ese barrio se encontraban: la señalización confusa de los espacios de estacionamiento permitido y el estado de las calles, un poste de alumbrado público que amenaza con caerse en Echeverría al 1900, entre otras cuestiones. Es así que el legislador como los comuneros aseguraron que realizarán las gestiones necesarias para dar respuestas efectivas.

Al respecto de la jornada, Halperín manifestó que “es importante que sigamos comprometidos con las necesidades, los reclamos y las sugerencias de los ciudadanos” y consideró que “a mejor manera de trabajar para los vecinos, que es nuestra función, es manteniendo el contacto con ellos para poder escucharlos”.

“El año pasado anticipamos que seguiríamos realizando este tipo de acciones de acercamiento con los ciudadanos porque no tenían que ver con las elecciones. Sería muy soberbio de nuestra parte quedarnos esperando en nuestros despachos hasta que nos lleguen los reclamos”, añadió y sentenció que “la gente debe saber que estamos cerca y que vamos a realizar todo lo que esté a nuestro alcance para mejorarles la calidad de vida en la Ciudad”.