Encabezado por Carla Carrizo, se presentó un proyecto de resolución para que se convoque al ministro de Justicia y Derechos Humanos ante los resultados de allanamientos recientes.
La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical-JxC), junto a más de una treintena de legisladores de diferentes bloques opositores, presentó un proyecto para que se cite al Congreso al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, para que explique sobre el uso de celulares y delitos cometidos desde establecimientos del Servicio Penitenciario Federal.
Luego de la visita del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ahora un grupo de diputados buscan que Soria se presente para dar cuenta sobre la política penitenciaria en Argentina, que depende precisamente de su Ministerio.
“Las cárceles en Argentina funcionan mal. Tanto es así que desde los propios establecimientos penitenciarios se coordina el accionar de las bandas delictivas. La semana pasada se encontraron celulares en los allanamientos ordenados en cárceles federales, los fiscales presentaron varios informes advirtiendo la situación, pero el Gobierno aún lo niega. El ministro de Justicia debe explicar cómo es que el Estado, por acción u omisión, se termina convirtiendo en cómplice de los delitos que se cometen bajo su supervisión”, sostuvo Carrizo.
En efecto, en 2021 el Ministerio Público Fiscal publicó un informe en el que se advertía de esta situación, que se encuentra expresamente prohibida desde el año 2017 (mediante Ley N°27.375 que introdujo una modificación en el artículo 160 de la Ley 24.660 de Ejecución Penal), y realizó 14 recomendaciones concretas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Recientemente, reanudaron la solicitud al Gobierno ante la escalada de hechos de inseguridad.
“El caso de Rosario no solo puso en escena la falta de políticas concretas del Gobierno contra la inseguridad y el delito organizado, también evidenció que no hay una política penitenciaria”, remarcó la radical y agregó: “El Estado está ausente fuera y dentro de las cárceles. Y no es que falten leyes, en el 2017 se prohibieron los celulares en los penales, pero el Gobierno no las cumple”.
El proyecto lleva las firmas de Victoria Tejeda, Mónica Fein, Enrique Estévez, Alejandro “Topo” Rodríguez, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, Mariana Stilman, Dolores Martínez, Marcela Antola, Gabriela Brower de Koning, Fernando Iglesias, Dina Rezinovsky, María Luján Rey, Soledad Carrizo, Francisco Sánchez, Ana Clara Romero, Lidia Ascárate, Marcela Campagnoli, Carlos Zapata, Ximena García, Mónica Frade, Juan Martín, Ingrid Jetter, Germana Figueroa Casas, Gabriela Lena, Alejandro Finochiaro, Alfredo Schiavoni, Julio Cobos, Mario Barletta, Sabrina Ajmechet y Ruben Manzi.
La diputada María Eugenia Vidal cargó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien cuestionó la política penitenciaria del gobierno de Cambiemos: “Fue un absoluto fracaso”.
Con el eje puesto en la seguridad, la diputada nacional y exgobernadora bonaerense María Eugenia Vial (Pro) cruzó en redes sociales al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, luego de que éste criticara la política penitenciaria del gobierno de Cambiemos y la calificara como un “absoluto fracaso”.
En su cuenta de Twitter, la macrista le enrostró: “Entrando en el 4to año de gestión el Gobernador se acuerda del tema y vuelve a la carga con su clásico: ‘ah, pero Cambiemos’”, y le recordó que “su partido nos dejó una provincia donde hacía 18 años no se construía una unidad penitenciaria y 7.000 presos no tenían colchones”.
“Y si durante nuestro gobierno aumentó la población carcelaria fue porque teníamos una política de seguridad que actuaba contra el delito. Lamentablemente no podemos decir lo mismo ahora”, remató Vidal.
Durante la presentación de un programa que busca llevar educación a todas las cárceles, Kicillof apuntó contra la gestión anterior: “La política penitenciaria de Cambiemos fue un absoluto fracaso”.
Funcionarios de organismos vinculados a la protección de los derechos humanos y del Servicio Penitenciario Federal expusieron en una reunión virtual plenaria de comisiones de la Cámara baja. Pidieron reformas a leyes para evitar el hacinamiento en las cárceles.
La Comisión de Legislación Penal y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados realizó este jueves una reunión informativa con funcionarios de distintos organismos involucrados en el funcionamiento del sistema penitenciario y de velar por los derechos humanos de las personas que allí están encerradas.
Por videoconferencia, se mantuvo una exposición y luego una ronda de preguntas por casi 3 horas en la que no hubo ningún cruce ni chicana política, por lo que la reunión fluyó en cuestiones técnicas y datos sobre la situación de las cárceles en el país, los fallos judiciales que existen con el fin de obligar al Estado a dar respuestas para que haya condiciones mínimas en esas unidades penitenciarias y además hicieron sugerencias en modificaciones en leyes para evitar el hacinamiento.
Al inicio de la reunión, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Carolina Gaillard (FdT), sostuvo que “el objetivo de este encuentro es poder escuchar a los miembros del Comité Nacional para la prevención de la tortura y escuchar las recomendaciones y todo el trabajo que ha venido haciendo este Comité creado por la Ley 26.827”.
Luego, la vicepresidenta de dicha comisión, Marcela Campagnoli (JxC), manifestó: “Celebro que se incorpore a la agenda legislativa un tema importante y urgente como las condiciones de detención de aquéllos privados de la libertad en nuestro país”.
“En 2019 presentamos un proyecto de ley para estándares mínimos en condiciones de habitabilidad y cupos de alojamiento en sedes penitenciarias. Se requiere un trabajo conjunto y transversal de todos los espacios políticos”, agregó la legisladora bonaerense.
A su turno, el presidente del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Juan Manuel Irrazabal, planteó que desde ese organismo consideran “fundamental establecer en espíritu y letra de la ley de que manera queremos que funcione el sistema -carcelario-, porque el sistema en democracia se perfecciona con leyes que se cumplan en función de los intereses sociales”.
En repaso de las recomendaciones del Comité durante este año, la comisionada y exdiputada Diana Conti señaló que se exhortó que se lleve a cabo “un plan de vacunación de la población de riesgo que está en cierro en cárceles y en comisarías”.
También se pidió por la instalación de videocámaras en lugares de detención de “modo de control de la actividad del ‘carcelero’”.
Sobre la situación de las cárceles, sostuvo que “el 50 por ciento de los que están encerrados en todos los sistemas carcelarios en el país están con prisiones preventivas, muchas veces, más largas de lo que es razonable y esto produce el hacinamiento que facilita la tortura, el maltrato, el trato inhumano, y la pandemia vino a poner luz sobre ese hacinamiento”.
Por otra parte, Conti remarcó que “el Comité tiene una mirada de no restricción a las salidas -transitorias- debido a que la persona privada de la libertad tenga interacción con el mundo exterior es muy útil y hay que respetarlo por más que tengamos en contra a la prensa”.
En tanto, la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia e interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPN), María Laura Garrigos, calificó la situación en las cárceles como “preocupantes” porque “no nos estamos agrandando -con las unidades que se están construyendo- sino que nos estamos achicando para cumplir con los fallos judiciales”.
“Hay una sentencia en contra del Servicio Penitenciario para que se reduzca las plazas de Marcos Paz y por eso es que digo que nos estamos achicando y no nos estamos agrandando, por lo que la situación de las personas alojadas en comisarias y en otras dependencias de fuerzas de seguridad no va a mejorar, es probable que empeore, ya que tenemos que obedecer ese habeas corpus y otro que nos obliga a bajar las camas dobles en el complejo de Ezeiza”, justificó.
Por eso, planteó que “tras la ley de flagrancia, se da la situación de que hay condenados por un periodo muy corto, ya sea 15 días o 2 meses, lo que provoca disturbios con otros. Estas penas cortas son simples castigos, ya que no sirven para ellos ni para los otros condenados a más años”, apuntó.
Respecto a los proyectos de ley que prevén restringir derechos de los presos, Garrigos aseguró que “si eliminamos las posibilidades de las salidas transitorias, si eliminamos la libertad condicional, si eliminamos la modificación de la pena por trabajo comunitario, estamos eliminando todos los incentivos para que la personas quieren progresar en el régimen progresivo de la ley de ejecución penal”.
Por eso, sostuvo que “sería interesante que se pensara alguna nueva modalidad para las penas cortas de prisión que son simples castigos”.
En el mismo sentido de la interventora del Servicio Penitenciario y sin rodeos, la titular del Ministerio Público de la Defensa, Stella Maris Martínez, señaló: “Esta reforma de la Ley 24.660, merece un estudio muy profundo”.
Y remató: “La gente para entrar a la cárcel a cumplir su condena, tiene que salir, si no admitimos esto y seguimos enviando gente, no hay ningún sistema penitenciario que soporte”.
Al igual que el resto de las funcionarias, el comisionado Gustavo Palmieri destacó que en el Comité “vemos en reiteradas veces la super población y hacinamiento en niveles distintos en la mayoría de las regiones”.
“Cuando uno habla de que se está superando el cupo es cuando se está queriendo decir que el estándar está por debajo de las condiciones mínimas, por lo que en muchos casos las personas en encierro sufren malos tratos y viven en condiciones inhumanas y degradantes”, apuntó.
Asimismo, coincidió en que “en los últimos años, hubo varios cambios a leyes y nuevos proyectos que generaron el aumento de la población carcelaria”.
Para Guillermo Todarello, defensor público oficial y cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación (DGN), “la pandemia agravó todo problema referido a la deficiencia en la generación y el tratamiento de salud, la falta de trabajo y educación, las malas condiciones carcelarias y lo que se vincula con el aumento de la violencia institucional”.
En el cierre del encuentro, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Yasky (FdT), consideró que “en las cárceles es el lugar de resocialización y no uno de castigo, por lo que nos comprometemos a trabajar en ese sentido”.
Yasky destacó la labor del Comité por “el compromiso que tienen con la defensa de la gente privada de la libertad” y sostuvo que “hay mucho por delante” porque “en las cárceles es quizás el lugar donde más se nota la desigualdad, desamparo y ausencia de las políticas públicas”.
Al finalizar su discurso, admitió: “Tenemos muchas expectativas en la creación de una ley para tratar de resolver el gravísimo problema de la violencia institucional”.
Se trata de un Registro Nacional de Estadísticas Penitenciarias y Beneficios acordados, donde figure el número de proesados, condenados, prisiones domiciliarias y salidas transitorias.
El diputado nacional Luis Petri propone crear el Registro Nacional de Estadísticas Penitenciarias y de Beneficios acordados (ReNEPeB), para internos alojados en unidades carcelarias de todo el país, por aplicación de la Ley de Ejecución de la Pena. Es para contar con información actualizada y sistematizada de la situación en la que se encuentran las personas en contextos de encierro en aplicación de la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad.
Actualmente, “hay baja información de los sistemas penitenciarios respecto de la cantidad de personas que alberga, en qué condiciones, cuántos se encuentran procesados, cuántos condenados, cuántas prisiones domiciliarias se otorgaron, cuántas prisiones preventivas o salidas transitorias, entre otras variables. Es necesario tener mayor información para tomar medidas adecuadas y, es por ello, que propongo la creación de este Registro”, indicó Petri, a quien acompañan en esta iniciativa sus pares Alfredo Cornejo y Waldo Wolff, entre otros.
“La pandemia no puede utilizarse como excusa para liberar masivamente a condenados por delitos violentos. Empoderar a delincuentes con la anuencia del Gobierno trae como consecuencia un espiral de violencia e inseguridad para toda la sociedad”, destacó Petri.
La iniciativa prevé que los juzgados de Ejecución Penal, estarán obligados a enviar al Registro testimonio de la parte dispositiva de los siguientes actos procesales, debiendo indicar si se trata de: Salidas Transitorias; incorporación al Régimen de Semilibertad; Prisión discontinua, Semidetención, Prisión diurna y nocturna; Prisión domiciliaria; Libertad asistida; Otorgamiento de libertad condicional; Constancia del cumplimiento del artículo 11 bis de la ley 27.375 respecto de la víctima del delito; y en general todos los beneficios comprendidos en el período de prueba previsto por la ley de Ejecución de la pena.
Además, deberán asentarse los datos pertenecientes al condenado, tales como, domicilio o residencia fijado para gozar del beneficio y/ libertad condicional; profesión, empleo, oficio u otro medio de vida denunciado; números de prontuarios; condenas anteriores y tribunales intervinientes; el tiempo de la condena fijado por el Tribunal; la fecha de la sentencia, el tribunal que la dictó y el número de causa; los antecedentes penales, los dictámenes del Organismo Técnico Criminológico y el Consejo Correccional del Establecimiento Penitenciario y las normas que el condenado debe observar.
La vicepresidenta compartió en sus redes sociales la conferencia de prensa del gobernador bonaerense y dijo que “vale la pena” poder “entender qué pasó y qué está pasando” en el Servicio Penitenciario.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ponderó los anuncios del gobernador bonerense, Axel Kicillof, respecto de un plan de ampliación de infraestructura carcelaria para incorporar 1.350 nuevas plazas, con el objetivo de atender al conflicto de la sobrepoblación penitenciaria en medio de la pandemia del coronavirus.
A través de su Twitter, la titular del Senado compartió el vídeo que se presentó en la conferencia de prensa encabezada por Kicillof y lo calificó como un “excelente vídeo sobre la situación de las cárceles en la Provincia de Buenos Aires y la crisis del COVID-19”.
“Imperdibles 40 minutos de la conferencia de prensa del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de sus ministros de Justicia y de Seguridad, Julio Alak y Sergio Berni. Vale la pena para poder entender qué pasó y qué está pasando”, agregó CFK.
Este martes, el mandatario bonaerense anunció el plan de obras que se encarará para atender a esta problemática y, además, se refirió a la polémica que se despertó por las prisiones domiciliarias concedidas a presos bajo el argumento del coronavirus.
“Este Gobierno no está de acuerdo, no coincide, y en muchos casos le parece aborrecible cuando se le da prisión domiciliaria a alguien que ha cometidos delitos de gravedad, pero no está dentro de nuestra jurisdicción esa decisión”, señaló.
Pocas horas antes de que la Corte Suprema bonaerense suspendiera el habeas corpus que permitió las liberaciones, Kicillof había sostenido que tenía “fe” en que “con buen criterio (la Corte) ponga orden y claridad en estas situaciones”. “Yo no lo puedo hacer porque hay división de poderes y lo respetamos. Sí puedo ampliar la capacidad y la seguridad sanitaria del sistema carcelario”, añadió.
Por su parte, el ministro Alak negó enfáticamente una “política de liberación de presos promovida desde el Ejecutivo” y aseguró que era “absolutamente falso” asociar las excarcelaciones con un objetivo “para descomprimir” las cárceles.
El legislador porteño Leandro Halperín analiza el impacto de la pandemia en la cuestión carcelaria, con el pedido de liberaciones masivas de presos.
Por Leandro Halperín*
A la crisis producida por el coronavirus, nuestra sociedad sumó la preocupación por la posible liberación masiva de quienes hoy están en prisión. El debate sobre qué hacer con el sistema penitenciario precede a la pandemia, la falta de acuerdos para lograr algo mejor fortaleció lo peor; ya sabemos cuál es el resultado del “mal Estado” en la prisión.
La cárcel nos devuelve personas que sobrevivieron al infierno, saben jugar con sus reglas y que estén de vuelta entre nosotros nos da temor; hacer algo al respecto es otra de las lecciones que nos dejará esta pandemia. Pero hay un reclamo más importante aún, la necesidad y el derecho de tener Justicia.
El corona virus nos enfrenta a dilemas constantes. Desde que se decretó el aislamiento social y obligatorio decidimos priorizar la protección de la salud pública, el desafío de toda una nación es que el sistema de salud pueda contener la demanda de aquellos que lo necesiten; se requerirán de camas, profesionales e insumos que sabemos escasean. Para intentar evitar el contagio masivo, la prevención es la única herramienta posible mientras el mundo busca una respuesta mejor.
Muchas de las medidas que se implementan afectan derechos esenciales, por ello tienen que ser necesarias, acotadas en el tiempo y proporcionales; deben tener controles eficaces y el Estado debe rendir cuentas de los criterios y fundamentos que adoptó para aplicar las decisiones que toma. La relevancia de estos aspectos cobra todavía más valor cuando advertimos la presencia de otro flagelo, la infodemia; que es la sobreabundancia de piezas y contenidos de desinformación, falsos y de rápida propagación entre las personas y medios. No se trata, en el caso de las prisiones, de analizar la libertad de nadie que no haya cumplido su condena, se habla de prisiones domiciliarias; y su concesión debe analizarse de manera restrictiva e individualizada por parte de los jueces; situación que lamentablemente no ocurrió en todos los casos.
La falta de rigurosidad en los datos y el método complica la objetividad de las decisiones a tomar. El gobierno ha mostrado discrecionalidad a la hora de impulsar las solicitudes existentes, y la actividad del secretario de Derechos Humanos de la Nación es el mejor ejemplo de lo que no debe hacerse. También otorgar beneficios a quienes cometieron delitos aberrantes es intolerable para la sociedad y viola los derechos de las víctimas. Los responsables de estos dislates deben rendir cuentas.
La prioridad es evitar nuevas víctimas, la prevención de la saturación del sistema sanitario es un desafío que debe abordarse de manera armónica con el derecho a la seguridad y a la justicia. Esto nos impone la necesidad de realizar propuestas idóneas para alcanzar los objetivos de manera integral, las medidas que se adopten deben contener este análisis, y las condiciones que surgen de los párrafos anteriores. Es imprescindible la objetividad en el recorrido, el conocimiento por parte de la ciudadanía de los límites para su aplicación y que funcionen de manera plena los mecanismos de control y rendición de cuentas.
En la actualidad hay más de noventa mil personas encarceladas, de ellos aproximadamente un 2% tiene más de 65 años y se ubican entre la población de riesgo. La escasa cantidad, y su distribución en distintos establecimientos, brinda la posibilidad de acondicionar espacios aislados del resto de la población penitenciaria, dentro o fuera del perímetro de los penales, que tengan las debidas medidas de seguridad y prevención de contagio que se vuelven imposibles en los pabellones.
Un 14% está preso por delitos leves, criterio que se clarifica por el tiempo de la sanción que debe ser menor a los 3 años para ingresar en esta categoría. Son estos los casos que podrían acceder a la prisión domiciliaria en el supuesto que habiten cárceles con hacinamiento, luego del análisis profundo por parte de la autoridad judicial, de la consulta a las víctimas en los casos que corresponda, de evaluar que el domicilio en donde se llevará adelante la medida es apto para su aplicación y de la existencia de controles para su efectivo cumplimiento.
Existe un tercer grupo de presos que podrían estar incluidos en este beneficio, y es el de aquellos que ya estaban gozando de salidas transitorias y se encuentren cerca del fin de su condena. Este colectivo genera temores fundados en los casos de quienes están en la cárcel por delitos graves, por lo que es imprescindible que el acceso a la prisión domiciliaria sea excepcional, indefectiblemente con control electrónico geolocalizado, que las víctimas participen de la toma de decisiones y que sea el único recurso posible ante un riesgo objetivo que sea real e inminente para esta persona.
Debemos prestar especial atención también a la situación de quienes trabajan en las cárceles, el virus no podría entrar a la prisión si el Estado los protegiese como es debido; pero esto no sucede. La desidia para con ellos afecta sus derechos como trabajadores y es la única causa qué provocó y puede seguir provocando el ingreso del virus a la prisión. Brindarles la protección que merecen también previene la saturación del sistema de salud y disminuye la cantidad de prisiones domiciliarias que se analicen otorgar.
Finalmente quiero señalar otro riesgo que nos amenaza como sociedad, la pandemia nos enfrenta a diario con el miedo a lo desconocido; las implicancias de esto nos recuerda a “Casa tomada” el cuento de Julio Cortazar que narra como dos hermanos son expulsados de su casa por algo que los hace desplazarse por su interior hasta quedarse sin ella. Lamentan la progresiva cesión de espacios frente a eso que no saben que es, pero que toma de a una todas las habitaciones de su hogar, y los protagonistas viven la situación como algo irremediable y normal.
Al riesgo que enfrentamos por la pandemia se le agrega el peligro de socavar los valores que nos definen cómo sociedad, tenemos reglas para convivir y es obligación de quienes nos gobiernan respetarlas y procurar salvar todas las vidas posibles. No tenemos permitido considerar que hay vidas que valen menos que otras, arriesgar o quitarle la vida a alguien no puede ser una opción ni siquiera para con quienes hayan cometido graves delitos. De lo contrario y si elegimos ese camino, nos empezaríamos a parecer a lo mismo que sancionamos y llamamos delito.
* Legislador de la Ciudad de Buenos Aires y pertenece al bloque de JxC.
Ex director de UBA XXII, el programa de la UBA para Educación en Cárceles y especialista en temas penitenciarios.
Impulsada por el senador Dalmacio Mera, la iniciativa busca aplicar una serie de medidas que permitan poner a resguardo a la población carcelaria, y restringir las prisiones domiciliarias.
El senador nacional Dalmacio Mera presentó este jueves un proyecto de ley que pretende resolver el problema del cuidado de la población carcelaria durante la emergencia sanitaria, sin que esto implique el incumplimiento de la pena para autores de delitos graves. “Queremos dar una respuesta adecuada a las necesidades sanitarias de los establecimientos penitenciarios, pero sin violentar las claras prescripciones de la normativa jurídica en vigor, ni tampoco generar perturbaciones comprensibles y legítimas en el ánimo social”, afirmó Mera.
El proyecto prevé en este sentido establecer una serie de medidas sanitarias y de prevención de cumplimiento obligatorio para los establecimientos penitenciarios, así como la definición de criterios estrictos para la concesión del beneficio de la prisión domiciliaria. Se trata, según el senador peronista, “de medidas realistas y, por lo tanto, verdaderamente factibles y practicables”.
Entre las medidas sanitarias y de prevención contempladas figuran: la eximición de tareas y funciones para el personal penitenciario que pertenezca a grupos de riesgo; la adopción de recaudos especiales y prohibiciones para el acceso a los establecimientos durante la emergencia sanitaria; la adopción de controles sanitarios en los accesos a las cárceles; el relevamiento y la separación de grupos de riesgo dentro del mismo establecimiento; la obligatoriedad del uso de barbijos; la adopción de medidas de higiene extraordinarias; la elaboración de planes de contingencia para cada establecimiento, entre otras.
Con respecto a la definición de criterios estrictos para la concesión del beneficio de la prisión domiciliaria, el proyecto prevé imponer una interpretación “restringida” del artículo 10 del Código Penal que establece quiénes están exentos de la “responsabilidad criminal”. En este sentido, la ley dispone que la concesión del beneficio “no implique peligro alguno para la víctima del delito que motivó la prisión” así como “para los familiares de la misma ni para los testigos que participaron del juicio respectivo”. Asimismo, el beneficio de prisión domiciliaria no tiene que comportar “riesgo alguno para el desarrollo de las investigaciones y/o para el cumplimiento de la condena que correspondan al delito que motivó la prisión”.
El proyecto del senador Mera estipula un periodo de 15 días para establecer el plan de contingencia.
