Fue durante un encuentro en la Comisión de Legislación General de Diputados. El juez de la Corte Suprema santafesina sugirió imponer más controles y fiscalización. Por su parte, representantes de emprendedores reclamaron “no arruinar” esta herramienta.
En una reunión en la que quedaron plasmadas una vez más diferencias entre el oficialismo y la oposición, en este caso en torno a una norma sancionada durante la gestión macrista, arrancó en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados el debate en torno a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), figura creada mediante la Ley 27.349 -de Apoyo al Capital Emprendedor-.
Con una extensa lista de invitados, el primero en hablar fue Daniel Erbetta, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en virtud de una investigación que se desarrolló en la provincia sobre el uso que se hizo de estas sociedades para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Precisamente sobre este aspecto es que el Frente de Todos impulsa una reforma de las SAS.
El juez aclaró que las SAS “no son un problema en sí mismo, son una herramienta verdaderamente apta con mucha idoneidad e importante para el desarrollo del capital emprendedor; el problema no es el instrumento. No es que las SAS sean un instrumento que puedan en sí mismo identificarse como una actividad ilícita”, pero requieren de “un régimen de transparencia”.
“Hay un problema más de fondo que tiene que ver con algunos vicios de nuestra Ley de Sociedades”, observó y sugirió que “en algún momento habrá que repensarla”.
Sobre la investigación llevada a cabo en Santa Fe, el magistrado apuntó que “se comprobó que en una actividad vinculada al narcotráfico, que involucraba a personas vinculadas a la organización conocida como ‘Los Monos’, tenían constituidas cerca de 40 SAS en la Ciudad de Buenos Aires, cuando todas las personas pertenecían a una organización con domicilio en la ciudad de Rosario”. Para Erbetta, esta situación “tiene que ver con el problema de falta de fiscalización que tenemos en nuestro país”.
El presidente del máximo tribunal santafesino consideró que “hay un problema metodológico” en las SAS y es que “fue un tipo regulado por fuera de la Ley de Sociedades”. “Son un tipo societario que tiene la flexibilidad de la estructura orgánica de una S.R.L., y tiene la facilidad de la transferencia de las partes de capital de las S.A., tiene lo mejor de las dos cosas”, pero “todo, en este mundo que vivimos, se tiende a simplificar, a desregular, pero nosotros precisamente por desregular el mercado interno de droga en la ciudad de Rosario tuvimos una tasa de homicidios de 26.8 cada 100 mil habitantes”, ejemplificó.
“Los controles a veces son necesarios y las fiscalizaciones también”, dijo Erbetta y cuestionó que en la ley “se hizo una regulación laxa” porque las SAS “tienen un capital mínimo, escasos controles y fiscalización, con responsabilidad limitada, el objeto puede ser plural y amplio, pudiendo en alguna medida las actividades que lo componen guardar relación entre sí”.
Sobre las SAS investigadas, explicó que es posible que “se hayan constituido en la Ciudad de Buenos Aires y no en Santa Fe porque en Santa Fe la Inspección General de las Personas Jurídicas tiene una reglamentación un poco más exigente respecto de las SAS”.
“Existe una necesidad de proyectar algunas exigencias de mayor fiscalización o control”, insistió y recomendó “generar alguna línea de unificación en el territorio nacional” con “fuerte articulación entre los organismos de control del Estado” porque “el problema es que no hay controles efectivos”. No obstante, dejó en claro que las SAS “no son la única herramienta legal que permite canalizar el dinero que proviene de actividades ilícitas” como puede suceder también con asociaciones mutuales e incluso, en menor medida, con fideicomisos.
Seguidamente, Walter Rodríguez, titular de la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe, quien llevó a cabo la investigación relató cómo nació la causa, en febrero de 2020, a partir de una avioneta que trasladó droga desde Paraguay a Santa Fe, y a partir de ese hecho se descubrió “la existencia de aproximadamente 40 SAS que estaban interrelacionadas entre sí”. “Las características más sobresalientes es que todas estaban inscriptas en la Ciudad de Buenos Aires”, señaló.
“Se habían formado en parte y casi exclusivamente para generar usinas de facturas falsas, que en su conjunto llegaron a facturar la suma de más de 700 mil millones de pesos”, precisó y agregó que “se emitieron falsamente más de 8.500 facturas”. Estas SAS, no duraban más de entre tres y cuatro meses, porque “las personas que integraban esta asociación ilícita tributaria lo que hacían era trabajar, trabajar entre comillas, fingiendo las actividades comerciales de una sociedad, y a los tres o cuatro meses, cuando percibían un contralor por parte de la AFIP abandonaban el funcionamiento de estas sociedades y constituían una nueva”.
A favor de modificar la ley, fue el turno luego del titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, quien aseguró: “La IGJ quiere que las sociedades se constituyan, quiere que la gente se asocie para ganar dinero, dentro del concepto de lo que es el derecho societario”, pero “todas las sociedades tienen que tener un sistema de control”. En ese sentido, cuestionó que las SAS nacieron “como una sociedad sin controles” y particularmente hizo hincapié en la fecha de sanción de la ley, en marzo de 2017, luego que en 2016 hubiera estallado el escándalo de los Panamá Papers.
“El emprendedor tiene que ser apoyado en sus iniciativas, pero con determinado límite. No se apoya al emprendedor diciéndole que puede hacer una sociedad para cualquier cosa, no se apoya al emprendedor diciéndole que puede empezar su actividad con patrimonio neto negativo, no se lo protege diciéndole que no debe presentar sus estados contables ante la IGJ”, sostuvo.
Al afirmar que hay que sostener las SAS dentro de la legislación, apuntó que lo que tiene que haber es “control estatal”. “Creo que debió salir la ley, y es buena en muchas partes la 27.349, pero ese capítulo de sociedades peca de un error garrafal, que es que no les da transparencia”, continuó para luego decir que entre “2017 a 2020 se inscribieron 20.004 SAS sin control ninguno” y “prácticamente ninguna tenía domicilio real”. “No tienen nada de emprendedores los que hacen las SAS”, lanzó.
Desde la Unidad de Información Financiera, el jefe de Gabinete de Asesores, Nicolás Vergara, presentó un documento elaborado entre 2020 y 2022, en el que se evalúa los riesgos de lavado de activos, con el fin de identificar y minimizar los mismos. A la hora de analizar las vulnerabilidades de los vehículos legales de mayor riesgo, las principales resultaron ser las empresas extranjeras y las SAS, indicó.
“Las sociedades anónimas, mutuales y cooperativas, SRL y fideicomisos, tienen un riesgo medio respecto de actividades delictivas”, aseguró. “¿Esto quiere decir que hay que eliminar las SAS?”, se preguntó, aclarando que “no” pero “tienen un riesgo alto de lavado de activos”, ante lo cual reclamó “mayores controles”.
Participó también el subdirector general de Recaudación de la AFIP, José Bianchi, quien dio una serie de números según datos del organismo recaudador. Habló de 53.800 sociedades inscriptas, de las cuales 8.900 no pueden operar como tales. “No tienen una explicación”, manifestó. Precisó que la Ciudad de Buenos Aires tiene 10.000 SAS, la provincia de Buenos Aires 6.000 y Córdoba es la que más tiene: 15.000.
Hizo hincapié en el tema de las maniobras de facturación apócrifas, y al respecto abundó: “La persistente magnitud de este delito tributario se vio incrementada significativamente durante los años previos a la pandemia, como consecuencia de la creación en 2017 de la figura Sociedad por Acciones Simplificadas, un nuevo tipo societario que se transformó en el medio más utilizado para generar créditos fiscales ficticios, representando un tercio de las empresas generadores de crédito apócrifo, en 2018, y superando el 70% en el año 2019”.
La voz de los emprendedores, a favor de las SAS
Durante la reunión, Manuel Tanoira, director de Políticas Públicas de ASEA (Asociación de Emprendedores de Argentina), destacó la investigación del fiscal Rodríguez, pero remarcó: “Han usado todos los tipos societarios ‘Los Monos’ para lavar, incluso sindicatos tenemos. Es imposible ejercer el poder de policía a todas las sociedades”.
“La mayoría de las PyMEs y de los emprendedores que constituyeron SAS tienen negocios reales y están generando empleo, versus el resto de los tipos societarios”, defendió y explicó que las SAS, por su sistema digital, “no permiten adulterar los libros. Tal es así que el propio Consejo de Ciencias Económicas nos vino a atacar diciendo ‘este tipo societario no sirve, porque no podés enjuagar los libros’ -reveló-. Qué curioso, nos corrían por demasiado transparentes, y ahora nos corren por falta de transparencia”.
Además, reclamó que todos los tipos societarios deben ser digitales, ya que “el papel es adulterable”. Y, en contra de las resoluciones que dictó la IGJ, sobre las que ASEA presentó un amparo, aseveró que “estas sociedades ya están muertas en la Ciudad”.
“Vamos a seguir defendiendo este vehículo porque es el vehículo que usan hoy los emprendedores y lo eligen”, afirmó Tanoira, que desafió que le hubiera gustado “escuchar la voz del gobernador Omar Perotti”, quien votó como senador a favor de ley y “dijo esta es una ley peronista”.
Muy enfático, Alejandro Ramírez, abogado en Derecho Societario, arrancó: “Yo lo que siento es un deja vú, yo vine seis veces por esta ley al Congreso y lo más gracioso es que con diputados que están acá nos juntamos 500 emprendedores en el Salón de los Pasos Perdidos a festejar esta ley”.
Para el expositor, las modificaciones que se proponen darían “inseguridad jurídica”. Asimismo, resaltó que “en Naciones Unidas se aprobó el proyecto modelo de ley de SAS, no es algo inventado por Argentina o el gobierno anterior”. Y, al hablar del “impacto positivo” que tienen las SAS en Paraguay, Uruguay, Chile, Ecuador y Colombia, sobre éste último país relató: “Me decían Pablo Escobar nunca necesitó las SAS para lavar dinero. Existió 10 años antes de las SAS y lavó todo el dinero del mundo”.
También al valorar la investigación contra el narcotráfico del fiscal santafesino, Ramírez subrayó que esas 40 SAS dedicadas al lavado del narco, “representan el 0,08% de las 50 mil SAS que existen, ¿Vamos a prohibir todas las SAS por esto?”, se preguntó. Sobre el proyecto oficialista, criticó que “se mete con facultades no delegadas de las provincias” y “es retroactivo”. “Estamos atacando a todas las PyMEs del país”, se quejó.
Finalmente, aportó datos sobre el empleo creado por las SAS, con 115 mil empleados registrados: “De 2019 a 2020 creció un 108%; de 2020 a 2021, 26% y de 2021 a 2022, 40%. Es el único tipo societario que creció en empleo formal durante la pandemia”. “Los emprendedores están eligiendo esta herramienta, no la arruinen”, cerró.
Una vez que concluyó Martínez, desde la IGJ Darío De León salió al cruce de los abogados que plantearon colocar en igualdad a todos los tipos societarios: “¿De qué sirve tener un sistema de blockchain si después no se cumple?”. Al respaldar la obligatoriedad impuesta a las SAS de presentar su documentación, señaló que “si los tienen, ¿qué tan grave es que los presenten?”. No obstante, admitió que hay otras composiciones societarias que necesitan ser transparentadas.
Otro de los oradores a favor de que no se cambie la ley, fue el doctor Rafael Manovil, especialista en Derecho Comercial, quien sugirió “no aprobar” el proyecto en debate. “Estamos tratando la materia de regulación de sociedades; no estamos hablando de combatir el delito, combatir el narcotráfico, donde suscribiría cualquier proyecto que haya para sacarnos este tema de encima”, dijo.
Recordó el nacimiento de la idea de las SAS, que ubicó en Francia, en busca de apartarse de la rigidez de las normas vigentes, y por entonces se dijo que eso solo lo podrían utilizar las grandes empresas. Con el tiempo, no fue así, y en nuestro medio se destinó sobre todo al emprendedurismo, pero cuestionó: “No veo por qué una empresa gigantesca no pueda utilizar este tipo social si le conviene a sus intereses. Es como si fuéramos adoradores de lo chico y enemigos de lo grande”.
El último orador de la jornada fue José Pablo Sala Mercado, un abogado especialista en Derecho Societario, que manifestó de entrada su desacuerdo con el proyecto oficialista que se debatía. Fue muy enfático en remarcar que “se está nacionalizando una cuestión jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires”, advirtiendo que por ejemplo en su provincia, Córdoba, no existía el problema porteño. Allí, más de 7.000 sociedades se habían constituido, “de las cuales 6.300 han sido SAS y funcionan. En su gran mayoría son sociedaes absolutamente legítimas”.
Aclaró que no quería valerse de prejuicios con el proyecto, pero arrancó advirtiendo que debía cambiársele el título, pues las SRL están dentro de la iniciativa, arrastradas por las SAS, y no se las menciona. “Este proyecto, en efecto, no suprime las SAS, pero las desalienta totalmente”, aseguró, remarcando que “más regulación no es más seguridad”, e ironizó: “Argentina es un país inflacionario en muchos aspectos, pero sobre todo legislativos”.
“Se legisla desde la patología, y no debemos legislar nada así”, enfatizó el abogado, convencido de que “tenemos demasiados problemas como para crearnos un problema nuevo. El sistema del Derecho resuelve todos los problemas planteados”. Y concluyó advirtiendo que “acá se está desfederalizando por un problema que tiene la Ciudad de Buenos Aires; Córdoba, Mendoza, Corrientes, no los tienen. No nos traigan un problema que no tenemos”.
Un pedido en particular
Tras la exposición del juez Erbetta, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro planteó sus reparos respecto de que esta iniciativa constituyera “una nueva embestida contra los pequeños emprendedores”, pero puntualmente pidió que no hubiera durante el debate “intimidación u obstáculos”, por cuanto en el debate anterior del proyecto proveniente del Senado, y que terminó perdiendo estado parlamentario, él recibió una demanda por daños y perjuicios que afectaba directamente lo que eran sus fueros parlamentarios. Aclaró que la justicia en primera instancia había rechazado la intención del inspector general de Justicia, que le había iniciado la demanda.
Por eso pidió “que podamos garantizar la libertad del debate, para tener una deliberación pública lógica y acorde a lo que es el debate y la sanción de leyes en este Parlamento”.
El presidente de la comisión, Lucas Godoy, le respondió que estaba “sumamente garantizada la libertad de expresión de cada expositor”, y también la de quienes pudieran llegar a sentirse afectados y desearan accionar. Por su parte, el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, aclaró: “Venimos con la mejor predisposición a este debate. Cada uno de nosotros somos libres de decir lo que queramos”, tras lo cual adelantó que no sería esa la única reunión informativa, sino que habría al menos otra.
El proyecto impulsado desde el Frente de Todos se tratará desde las 12 en la Comisión de Legislación General, con la participación de invitados.
Con la participación de invitados, arrancará este martes en la Cámara de Diputados, a partir del mediodía, el debate del proyecto impulsado por el oficialismo sobre la figura de las Sociedades por Acciones Simplificada, figura creada a través de la Ley 27.349 -de Apoyo al Capital Emprendedor-.
Aprobado durante la gestión macrista, el régimen de SAS estableció la posibilidad de crear sociedades de manera digital en muy pocas horas. Lo que advierte el Frente de Todos es la falta de control que existe sobre de estas firmas y denuncia que muchas de ellas se abrieron con el objetivo de lavar dinero producto del narcotráfico.
El Senado llegó a aprobar en su momento un proyecto del senador Oscar Parrilli para suspender el sistema por 180 días, pero perdió estado parlamentario en Diputados, donde el 9 de junio de 2021 había alcanzado a tener dictamen. Esa iniciativa establecía que las SAS deberían ser constituidas por emprendedores previamente inscriptos en un registro especial a cargo de la Secretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores, como así también suspendía por seis meses la constitución e inscripción de SAS.
Ahora la Cámara baja comenzará a tratar un proyecto de Germán Martínez, Cecilia Moreau y Paula Penacca. El titular de la bancada oficialista ya había adelantado el pasado 20 de abril que “en unas semanas” se iba a arrancar con la discusión sobre “un invento societario de la época del macrismo usado para el bien de gran cantidad de emprendedores y para el mal, ya que ‘Los Monos’ lavaron en 36 sociedades anónimas 1.200 millones de pesos. Lo dice el fiscal federal N°2 de Santa Fe”.
Y precisamente el fiscal Walter Alberto Rodríguez será uno de los invitados que participará del encuentro, donde también fue convocado el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe, Daniel Aníbal Erbetta.
Asimismo, concurrirán funcionarios de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Inspección General de Justicia (IGJ).
Asimismo, concurrirán Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia; Nicolás Vergara, jefe de Gabinete de la Unidad de Investigación Financiera; y José Bianchi, subdirector general de Recaudación de la Administracion Federal de Ingresos Públicos.
La lista de expositores se completa con Alejandro Ramírez, abogado especialista en Derecho Societario; Manuel Tanoira, director de Políticas Públicas de ASEA (Asociación de Emprendedores de Argentina); José Pablo Sala Mercado, abogado especialista en Derecho Societario; y Rafael Manovil, abogado especialista en Derecho Comercial.
La iniciativa busca modificar la Ley “Apoyo al Capital Emprendedor” sancionada en la gestión de Cambiemos porque “se ha convertido en el rostro jurídico de sociedades que tienen como fin el lavado de activos provenientes del narcotráfico”.
En medio de la violencia que azota la ciudad de Rosario y luego de que en Diputados se emitiera este miércoles dictamen favorable de la iniciativa que busca fortalecer la justicia federal de la provincia de Santa Fe, el oficialismo presentó en la Cámara baja el proyecto de “Régimen de Transparencia de Sociedades por Acciones Simplificadas” para reforzar la lucha contra el narcotráfico tal como lo había anunciado en dicha reunión.
El texto lleva las firmas de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, del jefe del bloque del FdT, el santafecino Germán Martínez; y de la secretaria parlamentaria del interbloque, la camporista Paula Penacca.
El proyecto busca modificar la Ley 27.349, también llamada “Ley de Apoyo al Capital Emprendedor” sancionada en marzo de 2017, ya que advierten que tiene “un bajo nivel de control y regulación de aspectos esenciales del tipo societario, escenario que posibilita el desarrollo de actividades ilícitas”, y agrega: “La regulación laxa e imprecisa que rige para las SAS se ha convertido en el rostro jurídico de sociedades que tienen como fin el lavado de activos, entre otros, provenientes del narcotráfico”. En esa línea, establece que “se adapten a los lineamientos de la norma madre que hace al marco jurídico de las sociedades comerciales”.
Entre los aspectos principales de la iniciativa, que consta de 9 artículos, exige a todas las SAS constituidas en el territorio nacional que en un plazo máximo de 60 días corridos acrediten fehacientemente el domicilio denunciado como sede social y, además, presenten los estados contables correspondientes a los últimos tres ejercicios económicos.
En ese sentido, advierte que “ante el incumplimiento de ambos requisitos en el plazo establecido, se tendrán como inactivas a las SAS se encuentren en falta. En consecuencia, los registros públicos de cada jurisdicción deberán reportar tal circunstancia a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), quien en forma automática y como medida preventiva, procederá a suspender la CUIT hasta tanto la SAS regularice su situación”.
Por otro lado, se exigirá a los sujetos emprendedores que conformen una SAS, que se inscriban en un registro que dependerá de la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor de la Nación.
Además, se requerirá que tanto las SAS como las sociedades de responsabilidad limitada, presenten sus balances ante los registros públicos o ante el organismo de control de personas jurídicas de su jurisdicción. En caso que no cumplan con lo expuesto por más de dos períodos, los socios o administradores responderán en forma solidaria, ilimitada y subsidiaria ante terceros.
También se propone que la inscripción registral controle, no sólo los requisitos formales, sino también los sustanciales, procurando darle mayor transparencia a la constitución de este tipo societario.
Asimismo, se indica que, para el caso de las sociedades categorizadas como Mipyme, que sean SAS, y que dejen de serlo como consecuencia de superar los parámetros de la ley 24.467 y su reglamentación, deberán transformar su inscripción como SAS en los tipos societarios establecidos en la ley general de sociedades, ley 19.550. A tales fines se les otorga un plazo máximo de 6 meses. También, promueven la digitalización de los registros públicos de comercio.
“La propuesta legislativa que se presenta no pretende descartar la existencia misma de las SAS como tipo societario. Por el contrario, apunta a tener mayores facultades de fiscalización, adecuando el desarrollo de un tipo societario a los estándares legales que promuevan la licitud de la actividad que desarrollará aquel emprendedor o empresario que utilice como instrumento jurídico asociativo las SAS”, explican y agregan: “Apuntamos entonces a reglamentar, ordenar y otorgar seguridad jurídica a los contratantes y a la comunidad, favoreciendo la transparencia del tipo societario bajo análisis”.
“Hay que trabajar sobre las cuestiones referidas al lavado de dinero, lo de las SAS hay que leerlo en otro contexto distinto, tenemos un problema y negarlo sería equivocado”, aseguró Germán Martínez al referirse a la iniciativa ingresada a la HCDN en el día de la fecha, al tiempo que aclaró “no estamos en contra de la herramienta sino de su utilización, hay mucho por hacer”.
Por su parte, Penacca explicó “Este proyecto busca terminar con las prácticas de quienes abusan de las SAS para realizar maniobras ilícitas. El objetivo es encauzar la herramienta para que, efectivamente, sirva como un vehículo para que las y los emprendedores puedan realizar sus proyectos”.
Además, Martínez citó la investigación realizada por el fiscal santafesino Dr. Walter Rodríguez, en la que se encuentra vinculado Ariel “Guille” Cantero, líder de la banda conocida como “los monos”. La investigación judicial informa que la banda vinculada al incidente creó, cuanto menos, 40 SAS en el período comprendido entre marzo del 2018 y abril del 2020.
En el mismo sentido, reseñó un informe elaborado por el Ministerio Público de la Acusación, junto con la Oficina de Investigaciones, referido a las Sociedades por Acciones Simplificadas. En el documento enumera y desarrolla fundadas críticas referidas a las limitaciones de los organismos estatales sobre las SAS. Entre las conclusiones que surgen del informe, el organismo califica de “imprescindible la creación de leyes claras y perfectibles que ayuden a mejorar y desburocratizar, sumado a la necesidad de establecer medios de control efectivos por parte del estado”. Y profundizando concluye que “…la vulnerabilidad puede provenir no solo de la estructura habilitada por ley a este tipo societario específico sino también por la falta o escasez de control de las instituciones intervinientes”.
También, Martínez recordó las palabras del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Dr. Erbetta en la apertura del año judicial en Rosario, donde el magistrado identificó que “…la dimensión financiera de esta trama delictiva es clave, porque las ganancias de esos mercados ilegales no se blanquean en la cárcel ni en los barrios que más sufren la violencia. Financieras, empresas de diversos rubros reciben el rendimiento económico generado con violencia, apelando a Sociedades de Acción Simplificada, fideicomisos inmobiliarios y hasta asociaciones mutuales, según surge también de las investigaciones criminales llevadas adelante por nuestros fiscales”.
Del mismo modo, el jefe del bloque argumentó la falta de control de las SAS a partir de un estudio elaborado por la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva del año 2022, que analiza en lo concerniente a lavado de activos, el periodo comprendido entre enero de 2017 y diciembre del 2020. Cabe destacar que dicho órgano se integra con quince miembros de distintas carteras nacionales, a los que se suman un magistrado del Ministerio Público Fiscal, a propuesta de la Procuración General de la Nación; y un magistrado del poder judicial de la nación a propuesta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El documento releva y clasifica cuáles son los tipos societarios que más se utilizan como vehículos legales para el lavado de activos. Posteriormente, al análisis de riesgo preliminar, se lo completa y vincula con información correspondiente a casos concretos aportados por Unidad de Información Financiera. En este caso, la evaluación califica como vehículos legales de riesgo alto, en relación al lavado de activos, a tan solo dos tipos legales; las empresas extranjeras en primer lugar, y las SAS en segundo.
0940-D-2023-Obtuvo dictamen de mayoría el proyecto que cuenta con media sanción del Senado, suspendiendo por seis meses la constitución e inscripción de Sociedades de Acción Simplificada.
La Cámara de Diputados emitió dictamen de mayoría para el proyecto que suspende la creación de las Sociedades por Acciones Simplificadas. Una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y que suspende por seis meses la constitución e inscripción de las SAS, una herramienta que se implementó durante la gestión Cambiemos para facilitar la creación de empresas en 24 horas a través de Internet.
La Comisión de Legislación General que preside la diputada Cecilia Moreau (FDT) analizó este miércoles el proyecto de ley en revisión por el cual se establece que todas las SAS deberán ser constituidas por emprendedores previamente inscriptos en un registro especial a cargo de la Secretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores (SEPYME) dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.
Al comienzo de la reunión, el diputado Lucas Godoy (FDT) negó que el proyecto busque eliminar las SAS y aclaró que “la suspensión es por 180 días para que haya una transferencia del control hacia la IGJ. No se eliminan los sueños, se crea un sistema de mayor control”, explicó.
En tanto, la diputada radical Karina Banfi aseguró que su interbloque rechaza esta iniciativa y afirmó “esta ley (sancionada en 2017) ha puesto en la formalidad a cientos y cientos de empleados. el proyecto promueve la irregularidad”, sentenció y agregó: “si se quiere combatir el delito económico tampoco es por acá, no hay que perjudicar al que quiere emprender”.
A su vez, José Luis Ramón del bloque Unidad y Equidad Federal, presentó un dictamen de rechazo y manifestó “lo que pretende este proyecto es echar por tierra con las SAS. Por más dudas que existan sobre la legalidad en su funcionamiento no podemos echar por tierra con un sistema que está funcionando”.
La iniciativa, impulsada en la Cámara alta por el senador kirchnerista Oscar Parrilli, establece que las SAS deberán ser constituidas por emprendedores previamente inscriptos en un registro especial a cargo de la Secretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores.
Durante este lapso de 180 días, las inscripciones se efectuarán exclusivamente en soporte papel, conforme las disposiciones y procedimientos previstos que al efecto dicte cada registro público.
En su articulado, la iniciativa establece que, para su inscripción, todas SAS deberán ser constituidas únicamente por los emprendedores a que hace mención el Título I de la Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor, previamente inscriptos en el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor (RICE).
También determina que el RICE deberá exportar electrónicamente su base completa de datos a la Inspección General de Justicia de la Nación y a los demás Registros Públicos de cada jurisdicción dentro del plazo máximo de 10 días hábiles administrativos desde la vigencia de la ley.
Lo mismo deberá efectuarse con toda inscripción que se produzca en el RICE en forma sobreviniente, dentro del plazo de dos días hábiles administrativos, de modo que los registros públicos correspondientes puedan efectuar el debido control de legalidad.
El titular de la IGJ, Ricardo Nissen, y especialistas en el tema expusieron ante la Comisión de Legislación General sobre el proyecto que busca suspender por seis meses la inscripción online de empresas.
La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, presidida por la oficialista Cecilia Moreau, recibió este lunes al titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, especialistas y representantes del sector para debatir en torno al proyecto de ley que propone suspender por seis meses la constitución e inscripción de las Sociedades por Acciones Simplificadas.
La iniciativa, de autoría del senador Oscar Parrilli, cuenta con media sanción de la Cámara alta y apunta a suspender el sistema de control electrónico, creado por ley durante la gestión de Cambiemos.
En primer término, Alejandro Ramírez, profesor de derecho societario de la Universidad Austral, cuestionó que la iniciativa establezca que para poder constituir una SAS se tenga que “estar en un registro de emprendedores, algo que no existe en ningún lugar del mundo. Esto incorpora una burocracia que es inaceptable”.
“Este proyecto promueve la informalidad”, afirmó y criticó que “Argentina sería el único lugar del mundo que vuelve de lo digital al papel”. Además, Ramírez resaltó que las modificaciones sobre la presentación de los estados contables ponen a las SAS “en peor lugar que a las SRL” y con “una sanción 20 veces más grande que a las SA”. “Esta ley quita seguridad jurídica y aniquila a las PyMEs”, completó.
También en contra de la iniciativa, Francisco Reyes Villamizar, doctor en Derecho de la Universidad de Tilburg, Holanda, destacó el “éxito de estas sociedades en América Latina” y expresó que “no es verdad que son para el delito”. “Las SAS no son propicias para el fraude ni han servido para el lavado de activos”, sostuvo, sino que, todo lo contrario, son “un instrumento maravilloso para la formalización laboral”.
“Sería muy lamentable que un instrumento que tiene semejante importancia terminara teniendo una partida de defunción, sería muy triste para los emprendedores de Argentina”, agregó.
En tanto, Alejandro David, especialista en prevención de lavado de activos, señaló que “la forma de prevenir el lavado de activos no está en intervenir el momento constitutivo de las sociedades”, sino en “la fuente de circulación en mercado”. “No son los registros públicos los organismos destinados a cumplir este rol”, explicó, e indicó que para ello están “la AFIP, los registros inmobiliarios, la supervisión del sistema financiero, donde tienen que estar las alertas de actividades sospechosas”.
Por su parte, el abogado Fernando Pérez Hualde subrayó que “el régimen de la ley invade el régimen federal” y “es de una gran dificultad, no tiene ningún sentido la creación de este registro (de emprendedores)”. “Las SAS no son lo mismo que las SA y las SRL”, enfatizó, al tiempo que dijo que las SAS no son “un invento argentino” y que hace tiempo “cambió la modalidad de hacer negocios en el mundo”.
A favor de la iniciativa, Leopoldo Burghini, abogado especialista en derecho societario, recordó que “se buscó potenciar a los emprendedores pero la Ley no estableció requisitos para constituir una SAS”, con lo cual “quedó abierta la puerta” a que alguien pueda “constituirse con 1.500 millones de pesos de capital y pueda colarse por la ventana de las SAS y no tenga ningún tipo de control interno o externo por parte del Estado porque no tiene responsabilidad de presentar su contabilidad”. Asimismo, aseguró que con este proyecto “no van a verse perjudicadas todas las SAS que ya están constituidas”.
Titular de la SAS Sierra Tech Solutions, César Guereta, consideró que “si queremos que sea un instrumento para el desarrollo de Argentina se utilice para tal fin y no para fines espurios, como hemos visto que se ha utilizado” por parte de personas que “además de cometer delitos desprestigian nuestra actividad empresarial, actividad central para el progreso de nuestro país”. “Apoyamos que las SAS vuelvan al ámbito de control de la IGJ y de las jurisdicciones que le correspondan”, sumó.
Otra invitada que se manifestó a favor del proyecto fue María Eugenia Marano, abogada diplomada en Criminalidad Económica, que apuntó que los requisitos de las SAS “las hacen muy permeables” y es necesario “tomar todos los recaudos posibles para que estas figuras no sean mal utilizadas para la realización del delito de lavado de activos”.
“Que el Estado conozca quienes son las SAS y conozca sus movimientos le permite también proteger a todos los terceros que van a operar con esas SAS, y a los emprendedores de buena fe, porque es una gran herramienta para ellos”, añadió.
Finalmente, el titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, aclaró que “no estamos discutiendo eliminar a las SAS”, sino que “las SAS sean exclusivamente para aquellas personas para las que está destinada la ley”, en referencia a los emprendedores. Sobre ello, opinó que “no debería discutirse el registro”.
“Es inverosímil que personas que no son emprendedores se hayan adherido a este sistema”, dijo y afirmó “un gran número de SAS se constituyeron para un negocio determinado” pero “a los pocos días se dieron importantísimas operaciones inmobiliarias con cientos de miles de dólares”, y mencionó algunas de ellas.
El funcionario precisó que “se constituyen con un capital absolutamente irrisorio y a los cinco días, diez días, veinte días, están invirtiendo millones de dólares con la posibilidad de contar con una suma de dinero que no lo pudieron aportar al momento de constituir la SAS”.
“Esto, señores, es simple y llanamente fraude, es utilización espuria y fraude a la ley y no lo podemos consentir”, enfatizó Nissen, al tiempo que negó que sea un fenómeno único de la Ciudad de Buenos Aires y lanzó que “las SAS aparecen después de los Panamá Papers y los Paradise Papers”.
La Cámara de Comercio de Córdoba se manifestó en desacuerdo con el proyecto de ley que suspende por 180 días la constitución e inscripción de las llamadas Sociedades por Acciones Simplificadas.
Ante el proyecto de ley relacionado con la suspensión de la constitución electrónica de las SAS por 180 días, la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) puso en valor su aporte al sector productivo nacional.
Las SAS ofrecen la posibilidad de constituir una sociedad en 24 horas, obtener una CUIT online, contar con un capital mínimo y tener un objeto amplio; entre otros de sus beneficios. Esto, para un comerciante, es una forma de facilitar sus inicios, dinamizando el capital emprendedor y la creación de empleo genuino.
El proyecto que suspende a las Sociedades por Acciones Simplificadas fue aprobado por el Senado el pasado 11 de junio.
Si bien, las modificaciones explicitadas en este proyecto no impactan directamente en la provincia de Córdoba, ya que es una de las pocas que cuenta con un sistema on line de constitución de sociedades, la entidad considera que este tipo de medidas podrían constituir un retroceso.
Particularmente, en el contexto post pandemia que se vislumbra y ante diferentes estimaciones que prevén una cantidad de cierres y/o desaparición de empresas con la consiguiente destrucción de empleo; la Cámara de Comercio de Córdoba considera que “se vuelve aún más imperioso disponer de instrumentos legales ágiles que permitan la rápida creación de nuevas en pos de regenerar el entramado productivo”.
Asimismo, señalan que una situación como la que se está dando en la empresa Vicentin “invade y desdibuja la independencia de los poderes en el país, poniendo en tela de juicio los derechos de la iniciativa privada, lo que genera inseguridad jurídica para posibles inversiones futuras, tan necesarias para la evolución y revitalización del sector productivo”.
“Propiciamos que la constitución de sociedades comerciales continúe siendo simple, económica y rápida. Esta es una tendencia que vemos en países vecinos y en el mundo entero. Argentina debe acompañar ese camino, y más aún en los tiempos que se avecinan. Debemos mirar para adelante y ayudar a que el sistema productivo sea más dinámico, una vez normalizada la actividad”, manifestó José Viale, presidente de la CCC. Y agregó: “Argentina debe dar señales claras. No podemos vivir en un contexto de cambio de reglas permanentes. Debemos madurar de una vez por todas en materia de seguridad jurídica, políticas económicas a largo plazo, fomento de la competitividad; entre otras tantas asignaturas pendientes que tenemos”.
Justo cuando el oficialismo se disponía a aprobar en el Senado el proyecto para suspenderlo.
Un grupo de diputados del bloque Pro, encabezados por Fernando Iglesias, presentó este jueves un proyecto de resolución que exige al Poder Ejecutivo a la “inmediata derogación” de las RRGG de la Inspección General de Justicia que “derogan de facto” la Ley 27.349 (Apoyo al Capital Emprendedor) e insta a “restablecer la plena vigencia” de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).
El texto destaca que la sanción de la mencionada ley (“en 2017 con el voto casi unánime del Congreso”) permitió la creación de más de 20.000 empresas, en buena parte merced a las SAS. Ese nuevo tipo societario “impulsó la creación de nuevas empresas gracias a la desburocratización, digitalización y simplificación de trámites, resguardando la transparencia y seguridad jurídica”.
Las SAS vinieron a superar “vicios anacrónicos de la burocracia”, pero las normativas emitidas por la IGJ están revirtiendo “en forma ilegítima” esos avances “en abierta violación a la división de poderes” ya que “deroga de facto la ley 27.349”.
“La IGJ se excede ostensiblemente en sus funciones avasallando la división de poderes y las atribuciones constitucionales del Congreso” basado en fundamentos que “carecen de toda veracidad”, se explica en los fundamentos del proyecto, que también acompañaron los diputados Soher El Sukaria, Héctor Stefani, Waldo Wolff, José Nuñez, Jorge Enríquez, Adriana Ruarte, María Luján Rey, Carmen Polledo, Pablo Torello, Ingrid Jetter, Julio Sahad, Natalia Villa, Alejandro García y Omar De Marchi.
A partir de las 14, realizará una sesión que incluye en el temario el proyecto sobre educación a distancia. Ambas iniciativas quedaron postergadas por la polémica generada en la anterior sesión. JxC solo votaría este último proyecto.
Una semana después de que fracasara el tratamiento de los dos proyectos previstos para debatir en la última sesión del Senado, luego de que la oposición consiguiera obturar los dos tercios para habilitarlos, la Cámara alta realizará a partir de las 14 una sesión especial para este jueves para discutir esos temas pospuestos.
De manera remota, el cuerpo tratará los proyectos de ley que vienen en revisión sobre educación a distancia, por un lado, y alquileres, por el otro.
En el primero de los casos el proyecto de ley modifica el artículo 109 de la Ley 26.206, de Educación Nacional, estableciendo la posibilidad de impartir educación a distancia en una situación excepcional.
Según ha trascendido, los senadores de Juntos por el Cambio solo votarían ese tema, no así las otras cuestiones previstas en el temario, pues argumentan que trasgreden el acuerdo establecido en el decreto de la presidencia de la Cámara alta número 0008/2020 por el cual solo se tratarían de manera remota temas relacionados con la pandemia.
No es el caso del proyecto que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación respecto de los contratos de locación, ni tampoco el otro proyecto incluido en el temario de esta sesión especial: un proyecto de ley del senador Oscar Parrilli que dispone suspender por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) regulado en el Título III de la Ley 27.349 (apoyo al capital emprendedor) y otras cuestiones conexas.
