A diez días de la ceremonia de jura en la Cámara alta, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reúne este miércoles a las 11 para tratar los 24 pliegos de los legisladores electos el 26 de octubre pasado. Desde el principal interbloque opositor, Unión por la Patria, buscarán impugnar el diploma de Lorena Villaverde, en el marco de las acusaciones por su presunta vinculación con Federico "Fred" Machado, detenido y extraditado por narcotráfico en Estados Unidos.

La presentación de impugnación del pliego de la senadora electa por La Libertad Avanza ingresó este lunes a las 11 por mesa de entradas de la Cámara alta. Los apoderados del Partido Justicialista de Río Negro, habilitados por el artículo 7 del reglamento de la Cámara, acusan a la legisladora del oficialismo de “vulnerar de modo grave y afectar el orden público electoral de los valores republicanos de la democracia representativa”.

De todos modos, el texto será puesto a consideración de la comisión que preside la cordobesa Alejandra Vigo y, de lograr 10 firmas sobre los 19 vocales, se pondrá a consideración del recinto del Senado. Cabe recordar que Unión por la Patria tiene ocho representantes en Asuntos Constitucionales: la vicepresidenta Sandra Mendoza, el salteño Sergio Leavy, el catamarqueño Guillermo Andrada, el porteño Mariano Recalde, la neuquina Silvia Sapag, la riojana Florencia López, la santacruceña Alicia Kirchner y el pampeano Daniel Bensusán.

En un escenario similar a lo que fueron las sesiones ordinarias durante el período legislativo 2025, las firmas de la senadora larretista Guadalupe Tagliaferri y el fueguino Pablo Blanco, quien ya anunció que no avalará el pliego de la libertaria Villaverde, podrían poner en apuros al oficialismo en la ceremonia de recambio parlamentario. También es vocal de Asuntos Constitucionales, la senadora rionegrina Mónica Silva que termina su mandato en los próximos días.

Así las cosas, el artículo 7 del reglamento del Senado prevé este tipo de situaciones y todo se definirá en el recinto dejando habilitada la posibilidad de que sea tratado -puesto a consideración del pleno- en la sesión preparatoria del próximo 28 de noviembre.

Parlamentario.com consultó con Félix Lonigro, abogado constitucionalista, quien explicó que "las cámaras no tienen la potestad de impedir el ingreso de un legislador cuya candidatura fue previamente aprobada por la Justicia Electoral, y que fue votado por el pueblo". "Sólo pueden echar a un legislador una vez incorporado, y por una causa previa o anterior a su incorporación", incorporó a la polémica que podría darse a partir de esta situación.

Sin embargo, el jurista consideró que "es una desgracia que personajes como Villaverde sean legisladores, pero es lo que vota la gente". Luego, reiteró que "Villaverde debe ingresar al Senado", y recordó la pronunciación de la Corte Suprema de Justicia sobre los casos de Luis Patti en 2005 y Antonio Bussi en 1999.

La denuncia del PJ de Río Negro

En el proyecto de impugnación mencionaron que Villaverde tuvo una detención revelada por Data Clave el mes pasado, donde se informó que fue demorada el 20 de noviembre del 2001 en Miami por primera vez y liberada por no tener antecedentes, pero agregaron que el 17 de julio de 2002 sí fue detenida y condenada por presunto tráfico de cocaína, lo cual fue mencionado en medios televisivos desde octubre pasado.

Según la denuncia, Villaverde fue apresada en el aeropuerto de Sarasota en Estados Unidos junto a otras personas de nacionalidad cubana y colombiana, y que les habían incautado "un kilogramo de cocaína junto a 17.000 dólares". Luego, nombraron otra denuncia por presunto lavado de activos; un supuesto embargo en 2022; la causa por presunta falsificación de avales electorales en la previa a las generales del 2023; y una acusación por estafa inmobiliaria.

En paralelo, la denuncia presentada por el peronismo rionegrino, que se quedó con las bancas por la mayoría en las ultimas elecciones y tendrá como representantes a Martín Soria y Ana Marks, tomó como base los pedidos de expulsión presentados en la Cámara de Diputados impulsados por Facundo Manes, Esteban Paulón y Ana Clara Romero. Ninguno integra el bloque de Unión por la Patria.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunirá este miércoles a las 11 en el Salón Illia para tratar los pliegos de los 24 senadores que resultaron electos en las últimas elecciones. Lo que acostumbra ser un trámite habitual podría verse marcado por la impugnación de la oposición hacia la rionegrina Lorena Villaverde.

La reunión de la comisión será el paso previo a la jura de los nuevos integrantes de la Cámara alta, que se realizará el 28 de noviembre.

Unión por la Patria se prepara para rechazar el pliego de Villaverde, a quien se la acusa de un presunto vínculo con Federico "Fred" Machado, empresario acusado de narcotráfico que fue extraditado a Estados Unidos hace dos semanas y por cuya causa José Luis Espert -quien recibió transferencias de éste- renunció a su candidatura en la provincia de Buenos Aires.

Según denunció el diputado Martín Soria en el recinto de la Cámara baja, la libertaria sería pareja (algo que ella negó) de Claudio Ciccarelli, primo de "Fred". Soria, también senador electo, le ganó a Villaverde por 2.259 votos en las últimas elecciones.

Aunque desde el oficialismo aseguran que la actual diputada (tiene mandato hasta 2027) no tendría impedimento para asumir, pues no hay causa en su contra, pesa sobre ella una denuncia por la venta irregular de un terreno en Las Grutas y por la toma de un préstamo irregular de 295 mil dólares del Banco Nación.

Además, Villaverde fue detenida en 2002 en Estados Unidos por transportar 400 gramos de cocaína y desde ese momento tendría prohibido el ingreso a ese país.

En caso que la oposición reúna los votos e impida la asunción de Villaverde, la Ley de Cupo indica para la categoría senadores que su reemplazo automático sería el segundo titular, Enzo Fullone, quien también fue asociado a "Fred" pero negó conocerlo.

En la Comisión de Asuntos Constitucionales Unión por la Patria cuenta con 8 integrantes. Para alzarse con un dictamen de rechazo de mayoría necesitará dos firmas más. Los ojos están puestos en el radical Pablo Blanco, la larretista Guadalupe Tagliaferri y la rionegrina Mónica Silva.

Los 24 pliegos que tratará la comisión:

Por La Libertad Avanza, los porteños Patricia Bullrich y Agustín Monteverde; los chaqueños Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider; los entrerrianos Joaquín Alberto Benegas Lynch y Romina Almeida; los salteños Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita; los fueguinos Agustín Coto y Belén Monte de Oca; los neuquinos Nadia Márquez y Pablo Cervi; y la mencionada rionegrina Lorena Villaverde.

Por el lado de de la oposición, el porteño Mariano Recalde, la fueguina Cristina López; los santiagueños Gerardo Zamora, Elía Esther del Carmen Moreno y José Neder; los rionegrinos Martín Soria y Ana Marks; el chaqueño Jorge "Coqui" Capitanich y el entrerriano Adán Humberto Bahl.

En representación de los gobernadores, la salteña Flavia Royón y la neuquina Julieta Corroza.

Tras regresar a la cámara de origen por no haber aprobado todos los artículos en Diputados, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunió este martes para pasar a la firma el dictamen de la reforma a la Ley de DNU. Los vocales de la oposición avalaron el despacho que insiste con la media sanción tal como fue avalada en el recinto el pasado 4 de septiembre cuando el texto avanzó con 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.

De esta manera, el proyecto de ley que modifica a la Ley 26.122 quedó listo para ser llevado a una sesión ordinaria. Cabe recordar que, para mantener el despacho original, la Cámara alta deberá alcanzar la mayoría calificada -dos tercios de los presentes en el recinto del Senado- para sancionar la reforma que propone, entre varias cosas, decretos que versen sobre un solo tema, habilitación a la Bicameral para reuniones fuera del período ordinario, plazo de 90 días para debatirlo o se cae-este punto no avanzó en la Cámara baja-, y que el rechazo de una cámara derogue el DNU, salvo que sea avalado por las dos.

Pese a que la redacción original cuenta con el consenso de todos los bloques de la oposición (dura y dialoguistas), los vocales de Unión por la Patria firmaron el dictamen en disidencia.

De todos modos, el presidente de la Nación, Javier Milei, reiteró en varias oportunidades que vetará la sanción del proyecto al considerarlo como “un intento de cambiar las reglas de juego con el partido empezado”. La iniciativa está vigente desde julio del 2006 y fue motorizada por la entonces senadora nacional Cristina Fernández, durante el mandato de Néstor Kirchner.

Por su parte, la oposición prepara la última jugada antes del recambio legislativo porque después del 10 de diciembre La Libertad Avanza contará con el tercio propio que le permita defender los vetos sin tener que depender de los bloques aliados, al menos en la Cámara baja. Así las cosas, la Cámara alta cuenta con los votos para la insistencia cuando iniciativa sea vetada, no así Diputados, donde la reforma alcanzó los 140 votos afirmativos, muy lejos de los tercios requeridos para imponer la insistencia.

Una reunión breve 

En relación a la insistencia del proyecto original, el senador correntino Eduardo Vischi, jefe del bloque radical, se refirió a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo vete la iniciativa y sugirió que “estamos reglamentando nuestras propias facultades”. Luego, señaló: “A mi criterio, no debería ser vetada”, y agregó que la Corte Suprema de Justicia “podría darnos claridad al respecto” en caso de que surja un conflicto de poderes.

Minutos antes, el legislador cercano al gobernador Gustavo Valdés de Provincias Unidas consideró que “el articulado terminó siendo de consenso y cerraba la idea de la toma de atribuciones del Poder Legislativo porque los DNU son medidas extremas y tienen que ver con cuestiones especiales”. Sobre el artículo caído en Diputados, mencionó que el plazo de 90 días “es necesario”, y concluyó que “no puede ser vetada porque es una ley sobre facultades legislativas”.

Por la disidencia, la senadora riojana Florencia López del bloque Frente Nacional y Popular cargó que “esta ley surge con determinados requisitos establecidos para que no suceda lo que está sucediendo: un presidente que gobierna a través de decretos, mostrándose este Congreso totalmente impotente de frenar esas decisiones que se tomaron a través de los DNU”. De todos modos, se sinceró y manifestó que “sería vetada y obviamente sería difícil insistir con este texto original”.

El tratamiento fue breve y una vez que el dictamen de la reforma a la Ley de DNU pasó a la firma, Alejandra Vigo, en su rol de presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dio lugar a despachar otros pedidos de informes y proyectos de reglamentación: el del fueguino Pablo Blanco para solicitar información sobre porqué se eliminó el acceso público a los datos societarios de los proveedores estatales del sistema de compras del estado; y el de Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri sobre cuestiones referidas al decreto 780/24.

Por último, fueron aprobados cuatro pedidos de reglamentación al Poder Ejecutivo de la Nación: el primero de Edith Terenzi para Ley 27.732 sobre el Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Pubertad Precoz; el de Daniel Bensusán y Daniel Kroneberger para el Régimen de Protección Integral del menor con Cáncer; y el de María Inés Pilatti Vergara para exigir la reglamentación de la Ley 27.716 de Diagnóstico Humanizado.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por Alejandra Vigo (Unidad Federal-Provincias Unidas), se reunirá este martes a las 14 y tendrá como principal tema el proyecto de reforma de la Ley de DNU -la 26.122-, que fue devuelto por la Cámara de Diputados.

El tratamiento de la iniciativa se dará en un contexto completamente diferente al de dos meses atrás, cuando el texto se aprobó por más de dos tercios de los votos en la Cámara alta, en medio de una seguidilla de derrotas parlamentarias para La Libertad Avanza. Ahora, en cambio, el Gobierno está fortalecido tras las elecciones y en diciembre tendrá un Congreso más violeta.

Alertado por la intención de la oposición de limitar el uso del presidente Javier Milei de la herramienta de los decretos de necesidad y urgencia, el oficialismo no pudo frenar su debate y aprobación en Diputados, pero sí consiguió que se rechace un artículo clave y, además, que en la aprobación general los bloques opositores no lleguen a los dos tercios -necesarios para insistir con la ley en caso de eventual veto-.

El proyecto plantea incorporar y modificar artículos a la ley que regula el trámite parlamentario de los DNU, los decretos delegados y los de promulgación parcial de leyes; una norma sancionada en 2006 por impulso de la entonces senadora Cristina Kirchner.

Según la propuesta, los decretos deberán versar sobre una única materia y podrán ser tratados de inmediato por las cámaras aún en receso parlamentario.

Uno de los cambios centrales es que se considerarán aprobados con el voto de ambas cámaras, mientras que el rechazo de una bastará para que queden sin efecto (hoy es al revés, es decir, existe la sanción ficta para darlos por válidos).

Otro de los artículos clave es el que establece un plazo de 90 días para su tratamiento. Éste se cayó en la votación en particular en la Cámara baja y el Senado deberá definir si acepta ese cambio o ratifica su versión.

Por otra parte, el temario de la Comisión de Asuntos Constitucionales incluye una serie de proyectos de comunicación al Poder Ejecutivo, sobre pedidos de informes y reclamos para la reglamentación de distintas leyes de salud sancionadas en la gestión anterior.

Durante un plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que había sido emplazado en la última sesión, obtuvo dictamen un proyecto de ley que busca reformar la conducción de la Agencia Nacional de Discapacidad.

La iniciativa, surgida a partir del escándalo de los audios y la salida de Diego Spagnuolo, busca modificar la estructura de gobierno de la ANDIS, “establecida por el decreto 698/2017, con el fin de democratizar su conducción, garantizar la transparencia en la gestión de sus políticas y presupuesto, y asegurar la participación vinculante de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en la toma de decisiones”.

El texto, que recibió dictamen de mayoría, busca sustituir el modelo de conducción unipersonal por una “Comisión Directiva” integrada por 7 miembros “con voz y voto”: un presidente y vicepresidente -con rango de secretario y subsecretario de Estado-, designados por el Poder Ejecutivo; 2 vocales en representación del COFEDIS, elegidos por mayoría simple de su pleno, conforme su reglamento; y 3 vocales en representación de las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos e intereses de las personas con discapacidad. Entre otros puntos, establece una serie de disposiciones sobre mecanismos de transparencia y control social.

Autor del proyecto, el diputado de Unión por la Patria Juan Marino afirmó que la reforma busca “garantizar que en su estructura de conducción y en sus organismos de control interno tengan voz y voto las organizaciones representativas de las personas con discapacidad”.

El opositor señaló que la iniciativa surgió este año, a partir del “escándalo de los audios donde se ponía de manifiesto el cobro de coimas”, además de considerar que hoy existe “una ANDIS que no funciona”. “No nos queda claro el resultado de la intervención que han realizado luego de estas denuncias. No sabemos si se han investigado, si se desplazaron a otros funcionarios”, resaltó.

Además, Marino subrayó que antes de las denuncias por presuntas coimas ya había cuestionamientos por “interrupción de las terapias, falta de pago a los prestadores, recortes arbitrarios de pensiones”.

El diputado argumentó que el proyecto se realizó acorde a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de modo que “tengan una participación directa en la toma de decisiones”. “Tenemos que dar una respuesta rápida frente a una crisis institucional de esta naturaleza, porque las personas con discapacidad no pueden esperar”, completó.

Juan Marino

A su turno, Eduardo Valdés expresó que “está claro que la ANDIS no puede seguir como está”. Respecto de la propuesta, que indica que el Poder Ejecutivo podrá nombrar al presidente y vicepresidente del organismo, planteó: “¿Qué pasa si vuelven a nombrar a un Spagnuolo? Una persona que es capaz de una resolución como la 187/25, donde tildó a las personas con discapacidad como ‘idiotas, imbéciles y débiles mentales’”.

“Quiero proponer que las máximas autoridades, presidente y vicepresidente de la ANDIS, tengan que tener aprobación parlamentaria”, propuso el legislador de Unión por la Patria.

A su turno, el diputado de Encuentro Federal Juan Brügge anticipó la presentación de otro dictamen “propositivo, mejorando las características, pero va en consonancia en que nos preocupa mucho quiénes van a ser designados como presidente y vicepresidente”.

En ese sentido, el cordobés explicó que permiten que los designe el PEN, pero “previo a un concurso público de antecedentes y oposición”, mientras que “en la comisión directiva de la ANDIS queremos que se designe un experto en temáticas vinculadas a la discapacidad, el cual surgirá de un sorteo de un padrón que hará la Jefatura de Gabinete a propuesta de las universidades públicas y privadas”. Para Brügge, esto apunta a “despolitizar” la ANDIS y dotarla de “mayor idoneidad”.

Desde la UCR, Karina Banfi cuestionó no contar con el tiempo para “profundizar y debatir” reformas que apuntan a “fortalecer a las instituciones descentralizadas como éstas”. Se quejó de que el proyecto no había pasado por asesores y se preguntó por qué estaba girado a Asuntos Constitucionales. Sobre el texto, la radical opinó que “en la estructura que están diseñando va a haber una mayor burocracia”. “No podemos debatir esto de esta manera”, dijo.

Al anticipar otro dictamen de minoría, la legisladora de Democracia para Siempre Carla Carrizo observó que “siempre las grandes innovaciones vienen con la emergencia y eso no está bien; no sé si es el mejor proyecto, es un proyecto que surge de alguna manera para separar a la ANDIS del Ejecutivo, porque la verdad que los Ejecutivos no garantizan transparencia en Argentina”.

“No sé si es el mejor proyecto, pero es gran paso”, afirmó la porteña, y argumentó que firmaría otro dictamen junto a su par Marcela Coli por cierta “ambigüedad normativa” y “tensión con las atribuciones del Ejecutivo; el Congreso controla, no gestiona, cuando queremos aspirar a más también nos vamos a equivocar”.

Durante la reunión, la diputada de UP Nancy Sand sostuvo que “el funcionamiento y la administración de la ANDIS” actual “no daba respuestas a las urgencias de todas y cada una de las problemáticas que se fueron suscitando con el Gobierno nacional”. “La forma de poder solucionar en la inmediatez es tener una participación institucional, una representación federal y un control democrático”, subrayó.

La radical Natalia Sarapura planteó que “cuando hablamos del órgano de la política pública que debe garantizar los derechos, tiene que ser con la mayor jerarquía posible y con la mayor determinación de autonomía”. “En este momento necesitamos dar un mensaje de control y transparencia. Tener un órgano fuerte, con control y participación social es necesario”, agregó.

En el cierre, Marino se mostró dispuesto a “lograr la ley que mayor respaldo tenga”. “Podemos avanzar en una serie de acuerdos para tener un texto común en el recinto”, ratificó y dijo estar a favor de propuestas que presentaron Brügge y Carrizo.

Por La Libertad Avanza, el diputado Álvaro Martínez consideró que “había que debatir más y estudiar un poquito más el tema” y se manifestó en contra de “forzar los consensos”. “El proyecto tiene aspectos positivos, pero genera una mayor burocracia, tal vez sin quererlo, genera más funcionarios. Y al igual que muchas de las leyes que impulsan, no dicen de dónde van a salir los recursos. Va a terminar siendo una mentira, por más noble que sea su título”, lanzó.

El grueso de la oposición -los bloques Unión por la Patria y la mayoría de Encuentro Federal y Democracia para Siempre- se alzaron este martes con un dictamen de mayoría (29 firmas) en comisiones de la Cámara de Diputados para avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Además, en el plenario de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento -que fue emplazado la semana pasada- hubo un dictamen de rechazo del oficialismo y sus aliados del Pro (19 firmas), y otro de minoría (7 firmas) impulsado por un sector minoritario de DpS y EF, el cual solamente habla de interpelación y no menciona la moción de censura.

El texto del dictamen de mayoría prevé la citación de Francos “a los efectos de ser interpelado por la decisión de suspender la ejecución de la Ley 27.793 de emergencia en materia de discapacidad, dejándose establecido que la moción de censura será decidida por la Honorable Cámara en la misma sesión, una vez terminada la interpelación”.

Defensor de ese texto, el diputado Oscar Agost Carreño (EF) explicó que la idea es “primero, interpelar; que explique los motivos, las razones y las circunstancias por las cuales decidió no cumplir con una ley”. Y, en segundo término, “proceder al voto si se tiene confianza o no en el Congreso respecto de las respuestas que ha dado, y si las explicaciones brindaron la confianza necesaria”. “Esa es la censura, no es otra cosa. Si hubiéramos querido avanzar con la remoción, también el (artículo) 101 (de la Constitución) nos permitía presentar proyectos en ese sentido”, aclaró, alejando la chance de una eventual remoción.

La segunda parte del artículo 101 de la Constitución indica que el jefe de Gabinete “puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras”.

Agost Carreño planteó que este proceder “no es por una cuestión personal”, sino que “la Constitución dice que es el administrador y quien tiene que reasignar partidas”, pero “firmó un decreto en el que dijo que no va a cumplir la ley, por lo tanto, nos toca reclamarle a él”. “Estamos buscando interpelarlo, que dé las explicaciones y después analizar la confianza a través de la votación o no de censura”, insistió.

El pasado 22 de septiembre, tras la caída del veto en el Congreso, el Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le pidió al Poder Legislativo que establezca su fuente de financiamiento y que, hasta tanto, estará suspendida su ejecución.

El legislador de EF recordó que “el Gobierno ha hecho lo suficiente para que no haya presupuesto” y “los montos de 2023 son absolutamente irrisorios”, con lo cual es “imposible de hacer” lo pedido por el Poder Ejecutivo. “Ellos no dicen tampoco de dónde salen los fondos cuando bajan las retenciones a la minería o cuando les suben los montos a los espías por DNU”, lanzó y agregó: “No podemos no hacer nada como Congreso cuando no se cumple una ley. La excusa es que no hay plata cuando vemos que hay plata para muchas cosas”.

Oscar Agost Carreño 

Autor del proyecto que originó la ley, el diputado Daniel Arroyo (UP) advirtió que “la situación de las personas con discapacidad y sus familias está colapsada”. “La persona que trabaja en un taller protegido sigue cobrando 28 mil pesos por mes sin ninguna actualización del nomenclador, trabaja 4 horas por día. El acompañante terapéutico sigue cobrando 3 mil pesos la hora a 180 días. El transportista sigue cobrando 541 pesos el kilómetro, cuando la nafta sólo en el último mes aumentó cinco veces”, enumeró.

“El Gobierno hizo algo inédito: la promulgó en su artículo 1, y en el artículo 2 decidió suspender su puesta en marcha por decir que no especificaba la ley de dónde se sacan los recursos. Estamos ante un hecho inconstitucional, absurdo y brutal contra las personas con discapacidad y sus familias. El Gobierno hace dos años que tiene presupuesto prorrogado, todo el tiempo saca partidas de un lado y compensa en el otro”, enfatizó.

Tras recordar el camino de la ley, votada en cuatro oportunidades por más de dos tercios de ambas cámaras, el legislador rechazó que, respecto al colectivo de personas con discapacidad, el Gobierno “dice permanentemente cosas que no son ciertas; se han dicho números absurdos sobre auditorías que no terminaron siendo ciertas; se decidió estigmatizar y lastimar a las personas con discapacidad y sus familias, con el único objetivo de recortar”. “Hay inconstitucionalidad, crueldad e ignorancia sobre lo que se está haciendo”, completó.

A su turno, Pablo Juliano (DpS) recordó que “en la misma ley le estamos diciendo lo que tiene que hacer, lo estamos facultando” al jefe de Gabinete, sin embargo, decidió “suspender” la ejecución de la ley, en lo que representa “un ejemplo cabal de la arbitrariedad” y una “legalidad selectiva” del Gobierno, en la que cual le “preocupan algunos artículos de la Ley de Administración Financiera”.

“No nos queremos subir a la carroza de la censura, no queremos darle de comer a un Gobierno tan sensible y tan débil. Y como no andamos con ganas de ser golpistas y de ser maltratados nuevamente por el Gobierno, lo que le estamos pidiendo, quizás le estamos pidiendo un milagro, es que agarre la ley, que mire el artículo 19 y que destine las partidas de un presupuesto autoprorrogado”, sostuvo el jefe de Democracia para Siempre.

Rodrigo de Loredo (UCR) consideró que “la figura de la censura aplicada en esta ocasión” le parece “un hecho desproporcionado, efectista, que desestabiliza y poco contribuye a que la marcha del Gobierno o la Argentina mejore en algún sentido”.

A su vez, el cordobés dijo que “lo que hizo el Gobierno con esta chicana promulgatoria es grave desde el punto de vista institucional” y “le va a traer aparejado consecuencias judiciales”. Sin embargo, “no estamos de acuerdo con la desproporcionalidad que sería expulsarlo” a Francos, insistió.

Finalmente, el presidente de la bancada de la UCR advirtió al oficialismo de que “no se les ocurra volver a aplicar esta idea con otras leyes, como la universitaria o la del Garrahan, porque no van a hacer más que deteriorar una fragilidad política que tiene el Gobierno”.

Aliada de LLA, la bullrichista Silvana Giudici (Pro) señaló que “el instituto de la moción de censura no solo en este caso es desproporcionado, sino que además no está reglamentado”, y mencionó distintos proyectos que se presentaron desde 2003 para reglamentarlo. Además, indicó esta figura “nunca había querido utilizarse por las mayorías anteriores”. “Cuando se aplica con desmesura, desproporcionadamente o para ejercer un control político, lo que está generando es un intento de desestabilización”, denunció.

En el cierre, la oficialista Nadia Márquez (LLA) afirmó que la moción de censura “es un mecanismo excepcional de control político” que se aplica “si el funcionario excede facultades constitucionales o si viola de forma manifiesta la ley”. “No hubo una decisión personal del ministro de suspenderla, acá hay un incumplimiento de la propia ley que no establece cuál es la forma de financiamiento”, defendió.

En esta línea, la neuquina dijo que “no se suspende la ley, es la propia Ley 24.629 la que la suspende, y al jefe de Gabinete lo que le corresponde es cumplir con la ley”. “La moción de censura no es si me das confianza o no me das confianza, es si está actuando conforme a derecho”, respondió al argumento de Agost Carreño.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Población y Desarrollo Humano del Senado postergó este miércoles un dictamen sobre una interpelación a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, a raíz de las denuncias sobre presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Además, el plenario de Asuntos Constitucionales y de Economía Nacional e Inversión, que iba a abordar también una citación a la hermana del presidente Javier Milei, pero por el caso de la criptomoneda $LIBRA, no tuvo quórum.

En el encuentro -que fue muy breve y se desarrolló después del debate sobre la interpelación al ministro de Salud-, el senador Sergio Leavy (UP) argumentó su proyecto. Tras decir que la ANDIS es “la institución donde más pus le sale al Gobierno”, el salteño reclamó que Karina Milei debe venir al Cuerpo después de “casi 45 días desde que se filtraron los audios” en los que se revela que “se estarían cobrando retornos y coimas, de los cuales el 3%, según los audios de (Diego) Spagnuolo, serían para la secretaria General de la Presidencia”.

“Nosotros necesitamos saber si esos audios son reales. Es una situación que el Gobierno no puede seguir ocultando”, reclamó y consideró que “es imperativo que (Karina) venga a explicarle al pueblo argentino porque hay laboratorios con sobreprecios y, además, se está diciendo que el 8% se reparte entre funcionarios”.

Por su parte, la senadora Carolina Moisés (UP), quien había presentado un proyecto para interpelar por el caso al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y citar al extitular de la ANDIS, resaltó que en la gestión de Spagnuolo “ya se notaban irregularidades bastantes serias con las auditorías sobre las pensiones por discapacidad. Y termina desbarrancando totalmente en su gestión con esta situación de corrupción”.

En el cierre, la presidenta de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo (PU), dijo que se iba a elaborar “un solo dictamen en el que podamos estar todos de acuerdo” y se encargó a las secretarías de ambas comisiones que preparen el texto. Sobre la fecha, se aclaró que será para después de las elecciones.

Por otra parte, quedaron pendientes para una próxima reunión el tratamiento de la derogación del DNU 1083/24, referido a la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras; y una modificación de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, con el objeto de fortalecer la transparencia activa.

Tal como estableció el emplazamiento aprobado, las comisiones de Asuntos Constitucionales junto a la de Peticiones, Poderes y Reglamento pasaron a la firma el dictamen del proyecto en revisión que modifica la Ley 26.122 de los marcos normativos de los Decretos de Necesidad y Urgencia. El despacho de mayoría obtuvo 35 firmas provenientes de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre.

Por su parte, los integrantes de La Libertad Avanza presentaron un dictamen de minoría con 10 rúbricas y los dos miembros de la Coalición Cívica presentes en el plenario, Juan Manuel López y Marcela Campagnoli, presentaron un tercer despacho que modifica los plazos de tratamiento a los decretos de necesidad y urgencia.

Después de la firma de los tres dictámenes, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, esgrimió el porqué del rechazo de La Libertad Avanza a este proyecto: “Más allá de las buenas intenciones de algunos legisladores, siguen la misma línea de lo que viene haciendo el Congreso que es buscar hacerle un daño institucional al gobierno de Javier Milei”. Luego, desenfundó críticas contra Unión por la Patria: “Ahora que son oposición quieren modificar la ley que es lo inverso a lo anterior que es controlar desde el Congreso”. “Esta ley es un alzamiento contra la Constitución Nacional”, cerró el santafesino.

¿Cuándo llegaría al recinto de la Cámara de Diputados? dispersada la posibilidad de pedir una sesión especial para este miércoles para priorizar la reunión de Presupuesto y Hacienda, según supo este medio, el cuaterno de bloques opositores baraja la idea de pedir una cita en el recinto para el próximo miércoles 8 de octubre. Cabe aclarar que el dictamen rubricado no recibió modificaciones.

Las intervenciones

Sentado en la mesa de La Libertad Avanza y el Pro, el jefe de bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, recordó la sanción de la Ley 26.122 en 2006 y la llamó “anomalía inconstitucional”. Consideró, además, que es el Congreso de la Nación quien debe atender “la evaluación y el criterio de necesidad y urgencia”. Terminó su intervención anunciando su acompañamiento, pero en disidencia con los plazos.

En representación del bloque Encuentro Federal, el diputado socialista Esteban Paulón lamentó no lograr el consenso en 2024 para avanzar con el proyecto, pero dejó en claro su posición: “En una república sana nunca se puede legislar por decreto”. Respecto a este dictamen, explicó que “nos toca discutir, pensar y elaborar un mecanismo lo más restrictivo posible y no permisivo”, y agregó una serie de críticas contra los últimos poderes ejecutivos: “Lamentablemente se hizo una costumbre, una doctrina y en algunos gobiernos un verdadero despropósito”.

Del mismo modo, el santafesino agregó que la experiencia de esta ley (así como ha funcionado estos 19 años) “nos deje una enseñanza central: las instituciones deben ser permanentes pensadas a largo plazo”. Sobre esta modificación, señaló que “quizá no sea la reforma perfecta, pero al menos expresa un consenso mayoritario en el Senado y en la Cámara de Diputados”. Por último, auguró: “Hay que volver al equilibrio de poderes y hay que volver a un diálogo sano entre los poderes ejecutivos y legislativos”.

El encuentro fue breve, pero contó con la participación del jefe de bancada de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, quien trajo a colación la reforma constitucional de 1994 y cuestionó que “hay un montón de instrumentos que todavía no estamos usando y hay un rol institucional en la Jefatura de Gabinete que no ha sido utilizado”. Luego, utilizó una paráfrasis y deslizó que “el hiperpresidencialismo es uno de los males de este país”.

Sobre ese concepto presentado, Juliano consideró a esta reforma de la Ley 26.122 de marco regulatorio a los DNU como el “antídoto a ese ‘hiperpresidencialismo’”. Para cerrar, planteó dos críticas a la vigente ley con dos sucesos ocurridos en el gobierno actual: primero criticó que “con este ‘hiperpresidencialismo’ trajimos la figura de los ‘DNU Ómnibus’”; y luego, sumó cuestionamientos contra el DNU 179/2025: “Una sola cámara le dio fuerza de ley a una nueva toma de deuda y eso es gravísimo”.

Los puntos principales del proyecto

El primer punto sobresaliente del proyecto aprobado por más de dos tercios en la Cámara alta establece que los DNU deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente. Este artículo se contrapone a lo que sucedió con el DNU 70/2023 que modificó y derogó más de 300 leyes bajo el propósito de la desregulación de la economía argentina.

El segundo ítem distintivo de esta reforma planteada es la que habilitaría a ambas Cámaras a abocarse aún durante el receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de futuros decretos. Si bien la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo está habilitada a reunirse en el período que va del 1° de diciembre al 28/29 de febrero, esta modificación autoriza a abrir a los recintos una vez que se cumplan los diez días hábiles desde el ingreso del DNU.

El otro cambio sustancial de la Ley 26.122 es el trámite legislativo de blindaje a los DNU: en caso de que prospere este nuevo régimen, los decretos se considerarán aprobados cuando ambas Cámaras se expresen por mayoría absoluta de los presentes en un plazo de 90 días desde la publicación en el Boletín Oficial. El último antecedente es el DNU 179/2025 que aprobó el nuevo Acuerdo con el FMI y quedó blindado con solamente el aval de la Cámara baja.

La última propuesta de cambio a la Ley de DNU es establecer que el rechazo de una de las dos Cámaras signifique la derogación total del decreto quedando imposibilitado de dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario. Este artículo, contempla, además, que en caso de no ser tratados en el plazo de los primeros 90 días por alguna de las dos Cámaras también signifique la caída total del decreto de necesidad y urgencia.

El proyecto de ley cuenta con la media sanción del Senado donde fue aprobado con 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones el pasado 4 de septiembre. La iniciativa pone en apuros al presidente Javier Milei, quien ya adelantó a fines del 2024 que la vetará en caso de que sea sancionada. El año pasado el tema comenzó en la Cámara baja, pero no prosperó y el referente libertario consideró que se trata de un intento de “cambiar las reglas del juego”.

En una seguidilla de plenarios convocados para este miércoles 1ro. de octubre, la oposición en el Senado buscará avanzar con dictámenes de convocatorias de interpelación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios, por diversos temas que incomodan al Gobierno.

Luego que por un emplazamiento de comisiones en la Cámara de Diputados se avanzara con un dictamen de solicitud de interpelación a Karina y al ministro de Salud, Mario Lugones, por el caso ANDIS, los senadores harán lo propio sobre diversos expedientes que se acumularon en los últimos meses.

La primera reunión será a las 11, entre Asuntos Constitucionales y Salud, presidas por Alejandra Vigo (PU) y Lucía Corpacci (UP), respectivamente. Allí se tratarán las iniciativas que tienen que ver con reclamar la interpelación a Lugones por temas como fentanilo contaminado, conflicto en el Garrahan y prevención del dengue.

Para las 11.45, a ambas comisiones se sumará la de Población y Desarrollo Humano, donde tenía giro un proyecto que probablemente no prospere: la interpelación a Diego Spagnuolo, quien ya no está al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad. El proyecto había sido impulsado por el senador Marcelo Lewandowski (UP) en relación a la baja de pensiones por invalidez.

A las 12.15, Asuntos Constitucionales y Población y Desarrollo Humano tratarán sí interpelaciones ya relacionadas con el escándalo de los audios atribuidos a Spagnuolo, por los que ya hay una causa judicial que investiga presunta corrupción en la compra de medicamentos en la ANDIS, a través de contratos millonarios con la droguería Suizo Argentina.

Además de la hermana del presidente -mencionada como presunta beneficiaria de retornos de "un 3%" en los audios que fueron considerados como "falsos" y "mentirosos" por el Gobierno-, también se exigen las explicaciones de Guillermo Francos, jefe de Gabinete.

Finalmente, a las 13, en un plenario de Asuntos Constitucionales y Economía Nacional e Inversión, a cargo ésta última de Pablo Blanco (UCR), se abordarán pedidos de interpelación a Karina Milei por el caso $LIBRA.

En abril pasado, en la Cámara de Diputados se aprobaron cuatro interpelaciones por el escándalo de la criptomoneda promocionada en febrero por el presidente Javier Milei, y que también investiga la justicia tanto en el ámbito nacional como internacional. No obstante, "el jefe" había quedado fuera del listado aquella vez. Incluso, de los cuatro convocados, solo asistió Francos al recinto.

Aunque su secretaría tiene rango ministerial, desde el Poder Ejecutivo rechazan que a Karina se la cite en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, el que reza: "Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes".

Tal como se emplazó en el recinto de la Cámara baja la semana pasada, la Comisión de Acción Social y Salud Pública junto a Asuntos Constitucionales pasaron a la firma el dictamen del proyecto de resolución para interpelar a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, por los presuntos pagos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad mencionados por Diego Spagnuolo.

El despacho de mayoría logró 41 rúbricas a favor de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda y Marcela Pagano del bloque Coherencia. Mientras que por el rechazo firmaron 12 legisladores, incluidos los integrantes de La Libertad Avanza.

De esta manera, los proyectos de resolución que buscan la interpelación a la secretaria general de Presidencia de la Nación y al ministro de Salud quedaron en condiciones de ser tratados en el recinto de la Cámara de Diputados. Según supo Parlamentario.com, la fecha para la interpelación será consensuada cuando este texto sea abordado por el pleno en una sesión especial. Existen chances de que haya una convocatoria para los primeros días de octubre.

A mediados de agosto se difundieron una serie de audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que vinculaba a la secretaria general de Presidencia de la Nación con presuntos pagos irregulares para el acceso a licitación de medicamentos e insumos en la Agencia. El 21 de agosto el Poder Ejecutivo resolvió la remoción del cargo del mencionado exfuncionario, pero a la semana siguiente la justicia determinó una serie de allanamientos por lo sucedido.

El plenario

Al inicio del plenario, el presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin, señaló que las interpelaciones buscan “explicaciones y respuestas de los audios filtrados sobre presuntos pagos ilegales”. Luego, cuestionó que “los informes escritos han quedado siempre sin respuesta”, y cargó que “la causa ha avanzado y hoy no hay secreto de sumario porque ha habido declaraciones de personas que han dado fe que los audios son verdaderos”.

Autora de uno de los proyectos de ley en cuestión, la diputada nacional Sabrina Selva de Unión por la Patria afirmó que “los audios de Spagnuolo involucrarían a demás funcionarios”, y habló de lo sucedido este lunes con el decreto 685/2025: “Ayer nos enteramos que el Poder Ejecutivo Nacional, en cabeza del presidente Javier Milei, decidió promulgar Ley de Emergencia en Discapacidad, pero suspender su aplicación”. “Esto es de una gravedad institucional sin precedentes y es totalmente inconstitucional”.

Luego, pidió por el tratamiento de los textos para la reforma de la ANDIS, se refirió a los audios con voz de Diego Spagnuolo -exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad- y agregó que “fue el único funcionario removido tras la filtración de estos audios, pero fue denunciado por los hermanos Milei”. Acto seguido leyó textualmente los audios en cuestión.

Sobre la posición a esgrimir del oficialismo respecto a la imposibilidad de convocar a Karina Milei por no tener rango de ministra, Selva explicó que “el artículo 204 del reglamento de la Cámara de Diputados habilita, en uso del articulo 71 de la Constitución Nacional y la citación a un ministros, se pueda citar a los secretarios que consideremos tengan la responsabilidad de dar explicaciones”, y advirtió que “nadie duda que la secretaria general de la Presidencia tiene jerarquía de ministra”.

Uno de los integrantes del Frente de Izquierda, el diputado nacional Christian Castillo se manifestó sobre la posibilidad de que los funcionarios citados opten por ausentarse nuevamente: “Esto no es verdaderamente democrático, se llama democracia, pero no lo es”, y añadió: “Lucho por una democracia de los trabajadores y no que haya mecanismos donde los funcionarios puedan evadir rendir cuentas”.

En representación de Encuentro Federal, la diputada nacional Margarita Stolbizer señaló que “el oficialismo debería desdramatizar un pedido de interpelaciones”, y aseveró que hay “hechos que comprometen al más alto nivel de este gobierno vinculados a corrupción”. “No escondan la basura debajo de la alfombra, vengan a dar la cara”, enfatizó.

Exintengrante de La Libertad Avanza, hoy en el bloque Coherencia, la diputada nacional Marcela Pagano pidió “sostener la independencia del Congreso”, y anticipó que desde su bancada “por supuesto vamos a acompañar la citación de la secretaria general de Presidencia”. “Vamos a apoyar, vamos a acompañar y que en el recinto se puedan acelerar las respuestas”, concluyó.

Por último, la diputada neuquina Nadia Márquez inició su intervención al decir que “no podemos dejar de decir que todo esto se usa con fines políticos”. Y cerró: “En los gobiernos kirchneristas hubo más de 6000 pedidos de interpelación y ninguno fue respondido”.

Durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, que fueron emplazadas en la última sesión, miembros de la oposición ratificaron su posición a favor del proyecto con media sanción del Senado que prevé la reforma de la Ley de DNU (N°26.122), con el fin de limitar su uso abusivo por parte del presidente Javier Milei.

En el encuentro que se llevó a cabo este martes -la firma de los despachos será dentro de una semana- aliados de La Libertad Avanza rechazaron una modificación de este tipo ante un Gobierno con significativas minorías parlamentarias. Por su parte, ningún integrante del oficialismo se refirió al tema, cuestión que pone en alerta al Poder Ejecutivo y buscará frenar con ayuda de los gobernadores. En el Senado, la media sanción salió con más de dos tercios de los votos.

En el arranque de la discusión, la diputada de Unión por la Patria Mónica Litza recordó que el año pasado se alcanzó en la Cámara baja un dictamen que finalmente no llegó al recinto y, por eso, "es muy bueno que el Senado lo haya podido hacer; es una media sanción que va absolutamente en línea con lo que habíamos dictaminado".

Sobre la norma, la massista señaló que "lo que debía ser un excepción y un control del presidencialismo se ha convertido lamentablemente en la regla, sobre todo para este Gobierno". "Hay una desproporcionalidad entre el procedimiento de creación de leyes y los DNU", dijo e insistió que "debemos hacer todo lo posible para lograr la modificación de este instrumento mal usado por el Gobierno".

Para la legisladora de UP, esta reforma hará "fortalecer la división de poderes y el sistema democrático". "Tomar decisiones en forma unipersonal, dejando de lado lo colectivo, a corto o mediano plazo trae más complicaciones", advirtió.

Mónica Litza

A continuación, el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo manifestó: "Nosotros cuestionamos fuertemente esos atributos de monarca sin corona que tiene hoy el Poder Ejecutivo". Sobre la gestión de Milei, sostuvo que "ha hecho no uso y abuso de un DNU, sino una suerte de reforma constitucional de hecho" con el DNU 70/23 "pero que, sin embargo, raramente está en vigencia". Sobre ese mega decreto que inauguró la administración libertaria y fue rechazo únicamente por el Senado, aseveró que "tiene que ser tratado inmediatamente".

Presidenta de la Comisión de Peticiones, la macrista Silvia Lospennato celebró que "el sector político que impulsó esta ley admita que es inconstitucional, porque nuestro espacio político, el Pro, viene sosteniendo que es inconstitucional desde el primer día". "Cuando algunos están en el gobierno promueven normas que los favorecen y cuando están en la oposición la quieren cambiar", cuestionó.

Remarcó que a lo largo de estos años, desde el bloque amarillo se presentaron una docena de proyectos -uno incluso de Patricia Bullrich-, y que todos ellos "consideran que no puede haber sanción ficta". En el cierre de una extensa intervención, la legisladora que protagonizó una fuerte pelea con Cristian Ritondo dentro del recinto en la última sesión expresó: "Sin comprarme el republicanismo repentino de los que usaron y abusaron de esta ley durante tantos años; sin comprarme la hipocresía de los que dicen una cosa y cambian de opinión cuando nos les conviene la norma, yo quiero ser coherente con lo que mi partido a lo largo de 20 años ha sostenido en este Congreso".

Además de un cruce que tuvo con Litza, la diputada de Democracia para Siempre Carla Carrizo salió a responderle a Lospennato: "Me parece grave decir que la ley es inconstitucional, hay sí un debate constitucional, pero no hay un fallo de la Corte Suprema que diga que es inconstitucional". Y recordó que "pasaron seis gobiernos y todos los presidentes la utilizaron". "No se puede dejar instalado eso porque no es correcto legalmente", agregó.

A su turno, el jefe del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, dijo que compartía "todos los argumentos críticos" hacia la ley y opinó que "es una insensatez que un decreto tenga una exigencia parlamentaria menor que una ley".

Según cifras aportadas por el cordobés, "(Carlos) Menem dictó aproximadamente 195 DNU, (Fernando) De la Rúa unos 70, (Eduardo) Duhalde unos 150, Néstor (Kirchner) fue el campeón con unos 250, Cristina (Fernández de Kirchner) a pesar de todos sus años (en la presidencia) fue una de las que menos lo usó, con 80; Mauricio Macri unos 70, Alberto Fernández unos 150 y Javier Milei lleva cerca de 70". Pero, al comparar las composiciones parlamentarias que cada gobierno tuvo, apuntó que el actual "no dispone de mayorías ni en la Cámara de Senadores ni de Diputados".

En su intervención, el radical aseguró: "Creo, desde el punto de vista jurídico, que aplicar un estándar de exigencia constitucional, o legal, o de rigurosidad legal, de una forma tan selectiva a un espacio político que carece de fortalezas políticas en Diputados y en Senadores, y que tiene una incoherencia, ya no con la trayectoria, sino con los contextos políticos e institucionales que tuvieron otros presidentes, es ante todo una postura antijurídica".

"En términos políticos, un accionar de estas características, con esta inequidad en su aplicación, es cuanto menos una acción que tiene por lo menos aspectos desestabilizadores, por un lado. Y por otro, paradójicamente, incluso a quienes son más opositores a este Gobierno, creo que sigue abonando al Gobierno la posibilidad de utilizar estos argumentos como excusa o chivo expiatorio para no hacerse cargo de los propios errores que va cometiendo", añadió.

Rodrigo de Loredo

Aliado de LLA, el catamarqueño de Liga del Interior Francisco Monti sostuvo que había habido durante la jornada “mucha argumentación de contexto político, y escasos planteos de orden constitucional”. Reconoció abrazar “una doctrina minoritaria” respecto de la constitucionalidad de los DNU y, en ese sentido, indicó que si bien los decretos de necesidad y urgencia no son leyes, tienen idénticos efectos que las leyes, “surten efectos similares a los de las leyes y mal puede interpretarse que el Congreso por inacción pueda producir efectos jurídicos derogatorios por el mero paso del tiempo”, en referencia a una de las modificaciones que se plantean.

Desde Democracia para Siempre, el diputado Fernando Carbajal afirmó que disentía con su compañera de bloque Carla Carrizo y sí coincidía con Lospennato en que la Ley 26.122 "es inconstitucional" porque "no hay dudas para el constitucionalismo que el procedimiento adoptado quiebra las bases y el espíritu" de la Constitución.

"El 80% o 90% de los DNU dictados por todos los presidentes no satisfacen el requisito de urgencia", resaltó y diferenció que sí estuvieron bien justificados los primeros dictados por Alberto Fernández al comienzo de la pandemia. No obstante, "todos los gobiernos han naufragado en la ilegalidad y el abuso", observó.

Nuevamente hablándole a Lospennato, el formoseño manifestó: "Yo tampoco me compro la vocación republicana de los compañeros del justicialismo, pero no importa, porque estoy convencido que estos límites son necesarios".

Desde el Pro, pero más precisamente bajo el ala de Patricia Bullrich, la diputada Silvana Giudici rechazó la reforma. "A los diputados que hablan de mantener la coherencia y alguno por ahí que hablaba del velo… hay que aclarar que aquí no hay que tener ninguna duda y hay que entender los contextos: si a un gobierno que tenía la suma del poder público se le otorgó la ley que reglamenta los DNU (por los Kirchner), no se modificó en su momento ni la aprobación ficta, ni las facultades delegadas, siguieron legislando con superpoderes y emergencia permanente, llega un gobierno distinto, sin estructura política, casi sin partido político, sostenido por un conjunto de diputados del presidente que hoy gobierna, y algunos que tenemos una alianza electoral en los principales distritos, y entonces sí se acuerdan de derogar los DNU, las facultades delegadas, quiero decirles que el rol del Congreso está perfectamente ejecutado en este período”.

Sobre eso, apuntó que “somos parte de una cámara que ya ha rechazado 5 DNU de este Gobierno y ha ratificado una insistencia, derogando y rechazando dos vetos del presidente en ejercicio”. “Vos no podes analizar una modificación en un contexto donde la mayoría abrumadora está haciendo cumplir el rol original de este Congreso, que es el de control de los actos de gobierno. ¿Dónde está la urgencia de modificar la Ley de DNU que se negó tantas veces? Desde el Pro sostenemos que para esto no nos cuenten”, sentenció.

En el cierre, el jefe de UP, Germán Martínez, mencionó a los senadores de la UCR y el Pro que votaron a favor del proyecto. "¿Todos estos son golpistas? Porque todos votaron esta media sanción. O no se comunican entre ustedes, o se arrepienten, o juegan a dos puntas...en el Senado de la Nación avanzan y acá quieren demorar", remarcó. Y pidió "no buscar excusas para no avanzar". "Cuando se analiza la historia nunca hubo un DNU como el DNU 70 y tantas materias afectadas por un decreto de necesidad y urgencia como por ese", completó.

La media sanción del Senado propone que los DNU deban versar sobre una única materia y que podrán ser tratados de inmediato aún en receso parlamentario. Uno de los cambios centrales es que serán aprobados con el voto de ambas cámaras, mientras que el rechazo de una bastará para que queden sin efecto (hoy es al revés). También podrán caer si no se tratan dentro de un plazo de 90 días.

Después de varios pedidos de la presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento para armar un plenario con Asuntos Constitucionales a fin de debatir la creación de una comisión investigadora sobre las muertes por fentanilo contaminado, finalmente Nicolás Mayoraz atendió el reclamo y convocó para hacer una reunión conjunta el miércoles próximo a las 14.

Cabe tener en cuenta que para cuando la reunión apareció el viernes pasado en la agenda de esta semana ya se sabía que la oposición pediría una sesión especial para este miércoles y que incluiría en la misma un emplazamiento al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales para llamar a sesionar y dictaminar.

La sesión se pidió el viernes y se oficializó este lunes, pero el plenario del miércoles a las 14, en la Sala 1 del Anexo de Diputados se mantiene. Aunque obviamente se levantará una vez que la sesión del miércoles tenga quórum -de lo que nadie duda-, o quizá antes.

Los propios legisladores de la oposición prefieren a estas alturas ir por el emplazamiento, que votarán durante la sesión, ya que el mismo establece fecha para el plenario, pero también para dictaminar, cosa que un plenario sin presión no lo hubiera establecido.

En definitiva, todo indica que terminará prevaleciendo este miércoles el emplazamiento al presidente de Asuntos Constitucionales para reunir un plenario con Peticiones, a los efectos de tratar los distintos proyectos que prevén la creación de una comisión investigadora sobre la tragedia sanitaria que registra alrededor de un centenar de muertos. Peticiones, Poderes y Reglamento, la comisión que preside Silvia Lospennato, se reunió ya en dos oportunidades para avanzar con este tema.

La primera de las iniciativas presentadas en mayo pasado fue de Silvana Giudici, bullrichista aliada de La Libertad Avanza. Cuando el proyecto se presentó no contaba con giro a Asuntos Constitucionales, pero por decisión de Martín Menem, presidente de la Cámara baja, se amplió y se le asignó la primera competencia. Es decir, dejó en manos del oficialismo la cabecera.

La ampliación del giro también fue para el proyecto de Jorge Araujo Hernández (Unión por la Patria), quien plantea una subcomisión dentro de la Comisión de Acción Social y Salud Pública; y para el de Pablo Juliano (Democracia para Siempre), que coincide en algunos aspectos con el de Giudici.

Más tarde se sumaron iniciativas de Christian Castillo (Frente de Izquierda) y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), quien propone una bicameral.

“Hoy no vamos a poder emitir dictamen, pero sí vamos a agotar el análisis de este tema y elevar un informe. Luego dependerá de la Comisión de Asuntos Constitucionales convocar para dictaminar", dijo Lospennato en la última reunión de Peticiones.

Tras el reclamo de familiares de víctimas del fentanilo contaminado, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el oficialista Nicolás Mayoraz, convocó a un plenario junto a Peticiones, Poderes y Reglamento para este miércoles a las 14 en la Sala 1 del Anexo.

Los distintos proyectos que prevén la creación de una comisión investigadora sobre la tragedia sanitaria que registra casi un centenar de muertos fueron tratados anteriormente en dos reuniones de la Comisión de Peticiones, a cargo de la macrista Silvia Lospennato.

La primera de las iniciativas presentadas en mayo pasado fue de Silvana Giudici, bullrichista aliada de La Libertad Avanza. Cuando el proyecto se presentó no contaba con giro a Asuntos Constitucionales, pero por decisión de Martín Menem, presidente de la Cámara baja, se amplió y se le asignó la primera competencia. Es decir, dejó en manos del oficialismo la cabecera.

La ampliación del giro también fue para el proyecto de Jorge Araujo Hernández (Unión por la Patria), quien plantea una subcomisión dentro de la Comisión de Acción Social y Salud Pública; y para el de Pablo Juliano (Democracia para Siempre), que coincide en algunos aspectos con el de Giudici.

Más tarde se sumaron iniciativas de Christian Castillo (Frente de Izquierda) y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), quien propone una bicameral.

“Hoy no vamos a poder emitir dictamen, pero sí vamos a agotar el análisis de este tema y elevar un informe. Luego dependerá de la Comisión de Asuntos Constitucionales convocar para dictaminar", dijo Lospennato en la última reunión de Peticiones.

Entre los temas que la oposición barajó incluir en un temario de sesión para este miércoles 17 se encontraba el del fentanilo contaminado, con la intención de emplazar a Asuntos Constitucionales. Ahora, se llamó a un plenario para día y horario en el que podría haber sesión.

Familiares de víctimas del fentanilo contaminado le reclamaron este lunes al diputado oficialista, Nicolás Mayoraz, que convoque a la comisión que preside, la de Asuntos Constitucionales, a fin de que en un plenario junto a Peticiones, Poderes y Reglamento pueda dictaminar un proyecto para crear una comisión investigadora del caso.

Tras dos reuniones informativas de la Comisión de Peticiones, a cargo de la macrista Silvia Lospennato, los familiares pidieron no dilatar más el trámite parlamentario.

"Nos dirigimos a usted en representación de las familias víctimas del fentanilo adulterado, con el propósito de solicitar su intervención para agilizar la convocatoria al plenario conjunto de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que usted preside, y la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, para avanzar con el dictamen de creación de la Comisión Investigadora del fentanilo adulterado", arranca la misiva.

En la misma recordaron que "el proyecto fue derivado tanto a la Comisión de Asuntos Constitucionales como a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Se esperaba que la presidencia de la Cámara autorizara el cambio de giro para devolver la cabecera del proyecto a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, pero hasta la fecha se han presentado interferencias que han dificultado este camino".

Los familiares destacaron que Lospennato "convocó a una primera reunión de esta Comisión ante la urgencia del tema; allí planteó que iba a hablar con usted para realizar un plenario conjunto de ambas comisiones para poder dictaminar, ya que pese al reclamo y a la solicitud de que la cabecera volviera a la comisión, esto no había ocurrido". "Sin embargo, usted no convocó y la reunión del pasado 4 de septiembre fue solo de la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento, con lo cual no pudo lograrse dictamen para llevar prontamente al recinto", señalaron.

"Dado que la ausencia de convocatoria de la Comisión que usted preside retrasa la creación de la Comisión Investigadora al menos 20 días, y considerando que el proyecto corre el riesgo de diluirse en diciembre con el cambio de composición en la Cámara, solicitamos su colaboración urgente para: convocar a plenario de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento a la brevedad", pidieron.

También le solicitaron "garantizar que en ese plenario se pueda dictaminar la aprobación de la Comisión Investigadora sobre el fentanilo adulterado" y "asegurar que la convocatoria se realice la semana siguiente, evitando demoras que puedan afectar la investigación y justicia para las familias afectadas".

"Confiamos en su compromiso con la transparencia, la justicia y la protección de la sociedad frente a la tragedia del fentanilo adulterado, y le agradecemos de antemano su colaboración para avanzar de manera urgente en este asunto de máxima prioridad", concluyeron.

La reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado pasó un tanto desapercibida mientras en la Cámara de Diputados, el pasado miércoles 20 de agosto, se trataba un amplio temario. Pero lo resuelto después de ese encuentro genera otra propuesta que pone en alerta al Gobierno: la reforma de la Ley de DNU.

Distintos bloques de la oposición se pusieron de acuerdo y avanzaron con un proyecto unificado, cuya letra se conoció después de la sesión que hubo el jueves 21 en la Cámara alta, donde el oficialismo se anotó una nueva seguidilla de derrotas parlamentarias.

El tema intentó tratarse el año pasado en la Cámara de Diputados, cuando se emplazó a comisiones para dictaminar, pero nunca logró llevarse al recinto. Incluso por esos días, en octubre de 2024, el presidente Javier Milei salió a rechazar la idea y no dudó en decir que si fuera ley la vetaría, porque pese a no tratarse de una norma con costo fiscal, la considera "un golpe de Estado".

Ahora, la iniciativa por reformar la ley de la que fuera impulsora -cuando fue senadora- la expresidenta Cristina Kirchner viene con chances en el Senado y pronto podría debatirse en el recinto.

La transversalidad para avanzar en una modificación de la Ley 26.122, con el objetivo de limitar el uso que hace el Poder Ejecutivo de la herramienta de los decretos, se vio plasmada en las firmas que recogió el dictamen: Alejandra Vigo y Juan Carlos Romero, de Provincias Unidas; la larretista Guadalupe Tagliaferri; los radicales Eduardo Vischi, Flavio Fama y Pablo Blanco; la rionegrina Mónica Silva; y José Neder, Mariano Recalde, Florencia López, Silvia Sapag y Daniel Bensusán, todos de Unión por la Patria.

De acuerdo al despacho, uno de los cambios incorpora el artículo 1 bis a la Ley 26.122, de modo de establecer que los decretos de necesidad y urgencia, los delegados y los de promulgación parcial de leyes "deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso de la Nación".

"Si la situación invocada requiriera el dictado de normas en más de una materia, cada una de ellas deberá ser objeto de un decreto individual", agrega, con el fin de evitar los "mega" decretos, como fue el DNU 70/2023, con el cual Milei inauguró su gestión.

Otra de las reformas es la incorporación del artículo 21 bis, que indica que "ambas Cámaras podrán abocarse aun durante el período de receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de los decretos".

Una de las cuestiones centrales es la modificación del artículo 22, el cual se refiere al aval de los decretos por parte del Congreso. Los mismos se considerarán aprobados "cuando así lo dispongan expresamente ambas Cámaras por la mayoría absoluta de los presentes, en un plazo de noventa 90 días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial". Actualmente, con el voto a favor de una sola cámara basta para que un decreto se ratifique, mientras que para ser anulado debe ser rechazado en ambas.

El texto añade que una vez votado en una cámara, dentro de las 48 horas deberá comunicarse el pronunciamiento a la otra.

En cuanto al artículo 24, la nueva redacción indica que "el rechazo del decreto por una de las Cámaras del Congreso de la Nación, o el vencimiento del plazo previsto en el artículo 22°, implicará su derogación", esto "quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia".

Además, "rechazado un decreto de necesidad y urgencia, o de delegación legislativa, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la senadora Alejandra Vigo (Unidad Federal) analizó este miércoles por la tarde seis proyectos que buscan modificar la Ley 26.122 que regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), los decretos de delegación legislativa y los de promulgación parcial de leyes que dicta el Poder Ejecutivo.

El temario incluyó las iniciativas presentadas por los legisladores: Pablo Blanco (UCR), Martín Lousteau (UCR), Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), Eduardo Vischi (UCR), Martín Doñate (Unidad Ciudadana) y Mariano Recalde (Frente Nacional y Popular), y Fernando Salino (Convicción Federal).

La senadora Vigo, en el inicio de la reunión, manifestó que "la intención es debatir sobre un tema que ha sido recurrente y es de interés de muchos de los senadores". Asimismo, les recordó que "los DNU son instrumentos de excepción, contravienen con la idea de separación de poderes y de funciones; y estos proyectos, presentados hoy, expresan la necesidad del ordenamiento en el manejo de este trámite".

Por su parte, el jefe del bloque UCR, Eduardo Vischi, sostuvo que la facultad que contiene un decreto no puede ser usada como "un abuso de poder por parte de los distintos Poderes Ejecutivos" y le pareció relevante poder abordar y debatir "una reglamentación que nos permita estar más ajustado a derecho a lo que la prerrogativa constitucional nos habilita".

También, expresó la intención de unificar los proyectos para poder dictaminar y así "mantener la división de poderes y que cada uno mantenga las facultades que le correspondan".

En coincidencia con la importancia de este debate y el arribo a un único dictamen para poder tratarlo en el pleno de una sesión a la brevedad, la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) también recordó que con la actual ley, "hecha en el kirchnerismo en su momento, hoy es más fácil tener un decreto que una ley". También destacó el acuerdo existente en "el espíritu de la modificación que se le quiere hacer a la Ley salvo algunas diferencias respecto de los tiempos y formas de rechazo".

En sintonía con lo anteriormente mencionado, el senador Pablo Blanco, autor de una de las iniciativas presentadas, coincidió en la importancia de llevar al recinto un dictamen porque así, "se está pisoteando lo que dice la Constitución Nacional".

La senadora Florencia López (Frente Nacional y Popular) puso en relieve dos temas en los que la Comisión debe discutir para lograr un consenso que tienen ver con "especificar que necesitamos para que un DNU o las facultades delegadas sean rechazadas y el otro es el vacío legal que tiene el silencio por parte del Poder legislativo, o sea cuando el Congreso no se expide que eso no signifique la validez de un DNU".

"Creo que el espíritu de la Ley debe ser la no destrucción del instrumento ni actuar por conveniencia ya que nació para favorecer la emisión de decretos, no para regularlos" sostuvo el senador salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal).

Luego, el senador libertario Juan Carlos Pagotto propuso que "al tratarse de un asunto de extrema delicadeza por la gran cantidad de DNU que hay de todos los signos políticos propongo que citemos a cuatro constitucionalistas en una sola reunión la semana que viene".

Para finalizar la reunión de comisión, se acordó que la presidencia elabore un proyecto definitivo y unificado para arribar a un único dictamen que, una vez consensuado entre los integrantes, pueda ser firmado y elevado a su tratamiento en el recinto.

Volvió a convocarse en el Senado un nuevo plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales para continuar con el debate sobre la ampliación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. La reunión está prevista para este miércoles a las 11 en el Salón Illia.

En una nueva ronda con especialistas, fueron invitados: María Eugenia Chapero, jueza de Cámara de la provincia de Santa Fe y presidenta de Red Mujeres para la Justicia; Eleonora Peliza, jueza del Tribunal de Trabajo N° 6 del departamento judicial de Avellaneda-Lanús; Antonio María Hernández, abogado constitucionalista; Alberto Spota, abogado constitucionalista; y Martha Altabe, jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral de la provincia de Corrientes.

Luego que -en un hecho histórico- la Cámara alta rechazara este año los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir las actuales vacantes en el máximo tribunal, el debate de los proyectos al respecto se inició a finales de mayo.

Más adelante, hubo otros dos plenarios, el 25 de junio y el 5 de agosto. En en el último encuentro se sumó al conjunto de iniciativas una presentada por la kirchnerista Juliana Di Tullio, que promueve que el máximo tribunal pase de 5 a 9 miembros.

Los proyectos sobre la mesa son de autoría de Silvia Sapag (UP), Nora del Valle Giménez (UP), Flavio Fama (UCR), Juan Carlos Romero (LPU), Alejandra Vigo (LPU), Lucila Crexell (LPU), Mónica Silva (JSRN), Edith Terenzi (LPU) y Juliana Di Tullio (UP).

Precisamente, el proyecto de Di Tullio, jefa del bloque Unidad Ciudadana, se presentó posteriormente a la condena de la Corte contra la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Antes de esto, el kirchnerismo había deslizado que aceptaría el número de 7, propuesto por el salteño Romero, ubicado en las antípodas del kirchnerismo. Ahora, finalmente pujan por 9.

Sin embargo, desde La Libertad Avanza no se manifestó ninguna postura y, hasta el momento, tampoco asistió ningún funcionario o voz oficial.

Por otra parte, a las 15, la Comisión de Asuntos Constitucionales en soledad tratará un conjunto de proyectos que buscan modificar la Ley 26.122, que es la que regula el trámite parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia, delegados y de promulgación parcial del Poder Ejecutivo.

El temario incluye proyectos presentados por Pablo Blanco (UCR), Martín Lousteau (UCR), Lucila Crexell (LPU), Eduardo Vischi (UCR), Martín Doñate y Mariano Recalde (UP), y Fernando Salino (UP).

El año pasado, la oposición en la Cámara de Diputados avanzó con un dictamen para modificar esta norma y limitar el uso de esta herramienta por parte del presidente. Sin embargo, nunca pudo ser llevado al recinto.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado retomará, tras el receso invernal, el debate en torno a los proyectos que proponen una ampliación de la Corte Suprema de Justicia, integrada hoy por 3 de sus 5 miembros.

La reunión fue convocada para el próximo martes 5 de agosto, a las 14.30, en el Salón Illia. Allí fueron invitados como expositores Aída Tarditti, jueza del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba; Marcelo López Mesa, académico de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires; y Diego Hernán Armesto, abogado constitucionalista.

El debate por la ampliación de la Corte, que cuenta con un antecedente reciente de 2022, con una media sanción del Senado impulsada por el entonces Frente de Todos, comenzó a finales de mayo pasado, luego del histórico rechazo a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

La senadora cordobesa Alejandra Vigo, presidenta de Asuntos Constitucionales, aseguró en la primera reunión que se buscaría escuchar a "todas las voces" y el debate llevaría "el tiempo que haga falta" para lograr consensos.

Días después de ese primer plenario, la Corte ratificó la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Dos semanas después, a finales de junio, en el segundo encuentro por este tema, el senador kirchnerista Oscar Parrilli cuestionó la "imparcialidad" de los magistrados que juzgaron a CFK.

En ese plenario asistieron especialistas, entre ellos el jurista Ricardo Gil Lavedra, quien consideró inoportuno ampliar el máximo tribunal; y el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien se mostró a favor de ampliarla, pero opinó que debía ser en el marco de una discusión más integral.

Sobre la mesa hay una decena de proyectos que buscan aumentar el número de cortesanos en 7, 9 y hasta 15. Además, se plantea establecer el cupo/la paridad de género y la representación federal.

Las iniciativas corresponden a Silvia Sapag (UP), Nora del Valle Giménez (UP), Flavio Fama (UCR), Juan Carlos Romero (LPU), Alejandra Vigo (LPU), Lucila Crexell (LPU), Mónica Silva (JSRN), Edith Terenzi (LPU) y Juliana Di Tullio (UP).

Precisamente, el proyecto de Di Tullio, jefa del bloque Unidad Ciudadana, fue el último en sumarse, posteriormente a la condena de la expresidenta.

El día que se conoció el fallo del máximo tribunal, desde la sede del PJ Nacional, Di Tullio y José Mayans -jefe del interbloque Unión por la Patria- revelaron que por mandato de la expresidenta avanzarían desde el Senado con la agenda social y también por la ampliación de la Corte a 7 miembros. Llamó la atención el número, misma cantidad propuesta por el senador salteño Juan Carlos Romero, férreo antikirchnerista.

Sin embargo, el 23 de junio pasado, Di Tullio ingresó un proyecto que plantea llevar a 9 miembros la composición de la Corte, la cual "deberá reflejar en su integración las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal".

Además, "a efectos de asegurar la diversidad de género", el máximo tribunal no podrá integrarse por más de cinco jueces del mismo género.

De acuerdo a la Constitución, la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia requiere del voto positivo de dos tercios de los presentes del Senado, un trámite que con la composición actual es imposible llevar adelante sin un acuerdo del oficialismo con Unión por la Patria.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado retomó este martes el debate sobre la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, un tema que marcha a fuego muy lento y sin impulso por parte del oficialismo, sino de un sector de la oposición dialoguista.

Por su parte, luego del fallo del máximo tribunal contra la expresidenta Cristina Kirchner, desde Unión por la Patria afirmaron estar de acuerdo en llevar la integración de cinco a siete miembros, con paridad de género y representación federal. El número no es un dato menor: esa cantidad propone el salteño Juan Carlos Romero, acérrimo anti-K y aliado del Gobierno.

Al encuentro de este martes asistieron reconocidos especialistas, pero, al momento de las preguntas, la reunión se cortó abruptamente y el kirchnerismo -que había estado presente, a diferencia de otras reuniones- quedó sin explayarse en críticas a la Corte.

El que llegó a preguntar antes que el encuentro se diera por finalizado, porque el Salón Illia debía usarse para otra comisión, fue Oscar Parrilli. El senador cercano a CFK le preguntó a Ricardo Gil Lavedra, actualmente presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, sobre la “imparcialidad” y “apariencia de imparcialidad” que deben tener los jueces y si consideraba que la tuvieron los magistrados que condenaron a la exmandataria.

“Todos coincidimos en que necesitamos jueces independientes, imparciales y que tengan apariencia de imparciales”, expresó Parrilli para preguntarle al invitado si creía que hubo “imparcialidad razonable o apariencia de imparcialidad razonable, por ejemplo, en el juez Julián Ercolini”, el primero en juzgar la causa Vialidad, cuya esposa, María Julia Kenny, “trabajaba como asesora de prensa del ministro (Germán) Garavano” durante el gobierno de Cambiemos, cuando fue realizada la denuncia por Javier Iguacel.

Además, el legislador mencionó a “Rodrigo Giménez Uriburu, que fue juez y presidente del tribunal oral, y jugaba al fútbol en la quinta Los Abrojos con el expresidente Mauricio Macri”. También citó a “Diego Luciani, el fiscal estrella” y Jorge Gorini, juez del tribunal oral en primera instancia, que “tuvo 16 partidos de pádel con el presidente Macri en Olivos”.

“Gustavo Hornos tuvo siete reuniones con Macri antes de dictar los fallos contra Cristina Kirchner”, denunció y nombró al fiscal Sergio Mola, que “también jugaba al pádel en Olivos”.

Finalmente, Parrilli cuestionó el “fallo inédito en una semana” que mandó a prisión a CFK, firmado por los jueces de la Corte, de los cuales dos “fueron designados a dedo por Macri y aceptaron”, en alusión a cuando se los nombró por decreto a Horacio Rossatti y Carlos Rosenkrantz, más allá que después tuvieron acuerdo del Senado.

Antes que Gil Lavedra pudiera responder, el senador Juan Carlos Romero manifestó: “Aquí no hemos venido a hacer un tribunal para juzgar a la Corte o la Justicia”. Y consideró que los invitados tenían que estar “liberados de tener que hacer un juzgamiento de cuestiones cotidianas”.

“La idea que viene rondando hace tiempo es que cuando el fallo me gusta es justicia legítima y cuando no me gusta es lawfare”, se quejó y admitió que “la culpa lo tenemos los políticos, de haber politizado las decisiones judiciales y haber judicializado cuestiones políticas”.

Para el legislador, hay que “salir de esta encerrona que tenemos de que no hay diálogo político hace 20 años”. “La traba que tenemos es política, incrementar o no el número de la Corte es también una cuestión política que no resuelve los temas jurídicos, resuelve la integración”, agregó.

Al contestarle a Parrilli, el exministro de Justicia y Derechos Humanos sostuvo: “No voy a opinar de un caso concreto, yo respeto las decisiones judiciales, este es nuestro Estado de Derecho, sin perjuicio que cualquiera pueda criticar las decisiones judiciales, pero hay que respetarlas”.

Por su parte, consideró que “no es posible que no se haya sancionado hasta el presente un código de ética” que “recoja los Principios de Bangalore”. “El proceso de relegitimación de la justicia pasa también por parte de los comportamientos de los jueces; los jueces tienen que tener un comportamiento intachable, ser juez no es un privilegio, es una restricción”, afirmó y señaló que “muchas veces los jueces actúan corporativamente”, algo que observó desde el Consejo de la Magistratura.

Las exposiciones

Antes de las exposiciones de los invitados, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo, manifestó que “el Senado no está haciendo otra cosa que retomar un tema que hace varios años comenzó a trabajar. Estos últimos 10 años se convocó cuatro veces a las comisiones”.

La cordobesa abogó por “poder definir por consenso la integración de la Corte Suprema para los próximos 20 años”. “Estoy de acuerdo que pueda ampliarse la Corte, es una decisión política que debemos definir aquí”, ratificó y volvió a pedir que se garantice “la presencia de las mujeres en la integración”.

En su alocución, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró que más allá de la integración, se necesita una “ley orgánica” para la Corte. “Si se trata de forma aislada será un pequeño paso, pero no va a generar una reorganización eficaz de funcionamiento de la Corte”, sostuvo.

Por su parte, el jurista Ricardo Gil Lavedra afirmó: “Veo sumamente inconveniente en estos momentos modificar el número de los integrantes de la Corte Suprema”. “Argentina padece de una muy baja institucionalidad”, señaló y resaltó la “crisis de confianza que hay en la población respecto a la Justicia”.

La doctora María Esther Cafure de Battistelli, asesora y delegada de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina en Córdoba, expresó: “No es el número de miembros de la Corte lo que interesa, sino es cómo se llenan las vacantes existentes. En los proyectos se trata el problema del género, o sea, lo tienen presente como condición para ocupar las vacantes acordando a las mujeres un cupo para llenarlas. Este es el punto relevante”.

“Con la Ley de Cupo se estableció para los partidos políticos la selección de mujeres para ingresar a cargos legislativos. Era del 30%, no había fundamentación. Así llegamos en 2012 a la Ley de Paridad que fue un progreso, es la que tiene el Congreso. Es el aporte que la lucha de miles de mujeres nos ha traído como resultado; es una lucha lerda, estamos en 2025 y aún se discute la presencia femenina en un órgano de decisión importante como la Corte Suprema”, enfatizó.

La abogada planteó que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) hizo una serie de recomendaciones como el número 33 en 2015 del acceso y la incorporación de las mujeres a los órganos de decisión de la justicia. También la recomendación 40, que específicamente se refiere a la incorporación de la mujer en forma igualitaria en los órganos de decisión. “Estas recomendaciones son importantes para Argentina”, indicó y cerró: “¿Por qué no las mujeres en forma igualitaria en la justicia? ¿En la Corte Suprema? Si en todos los tribunales del interior hay mujeres. Hablar de cupo para la integración en el Poder Judicial es volver atrás, es en contra del espíritu de la Constitución”.

A su turno, Alberto García Lema, convencional constituyente, apoyó la sanción de una ley y recordó la reforma constitucional de 1994. "Estoy de acuerdo en que es un tema constitucional la participación de las señoras juezas en la Corte Suprema", expresó y coincidió en la importancia de incorporar una mirada federal porque “una Corte de 7 o 9 miembros puede tener una representación regional de las provincias que equilibre las diferentes necesidades el territorio”.

“Es muy importante que, a pesar de todas las dificultades que se presenten, el Senado haga todo lo posible para sancionar una ley en este ejercicio. Para que sea una pauta que quede resuelta y fundamental. Se necesita una reforma más integral de la Corte, es necesario, pero lo más necesario es poder complementar un número de miembros de la Corte”, cerró.

Por último, Liliana Piccinini, jueza del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, manifestó la necesidad de garantizar una verdadera equidad de género en la composición de los máximos órganos judiciales del país. "La paridad no debe entenderse como una concesión, sino como un derecho que consolida la calidad democrática", aseveró. Además, llamó a fortalecer una agenda de justicia con enfoque de género, tanto en la designación de jueces como en las políticas internas de los tribunales.

“Alguien dijo que la Corte de los nueve fue un desastre. Pero estamos hablando del número, no de la calidad. El número nos tendrá que ofrecer la posibilidad no solamente de la representatividad de los géneros de manera equitativa, sino la representación federal”, sumó la magistrada, quien cuestionó los tiempos que llevan algunas causas en el máximo tribunal del país y que no haya plazos para las resoluciones.

Aunque se anticipó como una reunión informativa, en la que efectivamente se escucharon a especialistas, en el arranque del encuentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados este miércoles, el oficialismo intentó empujar la firma de un dictamen para reformar la composición de la Auditoría General de la Nación y la duración de los mandatos de los auditores. Finalmente, no tuvo éxito.

El bloque de La Libertad Avanza podría haber contado con el apoyo de sus aliados del Pro, UCR e Innovación Federal, al igual que la CC en esta ocasión, pero lo cierto es que le faltaba una firma para poder habilitar un dictamen: requería 17. Además, fue clave la ausencia de los representantes de Encuentro Federal Juan Brügge y Margarita Stolbizer, y el rechazo desde el radicalismo díscolo.

El presidente de la comisión, el libertario Nicolás Mayoraz, explicitó en el comienzo “la intención de hacer un dictamen para modificar la Ley de Administración Financiera en lo que tiene que ver con la integración del colegio de auditores, la duración de sus mandatos y la forma de elección”, independientemente de que más adelante se avance con una reforma integral de la Ley 24.156.

Al cruce salió rápidamente el jefe del bloque Democracia para Siempre. “No había ninguna intención, por lo menos hasta esta mañana, de que se dictamine. Hay un infierno de proyectos presentados en distintos sentidos por distintas bancadas”, apuntó Pablo Juliano, que habló luego de Leopoldo Moreau, quien argumentó los motivos por los que Unión por la Patria se retiraría de la sala. El principal de ellos, el fallo de la Corte contra Cristina Kirchner.

El bonaerense reprochó que se buscaba “dictaminar sobre tres artículos que reducen la conversación a cargos” y exhibió el borrador que había circulado. De acuerdo con ese texto, al que accedió parlamentario.com, se propone pasar de un colegio de 7 auditores a 9, con un presidente -de la principal oposición, como establece la Constitución- y cuatro representantes por cada cámara del Congreso.

Actualmente, desde el año pasado están pendientes las tres designaciones por Diputados, mientras que las del Senado vencieron a fines de marzo pasado y tampoco se resolvieron.

Además, se busca acotar el mandato de los auditores de 8 a 4 años y se establece que deberán percibir una remuneración equivalente a la de un legislador nacional, aunque hoy día un senador gana el doble que un diputado.

Igualmente, con este cambio, el oficialismo mostró que modificó la propuesta que había planteado en su proyecto el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que pretendía quitarle una silla al Senado, desde donde destrozaron esa iniciativa.

“Qué mal gusto que tiene este debate. ¿Escondiendo las cartas en el propio Congreso de la Nación? Al otro día de que fue condenada una expresidenta de la Nación, justamente porque lo que tiene que funcionar son los órganos de control”, lanzó Juliano y le avisó a LLA que “no cuenten con Democracia para Siempre para esta conversación”.

El radical agregó: “Los que firmen esto son cómplices de que los organismos de control miren para el costado. Van camino a cometer otro fracaso, a meter la pata si el debate de un órgano de la Constitución Nacional está sesgado y reducido”. “Están buscando repartir cargos para garantizar impunidad”, denunció y rechazó que se estén “haciendo trampas entre bambalinas”. “Es una vergüenza lo que está pasando”, sumó.

Finalmente, tras la exposición de los especialistas, Mayoraz consideró que entre los proyectos “hay coincidencias importantes” y la idea es “trabajar sobre ejes temáticos” para “ver si podemos arribar a un dictamen común”. “Es difícil, pero hay que llegar a algo que se pueda discutir oportunamente”, completó.

Hacia el cierre, la diputada del Pro Silvana Giudici afirmó que “es necesario que podamos volver a convocar a la comisión para avanzar con este dictamen”. “Si uno lo toma a la ligera parecería que es solo una cuestión de cargos, pero para mí es una cuestión de destrabar una barrera”, opinó.

La bullrichista señaló que la elección de los auditores estaba planteada “para un sistema bipartidario” pero “ante la fragmentación política actual y las nuevas características del Congreso hace falta que lo adecuemos”. “Lo peor que podemos hacer es quedarnos inmóviles y quedarnos sin auditores”, completó.

En tanto, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, consideró que “la situación en la que estamos es crítica y los auditores de esta Cámara hace más de un año que no están nombrados; y todos los gobiernos necesitan auditorias, el que pasó, el actual y el que venga”.

Desde DpS, Carla Carrizo pidió que “no solamente se resuelva la integración”. “Es importante no solamente pensar en cómo se integran, sino cómo funcionan, porque no importan cuántos integrantes tengamos si los mecanismos de control funcionan mal”, sostuvo.

Por su parte, la libertaria Mercedes Llano mostró una disidencia con la propuesta: “Tenemos que darle una clara señal a la sociedad que hay una voluntad política de desterrar los privilegios y los abusos, por eso, en ese sentido, entendemos que este proyecto debería determinar con contundencia y nitidez cuál será la remuneración de los auditores”.

Otra de las que habló en el cierre fue la diputada macrista Silvia Lospennato, quien pidió que la comisión abra el debate sobre una modificación de la Ley de Ética Pública, tema que “está entre los compromisos que Argentina asumió con el FMI”; y también la eliminación de la figura del parlamentario del Mercosur para que se vuelva “a la elección indirecta”. “Es un gasto grande que pagan todos los contribuyentes argentinos para una función casi inexistente”, planteó.

Unión por la Patria no participó de la reunión

En el comienzo, los diputados de Unión por la Patria se sentaron en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja para retirarse inmediatamente después de la intervención de Leopoldo Moreau, el primero en hablar.

El radical K argumentó que no participarían de la reunión por el operativo de seguridad desmedido en los alrededores del Congreso, la detención del dirigente Juan Grabois el pasado sábado y, principalmente, el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a prisión de Cristina Kirchner.

“Desde nuestro espacio venimos advirtiendo que la Argentina sufre una peligrosísima escalada hacia el autoritarismo, cuyo objetivo es romper el pacto democrático que se fundó en 1983 y se fue consolidando con el paso del tiempo”, expresó el legislador, que observó que esto “alcanzó esta semana su punto más culminante”.

Moreau justificó que UP no participe “de estas comisiones ni de ningún tipo de actividad que signifique naturalizar esta situación que nos está poniendo al borde de un Gobierno que pretende ejercitar este autoritarismo sin límites”.

“Hoy el Congreso está virtualmente sitiado por fuerzas federales, sin ningún tipo de justificación, esto ya no se puede seguir naturalizando”, enfatizó y añadió: “El Estado de Derecho en Argentina está muriendo”.

La mirada de especialistas

Durante la reunión, expuso de manera virtual la exauditora Emilia Lerner. “Toda discusión sobre la AGN debe partir del principio de independencia de la autoridad superior y de los miembros, incluyendo la seguridad en el cargo y la inmunidad legal en el cumplimiento de sus obligaciones”, señaló.

“La Declaración de Lima dice que los organismos de control solo pueden cumplir eficazmente sus funciones si son independientes de la institución controlada y se encuentran protegidos contra influencias exteriores”, argumentó.

A su turno, la exdiputada Carla Pitiot agradeció a las legisladoras Mónica Litza (UP) y Margarita Stolbizer (EF) por retomar un proyecto de su autoría presentado en 2016.

La dirigente del Frente Renovador resaltó que “estamos ante una ventana de oportunidad después de tantos años, hay mucha expectativa por parte de los trabajadores de la AGN” y pidió “no quedarse a mitad de camino” en cuanto a modificar la normativa.

La directora del Observatorio de Control Público de la Fundación Éforo manifestó: “Hoy la AGN es un organismo virtualmente acéfalo, no tiene quórum para sesionar y los trabajadores del organismo no pueden desplegar el potencial de su trabajo. El proyecto no se queda solamente con regular la actuación de la AGN, sino que aborda la reglamentación de la actuación de todos los actores del sector de control externo”.

En ese sentido, Pitiot recalcó que “la reglamentación es imprescindible y completar la composición del colegio de auditores con el nombramiento de diputados y senadores es urgente para normal funcionamiento e institucionalidad del sistema de control”.

En tanto, Hugo Buisel Quintana, de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), habló en nombre “de los trabajadores del control, de la AGN y de todos los tribunales de cuentas”.

“Vine preocupado porque se va a sancionar una ley modificatoria del control en la República Argentina. Nunca hemos podido sentarnos a hablar en serio del rol de los organismos de control. La discusión que deberíamos dar es qué hacemos con el control y cómo hacemos para acercar a la gente a la política si no es a través de la transparencia”, sostuvo.

Sin quórum, y de manera muy breve, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado abrió la discusión sobre proyectos que buscan modificar la estructura de la Auditoría General de la Nación, organismo que actualmente cuenta solo con su presidente.

La reunión se dio sin presencia del oficialismo y muy escasa de Unión por la Patria, a diferencia del plenario anterior que había tenido más participación, cuando se comenzó con el debate sobre la ampliación de la Corte Suprema.

La presidenta de la comisión, la cordobesa Alejandra Vigo (LPU) se refirió a los tres proyectos en consideración, los cuales "tienen dos puntos generales que son el número de integrantes y la extensión de los mandatos" de los auditores.

Durante el inicio de las exposiciones, el senador salteño Juan Carlos Romero (LPU), quien propone que se modifique la duración de los mandatos de los auditores generales, afirmó que " es una falencia institucional muy grande tener una acefalía en la Auditoría, que es el órgano de control; y cualquier dilación hace pensar que no queremos que haya control y sí queremos que funcione”.

“Seis u ocho miembros no es un tema grave, se puede avanzar en cualquiera de las dos posibilidades”, dijo sobre la composición del organismo y señaló que “la ley original prevé la reelección indefinida, yo pondría en este caso una sola renovación, o sea, dos mandatos como máximo”.

Romero pidió que se avance en “borradores de dictamen que puedan trabajar los asesores” para “tratar de compatibilizar los proyectos que no son muchos”. “Acá no estamos esperando ni a la Cámara de Diputados ni al Poder Ejecutivo”, aclaró y calificó al proyecto de Martín Menem en la Cámara baja como “un proyecto para no decir absurdo, sino exótico”. “No sé cómo pensaron que ese proyecto podría pasar esta Cámara, tal vez sea una forma también de dilatar”, expresó sobre la iniciativa que propone cuatro auditores por Diputados y dos por el Senado, cuando actualmente son tres y tres.

Por su parte, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) aseguró: “Este es un tema que tiene que ser de gran preocupación de nosotros. La ciudadanía en su conjunto quiere saber cómo se gasta la plata pública y la Auditoría hace un gran trabajo en eso”. Y advirtió que, al no contar con su integración, “no vamos a tener los controles en tiempo y forma”.

En tanto, el fueguino Pablo Blanco (UCR) observó que ante una eventual media sanción votada por el Senado, la Cámara de Diputados podría no aprobarla “o venir un veto”. Acusó entonces que el oficialismo “está buscando tiempo” para “ver qué resulta en las elecciones” de octubre y si, con otra composición parlamentaria, “poder acomodar sus auditores”.

“Tenemos la responsabilidad que la AGN se conforme rápidamente”, aseguró en ese sentido y añadió: “No dejemos que en las alocadas ideas que tiene el Poder Ejecutivo tengamos un DNU”.

Además del de Romero, el proyecto de José Mayans (UP), acompañado por su par Juliana di Tullio, propicia "la ampliación de siete a nueve miembros, donde se incluye la presidencia, y por un período de cuatro años renovable por otros cuatro, y no los ocho actuales".

El  tercer proyecto, del senador Sergio Leavy (UP), también hace alusión a su composición y a la duración de los mandatos de los auditores generales.

Para finalizar, Vigo informó que "la semana que viene la comisión será convocada nuevamente para avanzar con esta discusión y evaluar la posibilidad de un dictamen".

Luego del histórico rechazo a dos pliegos de jueces de la Corte Suprema, un plenario de comisiones del Senado comenzó este miércoles con el debate de una serie de proyectos que plantean una ampliación de los miembros del máximo tribunal, actualmente compuesto por 3 de sus 5 integrantes.

La discusión estuvo motorizada desde el interbloque Provincias Unidas, con la cordobesa Alejandra Vigo como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y con el salteño Juan Carlos Romero, aliado del oficialismo, sumando una iniciativa en los últimos días.

El tema no es nuevo: durante el gobierno del Frente de Todos se aprobó una media sanción -que después perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados- por la cual se ampliaba la Corte a 15 miembros, impulsada entonces por el kirchnerismo.

Tras la derrota en el Senado con Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla (que había jurado y luego renunció), el gobierno de Javier Milei decidió no enviar en lo que resta del año otras propuestas para completar el máximo tribunal. Tales nombramientos requieren de los dos tercios de los votos.

Durante la reunión, desde La Libertad Avanza tomó la palabra el riojano Juan Carlos Pagotto, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. El senador pidió “escuchar todas las voces” y traer expertos. Fue en la misma línea que lo expuesto por Vigo, quien arrancó aclarando que la reunión sería informativa y las próximas también.

La cordobesa sostuvo que se trata de “un tema que es sumamente importante” y, por eso, se tomarán “el tiempo” para analizar los ocho proyectos en carpeta, con invitados -entre ellos del Poder Ejecutivo-, y “debatir todo el tiempo que haga falta” para “llegar a un consenso para un dictamen final”.

Con matices, las distintas iniciativas buscan aumentar el número de cortesanos en 7, 9 y hasta 15. Además, se plantea establecer el cupo/la paridad de género y la representación federal.

Los proyectos corresponden a Silvia Sapag (UP), Nora del Valle Giménez (UP), Flavio Fama (UCR), Juan Carlos Romero (LPU), Alejandra Vigo (LPU), Lucila Crexell (LPU) y Mónica Silva (JSRN).

Al hacer uso de la palabra, Romero consideró que “el hecho que haya ocho proyectos implica la importancia del tema” sobre el cual “debería surgir un consenso que permita tener un dictamen”. “Este no es un proyecto jurídico, sino político”, aseveró y apuntó que, por lo tanto, “requiere del diálogo y del consenso”.

El salteño lamentó que “tengamos sin cubrir hace más de una década el procurador general” y “cientos de cargos que están pendientes”. “Necesitamos que estén cubiertos los cargos en todos los niveles de la Justicia”, expresó y admitió que “el hecho que esto esté pendiente no es más que la falta de consenso”.

El legislador del interbloque Las Provincias Unidas reivindicó que “la Constitución en el ‘94 agravó muchas designaciones, exigiendo los dos tercios”, pero “en esa década había partidos políticos fuertes y sólidos, que lograron acuerdos para alcanzar esa reforma”. “Hoy, después de dos décadas de grieta y fracaso de la política en lograr consensos, tenemos estas falencias”, observó.

En su alocución, Romero se refirió al “riesgo de vivir con conjueces tomando decisiones”, lo que hace que aumente “la dilación de la resolución” y “lo más grave” -opinó- es que “al ser gente que viene de otros tribunales, puede llegarse a cambiar la jurisprudencia histórica que tiene la Corte en muchos temas”.  “Esto sí trae inseguridad jurídica; algunos dicen que aumentar el número también. Pero más grave que aumentar el número es que se pierda una línea de trayectoria en los fallos que nos haga previsibles”, argumentó.

Finalmente, el senador aliado del oficialismo advirtió que “de nada sirve aprobar una ley si no hay voluntad política de las fuerzas mayoritarias de lograr un consenso de los dos tercios”. “En algún momento todas las fuerzas debemos entender que si no hay consenso no habrá cobertura de cargos”, cerró.

Por su parte, el senador radical Pablo Blanco manifestó: “Me parece muy importante que discutamos si la Corte Suprema tiene que ser cinco, siete o nueve, pero a mí lo que me preocupa es que últimamente este Senado se esté juntando pura y exclusivamente por temas que nos interesan a la clase política”.

“Es importante que tengamos Auditoría General de la Nación, que hace 30 días está vacante y es una vergüenza que un Gobierno que se dice defensor de las auditorías no facilite la discusión para el cumplimiento de la ley. Pero es mucho más importante discutir la problemática que está teniendo la gente con discapacidad, con los créditos UVA…”, remarcó.

Desde Unión por la Patria, el jefe del interbloque, José Mayans, coincidió con Romero en que “esta es una discusión del sector político”. “El Poder Judicial tiene una crisis tremenda porque no tiene credibilidad en el pueblo argentino. Más del 90% no cree en la eficacia, eficiencia e imparcialidad de la justicia”, dijo.

El formoseño cargó luego contra los jueces de la Corte, de quien consideró que “no están a la altura de las circunstancias” y cometen “una violación permanente de la Constitución Nacional”. En esa línea, recordó que “el Consejo de la Magistratura está basado en una ley que está derogada. La Corte declaró inconstitucional la ley y puso en vigencia una que estaba derogada”.

“Son jueces ineptos, corruptos y no merecen el cargo de juez de la Corte”, disparó y señaló que “no tenemos Presupuesto Nacional, no tenemos política cambiaria, no tenemos política monetaria, política fiscal, ni impositiva, previsional, educativa, de salud, de seguridad, de defensa, de control de la deuda, de relación con los estados provinciales. Y tenemos una Corte que ante cualquier reclamo mira para otro lado”.

Mayans aseguró que desde su bloque están “dispuestos a un diálogo institucional” y “a reparar lo que haya que reparar con fuerza de ley”, pero subrayó: “Hay que terminar con las mezquindades, sino vamos a terminar con la Patria misma”.

“Me cuesta creer cuando escuchamos que hoy está todo mal y nadie se hace cargo de todo lo que viene pasando”, reclamó el jefe de la UCR, Eduardo Vischi, quien recordó que en cuanto a la designación de jueces, el peronismo “manejaba las decisiones de este Senado desde el ‘83 hasta hace dos años”. En ese sentido, criticó que “las instituciones sean buenas si están de acuerdo con lo que pienso y si no las empiezo a mancillar con denuncias”. “La sociedad no quiere ver la discusión partidaria”, afirmó el correntino y pidió que “primero hagamos lo que hay que hacer” con el nombramiento de auditores en la AGN.

Muy dura contra el funcionamiento de la justicia, la kirchnerista Silvia Sapag hizo referencia a las marchas de los jubilados de cada miércoles ante el Congreso, donde “no hay ningún juez que los defienda; no hay un solo juez que venga un miércoles acá a ver lo que sucede”. “Esto de no tener justicia en nuestro país pasa hace mucho tiempo. En la dictadura, ¿dónde estuvo el Poder Judicial?”, planteó y aseveró: “Desde allí a ahora el Poder Judicial no existe, o está viciado”.

La neuquina habló de “un poder monárquico, el poder mejor pago, donde esconden lo que ganan” y “eso los transforma en coimeados”. “La degradación es total y esto ha ido in crescendo desde los tribunales más bajos a la Corte Suprema”.

Sobre una de sus iniciativas, que propone la paridad de género, Sapag dijo que “esto sigue siendo importante”, pero “hay otras cosas tan graves…”.

Romero recogió el guante y pidió debatir de cara “al futuro” y “no al pasado”. “El barro que tiramos contra las instituciones nos vuelve como un boomerang a todos”, resaltó y defendió que la justicia que tenemos es “la misma justicia que condenó represores y en las últimas dos décadas a corruptos”.

En idéntico sentido, Pagotto indicó que esta discusión “requiere de una seriedad y objetividad que nos impida tener una mirada tan subjetiva y despojarnos de todo tipo de militancia”. “Tenemos que buscar que la administración de justicia funcione y hace mucho tiempo no funciona”, señaló, pero insistió en “escuchar todas las campanas” y “despojarse de las cuestiones ideológicas”.

A la intención de la oposición de nombrar dos auditores por la Cámara de Diputados en la sesión pedida para este miércoles, el oficialismo respondió con la presentación de un proyecto del propio presidente del Cuerpo, Martín Menem, que se someterá rápidamente a tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz.

La iniciativa, que se debatirá desde las 9.30 de este miércoles, propone que el presidente de la Auditoría General de la Nación sea designado por acuerdo del Senado, entre una terna de candidatos. Sí deja claro que debe ser nominado por el presidente del partido político de oposición con mayor número de legisladores, tal cual lo establece el artículo 85 de la Constitución. El mismo establece que “el presidente de la AGN es siempre designado a propuesta del principal partido de la oposición con mayor número de legisladores en el Congreso”.

Ese mismo artículo establece que “esa designación se realiza mediante resolución de ambas cámaras del Congreso”, lo que plantea la primera de las varias objeciones que despierta el proyecto de Menem. Desde la oposición adelantan que es inconstitucional que se exija acuerdo del Senado, cuando la Carta Magna no lo dice.

Sí establece la CN que ese organismo “se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento”. Y en la actualidad los cargos restantes son designados por las cámaras del Congreso Nacional: 3 por la de Senadores, y 3 por la de Diputados, observando la composición de cada una.

Menem propone la designación de 6 auditores auxiliares, nombrados 4 a propuesta del presidente de la Cámara de Diputados y 2 del presidente del Senado. Esto es, la Cámara alta perdería un miembro, cosa que se admite ese Cuerpo no aceptará.

La iniciativa determina que Diputados elegirá 3 auditores auxiliares en proporción a los bloques parlamentarios con mayor número de miembros y el cuarto en representación del oficialismo.

En cuanto a los 2 auditores del Senado, serán elegidos en representación de los bloques parlamentarios con mayor número de miembros.

En todos los casos poseerán un mandato de 4 años en su función, con opción a ser reelegidos solo una vez. En la actualidad, el mandato de los auditores es de 8 años.

Un acuerdo de UP y EF encendió las alertas en el oficialismo

Tal cual viene informando desde el fin de semana parlamentario.com, el clima en torno a la designación de auditores para la AGN se caldeó. Un organismo creado por la Constitución, cuyo objetivo es asistir técnicamente al Parlamento en el control externo del sector público nacional, mediante la realización de auditorías y estudios especiales.

Este miércoles se confirmó que la oposición incluyó la cuestión en el temario de la sesión pedida para este miércoles. Según se conoció, Unión por la Patria y Encuentro Federal pretenden designar a Juan Ignacio Forlón -cuyo mandato venció el año pasado- y al actual diputado Emilio Monzó, dejando la banca restante para que el oficialismo resuelva a quien designa.

En abril del año pasado vencieron los mandatos de Juan Ignacio Forlón, Santiago Estrada y Jesús Rodríguez (estos dos últimos designados por el Pro y la UCR, respectivamente). En su momento, las negociaciones no llegaron a buen puerto en la Cámara baja. El oficialismo, que primero no quería una silla en el organismo y después sí (para Santiago Viola), no logró un acuerdo con sus aliados del Pro y la UCR, que aspiraban a poner uno cada uno.

En esta discusión, el bloque Encuentro Federal siempre fue clave, pues en agosto del año pasado había expresado su apoyo, junto con la Coalición Cívica, al elegido de la UCR, Mario Negri. Y también apoyó el pedido del Pro, en favor de Jorge Triaca. Fue entonces cuando LLA se desentendió del acuerdo original y pidió uno de esos cargos. Mientras tanto, UP reclamaba dos lugares, argumentando que por el número de diputados con que cuentan les corresponde ese número. El tema se define por votación en el recinto, o sea que todo depende de los apoyos.

Ahí es donde entra a tallar el acuerdo alcanzado los últimos días entre Germán Martínez y Miguel Pichetto, para designar a Forlón y Monzó. Contarían con el número suficiente para imponer esos dos nombramientos.

La situación complica al oficialismo, que nunca quiso romper con sus aliados por este tema. Ahora el radicalismo quedó prácticamente fuera de la discusión, porque el bloque que conduce Rodrigo de Loredo perdió miembros y hoy solo tiene 14. Pero el Pro sigue ahí, y La Libertad Avanza debe resolver si vuelve a tensar aún más la relación con el partido amarillo, con el que ya se trenzó por ficha limpia y la elección porteña.

Un dato no menor es que los cargos en la AGN son por ocho años, lo cual explica de alguna manera porqué el oficialismo está tan remiso a quedarse sin nada.

En el Senado también están vacantes las auditorías. En este caso desde el 31 de marzo, cuando vencieron los mandatos de Francisco Javier Fernández, Graciela de la Rosa y Alejandro Nieva. Actualmente, al frente de la AGN se encuentra el dirigente del peronismo porteño Juan Manuel Olmos.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado avaló este martes una serie de nombramientos de cónsules y vicecónsules, propuestos por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

En el final del encuentro, la presidenta de la comisión, la cordobesa Alejandra Vigo, informó que próximamente se retomará el debate sobre proyectos que buscan modificar la integración de la Corte Suprema de Justicia, hoy compuesta por 3 de sus 5 miembros, luego del rechazo de los pliegos por parte del Senado. Asimismo, se les entregó a los senadores de la comisión un listado de todos los proyectos al respecto y un resumen de los mismos.

Luego de comunicar que se encontraban presentes autoridades de Cancillería "por cualquier duda que los senadores necesiten" al respecto de los nombramientos solicitados, Vigo también reveló que desde la secretaría de la comisión (como es costumbre, explicaría luego) se pidieron informes sobre antecedentes de estas personas al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, la Secretaría de Derechos Humanos y al CELS.

Fue entonces que el senador salteño Juan Carlos Romero pidió la palabra para cuestionar que "se le consulte a organismos privados o políticos, como el caso del CELS, que ya ha tenido bastante influencia en las últimas décadas" y lo definió como un "grupo de lobby sesgado".

El oficialista Juan Carlos Pagotto coincidió en que "es bastante irregular pedirle antecedentes al CELS". "Me parece una intromisión que la deberíamos replantear", dijo.

Desde Unión por la Patria, la riojana Florencia López se diferenció: "Por mí deberíamos preguntarle a todos los organismos, a todas las ONG's, a todos los centros de estudios. No entiendo por qué se quejan tanto del CELS... O será que dice tantas verdades que últimamente no las queremos escuchar". "Dejemos de ver en cada cuestión la grieta", pidió.

Presidenta de la Comisión de Acuerdos, la larretista Guadalupe Tagliaferri aclaró que "lo que hizo la presidencia de la comisión no es algo que sea vinculante". "No veo cuál es el inconveniente; es información que el que la quiere tomar la toma y el que no, no", expresó.

Romero volvió a criticar, sobre este tipo de consultas, que "quedó grabada a fuego una práctica kirchnerista, que era usar estos organismos y la ideología para perseguir gente". "Nosotros queremos que se pierda esa práctica sectaria y excluyente", agregó.

Vigo aceptó en las próximas reuniones discutir sobre a qué organismos consultar, aunque aclaró que los senadores pueden hacerlo con cualquier organismo o persona. Y señaló que, del informe del CELS, salió que de los propuestos "no se han identificado en ninguno de los registros documentos que vinculen a estas personas con ninguna causa sobre derechos humanos".

Los pliegos corresponden a cónsules de Letonia en Capital Federal; de Alemania en la provincia de Neuquén; de España para desempeñarse en Jujuy y de Portugal para ser Cónsul Honorario en la provincia de Chubut.

También se analizaron los pliegos de tres vicecónsules honorarios de España para desempeñar su cargo en las provincias de La Pampa, Misiones y Jujuy.

Luego de un caliente primer plenario, la oposición en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento presentó con 36 firmas un dictamen de mayoría que propone la creación de una comisión investigadora por el caso de la estafa $LIBRA, que tiene como protagonista principal al presidente Javier Milei.

Al igual que sucedió en la reunión anterior, el oficialismo recordó que los emplazamientos a las comisiones votados en la sesión de la semana pasada preveían el día miércoles para dictaminar y no el martes.

Sin embargo, los opositores enviaron el despacho a la comisión por correo electrónico, acompañado por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica (éste último bloque en disidencia parcial).

El reclamo reglamentario podría ser parte de la sesión convocada por el oficialismo, para tratar el DNU sobre el acuerdo con el FMI, este miércoles, dada la negativa de La Libertad Avanza de aceptar los despachos. Por su parte, la oposición sostiene que la fecha del 19 de marzo era un plazo tope y nada impide que se pudieran presentan los despachos antes.

Autor del proyecto, el jefe de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, aseguró que “la oposición lo que busca es la verdad”. “Nosotros desde el minuto uno dijimos que no queríamos empezar por el final” en referencia al juicio político, aclaró el radical. Sobre la intención de crear la comisión investigadora, argumentó que “no es para corroborar si hay delito, de eso se va a encargar la justicia”, pero “este Parlamento es el encargado de verificar si hubo lesión institucional”.

“Necesitamos una comisión investigadora porque en la búsqueda de fortalecer a nuestro país, de devolverlo a una senda de desarrollo, necesitamos de las instituciones”, sostuvo y afirmó que “tenemos que verificar si la actitud del presidente el 14 de febrero nos va a traer responsabilidades a todo el pueblo argentino”, al mencionar las demandas realizadas en el exterior.

El bonaerense enfatizó: “Nosotros como el Congreso no podemos mirar para el costado. No hay vocación destituyente por el hecho de que queramos saber la verdad, terminen con esa teoría. La sociedad argentina desde el 14 de febrero necesita una respuesta seria”.

Desde Unión por la Patria, el diputado Pablo Carro recordó la reunión informativa con especialistas del mundo cripto realizada en febrero pasado en el marco de la Comisión de Comunicaciones e Informática -que preside- y consideró que “es imprescindible constituir esta comisión investigadora, más allá de lo que tenga que investigar la propia justicia en términos penales o civiles sobre la estafa” para lograr “separar la paja del trigo” y “saber quiénes fueron responsables o inocentes”.

Por su parte, su par de bloque Sergio Casas aseveró que “estamos frente a un presidente que ha cometido un acto delictivo”. “Están las firmas para que esta comisión investigadora cumpla con su cometido y el pueblo argentino sepa la verdad”, celebró.

A su turno, el jefe de UP, Germán Martínez, ponderó el acuerdo en “una única posición, ni una disidencia” sobre el proyecto de comisión investigadora, a raíz de que “hay una cantidad de diputados que creemos que esto es grave y tiene que investigarse a fondo, y la Cámara de Diputados no puede mirar al costado”.

“Esperamos que no entren en una irregularidad más, en una arbitrariedad más y en un nuevo gesto de autoritarismo”, advirtió sobre la negativa del oficialismo a recibir los dictámenes. “Espero que no obliguen al personal a impedir que se refrende un dictamen que cuenta con las firmas suficientes de este plenario. Esperamos que no lo hagan. No fuercen a que estas cosas pasen”, agregó.

Aliada del oficialismo, la diputada del Pro Silvana Giudici manifestó: “Acá no se está cometiendo ningún tipo de irregularidad, se está cumpliendo con la decisión de la mayoría del cuerpo”.

La secretaria parlamentaria del bloque de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, leyó la versión taquigráfica de la sesión en la que se aprobaron los emplazamientos y lanzó: “Ellos mismos se limitaron en la forma de tratarlo, no fuimos nosotros”.

“No tenemos intenciones de obstaculizar, por eso en Labor Parlamentaria vamos a proponer que se posponga el horario, para que la sesión de mañana no impida que se realicen los plenarios (para dictaminar)”, insistió.

Finalmente, el oficialista Nicolás Mayoraz, presidente de Asuntos Constitucionales, mantuvo la postura: “Como dije en el plenario anterior, no se aceptan dictámenes. Tenemos que ser muy respetuosos de lo que ha dicho el pleno”.

 

El primer capítulo del debate sobre criptogate en comisiones de la Cámara de Diputados este martes culminó con la presentación de distintos dictámenes por parte de la oposición sobre pedidos de interpelaciones de funcionarios y de informes por escrito al Ejecutivo, aunque el oficialismo los desconoció, al asegurar que la fecha que se votó por emplazamiento para dictaminar era para este miércoles.

Los bloques Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Frente de Izquierda reunieron 53 firmas en un único despacho sobre pedido de informes con preguntas por escrito.

En tanto, en su despacho, UP y el FIT (40 firmas) reclamaron la interpelación a varios funcionarios, entre ellos la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. El de Democracia para Siempre (6 firmas) incluye al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y al vocero presidencial, Manuel Adorni; en igual sentido que el de Margarita Stolbizer y Esteban Paulón (EF), que también suman a la hermana del presidente. Finalmente, el de la Coalición Cívica y Oscar Agost Carreño (EF) sólo pide la interpelación de Francos.

En el inicio del plenario de Asuntos Constitucionales, Finanzas y Justicia, el libertario Nicolás Mayoraz ratificó que este miércoles 19 se procedería “a dictaminar”, pero teniendo en cuenta la sesión convocada para el mismo día a las 10 para tratar en el recinto el DNU del acuerdo con el FMI, anticipó que el plenario iba a pasar para las 18.

Luego, el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño -quien solicitó el emplazamiento a comisiones del tema- criticó que el Gobierno “tiene apuro por aprobar los pliegos, por sacar el acuerdo con el FMI con una aprobación exprés sin tener Presupuesto”, cuando el Congreso por su parte tiene “mucho más apuro en exigir explicaciones claras y serias por una estafa en la que se vio involucrado el presidente y su entorno”.

El cordobés aclaró que el Congreso “sólo busca lo que hacen los demás Parlamentos, que cuando ve al presidente y su entorno involucrados en un escándalo internacional que salió en todos lados, requiere explicaciones para reestablecer la credibilidad del país ante el mundo”. En tanto, aclaró que desde su bloque no están de acuerdo con el pedido de juicio político porque “creemos que no están dadas las condiciones”.

“Nadie debe ofenderse por pedir explicaciones”, planteó y resaltó: “Estamos ante un Gobierno que confunde mucho lo público y lo privado, es ahí donde el Congreso tiene que estar pidiendo explicaciones”.

El legislador cerró: “Entendemos que la justicia es la que tiene que investigar si hubo delitos y tendrá que castigar a los culpables. Pero el Congreso tiene que tener respuestas políticas como un contrapeso del Poder Ejecutivo sin perjuicio de la tarea que hace el Poder Judicial. Si no hay nada que esconder, entonces expliquen y respondan las consultas. El Gobierno se metió solo en esto”.

Por su parte, el santafesino de UP Eduardo Toniolli reclamó la presencia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ya que en palabras del propio Javier Milei: “Iba a planificar su defensa técnica frente a las requisitorias de la justicia en el caso $LIBRA. Milei al decir eso asumió la comisión de un delito peculado de servicio. Queremos que venga y explique cuál es su rol en la defensa técnica”.

Toniolli recordó lo sucedido el pasado 14 de febrero cuando se produjo una “estafa informativa con decenas de damnificados”, donde un tuit del presidente de la Nación “fue el gancho” que permitió que esos damnificados entraran en la estafa. Por ello, acusó: “Milei, o ha sido partícipe de un delito o es un funcionario público irresponsable”, y reiteró que “en uno u otro caso cabe la figura de mal desempeño y, por lo tanto, entendemos que corresponde avanzar con un juicio político”.

El santafesino cuestionó que “circula la idea entre otros diputados de exclusivamente reducir el papel del Congreso en la investigación de esta estafa a una comisión investigadora y a un cúmulo de pedidos de informes. Este ámbito legislativo no puede sustraerse a sus responsabilidades”.

“El presidente ha violado la Ley de Ética Pública, viola sistemáticamente la Constitución Nacional. Estos atropellos y avances irregulares del Gobierno nacional solo pueden ser posibles por la acción, omisión y cobardía de otros poderes del Estado y particularmente de éste, que parecen olvidar el artículo 29 de la Carta Magna que Milei viola cotidianamente. Es tiempo que el Congreso se haga cargo de la responsabilidad y que le haga frente a esta situación y le ponga un freno a un régimen de un orden autocrático”, remató.

A su turno, la diputada Margarita Stolbizer denunció que la ausencia de funcionarios en el Congreso para que den las explicaciones necesarias no es otra cosa que “un intento de ocultamiento y opacidad a la gestión y que no le hace bien al país que necesita reconstruir un vínculo y funcionamiento institucional que se basan en el principio republicano de la transparencia”.

Para la bonaerense, lo ocurrido es de “una gravedad que afecta el funcionamiento institucional y la credibilidad a la que deberá aspirar el Gobierno que llegó con promesas de cambio”. La legisladora de Encuentro Federal también hizo hincapié en que hay una violación a las normas de ética pública y reclamó la presencia de los funcionarios a que den explicaciones: “Me animo a decir que muchos de esos funcionarios jamás leyeron ni la Constitución ni la Ley de Ética Pública”.

“Necesitamos explicaciones porque el episodio es sumamente grave”, planteó y denunció que el tuit de Milei “fue directamente llamar a que se firme un contrato particular porque tenía el link del contrato, no fue solo publicidad”. Así, mostró preocupación por los que se beneficiaron con ese posteo y exigió que la justicia investigue sobre quiénes se beneficiaron e invirtieron en esa criptomoneda.

Stolbizer señaló que hubo una “gran cantidad de reuniones previas” que se llevaron a cabo en Casa de Gobierno con empresarios que aparecen como dueños de la cripto y apuntó: “En todas las reuniones tuvo una actuación decisiva la secretaria general de la Presidencia -Karina Milei-, que tiene funcionalmente y ejerce un cargo de enorme relevancia en el Gobierno y gran poder de decisión y fue una figura determinante en el vínculo del presidente con los empresarios”.

Sobre esa línea, remarcó que Karina Milei es “la persona más importante” que debe concurrir al Congreso por el papel que ejerce en el Gobierno y que tuvo en la generación de “este escándalo y promoción de este negocio privado”.

Por el oficialismo, el jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, subrayó que la reunión era de “carácter informativa” y que “no se puede emitir dictamen de ninguna manera”. Al igual que Mayoraz, el cordobés aseguró que si la sesión de este miércoles se extiende más allá de las 13, su bloque va a acompañar el pedido de que el plenario se reúna a las 18 para dictaminar porque “estamos abiertos a que se cumplan con los emplazamientos”.

Sobre el tema cripto, acusó al kirchnerismo y sus aliados de “hacer un show $LIBRA por un tuit” porque “plantean cuestiones que no tienen nada que ver con las problemáticas de los argentinos. Les molesta que al presidente le vaya bien, ese es el problema de ellos y les molesta. Lo que se está discutiendo acá no les interesa a los argentinos”.

El diputado de UP Martín Soria consideró que hay “nerviosismo” en la bancada libertaria respecto a este tema y añadió: “Clarín muestra como cae la imagen de Milei después de la estafa cripto”. Respecto a la discusión y la posibilidad de un juicio político, sumó que “no es la primera vez que lo hace (el Congreso) y no tiene nada que ver con un espíritu destituyente”.

El exministro de Justicia llevó recortes periodísticos sobre el tema y nombró a Hayden Davis, a quien le adjudicó “cuatro reuniones en Casa Rosada con Karina Milei”. Luego, fue más allá y aseveró que “la mitad de los argentinos se dio cuenta que Milei es un chanta, un fantoche y un estafador”.

En la misma línea, y con más recortes, Soria vinculó Hernán Gómez, subsecretario de Transporte Aéreo, de ser quien “contrató a Royal Class”, la empresa en la que habría volado Davis en varias oportunidades y que ahora estaría relacionada al vuelo que trajo a Laura Belén Arrieta, quien fue señalada de “arribar al país sin pasar por ningún tipo de control”.

En el final de su intervención, apuntó contra la bancada macrista: “Entiendo que el Pro, los grandes socios de los libertarios, quieran desarmar esta comisión”, pero “espero que no se agarren a trompadas como el papelón que hicieron los libertarios la semana pasada”. Finalmente dijo que “confundir lo público y lo privado, eso es lo que está mal, eso es estafa”.

Otra de las que habló en el debate fue Victoria Tolosa Paz, quien también apuntó contra el bloque que preside Cristian Ritondo e ironizó: “¿El Pro? Más que Propuesta Republicana será ‘propuesta represiva’”. Responsabilizó al oficialismo y a los aliados de buscar que se cayera este plenario y lanzó que “han intentado cometer una estafa y quieren hacer de cuenta que no pasó nada. Somos legisladores nacionales y debemos hacer lo propio porque acá hay incumplimiento de la Ley de Ética Pública”.

El diputado nacional Esteban Paulón se dirigió a los oficialistas que inicialmente defendieron al jefe de Estado alegando que no hacía uso de sus funciones cuando publicó el mensaje en X: “El ejercicio de la Presidencia de la Nación es 24/7, no termina cuando uno se va a la casa”. Llamó al hecho como “una estafa del mundo cripto”, y explicó que hay “dos grupos de damnificados: los patrimoniales que perdieron su dinero y el otro grupo que somos los 47 millones de argentinos”.

“Interesa saber cuál fue la trama de las reiteradas reuniones del vocero presidencial y la secretaria de Presidencia sindicada como ‘la cajera’”, enfatizó el socialista del bloque Encuentro Federal, quien también cargó contra el asesor de Milei: “No sabemos si Santiago Caputo participó de las reuniones con Hayden Davis, pero como no es funcionario público no debe responder por nada (en tono irónico)”.

En el final del primer plenario de comisiones, el radical de Democracia para Siempre Fernando Carbajal denunció “una maniobra política muy lamentable y muy patética de intentar encubrir e impedir que avancen la comisión investigadora y los pedidos de interpelación; la convocatoria a una sesión para el día de mañana en coincidencia con el emplazamiento es una maniobra”.

“El emplazamiento es para que las comisiones dictaminen, se dio la posibilidad de un doble debate, pero de ninguna manera esto impide que si existe un número se convierta en una cuestión burocrática de no poder emitir dictamen”, aclaró ante la postura del oficialismo de que el dictamen debía ser este miércoles.

Al igual que LLA y Pro, desde la UCR Karina Banfi recordó que “el día para dictaminar era el día 19”. “Hoy algunos diputados imponiendo números quieran adelantar decisiones que son propias de las decisiones que tomaron la semana pasada; no hubieran emplazado con fecha, señores”, expresó y consideró que “no podemos generar un antecedente totalmente perverso”.

En el cierre, la vicejefa del bloque de UP, Cecilia Moreau, avisó que antes que se terminara el plenario ya se habían firmado los dictámenes. “Esta presidencia no recibió absolutamente nada y la secretaría tampoco”, afirmó Mayoraz, titular de Asuntos Constitucionales. Pero Moreau exclamó que “esto va a tener consecuencias penales, civiles y políticas. Están pasados de rosca”.

Tras detallar todos los despachos, la diputada se preguntó; “¿en qué lugar del reglamento dice que no se puede dictaminar? Están poniendo en un problema a la Dirección de Comisiones”. Y agregó que la citación al plenario “no discrimina reunión informativa de otra de otro tipo”.

“Háganse cargo de seguir incumpliendo el reglamento. Presentamos los dictámenes como corresponde. Acá están los dictámenes que ustedes se están negando a recibir. Esto traerá consecuencias reglamentarias. Sigan tirando nafta”, cerró.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado debatió este miércoles el proyecto de ley de ficha limpia, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y tiene como objetivo impedir que personas con condena doble por delitos de corrupción puedan ser candidatas a cargos electivos o ocupar cargos en la administración pública nacional. 

En una reunión más breve de lo previsto, se alcanzó de manera exprés el dictamen correspondiente, que permitirá el debate del proyecto en el recinto, pero ya no en el período extraordinario, sino en ordinarias, por los siete días de plazo y porque la semana que viene ya no habrá extraordinarias. Aunque este jueves hay convocada una sesión, para tratarlo sobre tablas se requerirían los dos tercios de los votos para habilitarlo, y con la oposición de Unión por la Patria no sería posible. 

El dictamen de mayoría fue firmado por Flavio Fama, Eduardo Vischi, Pablo Blanco, Carolina Losada, Rodolfo Suárez (UCR); Luis Juez, Guadalupe Tagliaferri (Pro); Alejandra Vigo, Juan Carlos Romero (LPU); Juan Carlos Pagotto (LLA); y Mónica Esther Silva (JSRN). Mientras que UP suscribió uno de minoría. 

Luego que la cordobesa del bloque Provincias Unidas Alejandra Vigo abriera el encuentro y dijera que el dictamen iba a circular para la firma, tomó la palabra la vicejefa del interbloque Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, quien preguntó “si va a venir alguien del Poder Ejecutivo, ya que fue enviado por el Ejecutivo” y si se iban a habilitar cambios. En ese sentido, recordó que desde UP buscan incluir delitos como narcotráfico, lesa humanidad y pedofilia, entre otros. “No tenemos respuestas”, planteó. 

“Este es un proyecto de ley que tiene nombre y apellido”, afirmó la mendocina, en referencia a la expresidenta Cristina Kirchner, que este miércoles cumple 72 años. Y siguió: “Pero no nos saca el sueño, porque si no sale ficha limpia, la Corte tiene en su escritorio una condena para firmar”. 

Después que Vigo confirmara que no iba a asistir ningún funcionario, habló la radical Carolina Losada, que confrontó con UP en más de una oportunidad. Primeramente, reclamó que ella había presentado un proyecto de ficha limpia durante el gobierno anterior, que abarcaba más delitos para la prohibición de candidatura, y el entonces oficialismo lo “cajoneó”. 

La santafesina le sugirió entonces a sus pares que “voten el proyecto tal como está, que salga ficha limpia ahora para los corruptos” y que cuando arranque el período ordinario se pongan “a trabajar en generar un proyecto donde abarquemos todos los delitos”. 

Por el oficialismo, el jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche, consideró que “es un momento adecuado” para aprobar “esta ley que viene siendo pedida y tratada hace muchos años”. “Desde La Libertad Avanza tenemos un altísimo interés que salga rápidamente, antes que empiecen elecciones nuevas y empiecen a meterse candidatos que no sean aptos”, expresó. 

El jujeño dijo que “los argentinos estamos pidiendo más transparencia y calidad institucional” y si bien la iniciativa “es perfectible” y “puede abarcar más delitos”, las modificaciones “terminan siendo una estrategia de dilación”. 

A su turno, la riojana Florencia López manifestó que no sabía “si esto es una broma de mal gusto o es un chiste: que el Gobierno nacional avance en sostener un proyecto de ficha limpia, cuando el principal referente del Gobierno está en todos los portales, en todas las páginas del mundo, por estafa por criptomonedas. Pareciera que es más fuerte el espíritu por proscribir a la principal referente de la oposición”. 

Volvió a intervenir Losada para responderle a la peronista. “No estamos hablando de una dirigente política, cualquier persona que tenga condena no va a poder ser candidata; a ver, (Oscar) Parrilli no sé si tiene doble conforme. ¿Parrilli no, no? Ah bueno, entonces el día que tenga doble condena no debería estar ahí”, lanzó y defendió a Javier Milei: “Que yo sepa el presidente no tiene doble condena, no sé por qué meten otros temas”. 

Por su parte, el camporista Mariano Recalde se despachó contra el jefe de Estado: “Que venga el presidente estafador, delincuente, que tiene en su gabinete a gente que pide plata a troche y moche para habilitar reuniones, a hablar de moral, es una mentira. Este proyecto sólo busca proscribir a Cristina Fernández de Kirchner”.

“Nunca en la historia de nuestro país se proscribió o se inhabilitó la candidatura de dirigentes de otros partidos políticos, siempre pasó con el peronismo y este es otro ejemplo de esa larga lista”, subrayó. 

Recogió el guante más tarde el aliado del oficialismo Juan Carlo Romero, quien recordó que la proscripción al PJ “siempre fue con gobiernos de facto y sin ninguna legitimidad; esta es una ley del Congreso”. “Si el Gobierno hizo un giro copernicano no me interesa, esto no podemos negar que es un proyecto pedido por la gente hace mucho tiempo”, agregó el salteño. 

El jefe de la UCR, Eduardo Vischi, sostuvo que “hace mucho tiempo que el radicalismo está planteando la necesidad que exista este tipo de norma”. “Es lamentable que el dar libertad para elegir a los ciudadanos tenga que ser limitado. Parece una realidad increíble que la gente pueda votar a un delincuente”, reflexionó y abogó por que “la gente pueda recuperar la confianza en los partidos políticos” a partir de esta norma. 

En el cierre, el cordobés Luis Juez expresó: “No nos pueden trasladar a la sociedad la responsabilidad de que el candidato que mejor les mide está condenado dos veces por delitos contra la administración pública. Busquen, urgen, fijense adentro de los placares, capaz tengan alguno sin imputación que le junte los votos y pueda ser candidato”. “Acá nadie pretende proscribir a nadie, sino simplemente fijar un parámetro básico, indispensable”, aseguró. 

Finalmente, Fernández Sagasti anunció que UP presentaría un dictamen de minoría -similar al de la Cámara de Diputados- que abarca más delitos. “No es Unión por la Patria el que no quiere ficha limpia, es Unión por la Patria el que quiere ampliarla”, dijo y enfatizó que “es un error de la política entregarle este poder a Comodoro Py y a algunos gobernadores que manejan la Justicia, como es el caso de Alfredo Cornejo en Mendoza”.

En un contexto de presión opositora y tensión política a raíz del escándalo cripto desatado por el presidente Javier Milei, tras haber promocionado el token $LIBRA, este miércoles se reunirá la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para debatir el proyecto de ficha limpia. 

Se trata de la segunda reunión de comisión que fue citada esta semana en la Cámara alta, antes de una eventual convocatoria a sesión. Es decir, previo a una posible apertura del recinto, habrá micrófono allí para que los senadores se expresen como deseen. 

Este martes, el encuentro de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, a donde iban a asistir funcionarios, se suspendió. Se tenía como objetivo discutir sobre los proyectos de reincidencia y reiterancia, y juicio en ausencia, pero ambos temas podrían finalmente quedar fuera de una sesión extraordinaria que se convoque. 

La iniciativa de ficha limpia, que apunta a que personas con condena doble por delitos de corrupción, como es el caso de la expresidenta Cristina Kirchner, no puedan presentarse para competir por cargos electivos, recibió media sanción en Diputados en base a un texto enviado por el Poder Ejecutivo que tuvo cambios a pedido de bloques dialoguistas.

La aprobación del proyecto se celebró con fuerza por el oficialismo y bancadas como el Pro y la UCR -viejos impulsores de la idea-, pero al ser girado a la Cámara alta existe cierto “manto de sospecha” sobre el impulso que La Libertad Avanza le dará y si trabajará en pos de reunir 37 votos, un número complicado en el escenario actual.

A diferencia de lo que sucedió con la suspensión de las PASO, que dividió aguas en Unión por la Patria, la bancada peronista/kirchnerista se abroqueló en relación a ficha limpia, al denunciar una proscripción contra CFK.

UP en el Senado cuenta con 34 miembros -con la pronta incorporación de Stefanía Cora-, mientras que el oficialismo, con 6 integrantes propios, reúne junto a toda la oposición no K a 37 senadores. Aunque alcanzará los 38 con el regreso del radical Víctor Zimmermann. No obstante, para la sanción de este tipo de ley (electoral) no debe faltarle ni un voto, sumado a que es un tema en el que Victoria Villarruel no puede desempatar.

Si se observa la votación que hubo en la Cámara de Diputados, legisladores de fuerzas provinciales como Misiones y Río Negro, que también tienen representantes en el Senado, acompañaron.

Pero, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, uno de los diputados votó en contra y otro se ausentó. Así, la posición que los dos senadores santacruceños, de relación oscilante con el oficialismo, tengan en la Cámara alta, podría ser clave.

En el caso que UP sume dos votos más para el rechazo, la iniciativa no vería la luz.

Si sortea con éxito el dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales este miércoles, el proyecto estaría en condiciones de ir al recinto una semana después, pero ya para ese momento no regirá más el tiempo de extraordinarias. Sin embargo, un día después de la comisión podría haber sesión. Un pedido para tratarlo sobre tablas sería bloqueado por UP, pero podría ser una chance de los dialoguistas para exponer al kirchnerismo. Aunque los planes pueden variar en función de la coyuntura que derivó el Libragate. 

El proyecto de ficha limpia

De acuerdo a la media sanción se establece una modificación en el artículo 33 de la Ley de Partidos Políticos para establecer que la prohibición de candidatura se aplicará “únicamente en aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al comienzo del plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional”, que se refiere a la fecha del cierre de los padrones electorales, seis meses antes de los comicios generales.

Asimismo, se agrega que “si la confirmación de la condena en la instancia superior se produjera con posterioridad a dicho plazo, la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral”.

Finalmente, en el artículo 1ro., se señala que la inelegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.

En otro artículo, el proyecto dispone que la Cámara Nacional Electoral llevará un “Registro Público de Ficha Limpia” en donde constarán las sentencias dictadas en los términos del artículo 1ro., sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias.

La iniciativa prevé, además, que aquellos inhabilitados a ser candidatos por tener condena doble por corrupción tampoco podrán ser designados como jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático, ni como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase.

Asumida como reemplazante del expulsado Edgardo Kueider, la senadora cordobesa Alejandra Vigo puso el acelerador en la Comisión de Asuntos Constitucionales y, ni bien arribó desde la Cámara de Diputados el proyecto de ficha limpia, se convocó a una reunión para este miércoles. El debate será en el Salón Illia del Senado desde las 15.

La iniciativa, que apunta a que personas con condena doble por delitos de corrupción, como es el caso de la expresidenta Cristina Kirchner, no puedan presentarse para competir por cargos electivos, recibió media sanción la semana pasada en base a un texto enviado por el Poder Ejecutivo que tuvo cambios a pedido de bloques dialoguistas.

La aprobación del proyecto se celebró con fuerza por el oficialismo y bancadas como el Pro y la UCR -viejos impulsores de la idea-, pero al ser girado a la Cámara alta reina un manto de sospecha sobre el impulso que La Libertad Avanza le dará y si trabajará en pos de reunir 37 votos, un número complicado en el escenario actual.

A diferencia de lo que sucedió con la suspensión de las PASO, que dividió aguas en Unión por la Patria, la bancada peronista/kirchnerista se abroqueló en relación a ficha limpia, al denunciar una proscripción contra CFK.

UP en el Senado cuenta con 34 miembros -con la pronta incorporación de Stefanía Cora-, mientras que el oficialismo, con 6 integrantes propios, reúne junto a toda la oposición no K a 37 senadores. Pero, para la sanción de este tipo de ley (electoral) no debe faltarle ni un voto, sumado a que es un tema en el que Victoria Villarruel no puede desempatar.

Si se observa la votación que hubo en la Cámara de Diputados, legisladores de fuerzas provinciales como Misiones y Río Negro, que también tienen representantes en el Senado, acompañaron.

Pero, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, uno de los diputados votó en contra y otro se ausentó. Así, la posición que los dos senadores santacruceños, de relación oscilante con el oficialismo, tengan en la Cámara alta, podría ser clave.

En el caso que UP sume dos votos más para el rechazo, la iniciativa no vería la luz.

Si sortea con éxito el dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales este miércoles, el proyecto estaría en condiciones de ir al recinto una semana después, pero ya para ese momento no regirá más el tiempo de extraordinarias. No obstante, un día después de la comisión se va a sesionar por la suspensión de las PASO y el pliego de Ariel Lijo. Un pedido para tratarlo sobre tablas sería bloqueado por UP, pero podría ser una chance de los dialoguistas para exponer al kirchnerismo.

El proyecto de ficha limpia

De acuerdo a la media sanción se establece una modificación en el artículo 33 de la Ley de Partidos Políticos para establecer que la prohibición de candidatura se aplicará “únicamente en aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al comienzo del plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional”, que se refiere a la fecha del cierre de los padrones electorales, seis meses antes de los comicios generales.

Celebro la media sanción en @DiputadosAR del proyecto de ley #FichaLimpia, una herramienta para fortalecer la democracia.

La próxima semana lo trataremos en la Comisión de Asuntos Constitucionales del @SenadoArgentina.

— Alejandra Vigo (@alevigo) February 13, 2025

Asimismo, se agrega que “si la confirmación de la condena en la instancia superior se produjera con posterioridad a dicho plazo, la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral”.

Finalmente, en el artículo 1ro., se señala que la inelegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.

En otro artículo, el proyecto dispone que la Cámara Nacional Electoral llevará un “Registro Público de Ficha Limpia” en donde constarán las sentencias dictadas en los términos del artículo 1ro., sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias.

La iniciativa prevé, además, que aquellos inhabilitados a ser candidatos por tener condena doble por corrupción tampoco podrán ser designados como jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático, ni como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase.

Con una resolución exprés, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado aprobó el dictamen del proyecto de ley de suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para este 2025. El despacho contó con las firmas de La Libertad Avanza, el Pro, la Unión Cívica Radical, Juntos Somos Rio Negro y el interbloque Las Provincias Unidas.

A pesar de que en la Cámara de Diputados hubo apoyo de los legisladores de Santiago del Estero, el senador nacional José Neder, integrante de esta comisión, no firmó el despacho. Igualmente, sin el apoyo de Unión por la Patria, el dictamen contaba con las rúbricas necesarias del oficialismo, los aliados y la oposición dialoguista.

Antes de avanzar con el tratamiento de la iniciativa, la senadora nacional Alejandra Vigo fue designada como titular de la comisión en reemplazo del expulsado Edgardo Kueider, quien fue removido de la Cámara alta el pasado 12 de diciembre tras ser detenido in fraganti y procesado por supuesta participación en la causa de lavado de activos. Hasta la votación que designó a la cordobesa, el encuentro fue presidido por la vicepresidenta Sandra Mendoza, integrante de UP.

La intención del oficialismo es la de llevar este texto, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde la semana pasada, a una sesión extraordinaria la semana que viene. Según supo parlamentario.com, la fecha tentativa es el jueves 20 de febrero. Minutos antes de que salga el dictamen, la vicepresidenta Victoria Villarruel avaló la suspensión de las PASO.

La suspensión de las PASO le simplificará la vida a todos los argentinos y les ahorrará 150 millones de dólares.
La política debe dirimir sus internas con su propio dinero y no con el bolsillo del pueblo argentino que no llega a fin de mes.
Hoy en el Senado se discutirá dicha…

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) February 12, 2025

Sin embargo, antes de votar la moción propuesta  por el salteño Juan Carlos Romero, desde el interbloque Unión por la Patria denunciaron que “no se respetó la proporcionalidad para integrar las comisiones”, y agregaron que en la previa al encuentro “se hizo un punteo de quienes iban a firmar este dictamen y en base a eso, fueron cambiando integrantes de la comisión”.

Si bien la senadora riojana Florencia López amagó con pedir que se declare "nulo de nulidad absoluta" el llamado a reunión, el presidente del interbloque Unión por la Patria, el formoseño José Mayans, señaló que “la proporcionalidad actual debería ser del 47% para nosotros”, y cargó que “suplantan con uno del mismo equipo sin tener en cuenta la proporcionalidad, que es del 69% para el rejuntado (así llamó a los oficialistas, aliados y dialoguistas)”.

En línea con lo denunciado, el formoseño ironizó contra el senador radical Pablo Blanco: “No le digo más senador, ahora le digo comisionado porque está en 19 comisiones”. También apuntó contra la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, contra la chubutense Edith Terenzi y la correntina Mercedes Valenzuela. “Discutamos el presupuesto, déjense de joder con las PASO y ficha limpia, y respeten la proporcionalidad de las comisiones”, cerró Mayans.

En medio de la tensión con los integrantes de UP, la senadora cordobesa Alejandra Vigo del bloque Unidad Federal tomó las riendas de la reunión e informó que el despacho del proyecto de ley de suspensión de las PASO pasó a la firma.

Dirigida a la nueva titular de Asuntos Constitucionales, la senadora neuquina Silvia Sapag manifestó: “No sé cómo ha logrado este lugar de honor, pero viene en reemplazo de Kueider que es un chorro, ladrón y mentiroso”. Además, señaló que “si se reemplaza por alguien del mismo acuerdo es porque es un acuerdo mafioso y fue Kueider quien decía que (Carlos) Espínola era su jefe”. Para cerrar, afirmó “ese lugar de honor (titularidad de la comisión) pierde un poco de su lustre”.

A su turno, el senador formoseño Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso), ex integrante de La Libertad Avanza, reveló que la suspensión de las PASO “jamás estuvo en agenda” y anunció que va a votar en contra en el recinto del Senado la próxima semana. Diferente fue la postura de la rionegrina Mónica Silva quien confirmó su apoyo al proyecto de ley.

Por último, el senador radical Pablo Blanco confirmó su firma en disidencia, y puso el foco en “qué se hará con los 150 millones en ahorro. En última instancia, el legislador fueguino ironizó que con el ahorro de las elecciones primarias “van a financiar la compra de helicópteros para regalárselo a un país europeo en guerra o los viajes del presidente Javier Milei”.

Horas antes de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, en la que se debatirá este miércoles sobre la suspensión de las PASO, iniciativa que recibió media sanción de Diputados la semana pasada, senadores del oficialismo y la oposición no K mantuvieron una cumbre en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel, donde se acordó avanzar con el dictamen sin obstáculos.

Sucede que para garantizar la validez de los despachos se requieren de las firmas de la mitad más uno de los integrantes de la comisión, aunque algunos presenten otro dictamen alternativo, como sucedió en la Cámara baja con los santiagueños y catamarqueños de Unión por la Patria.

En la previa había cierta incógnita -que tras la conversación fue descartada- por la presencia en Asuntos Constitucionales de, por ejemplo, los radicales Maximiliano Abad y Pablo Blanco, quienes se oponen a la suspensión de las primarias. Sin embargo, desde la UCR hubo un compromiso de que no pondrán obstáculos.

En la comisión, el oficialismo y los bloques opositores dialoguistas reúnen 11 miembros, mientras que Unión por la Patria tiene 8.

Antes de comenzar con la discusión del proyecto más importante para el Gobierno nacional dentro del temario de extraordinarias, deberá votarse al nuevo titular de Asuntos Constitucionales, que quedó en manos de la vicepresidenta Sandra Mendoza, de UP, luego de la expulsión del entrerriano Edgardo Kueider, a quien el oficialismo había puesto en ese sitio estratégico.

Entre los nombres que LLA pretende ocupen la conducción de la comisión se barajan al salteño Juan Carlos Romero y la cordobesa Alejandra Vigo, ambos integrantes del bloque Las Provincias Unidas, espacio que integraba el exlegislador detenido en Paraguay por contrabando.

Alcanzado el dictamen, como espera, el oficialismo tiene la intención de sesionar la semana próxima para sancionar la suspensión de las PASO de este año, pero de cara al recinto deberá trabajar en buscar los 37 votos (mayoría absoluta) con la ayuda de UP. Con el escenario ocurrido en Diputados, habría también en la Cámara alta voluntades a favor desde el principal interbloque opositor.

En caso de aprobarse la ley, quedarán suspendidas las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de este año, una instancia inferior a lo que originalmente pretendía el Gobierno nacional, que promovía la derogación del sistema. Pero conforme a lo conversado en las negociaciones previas, el propio Ejecutivo admitió que no tenía los votos para su aspiración de máxima y se conformó con la suspensión, a la espera de que pasadas estas elecciones pueda derogarlas antes de 2027. Se verá.

Luego de una rápida media sanción en la Cámara de Diputados, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reúne este miércoles 12 de febrero a las 15 para comenzar el debate sobre el proyecto de ley de suspensión de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Antes de comenzar el tratamiento, será designado el nuevo presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales quien ocupará el lugar que deja el expulsado Edgardo Kueider, procesado y detenido en Asunción por supuesta participación en lavado de activos.

En base a lo ocurrido en Diputados, desde el oficialismo se muestran optimistas de poder sancionar la iniciativa, a pesar de que cuando se lleve a cabo la sesión especial en el recinto de la Cámara alta, Stefanía Cora asumirá la banca que dejó el removido Kueider, el interbloque de Unión por la Patria va a tener 34 integrantes.

De cara a una cita en el recinto de la Cámara alta, también se suma la ausencia del senador radical chaqueño Víctor Zimmermann, legislador de la oposición dialoguista, quien hace uso de una licencia especial hasta el viernes 28 de febrero.

Sin embargo, fuentes consultadas por parlamentario.com, confiaron en que el Senado se repita lo ocurrido en Diputados en la sesión del jueves pasado: En el oficialismo aseguran que los senadores de Catamarca y Santiago del Estero que integran Unión por la Patria van a acompañar el tratamiento en la Cámara alta y así, sancionar la suspensión de las PASO para este 2025.

El proyecto que suspende por este año las elecciones PASO fue aprobado este jueves con una mayoría holgada: 162 votos a favor, 55 en contra y 28 abstenciones. Y sobre todo el detalle de que un cuarto del bloque de Unión por la Patria se sumó a los votos positivos. Además de que solo 43 de sus 98 integrantes votaron en contra de la norma.

Las elecciones primarias quedarán suspendidas para este 2025, una instancia inferior a lo que originalmente pretendía el Gobierno nacional, que promovía la derogación del sistema. Pero conforme a lo conversado en las negociaciones previas, el propio Gobierno admitió que no tenía los votos para su aspiración de máxima y se conformó con la suspensión, a la espera de que pasadas estas elecciones pueda derogarlas antes de 2027. Se verá.

El proyecto definitivo quedó limitado a cinco artículos, y suspende durante el año 2025 las PASO contenidas en el título II de la Ley 26.571, de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, que instituye el sistema de elecciones PASO.

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Luego de avanzar de manera exprés con el dictamen que propone la suspensión de las elecciones PASO este año, el oficialismo en la Cámara de Diputados pondrá sobre la mesa el debate de otro proyecto electoral: el de ficha limpia.

Se trata de un tema motorizado con fuerza hace largo tiempo por el Pro, y que se había frustrado en el cierre del período ordinario en noviembre pasado, cuando hubo dos convocatorias a sesión que no reunieron quórum, y con el dato de que en la última faltó un número importante de legisladores de La Libertad Avanza.

Ahora, tras un trabajo de especialistas y en el que estuvo involucrado también el ministro de Defensa, Luis Petri -exdiputado-, además de la diputada del Pro Silvia Lospennato, se tratará un nuevo proyecto enviado por el Gobierno.

La reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia será a partir de las 14, en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja; mientras que, según el cronograma pensado para extraordinarias por el oficialismo y sus aliados, el proyecto podría tratarse en el recinto la próxima semana.

En la nueva redacción se propone que ninguna persona condenada por delitos de corrupción en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año previo al proceso electoral, podrá presentarse como candidato a elecciones. Esto afectaría, puntualmente, a la expresidenta y titular del PJ Nacional Cristina Kirchner, quien el 13 de noviembre pasado recibió la confirmación de su condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad.

Puntualmente, en el proyecto se indica que la prohibición de candidatearse correrá "únicamente en los casos en que la condena impuesta hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral, en la que se hubiera confirmado la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque modifique la pena impuesta".

Mientras que "en caso de una condena confirmada en segunda instancia dictada con posterioridad al 1° de enero del año en que se llevaren a cabo las elecciones, el supuesto tendrá efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral".

A su vez, la Cámara Nacional Electoral deberá llevar "un Registro Público de Ficha Limpia en donde constarán las sentencias de segunda instancia que sean confirmatorias de la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la condena de primera instancia, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias".

Además de no poder ser candidatas en elecciones nacionales, las personas condenadas en segunda instancia por corrupción tampoco podrán ser designadas como jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático, ni como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase; "ni, en general, podrán ser designadas para ejercer funciones equivalentes a estos", reza el texto.

La Cámara de Diputados dará inicio a la actividad en el marco de las sesiones extraordinarias este martes, día que fue citado un plenario de las comisiones -a partir de las 14- para debatir la reforma electoral que contempla la derogación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En acuerdos durante estas semanas con los bloques aliados y de la oposición dialoguista de ir por una suspensión, en vez de la idea original que era la eliminación, el oficialismo buscará tener listo el dictamen al día siguiente y sesionar el jueves 6, tal como se acordó en la reunión encabezada por Martín Menem, presidente del Cuerpo, el martes pasado en el Palacio Legislativo.

La primera reunión plenaria tendrá presentes a los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales (cabecera), que preside el santafesino Nicolás Mayoraz; de Justicia, a cargo del jujeño Manuel Quintar; y de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert.

La estrategia de La Libertad Avanza es la de tener el despacho listo para el miércoles, y llevar el tema al recinto al otro día. Desde el oficialismo ya anticiparon que esa sesión podría tener, incluidos en el temario, a los proyectos penales que fueron dictaminados en el cierre del período ordinario: juicio en ausencia; y reiterancia y reincidencia.

En la bancada libertaria se muestran optimistas de girar al Senado los tres proyectos en cuestión en la sesión del 6 de febrero. De cumplir con las expectativas, la semana siguiente (entre el 11 y 13 de febrero) en Diputados se abocarán al tratamiento del nuevo texto de ficha limpia (versión del Ejecutivo Nacional).

El proyecto de las PASO

Ingresado el 21 de noviembre, el texto que propone la eliminación (será modificado a suspensión) del régimen de las PASO e incorpora, además, que los partidos, alianzas o confederaciones registrarán ante el juez federal con competencia electoral las listas de candidatos con una antelación de 60 días. Asimismo, reafirma que cada agrupación política podrá presentar una única lista de candidatos por categoría de cargos nacionales a ser dirimida.

El Gobierno nacional propuso ir a fondo con la eliminación de las PASO desde un primer momento. Sin embargo, luego de conversar con los aliados y algunos dialoguistas, terminó aceptando la suspensión para las de este año. A estas horas, la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional, modificada, tendría las 129 adhesiones necesarias para obtener media sanción en la Cámara de Diputados, pues esa votación requiere de una mayoría absoluta.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento mantuvieron este miércoles una reunión informativa para comenzar a dar tratamiento a los proyectos que buscan reformar a la Ley 26.122 que establece el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, delegación legislativa y promulgación parcial de leyes.

La reunión responde a un emplazamiento votado en la sesión especial del miércoles pasado, cuando la Cámara de Diputados ratificó el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. El pedido fue encabezado esa tarde por el diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal – Córdoba) en el recinto y aprobado por votación de signos.

El encuentro se extendió por más de dos horas y media, al cabo de las cuales se acordó continuar la próxima semana con invitados. Pero teniendo en cuenta la cantidad que podrían ser convocados, diputados de la oposición pidieron adelantar la hora de convocatoria. Dejando claro que el oficialismo no tiene interés en acelerar el debate, el titular de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, recordó que ese era el horario que había sido acordado en el emplazamiento y se mantuvo entonces el de las 17 como hora de inicio para las reuniones sucesivas. Que serían la próxima semana, con el objetivo de dictaminar en la siguiente.

Al respecto, Mayoraz aclaró que no nada obligaba a que debieran dictaminar ese día. Y desde el Pro se pronunciaron también porque el debate no sea apurado y que por el contrario se escuche a todos los especialistas que se deban escuchar.

Sobre más de una decena de proyectos puestos a consideración, el diputado Agost Carreño defendió su texto y aportó que “es bastante restrictivo”, y planteó modificaciones sobre la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo: “Que pase de 16 a 24 integrantes, que siempre esté constituida y funcionando, con plazos de 60 días para que se expidan las cámaras, con control de modificación sobre (los cambios a) leyes de fondo y que se esté acompañado por el acta de la reunión de ministros”.

También, propone que, con el rechazo de una Cámara, los decretos pierdan vigencia y que “se puedan aceptar modificaciones”. “Es una oportunidad de elevar la calidad institucional y no es en contra de ningún presidente, si no a favor de la República”, agregó Agost Carreño, quien sumó que “es inadmisible que tenga más valor un DNU que una ley y es dañino para la democracia, que entre en vigencia con una sola aprobación”.

Al igual que varios integrantes de la oposición dialoguista sugirió tomar como boceto al modelo de Brasil, el cual llama “medida provisoria” a los decretos del Poder Ejecutivo Nacional y regla que si no son tratados en los primeros 120 días, se derogan. También, le aclaró al oficialismo: “¿Por qué ahora? Porque hay predisposición de varios bloques y a partir del DNU 70 se despertaron incógnitas”.

Criticó, además, que medidas que se bajaron de la Ley de Bases estén saliendo por decreto de necesidad y urgencia; al igual que varios dialoguistas fue crítico del DNU 70/2023: “No hubo en la historia uno tan extenso”; y cerró: “No podemos permitir que un presidente derogue por DNU los cambios buenos de cualquier gobierno”, y con esto “vamos a lograr calidad institucional”, concluyó.

Luego, el jefe de bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, catalogó al debate como “el debate más interesante de los que pasamos por el Congreso desde 1994”, y anticipó que las próximas reuniones serán en presencia de constitucionalistas. Igual que todos los integrantes de la oposición dialoguista aclaró que “no es una ley en contra de Javier Milei”, si no que “es pensando en los futuros presidentes que le puedan gustar o no a otros”. Irónicamente, mencionó a Axel Kicillof, Juan Grabois y Patricia Bullrich.

En relación al tema Aerolíneas Argentinas y el interés del Gobierno nacional de privatizarla a través de un DNU, López opinó que “crear empresas por decreto también está mal”. “Entendemos que cualquier oficialismo se va a resistir, pero está la oportunidad de juntar 129 en Diputados y 37 en el Senado”, auguró.

Por otro lado, la diputada nacional Silvana Giudici (Pro) criticó a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner por la creación de esta ley, y añadió: “Cuando digo que el kirchnerismo trajo esta ley para violentar las instituciones de la democracia, les cuento que los DNU fueron absolutamente inconstitucionales”. En ese punto, mencionó a las modificaciones de la alícuota de la soja, uso de reservas y la salida de Martín Redrado del BCRA, entre otros decretos de esa época.

Llamó, también, al uso de decretos en connivencia con esta ley como “la tiranía de las mayorías”. Sin dar expresarse sobre el rechazo o el acompañamiento, cerró: “Miran la película de un solo lado, tienen que verla de manera completa porque antes proponíamos derogar esa ley que convirtió a este Congreso en una escribanía”. “¿Por qué no fue antes?”, cuestionó.

Luego, el diputado nacional Juan Brügge (Encuentro Federal – Córdoba) aportó: “Debo decir que no es un problema de quien dictó más DNUS, si no que estamos en presencia de una mala ley para beneficiar los Ejecutivos de turno porque con esta ley el Congreso se borró”. “Esta ley invierte el rol del Congreso y se lo entrega al Poder Ejecutivo”, señaló.

El cordobés pidió incluir su proyecto al temario, pero se encontró con la negativa de Nicolás Mayoraz, presidente de Asuntos Constitucionales, quien explicó que se trataba de una reunión especial por haber sido emplazada. “estamos legitimados ( a incorporar proyectos) como representantes del pueblo”, contestó Brügge.

La diputada radical Carla Carrizo propuso tres cuestiones para “dar equilibrio” a la gobernabilidad, y mencionó: “Tiempo acotado, dos cámaras para derogar y límites en los temas”, este último punto fue en detrimento del DNU 70/23, el cual modificó un centenar de leyes.

“No es quitar capacidad de gobernar, sino quitarle el monopolio de arbitrariedad acotando el tiempo y las materias (una por vez) para legitimar rápido”, agregó y le envió un mensaje al presidente Milei: “No me gusta cuando denosta la Constitución Nacional del 94 y le pido que empiece a reivindicar los grandes acuerdos políticos de este país”.

Del lado de Unión por la Patria, la diputa entrerriana Carolina Gaillard (Unión por la Patria – Entre Ríos) expresó que “la Constitución Nacional es concreta y taxativa en que el Poder Ejecutivo Nacional no puede legislar”. Y cargó contra el 70/23: “Demuestra el uso desmedido e irracional, y es inconstitucional”.

En ese punto, se refirió a la cantidad de leyes derogadas por ese decreto y le sugirió a toda la oposición “ponerse de acuerdo” para que en la próxima sesión en el recinto de la Cámara de Diputados sea derogado.

El reclamo de UP a Peticiones

A tres meses del viaje de seis diputados libertarios a la Unidad Penitenciaria de Ezeiza para encontrarse con genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, Unión por la Patria, en voz de Paula Penacca, le reclamó a las autoridades de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento por la resolución del dictamen tratado a principios de septiembre.

Entre gritos e interrupciones, Nicolás Mayoraz, presidente de Asuntos Constitucionales, mostró su malestar ante la irrupción con el tema del bloque opositor, pues no era parte del temario del día. La diputada camporista continúo con la lectura del reclamo y luego, fue avalado por Esteban Paulón y más tarde, por el radical Fernando Carbajal .

En tanto, la presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, Silvia Lospennato, no se manifestó al respecto durante las dos horas y media que duró la reunión plenaria.

 

En la previa a la segunda reunión del tratamiento del Presupuesto 2025, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja se reunieron en un encuentro plenario para dictaminar el texto que ratifica la citación del ministro de Economía, Luis Caputo, al debate de la “ley de leyes”.

Por su parte, La Libertad Avanza presentó un dictamen de rechazo, que en palabras de la diputada neuquina Nadia Márquez “no está obligado a venir”. En su intervención mencionó a los funcionarios que han asistido y aseveró que “hay algo que trasciende lo informativo y el ministro ha brindado todas las herramientas”. Después, Alberto Benegas Lynch añadió que “es una fijación personal que tienen con los ministros porque cuando viene uno preguntan por qué no vienen otros”.

El tratamiento de este proyecto, impulsado por el bloque Unión por la Patria, se aprobó en el recinto, luego de que el Cuerpo blindara el veto presidencial de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. La iniciativa fue encabezada por Cecilia Moreau, acompañada por el jefe de bancada, Germán Martínez, y los diputados nacionales Juan Marino, Paula Penacca y Mónica Macha, entre otros.

Si bien la reunión tuvo como oradores en defensa del dictamen a los integrantes de Unión por la Patria y al Frente de Izquierda, también firmaron el despacho la Unión Cívica Radical con Fernando Carbajal, Mariela Coletta, Danya Tavela, Carla Carrizo y Jorge Rizzotti; Nicolás Massot e Ignacio García Aresca de Encuentro Federal; y un diputado misionero de Innovación Federal.

En el inicio del encuentro, el diputado nacional Sergio Palazzo manifestó que “la Argentina de hoy requiere de mayor templanza de quienes llevan a cabo la administración pública para que nos expliquen con absoluta claridad a dónde va el plan económico”. Entre los diferentes cuestionamientos que realizó a mencionó a la problemática con los alimentos y medicamentos; los despidos en el empleo público; a las reservas de oro; y a la deuda externa.

“Que nos explique cómo piensa gobernar y que venga a explicarnos si van a gobernar con la ley de Presupuesto o si va a gobernar a puro veto”, enfatizó secretario del gremio bancario, quien además, señaló: “Me molesta de sobremanera que diga que no viene a ‘prestarse a un show’ porque entonces lo de (Javier) Milei cuando presentó el proyecto en el Congreso fue un show”.

Dirigido al jefe de Estado, agregó: “Que haga bien los números porque no le están encuadrando los alumnos con los trabajadores”, en alusión a la publicación fallida del presidente de la Nación en X. para cerrar, cargó que esta convocatoria es para tener “un mínimo de transparencia para los argentinos y un mínimo de respeto en el uso de los fondos públicos porque es el tiempo en que venga a dar explicaciones y deje de estar escondido”.

Tras la presentación de Unión por la Patria, el diputado nacional Christian Castillo confirmó que apoyan el pedido de citación y explicó que “no hay argumentos para que no venga”. También, indicó que “si tiene traumas de cuando vino antes, no implica que no tenga la obligación de venir” porque “no es una opción y no se puede aceptar que diga que lo que acá se hace un show”, cerró.

El jefe bancada UP, Germán Martínez, cuestionó el cronograma de reuniones del tratamiento de la “ley de leyes” propuesto por la Comisión de Presupuesto y Hacienda y remarcó que “siempre arrancaba con la palabra del ministro de Economía”. Además, sostuvo que la citación es para “saber si el Poder Ejecutivo Nacional quiere o no quiere tener ley de Presupuesto”.

Una vez leído el dictamen de mayoría, la diputada nacional Silvana Giudici (Pro) que el texto contemple, además de la citación de Luis Caputo al tratamiento del Presupuesto 2025, una interpelación en el recinto del Cuerpo, y Cecilia Moreau le respondió que “si sirve para que acompañen, los sacamos”. Entre risas, la vicepresidenta de la Cámara baja aclaró que la legisladora aliada “preguntaba, pero no acompañaba”.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dictaminaron este lunes el proyecto de ley por el cual se modifica el Código Electoral Nacional - Ley 19.945- sobre Boleta Única de Papel para emisión del sufragio.

En el inicio de la reunión conjunta, Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales -cabecera del plenario-, confirmó que el dictamen será el mismo que llegó del Senado por el que se propone el “modelo mendocino”, en el cual la boleta estará dividida en filas horizontales para cada cargo electivo y en columnas verticales para cada agrupación política.

Los otros cambios contemplados en este despacho son que las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias se adelantarán del segundo al primer domingo de agosto; y se pasa de 50 a 60 días anteriores a la elección el plazo para el registro de la lista de candidatos proclamados; de 40 a 45 días para exhibir el diseño de la boleta única; y la campaña electoral se iniciará 60 días antes de las elecciones -actualmente es 50-.

Tal como se acordó en la Cámara alta no habrá botón (casillero) de lista completa y será la justicia federal con competencia electoral y la Dirección Nacional Electoral quienes llevarán adelante la campaña de difusión y capacitación destinada a informar a la sociedad acerca de las características del sistema de BUP.

En la cabina de sufragio, el elector marcará la opción electoral de su preferencia en la BUP con cualquier tipo de marca dentro de los casilleros impresos en ella, según corresponda.

Por su parte, el dictamen de mayoría que avala las modificaciones de la Cámara alta obtuvo 66 rúbricas a favor y 13 disidencias de Stolbizer, Oscar Agost Carreño, Nicolás Massot, Juan Brügge, Alejandra Torres e Ignacio García Aresca por Encuentro Federal; y del radicalismo de Carla Carrizo, Mariela Coletta, Danya Tavela, Karina Banfi y Pablo Juliano (con triple voto por las ausencias de Fernando Carbajal y Jorge Rizzotti).

Si bien está confirmado el apoyo del oficialismo, los aliados y toda la oposición dialoguista, desde el radicalismo anticiparon que van a insistir con la incorporación del casillero de la lista completa cuando el tema sea tratado en el recinto de la Cámara de Diputados durante este martes.

Esta iniciativa modifica la Ley 19.945 (Código Nacional Electoral); la Ley 26.215 (Financiamiento de los Partidos Políticos); la Ley 26.571 (PASO); la Ley 15.262 (Simultaneidad de Elecciones); y la Ley 24.007 (Registro de Electores Residentes en el Exterior).

En julio del 2022, con los votos de Juntos por el Cambio, los entonces diputados Javier Milei y Victoria Villarruel, y varios provinciales, el texto alcanzó la media sanción en la Cámara baja. Sin embargo, pasó dos períodos estancada en el Senado.

Renovación de autoridades mediante, el actual oficialismo retomó el debate en enero de este año y tras darle celeridad en las últimas semanas, el 12 septiembre pasado aprobó el proyecto de ley, pero fue devuelto a Diputados con modificaciones.

El debate 

El jefe de bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, fue el primero de los referentes dialoguistas en apuntar contra el peronismo / kirchnerismo y señaló que se opone a este cambio “el mismo partido que ha hecho del clientelismo y el secuestro de sus electores parte de su capacidad electoral”. “Esto pasa cuando uno habla con cualquiera de la provincia de Buenos Aires y se está destrabando”, relató.

Asimismo, señaló a Cristina Kirchner y Sergio Massa (autoridades de las cámaras cuando comenzó este debate) como quienes “no quieren” la Boleta Única. Del mismo modo, recordó: “En 2007 fuimos competitivos y sufrimos el robo sistemático de boletas y con le damos la posibilidad de creer en la democracia a la sociedad”. “Queremos igualar la cancha”, cerró.

En la misma línea, la diputada nacional Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) anticipó que este martes habrá un “largo debate”, y cuestionó al Senado por “habernos metido una traba”. “Las dificultades técnicas que nos pusieron nos llevan a suscribir con el dictamen, pero va a mejorar el funcionamiento de ese sistema y dará la equidad en la competencia electoral”.

Brevemente, la diputada nacional Silvia Lospennato (Pro) indicó que esta modificación “es una herramienta para disminuir el rol del dinero en la política”, y auguró que “después de 17 años, estamos a horas de que la Argentina tenga Boleta Única de Papel”.

Por otro lado, la diputada radical Carla Carrizo aclaró que “acá hay una construcción política que inició hace dos años con 18 bloques y me parece bien que el Gobierno participe, pero no que se apropie”. Confirmó que van a insistir con la lista completa en el recinto de la Cámara de Diputados, que luego fue reiterado por Karina Banfi.

En contraposición a las exposiciones de los legisladores aliados y los dialoguistas, desde Unión por la Patria, la diputada nacional Sabrina Selva llamó al avance de este proyecto como “un acuerdo entre el Gobierno y los provinciales”, y aseveró: “Ni hablar del Por y los radicales que son parte”. en ese punto, afirmó que “la BUP costaría más de 3.600 millones de pesos”.

Brevemente, la diputada Victoria Tolosa Paz enumeró aspectos negativos sobre la implementación de la BUP y cargó que “esto trae el voto nulo y el voto en blanco por la confusión que genera”. Por su parte, Eduardo Valdés cerró que "hasta hoy no hay denuncias por fraude en la República argentina. Gracias a este sistema de votación se logra la alternancia".

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda de Diputados se reunirá este lunes, desde las 18, para dictaminar sobre el proyecto de ley de boleta única de papel. La cita será en el segundo piso del Anexo "C" de la Cámara baja.

El tema fue incluido para la sesión de este martes y requiere, al tratarse de una cuestión electoral, una mayoría absoluta de 129 votos. El oficialismo, junto a sus aliados, los bloques que fueron Juntos por el Cambio y otros espacios federales, confían en darle sanción definitiva a la ley y que el Gobierno pueda implementar los cambios en el sistema electoral en los comicios de 2025.

Se trata de una iniciativa que salió de Diputados en junio de 2022 y que, tras permanecer congelada en el Senado, fue reflotada por La Libertad Avanza, aunque a lo largo de estos meses la tarea tampoco fue sencilla.

Luego de un intento frustrado en el verano, el oficialismo consiguió las adhesiones necesarias al introducirle una serie de modificaciones. Algunas fueron clave para lograr el acompañamiento de legisladores que representan a partidos provinciales, como el que tiene que ver con el casillero con la opción para votar lista completa.

Sin embargo, en Diputados la intención de un sector de la oposición dialoguista es que en este aspecto se mantenga la versión original, es decir, que no sea quitado ese casillero. Esto es resistido particularmente por las fuerzas provinciales, temerosas de que ese sistema "se las lleve puestas" en elecciones presidenciales en las que no presentan candidatos. Así ya lo dejaron saber dos diputados patagónicos.

Según supo este medio, en la Cámara baja también se insistirá sobre la versión de la media sanción respecto de la transmisión digital de los telegramas desde las escuelas y la obligatoriedad de que concuerden la cantidad de boletas en la urna con los votantes del padrón.

A través de la iniciativa se modifican artículos de: la Ley 19.945 (Código Nacional Electoral); la Ley 26.215 (Financiamiento de los Partidos Políticos); la Ley 26.571 (PASO); la Ley 15.262 (Simultaneidad de Elecciones); y la Ley 24.007 (Registro de Electores Residentes en el Exterior).

El diseño aprobado por el Senado propone el “modelo mendocino”, en el cual la boleta estará dividida en filas horizontales para cada cargo electivo y en columnas verticales para cada agrupación política.

En la BUP se identificarán con claridad: el nombre de la agrupación política; la sigla, símbolo distintivo y el número de identificación de la agrupación política; la categoría de cargos a elegir.

Para el caso de presidente y vice: nombre, apellido y fotografía color de ambos candidatos.

Para el caso de la lista de senadores nacionales: nombre y apellido de los candidatos y fotografía color de las personas titulares.

Para el caso de la lista de diputados nacionales, deberá contener como mínimo los nombres y apellidos de los 5 primeros candidatos y candidatas de la lista, a excepción de los distritos que elijan un número inferior, en cuyo caso se consignarán el total de los candidatos y candidatas. En todos los casos se incluirá la fotografía color de los primeros dos 2 candidatos titulares.

Para el caso de la lista de parlamentarios del Mercosur, por distrito nacional deberá contener el nombre y apellido de los 5 primeros candidatos y candidatas de la lista y fotografía color de las 2 primeras personas titulares.

Para el caso de la lista de candidatos a parlamentario del Mercosur, por distrito provincial: nombre y apellido y fotografía color del candidato titular.

Además, cada Junta Electoral Nacional adaptará dicho modelo y la diseñará de acuerdo a la oferta electoral de su distrito; mientras que el Poder Ejecutivo establecerá las medidas máximas y mínimas que podrá tener la BUP, así como también aquellas pautas técnicas y materiales que resultan necesarias para su implementación.

En la cabina de sufragio, el elector marcará la opción electoral de su preferencia en la BUP con cualquier tipo de marca dentro de los casilleros impresos en ella, según corresponda.

Una de las modificaciones del Senado es que las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias se adelantarán del segundo al primer domingo de agosto.

Asimismo, se pasa de 50 a 60 días anteriores a la elección el plazo para el registro de la lista de candidatos proclamados; de 40 a 45 días para exhibir el diseño de la boleta única; y la campaña electoral se iniciará 60 días antes de las elecciones -actualmente es 50-.

La justicia federal con competencia electoral y la Dirección Nacional Electoral llevarán adelante una campaña de difusión y capacitación destinada a informar a la sociedad acerca de las características del sistema de BUP.

La media sanción de Diputados contemplaba que para facilitar el voto de personas ciegas se elaboren plantillas en braille, pero en el Senado eso se quitó.

La titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena, fue convocada a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el próximo 8 de octubre. La reunión será a las 13 en el Salón Delia Parodi, mismo día en que se estima arrancará el debate por el Presupuesto 2025.

La presencia de la funcionaria había sido requerida días atrás, vía una nota formal, por diputados de la oposición dialoguista: la radical Karina Banfi; el cívico Juan Manuel López; Silvana Giudici y Silvia Lospennato, del Pro; y Miguel Pichetto y Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal.

En la solicitud enviada al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Nicolás Mayoraz, los legisladores consideraron que “sería menester que brinde información pertinente al decreto 780/24, debido a los planteos en la opinión pública y de los diputados que integran este cuerpo acerca de la viabilidad constitucional de la reglamentación efectuada por el Poder Ejecutivo a la Ley 27.275”.

El pasado 4 de septiembre, durante la presentación Guillermo Francos, varios diputados consultaron al jefe de Gabinete sobre el decreto. Algunos, como Banfi, reclamaron directamente su derogación. En esa oportunidad, el funcionario dijo que “no hay ninguna intención del Gobierno nacional de limitar el acceso a la información pública” y abrió la puerta a una revisión del mismo. Pero más tarde, desde Casa Rosada, el vocero Manuel Adorni avisó que no se harían cambios.

Sin embargo, la preocupación en torno a las modificaciones en el acceso a la información pública fue trasladada también, en reuniones con funcionarios, por los aliados del Pro. Más precisamente en el encuentro que tuvieron con Karina Milei, cinco días después del paso de Francos por el Congreso, y cuando el jefe de Gabinete se encontraba internado.

Tras su publicación, el decreto 780/24 sumó cuestionamientos no sólo desde el Congreso, sino por parte de distintas asociaciones, organizaciones, entidades periodísticas y Defensorías del Pueblo de todo el país.

El bloque de la UCR presentó un proyecto de declaración de rechazo; la CC-ARI propuso su derogación; mientras que Unión por la Patria y Encuentro Federal presentaron sendas iniciativas para declararlo “nulo de nulidad absoluta e insanable” por haberse arrogado el Ejecutivo atribuciones del Poder Legislativo en los cambios introducidos.

A través del decreto, el Gobierno excluyó de la información pública el pedido sobre datos del ámbito privado de los funcionarios, “especialmente” cuando la solicitud pretenda “ingresar a una esfera típicamente doméstica”.

Entre los cambios, se redefine el concepto de “documento” para que las deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo y exámenes preliminares de asuntos gubernamentales no sean considerados de carácter público.

Otra de las modificaciones que encienden las alarmas tiene que ver con que se establece que debe respetarse el principio de “buena fe”, o de lo contrario se podrá entender que existe un “abuso del derecho” remitiendo al artículo 10 del Código Civil.

Durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, el oficialismo y bloques de la oposición dialoguista -Pro, UCR, Coalición Cívica, Encuentro Federal y CREO- avanzaron con el dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley de ficha limpia, que establece la prohibición para que personas condenadas por corrupción sean candidatas a cargos nacionales. 

Luego que La Libertad Avanza decidiera poner en agenda un tema reclamado por sus socios del Pro,  y tras semanas en las que se escucharon a especialistas en reuniones informativas, se arribó a un despacho que establece que la inhabilitación correrá “desde que exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o, en su caso, cumplimiento de la pena correspondiente”. De esta manera, en su situación actual, la expresidenta Cristina Kirchner (en quien se piensa inmediatamente al hablar de este tema) podría ser candidata. Sin embargo, se espera que próximamente la Cámara de Casación resuelva la revocación, ampliación o confirmación de su condena en la causa Vialidad. Si ocurre esto último, y el proyecto además se convierte en ley, no podría postularse, por ejemplo, en las elecciones del año que viene. 

En el texto se contemplan los delitos de cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento; el delito de fraude en perjuicio de la administración pública; y todos los delitos que sean incorporados al Código Penal o por leyes especiales, en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Desde la oposición, el bloque de Unión por la Patria presentó un dictamen propio, que establece que la prohibición deberá ser por condena firme de la Corte Suprema de Justicia e incorpora los delitos económicos. Hubo, además, un dictamen planteado por el diputado radical Fernando Carbajal y otro por Vanina Biasi, del Frente de Izquierda. 

Impulsora del dictamen de mayoría, la diputada del Pro Silvia Lospennato confesó su satisfacción: “Para mí, y sé que para la mayoría de esta comisión, este es un día de enorme alegría”. Aseguró a continuación que se trata de una iniciativa por la que “miles de argentinos se vienen manifestando y pidiendo hace muchísimos años” y destacó al “movimiento de ciudadanos” que encabeza el reclamo.

También mencionó que ella en 2016 presentó la primera iniciativa y dijo que “este es un proyecto que desde el Pro sentimos como muy propio”. Al recordar que en 2019 -hacia el final del gobierno de Cambiemos- no se pudo tratar el texto en el recinto, la legisladora indicó que este dictamen “se inspira básicamente” en ese antecedente; con la diferencia de que ahora “somos más de los 129 diputados necesarios para que en los próximos días tengamos media sanción de ficha limpia”, expresó y generó aplausos. 

La vicepresidenta tercera de la Cámara baja enumeró que la ficha limpia ya existe hoy en las provincias de Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan y Santa Fe, y “en más de 40 municipios”. 

“Esto es concretar un sueño de los constituyentes de 1994”, consideró Lospennato, y explicó que se contemplará la prohibición para quienes posean una condena con doble conforme ya que “en instancia de imputación o procesamiento, claramente este proyecto sería inconstitucional, porque estaría en contra de tratados (internacionales) incorporados a nuestra Constitución”. 

A su turno, la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto opinó que el tema de ficha limpia “también nos interpela a este Congreso sobre qué pasa con los jueces” porque “hay jueces que especulan políticamente y deciden que una persona pueda estar años con un proceso sin tener una resolución”. “Quienes en serio hemos denunciado la corrupción en Argentina hemos tenido que ver cómo se aceleraban algunos procesos y se dormían otros”, manifestó y llamó a “no seguir designando jueces que son parte del problema”. 

Al plantear el dictamen de Unión por la Patria, la diputada Mónica Litza arrancó: “No sé en qué país vive la diputada Lospennato, porque nosotros no vemos gente manifestándose a lo largo y ancho de toda la Argentina pidiendo por la ficha limpia; a lo sumo vemos jubilados, estudiantes, rectores, trabajadores, realmente esas son las preocupaciones de la Argentina”. “¿Es una prioridad de la ciudadanía? ¿O es parte de esta pos verdad donde no son importantes los hechos, sino las percepciones y los relatos?”, se preguntó. 

“Nosotros nos vamos a oponer, como seguramente algunos de ustedes hubieran esperado”, aclaró la massista y añadió que “es una verdad de perogrullo el tema de la ficha limpia, porque nuestro sistema penal y jurídico lo prevé”. Pero, luego, mandó al oficialismo y aliados a que “vayan a estudiar qué significa condena”. “Nosotros como legisladores no podemos dar el status de cosa juzgada cuando la ley no lo da. Cuando hablamos de condena y sentencia firme decimos que deben estar agotadas todas las instancias recursivas que prevé nuestra legislación”, apuntó. 

Respecto de lo dicho sobre los años que tardan en resolverse las causas de corrupción, la legisladora opositora observó que tal vez haya que “poner la mirada en el Poder Judicial” y avanzar con “una reforma judicial” donde “se pongan plazos perentorios para generar certezas”. 

Finalmente, Litza resumió que el dictamen de UP propone la inhabilitación con condena firme de la Corte; la incorporación de los delitos económicos; que el tiempo de inhabilitación dure por el tiempo de la condena, “para que no quede abierto en forma discrecional a la voluntad de los magistrados”; y que hasta antes del llamado al proceso electoral se puedan oponer las inhabilitaciones. 

Por su parte, el diputado radical Fernando Carbajal anunció un dictamen propio, diferenciándose así de sus pares de la UCR, quienes avalaron el dictamen propuesto por el Pro y LLA. Para el formoseño, ese despacho “es total y absolutamente insuficiente y ni siquiera responde al concepto de ficha limpia que pretende sostener”. “Se ha limitado el universo de delitos”, cuestionó y advirtió que “según lo que estamos diciendo en esta ley ser un narcotráfico, un pedófilo o un asesino es menos grave, porque todos esos delitos quedan excluidos”. Y señaló que su dictamen incluye la prohibición para todos los que estén acusados por “todos los delitos que tengan una pena superior a tres años”. 

“La decisión de exigir el doble conforme es una decisión política y cuidado con esta decisión. Analicemos la realidad y veamos quiénes son los que están condenados con sentencia pero no tienen doble conforme. A esas personas de las que muchos se llenan la boca hablando les estamos dando una habilitación expresa para que sean candidatos”, lanzó. 

Para el exjuez, “la sentencia de condena de los tribunales de instancia única es absolutamente suficiente como requisito para establecer una razonable limitación al derecho a ser elegido”, limitación que debe ser de “carácter temporal”. “Si transcurridos dos años esa sentencia no es confirmada por Casación, el ciudadano recupera el derecho a ser elegido”, aclaró. 

Por último, el radical dijo que “la decisión de esperar al doble conforme es absurdo” y criticó el dictamen de la mayoría al calificarlo como “una norma puramente simbólica” y que “es un gran engaño”. 

Durante el debate, el diputado de Unión por la Patria Martín Soria sostuvo que “mientras la Argentina va cuesta abajo, vuelven a poner este proyecto como una cortina de humo para Tik Tok y redes sociales, porque la verdad que no va a solucionar absolutamente nada y lo saben. Además de que es inconstitucional y así va a ser declarado”. Sobre esto, agregó que la propuesta “vulnera garantías y derechos constitucionales”. 

“El principio de inocencia sólo puede desvirtuarse ante una sentencia condenatoria firme en la última instancia”, subrayó el exministro de Justicia y alertó que, de aprobarse esta ley, “van a hacer política los que sean amigos o amigas de los Bonadio”, en alusión al fallecido juez. 

Defendió luego el “dictamen en serio” de su bloque, que “se hace eco de los fallos y la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”; además “agrega muchos delitos de corrupción privada”. “Si quieren que realmente un corrupto no llegue a la función pública, como bien decía Paula (Oliveto), encarguémonos que no haya jueces corruptos entrando a escondidas a la Casa Rosada, a Olivos o a Los Abrojos”, completó. 

Desde el Frente de Izquierda, la diputada Vanina Biasi opinó que “no va a ser con este proyecto que van a permitir que la política no esté íntimamente relacionada con la corrupción”. Y consideró que este proyecto está dentro de un paquete de leyes que “son anticonstitucionales, que buscan vulnerar las voluntades individuales de nuestra población”, como el de reiterancia. 

En tanto, la diputada radical Roxana Reyes expresó: “Tenemos que pensar a quiénes estamos protegiendo hoy. Estamos protegiendo a los más desprotegidos. La corrupción en la política y los cargos públicos es lo que ha generado hambre”. Al cuestionar a los “jueces que permiten que esto suceda porque nunca avanzan estas causas”, la santacruceña remarcó que viene de “una provincia que siendo la cuna de la corrupción kirchnerista no tiene un funcionario condenado o procesado”. Y pidió realizar “una reflexión” sobre el proceso de selección de los jueces, su designación y qué tiempos se toman para juzgar casos de corrupción. 

Para la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer, “los partidos políticos son el ámbito donde preventivamente se debe detectar y evitar que cualquier delincuente termine yendo a parar a alguna de las listas”, y mencionó el caso de Germán Kiczka, “el diputado -ya destituido- pedófilo y acusado de delitos aberrantes y gravísimos en Misiones”. “Yo preguntaría cómo hizo ese señor para llegar a ser diputado del oficialismo, cosa que no dicen. Si este señor perteneciera a cualquier partido político tradicional, de los que el presidente llama casta, le pondrían su afiliación política al lado; y como pertenece al partido del Gobierno nacional nunca dicen que de eso se trata”, se quejó. 

En el cierre de un largo debate, la oficialista Nadia Márquez felicitó a los bloques que pujan por el tema hace tiempo y destacó “el compromiso del presidente Javier Milei con ficha limpia”, quien lo anunció en la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo. “Ficha limpia busca transparencia, responsabilidad política e integridad en los funcionarios públicos”, dijo la neuquina y resaltó que “las restricciones al sufragio activo y pasivo deben ser las justas y las necesarias para que no estemos, de cierta manera, vulnerando este derecho que es tan importante. Por eso hemos pensado en un doble conforme”. También argumentó que el dictamen va “en consonancia con el Pacto de San José de Costa Rica”, que establece la condena penal, y “no vulnera el principio de inocencia”. 

A casi un mes de la última reunión sobre el tema, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados se reunirán este martes 17 de septiembre a las 14 en un plenario para dictaminar el proyecto de ley conocido como “ficha limpia”, el cual reglamenta la prohibición para aquellas personas condenadas por delitos para que no puedan ser candidatos en elecciones.

Será la cuarta reunión y según los presidentes de ambas comisiones, Nicolás Mayoraz y Manuel Quintar respectivamente, este nuevo encuentro será para que el texto pase a la firma. Asimismo, el despacho es la unificación de los proyectos impulsados por La Libertad Avanza, el Pro, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica.

Durante la Asamblea Legislativa del pasado 1ro. de marzo, el presidente Javier Milei había anunciado que impulsaría un paquete de “leyes anticasta”, entre las que estaría una para que “las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no puedan presentarse como candidatos en elecciones nacionales”.

El tema de “Ficha limpia” no es nuevo: en 2019, durante la gestión de Cambiemos, el otrora oficialismo -ya en retirada- intentó darle media sanción en Diputados, pero fracasó por falta de quórum en una sesión durante noviembre. El dictamen se había firmado en agosto, antes que en las PASO y las generales se impusiera el Frente de Todos.

En 2020, durante la pandemia y mientras había trabajo virtual, los diputados del exinterbloque Juntos por el Cambio reclamaron a la Comisión de Asuntos Constitucionales que abra el debate. Sin embargo, luego no siguió adelante.

Con la premisa de dictaminar en esta reunión, las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento; y Asuntos Constitucionales mantendrán este martes 3 de septiembre a las 16.30 un encuentro plenario para definir la creación de una comisión especial que va a investigar la visita de los seis diputados libertarios a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad en la Unidad Penitenciaria de Ezeiza el pasado 11 de julio.

Tal como exigió Unión por la Patria, la Comisión de Asuntos Constitucionales no será presidida por el santafesino Nicolás Mayoraz y, hasta el momento, sería encabezada por María Eugenia Vidal, vicepresidenta primera. El pedido del bloque opositor se dio en la última reunión de Peticiones, donde Cecilia Moreau cargó contra el oficialista por haber estado dentro de los grupos de chats en donde se organizaron los viajes a la cárcel.

Según supo parlamentario.com, la comisión especial investigadora quedaría compuesta por 4 integrantes de UP, 2 de La Libertad Avanza, 2 del Pro, 2 de la Unión Cívica Radical y 1 de Encuentro Federal. Una vez elevado el despacho, cada bloque tendrá 48 horas para comunicar a cada representante. Luego, tendrían la obligación de reunirse, por lo menos, una vez a la semana.

Además, el dictamen, unificado entre los impulsados por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, tendría la obligación de presentar informe y conclusiones con las medidas que considere pertinentes en el plazo máximo de 30 días corridos.

A mediados de julio, trascendió que los diputados oficialistas Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta estuvieron reunidos con represores condenados a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza, entre ellos, Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Carlos Suárez Mason y Adolfo Donda.

Ante la conmoción por el conocimiento del viaje, Bonacci y Arrieta relataron haber sido “llevadas por engaño”: A los pocos días se difundió la foto de la reunión con la diputada mendocina en el centro de la escena, quien tras varios idas y vueltas de acusaciones internas, resultó eyectada de la bancada de La Libertad Avanza en el Cámara de Diputados.

Con su salida, la diputada mendocina Lourdes Arrieta formó un monobloque y, luego, publicó una serie de imágenes en X con capturas de pantalla de las conversaciones grupales que tuvieron diputados del oficialismo junto al padre Javier Ravasi -presunto organizador de las visitas- y por el cual se buscó preparar un proyecto de ley para que los exmilitares detenidos puedan gozar de la prisión domiciliaria.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados se reunieron este martes por tercera vez en un encuentro plenario para continuar con el debate del proyecto de ley conocido como “ficha limpia”, el cual propone la prohibición para aquellas personas condenadas por delitos no puedan ser candidatos en elecciones.

Según se anunció al cabo de la reunión que encabezaron los diputados Nicolás Mayoraz y Manuel Quintar, en la próxima sesión buscarán emitir dictamen. Previamente expondrán los diputados autores de proyectos que quieran defenderlos.

En primera instancia, las diputadas autoras de proyectos relacionados a esta temática explicaron sus propuestas. Luego, Julio Golodny, Adrián Martín, Gabriel Slavinsky y Eduardo Sigal expusieron acerca de la iniciativa en la reunión llevada a cabo en el Salón Delia Parodi.

En primer lugar, la diputada radical Roxana Reyes brindó detalles del proyecto de su autoría y amplió: “Prevé una inhabilitación para ser candidato o precandidato a cargos electivos a aquellos que tienen una condena, aunque estuviera recurrida, una inhabilitación que subsiste hasta que esta condena sea revocada o hasta que se cumpla la pena”.

Asimismo, sumó que “tiene que ver con delitos graves, corrupción, cohecho”, porque “el proyecto tiene que ver con el interés superior protegido”, añadió. Antes había agradecido que el tema sea puesto en agenda y valoró la participación ciudadana en la confección del texto.

Luego, la diputada nacional Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) añadió que “este proyecto hace un juego armónico entre el artículo 16 de la Constitución Nacional que exige la idoneidad y el artículo 36 que busca la idoneidad técnica y moral”.

“Además busca la reforma del artículo 33 de la Carta Orgánica de los Partidos Políticos, exigiéndoles a los precandidatos que no puedan tener condenas contra la administración pública, contra el orden público, contra la seguridad de la nación, contra los poderes públicos y el orden constitucional y todos los delitos dolosos con penas mayores o iguales a 3 años”, sumó.

Aliada del oficialismo, la diputada tucumana Paula Omodeo (Creo) expresó que “hay una demanda social que tenemos que cumplir de mejorar la calidad de representación democrática pero también a los eternos procesos penales y poniendo foco en donde hay un político en el proceso”.

También, comentó que “es una inhabilitación temporal para que personas en determinados momentos del estadio de la condena procesal, siempre en fuero penal, no puedan acceder temporalmente a ser candidatos. Lo más novedoso de mi proyecto es que incorpora los delitos contra la integridad sexual”.

Los expositores

Por su parte, el licenciado Gabriel Slavinsky sostuvo que “la ficha limpia tiene 10 años de historia”, y “requiere atemporalidad, que no sea por algún dirigente o candidato específico y se demanda consenso y reglas de juego claras para que exista esa conexión comunicacional, entre la oferta y la demanda”.

Adrián Martín, juez integrante del Tribunal Oral N° 15 aportó que “una sentencia firme es la única posibilidad de desvirtuar el estado de inocencia y en consecuencia empezar a aplicar una pena”. Propuso, además, que “reducir los plazos sin violar el principio de inocencia y el derecho a elegir a quien la ciudadanía adulta e informada pueda decidir”.

Especialista en derecho procesal, Julio Golodny, explicó que la iniciativa “tiene una piedra angular que es la Constitución”. “Esta condición es la bisagra de esa puerta que abre o cierra las expectativas de los ciudadanos de elegir y ser elegidos”, sumó.

“No hay ninguna posibilidad de dictar una ley o reformarla que respete cabalmente la inocencia de las personas, somos todos inocentes, aunque estemos sujetos a una imputación penal en un proceso penal o una condena si esa condena no está firme la persona sigue siendo inocente”, añadió.

Por último, Eduardo Sigal manifestó que “ficha limpia es un tema coyuntural, nadie se va a oponer si acotamos cualquier elemento que tenga que ver con la corrupción y la posibilidad de la representación, pero hay que ser cuidadosos en no estar cercenando las posibilidades de la representación en ese sentido”.

El oficialismo en el Senado buscará reflotar el debate sobre el proyecto de boleta única de papel para las elecciones nacionales, que quedó trabado en el verano durante las sesiones extraordinarias.

Para salir del virtual empate que reúne la iniciativa, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde mayo de 2022, La Libertad Avanza requerirá de un acuerdo para convencer a la rionegrina Mónica Silva, impulsora de un dictamen alternativo, al que se acopló Unión por la Patria.

El despacho que se firmó en enero será nuevamente tratado este martes, desde las 11 en el Salón Illia, durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.

La semana pasada, funcionarios del Gobierno nacional aterrizaron en la Cámara alta para explicar a senadores de bloques dialoguistas la reforma política ideada por Guillermo Francos, cuyo "corazón" es la eliminación de las PASO, algo para lo que ya se encontraron que no hay consenso.

Mientras en la Cámara de Diputados se avanzó con el dictamen sobre el voto de los argentinos en el exterior, y se debaten en comisiones los proyectos sobre "ficha limpia", el oficialismo intenta que la agenda electoral en el Senado continúe con la boleta única de papel, pero para conseguirlo deberá habilitar cambios, lo que obligaría al texto a regresar a Diputados.

Entre las modificaciones estaría la posibilidad de que se elimine el casillero en blanco con la opción para que se vote lista completa.

Durante estos meses el tema estuvo frenado a raíz de la disidencia de la rionegrina Silva, quien insiste con la BUP por categoría, como rige en Santa Fe, y no con todas las categorías en una sola papeleta, al estilo cordobés (de la media sanción).

El oficialismo junto al resto de los bloques dialoguistas quedó trabado en 36 votos y, por tratarse de una cuestión electoral, se requiere una mayoría absoluta de 37, por lo que la vicepresidenta Victoria Villarruel no puede desempatar (como hizo en la Ley Bases, por ejemplo).

Una nueva tanda de invitados asistió este martes a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, en el marco de la continuación del debate que se inició sobre los proyectos referidos a "ficha limpia" para que personas acusadas por corrupción no puedan ser candidatos a cargos electivos.

En la docena de iniciativas presentadas hay matices sobre a partir de qué instancia judicial correría la restricción y qué delitos se incluirían. Los textos son impulsados por los bloques del exJuntos por el Cambio -Pro, UCR y CC-, pero también hay de La Libertad Avanza. Además, en la Asamblea Legislativa de este año, el presidente Javier Milei mencionó la propuesta dentro del paquete de "leyes anti-casta" que prometió impulsar.

El primer orador de la jornada fue el abogado Alejandro Fargosi, quien enfatizó que "no podemos tener regímenes jurídicos distintos para los políticos de los que hay para los ciudadanos, esto no puede ser, porque está mal. Los diputados y senadores, y los miembros del Poder Ejecutivo, no tienen ningún privilegio respecto de las personas comunes".

Respecto del momento del proceso judicial a partir del cuál debería correr la prohibición, el exconsejero de la Magistratura opinó que "la sentencia en primera instancia, más allá de que no tenga carácter de cosa juzgada y por que por ende no exista culpabilidad establecida, debe ser un obstativo para la presentación ante cargos electivos".

"No porque la persona sea culpable, que todavía no lo es, sino sencillamente porque el derecho político debe prevenir a la sociedad de los riesgos que implica que una persona que ha sido encontrada culpable, por lo menos en esa etapa procesal, tome un poder realmente superior al de cualquiera de los mortales", sumó.

A su turno, la filósofa Diana Cohen Agrest aseguró que "ficha limpia" tiene como fin "impedir el acceso a un cargo para obtener fueros e impunidad". "Una persona que cuenta con antecedentes penales no puede ser candidata", afirmó y mencionó el "caso notorio" del expresidente Carlos Menem.

"En 2015 un tribunal lo condenó a cuatro años y medio de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el pago de sobresueldos; luego fue condenado a siete años de cárcel por contrabando de armas a Ecuador y Croacia", recordó y mencionó que "el 9 de agosto de 2017, la Cámara Nacional Electoral resolvió que el expresidente no podría ser candidato al Congreso ya que tenía una condena por tráfico de armas, y apenas 20 días después, con una celeridad envidiable, la misma CNE rechazó las impugnaciones presentadas contra la candidatura a senador del expresidente".

Agrest añadió que "en el 2018 la Cámara de Casación le ratificó la pena por la causa de sobresueldos, pero como a esa altura ya gozaba de fueros, continuó sentado en el Senado". "Desde 2005 a 2021, cuando falleció, el Congreso fue su aguantadero", dijo sobre Menem.

Por su parte, el abogado Alfredo Vítolo destacó que "no hay nada en la Constitución Nacional, no hay nada en los tratados internacionales de Derechos Humanos, que impida o transforme a estos proyectos en algo que violente alguna norma jurídica de rango superior". "La decisión es política, le cabe a cada uno de ustedes. No hay nada que obligue tenerla, no hay nada que impida tenerla", manifestó.

Vítolo lamentó que "la imagen que el común de la gente tiene del Congreso Nacional es triste, preocupante, lamentable". Tras aportar datos sobre encuestas de opinión respecto al Poder Legislativo, el letrado apuntó que "la palabra casta" alude a "ser un grupo privilegiado; está la sensación popular de que muchos de ustedes están acá porque es una guarida de corruptos y ladrones, o que están calentando sillas para cobrar una dieta o como pagos de favores políticos". "Esta es la imagen que hay que cambiar", sostuvo.

Foto: (@FerIglesias)

El abogado Hugo Wortman Jofré remarcó que "hay que tratar de compatibilizar el derecho del ciudadano a elegir candidatos probos, honestos en sus funciones, con las garantías constitucionales del proceso penal". "Pensamos que es muy sostenible la idea de doble conforme, con opinión del máximo tribunal penal de la Nación, rechazando el recurso extraordinario, ha agotado toda la vía recursiva que garantiza lo que mandan los tratados internacionales y la ley penal", explicó.

Asimismo, advirtió que "la proscripción de la persona sin sentencia firme no puede extenderse in aeternum en el tiempo" sino que "tendría que tener un limitante temporal, por dos o tres electivos".

Conectada vía Zoom, la periodista Fanny Mandelbaum, quien ha sido impulsora de "ficha limpia", contó que cuando se enteró de esta propuesta por Twitter se preguntó "¿cómo hay que hacer una ley de ficha limpia? ¿Quién quiere tener un corrupto sentado en la Legislatura o en un cargo oficial? Veía a muchos corruptos que estaban y volvían a estar. No hace falta darles los últimos ejemplos, porque son suficientes".

Y lanzó: "El más terrible de todos es un diputado que es pedófilo y no lo pueden detener a pesar de las pruebas porque tiene fueros. Y yo podría preguntar, ¿quién se siente orgulloso de tenerlo al lado?". "Ficha limpia es imprescindible, no tiene nada que ver con un partido político", añadió.

Martín Scotto, abogado especializado en derechos humanos y control público, señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda "terminar con la cultura de la impunidad" y "reconstruir la confianza en las instituciones", y es allí "donde se sustenta este proyecto de ficha limpia, que es nada más y nada menos que una herramienta de lucha contra la corrupción".

"Se trata de una inhabilitación temporaria, no es definitiva, es una medida cautelar para no afectar la presunción de inocencia", subrayó y consideró que "si entendemos que la corrupción es un acto que viola los derechos humanos, esta prohibición es perfectamente aplicable a estos casos".

Exdiputado nacional, el abogado Jorge Enríquez recordó la intención del otrora oficialismo Cambiemos de sancionar la ley de "ficha limpia" en 2019; durante ese debate parte de la coalición gobernante "no quería que se ampliara a otros delitos que no sean los de corrupción, y los dolosos quedaron fuera".

Enríquez opinó que en esta oportunidad debe aprobarse la prohibición para "todo tipo de delitos" y "con una sentencia de primera y de segunda instancia", esto además por los tiempos que conllevan las causas de corrupción hasta llegar a condena firme.

"La presunción de inocencia tiene raíz penal y la limitación al ejercicio no activo, sino pasivo, de los derechos electorales, tiene raíz político-electoral", observó. "El cambio de época está mostrando que esta ley resulta cada vez más imprescindible. La ciudadanía está harta que los cuerpos políticos se transformen en un refugio de los delincuentes. Si sancionan la ley vamos a fortalecer el sistema democrático en Argentina", finalizó.

Según informó el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Nicolás Mayoraz, la próxima reunión será también informativa, con invitados propuestos por Unión por la Patria.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados retomarán el debate sobre los proyectos de "ficha limpia", con la participación de nuevos invitados. El encuentro se realizará este martes desde las 14 en el Salón Delia Parodi.

Las iniciativas apuntan a prohibir que personas acusadas por corrupción sean candidatas a cargos electivos, pero entre los textos hay diferencias sobre a partir de qué instancia judicial correría la restricción. Si se aprobara una redacción estricta, que no contemple condenas firmes, la exvicepresidenta Cristina Kirchner sería por ejemplo inhabilitada.

Fueron confirmados como expositores del debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia Alejandro Fargosi, Alfredo Vítolo, Hugo Wortman Jofre, Jorge Enríquez, Guillermo Mizrahi, Diana Cohen Agrest (virtual), Martin Scotto y Fanny Mandelbaum.

Otra de las discusiones será cuáles delitos se incluirán, dado que hay quienes consideran que además de aquellos contra la administración pública, hay otros delitos graves que también deben ser contemplados para la prohibición.

Entre más de una docena de proyectos, la mayoría corresponden al Pro, la UCR y la Coalición Cívica, bloques que supieron ser Juntos por el Cambio. El otrora oficialismo, durante el final de la gestión de Mauricio Macri, intentó -sin éxito- aprobar "ficha limpia" en Diputados.

El oficialismo habilitó el debate del tema en un gesto a sus socios del Pro, pero también presentó una iniciativa propia, liderada por Nicolás Mayoraz, quien preside Asuntos Constitucionales.

Durante la primera reunión informativa, ciudadanos impulsores de la iniciativa presentaron a los diputados las firmas recolectadas a través de la plataforma Change.org. Asimismo, asistieron un grupo de especialistas, quienes se manifestaron todos a favor.

Con aval de La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas, recibió dictamen este martes en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados un proyecto de ley para garantizar el voto por correo postal de los argentinos que residen en el exterior y actualizar la normativa sobre la materia. 

El despacho obtuvo 36 firmas con algunas disidencias, entre ellas una de la radical Carla Carrizo, que pide incluir que los argentinos que se encuentran viviendo en otro país puedan también votar en las PASO. 

El proyecto que se dictaminó fue consensuado entre siete iniciativas, pero se tomó como principal referencia el elaborado por el macrista Fernando Iglesias. Contiene más de 60 artículos, ya que deroga la actual Ley 24.007 y sus normas complementarias. 

También deroga el decreto 189/2021, mediante el cual el expresidente Alberto Fernández derogó el decreto 45/19 por el cual su antecesor Mauricio Macri había habilitado el voto por correo postal. Mediante el proyecto despachado este martes, se garantiza el sufragio por esa vía. 

La iniciativa establece que los ciudadanos argentinos que residen fuera del territorio de la República son titulares del derecho a votar en todas las instancias de las elecciones nacionales que deciden cargos efectivos en iguales condiciones que los ciudadanos residentes en el país. El Poder Ejecutivo Nacional será responsable de garantizar los medios económicos, organizativos y tecnológicos necesarios para el pleno cumplimiento de este derecho. A su vez, la Cámara Nacional Electoral será la responsable de establecer el número de las mesas electorales de cada sede, respetando el límite máximo de 1.000 electores por mesa.

En el comienzo del plenario, Iglesias defendió que se trata de “saldar un déficit, reconocer un derecho y permitir que aquellos argentinos que se fueron del país puedan seguir considerándose parte del país y participando de sus actos más importantes”. Además lamentó que Argentina, que supo ser “un país de acogida” se convirtió “en un país de expulsión desde hace décadas”. 

El legislador destacó que el dictamen se hizo en base a “sugerencias y correcciones de todos los diputados que han presentado proyectos”, pero además “cada uno de estos artículos han sido consultados con argentinos en el exterior”. 

“El voto por correo nos parece fundamental, las representaciones argentinas son muy escasas en el exterior, la absoluta mayoría de los argentinos viven a miles de kilómetros de distancia del consulado más cercano”, agregó. Y fundamentó su postura de no incluir a las PASO, ya que “sería duplicar el costo” y “es un momento de austeridad”. 

Foto: HCDN

El jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió por la postergación del dictamen por el “escasísimo tiempo que hubo”, al señalar que el texto del dictamen fue enviado a los miembros de la comisión media hora antes. Al asegurar que la intención no era “obstruir”, el santafesino reclamó “firmarlo mejorado la semana que viene” porque hay “aspectos que contradicen el Código Nacional Electoral”. “Es con ánimo constructivo”, sumó.

Iglesias le contestó que les había costado “un gran esfuerzo conseguir el quórum” y que no veía dificultades en que las observaciones sean acercadas antes de que el tema se trate eventualmente en sesión, para consensuar modificaciones antes del recinto.

En sintonía con la postura de Iglesias, el presidente de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, enfatizó que “no hay mejor momento para aprobar reglas nuevas que sancionarlas en un año no electoral, previo a una elección intermedia”. Al recordar la decisión del gobierno del Frente de Todos sobre el voto por correo, el legislador lanzó: “Fue judicializado por el peronismo, entonces disculpen la desconfianza”. 

A su turno, Carrizo coincidió en que “son los años no electorales los que hay que avanzar para garantizar derechos electorales”. “El dictamen lo que hace es que el derecho de los argentinos que residen en el exterior no sea interpretado arbitrariamente por los gobiernos”, ponderó.

Sobre su disidencia para incluir a las elecciones primarias, la diputada expresó que las PASO “hoy no están derogadas, son ley y es un voto obligatorio para los argentinos que residen en Argentina. Tienen que ser mismos derechos y mismas obligaciones. Eso tiene que estar independientemente de la preferencia del Gobierno”. 

Impulsora de uno de los proyectos, la macrista Silvia Lospennato dijo que “una de las primeras medidas que tomó el expresidente Alberto Fernández fue quitarles esta facilidad para acceder a su derecho al voto a los argentinos en el exterior” al referirse al voto por correo. “Lo que estamos haciendo es un acto de reparación”, consideró. Y señaló que a pesar de tener pedidos de modificación en lo que hace a la fiscalización, no hay que seguir “demorando” el tema. 

Martínez rechazó “el deseo de traer a la grieta política” la cuestión. “Oleadas de argentinos que se fueron al exterior hay muchas, la más grande tuvo que ver la exdictadura cívico-militar. Digo, porque nos llenamos la boca con ampliar derechos y después vamos a Ezeiza a visitar genocidas”, lanzó en contra de los libertarios. 

Con impulso del oficialismo y los bloques del exJuntos por el Cambio, arrancó este martes en la Cámara de Diputados el debate de los proyectos denominados “ficha limpia”, que buscan prohibir que personas acusadas por corrupción sean candidatas a cargos públicos. 

Las iniciativas, entre las que hay de La Libertad Avanza, el Pro, la UCR y la CC-ARI, varían entre la instancia judicial (desde un procesamiento hasta una condena firme) y los delitos -algunos proponen que no sean sólo los que son contra la administración pública- que se incluirían para la inhabilitación. 

Con invitados que hablaron todos a favor de los proyectos, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia realizaron la reunión informativa en el Salón Delia Parodi. 

En el arranque, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Nicolás Mayoraz, abogó por que “podamos sacar una ley que viene reclamando la ciudadanía desde hace mucho tiempo”. “Tenemos que cumplir con la manda constitucional del artículo 36; cumplir con la eficacia que nos pide la Convención Americana contra la Corrupción; y tenemos que elevar los estándares constitucionales, legales, para elección de candidatos que ocupan cargos públicos”, sostuvo. 

El santafesino explicó que se trata de definir cuál será “el estándar mínimo” exigido para ocupar un cargo público y que, mediante los distintos proyectos, “las opciones van desde un simple procesamiento hasta una condena confirmada”; al tiempo que también varían los delitos que se incluirían. Es decir, no sólo los de corrupción, sino otros como “trata de personas o delitos contra la integridad sexual”, por ejemplo. 

En el arranque de las exposiciones de especialistas, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay destacó “la posibilidad” mediante esta ley “de tener funcionarios que sean decentes, honestos, lo que no es poca cosa”. “ Siempre me pareció que era realmente lamentable que personas condenadas fueran electas, asumieran y cumplieran sus mandatos”, expresó. En su breve intervención pidió que “no se pierda esta oportunidad” y consideró que aprobar una norma de este tipo es “bregar por instituciones creíbles”. 

A su turno, Antonio Hernández, doctor en Derecho Constitucional, enfatizó que “Argentina es un país que tiene un problema muy serio con la corrupción y con algo todavía más grave, que es la impunidad. Una causa de corrupción dura como promedio más de 14 años, y además son muy pocos los casos en los que se llega efectivamente a una condena”.

El expositor aseguró que la propuesta de ficha limpia se enmarca en los artículos 1, 16 y 36 de la Constitución Nacional. Además, mencionó que “Santa Fe, Mendoza, Chubut y Salta han establecido este requisito”, mientras que “Brasil, Chile, Uruguay, México, Honduras y España que también tienen esta legislación”. A continuación dijo además que “en el orden municipal lo tenemos en distintos municipios” y nombró a Jesús María, Río Tercero, Almafuerte y Oncativo en la provincia de Córdoba. 

En otro tramo, Hernández consideró que se deberían abarcar “todos los delitos, no solo los culposos y dolosos vinculados a la administración pública”; y que además de los cargos públicos debería “extenderse a los cargos en los sindicatos y en los colegios profesionales”. 

Foto: HCDN

Exsecretaria de la Cámara Nacional Electoral, Alejandra Lazzaro manifestó que “la corrupción no es exclusiva de un país o de un poder político. Siempre creemos que somos los peores y no estoy de acuerdo con eso”. “Ustedes pueden hacer las mejores de las leyes, pero sí quienes son los destinatarios, en este caso serían los dirigentes políticos, no tienen un raigambre, se involucran y creen en ese proyecto con sus conductas, eso tampoco tendría un sentido”, advirtió. 

Lazzaro aclaró que con estos proyectos “no se está afectando el principio de inocencia, porque nadie dice que esa inhabilidad va a ser para siempre, es solo una medida de carácter temporal”. “Es totalmente constitucional”, afirmó. 

Otro de los especialistas que habló fue el doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y relator electoral en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, José María Pérez Corti, quien señaló que establecer una prohibición en este sentido “no es un juicio definitivo sobre las calidades o cualidades de una persona, sino que es un requisito o condición más para ocupar cargos públicos”. “No se está aplicando una sanción penal, sino que se está exigiendo un requisito o condición mínima”, insistió. 

Gastón Marra, profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA e impulsor del proyecto de ficha limpia, celebró el comienzo del debate que, “estamos esperando hace cuatro años”. “Desde hace seis años que venimos luchando desde la sociedad civil. Soy uno de los 442 mil argentinos que firmó esta iniciativa,  la iniciativa en materia de calidad institucional más importante en la historia de Change.org”, destacó. 

Además, agradeció que el presidente Javier Milei haya mencionado la propuesta durante la Asamblea Legislativa y puso como ejemplo normas que existen en las provincias, sea para cargos públicos electivos o en el Estado. En ese sentido, expresó que “en todas se habla de procesamiento como impedimento para entrar al empleo público provincial”. En el final, aclaró que “esto no es una iniciativa contra nadie, no tiene nombre y apellido, es para todos los partidos políticos”. 

En el plenario también expusieron Carlos Gervasoni, profesor en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Torcuato Di Tella; María Cristina Girotti, máster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos; y Eduardo Repilloza Fernández, director general de Transparencia Electoral.

La Cámara de Diputados encarará este martes el debate sobre dos temas referidos a la cuestión electoral: los proyectos de "ficha limpia", que establecen la prohibición para que condenados por corrupción sean candidatos y aquellos referidos al voto de los argentinos que residen en el exterior.

Ambos puntos figuraban entre los aspectos que incluiría la reforma política promovida por el Gobierno -a la cabeza el jefe de Gabinete, Guillermo Francos-, pero que quedó frenada en su envío al Congreso ante la falta de consenso para avanzar con lo que se proponía como el "corazón" de la misma: la eliminación de las elecciones PASO.

Comenzada la segunda etapa del año, desde el Pro salieron a marcar la cancha a La Libertad Avanza con aquellos temas que desde hace tiempo el bloque puja por tratar. Ficha limpia y voto en el exterior están en esa lista.

La primera reunión que se realizará este martes será un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Manuel Quintar, respectivamente, que contará con la participación de especialistas. Será a partir de las 14 en el segundo piso del Anexo “C”.

Los proyectos de “Ficha limpia” proponen modificar la Ley 23.298 (Partidos Políticos) para establecer la prohibición para que condenados por delitos de corrupción puedan ser candidatos en elecciones. Hay iniciativas presentadas por diputados de La Libertad Avanza, el Pro, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica.

Durante la Asamblea Legislativa del pasado 1ro. de marzo, el presidente Javier Milei anunció que impulsaría un paquete de “leyes anticasta”, entre las que estaría una para que “las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no puedan presentarse como candidatos en elecciones nacionales”.

El tema de “Ficha limpia” no es nuevo: en 2019, durante la gestión de Cambiemos, el otrora oficialismo -ya en retirada- intentó darle media sanción en Diputados, pero fracasó por falta de quórum en una sesión durante noviembre. El dictamen se había firmado en agosto, antes que en las PASO y las generales se impusiera el Frente de Todos.

En 2020, durante la pandemia y mientras había trabajo virtual, los diputados del exinterbloque Juntos por el Cambio reclamaron a la Comisión de Asuntos Constitucionales que abra el debate. Sin embargo, luego no siguió adelante.

Por otra parte, a partir de las 16, Asuntos Constitucionales junto a Relaciones Exteriores y Culto -a cargo del macrista Fernando Iglesias- debatirán sobre siete proyectos referidos al voto de los argentinos que residen en el exterior.

Algunas iniciativas proponen la modificación de la Ley 24.007 y otros su derogación total, para implementar una normativa nueva. Uno de los temas que sobresale en este caso es el voto por correo postal, que se implementó por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri, pero que en 2021 la gestión de Alberto Fernández eliminó, volviéndose a reestablecer el sistema por el cual los residentes en el exterior "pueden votar únicamente en la mesa receptora de votos".

Tras el receso invernal, comenzará en la Cámara de Diputados el debate sobre los proyectos de "Ficha limpia", que proponen modificar la Ley 23.298 (Partidos Políticos) para establecer la prohibición para que condenados por delitos de corrupción puedan ser candidatos en elecciones.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, presididas por los oficialistas Nicolás Mayoraz y Manuel Quintar, respectivamente, fue citado para el próximo 6 de agosto a las 14, en el segundo piso del Anexo "C". A la reunión asistirán especialistas en la temática.

En la actualidad hay iniciativas presentadas por diputados de La Libertad Avanza, el Pro, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica.

Durante la Asamblea Legislativa del pasado 1ro. de marzo, el presidente Javier Milei anunció que impulsaría un paquete de "leyes anticasta", entre las que estaría una para que “las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no puedan presentarse como candidatos en elecciones nacionales”.

Según transcendió en los últimos días, éste tema forma parte de las reformas electorales con las que el Gobierno está dispuesto a avanzar en la segunda parte del año en el Congreso.

El tema de "Ficha limpia" no es nuevo: en 2019, durante la gestión de Cambiemos, el otrora oficialismo -ya en retirada- intentó darle media sanción en Diputados, pero fracasó por falta de quórum en una sesión durante noviembre. El dictamen se había firmado en agosto, antes que en las PASO y las generales se impusiera el Frente de Todos.

En 2020, durante la pandemia y mientras había trabajo virtual, los diputados del exinterbloque Juntos por el Cambio reclamaron a la Comisión de Asuntos Constitucionales que abra el debate. Sin embargo, luego no siguió adelante.

Previo al plenario de comisiones para tratar la ley Bases, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados completó sus autoridades, al designar el bloque de Unión por la Patria los representantes que le faltaban en la mesa de conducción. 

Presentado por Vanesa Siley, el diputado Ricardo Daives fue elegido como vicepresidente segundo. “Es abogado, fue ministro de Justicia y diputado nacional por segundo mandato, entre otras varias funciones que tuvo en su querida provincia de Santiago del Estero”, dijo su compañera.

Luego Martín Soria fue el encargado de proponer a Siley como secretaria de la comisión. “Es abogada laboralista, segundo mandato como diputada nacional, cuatro años presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, consejera en el Consejo de la Magistratura por segundo mandato y secretaria general de SITRAJU”, la describió. 

Tras el trámite formal, que duró menos de cinco minutos, concluyó la reunión que se realizó en el Anexo “C” de la Cámara baja. 

 

Horas después que el presidente Javier Milei dijera que “hagan lo que quieran con la ley de Bases”, el oficialismo cumplió con su objetivo en la Cámara de Diputados de dictaminar la nueva versión de la ley ómnibus, que buscará llevar al recinto la semana próxima junto al paquete fiscal, ambas cuestiones centrales de cara al “Pacto de Mayo” propuesto por el Gobierno. El dictamen de mayoría obtuvo 61 firmas.

Se trata de una versión acotada y renovada de la iniciativa que fracasó en el verano. El texto se negoció durante todo abril entre funcionarios del Poder Ejecutivo y referentes de los llamados bloques dialoguistas, que este jueves acompañaron pero con disidencias en algunos temas.

Lo último en incorporarse, previo al plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, fue el capítulo de reforma laboral. Por diferencias entre los bloques, se pasó de 60 artículos -por los que pujaban fuerte los radicales- a solamente 17.

Al igual que ocurrió en enero y febrero, a las bancadas de la oposición más dura no se las invitó a las conversaciones ni accedieron a los avances en la redacción de la letra chica, algo de lo que se quejaron fuertemente en la reunión. Los involucrados en el diálogo con el oficialismo fueron el Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.

El nuevo texto, que quedó en 232 artículos, se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.

“Deléganse en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional”, se agrega y establece que el Gobierno deberá informar "mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos".

Como bases de delegaciones legislativas, se dispone: mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común; reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas; y asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública Nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas.

Se prohíbe que el Ejecutivo pueda intervenir "las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan", al tiempo que tampoco "podrá disponer la disolución" de un conjunto de organismos, entre ellos, CONICET, ANMAT, INCAA, CONAE, ENACOM, INTA.

Sobre los fondos fiduciarios se lo autoriza al PEN a "modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar" los mismos, pero se aclara qué deberá hacerse con las fuentes de financiamiento. "Los recursos o futuros ingresos deberán ser revertidos o redireccionados, según corresponda, al Tesoro Nacional con el objeto de asegurar una mayor transparencia en la administración de aquellos", añade uno de los artículos.

En cuanto a las privatizaciones, el Banco Nación se quitó de la lista. En tanto, para los casos de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Yacimientos Carboníferos Río Turbio se podrán "únicamente organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin" e "incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social".

"El proceso de privatización deberá desarrollarse de conformidad con los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, publicidad y difusión", reza uno de los artículos sobre el proceso en que también tomarán parte la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, la AGN y la SIGEN.

Sujetas a total privatización figuran Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo S.A.U.; y en el esquema de privatización/concesión aparecen AySA, el Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.

El Gobierno incluyó en esta nueva versión la derogación de la Ley 27.705, de Plan de Pago de Deuda Previsional, sancionada en febrero de 2023, más conocida como la moratoria previsional para que quienes no cuentan con los aportes necesarios puedan acceder a una jubilación. Así, la moratoria se elimina, pero a propuesta de la oposición dialoguista se agrega la creación de una "Prestación de Retiro Proporcional" para aquellas personas que hubieran alcanzado los 65 años de edad y no cumplan con los requisitos necesarios.

"El Poder Ejecutivo reglamentará el presente artículo, en un plazo no mayor a 30 días y establecerá los parámetros objetivos para el acceso a porcentajes que reconozcan los aportes efectivamente realizados al Sistema Integrado Previsional Argentino, y las condiciones por las que se regirá la prestación.

El proyecto prevé modificaciones en la Ley de Empleo Público; un capítulo de energía con reformas a la Ley de Hidrocarburos y Ley de Gas Natural; y la creación de un Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones RIGI, que incluye una serie de beneficios para sociedades nacionales y extranjeras que inviertan en proyectos por encima de los 200 millones de dólares.

El Ejecutivo había quitado de la nueva versión la cuestión de los impuestos internos al tabaco, pero desde los bloques de la oposición plantearon su incorporación en las disidencias.

Por otra parte, el capítulo sobre defensa de la competencia se eliminó porque había "visiones encontradas entre los bloques" y "quedará para tratar en otro momento", afirmó una de las fuentes que participó de las negociaciones. También se sacó lo referido a la consolidación de deuda del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. 

Aunque la UCR proponía una reforma laboral mucho más amplia, de modo de que todas las partes queden conformes, se redujo. Entre los cambios consensuados aparece la eliminación de multas por trabajo en negro, seis meses de período de prueba y la creación de un fondo de cese laboral. Las modificaciones involucradas al sindicalismo no ingresaron, por eso los radicales lo plantearon en sus disidencias.

El dictamen de mayoría

Las firmas sin disidencia fueron 42, y correspondieron a los diputados de LLA (17) Santiago Santurio, José Luis Espert, Nicolás Mayoraz, Alberto Benegas Lynch, Lorena Villaverde, Beltrán Benedit, Facundo Correa Llano, Nicolás Emma, Alida Ferreyra, Gerardo Huesen, Lilia Lemoine, Mercedes Llano, María Celeste Ponce, César Treffinger y Carlos Zapata; del MID (3) Eduardo Falcone, María Cecilia Ibáñez y Oscar Zago; del Pro (17) María Eugenia Vidal, Germana Figueroa Casas, Damián Arabia, Silvia Lospennato, Sabrina Ajmechet, Martín Ardohain, Florencia De Sensi, Daiana Fernández Molero, Martín Maquieyra, Marilú Quiroz, Laura Rodríguez Machado, Diego Santilli y María Sotolano; Innovación Federal (3) Agustín Domingo, Carlos Fernández y Yamila Ruiz; Producción y Trabajo (1) Nancy Picón Martínez; y CREO (1) Paula Omodeo.

En disidencia parcial hubo 19 firmas. De la UCR (14) Carla Carrizo, Karina Banfi, Leandro Nieri, Martín Arjol, Atilio Benedetti, Soledad Carrizo, Mariela Coletta, Pedro Galimberti, Jorge Rizzotti, Roberto Sánchez, Natalia Sarapura, Martín Tetaz y Vallejos; Hacemos Coalición Federal (4) Ignacio García Aresca, Oscar Agost Carreño, Juan Brügge y Nicolás Massot, y por Innovación Federal Yolanda Vega.

Los diputados Fernando Carbajal y Pablo Juliano decidieron no firmar ningún dictamen como hicieron en enero pasado. El formoseño lo explicó así: “No voy a acompañar, como otros colegas de mi bancada este dictamen, ni siquiera en disidencia. Por razones políticas y administrativas. No hubo ni una sola reunión en la que se discuta este dictamen en este plenario. En realidad, se inició una nueva metodología de trabajo legislativo que discurre por Rivadavia, continúa por Avenida de Mayo, y llega a Casa de Gobierno. Hay diputados que van y vienen negociando las leyes y esta no es la metodología”.

El debate

Al tomar la palabra, el radical Lisandro Nieri se mostró a favor de "darle a un Gobierno que comienza las herramientas necesarias; creo que la muy complicada situación que asumieron lo requiere". Yendo al proyecto, planteó que desde la UCR incorporarán algo que el oficialismo había quitado: la cuestión de los impuestos internos al tabaco.

"Tenemos una oportunidad de acercar la carga impositiva a un producto que es dañino para la salud a los estándares internacionales y, por otro lado, de corregir esta inequidad horizontal, que plantea que mismo contribuyente está enfrentando distintos costos impositivos", señaló.

Luego destacó, respecto del RIGI, puntos que fueron tomados, pero indicó que "no es lo mismo una inversion hidrocaburífera, minera, de gran escala, que las que pueden hacer economías regionales". Por eso, desde su espacio propondrán "tener la posibilidad de prever inversiones de un monto sensiblemente menor a los 200 millones de dólares". Finalmente, sobre la reforma laboral, el mendocino expresó que la iniciativa del radicalismo era "más ambiciosa" y en la nueva redacción hay muchas cuestiones que no se incorporaron.

Aliado del oficialismo, el macrista Damián Arabia consideró que "es necesario y revelevante que el Congreso le otorgue al Gobierno herramientas específicas para que este proceso sea logrado y llevado adelante para la siguiente etapa". Y habló de "una redacción que todos entendemos que arriba a una lógica y un espíritu que compartimos". "Sobre todo quiero destacar la incorporación de una reforma laboral, que es estrictamente necesaria", agregó.

La de Christian Castillo fue la primera voz disonante que se escuchó en el plenario. El legislador del Frente de Izquierda se quejó: "No sabemos qué texto (hay para debatir). Esto es algo inédito, insólito, irregular, ilegal, porque acá hubo diputados que hablaron al principio, sobre un texto del que se va a debatir”. En ese sentido, advirtió que había una gran cantidad de diputados que no tenía idea de cuál era el texto.

Además, alertó sobre la existencia de “varias versiones” de la iniciativa, y resaltó el contrasentido de que el miércoles se reunió la Comisión de Legislación del Trabajo, que volverá a reunirse este viernes para hablar de algo que se va a dictaminar este jueves. También se quejó porque se hablaba de una modificación a la moratoria previsional, sin que pasara el tema por la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

En tono provocador, y con chicanas durante toda su intervención, la macrista Silvia Lospennato dijo: "Todos los que van a firmar el dictamen conocen el dictamen que van a firmar. Lo lamento si ustedes firman dictámenes que no conocen". Ante las protestas de la oposición más dura, la aliada del oficialismo lanzó que "lo que no ganan por los votos no lo van a ganar por la violencia y la agresión que hagan en esta comisión".

"Nosotros estamos muy tranquilos de la legalidad de todo este proceso", defendió y recordó que "este es un proyecto que entró el 27 de diciembre, no hay ninguna celeridad, fueron cuatro meses de trabajo. Desde que la ley volvió a comisión hemos trabajado muchísimas horas con el oficialismo". “Nosotros tampoco conocemos el dictamen de la izquierda y el de Unión por la Patria. Y no nos interesa conocerlo, porque no vamos a acompañarlo”, disparó.

Para la bonaerense, el nuevo texto "recoge lo esencial del proyecto de ley Bases", también "pone el foco en las reformas profundas que requiere la economía argentina" y "hace énfasis en seguir quitando trabas y regulaciones". "Dejen intentar que hagamos algo diferente, dejen de poner palos en la rueda", pidió a la oposición más dura.

En su intervención, Juan Manuel López alertó sobre los cuatro meses que lleva el Gobierno y no ha sancionado aún ninguna ley. “Saquemos algún producto decente lo antes posible, ya sea con la ley Bases, ya sea en el Senado de la Nación, con leyes que están pendientes ahí”, reclamó y expresó: “Porque que no salga una ley, me parece que es hacerle el juego a un presidente que ya ayer dijo que tiremos la ley, porque juega con su autoboicot o su incapacidad tal vez de gobernar cuando tenga sus instrumentos".

Dentro del bloque HCF, el diputado anunció que el sector de la Coalición Cívica presentaría su propio dictamen, y detalló a continuación coincidencias y modificaciones que proponían. Su dictamen, dijo, declara emergencia en las materias que el oficialismo ha pedido, pero no votarían las delegaciones que quedan en la norma. “Es mucho poder para un presidente que negó su propia firma”, advirtió, en referencia al decreto por el cual se aumentaban los sueldos de los funcionarios de alto rango.

Sí avisó que acompañarán el capítulo de empleo público, pero darían un marco regulatorio para los fondos fiduciarios. Proponen también privatizaciones y un principio de buen gobierno, como así también remarcó que “queremos una modernización laboral con básicamente las cosas que contuvo el DNU”.

Agregó que quieren el impuesto al tabaco que había propuesto el oficialismo inicialmente: “Que esté presente con una redacción seria”. También quieren subir el impuesto al juego y que el Gobierno diga qué gasto tributario va a reducir.

En una extensa intervención, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, apuntó contra los dialoguistas: “Entiendo la vocación de acompañar, pero ¿cómo hacen los bloques que van a firmar el dictamen oficialista sin tener en cuenta que lo que ahora aparece y se complementa con las emergencias y facultades que el presidente se autocedió con el DNU 70/23? No es un proyecto licuado, hay que leerlo complementariamente al DNU”.

“Están firmando un dictamen que es igual de dañino para la democracia argentina que el que teníamos en enero y febrero. ¿Y qué pasa con la reforma administrativa? Es igual de dañina y perversa, con otro ‘engaña pichanga’, que armaron una lista en el artículo 3 donde dice que el PEN no va a poder disponer las disoluciones en algunos organismos”, observó. A su juicio, eso no es real y advirtió que por ejemplo que el CONICET no está a salvo. “Solo está a salvo de una disolución, pero se lo pueden llevar puesto”, afirmó.

Al hablar especialmente de la inclusión del capítulo laboral, el santafesino pidió tener memoria y recordó cómo se gestó en tiempos de Fernando De la Rúa la reforma laboral de entonces, a partir del 27 de abril del año 2000, cuando con su ministro de Trabajo Alberto Flamarique logró aprobarla. Hasta que llegaron las denuncias y la renuncia de Carlos "Chacho" Álvarez. “Miren, ni Flamarique se animó a tanto como lo que están haciendo hoy”, enfatizó, advirtiendo que “los que estaban detrás de Flamarique están detrás de esta ley. Guarda con las próximas 72 horas. Se puede estar gestando una situación de lobby nunca vista en la democracia argentina”.

Entre los numerosos oradores, en el encuentro habló el jefe de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, quien recordó el trabajo del verano y celebró: "Creemos que le vamos a dar las herramientas necesarias al presidente Javier Milei para que de una vez y para siempre la Argentina despegue".

"Han venido trabajando muchos diputados de distintos bloques para que este dictamen esté hoy acá y brevemente en el recinto", ponderó. Sobre la ley, opinó que "le va a dar más libertad a los argentinos" y "es una ley que la están pidiendo los argentinos y nosotros como Poder Legislativo tenemos que acompañar al Poder Ejecutivo".

El cordobés subrayó que la norma plantea "una reforma profunda del Estado y se van a eliminar trabas y regulaciones que hoy están asfixiando a los argentinos; se va a terminar con organismos y entes que no cumplan las funciones relevantes y que solo generan gastos".

Horas después que el presidente Javier Milei dijera que "hagan lo que quieran con la ley de Bases", se reúne desde las 12.42 el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales de Diputados para tratar la versión acotada y renovada de la ley ómnibus que fracasó en el verano.

Durante todo el mes, funcionarios del Poder Ejecutivo y referentes de los llamados bloques dialoguistas llevaron adelante las negociaciones que culminaron este miércoles por la noche, tras una jornada que por momentos pareció volver a empantanar los acuerdos.

No obstante, la última tarea que tenían los legisladores por delante, antes del plenario, era analizar la contrapropuesta del capítulo de reforma laboral. Por diferencias entre los bloques, se pasaron de 60 artículos -que pujaban fuerte los radicales- a solamente 16.

Al igual que ocurrió en enero y febrero, a las bancadas de la oposición más dura no se las invitó a las conversaciones ni accedieron a los avances en la redacción de la letra chica. Los involucrados en el diálogo con el oficialismo fueron el Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.

De manera exprés, el objetivo de La Libertad Avanza es avanzar este jueves con el dictamen tanto de la ley de Bases como, más tarde, con el paquete fiscal, de modo de llevar ambos proyectos al recinto el lunes y martes de la semana próxima, en la previa de la marcha del 1ro. de mayo por el Día del Trabajador.

Según el borrador del dictamen que circuló previo al plenario, en la nueva ley de Bases se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.

"Deléganse en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional", agrega y establece que el Gobierno deberá informar "mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos".

Como bases de delegaciones legislativas, se dispone: mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común; reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas; y asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública Nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas.

Se prohíbe que el Ejecutivo pueda intervenir "las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan", al tiempo que tampoco "podrá disponer la disolución" de un conjunto de organismos, entre ellos, CONICET, ANMAT, INCAA, CONAE, ENACOM, INTA.

Sobre los fondos fiduciarios se lo autoriza al PEN a "modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar" los mismos, pero se aclara qué deberá hacerse con las fuentes de financiamiento. "Los recursos o futuros ingresos deberán ser revertidos o redireccionados, según corresponda, al Tesoro Nacional con el objeto de asegurar una mayor transparencia en la administración de aquellos", añade uno de los artículos.

El debate

Al tomar la palabra, el radical Lisandro Nieri se mostró a favor de "darle a un Gobierno que comienza las herramientas necesarias; creo que la muy complicada situación que asumieron lo requiere". Yendo al proyecto, planteó que desde la UCR incorporarán algo que el oficialismo había quitado: la cuestión de los impuestos internos al tabaco.

"Tenemos una oportunidad de acercar la carga impositiva a un producto que es dañino para la salud a los estándares internacionales y, por otro lado, de corregir esta inequidad horizontal, que plantea que mismo contribuyente está enfrentando distintos costos impositivos", señaló.

Luego destacó, respecto del RIGI, puntos que fueron tomados, pero indicó que "no es lo mismo una inversión hidrocaburífera, minera, de gran escala, que las que pueden hacer economías regionales". Por eso, desde su espacio propondrán "tener la posibilidad de prever inversiones de un monto sensiblemente menor a los 200 millones de dólares". Finalmente, sobre la reforma laboral, el mendocino expresó que la iniciativa del radicalismo era "más ambiciosa" y en la nueva redacción hay muchas cuestiones que no se incorporaron.

Aliado del oficialismo, el macrista Damián Arabia consideró que "es necesario y relevante que el Congreso le otorgue al Gobierno herramientas específicas para que este proceso sea logrado y llevado adelante para la siguiente etapa". Y habló de "una redacción que todos entendemos que arriba a una lógica y un espíritu que compartimos". "Sobre todo quiero destacar la incorporación de una reforma laboral, que es estrictamente necesaria", agregó.

La de Christian Castillo fue la primera voz disonante que se escuchó en el plenario. El legislador del Frente de Izquierda se quejó: "No sabemos qué texto (hay para debatir). Esto es algo inédito, insólito, irregular, ilegal, porque acá hubo diputados que hablaron al principio, sobre un texto del que se va a debatir”. En ese sentido, advirtió que había una gran cantidad de diputados que no tenía idea de cuál era el texto.

Además, alertó sobre la existencia de “varias versiones” de la iniciativa, y resaltó el contrasentido de que el miércoles se reunió la Comisión de Legislación del Trabajo, que volverá a reunirse este viernes para hablar de algo que se va a dictaminar este jueves. También se quejó porque se hablaba de una modificación a la moratoria previsional, sin que pasara el tema por la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

En tono provocador, y con chicanas durante toda su intervención, la macrista Silvia Lospennato dijo: "Todos los que van a firmar el dictamen conocen el dictamen que van a firmar. Lo lamento si ustedes firman dictámenes que no conocen". Ante las protestas de la oposición más dura, la aliada del oficialismo lanzó que "lo que no ganan por los votos no lo van a ganar por la violencia y la agresión que hagan en esta comisión".

"Nosotros estamos muy tranquilos de la legalidad de todo este proceso", defendió y recordó que "este es un proyecto que entró el 27 de diciembre, no hay ninguna celeridad, fueron cuatro meses de trabajo. Desde que la ley volvió a comisión hemos trabajado muchísimas horas con el oficialismo". “Nosotros tampoco conocemos el dictamen de la izquierda y el de Unión por la Patria. Y no nos interesa conocerlo, porque no vamos a acompañarlo”, disparó.

Para la bonaerense, el nuevo texto "recoge lo esencial del proyecto de ley Bases", también "pone el foco en las reformas profundas que requiere la economía argentina" y "hace énfasis en seguir quitando trabas y regulaciones". "Dejen intentar que hagamos algo diferente, dejen de poner palos en la rueda", pidió a la oposición más dura.

NOTICIA EN DESARROLLO

El oficialismo en el Senado buscará este miércoles, con ayuda de bloques ex Juntos por el Cambio, avanzar con el dictamen del proyecto de ley que tiene por objetivo establecer la boleta única de papel como instrumento de votación en las elecciones a nivel nacional. 

Tras una semana, en la que el peronismo no K y también la UCR pidieron más tiempo para el análisis de la iniciativa, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales retomarán el cuarto intermedio a partir de las 14. La reunión será en el Salón Illia. 

En el primer encuentro surgieron diferencias respecto del texto que cuenta con media sanción desde junio de 2022, cuando toda la oposición unida lo aprobó en la Cámara de Diputados. Algunas de las que plantearon propuestas de modificaciones fueron la chubutense Edith Terenzi, de Cambio Federal, y la rionegrina Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro. 

Al igual que sucedió en Diputados, Unión por la Patria rechaza de lleno el proyecto. 

La intención de La Libertad Avanza es que la ley salga antes de que culmine el período de sesiones extraordinarias, para ello está dispuesto a prometer que ciertas cuestiones podrían ser saldadas en la reglamentación, en busca de evitar que el texto vuelva con cambios a Diputados, donde la ley ómnibus tiene copada la agenda. 

Para la aprobación de esta iniciativa, el oficialismo -con 7 miembros- deberá concentrar sus esfuerzos en construir una mayoría absoluta, no sólo para el quórum en la eventual sesión donde se debata el proyecto, sino también para su aprobación, pues se trata de un tema electoral que requiere 37 votos, es decir, la mitad más uno del cuerpo. 

 

Se puso en marcha la primera reunión informativa en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley “bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, más conocido como ley ómnibus, enviado por el Gobierno nacional. La ambiciosa iniciativa contiene 664 artículos e introduce reformas de las más variadas, entre modificaciones tributarias, electorales y del Estado. 

El plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales se lleva a cabo en el segundo piso del Anexo de la Cámara baja, donde está previsto que el trabajo se extienda hasta las 20.

Los funcionarios que asistirán este martes serán el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, para exponer sobre reforma del Estado. Luego será el turno del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Pero además, este mediodía se conoció que también estará el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra. 

En tanto, entre este miércoles y jueves se esperan la visita de los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Guillermo Francos (Interior), Guillermo Ferraro (Infraestructura) y Sandra Pettovello (Capital Humano). No se descarta que se sumen otros funcionarios para exponer sobre sus áreas comprendidas en la ley.

En la previa del plenario, a los diputados se les pidió enviar consultas por escrito, un mecanismo que se utiliza en general para los informes de gestión del jefe de Gabinete. 

El presidente Javier Milei y distintos referentes del oficialismo, como el presidente de Diputados, Martín Menem, han asegurado en la previa del comienzo del debate que el contenido de la ley “no se negocia”, aunque sí se mostraron abiertos a aceptar sugerencias que “mejoren” la iniciativa. 

Desde Unión por la Patria hubo reclamos por la cantidad de comisiones que quedaron fuera del giro que tuvo el proyecto, el cual abarca numerosos temas. Además, exigieron la presencia de todos los ministros. 

Los bloques que supieron ser Juntos por el Cambio se han mostrado más dispuestos a dar la discusión de las reformas que planea La Libertad Avanza. No obstante, anticiparon su rechazo a ciertos artículos. Incluso, en la UCR diseñaron una guía “semáforo” que establece puntos en los que están en contra (rojo), otros que podrían aceptar con cambios (amarillo) y los que acompañarían (verde). Pero igualmente aclaran que no le darán un “cheque en blanco” al Gobierno. 

Por otra parte, en reuniones que se llevaron adelante en Casa Rosada entre funcionarios nacionales y representantes de provincias involucradas, el oficialismo se mostró dispuesto a contemplar modificaciones sobre lo que se proponía respecto de desregulación del régimen de pesca y la normativa de biocombustibles. 

Puntos del extenso proyecto

En su artículo 1ro., el proyecto señala que tiene por objeto “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”.

“La presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia” durante el plazo de dos años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025, pero el mismo puede ser prorrogado por dos años, es decir hasta 2027 -todo el mandato-.

Entre los puntos principales, se declara sujeta a privatización a un conjunto de empresas públicas, entre ellas la Administración General de Puertos, Aerolíneas Argentinas, AySA, Banco de la Nación, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Radio y Televisión Argentina e YPF.

Por otra parte, suspende la fórmula de movilidad jubilatoria y establece que se faculte al Poder Ejecutivo “a establecer una fórmula automática de ajuste” teniendo en cuenta “los criterios de equidad y sustentabilidad económica”. “Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, agrega.

Uno de los últimos artículos del proyecto hace referencia al mega DNU de desregulación del Estado, que ha generado polémica y rechazos. El artículo 654 propone que se lo ratifique.

Sobre endeudamiento, la iniciativa propone derogar el artículo 1ro. de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, de modo de eliminar que las autorizaciones de deuda en moneda extranjera requieran una ley especial del Congreso.

Tal como se anticipaba, hay un capítulo referido a un “Régimen de Regularización de Activos”, más conocido como blanqueo, al cual se podrá adherir hasta el 30 de noviembre de 2024 y contiene alícuotas para quienes blanqueen bienes en Argentina o el exterior que van de 5% a 15%.

Entre los cambios tributarios, establece la creación del “Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales”, modificaciones en impuestos internos y derechos de exportación (aumento de retenciones).

También propone cambios en la Ley de Hidrocarburos, el Marco Regulatorio del Gas Natural y Ley de Biocombustibles.

En lo que hace a lo electoral, se dispone la eliminación de las elecciones PASO, además de un cambio en la elección de diputados nacionales, lo que provocaría un cambio en la composición de la Cámara baja, entre otros cambios. Actualmente la Ley 22.847 establece que “el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500” y el texto propone que “el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000”.

En una serie de modificaciones al Código Penal, se agravan las penas de uno a tres años y seis meses de prisión para quien “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

Además, se agrega que “si se impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o medios de transporte público portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos a cuatro años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado”.

A su vez, “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe. Le corresponderá pena de prisión o reclusión de tres a seis años a quienes mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”. A su vez, tipifica la figura de los “organizadores”, quienes “serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado, en razón de la reunión o manifestación”.

Entre los puntos salientes, se prevén cambios en las leyes de la Oficina Anticorrupción, la Ley de Ética Pública, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y la Ley General de Sociedades.

También se faculta al PEN a “disponer por razones de emergencia la renegociación o en su caso rescisión de los contratos de cualquier tipo que generen obligaciones a cargo del Estado, celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023 por cualquier órgano o ente descentralizado de la Administración Pública nacional, con excepción de los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización autorizados por la Ley N° 23.696 y que estén regidos en sus prestaciones por marcos regulatorios establecidos por ley; así como por aquéllos que cuenten con financiamiento internacional”.

En otro artículo se busca facultar al PEN para “autorizar el ingreso al país de contingentes de personal y medios de las Fuerzas Armadas, pertenecientes a otros países para actividades de ejercitación, instrucción o protocolares de carácter combinado”.

El proyecto establece numerosas modificaciones al Código Civil y Comercial; cambios en la legítima defensa (Código Penal); el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires; el establecimiento del juicio por jurados; y una serie de modificaciones a las leyes de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema, Bosques Nativos y Glaciares.

Sobre la Ley Micaela, se establece que sólo será obligatoria “en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”. Actualmente rige que la capacitación es obligatoria “en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.

También hay modificaciones a la Ley de Educación Nacional; normativa sobre el INCAA y el Instituto Nacional de la Música; la Ley de Empleo Público; la Ley de Salud Mental y la Ley de Tránsito.

Respecto a educación, en los argumentos se señala que “respetando fielmente el principio de gratuidad de la educación universitaria para argentinos y extranjeros residentes, se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes”.

 

El Senado se reactivará en la primera semana de 2024 con varias designaciones y plenarios convocados para este miércoles 3 de enero, donde a las 17 las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales designarán, tal cual adelantó parlamentario.com, al entrerriano Eduardo Kueider (Unidad Federal) y al riojano Juan Carlos Pagotto (LLA) como presidentes, respectivamente.

Ni bien sean confirmadas las nuevas autoridades de ambas comisiones, habrá una reunión plenaria en el Salón Illia para tratar el proyecto de ley que modifica la Ley 19.945 (Código Electoral) a fines de establecer la Boleta Única de Papel (BUP).

Esta iniciativa es de interés presidencial -se encuentra dentro del temario de las sesiones extraordinarias- y además, tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde junio de 2022. En aquella ocasión, el texto fue aprobado por 132 votos afirmativos, 104 en contra y 4 abstenciones.

Dentro de los 132 votos afirmativos se encuentran el del actual presidente de la Nación, Javier Milei; el de la vicepresidenta Victoria Villarruel; y el resto de Juntos por el Cambio, el bloque Federal y los provinciales. El Frente de Todos, devenido en Unión por la Patria, votó negativamente en aquella oportunidad.

Así las cosas, debido a que las medias sanciones solo cuentan con una vigencia de dos años, la intención de los liberales es llevar el despacho de comisiones lo antes posible al recinto en una sesión que, a priori, tendría lugar el próximo 11 de enero.

Boleta única de papel (BUP), una iniciativa que fue votada en Diputados en junio de 2022 por casi toda la oposición y que aguarda su aprobación definitiva, pero este hecho se podría llegar a consumar en las próximas semanas en el Senado, ya que es uno de los temas que forma parte del temario de las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo.

La comisión cabecera de la discusión será la de Asuntos Constitucionales, que el oficialismo cedería en su presidencia al entrerriano Edgardo Kueider, de Unidad Federal. Pero además de esa comisión, el debate tendrá a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde iría el libertario Juan Carlos Pagotto, de la provincia de La Rioja. El legislador también es mencionado como posible titular de la Bicameral de Trámite Legislativo.

Al respecto, fuentes cercanas adelantaron a parlamentario.com que el oficialismo convocaría para el próximo miércoles 3 de enero a una reunión plenaria de las comisiones Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado para su constitución oficial y luego “está la intención de sacar dictamen de Boleta Única”.

Debido a que las medias sanciones solo cuentan con una vigencia de dos años, la intención de los liberales es llevar el despacho de comisiones lo antes posible al recinto en una sesión que, a priori, tendría lugar el próximo 11 de enero.

Los jefes de bloques opositores en el Senado, con excepción de Unión por la Patria -que no fue invitado- mantuvieron una reunión con la vicepresidenta Victoria Villarruel y el ministro del Interior, Guillermo Francos, en la que se acordó avanzar en la primera parte del año con el proyecto de boleta única de papel.

El tema forma parte del temario de sesiones extraordinarias, más no del proyecto de "ley ómnibus" que fue enviado este miércoles a la Cámara baja. En el Senado hay una iniciativa con media sanción, votada en Diputados en junio de 2022 por casi toda la oposición. Cabe resaltar que las medias sanciones tienen dos años de vigencia.

La comisión cabecera de la discusión será la de Asuntos Constitucionales, que el oficialismo cedería en su presidencia al entrerriano Edgardo Kueider, de Unidad Federal, quien hasta hace poco menos de un año atrás formaba parte del Frente de Todos.

Pero además de esa comisión, el debate tendrá a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde iría el libertario Juan Carlos Pagotto, de la provincia de La Rioja. El legislador también es mencionado como posible titular de la Bicameral de Trámite Legislativo.

También, en el encuentro que la vicepresidenta realizó con los presidentes de bloques con los que construyó la mayoría en la sesión para designación de autoridades y delegación para conformar las comisiones, se avanzó precisamente en el reparto de presidencias para siete comisiones que se quieren poner en marcha.

La reunión no estuvo exenta de reclamos por parte de los senadores al ministro Francos por los recientes dichos del presidente Javier Milei, quien acusó a legisladores de "buscar coimas" ante una "lentitud" en el tratamiento de temas. Todo ello, en medio de la publicación de un DNU por el cual deroga y modifica numerosas leyes y, además, con el envío de un proyecto de ley en el que pide facultades extraordinarias para todo su mandato.

Desde el oficialismo confían en reunir los 37 votos para la aprobación del proyecto, que al referirse a un tema electoral requiere de mayoría absoluta, es decir la mitad más uno de la cámara.

La Libertad Avanza, que sólo tiene 7 miembros, contaría con el respaldo de todos los bloques que conformaban Juntos por el Cambio (UCR, Pro, Cambio Federal y Por la Justicia Social) y el peronismo disidente. También los santacruceños y una rionegrina, que responden a sus gobernadores y cuyos pares en Diputados votaron a favor. Con todos esos votos, el número sería de 37.

La incógnita pasaría por los dos misioneros, dado que el Frente Renovador de la Concordia se ausentó en la votación en la Cámara baja en 2022. Unión por la Patria no cambió su postura respecto al debate dado en Diputados, cuando se opuso fuertemente.

El proyecto con media sanción

El proyecto con media sanción establece que la boleta única de papel se utilizará para la elección de los cargos nacionales de presidente, vicepresidente, senadores, diputados y parlamentarios del Mercosur.

Inspirada en el modelo cordobés, contendría toda la oferta electoral en la misma paleta, dividida en espacios, franjas o filas horizontales para cada agrupación política que participe.

Para el caso de presidente y vice, aparecerá nombre, apellido y foto de ambos candidatos.

Para el caso de senadores nacionales contendrá nombre y apellido de los candidatos y foto color de las personas titulares.

Para el caso de diputados nacionales figurarán como mínimo los nombres y apellidos de los 5 primeros candidatos de la lista, a excepción de los distritos que elijan un número inferior. En todos los casos se incluirá la foto color de las primeras dos candidatas o candidatos titulares.

En las provincias que se elijan más de 5 diputados -son Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe-, las listas completas con sus respectivos suplentes deberán ser publicadas en afiches o carteles de exhibición obligatoria de manera clara y visible en cada cabina de votación.

Otro punto importante es que, en caso de simultaneidad con elecciones provinciales, “se oficializará una boleta única para cargos nacionales y una boleta única para cargos provinciales y, de corresponder, municipales”. “En ningún caso podrán incorporarse categorías provinciales o municipales a la boleta única en la que se eligen categorías de cargos nacionales y la elección de cada jurisdicción se llevará a cabo en urnas separadas”, aclara.

Pero además se contempla la posibilidad de “concurrencia”, lo que quiere decir que ambas elecciones se pueden convocar en la misma fecha, pero se votaría con sistemas separados, es decir, con boleta única para cargos nacionales y con boleta partidaria para gobernador y cargos provinciales.

 

 

El oficialismo en la Cámara de Diputados tiene como objetivo avanzar con la conformación de cuatro comisiones para el tratamiento de proyectos durante el período de sesiones extraordinarias, para el cual hay un temario de once puntos, pero, sin dudas, la iniciativa más importante será la llamada “ley ómnibus” que buscará avanzar con reformas tributarias, electorales y del Estado. 

Este fin de semana el presidente Javier Milei confirmó en el programa de Mirtha Legrand que la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda será para un aliado, el liberal José Luis Espert. En este mismo sentido, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que deberá constituirse dado que el temario de extraordinarias contiene acuerdos internacionales, también sería para un extrapartidario. 

Pero además, se apunta a conformar otras dos comisiones que son necesarias y que tradicionalmente están en manos del oficialismo: la de Legislación General y la de Asuntos Constitucionales. Precisamente en esta última sería propuesto como presidente el libertario Nicolás Mayoraz. 

El santafesino, especialista en derecho constitucional, fue diputado provincial entre 2019 y 2023 por el bloque Somos vida y familia. En sus redes se define como “argentino y de derecha”. 

 

En un mero trámite la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunió este miércoles en el Salón Illia para avalar los diplomas de los 24 legisladores electos y quedaron listos para la sesión preparatoria del 5 de diciembre en la que se realizará la jura y la elección de autoridades del Cuerpo.  Los legisladores, que asumirán formalmente a partir del 10 de diciembre, serán 11 de Unión por la Patria, 2 de Juntos por el Cambio, 7 de La Libertad Avanza y 4 de oficialismos provinciales.

Previamente, la comisión procedió a la elección de sus autoridades para la constitución de la misma, debido a que no lo hizo durante todo el año. Así, en nombre del interbloque oficialista el salteño Sergio “Oso” Leavy propuso al jujeño Guillermo Snopek (Unidad Federal) como presidente de la misma porque “ha hecho muy bien el trabajo en la Comisión de Asuntos, ratificamos nuestro apoyo”.

En tanto, el senador radical Pablo Blanco propuso en nombre del interbloque de JxC al bonaerense José Torello (Pro) como vicepresidente y chicaneó: “Me alegro que a pocos días de terminar el mandato podamos constituir la comisión más importante del Senado de la Nación en el ejercicio 2023”.

Por último, Snopek propuso como secretario al rionegrino Alberto Weretilneck para “finalizar las tareas de la comisión, pese a que no nos hemos podido reunir, pero si hemos estado trabajando y hoy la convocatoria por este tema”.

Luego procedió a leer: “Visto los expedientes 273-276-280-282-283-284-285 y 286 donde nuestra Constitución Nacional expresa que el Senado de la Nación es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez”, y puso a consideración el dictamen donde “se han recibido de cada de una de las juntas electorales de las provincias que han enviado las actas”.

Así procedió a leer que por la provincia de Buenos Aires ingresarán por la primera minoría de la cámara, jurarán Eduardo “Wado” de Pedro y Juliana Di Tullio (Buenos Aires); José Mayans y María Teresa González (Formosa); Carolina Moisés (Jujuy); Florencia López y Jesús Fernando Rejal (La Rioja); Sergio Uñac y María Celeste Giménez Navarro (San Juan); Fernando Salino (San Luis); y Alicia Kirchner (Santa Cruz). En el caso de Di Tullio, Mayans y González, renovarán su mandato.

Por Juntos por el Cambio ingresarán el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) y el macrista Martín Göerling (Misiones).

La Libertad Avanza, la fuerza del presidente electo, logrará tener senadores por primera vez. Pasará de cero a siete, aunque eso solo representa el 10% de la cámara. Para el nuevo gobierno serán fundamentales los aliados, sobre todo en la Cámara alta.

Quienes entrarán por este espacio serán Francisco Paoltroni (Formosa); Ezequiel Atauche y Vilma Bedia (Jujuy); Juan Carlos Pagotto (La Rioja); Bruno Olivera Lucero (San Juan); Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta (San Luis).

El resto de los senadores que también prestarán juramento serán Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente de la Concordia Misionero; y José María Carambia y Natalia Gadano, de Por Santa Cruz, el frente referenciado en el nuevo gobernador de esa provincia, Claudio Vidal.

La sesión preparatoria para la jura

Aunque el reglamento del Senado establece que el 29 de noviembre se debe realizar la jura de los nuevos legisladores y elección de autoridades, la sesión preparatoria pasará esta vez para el 5 de diciembre.

Dada la superioridad numérica que tendrá Unión por la Patria en la Cámara alta, con 33 miembros, los rumores que comenzaron a circular por los pasillos estos días tuvieron que ver con la posibilidad de que el oficialismo saliente intente quedarse con la presidencia provisional.

Ese cargo, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Cambiemos también era minoría, fue cedido igualmente para el nuevo oficialismo y lo ocupó Federico Pinedo. En ese momento, el bloque tenía menos de 20 miembros. Ahora, a La Libertad Avanza le toca asumir con apenas 7 integrantes.

Las negociaciones, hasta el día de la sesión preparatoria, para que LLA cuente con el respaldo de otros espacios opositores que le permita reunir votos y excluir alguna presunta intención de UP será clave.

Tras la reunión con su antecesora, Cristina Kirchner, la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, dijo que la presidencia provisional -tercer puesto en la línea sucesoria- “es una prerrogativa del presidente (Javier) Milei”. Estos dichos fueron ratificados este miércoles a través de un posteo que hizo en sus redes en el que sostuvo que la presidencia provisional (y de Diputados) le corresponden a La Libertad Avanza.

Sin embargo, el artículo 58 de la Constitución Nacional indica que “el Senado nombrará un presidente provisorio que lo presida en caso de ausencia del vicepresidente, o cuando éste ejerce las funciones de presidente de la Nación”. Mientras que el reglamento de la Cámara alta establece que “la Cámara hará sucesivamente y por mayoría absoluta la elección de un presidente provisional para que la presida en los casos determinados en el artículo 58 de la Constitución, un vicepresidente, un vicepresidente 1° y un vicepresidente 2°”.

Aunque el reglamento del Senado establece que el 29 de noviembre se debe realizar la jura de los nuevos legisladores y elección de autoridades, la sesión preparatoria pasará esta vez para el 5 de diciembre.

En tanto, para el próximo miércoles 29 lo que fue convocada es la Comisión de Asuntos Constitucionales. Sin haberse constituido en todo el año, se deberán designar a las autoridades y luego avalar los diplomas de los senadores que asumirán formalmente el 10 de diciembre. El encuentro será a las 11 en el Salón Illia.

En tanto, en la sesión del 5, además de la jura de quienes resultaron electos en octubre pasado, tendrán que elegirse a las nuevas autoridades del cuerpo.

Dada la superioridad numérica que tendrá Unión por la Patria en la Cámara alta, con 33 miembros, los rumores que comenzaron a circular por los pasillos estos días tuvieron que ver con la posibilidad de que el oficialismo saliente intente quedarse con la presidencia provisional.

Ese cargo, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Cambiemos también era minoría, fue cedido igualmente para el nuevo oficialismo y lo ocupó Federico Pinedo. En ese momento, el bloque tenía menos de 20 miembros. Ahora, a La Libertad Avanza le toca asumir con apenas 7 integrantes.

Las negociaciones, hasta el día de la sesión preparatoria, para que LLA cuente con el respaldo de otros espacios opositores que le permita reunir votos y excluir alguna presunta intención de UP será clave.

Tras la reunión con su antecesora, Cristina Kirchner, la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, dijo que la presidencia provisional -tercer puesto en la línea sucesoria- "es una prerrogativa del presidente (Javier) Milei".

Sin embargo, el artículo 58 de la Constitución Nacional indica que "el Senado nombrará un presidente provisorio que lo presida en caso de ausencia del vicepresidente, o cuando éste ejerce las funciones de presidente de la Nación". Mientras que el reglamento de la Cámara alta establece que "la Cámara hará sucesivamente y por mayoría absoluta la elección de un presidente provisional para que la presida en los casos determinados en el artículo 58 de la Constitución, un vicepresidente, un vicepresidente 1° y un vicepresidente 2°".

Los nuevos senadores

Los legisladores, que asumirán formalmente a partir del 10 de diciembre, serán 11 de Unión por la Patria, 2 de Juntos por el Cambio, 7 de La Libertad Avanza y 4 de oficialismos provinciales.

Por el actual oficialismo, que se convertirá en días más en la bancada opositora y primera minoría dentro de la cámara, jurarán Eduardo “Wado” de Pedro y Juliana Di Tullio (Buenos Aires); José Mayans y María Teresa González (Formosa); Carolina Moisés (Jujuy); Florencia López y Jesús Fernando Rejal (La Rioja); Sergio Uñac y María Celeste Giménez Navarro (San Juan); Fernando Salino (San Luis); y Alicia Kirchner (Santa Cruz). En el caso de Di Tullio, Mayans y González, renovarán su mandato.

Golpeado en las elecciones con la pérdida de varias bancas, por Juntos por el Cambio ingresarán el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) y el macrista Martín Göerling (Misiones).

La Libertad Avanza, la fuerza del presidente electo, logrará tener senadores por primera vez. Pasará de cero a siete, aunque eso solo representa el 10% de la cámara. Para el nuevo gobierno serán fundamentales los aliados, sobre todo en la Cámara alta.

Quienes entrarán por este espacio serán Francisco Paoltroni (Formosa); Ezequiel Atauche y Vilma Bedia (Jujuy); Juan Carlos Pagotto (La Rioja); Bruno Olivera Lucero (San Juan); Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta (San Luis).

El resto de los senadores que también prestarán juramento serán Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente de la Concordia Misionero; y José María Carambia y Natalia Gadano, de Por Santa Cruz, el frente referenciado en el nuevo gobernador de esa provincia, Claudio Vidal.

Convocada a último momento del martes, se reunió este miércoles por la mañana la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para tratar sendos oficios judiciales enviados por la jueza María Eugenia Capuchetti para solicitar el secuestro del celular o los celulares del diputado nacional Gerardo Milman (Pro – Buenos Aires), mientras que en el segundo caso se notificaba que el legislador había adjuntado un teléfono y solicitaba a la Cámara que se le diera la autorización pertinente a proceder con la apertura del celular.

“Los oficios llegaron esta semana y entendimos que era atinado tratarlos de manera rápida y aprovechando la presencia de todos los diputados, por la sesión convocada por la oposición”, aclaró el presidente de la comisión, Hérnán Pérez Araujo (FdT – La Pampa), abriendo el paraguas ante los reproches que pudiera haber de parte de la oposición por la rapidez con la que había sido convocado la reunión.

El pedido encontró disposición de parte de todos para proceder con el pedido formulado por la justicia y se firmó entonces el dictamen correspondiente.

Poco después de la reunión, el presidente del bloque oficialista, Gerardo Martínez, celebró a través de X la autorización brindada por la comisión para acceder a información y/o comunicaciones contenidas en el celular de Milman, de acuerdo al requerimiento judicial, y anunció que el oficialismo pediría que se apruebe en la sesión de este miércoles.

Así lo expuso de parte de Juntos por el Cambio el diputado del Pro Pablo Tonelli, quien aclaró que el primer oficio devenía en abstracto, pues Milman ya había entregado el celular. “Queda pendiente la autorización que nos pide la jueza”, comentó el legislador, recordando que quedaba pendiente la autorización solicitada, atento a la Ley de Fueros que obliga a que ese procedimiento deba ser autorizado por la Cámara. “Estamos totalmente de acuerdo con esa autorización, vamos a votar favorablemente”, confirmó Tonelli, aunque aclaró que harían un par de salvedades, pues la cuestión había sido apelada por la defensa de Milman. “La Cámara Federal ha fijado ciertos términos que deberíamos respetar y deberían constar en nuestra resolución”, señaló el legislador, que aclaró que la extracción del celular debería limitarse a analizar los hechos investigados, preservándose toda información que no guarde relación con el caso. Dijo entonces que votarían a favor, pero pidió que la efectiva apertura quedara supeditada a los términos de la Cámara Federal.

Fiel a su conocida postura, la diputada Graciela Camaño se mostró dispuesta a no darle “ningún tipo de impunidad” a los legisladores respecto de la presentación ante la justicia y máxime frente a un hecho probatorio, y hasta pidió eliminar el artículo 1° de la Ley de Fueros, porque “es una trampa que le hemos dado a la ley”, dijo. A su criterio, no se debe obstaculizar de ninguna manera el accionar de la justicia cuando se trata de un diputado nacional. “No podemos objetar absolutamente nada, no tenemos que poner ningún tipo de restricción en el tema”, y se manifestó contra la postura expuesta por la defensa del legislador respecto de que la verificación del celular se hiciera al momento de que hubiera un fallo final. “Es una argucia que va a seguir llevándonos al fondo de la cuestión –dijo-. En algún momento debemos sentarnos a derogar ese infine que excede las atribuciones que la Constitución nos da cuando tenemos que definir fueros”.

A continuación, Pérez Araujo rechazó la observación de Pablo Tonelli respecto de que se tornara el primer oficio “abstracto”, pues si bien Gerardo Milman había entregado uno, bien podía haber más de un celular. Y el oficio habla del “celular o celulares”, enfatizó, y aclaró que el oficio mismo decía estar “conforme a los términos fijados por el Ministerio Público Fiscal, que es lo que dice la resolución de los jueces Bruglia y Bertuzzi”.

Finalmente intervino el diputado oficialista Rodolfo Tailhade, quien manifestó el obvio acompañamiento al pedido de autorización dela jueza Capuchetti, aunque cuestionó que “esto se debería haber resuelto mucho tiempo antes, inmediatamente después de que el diputado Milman fue involucrado en la investigación del atentado”.

Además, Tailhade criticó a su colega, diciendo que “ha demostrado una actitud absolutamente impropia de su condición. Me parece demasiado tiempo que ha transcurrido para que el diputado Milman ponga a disposición del juzgado este elemento de prueba”. Asimismo hizo hincapié en la necesidad de investigar si  había más celulares que le pertenecieran al legislador, para ser peritados también.

“Tampoco podemos hacer silencio respecto de algunos antecedentes que tiene esta situación. En particular un hecho gravísimo que está siendo investigado, como la eliminación de todos los datos que tenían los teléfonos de Milman y dos asesoras, en una sede de una fundación que hasta hace poco presidía la candidata presidencial Patricia Bullrich”, apuntó el legislador camporista, que concluyó quejándose de una investigación judicial del atentado que definió como “bochorno”, por cuanto “estamos a diez días de cumplirse un año del intento de asesinato y estamos dando vueltas con el secuestro de un celular de alguien que apareció involucrado al mes del hecho”.

Un plenario de las comisiones de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados arrancó este miércoles con el debate del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, el pasado 30 de junio, para actualizar la Ley de Protección de Datos Personales. 

En la reunión, que duró dos horas, expuso la directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena, quien remarcó que “es importante actualizar la ley; pensemos en el celular que teníamos en el año 2000 y el celular que tenemos hoy. A más de 20 años el contexto nos marca la necesidad de adecuar y robustecer nuestra normativa”. 

En ese sentido, mencionó a Internet, las redes sociales y el Big Data que “han crecido de una manera exponencial”. “Los datos personales son recolectados, almacenados y procesados por diferentes actores, con diversas finalidades y en distintos lugares del mundo”, expresó la funcionaria y sumó que “tenemos un procesamiento masivo de datos y un avance de la inteligencia artificial”. 

“Hoy los datos son un activo, en muchos casos el insumo principal de muchos procesos productivos”, señaló y agregó que “los datos sensibles requieren una protección mayor”. 

Al referirse a la iniciativa, dijo que se busca “compatibilizar la innovación tecnológica, el desarrollo económico y la garantía de los derechos humanos”, además de que se cambia el paradigma del “derecho de proteger el dato” para pasar al “derecho de las personas a proteger sus datos personales y a la autodeterminación informativa”. 

Anchorena precisó que, en la región, Brasil y Ecuador tienen “las leyes más recientes y avanzadas”, mientras que en Chile hay una iniciativa con media sanción, y en Costa Rica y Paraguay hay proyectos en marcha.  “Uruguay tiene una ley de 2008 que la actualizan permanentemente. Perú, Colombia y México tienen leyes razonablemente actuales. Y Guatemala y Bolivia recién están empezando a discutir sus proyectos”, detalló. 

“Argentina fue el primer país en tener una Ley de Protección de Datos Personales en el año 2000 y es considerada pionera”, destacó la directora de la AAIP, y enfatizó que “este proyecto no nace de un repollo, sino de una trayectoria de Argentina (en la materia) y de una trayectoria que es muy respetada en la región”. 

Yendo a la iniciativa, la funcionaria explicó que “el proyecto brinda un marco para el desarrollo de instrumentos concretos que fortalezcan la capacidad regulatoria por parte del Estado” y está basado en “tres pilares” que son “el derecho humano a la protección de los datos personales y la autodeterminación informativa; la innovación tecnológica -basada en principios éticos- que promueva un desarrollo económico inclusivo; y la construcción de confianza a través de reglas de juego claras”. 

Además, está redactado en “un lenguaje técnicamente neutro, que permite pensar en una ley que no nos quede vieja a los dos años” y “está centrada en las personas”. “Concilia el derecho a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión e información y al proceso de Memoria, Verdad y Justicia frente a crímenes de lesa humanidad”, enumeró en su exposición. 

Al repasar algunos puntos centrales, se refirió a la aplicación extraterritorial, que es “un eje clave que la ley vigente no lo contempla”. “Esto nos permite fiscalizar el tratamiento de datos de la ciudadanía argentina realizado por empresas transnacionales”, señaló y apuntó que “es la respuesta que han encontrado la mayoría de los Estados para abordar la globalización del tratamiento de los datos. Esto refuerza la soberanía nacional”. 

Sobre los principios nuevos que se incorporan, habló de neutralidad tecnológica, responsabilidad proactiva y demostrada y el de preeminencia, que establece que “ante dudas interpretativas en la aplicación de la ley, va a prevalecer la interpretación más favorable a la persona titular de los datos”. “Esto refuerza una mirada de garantizar derechos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad”, resaltó. 

También ponderó cuestiones relativas a las transferencias internacionales de datos; la incorporación del tratamiento de datos de niños, niñas y adolescentes; los nuevos derechos oposición, decisiones automatizadas y elaboración de perfiles, revisión humana, portabilidad y limitación; y las  obligaciones de los responsables y encargados del tratamiento de datos. “Cuando el responsable no tiene domicilio en Argentina, nosotros estamos proponiendo que tenga un representante”, indicó. 

En otro tramo, Anchorena se refirió a los cambios en las multas, que hoy van de 1.000 a 100.000 pesos. Se establecerán “unidades móviles que irán desde 5 hasta un millón, actualizables con el IPC, con un monto inicial de 10 mil pesos cada UM”; además de “un monto de 2% a 4% de facturación total anual global del ejercicio financiero anterior” para quienes violen la ley. 

La directora de la AAIP remarcó que este proyecto nació de un proceso que comenzó hace un año atrás, con 11 mesas de diálogo integradas por distintos actores y contó: “En agosto del año pasado se presentó el anteproyecto y luego se abrió el proceso de consulta pública” donde “se recibieron 173 aportes y consultas” de diferentes sectores públicos y privados. 

“El proyecto original tenía 76 artículos y 43 fueron mejorados y pulidos”, valoró y sostuvo que “este proyecto de ley es producto del debate de ideas sobre las necesidades y la realidad argentina, incorpora estándares internacionales, pero tiene una mirada situada y soberana”. “La protección de datos personales es transversal a todos los campos de la política pública y a todos los sectores productivos; es la base para desplegar otras políticas públicas”, subrayó y cerró: “Si queremos tener un proyecto de regulación de inteligencia artificial, tenemos que modernizar nuestra Ley de Protección de Datos Personales”. 

Cuestionamientos desde la oposición a la gestión de la AAIP

Al tomar la palabra para las consultas, la diputada Karina Banfi (UCR) arrancó recordándole a la funcionaria que ella, junto a su par Dolores Martínez y organizaciones civiles, impugnó su designación. “Creo que ha aprendido, creo que tiene que aprender más”, lanzó y consideró que la AAIP “es un organismo pilar que hemos podido sostener como una política de Estado, más allá de los gobiernos que van sucediendo”, por lo cual “debemos poner al frente de los organismos gente que cumpla los requisitos como lo dice y lo impone la propia ley”. 

“Estamos convencidos que es necesaria una actualización de esta ley y principalmente poder tener una ley adecuada a la dinámica que tiene la información y la circulación de datos en el mundo”, afirmó sobre el tema de protección de datos, pero pidió que “ haya un extensivo cronograma de audiencias públicas” con invitados para iniciar el debate, pero “concluirlo con la composición que viene”. 

Al resaltar que sobre el tema solo hay “tres proyectos” de legisladores, la radical opinó que si se avanzara rápido “vamos a estar votando algo que es muy importante para la ciudadanía sin entender qué es lo que se va a votar”. 

Por otra parte, Banfi cuestionó la pasividad de la AAIP a la hora de sancionar a los organismos del Estado que incumplen con la Ley de Acceso a la Información Pública, tema en el cual es especialista. “Veo una proliferación de empresas cuestionadas, sobre todo las de telefonía, por incumplir con la Ley de Protección de Datos Personales, pero no veo ninguna repartición del Estado multada, y hemos tenido casos, por ejemplo, el Renaper y el Senado de la Nación”, señaló. 

 “En la lista de incumplidores del acceso a la información pública hay un crecimiento de las dependencias públicas. El problema es que nos llevan a la Justicia. Yo pregunté por las actividades institucionales de una persona (Fabiola Yáñez) y me dijeron que eran datos personales. Me respondieron a medias. Tuve que ir a la Justicia. Cuando gané en primera instancia, la Secretaría General de la Presidencia apeló, con abogados del Estado. Eso es plata de los argentinos”, expresó. 

En tal sentido, la legisladora de Juntos por el Cambio cuestionó que “la Secretaría General de Presidencia ranquea como incumplidora, pero sin embargo se la premia con la Dirección Nacional Electoral, ¿cómo vamos a tener seguridad de que cumplirá con la protección de datos de los electores?”.

 Luego, yendo puntualmente al proyecto del Gobierno sobre protección de datos personales, Banfi explicó: “Nada es gratis, por eso las redes sociales nos piden nuestros datos personales para poder usarlas. No es lo mismo entregar datos a una empresa controlada por el Estado, que entregarlos a una empresa que es del Estado como Tik-Tok. Nos pasó esto con las vacunas. Ni China ni Rusia nos respondieron, en cambio AstraZeneca y Pfizer tuvieron que hacerlo. Hay que ver bien cuál es la protección de datos, hay que advertir cómo el Estado -sea China, o Rusia o nuestro país- viola la Ley de Protección de Datos”.

 “¿Saben por qué José Vitobello (secretario General de la Presidencia) aportó la información sobre la primera dama? Porque la Justicia le dijo que la multa tenía que pagarla de su bolsillo. Hoy hay un ¡viva la pepa! No se sanciona a las dependencias del Estado que violan la Ley de Acceso a la Información Pública”, insistió. 

A su turno, la diputada Dolores Martínez (Evolución Radical) aseguró que este “es un proyecto que esperábamos hace mucho tiempo tratar” porque “todos coincidimos en la necesidad de reformar la ley”. Sin embargo, pidió “contextualizar” la situación y, en tal sentido, cuestionó qué es lo que se está haciendo con “las filtraciones de datos” ya que “es exponencial como han aumentado los casos y yo creo que no tenemos respuestas por parte del Estado”. 

“¿Cómo cree que esta ley va a responder frente a la vulnerabilidad total en la cual se encuentra la administración pública?”, consultó a la funcionaria y apuntó que “no solamente es el cómo, sino con qué. Porque vamos a necesitar cientos de ingenieros electrónicos, a lo que hoy en Argentina no los podemos atraer ni tampoco retener”. 

Para la porteña, este “es un proyecto no sólo urgente, sino trascendente, una política de Estado” y como tal “amerita el trabajo basado en los consensos”. Pero observó que “es muy difícil tratar esta ley” con un recambio legislativo próximo y además con las “situaciones tensas que vivimos” en el Congreso, al remarcar las diferencias entre oficialismo y oposición. 

“No es mala predisposición, pero quiero que entienda que no es el mejor tema para tratar en este contexto”, aclaró, y solicitó que en caso de hacerlo “sea con la máxima responsabilidad”. 

En alusión a los datos de niñas, niños y adolescentes, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical) dijo que “la actual ley no los menciona” cuando hoy “son los que más los usan, los más vulnerables y los menos protegidos”. “No nos conforma un solo artículo”, señaló y anticipó que buscarán dar “un debate específico” sobre este punto, al considerar que “la autoridad de aplicación de todo lo que es la protección de privacidad de niñas, niños y adolescentes sea la Defensoría” y no la AAIP. 

En el cierre, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo (FdT) informó: “Seguiremos en las próximas semanas con este tratamiento. Les solicitamos a las bancadas que nos hagan saber a quiénes proponen como expositores. No tenemos ningún apuro en el tratamiento. Sabedores de que se viene un recambio en la cámara, veremos si la oportunidad, el mérito y la conveniencia nos permiten que esto sea tratado este año o en ejercicios venideros”.

En una semana que tiene en agenda varias reuniones de comisión en la Cámara alta, volvió a convocarse para este martes a las 14.30 la Comisión de Asuntos Constitucionales para la designación de sus autoridades.

La constitución de la misma ya había sido pautada el pasado miércoles, pero el encuentro se suspendió. Además, elegirán los días y horarios para las reuniones, así como también, procederán a leer un informe de gestión 2022, el listado de proyectos vigentes y propondrán un plan de trabajo para lo que resta del año.

Tras la salida de cuatro legisladores del interbloque oficialista, la puesta en marcha de las comisiones fue muy lenta. Pese a los cambios en los bloques, en cada una de ellas se han mantenido las mismas autoridades. Por eso, este miércoles se propondrá que siga al frente de Asuntos Constitucionales el jujeño Guillermo Snopek.

Presidente del bloque Unidad Federal, que se armó entre los que abandonaron el FdT y la schiarettista Alejandra Vigo, Snopek es actualmente precandidato a diputado nacional dentro de las PASO de Unión por la Patria en su provincia.

La última vez que esta comisión se reunió fue en octubre del año pasado para dictaminar sobre la ley de régimen de regulación dominial para barrios populares -en plenario con Presupuesto y Hacienda- y dar aval a la ley para expropiar el predio donde funcionó Cromañón.

Otra semana con casi nula actividad se prevé en el Senado de la Nación, donde para este miércoles a las 10.30 se citó a una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para la designación de sus autoridades.

La semana pasada se conformó la de Ciencia y Tecnología, mientras que la de Industria y Comercio fracasó por falta de quórum.

Tras la salida de cuatro legisladores del interbloque oficialista, la puesta en marcha de las comisiones fue muy lenta. Pese a los cambios en los bloques, en cada una de ellas se han mantenido las mismas autoridades. Por eso, este miércoles se propondrá que siga al frente de Asuntos Constitucionales el jujeño Guillermo Snopek.

Presidente del bloque Unidad Federal, que se armó entre los que abandonaron el FdT y la schiarettista Alejandra Vigo, Snopek es actualmente precandidato a diputado nacional dentro de las PASO de Unión por la Patria en su provincia.

La última vez que esta comisión se reunió fue en octubre del año pasado para dictaminar sobre la ley de régimen de regulación dominial para barrios populares -en plenario con Presupuesto y Hacienda- y dar aval a la ley para expropiar el predio donde funcionó Cromañón.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el jujeño Guillermo Snopek comenzó a debatir el proyecto que viene con media sanción de Diputados, que establece la expropiación del inmueble donde funcionó el boliche República de Cromañón, donde el 30 de diciembre 2004 se produjo la tragedia que costó la vida de 194 personas durante un recital de la banda de rock Callejeros. 

La iniciativa apunta a crear un espacio para el recuerdo colectivo, donde se promueva la construcción de la memoria de los hechos ocurridos en pos de su no repetición. 

Al comienzo de la reunión de comisión, sobrevivientes y familiares de las víctimas de la tragedia, presentes en el encuentro, tomaron la palabra para leer un texto en mensaje a los legisladores. 

“Estamos acá no solo para contarles por qué es importante este proyecto para la vida de los argentinos, sino también para explicar las razones por las que nosotros entendemos que es prioritario contar con su dictamen de mayoría de manera urgente”, apuntó el texto. 

Visiblemente emocionada, la representante de las agrupaciones de familiares celebró la transversalidad que cuenta la iniciativa: “Valoramos la heterogeneidad política que nuestro sistema democrático reconoce, a través del poder legislativo nacional, en donde el universo Cromañón encuentra representación y exige ser escuchado, es que confiamos en que contaremos con el acompañamiento de este proyecto de ley por parte de ustedes, en representación de cada una de las provincias y de la CABA”. 

Explicaron que el objetivo de este proyecto es que el exboliche de Cromañón “funcione como un espacio para la memoria colectiva, donde se promueva la construcción de la memoria de los hechos ocurridos en pos de su no repetición. Debemos conservar los elementos testimoniales de la masacrare en su plenitud, para que permitan reflejar la historia de lo allí ocurrido”, y concluyen: “En defensa de su valor histórico-cultural y la memoria histórica que se debe preservar mediante este proyecto de ley”. 

El senador por el Frente de Todos Mariano Recalde fue quien luego tomó la palabra y reconoció, en primer lugar, a las organizaciones de familiares, víctimas y sobrevivientes: “El documento que leyeron creo que reflejan todos los motivos por los cuales estoy convencido que también el Senado va a votar por unanimidad la creación del espacio de la memoria”, expresó. 

“Cromañón nos pasó a todos. Y los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires no hay uno, no hay un habitante, una persona que no tenga un conocido, un familiar, un amigo que no haya pasado por Cromañón esa noche. Y todos nos acordamos que estábamos haciendo esa noche, un día antes de año nuevo, en el año 2004. Y también nos acordamos, y creemos que es una oportunidad de seguir dando vuelta varias injusticias que se sucedieron a esa tragedia, la más grande de las tragedios no naturales que vivimos por lo menos en la CABA”, continuó. 

“Después del incendio, se instaló algo que es bastante común y lamentable que es revictimizar a las víctimas. Culpabilizar o encontrar en las víctimas las causas de la tragedia. Y la verdad que no solamente no se puede hacer eso, sino que algo que todos relatan de esa noche que muchas de las víctimas no solamente no fueron culpables, si no que tuvieron comportamientos heroicos esa noche”, continuó. 

Recalde sostuvo que este reconocimiento, la creación del espacio de la memoria, “ayuda a que sea un punto de inflexión, pero además de eso es un reconocimiento más y es una manera de sepultar esa revictimización que sufrieron en estos 18 años. Queremos que sea un punto de inflexión, porque entendemos que el Estado, que falló, que no quiso, que no supo, cuidar a los pibes que estaban en esa noche, se mejore, se transforme y empiece a cuidar a la gente, que de eso se trata”.  

Finalmente, consideró “muy bueno” que todas las provincias, “que todo el país esté acompañando hoy, y que esto sea una causa nacional, que sea una política de Estado, y que la memoria, y el cuidado que recuperamos a partir de este hito se propague por todo el país”. 

La Cámara de Senadores comenzará a debatir el proyecto que viene con media sanción de Diputados que establece la expropiación del inmueble donde funcionó el boliche República de Cromañón, donde el 30 de diciembre 2004 se produjo la tragedia que costó la vida de 194 personas durante un recital de la banda de rock Callejeros.

El tratamiento se llevará a cabo en el seno de una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo del oficialista Guillermo Snopek (Jujuy), este miércoles a las 16 en el Salón Arturo Illia.

La iniciativa fue aprobada con 207 votos afirmativos el pasado 12 de octubre en la Cámara baja con un final cargado de polémica y acusaciones cruzadas entre ambas bancadas. La misma propone declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles sitos en la calle Bartolomé Mitre 3038/78, entre Ecuador y Jean Jaures, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, predios popularmente conocidos como República Cromañón.

El proyecto fue impulsado por la diputada nacional y secretaria parlamentaria del FdT, Paula Penacca, y figuran como cofirmantes a 24 diputados de todas las bancadas. En efecto, la iniciativa cuenta con las firmas de los diputados Cristian Ritondo, Mario Negri, Alejandro “Topo” Rodríguez, Rodrigo De Loredo, Juan Manuel López, Luis Di Giacomo, Margarita Stolbizer, Myriam Bregman, Diego Sartori, Mónica Fein, Romina del Plá, Mara Brawer, Carla Carrizo, Nicolás del Caño, Itai Hagman, Federico Fagioli, Karina Banfi, Maximiliano Ferraro, Tomás Ledesma, Facundo Manes, María Luján Rey, Alejandro Vilca y Leandro Santoro.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda del Senado se reunirá este miércoles, desde las 14.30 en el Salón Illia, para tratar el proyecto de ley que prorroga el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana en barrios populares.

La iniciativa tuvo media sanción de la Cámara de Diputados la semana pasada, por 227 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones.

A través del proyecto se contempla la declaración de utilidad pública y expropiación de más barrios populares, que se incluyeron al ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) después de sancionada la ley, en 2018. Se pasa de 4.400 a 5.687.

Además, establece la prórroga de la suspensión de los desalojos como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda por el plazo que dura la declaración de utilidad pública de 10 años.
Asimismo, se extiende la declaración de la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares identificados en el ReNaBaP por el plazo de 2 años.

Otro de los puntos establece que los habitantes de estos barrios “tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación”. “Todos los niveles de gobierno y organismos intervinientes deberán implementar las medidas adecuadas para asegurar su inclusión y la asequibilidad para, gradualmente, constituirse en usuarios formales de los servicios públicos, debiendo adaptar las normativas para facilitar la realización de tal derecho”, agrega el articulado.

También prevé que la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial deberán ser “progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad”.

Se modifica la integración del fideicomiso, de modo que también se pueda conformar con “bienes inmuebles que le transfiera en forma directa el Estado Nacional” y “bienes inmuebles que obtenga directamente el fideicomiso, sean los que integran el RENABAP u otros necesarios para cumplir con los objetivos de la ley”.

Y se incorpora a la ley el artículo 18 bis, el cual indica que el 75% de los fondos del fideicomiso, como mínimo, tendrán que destinarse al proceso de urbanización; el desarrollo de infraestructuras necesarias para establecer condiciones en el hábitat y las viviendas; y otros destinos relacionados al acceso a la urbanización, integración socio urbana, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano y/o regularización dominial.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presididas por los oficialistas Hernán Pérez Araujo (La Pampa) y Carlos Heller respectivamente, mantuvieron una reunión breve este martes en la que emitieron dictamen consensuado al proyecto que buscar declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble donde funcionó el boliche República de Cromañón, donde se produjo en 2004 la tragedia que costó la vida de 194 personas.

De esta manera, la iniciativa de la diputada nacional y secretaria parlamentaria del FdT, Paula Penacca, será debatida en el recinto en la sesión convocada para este miércoles a las 12.30, en donde se da por descontada su media sanción, ya que el proyecto está firmado por diversos bloques con representación parlamentaria.

El proyecto de ley establece declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación, en los términos de la Ley 21.499, el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 3038/78 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, predio popularmente conocido como “República Cromañón”.

En los fundamentos, la norma expresa como una de las finalidades de la expropiación la de conservar el predio como refugio de la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004, un espacio social donde circule la memoria colectiva y ayude a que las víctimas no se aíslen en un reclamo individual. Además, para poder transformar el dolor en lucha, y a sembrar una memoria como pueblo, para que hechos como estos no ocurran nunca más.

Al comienzo de la reunión, Pérez Araujo aclaró que se agregó al proyecto -a pedido de las organizaciones de familiares y sobrevivientes de la tragedia- la parcela número 08 ubicada en la calle Jean Jaures 51 lindero al predio, del que han adjuntado el respectivo informe de dominio algo que se había consensuado la reunión pasada.

Al hacer uso de la palabra, la secretaria parlamentaria del interbloque de JxC, Silvia Lospennato (Pro), señaló: “Estamos cumpliendo con el compromiso que todos nos hicimos cuando despachamos este tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales faltaba incorporar un informe de dominio, lo que fue incorporado rápidamente, así que habiendo cumplido con esta formalidad y siendo que se trata de un proyecto que tiene, nada más ni nada menos, la firma de casi todos los jefes de bloque de la Cámara. El proyecto de la diputada Penacca creo que estamos listos para despacharlo y mañana tratarlo en el recinto”.

“Vinimos a completar este trámite de un proyecto que es necesario, que es de acuerdo y que viene a saldar un reclamo de los familiares y estamos cumpliendo ese compromiso”, cerró Lospennato.

A su turno, la autora de la iniciativa compartió las palabras de la diputada preopinante y resaltó: “Estamos cumpliendo con ese compromiso”, y señaló: “Hemos trabajado a contrarreloj para poder tener el informe de dominio que era el trámite que nos faltaba cumplimentar”.

También le agradeció a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, porque “se puso a disposición y dio una mano para lograr en el tiempo muy escueto que teníamos para poder tener la información del dominio”.

Por otro lado, reconoció el “trabajo de muchos diputados y diputadas de todos los bloques que sabemos que para llegar a sesiones donde podamos votar leyes, tenemos que construir consensos y este ha sido un tema que, gracias al trabajo y al compromiso de los sobrevivientes y familiares, logró esos consensos y pudimos incorporarlo en el temario de mañana”.

La Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el legislador oficialista Hernán Pérez Araujo avanzó este miércoles con la iniciativa que prevé la expropiación del predio donde ocurrió la tragedia de Cromañón, para declararlo de utilidad pública. El proyecto es impulsado por la diputada nacional Paula Penacca (FdT-CABA), y acompañado por miembros de todos los bloques. Según se resolvió, volverá a ser analizado en el marco de una reunión conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda para la posterior emisión su dictamen, tras el pedido de modificación de un artículo y a la espera del expediente de dominio e inhibiciones.

El proyecto de ley establece declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación, en los términos de la Ley 21.499, el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 3038/78 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, predio popularmente conocido como “República Cromañón”. A su vez, organizaciones de familiares y sobrevivientes de la tragedia solicitaron que se agregara, en la redacción de la iniciativa, a la parcela número 08 ubicada en la calle Jean Jaures 51, al lado del predio.

En la Sala uno del segundo piso del “Anexo A”, estuvieron Nicolás Papola y Belkis Contino, sobrevivientes de la tragedia, quienes acompañaron el pedido de expropiación del predio y detallaron el pedido, para agregar a la parcela lindera mencionada.

Ambos sobrevivientes agradecieron a los diferentes bloques de la Cámara baja por el consenso y la unanimidad demostrada ante el proyecto de ley, y recordaron enfáticamente a las 194 víctimas y a los 4500 sobrevivientes de la tragedia de Cromañón. 

Nicolás Papola criticó a los medios gráficos nacionales por “haber mal informado sobre la existencia de una guardería en el baño de mujeres al momento de la tragedia”. Belkis Contino, por su parte, responsabilizó directamente al empresario Rafael Levy, dueño del lugar, por “haber armado una trampa mortal para los jóvenes” al no cumplir con los requisitos edilicios necesarios en el edificio.  “A través de este proyecto de ley confiamos en que se harán cargo en la construcción de memoria de la masacre de Cromañón para llegar a diciembre con la iniciativa hecha ley”, solicitaron.

La autora del proyecto, Paula Penacca, indicó que la declaración de interés de expropiar el predio fue unánime y manifestó que “adhiere a la modificación presentada por los jóvenes sobrevivientes porque no cambia la voluntad del sentido”. Por otro lado, anunció que antes de dictaminar y de pasar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, “se debía disponer del informe de dominio”.

Las diputadas nacionales Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), Laura Rodríguez Machado (Pro) y Carla Carrizo (Evolución Radical) coincidieron en que el proyecto debía ser “expeditivo con el informe de dominio” y que debía tratarse en un plenario con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con la seguridad de que el acompañamiento es unánime.

En tal sentido, la diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) adhirió a la idea de “mantener las formalidades para hacerlo correctamente” y declarar de utilidad pública el predio, al igual que el jefe de bloque radical Mario Negri, quien anunció que el proyecto será “dictaminado” en la reunión plenaria de la semana que viene previo a la sesión de la Cámara de Diputados.

Datos personales de Internet y Convención Belem Do Para

Otro tema que trató la reunión fue el que otorga jerarquía constitucional a la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, elaborado en Convención de Belem Do Para suscripta en el año 94, y obtuvo el consenso de los 28 legisladores presentes para su posterior tratamiento en las comisiones de Relaciones Internacionales y de Mujeres y Diversidad.

Las diputadas Silvia Lospennato (Pro), Pamela Calletti (FdT) y Graciela Camaño sostuvieron que “no es la primera vez que se intenta constitucionalizar a la Convención Belem Do Para”, a la que consideraron como “una herramienta fabulosa en el ámbito de la Jurisprudencia de nuestro país para construir sociedad con perspectiva de género”.

El titular de la comisión anunció que la iniciativa obtuvo “el acompañamiento de los 28 diputados firmantes de los diferentes bloques”, por lo cual se logró el consenso y unanimidad del compromiso que habían pactado previo a la reunión.

En tercer lugar, se trató el proyecto de ley por el cual se aprueba el Protocolo modificatorio del Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, suscripto en la ciudad de Estrasburgo, el cual pasó a la firma y al dictamen por mayoría.

La diputada Karina Banfi (UCR) manifestó la importancia de “proteger los datos biométricos en Internet” para avanzar en un marco internacional de “regulación de redes sociales para acordar criterios sobre la conversación pública”. Además, mencionó el tratamiento, a futuro, acerca del proyecto de ley sobre protección de datos personales que perdió estado parlamentario en tiempo pasado. De tal forma, el presidente de la comisión anunció la emisión del dictamen de la iniciativa.

En una breve reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el jujeño Guillermo Snopek (FdT), que se llevó a cabo en la tarde de este miércoles, el kirchnerismo logró el dictamen de los proyectos que proponen modificar los requisitos para convocar a una consulta popular y, por otro lado, la iniciativa que reforma la norma que regula la iniciativa popular.

El senador oficialista Oscar Parrilli hizo uso de la palabra para destacar que el proyecto “fue ampliamente debatido con expositores que dieron su opinión sobre los aspectos constitucionales. También la experiencia similar que hubo con el FRENAPO que explicó el hoy diputado Hugo Yasky”.

“Este es un avance importante en aras de mejorar el funcionamiento de la democracia en la Argentina, los mecanismos de participación popular, de identificación de los temas que los gobiernos tienen que resolver y tener siempre a mano la posibilidad de consultar al pueblo sobre temas importantes de la gestión”, ponderó.

Además, remarcó que “la iniciativa que propiciamos respeta los términos constitucionales, los límites que la Constitución Nacional pone a la consulta popular”, tras lo que pidió pasar a la firma el dictamen para que sea debatido en el recinto y agregó con una chicana a la oposición: “Quienes no están de acuerdo que lo expresen como corresponde. Acá hemos agotado todo debate y discusión entre los que quisieron y los que no, porque hubo senadores de bloques que no les interesaba el tema”.

“Las expresiones de estar o no estar simbolizan tácitamente una posición. Creo que se ha dado, ha sido extenso y la idea es seguir avanzando”, señaló Snopek. Cabe mencionar que solo estuvieron presentes de la oposición los senadores radicales Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Eduardo Vischi (Corrientes).

Luego se presentaron para el trabajo en comisión, tres iniciativas, dos del senador Snopek, relacionadas a cambios planteados para el tiempo y mecanismos de designación de las vacantes del Defensor del Pueblo y de cargos adjuntos en la Defensoría del Pueblo de la Nación.

"El Defensor del Pueblo es un instrumento que tiene la ciudadanía para la defensa de sus derechos y creo que nos debemos este debate", afirmó Snopek.

El tercero, perteneciente al senador por Chaco, Antonio Rodas (Frente Nacional y Popular), trata sobre la modificación de la ley 24.284 de la Defensoría del Pueblo, respecto de la adecuación del texto normativo a las nuevas exigencias del derecho convencional.

Al finalizar, se aprobaron siete proyectos de resolución y cinco pedidos oficiales para nombramientos de cónsul y vicecónsul.

LOS PROYECTOS

El proyecto presentado por Oscar Parrilli apunta a modificar la Ley 25.432, que regula la consulta popular vinculante y no vinculante, una herramienta prevista en el artículo 40 de la Constitución Nacional. Puntualmente, el texto prevé cambios en cinco artículos.

Por medio de su iniciativa, el senador K propone que el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados -tal como figura actualmente en la ley- “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”.

En cuanto a la modificación del artículo 2 de dicha norma, establece que “la ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las Cámaras”. Actualmente determina que debe ser con “la mayoría absoluta”. También modifica esa condición en el caso de la consulta popular no vinculante.

Además, el texto de Parrilli busca que el día fijado para la consulta popular pueda coincidir con otro acto eleccionario, algo que no está permitido ahora en la ley. Este es un punto idéntico al que contempla la iniciativa de la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, quien además busca que se derogue el artículo 12 de la 25.432, que indica que “la consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial”.

Por su parte, el proyecto de Snopek apunta a regular el derecho de iniciativa popular establecido en el artículo 39 de la Constitución Nacional, y reformar la actual Ley 24.747, aprobada en 1996, y que imponía mayorías especiales en el Congreso.

La iniciativa propone que las mayorías especiales desaparecen, por lo que queda tácitamente registrado que para que una iniciativa popular vea la luz en forma de proyecto de ley necesite solamente del voto de la mayoría de los legisladores presentes.

Por otro lado, se pretende excluir ciertos temas que no podrán ser fijados ni modificados por este mecanismo: reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal; aunque sí cuestiones referidas a la materia electoral. También crea la Oficina de Iniciativa Popular (OIP), en el ámbito del Congreso de la Nación.

El kirchnerismo buscará este miércoles, a partir de las 17, avanzar en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por Guillermo Snopek (UC-FdT), con los proyectos que proponen modificar los requisitos para convocar a una consulta popular y, por otro lado, la iniciativa que reforma la norma que regula la iniciativa popular.

El proyecto presentado por Oscar Parrilli apunta a modificar la Ley 25.432, que regula la consulta popular vinculante y no vinculante, una herramienta prevista en el artículo 40 de la Constitución Nacional. Puntualmente, el texto prevé cambios en cinco artículos.

Por medio de su iniciativa, el senador K propone que el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados -tal como figura actualmente en la ley- “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”.

En cuanto a la modificación del artículo 2 de dicha norma, establece que “la ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las Cámaras”. Actualmente determina que debe ser con “la mayoría absoluta”. También modifica esa condición en el caso de la consulta popular no vinculante.

Además, el texto de Parrilli busca que el día fijado para la consulta popular pueda coincidir con otro acto eleccionario, algo que no está permitido ahora en la ley. Este es un punto idéntico al que contempla la iniciativa de la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, quien además busca que se derogue el artículo 12 de la 25.432, que indica que “la consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial”.

Por su parte, el proyecto de Snopek apunta a regular el derecho de iniciativa popular establecido en el artículo 39 de la Constitución Nacional, y reformar la actual Ley 24.747, aprobada en 1996, y que imponía mayorías especiales en el Congreso.

La iniciativa propone que las mayorías especiales desaparecen, por lo que queda tácitamente registrado que para que una iniciativa popular vea la luz en forma de proyecto de ley necesite solamente del voto de la mayoría de los legisladores presentes.

Por otro lado, se pretende excluir ciertos temas que no podrán ser fijados ni modificados por este mecanismo: reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal; aunque sí cuestiones referidas a la materia electoral. También crea la Oficina de Iniciativa Popular (OIP), en el ámbito del Congreso de la Nación.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el jujeño Guillermo Snopek (FdT), se reunió este miércoles para continuar con el debate en torno a los lineamientos de las dos propuestas para modificar las leyes vigentes referidas a las convocatorias a consulta popular vinculante y no vinculante, a la cual estuvieron de invitados a exponer el constitucionalista Eduardo Barcesat y el diputado nacional Hugo Yasky (FdT).

El encuentro comenzó con virulencia, ya que la vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, mandó al frente a la bancada opositora que se ausentó de la reunión y destacó que el único presente fue el radical Pablo Daniel Blanco quien le reclamó: “las comisiones hay que convocarlas con tiempo y no de un día para el otro”.

Tras ese cuestionamiento cruzado, el titular de la Comisión aclaró: “El espíritu de funcionar hemos tratado siempre de respetar los plazos legislativos y lo que establece el reglamento para las convocatorias en virtud de la celeridad y para no seguir demorando el tratamiento”.

Fue el senador y autor del proyecto el neuquino Oscar Parrilli en abrir la ronda de expositores y remarcó que la iniciativa lleva la firma de senadores que “ya no son legisladores” porque “hace más de dos años que está presentado”.

Por otro lado, comentó que “se conversó en el seno de la Comisión la posibilidad de que el bloque de JxC proponga oradores, pero dijeron que no les interesaba. Siempre está abierta la posibilidad para que lo hagan. El hecho de haberla convocada de ayer para hoy es porque ya varias veces se convocó, hubo problemas con los horarios de los invitados y por eso se fue postergando, de manera que acordamos ayer porque los expositores tenían el horario libre”.

Sobre el proyecto explicó: “Lo que intentamos desde nuestro interbloque es poner en la discusión pública a 40 años de la democracia en la Argentina un mecanismo que, a nuestro entender, mejora y le da más participación y protagonismo al pueblo en las decisiones democráticas que toma un Gobierno”.

“Nuestro proyecto trata sobre las Consultas populares que está establecida en la Constitución de 1994 y allí se estableció que una ley iba a reglamentar su mecanismo de realización de la consulta y que esa ley tenía que tener una mayoría especial que es la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros. De manera que el proyecto va a tener necesariamente que ser aprobada por la totalidad de los miembros de acuerdo a lo que dice la Constitución Nacional”, explayó Parrilli.

En suma, precisó: “Lo que nosotros tenemos son cuatro mecanismos de participación de pueblo en las decisiones de gobierno”, y procedió a describir: “Tenemos dos tipo de consulta popular no vinculante, la que está convocada por el Poder Ejecutivo y la convocada por el Poder Legislativo que también puede convocar a consulta popular no vinculante; la consulta popular vinculante que es exclusivamente por ley que requiere una mayoría especial y por otro lado la iniciativa popular que merece otra ley que no estamos tratando ahora, pero hay un proyecto del senador Snopek”.

“Nosotros proponemos darle mayor agilidad, dar mayores posibilidades de que se lleven adelante las consultas populares”, remarcó el senador oficialista y opinó: “Se dictó la norma en la Constitución del 94’, pero fue de una manera como para ponerlo para que nunca se haga porque después cuando se puso esa ley fue tan complicada que en realidad la Consulta Popular solo existe en la cuestión teórica y no en la práctica. Desde el año 94 hasta ahora nunca hubo una Consulta Popular y la experiencia que tenemos es anterior a la Constitución que llevó adelante la presidencia de Alfonsín que tuvo protagonismo del pueblo y ayudo a tomar una decisión trascendental como era la citación al límite con Chile”.

Y reiteró: “Nuestro proyecto tiende a facilitar el llamado a las consultas populares y eso está básicamente en el artículo 2 que hacemos una modificación solamente de redacción porque dice que la ley de convocatoria dice ‘mayoría absoluta de miembros presentes’ y si se trata de miembros presentes, mayoría siempre es mayoría es la mitad mas uno de los presentes. Le sacamos lo de mayoría absoluta porque es una redundancia. La mayoría absoluta es para la ley que reglamenta la Consulta Popular”.

En segundo lugar, aclaró: “Mantenemos las limitaciones de aquellos temas que no pueden ser sometidos a Consulta Popular que está en la Ley de iniciativa para que no se ponga en cuestionamiento si estamos queriendo modificar la Constitución porque hay temas que tienen mayorías especiales”.

“La Consulta Popular consideramos que, si puede hacerse el mismo día que una elección general porque también es bueno porque, de alguna manera, involucra a los candidatos a expresarse a favor o no de lo que se consulta. También se ahorra dinero, es mayor democracia y mayor participación”, destacó Parrilli.

Por último, explicó: “Establecemos que la Consulta Popular no vinculante, es decir la que no es obligatoria, pueden ser ampliados los temas porque nos parece que eso no modifica ni entra en coaliciona con ningún artículo, ni leyes vigentes, ni tratados porque no es obligatorio lo que allí se expresa. Pero es importante que ante tenas importantes el Gobierno pueda recabar la opinión del pueblo sobre esos temas”.

A su turno, el dirigente sindical Hugo Yasky recordó que en el año 2001 hubo una experiencia autogestionada de Consulta Popular que se impulsó desde el FRENAPO (Frente Nacional Contra la Pobreza) y explicó que “fue un Frente de organizaciones sociales, empresariales del sector PyMes, de movimientos políticos. Se constituyó en julio y elaboró un programa consistente básicamente en una serie de instrumentos para paliar la crisis social y se resolvió solicitar al gobierno la convocatoria a Consulta Popular que se resolvió en tres días”.

“En ese momento para nosotros fue un éxito enorme porque participar más de 3 millones de personas”, resaltó el diputado y sumó: “Había una necesidad de participación. Se dio dos semanas previo al estallido de la crisis del 2001”.

A su vez, resaltó que “el mecanismo de Consulta Popular democrático, participativo que le puede dar a la democracia, sobre todo en tiempos donde se trata de instalar un discurso antipolítico, donde se trata de mostrar a la política alejada de la participación popular. Me parece que puede ser un instrumento dinámico que le dé más fuerza a la democracia”.

El constitucionalista Barcesat expresó su “más enérgico repudio y condena a la tentativa de magnicidio que ha asistido la Nación Argentina y el pueblo que no solo afecta el supremo derecho a la vida, sino la vida democrática y el orden constitucional”, y apuntó: “La legislación argentina y la Internacional castiga la incitación a cometer delitos de odio y lo que nos falta fiscales y jueces que la apliquen”.

Respecto al proyecto oficialista manifestó su acuerdo y, luego de repasar los artículos que "mejoran a las leyes vigentes", sugirió que " este marco de fortalecimiento planteado se incorpore a los fundamentos de la ley, porque posibilitan una mejor defensa cuando se trata, como es en ese este caso, de mejorar los mecanismos de la democracia participativa”.

Los proyectos

El proyecto presentado por Oscar Parrilli apunta a modificar la Ley 25.432, que regula la consulta popular vinculante y no vinculante, una herramienta prevista en el artículo 40 de la Constitución Nacional. Puntualmente, el texto prevé cambios en cinco artículos.

Por medio de su iniciativa, el senador K propone que el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados -tal como figura actualmente en la ley- “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”.

En cuanto a la modificación del artículo 2 de dicha norma, establece que “la ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las Cámaras”. Actualmente determina que debe ser con “la mayoría absoluta”. También modifica esa condición en el caso de la consulta popular no vinculante.

Además, el texto de Parrilli busca que el día fijado para la consulta popular pueda coincidir con otro acto eleccionario, algo que no está permitido ahora en la ley. Este es un punto idéntico al que contempla la iniciativa de la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, quien además busca que se derogue el artículo 12 de la 25.432, que indica que “la consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial”.

La reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, a cargo del jujeño Guillermo Snopek, comenzó con mucha virulencia ya que la vicejefa del interbloque Frente de Todos, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, cuestionó la ausencia de la oposición y destacó que el único presente fue el senador fueguino Pablo Daniel Blanco (UCR) quien le retrucó que “las comisiones hay que convocarlas con tiempo y no de un día para el otro”.

“Quiero dejar constancia que una vez más la oposición no ha venido”, comenzó su intervención la oficialista y aclaró: “Esto lo digo porque en la última sesión hubo muchas alocuciones diciendo que la presidenta de este Cuerpo, por hacer su defensa que le fue negada en juicio, en este Senado las comisiones no andaban etcétera. Lo que le respondimos que el quórum siempre lo da el Frente de Todos”.

Y siguió: “Luego hay cuestiones de preferencia de la oposición diciendo que no se tratan los proyectos que son de gran envergadura, preocupación de la sociedad a lo que le respondimos que siempre hay que venir”, ante lo que destacó que “siempre viene el mismo senador como lo dije en el recinto: el senador Blanco”, a quien le pidió disculpas.

En ese sentido, Fernández Sagasti sumó: “Pero estamos hablando de lo que pasó en el recinto así que dejo constancia que una vez más esto es lo que está sucediendo en el Senado. Para sacar proyectos por la gente hay que venir a tra-ba-jar y los asuntos que los senadores pueden llegar a entender, a ayudar, a cambiar la vida de los ciudadanos que viven en las provincias a las cuales representamos se acuerdan y se debaten en las comisiones para que luego lleguen al recinto”.

Entre risas, la senadora le habló a Blanco directamente: “Perdón senador yo sé que luego en su interbloque va a tener algunos cuestionamientos, pero quería dejar constancia de eso”.

Acto seguido, el radical le retrucó: “Seamos sinceros, las comisiones hay que convocarlas con tiempo y no a las once de la noche para el otro día que no da tiempo ni siquiera de que uno pueda proponer oradores en representación de nuestro bloque. Me parece que tenemos que ser justos. La ausencia de parte de los senadores de mi bloque se debe a que también tenemos que trabajar ordenadamente y dar un tiempo a que podamos llevar los debates adelante como realmente corresponde”.

“Estuvimos trabajando con 21 pliegos y solo había un senador. A la evidencia de los números me remito”, remató la mendocina.

Luego de un receso invernal de tres semanas, el Senado reanudará la actividad parlamentaria con una serie de reuniones de comisiones, que comenzará este martes a las 15 con la visita del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en la comisión homónima que preside el oficialista Matías Rodríguez. El encuentro será en el Salón Illia.

Tres horas más tarde, a las 18, fue citada la comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, comandada por la senadora de JxC Beatriz Ávila, a fin de tratar proyectos sobre transferencia de inmuebles; cambios en el modo de selección de los miembros del directorio del ENARGAS y el ENRE; y la iniciativa con media sanción sobre instalación de señalética referida a las Islas Malvinas en organismos públicos, Parques Nacionales y embajadas argentinas en el mundo.

En tanto, el miércoles a las 11 está previsto que se reúna la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el kirchnerista Oscar Parrilli, para tratar un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que fue enviado en abril del año pasado.

La iniciativa modifica la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24.660), con el objetivo de actualizar la normativa para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según expresó el Poder Ejecutivo en los considerandos, “el sistema propone centrar la respuesta sancionatoria a los casos de infracciones graves y recurrir en los casos de infracciones leves o medias a la aplicación de mecanismos alternativos, conciliatorios o de justicia restaurativa para resolver las diferencias entre las personas privadas de libertad”.

En el texto, “se incluyen reglas para garantizar que las personas dispongan de un tiempo y de medios suficientes para preparar su defensa y puedan compulsar en todo momento el expediente administrativo”; también “se prohíbe la imposición de sanciones disciplinarias sin que se haya permitido a la persona privada de libertad el ejercicio de su derecho de defensa en las audiencias que se dispusieren y luego de haber sido previamente asesorada”; se la “autoriza a solicitar la comparecencia de testigos y a interrogarlos o hacer que los interroguen, así como a requerir y controlar la producción de cualquier otra prueba pertinente y conducente”, entre otros puntos.

El otro encuentro que figura en la agenda del miércoles corresponde a la Comisión de Salud, que conduce el oficialista Pablo Yedlin, a las 14.30. El temario incluye un proyecto con media sanción para instaurar el 23 de junio como el Día Nacional del Síndrome de Dravet; y la iniciativa sobre prevención y control de la resistencia antimicrobiana, que también ya cuenta con aprobación de la Cámara baja.

Yedlin, quien asumió como senador en diciembre pasado, había trabajado en este último tema en su mandato como diputado -y también como presidente de la Comisión de Salud- y la iniciativa que fue representada este año por la socialista Mónica Fein, el oficialista Daniel Gollan y el cívico Rubén Manzi fue casi idéntica a ese texto.

Finalmente, a las 16 en el Salón Illia, está citada la Comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo del oficialista Guillermo Snopek, donde el Frente de Todos reanudará el cuarto intermedio de la discusión sobre proyectos referidos a cambiar los requisitos y condiciones de las consultas populares, por un lado, y las iniciativas populares, por el otro.

El proyecto presentado por Oscar Parrilli apunta a modificar la Ley 25.432, que regula la consulta popular vinculante y no vinculante, una herramienta prevista en el artículo 40 de la Constitución Nacional. Puntualmente, el texto prevé cambios en cinco artículos.

Por medio de su iniciativa, el senador K propone que el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados -tal como figura actualmente en la ley- “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”.

En cuanto a la modificación del artículo 2 de dicha norma, establece que “la ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las Cámaras”. Actualmente determina que debe ser con “la mayoría absoluta”. También modifica esa condición en el caso de la consulta popular no vinculante.

Además, el texto de Parrilli busca que el día fijado para la consulta popular pueda coincidir con otro acto eleccionario, algo que no está permitido ahora en la ley. Este es un punto idéntico al que contempla la iniciativa de la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, quien además busca que se derogue el artículo 12 de la 25.432, que indica que “la consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial”.

Por su parte, el proyecto de Snopek se refiere a la iniciativa popular, prevista en el artículo 39 de la Constitución. El texto plantea la derogación de la actual ley 24.747, que la regula, y dispone modificaciones en los requisitos y la creación de una Oficina de Iniciativa Popular.

Tras el receso invernal en el Congreso, la próxima semana comenzará a reactivarse la labor parlamentaria de las comisiones y el Senado ya se anotó para el miércoles 3 de agosto un par de reuniones.

Entre ellas, a las 11 está previsto que se reúna la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el kirchnerista Oscar Parrilli, para tratar un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que fue enviado en abril del año pasado.

La iniciativa modifica la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24.660), con el objetivo de actualizar la normativa para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según expresó el Poder Ejecutivo en los considerandos, “el sistema propone centrar la respuesta sancionatoria a los casos de infracciones graves y recurrir en los casos de infracciones leves o medias a la aplicación de mecanismos alternativos, conciliatorios o de justicia restaurativa para resolver las diferencias entre las personas privadas de libertad”.

En el texto, “se incluyen reglas para garantizar que las personas dispongan de un tiempo y de medios suficientes para preparar su defensa y puedan compulsar en todo momento el expediente administrativo”; también “se prohíbe la imposición de sanciones disciplinarias sin que se haya permitido a la persona privada de libertad el ejercicio de su derecho de defensa en las audiencias que se dispusieren y luego de haber sido previamente asesorada”; se la “autoriza a solicitar la comparecencia de testigos y a interrogarlos o hacer que los interroguen, así como a requerir y controlar la producción de cualquier otra prueba pertinente y conducente”, entre otros puntos.

El otro encuentro que figura en la agenda de la Cámara alta está previsto para las 14.30 y es el que corresponde a la Comisión de Salud, que conduce el oficialista Pablo Yedlin. El temario incluye un proyecto con media sanción para instaurar el 23 de junio como el Día Nacional del Síndrome de Dravet; y la iniciativa sobre prevención y control de la resistencia antimicrobiana, que también ya cuenta con aprobación de la Cámara baja.

Yedlin, quien asumió como senador en diciembre pasado, había trabajado en este último tema en su mandato como diputado -y también como presidente de la Comisión de Salud- y la iniciativa que fue representada este año por la socialista Mónica Fein, el oficialista Daniel Gollan y el cívico Rubén Manzi fue casi idéntica a ese texto.

Finalmente, a las 16 en el Salón Illia, está citada la Comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo del oficialista Guillermo Snopek, donde el Frente de Todos reanudará el cuarto intermedio de la discusión sobre proyectos referidos a cambiar los requisitos y condiciones de las consultas populares, por un lado, y las iniciativas populares, por el otro.

El proyecto presentado por Oscar Parrilli apunta a modificar la Ley 25.432, que regula la consulta popular vinculante y no vinculante, una herramienta prevista en el artículo 40 de la Constitución Nacional. Puntualmente, el texto prevé cambios en cinco artículos.

Por medio de su iniciativa, el senador K propone que el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados -tal como figura actualmente en la ley- “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”.

En cuanto a la modificación del artículo 2 de dicha norma, establece que “la ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las Cámaras”. Actualmente determina que debe ser con “la mayoría absoluta”. También modifica esa condición en el caso de la consulta popular no vinculante.

Además, el texto de Parrilli busca que el día fijado para la consulta popular pueda coincidir con otro acto eleccionario, algo que no está permitido ahora en la ley. Este es un punto idéntico al que contempla la iniciativa de la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, quien además busca que se derogue el artículo 12 de la 25.432, que indica que “la consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial”.

Por su parte, el proyecto de Snopek se refiere a la iniciativa popular, prevista en el artículo 39 de la Constitución. El texto plantea la derogación de la actual ley 24.747, que la regula, y dispone modificaciones en los requisitos y la creación de una Oficina de Iniciativa Popular.

Tras un impasse atribuible a la inclusión de un proyecto más ambicioso -numéricamente hablando-, el Senado retomará este martes en comisiones el debate sobre las propuestas para ampliar los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El oficialismo convocó para la reunión, que se realizará desde las 14 en el Salón Illia, a gobernadores. Pero, al parecer, serán pocos los que asistirán, comparados a los 16 que suscribieron una nota a favor de llevar el máximo tribunal a 25 integrantes.

Esa idea se convirtió luego en una iniciativa presentada por los jefes del interbloque Frente de Todos, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, quienes, llamativamente, pasaron a integrar la Comisión de Asuntos Constitucionales en reemplazo de Silvia Sapag y Cristina López Valverde, respectivamente.

Según pudo saber este medio, los únicos confirmados hasta horas antes del plenario de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales eran Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Jorge "Coqui" Capitanich (Chaco). Previo al encuentro se sumó también la confirmación de Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

De los proyectos en discusión, uno es el impulsado por Adolfo Rodríguez Saá (Frente Nacional y Popular-FdT), quien propone pasar de 5 a 9 jueces, como también federalizar el máximo tribunal con el nombramiento de jueces por regiones, debiendo respetarse en su integración la diversidad de género.

Otro es del senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que establece llevar a 16 los jueces de la Corte, también garantizando la paridad de género y una representación federal. Para ello, estipula que el máximo tribunal deberá integrarse con al menos tres jueces por cada región, debiendo ser naturales de ella, o tener al menos ocho años de residencia inmediata en la zona respectiva.

El tercero corresponde a la neuquina Silvia Sapag (Unidad Ciudadana-FdT) y también plantea una composición por regiones, elevando de 5 a 15 los integrantes de la Corte. Además, dispone una serie de requisitos para la elección de los magistrados, tales como la realización de tres audiencias públicas -dos deberán realizarse en alguna de las cinco regiones del país- y que los candidatos informen sobre sus bienes y trayectoria laboral.

La cuarta iniciativa corresponde a la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina), que se limita a regular el cupo femenino en el seno del tribunal, sin elevar su número, presentado en oportunidad de la renuncia de Elena Highton de Nolasco, desde la cual el máximo tribunal está conformado por cuatro hombres: Horacio Rosatti (presidente), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Como se mencionó, el quinto proyecto fue presentado -luego de la nota de los gobernadores- por Mayans y Fernández Sagasti. El texto propone elevar el número de miembros a 25, con el objetivo de “fortalecer la inmediatez de los expedientes”. Se trata de una iniciativa de tan solo 5 artículos, el primero de los cuales habla del número de miembros; propone que “las decisiones de la Corte Suprema se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los miembros que integren al momento de adoptarlas”; y establece que los cuatro actuales jueces seguirán en sus cargos y se cubrirían solo las vacantes.

En una extensa exposición, a la que le siguieron varias preguntas de legisladores, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, se presentó este miércoles ante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados para defender el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, con media sanción del Senado.

Tal como se esperaba, el funcionario abundó en críticas a la Corte Suprema, al denunciar una “intervención política” en el Consejo, al cual “se metió por la ventana” a través de un fallo en el que “atentaron contra la división de poderes”. “Es absolutamente necesario que avancemos en sancionar una ley y ponerle fin a este entuerto”, señaló.

Al recordar su exposición el 22 de marzo pasado en el Senado, mencionó que en ese momento “faltaban apenas tres semanas para que operara el plazo, plazo impuesto lamentablemente y perentoriamente por la Corte Suprema” que vencía el 15 de abril y “había fijado 120 días para la sanción de una nueva ley”.

Soria subrayó que ese fallo del 16 de diciembre de 2021 representó “una profunda gravedad institucional que revestía que el Congreso de la Nación se viese obligado a legislar bajo presión”.

“Lamentablemente hoy esta Cámara de Diputados ya no está obligada a legislar bajo presión; la Corte hoy lo que ha generado este que esta Cámara ya esté directamente trabajando en la sanción de una ley durante la flagrante intervención de la Corte en el Consejo”, sostuvo.

Además, el titular de la cartera de Justicia consideró que la sentencia “más que un fallo jurídico es un fallo político, instrumentado con la apariencia de un fallo judicial”. Y que “al devolverle la vigencia a una ley derogada por el Congreso, sentó un gravísimo precedente que atenta directamente contra la división de poderes”.

Asimismo, esa decisión “socava y atenta también contra las facultades constitucionales” del Poder Legislativo, y esto “no lo dice solamente un ministro, el presidente o la vicepresidenta”, sino que “lo dice uno de los cuatro jueces de la Corte Suprema”.

Así, en alusión al voto en disidencia de Ricardo Lorenzetti, citó textual lo dicho por el juez: “Una ley derogada no puede ser restituida en su vigencia y es lo que se enseña en los primeros cursos de la Facultad de Derecho”. Y, sobre la decisión de sus colegas, Lorenzetti señaló que “contradice los principios básicos del derecho que no pueden ser ignorados por ninguno de sus magistrados”.

En su presentación en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, el ministro opinó que en este contexto “sancionar una ley que reestablezca el normal funcionamiento de un órgano constitucional es fundamental”.

“Todos sabíamos que ese fallo no iba a poder ser cumplido. Era prácticamente incumplible esos 120 días. Y no nos equivocamos, fíjense la fecha en la que estamos y todavía no tenemos ley”, continuó.

Tras definir al fallo de la Corte como “de facto”, el rionegrino expresó que “el Congreso no puede avalar este fallo de la Corte, porque estaría sentando, sin lugar a dudas, un precedente contrario a la Constitución, pero también así mismo”.

“Seguramente a algún diputado o diputada no le agrade que yo diga que un fallo de la Corte no es una sentencia judicial, sino más bien un fallo político”, reconoció, pero argumentó: “Si no coinciden con la gravedad no tienen por qué creerme a mí, pero basta con ver los hechos”.

Entonces, repasó que la demanda del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires contra la Ley 26.080, sancionada en 2006, se inició ese mismo año y llegó a la Corte en agosto de 2017. “Precisamente por eso, el Gobierno anterior, en diciembre de 2017, presenta en el Congreso un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura muy, pero muy parecido al que hoy estamos analizando”, apuntó.

Y agregó que, en abril de 2018, la Corte le pidió al procurador interino, Eduardo Casal, que dictamine en la causa del Consejo. Sin embargo, el 16 de ese mes, “en una extraña reunión”, la Corte recibió al exjefe de Gabinete, Marcos Peña, y al exministro de Justicia, Germán Garavano. Y, tras ese encuentro, “de golpe y porrazo desaparece el expediente, se le pierde el rastro. No sabemos en qué cajón de esta Corte, ese expediente durmió el justo sueño”.

Más adelante en el tiempo, apoyado en noticias periodísticas que mostró en pantalla, Soria señaló que el 3 de diciembre de 2021, cuando el oficialismo se aprestaba a cubrir las vacantes de Leopoldo Buglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal, “el Consejo de la Magistratura se aprestaba a cumplir con la Constitución, para reemplazar a esos dos camaristas, que entre tantos otros habían sido trasladados a dedo, y de golpe, por arte de magia, unos días más tarde la Corte vuelve a desempolvar, vuelve a encontrar en un mágico cajón, la causa del Consejo. ¿Qué extraño no?”.

El ministro cuestionó que la Corte tuvo el expediente por 1.710 días, pero al Congreso “le exigen una ley en 120 días”. Tras ello, mencionó que luego que se restituyera la ley de 1997, el 15 de abril pasado, “pasaron 50 días sin que el Consejo se reuniera”. “Esta parálisis no es gratuita, no es inocua”, sumó.

“La interferencia que hizo la Corte en su fallo creo que no puede dejar de conmover a los diputados y diputadas de todos los bloques”, insistió y llamó a debatir por “un Consejo que sea más democrático, funcione más equilibradamente y sea menos corporativo”. “O si por el contrario algunos quieren volver a concentrar todo el poder en pocas personas”, lanzó.

Sobre la iniciativa con media sanción, el funcionario afirmó que “es un proyecto que está totalmente abierto para discutirlo”. “Es inobjetable desde el punto de vista institucional y constitucional e incorpora varias modificaciones que venían de muchos años atrás”, ponderó.

Mientras que diferenció que el modelo de 1997 restituido “es un modelo inconstitucional, ineficiente, pero también totalmente antidemocrático a estos tiempos actuales”. “Se aprobó, fracasó y por eso fue superado con la ley de 2006”, enfatizó y enrostró a la oposición que “esto no es algo que lo digamos nosotros, lo dijeron ustedes mismos en el 2017”.

Así, al repasar los fundamentos del proyecto presentado por la gestión de Cambiemos, indicó que ese texto “tampoco hablaba de que la presidencia del Consejo de la Magistratura la iba a ejercer de facto el presidente de la Corte”. “Sostenían que el mejor equilibrio constitucional se logra sin la Corte Suprema”, recordó y disparó: “Por eso llama la atención que cuatro años más tarde quieran borrar con el codo lo que escribieron con la mano”.

El exdiputado, que estuvo acompañado a su lado por el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, añadió que en ese momento el Frente para la Victoria no lo acompañó porque “el proyecto planteaba la modificación de las mayorías para el quórum. Eso en aquel momento nos parecía grave”.

Al cerrar su exposición, Soria remarcó que “esta Cámara tiene la enorme responsabilidad de legislar sobre una ley que viene a completar lo que el constituyente de 1994 pudo establecer a medias”.

Durante la breve reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de este miércoles, el senador del Frente de Todos Oscar Parrilli expuso los lineamientos de las dos propuestas para modificar las leyes vigentes referidas a las convocatorias a consulta popular vinculante y no vinculante. 

Ante los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador por Jujuy Guillermo Snopek (Frente de Todos), Parrilli dio detalles de su iniciativa y otra de su par bonaerense Juliana Di Tulio: “Las leyes que rigen actualmente datan del 2000-2002 aproximadamente y desde esa vez nunca se hizo una consulta popular”, y aseguró que “esto quiere decir que el mecanismo no funcionó. Evidentemente algún problema tenía esas leyes”, evaluó. 

En este sentido, Parrilli sostuvo que a través de la consulta popular “lo que se plantea es más democracia directa, más participación de la población”, por lo que con los proyectos “se busca hacer más ágiles, más dinámicos, los mecanismos para la participación del pueblo por medio de la consulta popular”. 

“No estamos siendo originales, ni creativos ni novedosos en este tema, sino lo que queremos es empezar a trabajar y que asumamos que las leyes actuales vigentes, como están vigentes no permiten que las iniciativas de consulta popular se puedan llevar adelante”, remarcó. 

Además, informó que por los proyectos en debate se intentará modificar permitir que el día de una elección se pueda concretar en forma paralela una consulta popular y que para su convocatoria solo se necesite una mayoría simple de legisladores “en vez de una mayoría absoluta”, como se requiere en la actualidad. 

Por último, dijo que la intención es que se pueda convocar a consulta popular por cualquier tema de interés “excepto en lo que respecta a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos y materia penal”. 

Tras su exposición, tomó la palabra la senadora radical mendocina Mariana Juri, para señalar que –a título personal- le parecía que “no era momento para tratar esos temas”, pero que sí le parecía bien escuchar a invitados. 

Y a continuación pasaron a un cuarto intermedio hasta la semana entrante.