Horas después que el presidente Javier Milei dijera que “hagan lo que quieran con la ley de Bases”, el oficialismo cumplió con su objetivo en la Cámara de Diputados de dictaminar la nueva versión de la ley ómnibus, que buscará llevar al recinto la semana próxima junto al paquete fiscal, ambas cuestiones centrales de cara al “Pacto de Mayo” propuesto por el Gobierno. El dictamen de mayoría obtuvo 61 firmas.

Se trata de una versión acotada y renovada de la iniciativa que fracasó en el verano. El texto se negoció durante todo abril entre funcionarios del Poder Ejecutivo y referentes de los llamados bloques dialoguistas, que este jueves acompañaron pero con disidencias en algunos temas.

Lo último en incorporarse, previo al plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, fue el capítulo de reforma laboral. Por diferencias entre los bloques, se pasó de 60 artículos -por los que pujaban fuerte los radicales- a solamente 17.

Al igual que ocurrió en enero y febrero, a las bancadas de la oposición más dura no se las invitó a las conversaciones ni accedieron a los avances en la redacción de la letra chica, algo de lo que se quejaron fuertemente en la reunión. Los involucrados en el diálogo con el oficialismo fueron el Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.

El nuevo texto, que quedó en 232 artículos, se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.

“Deléganse en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional”, se agrega y establece que el Gobierno deberá informar “mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos”.

Como bases de delegaciones legislativas, se dispone: mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común; reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas; y asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública Nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas.

Se prohíbe que el Ejecutivo pueda intervenir “las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan”, al tiempo que tampoco “podrá disponer la disolución” de un conjunto de organismos, entre ellos, CONICET, ANMAT, INCAA, CONAE, ENACOM, INTA.

Sobre los fondos fiduciarios se lo autoriza al PEN a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar” los mismos, pero se aclara qué deberá hacerse con las fuentes de financiamiento. “Los recursos o futuros ingresos deberán ser revertidos o redireccionados, según corresponda, al Tesoro Nacional con el objeto de asegurar una mayor transparencia en la administración de aquellos”, añade uno de los artículos.

En cuanto a las privatizaciones, el Banco Nación se quitó de la lista. En tanto, para los casos de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Yacimientos Carboníferos Río Turbio se podrán “únicamente organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin” e “incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social”.

“El proceso de privatización deberá desarrollarse de conformidad con los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, publicidad y difusión”, reza uno de los artículos sobre el proceso en que también tomarán parte la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, la AGN y la SIGEN.

Sujetas a total privatización figuran Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo S.A.U.; y en el esquema de privatización/concesión aparecen AySA, el Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.

El Gobierno incluyó en esta nueva versión la derogación de la Ley 27.705, de Plan de Pago de Deuda Previsional, sancionada en febrero de 2023, más conocida como la moratoria previsional para que quienes no cuentan con los aportes necesarios puedan acceder a una jubilación. Así, la moratoria se elimina, pero a propuesta de la oposición dialoguista se agrega la creación de una “Prestación de Retiro Proporcional” para aquellas personas que hubieran alcanzado los 65 años de edad y no cumplan con los requisitos necesarios.

“El Poder Ejecutivo reglamentará el presente artículo, en un plazo no mayor a 30 días y establecerá los parámetros objetivos para el acceso a porcentajes que reconozcan los aportes efectivamente realizados al Sistema Integrado Previsional Argentino, y las condiciones por las que se regirá la prestación.

El proyecto prevé modificaciones en la Ley de Empleo Público; un capítulo de energía con reformas a la Ley de Hidrocarburos y Ley de Gas Natural; y la creación de un Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones RIGI, que incluye una serie de beneficios para sociedades nacionales y extranjeras que inviertan en proyectos por encima de los 200 millones de dólares.

El Ejecutivo había quitado de la nueva versión la cuestión de los impuestos internos al tabaco, pero desde los bloques de la oposición plantearon su incorporación en las disidencias.

Por otra parte, el capítulo sobre defensa de la competencia se eliminó porque había “visiones encontradas entre los bloques” y “quedará para tratar en otro momento”, afirmó una de las fuentes que participó de las negociaciones. También se sacó lo referido a la consolidación de deuda del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. 

Aunque la UCR proponía una reforma laboral mucho más amplia, de modo de que todas las partes queden conformes, se redujo. Entre los cambios consensuados aparece la eliminación de multas por trabajo en negro, seis meses de período de prueba y la creación de un fondo de cese laboral. Las modificaciones involucradas al sindicalismo no ingresaron, por eso los radicales lo plantearon en sus disidencias.

El dictamen de mayoría

Las firmas sin disidencia fueron 42, y correspondieron a los diputados de LLA (17) Santiago Santurio, José Luis Espert, Nicolás Mayoraz, Alberto Benegas Lynch, Lorena Villaverde, Beltrán Benedit, Facundo Correa Llano, Nicolás Emma, Alida Ferreyra, Gerardo Huesen, Lilia Lemoine, Mercedes Llano, María Celeste Ponce, César Treffinger y Carlos Zapata; del MID (3) Eduardo Falcone, María Cecilia Ibáñez y Oscar Zago; del Pro (17) María Eugenia Vidal, Germana Figueroa Casas, Damián Arabia, Silvia Lospennato, Sabrina Ajmechet, Martín Ardohain, Florencia De Sensi, Daiana Fernández Molero, Martín Maquieyra, Marilú Quiroz, Laura Rodríguez Machado, Diego Santilli y María Sotolano; Innovación Federal (3) Agustín Domingo, Carlos Fernández y Yamila Ruiz; Producción y Trabajo (1) Nancy Picón Martínez; y CREO (1) Paula Omodeo.

En disidencia parcial hubo 19 firmas. De la UCR (14) Carla Carrizo, Karina Banfi, Leandro Nieri, Martín Arjol, Atilio Benedetti, Soledad Carrizo, Mariela Coletta, Pedro Galimberti, Jorge Rizzotti, Roberto Sánchez, Natalia Sarapura, Martín Tetaz y Vallejos; Hacemos Coalición Federal (3) García Aresca, Oscar Agost Carreño, Juan Brügge y Nicolás Massot, y por Innovación Federal Yolanda Vega.

Los diputados Fernando Carbajal y Pablo Juliano decidieron no firmar ningún dictamen como hicieron en enero pasado. El formoseño lo explicó así: “No voy a acompañar, como otros colegas de mi bancada este dictamen, ni siquiera en disidencia. Por razones políticas y administrativas. No hubo ni una sola reunión en la que se discuta este dictamen en este plenario. En realidad, se inició una nueva metodología de trabajo legislativo que discurre por Rivadavia, continúa por Avenida de Mayo, y llega a Casa de Gobierno. Hay diputados que van y vienen negociando las leyes y esta no es la metodología”.

El debate

Al tomar la palabra, el radical Lisandro Nieri se mostró a favor de “darle a un Gobierno que comienza las herramientas necesarias; creo que la muy complicada situación que asumieron lo requiere”. Yendo al proyecto, planteó que desde la UCR incorporarán algo que el oficialismo había quitado: la cuestión de los impuestos internos al tabaco.

“Tenemos una oportunidad de acercar la carga impositiva a un producto que es dañino para la salud a los estándares internacionales y, por otro lado, de corregir esta inequidad horizontal, que plantea que mismo contribuyente está enfrentando distintos costos impositivos”, señaló.

Luego destacó, respecto del RIGI, puntos que fueron tomados, pero indicó que “no es lo mismo una inversion hidrocaburífera, minera, de gran escala, que las que pueden hacer economías regionales”. Por eso, desde su espacio propondrán “tener la posibilidad de prever inversiones de un monto sensiblemente menor a los 200 millones de dólares”. Finalmente, sobre la reforma laboral, el mendocino expresó que la iniciativa del radicalismo era “más ambiciosa” y en la nueva redacción hay muchas cuestiones que no se incorporaron.

Aliado del oficialismo, el macrista Damián Arabia consideró que “es necesario y revelevante que el Congreso le otorgue al Gobierno herramientas específicas para que este proceso sea logrado y llevado adelante para la siguiente etapa”. Y habló de “una redacción que todos entendemos que arriba a una lógica y un espíritu que compartimos”. “Sobre todo quiero destacar la incorporación de una reforma laboral, que es estrictamente necesaria”, agregó.

La de Christian Castillo fue la primera voz disonante que se escuchó en el plenario. El legislador del Frente de Izquierda se quejó: “No sabemos qué texto (hay para debatir). Esto es algo inédito, insólito, irregular, ilegal, porque acá hubo diputados que hablaron al principio, sobre un texto del que se va a debatir”. En ese sentido, advirtió que había una gran cantidad de diputados que no tenía idea de cuál era el texto.

Además, alertó sobre la existencia de “varias versiones” de la iniciativa, y resaltó el contrasentido de que el miércoles se reunió la Comisión de Legislación del Trabajo, que volverá a reunirse este viernes para hablar de algo que se va a dictaminar este jueves. También se quejó porque se hablaba de una modificación a la moratoria previsional, sin que pasara el tema por la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

En tono provocador, y con chicanas durante toda su intervención, la macrista Silvia Lospennato dijo: “Todos los que van a firmar el dictamen conocen el dictamen que van a firmar. Lo lamento si ustedes firman dictámenes que no conocen”. Ante las protestas de la oposición más dura, la aliada del oficialismo lanzó que “lo que no ganan por los votos no lo van a ganar por la violencia y la agresión que hagan en esta comisión”.

“Nosotros estamos muy tranquilos de la legalidad de todo este proceso”, defendió y recordó que “este es un proyecto que entró el 27 de diciembre, no hay ninguna celeridad, fueron cuatro meses de trabajo. Desde que la ley volvió a comisión hemos trabajado muchísimas horas con el oficialismo”. “Nosotros tampoco conocemos el dictamen de la izquierda y el de Unión por la Patria. Y no nos interesa conocerlo, porque no vamos a acompañarlo”, disparó.

Para la bonaerense, el nuevo texto “recoge lo esencial del proyecto de ley Bases”, también “pone el foco en las reformas profundas que requiere la economía argentina” y “hace énfasis en seguir quitando trabas y regulaciones”. “Dejen intentar que hagamos algo diferente, dejen de poner palos en la rueda”, pidió a la oposición más dura.

En su intervención, Juan Manuel López alertó sobre los cuatro meses que lleva el Gobierno y no ha sancionado aún ninguna ley. “Saquemos algún producto decente lo antes posible, ya sea con la ley Bases, ya sea en el Senado de la Nación, con leyes que están pendientes ahí”, reclamó y expresó: “Porque que no salga una ley, me parece que es hacerle el juego a un presidente que ya ayer dijo que tiremos la ley, porque juega con su autoboicot o su incapacidad tal vez de gobernar cuando tenga sus instrumentos”.

Dentro del bloque HCF, el diputado anunció que el sector de la Coalición Cívica presentaría su propio dictamen, y detalló a continuación coincidencias y modificaciones que proponían. Su dictamen, dijo, declara emergencia en las materias que el oficialismo ha pedido, pero no votarían las delegaciones que quedan en la norma. “Es mucho poder para un presidente que negó su propia firma”, advirtió, en referencia al decreto por el cual se aumentaban los sueldos de los funcionarios de alto rango.

Sí avisó que acompañarán el capítulo de empleo público, pero darían un marco regulatorio para los fondos fiduciarios. Proponen también privatizaciones y un principio de buen gobierno, como así también remarcó que “queremos una modernización laboral con básicamente las cosas que contuvo el DNU”.

Agregó que quieren el impuesto al tabaco que había propuesto el oficialismo inicialmente: “Que esté presente con una redacción seria”. También quieren subir el impuesto al juego y que el Gobierno diga qué gasto tributario va a reducir.

En una extensa intervención, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, apuntó contra los dialoguistas: “Entiendo la vocación de acompañar, pero ¿cómo hacen los bloques que van a firmar el dictamen oficialista sin tener en cuenta que lo que ahora aparece y se complementa con las emergencias y facultades que el presidente se autocedió con el DNU 70/23? No es un proyecto licuado, hay que leerlo complementariamente al DNU”.

“Están firmando un dictamen que es igual de dañino para la democracia argentina que el que teníamos en enero y febrero. ¿Y qué pasa con la reforma administrativa? Es igual de dañina y perversa, con otro ‘engaña pichanga’, que armaron una lista en el artículo 3 donde dice que el PEN no va a poder disponer las disoluciones en algunos organismos”, observó. A su juicio, eso no es real y advirtió que por ejemplo que el CONICET no está a salvo. “Solo está a salvo de una disolución, pero se lo pueden llevar puesto”, afirmó.

Al hablar especialmente de la inclusión del capítulo laboral, el santafesino pidió tener memoria y recordó cómo se gestó en tiempos de Fernando De la Rúa la reforma laboral de entonces, a partir del 27 de abril del año 2000, cuando con su ministro de Trabajo Alberto Flamarique logró aprobarla. Hasta que llegaron las denuncias y la renuncia de Carlos “Chacho” Álvarez. “Miren, ni Flamarique se animó a tanto como lo que están haciendo hoy”, enfatizó, advirtiendo que “los que estaban detrás de Flamarique están detrás de esta ley. Guarda con las próximas 72 horas. Se puede estar gestando una situación de lobby nunca vista en la democracia argentina”.

Entre los numerosos oradores, en el encuentro habló el jefe de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, quien recordó el trabajo del verano y celebró: “Creemos que le vamos a dar las herramientas necesarias al presidente Javier Milei para que de una vez y para siempre la Argentina despegue”.

“Han venido trabajando muchos diputados de distintos bloques para que este dictamen esté hoy acá y brevemente en el recinto”, ponderó. Sobre la ley, opinó que “le va a dar más libertad a los argentinos” y “es una ley que la están pidiendo los argentinos y nosotros como Poder Legislativo tenemos que acompañar al Poder Ejecutivo”.

El cordobés subrayó que la norma plantea “una reforma profunda del Estado y se van a eliminar trabas y regulaciones que hoy están asfixiando a los argentinos; se va a terminar con organismos y entes que no cumplan las funciones relevantes y que solo generan gastos”.

Horas después que el presidente Javier Milei dijera que “hagan lo que quieran con la ley de Bases”, se reúne desde las 12.42 el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales de Diputados para tratar la versión acotada y renovada de la ley ómnibus que fracasó en el verano.

Durante todo el mes, funcionarios del Poder Ejecutivo y referentes de los llamados bloques dialoguistas llevaron adelante las negociaciones que culminaron este miércoles por la noche, tras una jornada que por momentos pareció volver a empantanar los acuerdos.

No obstante, la última tarea que tenían los legisladores por delante, antes del plenario, era analizar la contrapropuesta del capítulo de reforma laboral. Por diferencias entre los bloques, se pasaron de 60 artículos -que pujaban fuerte los radicales- a solamente 16.

Al igual que ocurrió en enero y febrero, a las bancadas de la oposición más dura no se las invitó a las conversaciones ni accedieron a los avances en la redacción de la letra chica. Los involucrados en el diálogo con el oficialismo fueron el Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.

De manera exprés, el objetivo de La Libertad Avanza es avanzar este jueves con el dictamen tanto de la ley de Bases como, más tarde, con el paquete fiscal, de modo de llevar ambos proyectos al recinto el lunes y martes de la semana próxima, en la previa de la marcha del 1ro. de mayo por el Día del Trabajador.

Según el borrador del dictamen que circuló previo al plenario, en la nueva ley de Bases se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.

“Deléganse en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional”, agrega y establece que el Gobierno deberá informar “mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos”.

Como bases de delegaciones legislativas, se dispone: mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común; reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas; y asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública Nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas.

Se prohíbe que el Ejecutivo pueda intervenir “las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan”, al tiempo que tampoco “podrá disponer la disolución” de un conjunto de organismos, entre ellos, CONICET, ANMAT, INCAA, CONAE, ENACOM, INTA.

Sobre los fondos fiduciarios se lo autoriza al PEN a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar” los mismos, pero se aclara qué deberá hacerse con las fuentes de financiamiento. “Los recursos o futuros ingresos deberán ser revertidos o redireccionados, según corresponda, al Tesoro Nacional con el objeto de asegurar una mayor transparencia en la administración de aquellos”, añade uno de los artículos.

El debate

Al tomar la palabra, el radical Lisandro Nieri se mostró a favor de “darle a un Gobierno que comienza las herramientas necesarias; creo que la muy complicada situación que asumieron lo requiere”. Yendo al proyecto, planteó que desde la UCR incorporarán algo que el oficialismo había quitado: la cuestión de los impuestos internos al tabaco.

“Tenemos una oportunidad de acercar la carga impositiva a un producto que es dañino para la salud a los estándares internacionales y, por otro lado, de corregir esta inequidad horizontal, que plantea que mismo contribuyente está enfrentando distintos costos impositivos”, señaló.

Luego destacó, respecto del RIGI, puntos que fueron tomados, pero indicó que “no es lo mismo una inversión hidrocaburífera, minera, de gran escala, que las que pueden hacer economías regionales”. Por eso, desde su espacio propondrán “tener la posibilidad de prever inversiones de un monto sensiblemente menor a los 200 millones de dólares”. Finalmente, sobre la reforma laboral, el mendocino expresó que la iniciativa del radicalismo era “más ambiciosa” y en la nueva redacción hay muchas cuestiones que no se incorporaron.

Aliado del oficialismo, el macrista Damián Arabia consideró que “es necesario y relevante que el Congreso le otorgue al Gobierno herramientas específicas para que este proceso sea logrado y llevado adelante para la siguiente etapa”. Y habló de “una redacción que todos entendemos que arriba a una lógica y un espíritu que compartimos”. “Sobre todo quiero destacar la incorporación de una reforma laboral, que es estrictamente necesaria”, agregó.

La de Christian Castillo fue la primera voz disonante que se escuchó en el plenario. El legislador del Frente de Izquierda se quejó: “No sabemos qué texto (hay para debatir). Esto es algo inédito, insólito, irregular, ilegal, porque acá hubo diputados que hablaron al principio, sobre un texto del que se va a debatir”. En ese sentido, advirtió que había una gran cantidad de diputados que no tenía idea de cuál era el texto.

Además, alertó sobre la existencia de “varias versiones” de la iniciativa, y resaltó el contrasentido de que el miércoles se reunió la Comisión de Legislación del Trabajo, que volverá a reunirse este viernes para hablar de algo que se va a dictaminar este jueves. También se quejó porque se hablaba de una modificación a la moratoria previsional, sin que pasara el tema por la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

En tono provocador, y con chicanas durante toda su intervención, la macrista Silvia Lospennato dijo: “Todos los que van a firmar el dictamen conocen el dictamen que van a firmar. Lo lamento si ustedes firman dictámenes que no conocen”. Ante las protestas de la oposición más dura, la aliada del oficialismo lanzó que “lo que no ganan por los votos no lo van a ganar por la violencia y la agresión que hagan en esta comisión”.

“Nosotros estamos muy tranquilos de la legalidad de todo este proceso”, defendió y recordó que “este es un proyecto que entró el 27 de diciembre, no hay ninguna celeridad, fueron cuatro meses de trabajo. Desde que la ley volvió a comisión hemos trabajado muchísimas horas con el oficialismo”. “Nosotros tampoco conocemos el dictamen de la izquierda y el de Unión por la Patria. Y no nos interesa conocerlo, porque no vamos a acompañarlo”, disparó.

Para la bonaerense, el nuevo texto “recoge lo esencial del proyecto de ley Bases”, también “pone el foco en las reformas profundas que requiere la economía argentina” y “hace énfasis en seguir quitando trabas y regulaciones”. “Dejen intentar que hagamos algo diferente, dejen de poner palos en la rueda”, pidió a la oposición más dura.

NOTICIA EN DESARROLLO

El oficialismo en el Senado buscará este miércoles, con ayuda de bloques ex Juntos por el Cambio, avanzar con el dictamen del proyecto de ley que tiene por objetivo establecer la boleta única de papel como instrumento de votación en las elecciones a nivel nacional. 

Tras una semana, en la que el peronismo no K y también la UCR pidieron más tiempo para el análisis de la iniciativa, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales retomarán el cuarto intermedio a partir de las 14. La reunión será en el Salón Illia. 

En el primer encuentro surgieron diferencias respecto del texto que cuenta con media sanción desde junio de 2022, cuando toda la oposición unida lo aprobó en la Cámara de Diputados. Algunas de las que plantearon propuestas de modificaciones fueron la chubutense Edith Terenzi, de Cambio Federal, y la rionegrina Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro. 

Al igual que sucedió en Diputados, Unión por la Patria rechaza de lleno el proyecto. 

La intención de La Libertad Avanza es que la ley salga antes de que culmine el período de sesiones extraordinarias, para ello está dispuesto a prometer que ciertas cuestiones podrían ser saldadas en la reglamentación, en busca de evitar que el texto vuelva con cambios a Diputados, donde la ley ómnibus tiene copada la agenda. 

Para la aprobación de esta iniciativa, el oficialismo -con 7 miembros- deberá concentrar sus esfuerzos en construir una mayoría absoluta, no sólo para el quórum en la eventual sesión donde se debata el proyecto, sino también para su aprobación, pues se trata de un tema electoral que requiere 37 votos, es decir, la mitad más uno del cuerpo. 

 

Se puso en marcha la primera reunión informativa en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley “bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, más conocido como ley ómnibus, enviado por el Gobierno nacional. La ambiciosa iniciativa contiene 664 artículos e introduce reformas de las más variadas, entre modificaciones tributarias, electorales y del Estado. 

El plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales se lleva a cabo en el segundo piso del Anexo de la Cámara baja, donde está previsto que el trabajo se extienda hasta las 20.

Los funcionarios que asistirán este martes serán el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, para exponer sobre reforma del Estado. Luego será el turno del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Pero además, este mediodía se conoció que también estará el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra. 

En tanto, entre este miércoles y jueves se esperan la visita de los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Guillermo Francos (Interior), Guillermo Ferraro (Infraestructura) y Sandra Pettovello (Capital Humano). No se descarta que se sumen otros funcionarios para exponer sobre sus áreas comprendidas en la ley.

En la previa del plenario, a los diputados se les pidió enviar consultas por escrito, un mecanismo que se utiliza en general para los informes de gestión del jefe de Gabinete. 

El presidente Javier Milei y distintos referentes del oficialismo, como el presidente de Diputados, Martín Menem, han asegurado en la previa del comienzo del debate que el contenido de la ley “no se negocia”, aunque sí se mostraron abiertos a aceptar sugerencias que “mejoren” la iniciativa. 

Desde Unión por la Patria hubo reclamos por la cantidad de comisiones que quedaron fuera del giro que tuvo el proyecto, el cual abarca numerosos temas. Además, exigieron la presencia de todos los ministros. 

Los bloques que supieron ser Juntos por el Cambio se han mostrado más dispuestos a dar la discusión de las reformas que planea La Libertad Avanza. No obstante, anticiparon su rechazo a ciertos artículos. Incluso, en la UCR diseñaron una guía “semáforo” que establece puntos en los que están en contra (rojo), otros que podrían aceptar con cambios (amarillo) y los que acompañarían (verde). Pero igualmente aclaran que no le darán un “cheque en blanco” al Gobierno. 

Por otra parte, en reuniones que se llevaron adelante en Casa Rosada entre funcionarios nacionales y representantes de provincias involucradas, el oficialismo se mostró dispuesto a contemplar modificaciones sobre lo que se proponía respecto de desregulación del régimen de pesca y la normativa de biocombustibles. 

Puntos del extenso proyecto

En su artículo 1ro., el proyecto señala que tiene por objeto “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”.

“La presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia” durante el plazo de dos años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025, pero el mismo puede ser prorrogado por dos años, es decir hasta 2027 -todo el mandato-.

Entre los puntos principales, se declara sujeta a privatización a un conjunto de empresas públicas, entre ellas la Administración General de Puertos, Aerolíneas Argentinas, AySA, Banco de la Nación, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Radio y Televisión Argentina e YPF.

Por otra parte, suspende la fórmula de movilidad jubilatoria y establece que se faculte al Poder Ejecutivo “a establecer una fórmula automática de ajuste” teniendo en cuenta “los criterios de equidad y sustentabilidad económica”. “Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, agrega.

Uno de los últimos artículos del proyecto hace referencia al mega DNU de desregulación del Estado, que ha generado polémica y rechazos. El artículo 654 propone que se lo ratifique.

Sobre endeudamiento, la iniciativa propone derogar el artículo 1ro. de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, de modo de eliminar que las autorizaciones de deuda en moneda extranjera requieran una ley especial del Congreso.

Tal como se anticipaba, hay un capítulo referido a un “Régimen de Regularización de Activos”, más conocido como blanqueo, al cual se podrá adherir hasta el 30 de noviembre de 2024 y contiene alícuotas para quienes blanqueen bienes en Argentina o el exterior que van de 5% a 15%.

Entre los cambios tributarios, establece la creación del “Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales”, modificaciones en impuestos internos y derechos de exportación (aumento de retenciones).

También propone cambios en la Ley de Hidrocarburos, el Marco Regulatorio del Gas Natural y Ley de Biocombustibles.

En lo que hace a lo electoral, se dispone la eliminación de las elecciones PASO, además de un cambio en la elección de diputados nacionales, lo que provocaría un cambio en la composición de la Cámara baja, entre otros cambios. Actualmente la Ley 22.847 establece que “el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500” y el texto propone que “el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000”.

En una serie de modificaciones al Código Penal, se agravan las penas de uno a tres años y seis meses de prisión para quien “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

Además, se agrega que “si se impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o medios de transporte público portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos a cuatro años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado”.

A su vez, “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe. Le corresponderá pena de prisión o reclusión de tres a seis años a quienes mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”. A su vez, tipifica la figura de los “organizadores”, quienes “serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado, en razón de la reunión o manifestación”.

Entre los puntos salientes, se prevén cambios en las leyes de la Oficina Anticorrupción, la Ley de Ética Pública, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y la Ley General de Sociedades.

También se faculta al PEN a “disponer por razones de emergencia la renegociación o en su caso rescisión de los contratos de cualquier tipo que generen obligaciones a cargo del Estado, celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023 por cualquier órgano o ente descentralizado de la Administración Pública nacional, con excepción de los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización autorizados por la Ley N° 23.696 y que estén regidos en sus prestaciones por marcos regulatorios establecidos por ley; así como por aquéllos que cuenten con financiamiento internacional”.

En otro artículo se busca facultar al PEN para “autorizar el ingreso al país de contingentes de personal y medios de las Fuerzas Armadas, pertenecientes a otros países para actividades de ejercitación, instrucción o protocolares de carácter combinado”.

El proyecto establece numerosas modificaciones al Código Civil y Comercial; cambios en la legítima defensa (Código Penal); el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires; el establecimiento del juicio por jurados; y una serie de modificaciones a las leyes de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema, Bosques Nativos y Glaciares.

Sobre la Ley Micaela, se establece que sólo será obligatoria “en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”. Actualmente rige que la capacitación es obligatoria “en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.

También hay modificaciones a la Ley de Educación Nacional; normativa sobre el INCAA y el Instituto Nacional de la Música; la Ley de Empleo Público; la Ley de Salud Mental y la Ley de Tránsito.

Respecto a educación, en los argumentos se señala que “respetando fielmente el principio de gratuidad de la educación universitaria para argentinos y extranjeros residentes, se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes”.

 

El Senado se reactivará en la primera semana de 2024 con varias designaciones y plenarios convocados para este miércoles 3 de enero, donde a las 17 las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales designarán, tal cual adelantó parlamentario.com, al entrerriano Eduardo Kueider (Unidad Federal) y al riojano Juan Carlos Pagotto (LLA) como presidentes, respectivamente.

Ni bien sean confirmadas las nuevas autoridades de ambas comisiones, habrá una reunión plenaria en el Salón Illia para tratar el proyecto de ley que modifica la Ley 19.945 (Código Electoral) a fines de establecer la Boleta Única de Papel (BUP).

Esta iniciativa es de interés presidencial -se encuentra dentro del temario de las sesiones extraordinarias- y además, tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde junio de 2022. En aquella ocasión, el texto fue aprobado por 132 votos afirmativos, 104 en contra y 4 abstenciones.

Dentro de los 132 votos afirmativos se encuentran el del actual presidente de la Nación, Javier Milei; el de la vicepresidenta Victoria Villarruel; y el resto de Juntos por el Cambio, el bloque Federal y los provinciales. El Frente de Todos, devenido en Unión por la Patria, votó negativamente en aquella oportunidad.

Así las cosas, debido a que las medias sanciones solo cuentan con una vigencia de dos años, la intención de los liberales es llevar el despacho de comisiones lo antes posible al recinto en una sesión que, a priori, tendría lugar el próximo 11 de enero.

Boleta única de papel (BUP), una iniciativa que fue votada en Diputados en junio de 2022 por casi toda la oposición y que aguarda su aprobación definitiva, pero este hecho se podría llegar a consumar en las próximas semanas en el Senado, ya que es uno de los temas que forma parte del temario de las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo.

La comisión cabecera de la discusión será la de Asuntos Constitucionales, que el oficialismo cedería en su presidencia al entrerriano Edgardo Kueider, de Unidad Federal. Pero además de esa comisión, el debate tendrá a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde iría el libertario Juan Carlos Pagotto, de la provincia de La Rioja. El legislador también es mencionado como posible titular de la Bicameral de Trámite Legislativo.

Al respecto, fuentes cercanas adelantaron a parlamentario.com que el oficialismo convocaría para el próximo miércoles 3 de enero a una reunión plenaria de las comisiones Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado para su constitución oficial y luego “está la intención de sacar dictamen de Boleta Única”.

Debido a que las medias sanciones solo cuentan con una vigencia de dos años, la intención de los liberales es llevar el despacho de comisiones lo antes posible al recinto en una sesión que, a priori, tendría lugar el próximo 11 de enero.

Los jefes de bloques opositores en el Senado, con excepción de Unión por la Patria -que no fue invitado- mantuvieron una reunión con la vicepresidenta Victoria Villarruel y el ministro del Interior, Guillermo Francos, en la que se acordó avanzar en la primera parte del año con el proyecto de boleta única de papel.

El tema forma parte del temario de sesiones extraordinarias, más no del proyecto de “ley ómnibus” que fue enviado este miércoles a la Cámara baja. En el Senado hay una iniciativa con media sanción, votada en Diputados en junio de 2022 por casi toda la oposición. Cabe resaltar que las medias sanciones tienen dos años de vigencia.

La comisión cabecera de la discusión será la de Asuntos Constitucionales, que el oficialismo cedería en su presidencia al entrerriano Edgardo Kueider, de Unidad Federal, quien hasta hace poco menos de un año atrás formaba parte del Frente de Todos.

Pero además de esa comisión, el debate tendrá a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde iría el libertario Juan Carlos Pagotto, de la provincia de La Rioja. El legislador también es mencionado como posible titular de la Bicameral de Trámite Legislativo.

También, en el encuentro que la vicepresidenta realizó con los presidentes de bloques con los que construyó la mayoría en la sesión para designación de autoridades y delegación para conformar las comisiones, se avanzó precisamente en el reparto de presidencias para siete comisiones que se quieren poner en marcha.

La reunión no estuvo exenta de reclamos por parte de los senadores al ministro Francos por los recientes dichos del presidente Javier Milei, quien acusó a legisladores de “buscar coimas” ante una “lentitud” en el tratamiento de temas. Todo ello, en medio de la publicación de un DNU por el cual deroga y modifica numerosas leyes y, además, con el envío de un proyecto de ley en el que pide facultades extraordinarias para todo su mandato.

Desde el oficialismo confían en reunir los 37 votos para la aprobación del proyecto, que al referirse a un tema electoral requiere de mayoría absoluta, es decir la mitad más uno de la cámara.

La Libertad Avanza, que sólo tiene 7 miembros, contaría con el respaldo de todos los bloques que conformaban Juntos por el Cambio (UCR, Pro, Cambio Federal y Por la Justicia Social) y el peronismo disidente. También los santacruceños y una rionegrina, que responden a sus gobernadores y cuyos pares en Diputados votaron a favor. Con todos esos votos, el número sería de 37.

La incógnita pasaría por los dos misioneros, dado que el Frente Renovador de la Concordia se ausentó en la votación en la Cámara baja en 2022. Unión por la Patria no cambió su postura respecto al debate dado en Diputados, cuando se opuso fuertemente.

El proyecto con media sanción

El proyecto con media sanción establece que la boleta única de papel se utilizará para la elección de los cargos nacionales de presidente, vicepresidente, senadores, diputados y parlamentarios del Mercosur.

Inspirada en el modelo cordobés, contendría toda la oferta electoral en la misma paleta, dividida en espacios, franjas o filas horizontales para cada agrupación política que participe.

Para el caso de presidente y vice, aparecerá nombre, apellido y foto de ambos candidatos.

Para el caso de senadores nacionales contendrá nombre y apellido de los candidatos y foto color de las personas titulares.

Para el caso de diputados nacionales figurarán como mínimo los nombres y apellidos de los 5 primeros candidatos de la lista, a excepción de los distritos que elijan un número inferior. En todos los casos se incluirá la foto color de las primeras dos candidatas o candidatos titulares.

En las provincias que se elijan más de 5 diputados -son Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe-, las listas completas con sus respectivos suplentes deberán ser publicadas en afiches o carteles de exhibición obligatoria de manera clara y visible en cada cabina de votación.

Otro punto importante es que, en caso de simultaneidad con elecciones provinciales, “se oficializará una boleta única para cargos nacionales y una boleta única para cargos provinciales y, de corresponder, municipales”. “En ningún caso podrán incorporarse categorías provinciales o municipales a la boleta única en la que se eligen categorías de cargos nacionales y la elección de cada jurisdicción se llevará a cabo en urnas separadas”, aclara.

Pero además se contempla la posibilidad de “concurrencia”, lo que quiere decir que ambas elecciones se pueden convocar en la misma fecha, pero se votaría con sistemas separados, es decir, con boleta única para cargos nacionales y con boleta partidaria para gobernador y cargos provinciales.

 

 

El oficialismo en la Cámara de Diputados tiene como objetivo avanzar con la conformación de cuatro comisiones para el tratamiento de proyectos durante el período de sesiones extraordinarias, para el cual hay un temario de once puntos, pero, sin dudas, la iniciativa más importante será la llamada “ley ómnibus” que buscará avanzar con reformas tributarias, electorales y del Estado. 

Este fin de semana el presidente Javier Milei confirmó en el programa de Mirtha Legrand que la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda será para un aliado, el liberal José Luis Espert. En este mismo sentido, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que deberá constituirse dado que el temario de extraordinarias contiene acuerdos internacionales, también sería para un extrapartidario. 

Pero además, se apunta a conformar otras dos comisiones que son necesarias y que tradicionalmente están en manos del oficialismo: la de Legislación General y la de Asuntos Constitucionales. Precisamente en esta última sería propuesto como presidente el libertario Nicolás Mayoraz. 

El santafesino, especialista en derecho constitucional, fue diputado provincial entre 2019 y 2023 por el bloque Somos vida y familia. En sus redes se define como “argentino y de derecha”. 

 

En un mero trámite la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunió este miércoles en el Salón Illia para avalar los diplomas de los 24 legisladores electos y quedaron listos para la sesión preparatoria del 5 de diciembre en la que se realizará la jura y la elección de autoridades del Cuerpo.  Los legisladores, que asumirán formalmente a partir del 10 de diciembre, serán 11 de Unión por la Patria, 2 de Juntos por el Cambio, 7 de La Libertad Avanza y 4 de oficialismos provinciales.

Previamente, la comisión procedió a la elección de sus autoridades para la constitución de la misma, debido a que no lo hizo durante todo el año. Así, en nombre del interbloque oficialista el salteño Sergio “Oso” Leavy propuso al jujeño Guillermo Snopek (Unidad Federal) como presidente de la misma porque “ha hecho muy bien el trabajo en la Comisión de Asuntos, ratificamos nuestro apoyo”.

En tanto, el senador radical Pablo Blanco propuso en nombre del interbloque de JxC al bonaerense José Torello (Pro) como vicepresidente y chicaneó: “Me alegro que a pocos días de terminar el mandato podamos constituir la comisión más importante del Senado de la Nación en el ejercicio 2023”.

Por último, Snopek propuso como secretario al rionegrino Alberto Weretilneck para “finalizar las tareas de la comisión, pese a que no nos hemos podido reunir, pero si hemos estado trabajando y hoy la convocatoria por este tema”.

Luego procedió a leer: “Visto los expedientes 273-276-280-282-283-284-285 y 286 donde nuestra Constitución Nacional expresa que el Senado de la Nación es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez”, y puso a consideración el dictamen donde “se han recibido de cada de una de las juntas electorales de las provincias que han enviado las actas”.

Así procedió a leer que por la provincia de Buenos Aires ingresarán por la primera minoría de la cámara, jurarán Eduardo “Wado” de Pedro y Juliana Di Tullio (Buenos Aires); José Mayans y María Teresa González (Formosa); Carolina Moisés (Jujuy); Florencia López y Jesús Fernando Rejal (La Rioja); Sergio Uñac y María Celeste Giménez Navarro (San Juan); Fernando Salino (San Luis); y Alicia Kirchner (Santa Cruz). En el caso de Di Tullio, Mayans y González, renovarán su mandato.

Por Juntos por el Cambio ingresarán el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) y el macrista Martín Göerling (Misiones).

La Libertad Avanza, la fuerza del presidente electo, logrará tener senadores por primera vez. Pasará de cero a siete, aunque eso solo representa el 10% de la cámara. Para el nuevo gobierno serán fundamentales los aliados, sobre todo en la Cámara alta.

Quienes entrarán por este espacio serán Francisco Paoltroni (Formosa); Ezequiel Atauche y Vilma Bedia (Jujuy); Juan Carlos Pagotto (La Rioja); Bruno Olivera Lucero (San Juan); Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta (San Luis).

El resto de los senadores que también prestarán juramento serán Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente de la Concordia Misionero; y José María Carambia y Natalia Gadano, de Por Santa Cruz, el frente referenciado en el nuevo gobernador de esa provincia, Claudio Vidal.

La sesión preparatoria para la jura

Aunque el reglamento del Senado establece que el 29 de noviembre se debe realizar la jura de los nuevos legisladores y elección de autoridades, la sesión preparatoria pasará esta vez para el 5 de diciembre.

Dada la superioridad numérica que tendrá Unión por la Patria en la Cámara alta, con 33 miembros, los rumores que comenzaron a circular por los pasillos estos días tuvieron que ver con la posibilidad de que el oficialismo saliente intente quedarse con la presidencia provisional.

Ese cargo, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Cambiemos también era minoría, fue cedido igualmente para el nuevo oficialismo y lo ocupó Federico Pinedo. En ese momento, el bloque tenía menos de 20 miembros. Ahora, a La Libertad Avanza le toca asumir con apenas 7 integrantes.

Las negociaciones, hasta el día de la sesión preparatoria, para que LLA cuente con el respaldo de otros espacios opositores que le permita reunir votos y excluir alguna presunta intención de UP será clave.

Tras la reunión con su antecesora, Cristina Kirchner, la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, dijo que la presidencia provisional -tercer puesto en la línea sucesoria- “es una prerrogativa del presidente (Javier) Milei”. Estos dichos fueron ratificados este miércoles a través de un posteo que hizo en sus redes en el que sostuvo que la presidencia provisional (y de Diputados) le corresponden a La Libertad Avanza.

Sin embargo, el artículo 58 de la Constitución Nacional indica que “el Senado nombrará un presidente provisorio que lo presida en caso de ausencia del vicepresidente, o cuando éste ejerce las funciones de presidente de la Nación”. Mientras que el reglamento de la Cámara alta establece que “la Cámara hará sucesivamente y por mayoría absoluta la elección de un presidente provisional para que la presida en los casos determinados en el artículo 58 de la Constitución, un vicepresidente, un vicepresidente 1° y un vicepresidente 2°”.

Aunque el reglamento del Senado establece que el 29 de noviembre se debe realizar la jura de los nuevos legisladores y elección de autoridades, la sesión preparatoria pasará esta vez para el 5 de diciembre.

En tanto, para el próximo miércoles 29 lo que fue convocada es la Comisión de Asuntos Constitucionales. Sin haberse constituido en todo el año, se deberán designar a las autoridades y luego avalar los diplomas de los senadores que asumirán formalmente el 10 de diciembre. El encuentro será a las 11 en el Salón Illia.

En tanto, en la sesión del 5, además de la jura de quienes resultaron electos en octubre pasado, tendrán que elegirse a las nuevas autoridades del cuerpo.

Dada la superioridad numérica que tendrá Unión por la Patria en la Cámara alta, con 33 miembros, los rumores que comenzaron a circular por los pasillos estos días tuvieron que ver con la posibilidad de que el oficialismo saliente intente quedarse con la presidencia provisional.

Ese cargo, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Cambiemos también era minoría, fue cedido igualmente para el nuevo oficialismo y lo ocupó Federico Pinedo. En ese momento, el bloque tenía menos de 20 miembros. Ahora, a La Libertad Avanza le toca asumir con apenas 7 integrantes.

Las negociaciones, hasta el día de la sesión preparatoria, para que LLA cuente con el respaldo de otros espacios opositores que le permita reunir votos y excluir alguna presunta intención de UP será clave.

Tras la reunión con su antecesora, Cristina Kirchner, la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, dijo que la presidencia provisional -tercer puesto en la línea sucesoria- “es una prerrogativa del presidente (Javier) Milei“.

Sin embargo, el artículo 58 de la Constitución Nacional indica que “el Senado nombrará un presidente provisorio que lo presida en caso de ausencia del vicepresidente, o cuando éste ejerce las funciones de presidente de la Nación”. Mientras que el reglamento de la Cámara alta establece que “la Cámara hará sucesivamente y por mayoría absoluta la elección de un presidente provisional para que la presida en los casos determinados en el artículo 58 de la Constitución, un vicepresidente, un vicepresidente 1° y un vicepresidente 2°”.

Los nuevos senadores

Los legisladores, que asumirán formalmente a partir del 10 de diciembre, serán 11 de Unión por la Patria, 2 de Juntos por el Cambio, 7 de La Libertad Avanza y 4 de oficialismos provinciales.

Por el actual oficialismo, que se convertirá en días más en la bancada opositora y primera minoría dentro de la cámara, jurarán Eduardo “Wado” de Pedro y Juliana Di Tullio (Buenos Aires); José Mayans y María Teresa González (Formosa); Carolina Moisés (Jujuy); Florencia López y Jesús Fernando Rejal (La Rioja); Sergio Uñac y María Celeste Giménez Navarro (San Juan); Fernando Salino (San Luis); y Alicia Kirchner (Santa Cruz). En el caso de Di Tullio, Mayans y González, renovarán su mandato.

Golpeado en las elecciones con la pérdida de varias bancas, por Juntos por el Cambio ingresarán el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) y el macrista Martín Göerling (Misiones).

La Libertad Avanza, la fuerza del presidente electo, logrará tener senadores por primera vez. Pasará de cero a siete, aunque eso solo representa el 10% de la cámara. Para el nuevo gobierno serán fundamentales los aliados, sobre todo en la Cámara alta.

Quienes entrarán por este espacio serán Francisco Paoltroni (Formosa); Ezequiel Atauche y Vilma Bedia (Jujuy); Juan Carlos Pagotto (La Rioja); Bruno Olivera Lucero (San Juan); Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta (San Luis).

El resto de los senadores que también prestarán juramento serán Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente de la Concordia Misionero; y José María Carambia y Natalia Gadano, de Por Santa Cruz, el frente referenciado en el nuevo gobernador de esa provincia, Claudio Vidal.

Convocada a último momento del martes, se reunió este miércoles por la mañana la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para tratar sendos oficios judiciales enviados por la jueza María Eugenia Capuchetti para solicitar el secuestro del celular o los celulares del diputado nacional Gerardo Milman (Pro – Buenos Aires), mientras que en el segundo caso se notificaba que el legislador había adjuntado un teléfono y solicitaba a la Cámara que se le diera la autorización pertinente a proceder con la apertura del celular.

“Los oficios llegaron esta semana y entendimos que era atinado tratarlos de manera rápida y aprovechando la presencia de todos los diputados, por la sesión convocada por la oposición”, aclaró el presidente de la comisión, Hérnán Pérez Araujo (FdT – La Pampa), abriendo el paraguas ante los reproches que pudiera haber de parte de la oposición por la rapidez con la que había sido convocado la reunión.

El pedido encontró disposición de parte de todos para proceder con el pedido formulado por la justicia y se firmó entonces el dictamen correspondiente.

Poco después de la reunión, el presidente del bloque oficialista, Gerardo Martínez, celebró a través de X la autorización brindada por la comisión para acceder a información y/o comunicaciones contenidas en el celular de Milman, de acuerdo al requerimiento judicial, y anunció que el oficialismo pediría que se apruebe en la sesión de este miércoles.

Así lo expuso de parte de Juntos por el Cambio el diputado del Pro Pablo Tonelli, quien aclaró que el primer oficio devenía en abstracto, pues Milman ya había entregado el celular. “Queda pendiente la autorización que nos pide la jueza”, comentó el legislador, recordando que quedaba pendiente la autorización solicitada, atento a la Ley de Fueros que obliga a que ese procedimiento deba ser autorizado por la Cámara. “Estamos totalmente de acuerdo con esa autorización, vamos a votar favorablemente”, confirmó Tonelli, aunque aclaró que harían un par de salvedades, pues la cuestión había sido apelada por la defensa de Milman. “La Cámara Federal ha fijado ciertos términos que deberíamos respetar y deberían constar en nuestra resolución”, señaló el legislador, que aclaró que la extracción del celular debería limitarse a analizar los hechos investigados, preservándose toda información que no guarde relación con el caso. Dijo entonces que votarían a favor, pero pidió que la efectiva apertura quedara supeditada a los términos de la Cámara Federal.

Fiel a su conocida postura, la diputada Graciela Camaño se mostró dispuesta a no darle “ningún tipo de impunidad” a los legisladores respecto de la presentación ante la justicia y máxime frente a un hecho probatorio, y hasta pidió eliminar el artículo 1° de la Ley de Fueros, porque “es una trampa que le hemos dado a la ley”, dijo. A su criterio, no se debe obstaculizar de ninguna manera el accionar de la justicia cuando se trata de un diputado nacional. “No podemos objetar absolutamente nada, no tenemos que poner ningún tipo de restricción en el tema”, y se manifestó contra la postura expuesta por la defensa del legislador respecto de que la verificación del celular se hiciera al momento de que hubiera un fallo final. “Es una argucia que va a seguir llevándonos al fondo de la cuestión –dijo-. En algún momento debemos sentarnos a derogar ese infine que excede las atribuciones que la Constitución nos da cuando tenemos que definir fueros”.

A continuación, Pérez Araujo rechazó la observación de Pablo Tonelli respecto de que se tornara el primer oficio “abstracto”, pues si bien Gerardo Milman había entregado uno, bien podía haber más de un celular. Y el oficio habla del “celular o celulares”, enfatizó, y aclaró que el oficio mismo decía estar “conforme a los términos fijados por el Ministerio Público Fiscal, que es lo que dice la resolución de los jueces Bruglia y Bertuzzi”.

Finalmente intervino el diputado oficialista Rodolfo Tailhade, quien manifestó el obvio acompañamiento al pedido de autorización dela jueza Capuchetti, aunque cuestionó que “esto se debería haber resuelto mucho tiempo antes, inmediatamente después de que el diputado Milman fue involucrado en la investigación del atentado”.

Además, Tailhade criticó a su colega, diciendo que “ha demostrado una actitud absolutamente impropia de su condición. Me parece demasiado tiempo que ha transcurrido para que el diputado Milman ponga a disposición del juzgado este elemento de prueba”. Asimismo hizo hincapié en la necesidad de investigar si  había más celulares que le pertenecieran al legislador, para ser peritados también.

“Tampoco podemos hacer silencio respecto de algunos antecedentes que tiene esta situación. En particular un hecho gravísimo que está siendo investigado, como la eliminación de todos los datos que tenían los teléfonos de Milman y dos asesoras, en una sede de una fundación que hasta hace poco presidía la candidata presidencial Patricia Bullrich”, apuntó el legislador camporista, que concluyó quejándose de una investigación judicial del atentado que definió como “bochorno”, por cuanto “estamos a diez días de cumplirse un año del intento de asesinato y estamos dando vueltas con el secuestro de un celular de alguien que apareció involucrado al mes del hecho”.

Un plenario de las comisiones de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados arrancó este miércoles con el debate del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, el pasado 30 de junio, para actualizar la Ley de Protección de Datos Personales. 

En la reunión, que duró dos horas, expuso la directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena, quien remarcó que “es importante actualizar la ley; pensemos en el celular que teníamos en el año 2000 y el celular que tenemos hoy. A más de 20 años el contexto nos marca la necesidad de adecuar y robustecer nuestra normativa”. 

En ese sentido, mencionó a Internet, las redes sociales y el Big Data que “han crecido de una manera exponencial”. “Los datos personales son recolectados, almacenados y procesados por diferentes actores, con diversas finalidades y en distintos lugares del mundo”, expresó la funcionaria y sumó que “tenemos un procesamiento masivo de datos y un avance de la inteligencia artificial”. 

“Hoy los datos son un activo, en muchos casos el insumo principal de muchos procesos productivos”, señaló y agregó que “los datos sensibles requieren una protección mayor”. 

Al referirse a la iniciativa, dijo que se busca “compatibilizar la innovación tecnológica, el desarrollo económico y la garantía de los derechos humanos”, además de que se cambia el paradigma del “derecho de proteger el dato” para pasar al “derecho de las personas a proteger sus datos personales y a la autodeterminación informativa”. 

Anchorena precisó que, en la región, Brasil y Ecuador tienen “las leyes más recientes y avanzadas”, mientras que en Chile hay una iniciativa con media sanción, y en Costa Rica y Paraguay hay proyectos en marcha.  “Uruguay tiene una ley de 2008 que la actualizan permanentemente. Perú, Colombia y México tienen leyes razonablemente actuales. Y Guatemala y Bolivia recién están empezando a discutir sus proyectos”, detalló. 

“Argentina fue el primer país en tener una Ley de Protección de Datos Personales en el año 2000 y es considerada pionera”, destacó la directora de la AAIP, y enfatizó que “este proyecto no nace de un repollo, sino de una trayectoria de Argentina (en la materia) y de una trayectoria que es muy respetada en la región”. 

Yendo a la iniciativa, la funcionaria explicó que “el proyecto brinda un marco para el desarrollo de instrumentos concretos que fortalezcan la capacidad regulatoria por parte del Estado” y está basado en “tres pilares” que son “el derecho humano a la protección de los datos personales y la autodeterminación informativa; la innovación tecnológica -basada en principios éticos- que promueva un desarrollo económico inclusivo; y la construcción de confianza a través de reglas de juego claras”. 

Además, está redactado en “un lenguaje técnicamente neutro, que permite pensar en una ley que no nos quede vieja a los dos años” y “está centrada en las personas”. “Concilia el derecho a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión e información y al proceso de Memoria, Verdad y Justicia frente a crímenes de lesa humanidad”, enumeró en su exposición. 

Al repasar algunos puntos centrales, se refirió a la aplicación extraterritorial, que es “un eje clave que la ley vigente no lo contempla”. “Esto nos permite fiscalizar el tratamiento de datos de la ciudadanía argentina realizado por empresas transnacionales”, señaló y apuntó que “es la respuesta que han encontrado la mayoría de los Estados para abordar la globalización del tratamiento de los datos. Esto refuerza la soberanía nacional”. 

Sobre los principios nuevos que se incorporan, habló de neutralidad tecnológica, responsabilidad proactiva y demostrada y el de preeminencia, que establece que “ante dudas interpretativas en la aplicación de la ley, va a prevalecer la interpretación más favorable a la persona titular de los datos”. “Esto refuerza una mirada de garantizar derechos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad”, resaltó. 

También ponderó cuestiones relativas a las transferencias internacionales de datos; la incorporación del tratamiento de datos de niños, niñas y adolescentes; los nuevos derechos oposición, decisiones automatizadas y elaboración de perfiles, revisión humana, portabilidad y limitación; y las  obligaciones de los responsables y encargados del tratamiento de datos. “Cuando el responsable no tiene domicilio en Argentina, nosotros estamos proponiendo que tenga un representante”, indicó. 

En otro tramo, Anchorena se refirió a los cambios en las multas, que hoy van de 1.000 a 100.000 pesos. Se establecerán “unidades móviles que irán desde 5 hasta un millón, actualizables con el IPC, con un monto inicial de 10 mil pesos cada UM”; además de “un monto de 2% a 4% de facturación total anual global del ejercicio financiero anterior” para quienes violen la ley. 

La directora de la AAIP remarcó que este proyecto nació de un proceso que comenzó hace un año atrás, con 11 mesas de diálogo integradas por distintos actores y contó: “En agosto del año pasado se presentó el anteproyecto y luego se abrió el proceso de consulta pública” donde “se recibieron 173 aportes y consultas” de diferentes sectores públicos y privados. 

“El proyecto original tenía 76 artículos y 43 fueron mejorados y pulidos”, valoró y sostuvo que “este proyecto de ley es producto del debate de ideas sobre las necesidades y la realidad argentina, incorpora estándares internacionales, pero tiene una mirada situada y soberana”. “La protección de datos personales es transversal a todos los campos de la política pública y a todos los sectores productivos; es la base para desplegar otras políticas públicas”, subrayó y cerró: “Si queremos tener un proyecto de regulación de inteligencia artificial, tenemos que modernizar nuestra Ley de Protección de Datos Personales”. 

Cuestionamientos desde la oposición a la gestión de la AAIP

Al tomar la palabra para las consultas, la diputada Karina Banfi (UCR) arrancó recordándole a la funcionaria que ella, junto a su par Dolores Martínez y organizaciones civiles, impugnó su designación. “Creo que ha aprendido, creo que tiene que aprender más”, lanzó y consideró que la AAIP “es un organismo pilar que hemos podido sostener como una política de Estado, más allá de los gobiernos que van sucediendo”, por lo cual “debemos poner al frente de los organismos gente que cumpla los requisitos como lo dice y lo impone la propia ley”. 

“Estamos convencidos que es necesaria una actualización de esta ley y principalmente poder tener una ley adecuada a la dinámica que tiene la información y la circulación de datos en el mundo”, afirmó sobre el tema de protección de datos, pero pidió que “ haya un extensivo cronograma de audiencias públicas” con invitados para iniciar el debate, pero “concluirlo con la composición que viene”. 

Al resaltar que sobre el tema solo hay “tres proyectos” de legisladores, la radical opinó que si se avanzara rápido “vamos a estar votando algo que es muy importante para la ciudadanía sin entender qué es lo que se va a votar”. 

Por otra parte, Banfi cuestionó la pasividad de la AAIP a la hora de sancionar a los organismos del Estado que incumplen con la Ley de Acceso a la Información Pública, tema en el cual es especialista. “Veo una proliferación de empresas cuestionadas, sobre todo las de telefonía, por incumplir con la Ley de Protección de Datos Personales, pero no veo ninguna repartición del Estado multada, y hemos tenido casos, por ejemplo, el Renaper y el Senado de la Nación”, señaló. 

 “En la lista de incumplidores del acceso a la información pública hay un crecimiento de las dependencias públicas. El problema es que nos llevan a la Justicia. Yo pregunté por las actividades institucionales de una persona (Fabiola Yáñez) y me dijeron que eran datos personales. Me respondieron a medias. Tuve que ir a la Justicia. Cuando gané en primera instancia, la Secretaría General de la Presidencia apeló, con abogados del Estado. Eso es plata de los argentinos”, expresó. 

En tal sentido, la legisladora de Juntos por el Cambio cuestionó que “la Secretaría General de Presidencia ranquea como incumplidora, pero sin embargo se la premia con la Dirección Nacional Electoral, ¿cómo vamos a tener seguridad de que cumplirá con la protección de datos de los electores?”.

 Luego, yendo puntualmente al proyecto del Gobierno sobre protección de datos personales, Banfi explicó: “Nada es gratis, por eso las redes sociales nos piden nuestros datos personales para poder usarlas. No es lo mismo entregar datos a una empresa controlada por el Estado, que entregarlos a una empresa que es del Estado como Tik-Tok. Nos pasó esto con las vacunas. Ni China ni Rusia nos respondieron, en cambio AstraZeneca y Pfizer tuvieron que hacerlo. Hay que ver bien cuál es la protección de datos, hay que advertir cómo el Estado -sea China, o Rusia o nuestro país- viola la Ley de Protección de Datos”.

 “¿Saben por qué José Vitobello (secretario General de la Presidencia) aportó la información sobre la primera dama? Porque la Justicia le dijo que la multa tenía que pagarla de su bolsillo. Hoy hay un ¡viva la pepa! No se sanciona a las dependencias del Estado que violan la Ley de Acceso a la Información Pública”, insistió. 

A su turno, la diputada Dolores Martínez (Evolución Radical) aseguró que este “es un proyecto que esperábamos hace mucho tiempo tratar” porque “todos coincidimos en la necesidad de reformar la ley”. Sin embargo, pidió “contextualizar” la situación y, en tal sentido, cuestionó qué es lo que se está haciendo con “las filtraciones de datos” ya que “es exponencial como han aumentado los casos y yo creo que no tenemos respuestas por parte del Estado”. 

“¿Cómo cree que esta ley va a responder frente a la vulnerabilidad total en la cual se encuentra la administración pública?”, consultó a la funcionaria y apuntó que “no solamente es el cómo, sino con qué. Porque vamos a necesitar cientos de ingenieros electrónicos, a lo que hoy en Argentina no los podemos atraer ni tampoco retener”. 

Para la porteña, este “es un proyecto no sólo urgente, sino trascendente, una política de Estado” y como tal “amerita el trabajo basado en los consensos”. Pero observó que “es muy difícil tratar esta ley” con un recambio legislativo próximo y además con las “situaciones tensas que vivimos” en el Congreso, al remarcar las diferencias entre oficialismo y oposición. 

“No es mala predisposición, pero quiero que entienda que no es el mejor tema para tratar en este contexto”, aclaró, y solicitó que en caso de hacerlo “sea con la máxima responsabilidad”. 

En alusión a los datos de niñas, niños y adolescentes, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical) dijo que “la actual ley no los menciona” cuando hoy “son los que más los usan, los más vulnerables y los menos protegidos”. “No nos conforma un solo artículo”, señaló y anticipó que buscarán dar “un debate específico” sobre este punto, al considerar que “la autoridad de aplicación de todo lo que es la protección de privacidad de niñas, niños y adolescentes sea la Defensoría” y no la AAIP. 

En el cierre, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo (FdT) informó: “Seguiremos en las próximas semanas con este tratamiento. Les solicitamos a las bancadas que nos hagan saber a quiénes proponen como expositores. No tenemos ningún apuro en el tratamiento. Sabedores de que se viene un recambio en la cámara, veremos si la oportunidad, el mérito y la conveniencia nos permiten que esto sea tratado este año o en ejercicios venideros”.

En una semana que tiene en agenda varias reuniones de comisión en la Cámara alta, volvió a convocarse para este martes a las 14.30 la Comisión de Asuntos Constitucionales para la designación de sus autoridades.

La constitución de la misma ya había sido pautada el pasado miércoles, pero el encuentro se suspendió. Además, elegirán los días y horarios para las reuniones, así como también, procederán a leer un informe de gestión 2022, el listado de proyectos vigentes y propondrán un plan de trabajo para lo que resta del año.

Tras la salida de cuatro legisladores del interbloque oficialista, la puesta en marcha de las comisiones fue muy lenta. Pese a los cambios en los bloques, en cada una de ellas se han mantenido las mismas autoridades. Por eso, este miércoles se propondrá que siga al frente de Asuntos Constitucionales el jujeño Guillermo Snopek.

Presidente del bloque Unidad Federal, que se armó entre los que abandonaron el FdT y la schiarettista Alejandra Vigo, Snopek es actualmente precandidato a diputado nacional dentro de las PASO de Unión por la Patria en su provincia.

La última vez que esta comisión se reunió fue en octubre del año pasado para dictaminar sobre la ley de régimen de regulación dominial para barrios populares -en plenario con Presupuesto y Hacienda- y dar aval a la ley para expropiar el predio donde funcionó Cromañón.

Otra semana con casi nula actividad se prevé en el Senado de la Nación, donde para este miércoles a las 10.30 se citó a una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para la designación de sus autoridades.

La semana pasada se conformó la de Ciencia y Tecnología, mientras que la de Industria y Comercio fracasó por falta de quórum.

Tras la salida de cuatro legisladores del interbloque oficialista, la puesta en marcha de las comisiones fue muy lenta. Pese a los cambios en los bloques, en cada una de ellas se han mantenido las mismas autoridades. Por eso, este miércoles se propondrá que siga al frente de Asuntos Constitucionales el jujeño Guillermo Snopek.

Presidente del bloque Unidad Federal, que se armó entre los que abandonaron el FdT y la schiarettista Alejandra Vigo, Snopek es actualmente precandidato a diputado nacional dentro de las PASO de Unión por la Patria en su provincia.

La última vez que esta comisión se reunió fue en octubre del año pasado para dictaminar sobre la ley de régimen de regulación dominial para barrios populares -en plenario con Presupuesto y Hacienda- y dar aval a la ley para expropiar el predio donde funcionó Cromañón.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el jujeño Guillermo Snopek comenzó a debatir el proyecto que viene con media sanción de Diputados, que establece la expropiación del inmueble donde funcionó el boliche República de Cromañón, donde el 30 de diciembre 2004 se produjo la tragedia que costó la vida de 194 personas durante un recital de la banda de rock Callejeros. 

La iniciativa apunta a crear un espacio para el recuerdo colectivo, donde se promueva la construcción de la memoria de los hechos ocurridos en pos de su no repetición. 

Al comienzo de la reunión de comisión, sobrevivientes y familiares de las víctimas de la tragedia, presentes en el encuentro, tomaron la palabra para leer un texto en mensaje a los legisladores. 

“Estamos acá no solo para contarles por qué es importante este proyecto para la vida de los argentinos, sino también para explicar las razones por las que nosotros entendemos que es prioritario contar con su dictamen de mayoría de manera urgente”, apuntó el texto. 

Visiblemente emocionada, la representante de las agrupaciones de familiares celebró la transversalidad que cuenta la iniciativa: “Valoramos la heterogeneidad política que nuestro sistema democrático reconoce, a través del poder legislativo nacional, en donde el universo Cromañón encuentra representación y exige ser escuchado, es que confiamos en que contaremos con el acompañamiento de este proyecto de ley por parte de ustedes, en representación de cada una de las provincias y de la CABA”. 

Explicaron que el objetivo de este proyecto es que el exboliche de Cromañón “funcione como un espacio para la memoria colectiva, donde se promueva la construcción de la memoria de los hechos ocurridos en pos de su no repetición. Debemos conservar los elementos testimoniales de la masacrare en su plenitud, para que permitan reflejar la historia de lo allí ocurrido”, y concluyen: “En defensa de su valor histórico-cultural y la memoria histórica que se debe preservar mediante este proyecto de ley”. 

El senador por el Frente de Todos Mariano Recalde fue quien luego tomó la palabra y reconoció, en primer lugar, a las organizaciones de familiares, víctimas y sobrevivientes: “El documento que leyeron creo que reflejan todos los motivos por los cuales estoy convencido que también el Senado va a votar por unanimidad la creación del espacio de la memoria”, expresó. 

“Cromañón nos pasó a todos. Y los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires no hay uno, no hay un habitante, una persona que no tenga un conocido, un familiar, un amigo que no haya pasado por Cromañón esa noche. Y todos nos acordamos que estábamos haciendo esa noche, un día antes de año nuevo, en el año 2004. Y también nos acordamos, y creemos que es una oportunidad de seguir dando vuelta varias injusticias que se sucedieron a esa tragedia, la más grande de las tragedios no naturales que vivimos por lo menos en la CABA”, continuó. 

“Después del incendio, se instaló algo que es bastante común y lamentable que es revictimizar a las víctimas. Culpabilizar o encontrar en las víctimas las causas de la tragedia. Y la verdad que no solamente no se puede hacer eso, sino que algo que todos relatan de esa noche que muchas de las víctimas no solamente no fueron culpables, si no que tuvieron comportamientos heroicos esa noche”, continuó. 

Recalde sostuvo que este reconocimiento, la creación del espacio de la memoria, “ayuda a que sea un punto de inflexión, pero además de eso es un reconocimiento más y es una manera de sepultar esa revictimización que sufrieron en estos 18 años. Queremos que sea un punto de inflexión, porque entendemos que el Estado, que falló, que no quiso, que no supo, cuidar a los pibes que estaban en esa noche, se mejore, se transforme y empiece a cuidar a la gente, que de eso se trata”.  

Finalmente, consideró “muy bueno” que todas las provincias, “que todo el país esté acompañando hoy, y que esto sea una causa nacional, que sea una política de Estado, y que la memoria, y el cuidado que recuperamos a partir de este hito se propague por todo el país”. 

La Cámara de Senadores comenzará a debatir el proyecto que viene con media sanción de Diputados que establece la expropiación del inmueble donde funcionó el boliche República de Cromañón, donde el 30 de diciembre 2004 se produjo la tragedia que costó la vida de 194 personas durante un recital de la banda de rock Callejeros.

El tratamiento se llevará a cabo en el seno de una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo del oficialista Guillermo Snopek (Jujuy), este miércoles a las 16 en el Salón Arturo Illia.

La iniciativa fue aprobada con 207 votos afirmativos el pasado 12 de octubre en la Cámara baja con un final cargado de polémica y acusaciones cruzadas entre ambas bancadas. La misma propone declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles sitos en la calle Bartolomé Mitre 3038/78, entre Ecuador y Jean Jaures, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, predios popularmente conocidos como República Cromañón.

El proyecto fue impulsado por la diputada nacional y secretaria parlamentaria del FdT, Paula Penacca, y figuran como cofirmantes a 24 diputados de todas las bancadas. En efecto, la iniciativa cuenta con las firmas de los diputados Cristian Ritondo, Mario Negri, Alejandro “Topo” Rodríguez, Rodrigo De Loredo, Juan Manuel López, Luis Di Giacomo, Margarita Stolbizer, Myriam Bregman, Diego Sartori, Mónica Fein, Romina del Plá, Mara Brawer, Carla Carrizo, Nicolás del Caño, Itai Hagman, Federico Fagioli, Karina Banfi, Maximiliano Ferraro, Tomás Ledesma, Facundo Manes, María Luján Rey, Alejandro Vilca y Leandro Santoro.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda del Senado se reunirá este miércoles, desde las 14.30 en el Salón Illia, para tratar el proyecto de ley que prorroga el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana en barrios populares.

La iniciativa tuvo media sanción de la Cámara de Diputados la semana pasada, por 227 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones.

A través del proyecto se contempla la declaración de utilidad pública y expropiación de más barrios populares, que se incluyeron al ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) después de sancionada la ley, en 2018. Se pasa de 4.400 a 5.687.

Además, establece la prórroga de la suspensión de los desalojos como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda por el plazo que dura la declaración de utilidad pública de 10 años.
Asimismo, se extiende la declaración de la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares identificados en el ReNaBaP por el plazo de 2 años.

Otro de los puntos establece que los habitantes de estos barrios “tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación”. “Todos los niveles de gobierno y organismos intervinientes deberán implementar las medidas adecuadas para asegurar su inclusión y la asequibilidad para, gradualmente, constituirse en usuarios formales de los servicios públicos, debiendo adaptar las normativas para facilitar la realización de tal derecho”, agrega el articulado.

También prevé que la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial deberán ser “progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad”.

Se modifica la integración del fideicomiso, de modo que también se pueda conformar con “bienes inmuebles que le transfiera en forma directa el Estado Nacional” y “bienes inmuebles que obtenga directamente el fideicomiso, sean los que integran el RENABAP u otros necesarios para cumplir con los objetivos de la ley”.

Y se incorpora a la ley el artículo 18 bis, el cual indica que el 75% de los fondos del fideicomiso, como mínimo, tendrán que destinarse al proceso de urbanización; el desarrollo de infraestructuras necesarias para establecer condiciones en el hábitat y las viviendas; y otros destinos relacionados al acceso a la urbanización, integración socio urbana, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano y/o regularización dominial.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presididas por los oficialistas Hernán Pérez Araujo (La Pampa) y Carlos Heller respectivamente, mantuvieron una reunión breve este martes en la que emitieron dictamen consensuado al proyecto que buscar declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble donde funcionó el boliche República de Cromañón, donde se produjo en 2004 la tragedia que costó la vida de 194 personas.

De esta manera, la iniciativa de la diputada nacional y secretaria parlamentaria del FdT, Paula Penacca, será debatida en el recinto en la sesión convocada para este miércoles a las 12.30, en donde se da por descontada su media sanción, ya que el proyecto está firmado por diversos bloques con representación parlamentaria.

El proyecto de ley establece declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación, en los términos de la Ley 21.499, el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 3038/78 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, predio popularmente conocido como “República Cromañón”.

En los fundamentos, la norma expresa como una de las finalidades de la expropiación la de conservar el predio como refugio de la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004, un espacio social donde circule la memoria colectiva y ayude a que las víctimas no se aíslen en un reclamo individual. Además, para poder transformar el dolor en lucha, y a sembrar una memoria como pueblo, para que hechos como estos no ocurran nunca más.

Al comienzo de la reunión, Pérez Araujo aclaró que se agregó al proyecto -a pedido de las organizaciones de familiares y sobrevivientes de la tragedia- la parcela número 08 ubicada en la calle Jean Jaures 51 lindero al predio, del que han adjuntado el respectivo informe de dominio algo que se había consensuado la reunión pasada.

Al hacer uso de la palabra, la secretaria parlamentaria del interbloque de JxC, Silvia Lospennato (Pro), señaló: “Estamos cumpliendo con el compromiso que todos nos hicimos cuando despachamos este tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales faltaba incorporar un informe de dominio, lo que fue incorporado rápidamente, así que habiendo cumplido con esta formalidad y siendo que se trata de un proyecto que tiene, nada más ni nada menos, la firma de casi todos los jefes de bloque de la Cámara. El proyecto de la diputada Penacca creo que estamos listos para despacharlo y mañana tratarlo en el recinto”.

“Vinimos a completar este trámite de un proyecto que es necesario, que es de acuerdo y que viene a saldar un reclamo de los familiares y estamos cumpliendo ese compromiso”, cerró Lospennato.

A su turno, la autora de la iniciativa compartió las palabras de la diputada preopinante y resaltó: “Estamos cumpliendo con ese compromiso”, y señaló: “Hemos trabajado a contrarreloj para poder tener el informe de dominio que era el trámite que nos faltaba cumplimentar”.

También le agradeció a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, porque “se puso a disposición y dio una mano para lograr en el tiempo muy escueto que teníamos para poder tener la información del dominio”.

Por otro lado, reconoció el “trabajo de muchos diputados y diputadas de todos los bloques que sabemos que para llegar a sesiones donde podamos votar leyes, tenemos que construir consensos y este ha sido un tema que, gracias al trabajo y al compromiso de los sobrevivientes y familiares, logró esos consensos y pudimos incorporarlo en el temario de mañana”.

La Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el legislador oficialista Hernán Pérez Araujo avanzó este miércoles con la iniciativa que prevé la expropiación del predio donde ocurrió la tragedia de Cromañón, para declararlo de utilidad pública. El proyecto es impulsado por la diputada nacional Paula Penacca (FdT-CABA), y acompañado por miembros de todos los bloques. Según se resolvió, volverá a ser analizado en el marco de una reunión conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda para la posterior emisión su dictamen, tras el pedido de modificación de un artículo y a la espera del expediente de dominio e inhibiciones.

El proyecto de ley establece declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación, en los términos de la Ley 21.499, el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 3038/78 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, predio popularmente conocido como “República Cromañón”. A su vez, organizaciones de familiares y sobrevivientes de la tragedia solicitaron que se agregara, en la redacción de la iniciativa, a la parcela número 08 ubicada en la calle Jean Jaures 51, al lado del predio.

En la Sala uno del segundo piso del “Anexo A”, estuvieron Nicolás Papola y Belkis Contino, sobrevivientes de la tragedia, quienes acompañaron el pedido de expropiación del predio y detallaron el pedido, para agregar a la parcela lindera mencionada.

Ambos sobrevivientes agradecieron a los diferentes bloques de la Cámara baja por el consenso y la unanimidad demostrada ante el proyecto de ley, y recordaron enfáticamente a las 194 víctimas y a los 4500 sobrevivientes de la tragedia de Cromañón. 

Nicolás Papola criticó a los medios gráficos nacionales por “haber mal informado sobre la existencia de una guardería en el baño de mujeres al momento de la tragedia”. Belkis Contino, por su parte, responsabilizó directamente al empresario Rafael Levy, dueño del lugar, por “haber armado una trampa mortal para los jóvenes” al no cumplir con los requisitos edilicios necesarios en el edificio.  “A través de este proyecto de ley confiamos en que se harán cargo en la construcción de memoria de la masacre de Cromañón para llegar a diciembre con la iniciativa hecha ley”, solicitaron.

La autora del proyecto, Paula Penacca, indicó que la declaración de interés de expropiar el predio fue unánime y manifestó que “adhiere a la modificación presentada por los jóvenes sobrevivientes porque no cambia la voluntad del sentido”. Por otro lado, anunció que antes de dictaminar y de pasar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, “se debía disponer del informe de dominio”.

Las diputadas nacionales Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), Laura Rodríguez Machado (Pro) y Carla Carrizo (Evolución Radical) coincidieron en que el proyecto debía ser “expeditivo con el informe de dominio” y que debía tratarse en un plenario con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con la seguridad de que el acompañamiento es unánime.

En tal sentido, la diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) adhirió a la idea de “mantener las formalidades para hacerlo correctamente” y declarar de utilidad pública el predio, al igual que el jefe de bloque radical Mario Negri, quien anunció que el proyecto será “dictaminado” en la reunión plenaria de la semana que viene previo a la sesión de la Cámara de Diputados.

Datos personales de Internet y Convención Belem Do Para

Otro tema que trató la reunión fue el que otorga jerarquía constitucional a la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, elaborado en Convención de Belem Do Para suscripta en el año 94, y obtuvo el consenso de los 28 legisladores presentes para su posterior tratamiento en las comisiones de Relaciones Internacionales y de Mujeres y Diversidad.

Las diputadas Silvia Lospennato (Pro), Pamela Calletti (FdT) y Graciela Camaño sostuvieron que “no es la primera vez que se intenta constitucionalizar a la Convención Belem Do Para”, a la que consideraron como “una herramienta fabulosa en el ámbito de la Jurisprudencia de nuestro país para construir sociedad con perspectiva de género”.

El titular de la comisión anunció que la iniciativa obtuvo “el acompañamiento de los 28 diputados firmantes de los diferentes bloques”, por lo cual se logró el consenso y unanimidad del compromiso que habían pactado previo a la reunión.

En tercer lugar, se trató el proyecto de ley por el cual se aprueba el Protocolo modificatorio del Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, suscripto en la ciudad de Estrasburgo, el cual pasó a la firma y al dictamen por mayoría.

La diputada Karina Banfi (UCR) manifestó la importancia de “proteger los datos biométricos en Internet” para avanzar en un marco internacional de “regulación de redes sociales para acordar criterios sobre la conversación pública”. Además, mencionó el tratamiento, a futuro, acerca del proyecto de ley sobre protección de datos personales que perdió estado parlamentario en tiempo pasado. De tal forma, el presidente de la comisión anunció la emisión del dictamen de la iniciativa.

En una breve reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el jujeño Guillermo Snopek (FdT), que se llevó a cabo en la tarde de este miércoles, el kirchnerismo logró el dictamen de los proyectos que proponen modificar los requisitos para convocar a una consulta popular y, por otro lado, la iniciativa que reforma la norma que regula la iniciativa popular.

El senador oficialista Oscar Parrilli hizo uso de la palabra para destacar que el proyecto “fue ampliamente debatido con expositores que dieron su opinión sobre los aspectos constitucionales. También la experiencia similar que hubo con el FRENAPO que explicó el hoy diputado Hugo Yasky”.

“Este es un avance importante en aras de mejorar el funcionamiento de la democracia en la Argentina, los mecanismos de participación popular, de identificación de los temas que los gobiernos tienen que resolver y tener siempre a mano la posibilidad de consultar al pueblo sobre temas importantes de la gestión”, ponderó.

Además, remarcó que “la iniciativa que propiciamos respeta los términos constitucionales, los límites que la Constitución Nacional pone a la consulta popular”, tras lo que pidió pasar a la firma el dictamen para que sea debatido en el recinto y agregó con una chicana a la oposición: “Quienes no están de acuerdo que lo expresen como corresponde. Acá hemos agotado todo debate y discusión entre los que quisieron y los que no, porque hubo senadores de bloques que no les interesaba el tema”.

“Las expresiones de estar o no estar simbolizan tácitamente una posición. Creo que se ha dado, ha sido extenso y la idea es seguir avanzando”, señaló Snopek. Cabe mencionar que solo estuvieron presentes de la oposición los senadores radicales Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Eduardo Vischi (Corrientes).

Luego se presentaron para el trabajo en comisión, tres iniciativas, dos del senador Snopek, relacionadas a cambios planteados para el tiempo y mecanismos de designación de las vacantes del Defensor del Pueblo y de cargos adjuntos en la Defensoría del Pueblo de la Nación.

“El Defensor del Pueblo es un instrumento que tiene la ciudadanía para la defensa de sus derechos y creo que nos debemos este debate”, afirmó Snopek.

El tercero, perteneciente al senador por Chaco, Antonio Rodas (Frente Nacional y Popular), trata sobre la modificación de la ley 24.284 de la Defensoría del Pueblo, respecto de la adecuación del texto normativo a las nuevas exigencias del derecho convencional.

Al finalizar, se aprobaron siete proyectos de resolución y cinco pedidos oficiales para nombramientos de cónsul y vicecónsul.

LOS PROYECTOS

El proyecto presentado por Oscar Parrilli apunta a modificar la Ley 25.432, que regula la consulta popular vinculante y no vinculante, una herramienta prevista en el artículo 40 de la Constitución Nacional. Puntualmente, el texto prevé cambios en cinco artículos.

Por medio de su iniciativa, el senador K propone que el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados -tal como figura actualmente en la ley- “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”.

En cuanto a la modificación del artículo 2 de dicha norma, establece que “la ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las Cámaras”. Actualmente determina que debe ser con “la mayoría absoluta”. También modifica esa condición en el caso de la consulta popular no vinculante.

Además, el texto de Parrilli busca que el día fijado para la consulta popular pueda coincidir con otro acto eleccionario, algo que no está permitido ahora en la ley. Este es un punto idéntico al que contempla la iniciativa de la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, quien además busca que se derogue el artículo 12 de la 25.432, que indica que “la consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial”.

Por su parte, el proyecto de Snopek apunta a regular el derecho de iniciativa popular establecido en el artículo 39 de la Constitución Nacional, y reformar la actual Ley 24.747, aprobada en 1996, y que imponía mayorías especiales en el Congreso.

La iniciativa propone que las mayorías especiales desaparecen, por lo que queda tácitamente registrado que para que una iniciativa popular vea la luz en forma de proyecto de ley necesite solamente del voto de la mayoría de los legisladores presentes.

Por otro lado, se pretende excluir ciertos temas que no podrán ser fijados ni modificados por este mecanismo: reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal; aunque sí cuestiones referidas a la materia electoral. También crea la Oficina de Iniciativa Popular (OIP), en el ámbito del Congreso de la Nación.

El kirchnerismo buscará este miércoles, a partir de las 17, avanzar en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por Guillermo Snopek (UC-FdT), con los proyectos que proponen modificar los requisitos para convocar a una consulta popular y, por otro lado, la iniciativa que reforma la norma que regula la iniciativa popular.

El proyecto presentado por Oscar Parrilli apunta a modificar la Ley 25.432, que regula la consulta popular vinculante y no vinculante, una herramienta prevista en el artículo 40 de la Constitución Nacional. Puntualmente, el texto prevé cambios en cinco artículos.

Por medio de su iniciativa, el senador K propone que el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados -tal como figura actualmente en la ley- “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”.

En cuanto a la modificación del artículo 2 de dicha norma, establece que “la ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las Cámaras”. Actualmente determina que debe ser con “la mayoría absoluta”. También modifica esa condición en el caso de la consulta popular no vinculante.

Además, el texto de Parrilli busca que el día fijado para la consulta popular pueda coincidir con otro acto eleccionario, algo que no está permitido ahora en la ley. Este es un punto idéntico al que contempla la iniciativa de la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, quien además busca que se derogue el artículo 12 de la 25.432, que indica que “la consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial”.

Por su parte, el proyecto de Snopek apunta a regular el derecho de iniciativa popular establecido en el artículo 39 de la Constitución Nacional, y reformar la actual Ley 24.747, aprobada en 1996, y que imponía mayorías especiales en el Congreso.

La iniciativa propone que las mayorías especiales desaparecen, por lo que queda tácitamente registrado que para que una iniciativa popular vea la luz en forma de proyecto de ley necesite solamente del voto de la mayoría de los legisladores presentes.

Por otro lado, se pretende excluir ciertos temas que no podrán ser fijados ni modificados por este mecanismo: reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal; aunque sí cuestiones referidas a la materia electoral. También crea la Oficina de Iniciativa Popular (OIP), en el ámbito del Congreso de la Nación.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el jujeño Guillermo Snopek (FdT), se reunió este miércoles para continuar con el debate en torno a los lineamientos de las dos propuestas para modificar las leyes vigentes referidas a las convocatorias a consulta popular vinculante y no vinculante, a la cual estuvieron de invitados a exponer el constitucionalista Eduardo Barcesat y el diputado nacional Hugo Yasky (FdT).

El encuentro comenzó con virulencia, ya que la vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, mandó al frente a la bancada opositora que se ausentó de la reunión y destacó que el único presente fue el radical Pablo Daniel Blanco quien le reclamó: “las comisiones hay que convocarlas con tiempo y no de un día para el otro”.

Tras ese cuestionamiento cruzado, el titular de la Comisión aclaró: “El espíritu de funcionar hemos tratado siempre de respetar los plazos legislativos y lo que establece el reglamento para las convocatorias en virtud de la celeridad y para no seguir demorando el tratamiento”.

Fue el senador y autor del proyecto el neuquino Oscar Parrilli en abrir la ronda de expositores y remarcó que la iniciativa lleva la firma de senadores que “ya no son legisladores” porque “hace más de dos años que está presentado”.

Por otro lado, comentó que “se conversó en el seno de la Comisión la posibilidad de que el bloque de JxC proponga oradores, pero dijeron que no les interesaba. Siempre está abierta la posibilidad para que lo hagan. El hecho de haberla convocada de ayer para hoy es porque ya varias veces se convocó, hubo problemas con los horarios de los invitados y por eso se fue postergando, de manera que acordamos ayer porque los expositores tenían el horario libre”.

Sobre el proyecto explicó: “Lo que intentamos desde nuestro interbloque es poner en la discusión pública a 40 años de la democracia en la Argentina un mecanismo que, a nuestro entender, mejora y le da más participación y protagonismo al pueblo en las decisiones democráticas que toma un Gobierno”.

“Nuestro proyecto trata sobre las Consultas populares que está establecida en la Constitución de 1994 y allí se estableció que una ley iba a reglamentar su mecanismo de realización de la consulta y que esa ley tenía que tener una mayoría especial que es la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros. De manera que el proyecto va a tener necesariamente que ser aprobada por la totalidad de los miembros de acuerdo a lo que dice la Constitución Nacional”, explayó Parrilli.

En suma, precisó: “Lo que nosotros tenemos son cuatro mecanismos de participación de pueblo en las decisiones de gobierno”, y procedió a describir: “Tenemos dos tipo de consulta popular no vinculante, la que está convocada por el Poder Ejecutivo y la convocada por el Poder Legislativo que también puede convocar a consulta popular no vinculante; la consulta popular vinculante que es exclusivamente por ley que requiere una mayoría especial y por otro lado la iniciativa popular que merece otra ley que no estamos tratando ahora, pero hay un proyecto del senador Snopek”.

“Nosotros proponemos darle mayor agilidad, dar mayores posibilidades de que se lleven adelante las consultas populares”, remarcó el senador oficialista y opinó: “Se dictó la norma en la Constitución del 94’, pero fue de una manera como para ponerlo para que nunca se haga porque después cuando se puso esa ley fue tan complicada que en realidad la Consulta Popular solo existe en la cuestión teórica y no en la práctica. Desde el año 94 hasta ahora nunca hubo una Consulta Popular y la experiencia que tenemos es anterior a la Constitución que llevó adelante la presidencia de Alfonsín que tuvo protagonismo del pueblo y ayudo a tomar una decisión trascendental como era la citación al límite con Chile”.

Y reiteró: “Nuestro proyecto tiende a facilitar el llamado a las consultas populares y eso está básicamente en el artículo 2 que hacemos una modificación solamente de redacción porque dice que la ley de convocatoria dice ‘mayoría absoluta de miembros presentes’ y si se trata de miembros presentes, mayoría siempre es mayoría es la mitad mas uno de los presentes. Le sacamos lo de mayoría absoluta porque es una redundancia. La mayoría absoluta es para la ley que reglamenta la Consulta Popular”.

En segundo lugar, aclaró: “Mantenemos las limitaciones de aquellos temas que no pueden ser sometidos a Consulta Popular que está en la Ley de iniciativa para que no se ponga en cuestionamiento si estamos queriendo modificar la Constitución porque hay temas que tienen mayorías especiales”.

“La Consulta Popular consideramos que, si puede hacerse el mismo día que una elección general porque también es bueno porque, de alguna manera, involucra a los candidatos a expresarse a favor o no de lo que se consulta. También se ahorra dinero, es mayor democracia y mayor participación”, destacó Parrilli.

Por último, explicó: “Establecemos que la Consulta Popular no vinculante, es decir la que no es obligatoria, pueden ser ampliados los temas porque nos parece que eso no modifica ni entra en coaliciona con ningún artículo, ni leyes vigentes, ni tratados porque no es obligatorio lo que allí se expresa. Pero es importante que ante tenas importantes el Gobierno pueda recabar la opinión del pueblo sobre esos temas”.

A su turno, el dirigente sindical Hugo Yasky recordó que en el año 2001 hubo una experiencia autogestionada de Consulta Popular que se impulsó desde el FRENAPO (Frente Nacional Contra la Pobreza) y explicó que “fue un Frente de organizaciones sociales, empresariales del sector PyMes, de movimientos políticos. Se constituyó en julio y elaboró un programa consistente básicamente en una serie de instrumentos para paliar la crisis social y se resolvió solicitar al gobierno la convocatoria a Consulta Popular que se resolvió en tres días”.

“En ese momento para nosotros fue un éxito enorme porque participar más de 3 millones de personas”, resaltó el diputado y sumó: “Había una necesidad de participación. Se dio dos semanas previo al estallido de la crisis del 2001”.

A su vez, resaltó que “el mecanismo de Consulta Popular democrático, participativo que le puede dar a la democracia, sobre todo en tiempos donde se trata de instalar un discurso antipolítico, donde se trata de mostrar a la política alejada de la participación popular. Me parece que puede ser un instrumento dinámico que le dé más fuerza a la democracia”.

El constitucionalista Barcesat expresó su “más enérgico repudio y condena a la tentativa de magnicidio que ha asistido la Nación Argentina y el pueblo que no solo afecta el supremo derecho a la vida, sino la vida democrática y el orden constitucional”, y apuntó: “La legislación argentina y la Internacional castiga la incitación a cometer delitos de odio y lo que nos falta fiscales y jueces que la apliquen”.

Respecto al proyecto oficialista manifestó su acuerdo y, luego de repasar los artículos que “mejoran a las leyes vigentes”, sugirió que ” este marco de fortalecimiento planteado se incorpore a los fundamentos de la ley, porque posibilitan una mejor defensa cuando se trata, como es en ese este caso, de mejorar los mecanismos de la democracia participativa”.

Los proyectos

El proyecto presentado por Oscar Parrilli apunta a modificar la Ley 25.432, que regula la consulta popular vinculante y no vinculante, una herramienta prevista en el artículo 40 de la Constitución Nacional. Puntualmente, el texto prevé cambios en cinco artículos.

Por medio de su iniciativa, el senador K propone que el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados -tal como figura actualmente en la ley- “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”.

En cuanto a la modificación del artículo 2 de dicha norma, establece que “la ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las Cámaras”. Actualmente determina que debe ser con “la mayoría absoluta”. También modifica esa condición en el caso de la consulta popular no vinculante.

Además, el texto de Parrilli busca que el día fijado para la consulta popular pueda coincidir con otro acto eleccionario, algo que no está permitido ahora en la ley. Este es un punto idéntico al que contempla la iniciativa de la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, quien además busca que se derogue el artículo 12 de la 25.432, que indica que “la consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial”.

La reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, a cargo del jujeño Guillermo Snopek, comenzó con mucha virulencia ya que la vicejefa del interbloque Frente de Todos, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, cuestionó la ausencia de la oposición y destacó que el único presente fue el senador fueguino Pablo Daniel Blanco (UCR) quien le retrucó que “las comisiones hay que convocarlas con tiempo y no de un día para el otro”.

“Quiero dejar constancia que una vez más la oposición no ha venido”, comenzó su intervención la oficialista y aclaró: “Esto lo digo porque en la última sesión hubo muchas alocuciones diciendo que la presidenta de este Cuerpo, por hacer su defensa que le fue negada en juicio, en este Senado las comisiones no andaban etcétera. Lo que le respondimos que el quórum siempre lo da el Frente de Todos”.

Y siguió: “Luego hay cuestiones de preferencia de la oposición diciendo que no se tratan los proyectos que son de gran envergadura, preocupación de la sociedad a lo que le respondimos que siempre hay que venir”, ante lo que destacó que “siempre viene el mismo senador como lo dije en el recinto: el senador Blanco”, a quien le pidió disculpas.

En ese sentido, Fernández Sagasti sumó: “Pero estamos hablando de lo que pasó en el recinto así que dejo constancia que una vez más esto es lo que está sucediendo en el Senado. Para sacar proyectos por la gente hay que venir a tra-ba-jar y los asuntos que los senadores pueden llegar a entender, a ayudar, a cambiar la vida de los ciudadanos que viven en las provincias a las cuales representamos se acuerdan y se debaten en las comisiones para que luego lleguen al recinto”.

Entre risas, la senadora le habló a Blanco directamente: “Perdón senador yo sé que luego en su interbloque va a tener algunos cuestionamientos, pero quería dejar constancia de eso”.

Acto seguido, el radical le retrucó: “Seamos sinceros, las comisiones hay que convocarlas con tiempo y no a las once de la noche para el otro día que no da tiempo ni siquiera de que uno pueda proponer oradores en representación de nuestro bloque. Me parece que tenemos que ser justos. La ausencia de parte de los senadores de mi bloque se debe a que también tenemos que trabajar ordenadamente y dar un tiempo a que podamos llevar los debates adelante como realmente corresponde”.

“Estuvimos trabajando con 21 pliegos y solo había un senador. A la evidencia de los números me remito”, remató la mendocina.

Luego de un receso invernal de tres semanas, el Senado reanudará la actividad parlamentaria con una serie de reuniones de comisiones, que comenzará este martes a las 15 con la visita del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en la comisión homónima que preside el oficialista Matías Rodríguez. El encuentro será en el Salón Illia.

Tres horas más tarde, a las 18, fue citada la comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, comandada por la senadora de JxC Beatriz Ávila, a fin de tratar proyectos sobre transferencia de inmuebles; cambios en el modo de selección de los miembros del directorio del ENARGAS y el ENRE; y la iniciativa con media sanción sobre instalación de señalética referida a las Islas Malvinas en organismos públicos, Parques Nacionales y embajadas argentinas en el mundo.

En tanto, el miércoles a las 11 está previsto que se reúna la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el kirchnerista Oscar Parrilli, para tratar un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que fue enviado en abril del año pasado.

La iniciativa modifica la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24.660), con el objetivo de actualizar la normativa para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según expresó el Poder Ejecutivo en los considerandos, “el sistema propone centrar la respuesta sancionatoria a los casos de infracciones graves y recurrir en los casos de infracciones leves o medias a la aplicación de mecanismos alternativos, conciliatorios o de justicia restaurativa para resolver las diferencias entre las personas privadas de libertad”.

En el texto, “se incluyen reglas para garantizar que las personas dispongan de un tiempo y de medios suficientes para preparar su defensa y puedan compulsar en todo momento el expediente administrativo”; también “se prohíbe la imposición de sanciones disciplinarias sin que se haya permitido a la persona privada de libertad el ejercicio de su derecho de defensa en las audiencias que se dispusieren y luego de haber sido previamente asesorada”; se la “autoriza a solicitar la comparecencia de testigos y a interrogarlos o hacer que los interroguen, así como a requerir y controlar la producción de cualquier otra prueba pertinente y conducente”, entre otros puntos.

El otro encuentro que figura en la agenda del miércoles corresponde a la Comisión de Salud, que conduce el oficialista Pablo Yedlin, a las 14.30. El temario incluye un proyecto con media sanción para instaurar el 23 de junio como el Día Nacional del Síndrome de Dravet; y la iniciativa sobre prevención y control de la resistencia antimicrobiana, que también ya cuenta con aprobación de la Cámara baja.

Yedlin, quien asumió como senador en diciembre pasado, había trabajado en este último tema en su mandato como diputado -y también como presidente de la Comisión de Salud- y la iniciativa que fue representada este año por la socialista Mónica Fein, el oficialista Daniel Gollan y el cívico Rubén Manzi fue casi idéntica a ese texto.

Finalmente, a las 16 en el Salón Illia, está citada la Comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo del oficialista Guillermo Snopek, donde el Frente de Todos reanudará el cuarto intermedio de la discusión sobre proyectos referidos a cambiar los requisitos y condiciones de las consultas populares, por un lado, y las iniciativas populares, por el otro.

El proyecto presentado por Oscar Parrilli apunta a modificar la Ley 25.432, que regula la consulta popular vinculante y no vinculante, una herramienta prevista en el artículo 40 de la Constitución Nacional. Puntualmente, el texto prevé cambios en cinco artículos.

Por medio de su iniciativa, el senador K propone que el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados -tal como figura actualmente en la ley- “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”.

En cuanto a la modificación del artículo 2 de dicha norma, establece que “la ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las Cámaras”. Actualmente determina que debe ser con “la mayoría absoluta”. También modifica esa condición en el caso de la consulta popular no vinculante.

Además, el texto de Parrilli busca que el día fijado para la consulta popular pueda coincidir con otro acto eleccionario, algo que no está permitido ahora en la ley. Este es un punto idéntico al que contempla la iniciativa de la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, quien además busca que se derogue el artículo 12 de la 25.432, que indica que “la consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial”.

Por su parte, el proyecto de Snopek se refiere a la iniciativa popular, prevista en el artículo 39 de la Constitución. El texto plantea la derogación de la actual ley 24.747, que la regula, y dispone modificaciones en los requisitos y la creación de una Oficina de Iniciativa Popular.

Tras el receso invernal en el Congreso, la próxima semana comenzará a reactivarse la labor parlamentaria de las comisiones y el Senado ya se anotó para el miércoles 3 de agosto un par de reuniones.

Entre ellas, a las 11 está previsto que se reúna la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el kirchnerista Oscar Parrilli, para tratar un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que fue enviado en abril del año pasado.

La iniciativa modifica la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24.660), con el objetivo de actualizar la normativa para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según expresó el Poder Ejecutivo en los considerandos, “el sistema propone centrar la respuesta sancionatoria a los casos de infracciones graves y recurrir en los casos de infracciones leves o medias a la aplicación de mecanismos alternativos, conciliatorios o de justicia restaurativa para resolver las diferencias entre las personas privadas de libertad”.

En el texto, “se incluyen reglas para garantizar que las personas dispongan de un tiempo y de medios suficientes para preparar su defensa y puedan compulsar en todo momento el expediente administrativo”; también “se prohíbe la imposición de sanciones disciplinarias sin que se haya permitido a la persona privada de libertad el ejercicio de su derecho de defensa en las audiencias que se dispusieren y luego de haber sido previamente asesorada”; se la “autoriza a solicitar la comparecencia de testigos y a interrogarlos o hacer que los interroguen, así como a requerir y controlar la producción de cualquier otra prueba pertinente y conducente”, entre otros puntos.

El otro encuentro que figura en la agenda de la Cámara alta está previsto para las 14.30 y es el que corresponde a la Comisión de Salud, que conduce el oficialista Pablo Yedlin. El temario incluye un proyecto con media sanción para instaurar el 23 de junio como el Día Nacional del Síndrome de Dravet; y la iniciativa sobre prevención y control de la resistencia antimicrobiana, que también ya cuenta con aprobación de la Cámara baja.

Yedlin, quien asumió como senador en diciembre pasado, había trabajado en este último tema en su mandato como diputado -y también como presidente de la Comisión de Salud- y la iniciativa que fue representada este año por la socialista Mónica Fein, el oficialista Daniel Gollan y el cívico Rubén Manzi fue casi idéntica a ese texto.

Finalmente, a las 16 en el Salón Illia, está citada la Comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo del oficialista Guillermo Snopek, donde el Frente de Todos reanudará el cuarto intermedio de la discusión sobre proyectos referidos a cambiar los requisitos y condiciones de las consultas populares, por un lado, y las iniciativas populares, por el otro.

El proyecto presentado por Oscar Parrilli apunta a modificar la Ley 25.432, que regula la consulta popular vinculante y no vinculante, una herramienta prevista en el artículo 40 de la Constitución Nacional. Puntualmente, el texto prevé cambios en cinco artículos.

Por medio de su iniciativa, el senador K propone que el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados -tal como figura actualmente en la ley- “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”.

En cuanto a la modificación del artículo 2 de dicha norma, establece que “la ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las Cámaras”. Actualmente determina que debe ser con “la mayoría absoluta”. También modifica esa condición en el caso de la consulta popular no vinculante.

Además, el texto de Parrilli busca que el día fijado para la consulta popular pueda coincidir con otro acto eleccionario, algo que no está permitido ahora en la ley. Este es un punto idéntico al que contempla la iniciativa de la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, quien además busca que se derogue el artículo 12 de la 25.432, que indica que “la consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial”.

Por su parte, el proyecto de Snopek se refiere a la iniciativa popular, prevista en el artículo 39 de la Constitución. El texto plantea la derogación de la actual ley 24.747, que la regula, y dispone modificaciones en los requisitos y la creación de una Oficina de Iniciativa Popular.

Tras un impasse atribuible a la inclusión de un proyecto más ambicioso -numéricamente hablando-, el Senado retomará este martes en comisiones el debate sobre las propuestas para ampliar los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El oficialismo convocó para la reunión, que se realizará desde las 14 en el Salón Illia, a gobernadores. Pero, al parecer, serán pocos los que asistirán, comparados a los 16 que suscribieron una nota a favor de llevar el máximo tribunal a 25 integrantes.

Esa idea se convirtió luego en una iniciativa presentada por los jefes del interbloque Frente de Todos, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, quienes, llamativamente, pasaron a integrar la Comisión de Asuntos Constitucionales en reemplazo de Silvia Sapag y Cristina López Valverde, respectivamente.

Según pudo saber este medio, los únicos confirmados hasta horas antes del plenario de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales eran Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Jorge “Coqui” Capitanich (Chaco). Previo al encuentro se sumó también la confirmación de Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

De los proyectos en discusión, uno es el impulsado por Adolfo Rodríguez Saá (Frente Nacional y Popular-FdT), quien propone pasar de 5 a 9 jueces, como también federalizar el máximo tribunal con el nombramiento de jueces por regiones, debiendo respetarse en su integración la diversidad de género.

Otro es del senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que establece llevar a 16 los jueces de la Corte, también garantizando la paridad de género y una representación federal. Para ello, estipula que el máximo tribunal deberá integrarse con al menos tres jueces por cada región, debiendo ser naturales de ella, o tener al menos ocho años de residencia inmediata en la zona respectiva.

El tercero corresponde a la neuquina Silvia Sapag (Unidad Ciudadana-FdT) y también plantea una composición por regiones, elevando de 5 a 15 los integrantes de la Corte. Además, dispone una serie de requisitos para la elección de los magistrados, tales como la realización de tres audiencias públicas -dos deberán realizarse en alguna de las cinco regiones del país- y que los candidatos informen sobre sus bienes y trayectoria laboral.

La cuarta iniciativa corresponde a la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina), que se limita a regular el cupo femenino en el seno del tribunal, sin elevar su número, presentado en oportunidad de la renuncia de Elena Highton de Nolasco, desde la cual el máximo tribunal está conformado por cuatro hombres: Horacio Rosatti (presidente), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Como se mencionó, el quinto proyecto fue presentado -luego de la nota de los gobernadores- por Mayans y Fernández Sagasti. El texto propone elevar el número de miembros a 25, con el objetivo de “fortalecer la inmediatez de los expedientes”. Se trata de una iniciativa de tan solo 5 artículos, el primero de los cuales habla del número de miembros; propone que “las decisiones de la Corte Suprema se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los miembros que integren al momento de adoptarlas”; y establece que los cuatro actuales jueces seguirán en sus cargos y se cubrirían solo las vacantes.

En una extensa exposición, a la que le siguieron varias preguntas de legisladores, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, se presentó este miércoles ante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados para defender el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, con media sanción del Senado.

Tal como se esperaba, el funcionario abundó en críticas a la Corte Suprema, al denunciar una “intervención política” en el Consejo, al cual “se metió por la ventana” a través de un fallo en el que “atentaron contra la división de poderes”. “Es absolutamente necesario que avancemos en sancionar una ley y ponerle fin a este entuerto”, señaló.

Al recordar su exposición el 22 de marzo pasado en el Senado, mencionó que en ese momento “faltaban apenas tres semanas para que operara el plazo, plazo impuesto lamentablemente y perentoriamente por la Corte Suprema” que vencía el 15 de abril y “había fijado 120 días para la sanción de una nueva ley”.

Soria subrayó que ese fallo del 16 de diciembre de 2021 representó “una profunda gravedad institucional que revestía que el Congreso de la Nación se viese obligado a legislar bajo presión”.

“Lamentablemente hoy esta Cámara de Diputados ya no está obligada a legislar bajo presión; la Corte hoy lo que ha generado este que esta Cámara ya esté directamente trabajando en la sanción de una ley durante la flagrante intervención de la Corte en el Consejo”, sostuvo.

Además, el titular de la cartera de Justicia consideró que la sentencia “más que un fallo jurídico es un fallo político, instrumentado con la apariencia de un fallo judicial”. Y que “al devolverle la vigencia a una ley derogada por el Congreso, sentó un gravísimo precedente que atenta directamente contra la división de poderes”.

Asimismo, esa decisión “socava y atenta también contra las facultades constitucionales” del Poder Legislativo, y esto “no lo dice solamente un ministro, el presidente o la vicepresidenta”, sino que “lo dice uno de los cuatro jueces de la Corte Suprema”.

Así, en alusión al voto en disidencia de Ricardo Lorenzetti, citó textual lo dicho por el juez: “Una ley derogada no puede ser restituida en su vigencia y es lo que se enseña en los primeros cursos de la Facultad de Derecho”. Y, sobre la decisión de sus colegas, Lorenzetti señaló que “contradice los principios básicos del derecho que no pueden ser ignorados por ninguno de sus magistrados”.

En su presentación en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, el ministro opinó que en este contexto “sancionar una ley que reestablezca el normal funcionamiento de un órgano constitucional es fundamental”.

“Todos sabíamos que ese fallo no iba a poder ser cumplido. Era prácticamente incumplible esos 120 días. Y no nos equivocamos, fíjense la fecha en la que estamos y todavía no tenemos ley”, continuó.

Tras definir al fallo de la Corte como “de facto”, el rionegrino expresó que “el Congreso no puede avalar este fallo de la Corte, porque estaría sentando, sin lugar a dudas, un precedente contrario a la Constitución, pero también así mismo”.

“Seguramente a algún diputado o diputada no le agrade que yo diga que un fallo de la Corte no es una sentencia judicial, sino más bien un fallo político”, reconoció, pero argumentó: “Si no coinciden con la gravedad no tienen por qué creerme a mí, pero basta con ver los hechos”.

Entonces, repasó que la demanda del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires contra la Ley 26.080, sancionada en 2006, se inició ese mismo año y llegó a la Corte en agosto de 2017. “Precisamente por eso, el Gobierno anterior, en diciembre de 2017, presenta en el Congreso un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura muy, pero muy parecido al que hoy estamos analizando”, apuntó.

Y agregó que, en abril de 2018, la Corte le pidió al procurador interino, Eduardo Casal, que dictamine en la causa del Consejo. Sin embargo, el 16 de ese mes, “en una extraña reunión”, la Corte recibió al exjefe de Gabinete, Marcos Peña, y al exministro de Justicia, Germán Garavano. Y, tras ese encuentro, “de golpe y porrazo desaparece el expediente, se le pierde el rastro. No sabemos en qué cajón de esta Corte, ese expediente durmió el justo sueño”.

Más adelante en el tiempo, apoyado en noticias periodísticas que mostró en pantalla, Soria señaló que el 3 de diciembre de 2021, cuando el oficialismo se aprestaba a cubrir las vacantes de Leopoldo Buglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal, “el Consejo de la Magistratura se aprestaba a cumplir con la Constitución, para reemplazar a esos dos camaristas, que entre tantos otros habían sido trasladados a dedo, y de golpe, por arte de magia, unos días más tarde la Corte vuelve a desempolvar, vuelve a encontrar en un mágico cajón, la causa del Consejo. ¿Qué extraño no?”.

El ministro cuestionó que la Corte tuvo el expediente por 1.710 días, pero al Congreso “le exigen una ley en 120 días”. Tras ello, mencionó que luego que se restituyera la ley de 1997, el 15 de abril pasado, “pasaron 50 días sin que el Consejo se reuniera”. “Esta parálisis no es gratuita, no es inocua”, sumó.

“La interferencia que hizo la Corte en su fallo creo que no puede dejar de conmover a los diputados y diputadas de todos los bloques”, insistió y llamó a debatir por “un Consejo que sea más democrático, funcione más equilibradamente y sea menos corporativo”. “O si por el contrario algunos quieren volver a concentrar todo el poder en pocas personas”, lanzó.

Sobre la iniciativa con media sanción, el funcionario afirmó que “es un proyecto que está totalmente abierto para discutirlo”. “Es inobjetable desde el punto de vista institucional y constitucional e incorpora varias modificaciones que venían de muchos años atrás”, ponderó.

Mientras que diferenció que el modelo de 1997 restituido “es un modelo inconstitucional, ineficiente, pero también totalmente antidemocrático a estos tiempos actuales”. “Se aprobó, fracasó y por eso fue superado con la ley de 2006”, enfatizó y enrostró a la oposición que “esto no es algo que lo digamos nosotros, lo dijeron ustedes mismos en el 2017”.

Así, al repasar los fundamentos del proyecto presentado por la gestión de Cambiemos, indicó que ese texto “tampoco hablaba de que la presidencia del Consejo de la Magistratura la iba a ejercer de facto el presidente de la Corte”. “Sostenían que el mejor equilibrio constitucional se logra sin la Corte Suprema”, recordó y disparó: “Por eso llama la atención que cuatro años más tarde quieran borrar con el codo lo que escribieron con la mano”.

El exdiputado, que estuvo acompañado a su lado por el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, añadió que en ese momento el Frente para la Victoria no lo acompañó porque “el proyecto planteaba la modificación de las mayorías para el quórum. Eso en aquel momento nos parecía grave”.

Al cerrar su exposición, Soria remarcó que “esta Cámara tiene la enorme responsabilidad de legislar sobre una ley que viene a completar lo que el constituyente de 1994 pudo establecer a medias”.

Durante la breve reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de este miércoles, el senador del Frente de Todos Oscar Parrilli expuso los lineamientos de las dos propuestas para modificar las leyes vigentes referidas a las convocatorias a consulta popular vinculante y no vinculante. 

Ante los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador por Jujuy Guillermo Snopek (Frente de Todos), Parrilli dio detalles de su iniciativa y otra de su par bonaerense Juliana Di Tulio: “Las leyes que rigen actualmente datan del 2000-2002 aproximadamente y desde esa vez nunca se hizo una consulta popular”, y aseguró que “esto quiere decir que el mecanismo no funcionó. Evidentemente algún problema tenía esas leyes”, evaluó. 

En este sentido, Parrilli sostuvo que a través de la consulta popular “lo que se plantea es más democracia directa, más participación de la población”, por lo que con los proyectos “se busca hacer más ágiles, más dinámicos, los mecanismos para la participación del pueblo por medio de la consulta popular”. 

“No estamos siendo originales, ni creativos ni novedosos en este tema, sino lo que queremos es empezar a trabajar y que asumamos que las leyes actuales vigentes, como están vigentes no permiten que las iniciativas de consulta popular se puedan llevar adelante”, remarcó. 

Además, informó que por los proyectos en debate se intentará modificar permitir que el día de una elección se pueda concretar en forma paralela una consulta popular y que para su convocatoria solo se necesite una mayoría simple de legisladores “en vez de una mayoría absoluta”, como se requiere en la actualidad. 

Por último, dijo que la intención es que se pueda convocar a consulta popular por cualquier tema de interés “excepto en lo que respecta a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos y materia penal”. 

Tras su exposición, tomó la palabra la senadora radical mendocina Mariana Juri, para señalar que –a título personal- le parecía que “no era momento para tratar esos temas”, pero que sí le parecía bien escuchar a invitados. 

Y a continuación pasaron a un cuarto intermedio hasta la semana entrante. 

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados realizó este martes una nueva reunión informativa, con la participación de especialistas, sobre el debate de la reforma del Consejo de la Magistratura.

Como a lo largo de las jornadas previas, en esta ocasión los invitados también pidieron aprovechar la discusión para aprobar una modificación más integral, que no tenga que ver solo con la conformación del órgano judicial, sino con su funcionamiento.

Entre los expositores estuvo el exministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, quien señaló que “institucionalmente no podemos funcionar con un Consejo de la Magistratura que proviene del restablecimiento de la vigencia de una ley anterior por un fallo de la Corte. Esto lo tiene que decidir la política, lo tiene que decidir el Congreso de la Nación”.

En ese sentido, enfatizó: “Pero no decidirlo de cualquier manera, debemos aspirar en esta oportunidad a hacer una ley duradera. No podemos estar cada dos o tres años discutiendo nuevamente”.

Para eso, el flamante presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal consideró que se requiere de “un acuerdo generoso, sólido y verdadero entre las fuerzas políticas”, y no de conseguir sancionar la ley por uno o dos votos de diferencia. “Eso no sirve”, subrayó.

“Hago votos para que las discusiones parlamentarias permitan arribar a un consenso” y “todos los argentinos puedan tener una institución que funcione adecuadamente para el régimen democrático”, sostuvo.

Durante su intervención, el exlegislador y exconvencional constituyente recordó que este se trata de un “tema manido” ya que “pocas instituciones han tenido una discusión parlamentaria como el Consejo de la Magistratura”. En esa línea, dijo que esta es la cuarta ley que se debate en torno a “una institución que es compleja”, pero sobre la cual “la intención del constituyente fue muy clara: no eliminar la política, pero sí restringir esta discrecionalidad para darle una base de idoneidad técnica”.

El abogado constitucionalista defendió que “la ley (de 1997) vigente por la decisión de la Corte fue seguramente la ley que obtuvo mayor consenso; fue votada prácticamente por unanimidad en las dos cámaras” y fue la que “inaugura la mejor etapa que tuvo el Consejo”.

Además, remarcó que todas las otras leyes “fueron sancionadas con minorías apretadas y esto no es bueno, y es lo que hace que el tema vuelva a recurrir”.

El Consejo “no ha funcionado lo bien que se ha querido, ha habido bloqueos permanentes, exceso de partidización, atraso en las designaciones”, enumeró Gil Lavedra, que consideró que “la llave para poder encontrar alguna salida para este exceso de partidización es diferente a discutir tanto el equilibrio, que por supuesto es importante” sino más bien centrarse en “aumentar el empoderamiento técnico del Consejo”.

Sobre si la Corte Suprema debe ser parte del Consejo, o incluso presidirlo, el exministro de Justicia reconoció que “hay buenas razones de ambos lados”, pero deslizó que cuando la Corte estuvo presente “le ha dado una mayor contención, y ha funcionado mejor el Consejo”. “Pero es el punto espinoso que queda librado al debate político”, expresó.

Yendo al proyecto con media sanción del Senado, el exdiputado opinó que los académicos “tendrían que no ser elegidos de manera indirecta”, sino por sus pares o por región.

Si bien vio con buenos ojos que se cree una comisión federal, manifestó: “No entiendo por qué tiene que estar integrada solamente por senadores”. Y propuso que también se sumen a abogados y jueces de las regiones, ya que son cargos ad honorem.

Consideró que deberían incluirse los concursos anticipados para que “las vacantes sean cubiertas rápidamente”; que hacen falta “más pautas respecto de los concursos”, ya que en la cuestión de los antecedentes “debe haber una evaluación objetiva”; y que las impugnaciones no deben ser resueltas por la comisión, sino por un jurado técnico.

El abogado también recomendó que en la ley quede establecido que “al menos uno de los integrantes de las ternas sea mujer”; que se hagan cambios respecto a las entrevistas personales, donde advirtió “se cambian los órdenes de mérito”; y que “los antecedentes judiciales no sean sopesados con mayor intensidad que los de los abogados y abogadas”.

Para Gil Lavedra, respecto a la escuela judicial, “no tiene que ser para cursos ocasionales y discrecionales”, sino que debe haber “cursos permanentes de actualización a los jueces”.

Tampoco se “pueden tener los procesos disciplinarios abiertos indefinidamente”, alertó y completó: “No hay nada en la media sanción sobre la evaluación del desempeño de la justicia. El Consejo tiene que tener estadísticas confiables, que evalúen el desempeño judicial, y auditorías, justamente para poder ejercer su función disciplinaria”.

Más expositores

A su turno, Alejandro Segarra, de la Asociación por los Derechos Civiles, no se refirió a la composición del Consejo de la Magistratura, sino a dar sugerencias sobre aspectos en el proceso de selección de magistrados que deberían cambiarse o incluirse en la ley, para dar a esa instancia una “mayor eficiencia y rapidez”.

En ese sentido, explicó que habría que “contener plazos perentorios en todo lo que son procesos anteriores a la etapa de oposición” y sanciones “si no se siguen esos plazos”. Por ejemplo, recomendó poner límites de tiempo para la toma de exámenes y para dar las calificaciones. También opinó que la entrevista personal a los candidatos debería ser “directamente ante el plenario” y no en comisión; y mencionó que la evaluación de las impugnaciones “lleva mucho tiempo”.

En su exposición, Segarra planteó que habría que establecer “lineamientos generales un poco más específicos” para la selección de los magistrados respecto de su “formación, experiencia laboral, docencia” e incluso la perspectiva de género, y “cómo se puntúan este tipo de antecedentes”.

Por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Sebastián Pilo apuntó que el proyecto que se sancione “tiene que ser constitucional” y tener un “equilibrio de estamentos”, el cual consideró que la iniciativa con media sanción sí “cumple ese estándar” que reclamó la Corte Suprema en su fallo de diciembre pasado.

Pero también advirtió por el “equilibrio en las fuerzas políticas” y, en esa línea, reivindicó que la ley de 1997 contempla en definitiva una “mayor pluralidad en la representación política”, mientras que el proyecto en tratamiento “quita las segundas minorías”. Por eso, solicitó “generar mecanismos que representen la diversidad de la conformación del Congreso de un modo genuino”, al considerar que debería tomarse el concepto de interbloques para elegir a los representantes por el Poder Legislativo.

“Necesitamos que el proyecto atienda a los problemas de funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que no son solamente sus equilibrios o desequilibrios en los estamentos, y este proyecto no atiende esos problemas”, señaló.

Pilo enumeró que entre esos problemas, “tenemos un sistema pésimo, muy malo, de selección de magistrados; uno todavía peor en materia de procesos disciplinarios; niveles de transparencia y de acceso a la información muy debilitados; e instancias de participación ciudadana nulas”.

En su intervención, el expositor remarcó que “necesitamos un proyecto que no se revierta en dos años, necesitamos un diseño para el Consejo de la Magistratura que pueda pensarse en el mediano plazo”, en alusión a que se necesita un respaldo mayoritario a la hora de su sanción.

Por su parte, Lorena González Tocci, miembro fundadora de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales, se mostró a favor de la “búsqueda del mejor modelo constitucional posible”, pero recordó que, en su origen, el Consejo se creó “hasta donde llegó el consenso” -en la reforma constitucional de 1994- y se trata de “una figura extraña”. Por lo tanto, “no podemos diseñar una mejor ley posible si no sabemos que ese Consejo no se parece a los Consejos del sistema comparado”, expresó.

Sobre el proyecto con media sanción, la abogada observó “un problema de sobrerepresentación del Senado” ya que los senadores “tienen una segunda intervención” en el proceso en el proceso de selección de los magistrados, al participar de las audiencias públicas que se realizan en la Cámara alta y el tratamiento de los pliegos.

También opinó que en la quinta comisión que se crea, de representación federal, hay “un problema de subrepresentación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” por el traspaso de las competencias pendiente.

González Tocci se manifestó a favor del plazo de cuatro años con una reelección para los consejeros; mientras que, por otro lado, consideró que en una nueva ley hay que “reducir el peso de la entrevista” para los candidatos y “hacer hincapié en la formación y capacidad”. También sostuvo que sobre el tema de las vacantes, uno de los “más graves que tiene el Consejo”, debería haber “concursos preliminares o anticipados”.

Finalmente, aunque reconoció un “avance claro en casi todos los aspectos” en el proyecto sobre la cuestión de género, resaltó que “lo mira en una única dirección” respecto de la integración, pero la paridad debe estar contemplada también para las ternas en la selección de magistrados.

Sobre la conformación del Consejo, el abogado Sebastián Guidi aseveró que “la discusión más urgente no es si vamos a agregar un abogado más o dos jueces más, porque si esos jueces o abogados están igual de politizados que los diputados y senadores no resolvemos el problema”.

Así, opinó que deberían plantearse como “requisitos para ser representantes de los jueces o abogados, no haber ocupado cargos públicos o haber sido candidatos”.

En alusión a los académicos, el letrado los consideró “veedores, por lo cual se puede pensar en mecanismos no electorales para su designación” tales como “un sorteo, un concurso” ya que “no tienen por qué ser representantes”.

Y llamó a establecer que “la elección de los políticos en estas cámaras sea menos conflictiva” y no “hacer depender la elección de los bloques, de cómo se autoperciben, si como bloque, como mayoría y demás; eso es problemático”. Guidi propuso entonces una “solución ancestral y sabia” que es que los representantes se elijan con “los dos tercios de la Asamblea Legislativa”. “Esto soluciona este problema, obliga al diálogo político y además permite enviar representantes full time, ya que estamos”, añadió.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados, que presiden los oficialistas Hernán Pérez Araujo y Rodolfo Tailhade recibieron a casi una veintena de expositores, en su mayoría abogados, que plantearon sus argumentos en favor o en contra de las distintas iniciativas, puntualmente la que ya cuenta con media sanción del Senado, que proponen modificar la composición del Consejo de la Magistratura. 

El abogado penalista Francisco Marull abrió la ronda de expositores para compartir una reflexión con el fin de que “ayuden a construir una ley trascendente y necesario. Trascendente porque puede que se trata de una de las reformas vinculadas a la Justicia más importante de los últimos años, y necesaria porque nos encontramos en una coyuntura ante la vigencia de una ley, que todos coincidiremos, no refleja ni las representaciones ni las realidades, ni mucho menos de las necesidades de nuestros tiempos si no aquellas de hace más de 25 años”.

“Vengo a hablar de la representación de los ámbitos académicos en el Consejo. Necesitamos un Consejo que se estructura de una forma efectivamente federal. Esto es importante no solo porque la Justicia Federal tiene juzgados y Cámaras en todos los rincones del país y es importante atender a las necesidades de funcionamiento de estos organismos; pero hay otra razón más importante que tiene que ver con las necesidades de la ciudadanía toda. Los asuntos que trata la Justicia Federal son asuntos que interesan y afectan a todos los habitantes de nuestro país”, resaltó Marull.

Y cerró: “Entiendo que el proyecto que ya cuenta con media sanción, considera esta perspectiva federal y resuelve satisfactoriamente la cuestión. El camino que la ley puede y debe confirmar es el camino de una representación federal real, y no formal”.

A su turno, María Elena Barbagelata, dirigente socialista, presidenta de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires y titular de la Comisión de Derechos de la Mujer de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, manifestó que “hay un tema que debemos profundizar y es el tema de género”, y destacó: “El proyecto que viene con media sanción me parece clara en la composición de paridad, es una positiva propuesta de integración paritaria. Y tal como está redactada, señala que esta paridad es un piso y no un techo”.

“Pero analizando las posibilidades que puede tener esta reforma creo que hay que profundizar este tema”, cuestionó y propuso “contemplar en la ley diversas acciones positivas como en el proceso de selección de magistrados para que se presentan las ternas conformadas por lo menos por una mujer. Además, propongo que cuando la vacante a cubrir correspondiera a un fuero en el cual las magistradas mujeres estén subrepresentadas, las vacantes sean cubiertas por candidatas mujeres”, entre otros.

Por otro lado, Pablo Hunger, politólogo y consultor en administración judicial, adelantó: “Lo que vengo a exponer son los resultados de mi investigación respecto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura en las últimas dos décadas”.

“Cuando en el 2006 el oficialismo explicaba los objetivos de su reforma, estos no se cumplieron. Porque el Consejo no fue más ágil, no fue más eficaz en los procesos de selección, de sanción y de remoción de los jueces. A partir la Ley 26.080 se da un escenario de mayor participación de los estamentos partidarios, y del oficialismo en particular”, relató.

En ese contexto, opinó: “Creo que se puede hablar de equilibrio cuando no hay un poder hegemónico. Y creo que después de 25 años aproximadamente, podríamos coincidir en que la reforma constitucional y la redacción del artículo 114 tal vez se quedaron cortos en algunos aspectos, que podrían habernos evitado al menos 15 años donde esta cuestión de fondo que atañe al Consejo de la Magistratura fue judicializada y no tuvo respuesta”.

En tanto, recomendó que “hay consejos en el mundo que cuando entran en situación de parálisis tienen mecanismos para destrabarlos”, por lo que hay que “dotar de opinión no vinculante en los temas de modificación del Poder Judicial y administración de Justicia. Es muy importante establecer los criterios de gestión”.

En su intervención, el abogado Joaquín Da Rocha ponderó: “De la lectura que he hecho del texto del proyecto, diría que satisface las características mínimas que yo creo que debe tener una reforma para ser adecuada, y sobre todo útil. De estudios pasados yo creo que muchos de los defectos de otras reformas tienen que ver con los números. Yo creo que en este proyecto están bien en la integración”.

“Me adelanto a decir que cuando el presidente de la Corte era el presidente del Consejo no fue una buena experiencia”, cuestionó y sumó: “Si bien facilitó el encuentro con el más alto tribunal del país, por otra parte, también se sintió la presencia del presidente que ejercía ambos cargos en ambas entidades. Cuando salió el presidente de la Corte nos manejábamos con mayor igualdad”.

Su par Andrés Gil Domínguez celebró que “sea el ámbito del Congreso mediante la sanción de una nueva ley el órgano que dé respuesta a la exportación dictada por la Corte Suprema de Justicia”, porque “es la respuesta más racional, democrática y adecuada al fallo, y bajo ningún punto de vista puede serlo el restablecimiento permanente de una ley que fue derogada en 2006 por los severos y graves problemas que trajo esa ley para un funcionamiento eficaz del Consejo de la Magistratura”.

“En segundo lugar, la Corte Suprema estableció un estándar muy claro al interpretar por equilibrio entre los cuatro estamentos que conforman el Consejo de la Magistratura se entendía la imposibilidad que, en el número determinado por la ley, un estamento tuviera una posición hegemónica formal con respecto a los otros estamentos”, enumeró.

En tanto, precisó que, para evitar futuros planteos de inconstitucional, “hay dos posibilidades de desarrollar este estándar: una primera, el equilibrio por igualdad. Esto es que todos los estamentos tengan la misma cantidad de integrantes. Y la otra forma, es el equilibrio por imposibilidad de hegemonía estamental”, y siguió: “Desde mi punto de vista, la que tiene mayor intensidad democrática es aquella a la que otorga a todos los estamentos la misma cantidad de miembros”.

En suma, consideró: “El proyecto que ha recibido la sanción por la Cámara de Senadores responde al estándar establecido por la Corte Suprema. En términos que el número 17 y como está distribuido desde mi punto de vista impide que ningún estamento tenga una postura hegemónica respecto al resto de los estamentos”.

“Finalmente, desde mi punto de vista la situación de que el presidente de la Corte presida al Consejo de la Magistratura por imposición legal, esta situación es inconstitucional. Establecer en una ley que el presidente de la Corte es a priori y para siempre el presidente del Consejo sin ser electo por sus pares parlamentarios del plenario implica una quiebre del equilibrio de los estamentos que establece la Constitución y que la Corte ha impuesto para declarar la inconstitucionalidad de una ley”, criticó.

A su turno, César Antonio Grau, abogado e integrante del Ministerio Público Fiscal, señaló que “la finalidad mínima que tiene que tener esta ley es que sea constitucional, es decir que pase el filtro posterior del Poder Judicial. Y la segunda finalidad es que sea una mejora de la ley actual”.

“El tema esencial que divide las aguas en los trece proyectos presentados, aparte del que ya tiene media sanción, es la incorporación o no del miembro de la Corte”, indicó.

Respecto a este tema, manifestó que “la Constitución no previó el carácter contra mayoritario del Consejo como órgano porque previó precisamente un equilibrio estamentario. Y lo segundo es que la Constitución lo que quiso es garantizar la independencia de los jueces, y esta independencia tiene un doble sentido, horizontal, respecto al Ejecutivo, y vertical, de la Corte”. 

Por otro lado, Grau precisó que “más de la mitad de los proyectos presentados contemplan la incorporación de la Corte en el Consejo”, y se preguntó: “¿Es posible esta incorporación? Sí, en el mundo hay modelos repartidos en este aspecto”.

“Podrían incorporarse ciertos contrapesos que hagan al equilibrio constitucional. En primer lugar, la duración del miembro de la Corte Suprema sea de un año, que sea rotativo. Por otra parte, podría retrotraerse la participación de los jueces a tres, más el de la Corte. Esto es un principio básico”, consideró.

En su exposición, el abogado constitucionalista Alfredo Vítolo sostuvo: “Hoy estamos acá porque una ley de 2006 fue controvertida y dictada inconstitucional”, pero señaló que “además de inconstitucional, era una ley débil porque había sido aprobada en el Congreso por estrictas mayorías partidarias, y no es un dato menor que una ley de esta naturaleza deba tener consenso fuerte”.

En ese sentido, subrayó que “en un tema como este se necesita una ley que tenga fuertes consensos democráticos que superen las limitaciones partidarias”, y opinó: “Creo que es una gran oportunidad para que nos tomemos el tiempo para que la ley sea la mejor ley posible, que tenga los fuertes consensos democráticos y supere cualquier cambio de gobierno”.

“La propuesta que viene del Senado solamente se acomodó a un legislador para incorporar algunos temas y conseguir el voto que faltaba, pero no es producto de un consenso. Ustedes tienen la posibilidad hoy de salir a buscar consensos fuertes”, cuestionó Vítolo.

Marcia Lozada Figueroa, presidenta de la Asociación de Magistrados y funcionarios Judiciales de Catamarca, destacó la importancia que en el ámbito del Congreso “se analiza y se resuelva la determinación de la configuración y funcionamiento de un órgano de origen constitucional”.  

“En mi provincia funciona la comisión evaluadora, con competencia para sustanciar los procesos de selección de los magistrados del Poder Judicial que requieren acuerdo del Senado. El nuestro es un diseño académico, jurídico y técnico más que político. Ya que queda mayormente el espacio de la política reservado para la etapa del gobernador y el Senado que decidirán si aprueban o no el pliego en cada caso”, contó.

Por otro lado, se refirió a la cuestión de género: “Con relación a la perspectiva de género, en nuestro reglamento se incluyen normas que contemplan expresamente en el proceso de selección de jurados se hacen preguntas de género y derechos humanos. Y existe una norma que dispone expresamente que se observara a lo largo de todo el proceso de selección el principio de equidad entre el hombre y la mujer, asegurando en todas sus etapas la efectiva aplicación de este paradigma rector”.

Por consiguiente, ponderó el proyecto porque “tiene un gran avance en materia de género, donde se reconoce el importante rol de las mujeres en la construcción de nuestras instituciones. Es una medida de acción positiva que asegura un piso mínimo de participación”.

Al tener la palabra la abogada y profesora de Derecho, Natalia Volosin, sobre el proyecto que tiene media sanción del Senado señaló como aspectos positivos que “la integración que plantea supera el estándar que planteó la Corte y que no haya ningún estamento, ningún sector que tenga predominio uno sobre el otro. Esto no ocurre con la integración que se propone, sobre todo si pensamos en el quórum”.

“Si veo un problema en la eliminación de la segunda minoría, que ya se había hecho en el 2006, y en el 2003 e insiste de nuevo en esto que es inaceptable”, cuestionó y solicitó volver a la ley del 1997 que planteaba “que haya un Consejo de la Magistratura integrado por el sector político de una manera más plural. Tal vez les puede servir en el futuro, piénsenlo de esa manera”.

Otro de los aspectos que destacó es la paridad de género, pero señaló: “La integración en el caso del Poder Ejecutivo porque hay una mala concepción en lo que es en materia de género respecto a que sea por mandatos. Las acciones afirmativas tienen por objetivo reparar o corregir una situación de desigualdad histórica y estructural que tenemos las mujeres para acceder al Poder Judicial”, señaló que esto debe avanzar en la integración de los jurados, de las comisiones.

“Sería inaceptable que si sale esta ley nueva no establece al menos un cupo femenino con la integración de las ternas algo que no se respeta dentro del Consejo y que se tuvo que judicializar”, precisó y, en tercer lugar, ponderó la federalización que plantea el proyecto.

Respecto a las cuestiones negativas, enumeró: “La cuestión de la escuela judicial que son jueces y juezas que dan clases y cobran un segundo salario. Sostener esto es un papelón; eliminamos el principio de igualdad de trato y no de discriminación a los efectos de los concursos de quienes hicieron carrera judicial o en otro lado; la eliminación de los diputados del jurado de enjuiciamiento, no los pueden borrar de un plumazo; el tema del procedimiento de remoción porque se elimina el proceso de remoción por mal desempeño a quienes sean integrantes del sector político, parece un chiste”.

A su turno, el profesor de derecho constitucional e integrante de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales, Pedro Caminos, señaló que lo importante cuando pensamos reformas institucionales es que “estamos, precisamente diseñando instituciones. Estamos tratando de crear, o de reformar instituciones para que perduren en el tiempo”.  

Respecto a la necesidad de construcción de consenso consideró que hay que agregarle una perspectiva adicional: “Que es que en una democracia que funciona razonablemente bien, mayorías y minorías se alternan a lo largo del tiempo. Por lo tanto, tenemos que tratar de pensar la mejor reforma institucional posible para cualquiera de los lugares del mostrador que nos toque estar. Este tiene que ser el baremo para pensar una reforma institucional”. 

Finalmente, sobre la discusión sobre la presencia de la Corte en el Consejo sostuvo que “debemos pensarla pragmáticamente, si no queremos que la ley sea nuevamente judicializada de forma predecible, entonces debemos incluir a la Corte Suprema de alguna manera en el Concejo”. 

José Luis Lasalle, presidente del Colegio de Abogados de San Nicolás, y actual presidente de la Federación Argentina del Colegio de Abogados, destacó que, efectivamente, la intención de los convencionales del 94’ “fue de pasar de la partidización de un proceso de elección de magistrados, para pasar a un proceso de selección sobre la base de concursos públicos”. 

Por esto, manifestó estar convencido “de que todo el tiempo que perdamos en debatir y en generar un consenso tan necesario para lograr una ley perdurable en el tiempo, se va a ganar en el futuro evitándose cuestionamientos, judicializaciones y diferencias que en nada contribuirán en ese objetivo fundamntal que es garantizar la independencia de la Justicia y fundamentalmente generar ante la sociedad civil una credibilidad hoy perdida en un gran porcentaje”. 

A continuación, Gustavo Arballo, profesor de derecho en la Universidad Nacional de La Pampa advirtió la urgencia de resolver la situación en la que la Corte Suprema resolvió “resucitar una ley”; y respecto a la nueva composición propuesta por el proyecto del oficialismo consideró “que está balanceada, y que tiene un uso razonable de las mayorías agravadas, bien calibradas para que no haya sorpresa y no haya predominio. E incorpora una demanda que no puede ser soslayada, que es tomarse muy en serio la participación de igualdad de género”. 

Leandro Halperín, abogado y docente se refirió a las funciones originales del Consejo: “La Justicia es el sistema que debiera resolver conflictos cuando requieren del arbitraje estatal de manera eficaz. Interpretar si la Justicia funciona o no de esa manera es lo que motivó al constituyente en 1994 a crear el Consejo de la Magistratura, porque lo se consideraba era que la Justicia era ineficaz, lenta, cara, que su lenguaje era incomprensible, etc. y que los resultados eran escasos y frágiles. Varios años más tarde el diagnóstico de entonces no se aleja mucho en la actualidad”. 

Respecto al proyecto con media sanción, lo primero que señaló es que “se distorsiona la representación popular. Porque si efectivamente se aprobase la nueva composición, el oficialismo pasaría a tener un 71% de la representación política, cuando en realidad la voluntad popular le da apenas por encima del 40, y en el Congreso también. Creo que debiera revisarse esta política”. 

Y el segundo aspecto que cuestionó es “la politización del estamento de los académicos. Considero que no corresponde que sean los decanos quienes elijan los representantes de los profesores. Creo que la interpretación correcta de la representación de sus pares es si ellos elijen”. 

Seguidamente, la politóloga y directora ejecutiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Aldana Romano, señaló que para ellos es especialmente importante este debate: “Es uno de los pocos proyectos que nos entusiasma. Y creemos que estamos ahora sí ante un proyecto que puede realmente tener impacto en la calidad del sistema de Justicia penal, algo que nos preocupa y ocupa hace más de 30 años en la Argentina”. 

En este sentido, profundizó: “Creemos que estamos ante una posibilidad única de mejorar la media sanción que viene del Senado, y encontrar un proyecto posible que pueda converger en una reforma que tenga impacto real en la calidad institucional. Si nos quedamos solamente en la conformación, para nosotros es una reforma insuficiente. El Congreso tiene que dar un mensaje claro para evitar tergiversaciones a la norma sobre dos aspectos claves: uno los concursos. Y el otro el tema de la administración”. 

Martín Hevia, decano y profesor de derecho en la Universidad Torcuato Di Tella, remarcó que el fallo de la Corte Suprema “hizo que el debate público se concentrara en lo que hace a la integración del Consejo. Pero creo que también es una gran oportunidad para debatir sobre otras dimensiones relevantes”. 

Y señaló que “uno de los grandes avances ha sido el sistema de concursos. En términos de la transparencia para el funcionamiento de la Justicia. Con el sistema de concursos disminuyó la discrecionalidad en la selección de magistrados, y eso creo que ha sido un gran avance” 

“La Constitución cuando hace referencia al Consejo de la Magistratura menciona las funciones, entre otras cosas centrales es la selección de magistrados. Un siguiente salto de calidad podría ser un acuerdo o un consenso acerca de la discrecionalidad y del mérito basado en antecedentes de los candidatos. Creo que esta es una pregunta muy importante, cómo organizamos los concursos, y cuál es el papel que le vamos a dar en esa evaluación a la entrevista con candidatos, y cuánto pesa el examen”, concluyó 

Finalmente, Martín Casares, magíster en Derecho Penal y consultor en Política Criminal y Justicia Penal, señaló que, en primer lugar, es “muy importante destacar la necesidad de una ley que sea con amplio consenso, para tener una ley duradera y que no estemos discutiendo una de las leyes institucionales más importantes del Poder Judicial cada cinco o seis años”. 

“El fallo de la Corte destacó el equilibrio como tema central en el Consejo de la Magistratura por las funciones de seleccionar jueces, de administrar el Poder Judicial, y también de aplicar sanciones y de impulsar los procesos de remoción”, agregó, al tiempo que advitió que el Consejo de la Magistratura “es clave en la función de garantizar la independencia judicial, y volver un poco al objetivo que tuvo el constituyente a la ahora de incorporar a la Constitución esta figura”. 

“En cuanto al proyecto, si bien puede ser que sea equilibrado en la cantidad de integrantes en los términos que definió el fallo de la Corte, me parece que el estamento político sigue siendo el de mayor tamaño, a su vez esto tiene la debilidad que deja de lado la tercera posición, la tercera mayoría. Yo me inclino por un modelo donde los tres estamentos tengan la misma cantidad de integrantes”, cerró el expositor. 

Más de una veintena de invitados pasaron este martes por el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que analizan los proyectos de boleta única de papel. De acuerdo al cronograma votado en el emplazamiento impulsado por la oposición, la próxima semana se dará el debate propiamente dicho entre los legisladores de cara al dictamen.

El rechazo del Poder Ejecutivo

La jornada, que duró más de cuatro horas, arrancó picante con la participación de la secretaria de Asuntos Políticos, Patricia García Blanco, quien dejó sentado el rechazo del Gobierno al cambio en el instrumento de votación. “Una reforma política no puede hacerse a las apuradas y menos para imponer una agenda”, enfatizó la funcionaria, quien argumentó que “desde 1983 a la fecha las elecciones nacionales se desarrollan con total normalidad, hay una alta participación electoral, hay alternancia en el gobierno y los resultados nunca fueron judicializados”.

“El sistema de boletas partidarias ha funcionado de manera eficaz durante todos estos años. Es un sistema imparcial, que se basa en la fiscalización cruzada; ha legitimado a todos los ganadores en todos los niveles y ha dado una pacífica alternancia entre las fuerzas políticas”, continuó y enumeró las desventajas que considera de la boleta única.

Además, en alusión a su posible implementación en 2023, advirtió que “la elección presidencial es el momento menos propicio para introducir un cambio al sistema, porque una reforma de esta magnitud crea incertidumbre al momento de elegir la primera magistratura”.

Cerró las exposiciones el actual director nacional Electoral, Marcos Schiavi, quien expresó que tenía “más dudas que certezas” respecto de lo escuchado, por cuanto encontraba contradicciones entre las propias exposicioines.
A su juicio, “estamos en una discusión apresurada, exprés. Me parece que necesitamos más tiempo para hablar, pensar, diagnosticar sobre algo que es el corazón del sistema electoral, que es cómo se vincula el ciudadano con el voto”. Así las cosas, estimó que discutir este tema en menos de un mes le parecía “complejo”. Recordó que el sistema vigente es centenario, por lo que insistió: “Resolverlo parlamentariamente en un mes, me parece complejo”.

“La discusión tiene que ser más informada”, resumió, enfatizando que “no es una reforma más, estamos hablando de una discusión central para el sistema, porque impacta en el sistema de partidos, la logística, la elección”.
“Me parece que perdimos la oportunidad de ver qué boleta única estamos hablando”, insistió Schiavi, preocupado por “la cuestión de la previsibilidad. Nos genera ruido, porque ya empezamos el proceso administrativo de la elección del año que viene. Para nosotros es importante pensar cómo es el equilibrio entre los tiempos parlamentarios necesarios para que la discusión sea madura y tiempos administrativos de implementación”.
Asimismo consideró que en la discusión faltaron algunos actores importantes, destacando que existen 700 partidos y este martes estuvieron solo 2 o 3 apoderados. “Es una reforma que impacta directo sobre ellos”, destacó, por lo que estimó que “una presencia de apoderados hubiese sido importante”. Aclaró que también hubieran tenido que estar “otros sectores importantes fundamentales, como son el Poder Judicial” y las provincias.
Además, sostuvo que “no es una discusión que genere una demanda social, no creo que esté en la agenda de la gente”, y advirtió que hubiera sido necesario llegar a consensos, pero “estamos discutiendo con consensos fracturados”.

La opinión de exlegisladores

Autor de uno de los tantos proyectos presentados sobre boleta única, el radical Gustavo Menna, diputado nacional hasta diciembre pasado, consideró que a la discusión “hay que abordarla desde una perspectiva de derechos; acá lo que está en juego es un derecho humano central que es el derecho de elegir y ser elegido, pero sobre todo el de elegir”.

El chubutense reconoció que sobre el faltante de boletas no hay estadísticas, y se ha dicho que “no afecta el resultado electoral”, pero observó que “hay elecciones donde una cantidad pequeña de votos puede dirimir un escaño”. En ese sentido, recordó que en 2011 en su provincia “estuvimos tres meses sin saber quién era el gobernador” y “hubo mesas en las que hubo que votar de nuevo”.

Sobre el diseño de la boleta única, más precisamente cuando se pone el foco en que no estarán presentes todos los candidatos, como puede pasar para la categoría de diputados nacionales, Menna señaló que “en el 84% de los 24 distritos electorales esto no es un problema” ya que se eligen poca cantidad de legisladores, “y en los otros cuatro restantes es un problema hasta por ahí no más, porque son muy pocos los que van a quedar fuera de la boleta y, como contrapartida, van a estar en los afiches de difusión en cada centro de votación”, completó.

Desde Córdoba, el exdiputado Paulo Cassinerio defendió que en su provincia el cambio en el sistema electoral “nos ha dado calidad institucional, la posibilidad de contar con el sistema electoral más utilizado en el mundo, y que además la opinión de los expertos sobre sus ventajas es contundente”.

El actual ministro de Vinculación Comunitaria, Protocolo y Comunicación de Córdoba opinó que el cambio “permitiría ahorrar varios miles de millones de pesos” al Estado nacional, además de que “otorga transparencia, la posibilidad de generar una mejor fiscalización, que tiene que ver con los tiempos, pero también con la igualdad de oportunidades que deben tener los partidos más chicos, que a veces no tienen la posibilidad de poner fiscales”.

También desde la provincia mediterránea, Antonio Hernández, exdiputado nacional y exconvencional constituyente, recordó que en la elección a gobernador de 2007 “para el nivel de gobernador había 9 candidaturas, pero 32 boletas electorales por el tema de las colectoras”.

“¿Quién puede decir que el sistema de boletas múltiple, que posibilita decenas de boletas, realmente posibilita un ejercicio serio de la oferta electoral y de la posibilidad de que el pueblo pueda elegir?”, se preguntó el dirigente, que formó parte de la comisión consultiva de la reforma electoral en Córdoba.

Al enumerar los beneficios de la boleta única, habló de una “disminución del gasto electoral”, al tiempo que “la justicia electoral se convierte en garante de que la sociedad pueda elegir entre todos los candidatos, aunque algún partido no tenga fiscales en esa mesa”. “No hay posibilidad de listas colectoras y se pone fin a la distribución previa de boletas”, sumó.

La voz de la izquierda

En representación del Partido de los Trabajadores Socialistas, Christian Castillo cuestionó que en las elecciones provinciales “no hay financiamiento” para los partidos más chicos, al tiempo que los sistemas de colectoras, acoples o ley de lemas son “claramente fraudulentos”. También mencionó que el reparto en espacios de publicidad y los porcentajes de los pisos para pasar a las elecciones generales son otros temas que deberían “debatirse primero”.

Yendo a la boleta única, el dirigente reconoció que “tiene una ventaja en cuanto a que esté la boleta” en el cuarto oscuro, pero argumentó que será “complicado identificar a la lista” porque la cuestión de la “visibilidad” no está “para nada resuelta en los modelos que se presentan”. “La fiscalización se hace más compleja”, añadió y alertó que “podés tener la boleta y que después no te puedan votar”.

Por su parte, desde el Partido Obrero, Gabriel Solano criticó que “no estamos discutiendo una verdadera democratización del sistema electoral. Los recursos económicos que se derivan del uso del Estado y la relación con las distintas empresas privadas condiciona de manera directa el proceso electoral y eso acá no se está discutiendo”, denunció.

Si bien aclaró que “no defendemos el régimen actual”, el legislador porteño dijo que con la boleta única “se le sustrae al electorado un derecho a saber a quién está votando” ya que “al no presentar a todos los candidatos” se trata de “una manipulación al electorado”. Además, opinó que “la identificación de los partidos o los frentes tiene que estar nítida, no puede llevarse el sistema electoral a un sistema de personas”.

Más opiniones a favor y en contra

Extitular de la Dirección Nacional Electoral hasta marzo pasado, una de las últimas oradoras en hablar fue Diana Quiodo, quien afirmó que el proceso electoral de 2021 “fue muy bueno” y “en ningún momento las fuerzas políticas han planteado como un problema la falta de boletas”.

Apoyada en filminas, la politóloga basó su exposición en torno a los costos, una de las aristas que atraviesa el debate, ya que los impulsores de la boleta única sostienen que se ahorraría dinero. Al explicar cómo se calcula el aporte del Estado por boleta, de acuerdo a las leyes vigentes, la actual secretaria de la embajada argentina en Chile precisó que en las PASO del año pasado se gastaron $827 mil millones, con una liquidación complementaria de $290 mil millones; y en las elecciones generales $929 mil millones.

Esos cálculos se realizaron en base a lo que implicó la impresión de dos boletas y media por elector, a partir de la reforma de 2019. Pero Quiodo enfatizó que se podría haber tenido incluso un ahorro del 33% si se imprimiera una boleta y media por elector registrado, como era antes de esa reforma.

Al exponer los gastos en la provincia de Santa Fe, donde hay boleta única, la exdirectora nacional Electoral detalló que en las elecciones locales hubo un costo por elector de $169,30, mientras que en las elecciones nacionales el costo por elector fue de $119,70, e incluso hubiera bajado a $59,85 si se volviera al 1,5 elector para la impresión.

Otro exdirector nacional Electoral que se presentó fue Alejandro Tullio, quien en su caso enfatizó que “este es el momento de hacer una reforma”. “Esta reforma es oportuna, estamos en un año no electoral. En la primera mitad del año electoral hay tiempo para las adaptaciones, para darle espacio a los operadores del sistema”, consideró y citó en ese sentido a “la Justicia Electoral, la Dirección Nacional Electoral, todos los que tienen que participar en el diseño y la implementación de este tipo de cambio”.

“Estamos en tiempo de hacer esto y para explicarle a la ciudadanía cómo se vota. Porque, con mucho respeto, disiento de los que dicen que la boleta es un instrumento de los partidos políticos: la boleta es un instrumento de los ciudadanos para manifestar su opinión”, aseveró.

Entre los más de veinte expositores que se presentaron este martes, Eduardo López, apoderado del PJ bonaerense, se manifestó en contra del cambio: “Nosotros adherimos a la boleta partidaria porque ha sido el elemento que ha permitido el desarrollo de un sistema democrático, prácticamente desde la Ley Sáenz Peña, y ha dado muy buenos resultados”.

“No es que los que estemos a favor de la boleta partidaria seamos fraudulentos o mantengamos el status quo“, aclaró y defendió el sistema actual diciendo que “podrá ser anticuado pero ha sido muy efectivo y garantiza el resultado de la voluntad popular”. “Es confiable, transparente y gana el que mayor ascendencia tiene en la ciudadanía”, insistió.

A su turno, Víctor Ibáñez Rosaz, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de Mendoza, donde se aprobó en la Legislatura la boleta única en marzo pasado, se mostró a favor de “la ventaja respecto a la equidad de la competencia electoral para todas las fuerzas políticas; la disminución del gasto electoral; la eliminación de prácticas distorsivas electorales; y la mayor libertad del elector”.

El funcionario admitió que este cambio “no soluciona todos los problemas” en cuanto a lo electoral, pero “es un debate sobre una herramienta electoral, que nos lleva necesariamente al debate sobre el sistema electoral y el régimen electoral”. “Los cambios institucionales sí mejoran las prácticas cotidianas y sí resultan positivos para los ciudadanos”, agregó.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados, que presiden los oficialistas Hernán Pérez Araujo y Rodolfo Tailhade, respectivamente, retomarán este martes las audiencias en torno al tema del Consejo de la Magistratura.

El encuentro se realizará desde las 14, posteriormente a la reunión informativa por boleta única, en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja y contará con la participación de invitados, en su mayoría abogados.

Por el bloque del Frente de Todos fueron convocados Fernando Ávila, asesor del Gobierno de Catamarca y presidente de la Asociación Pensamiento Penal; Marcia Lozada Figueroa, presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Catamarca; César Antonio Grau, abogado e integrante del Ministerio Público Fiscal; Francisco Marull, abogado penalista; y Marcos Aldazabal, abogado y profesor UBA.

En tanto, según supo parlamentario.com, desde el interbloque Juntos por el Cambio propusieron a Pablo Hunger, politólogo y consultor en administración judicial; Alfredo Vítolo, abogado constitucionalista; Pedro Caminos, abogado y miembro de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales; Natalia Volosin, master y doctora en Derecho Universidad de Yale; y Gustavo Arballo, abogado con especialidad en Derecho Público.

También, a instancias de la oposición, estarán Andrea Castagnola, politóloga, docente e investigadora del Centre on Law & Social Transformation; Martín Hevia, abogado con doctorado en Derecho de la Universidad de Toronto; Leandro Halperín, abogado y exlegislador porteño de Evolución; Martín Casares, abogado y magíster en Derecho Penal; y Miguel Berri, decano de la Facultad de Derecho de la UNLP.

Por pedido del diputado Enrique Estévez, del interbloque Federal, asistirá María Elena Barbagelata, dirigente socialista, presidenta de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires y titular de la Comisión de Derechos de la Mujer de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

Entre los distintos proyectos que hay presentados, el oficialismo impulsa la aprobación de la iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y busca ampliar el Consejo de la Magistratura de 13 a 17 miembros. Ese texto tiene el rechazo absoluto de Juntos por el Cambio por no incluir a un representante de la Corte Suprema.

Ese proyecto fue votado por la Cámara alta al filo del vencimiento del plazo que el máximo tribunal le dio al Congreso en diciembre de 2021 para dictar una nueva ley, tras declarar inconstitucional la de 2006.

En abril pasado, la Corte restituyó la composición del órgano judicial de acuerdo a la ley de 1997 y su presidente, Horacio Rosatti, asumió también la conducción del Consejo.

Tras varias idas y venidas, con presentaciones judiciales mediante, el Consejo se completó la semana pasada con la jura de los dos legisladores que fueron designados: el senador kirchnerista Martín Doñate y la diputada radical Roxana Reyes.

El oficialismo aseguró que está abierto a introducir modificaciones en el proyecto, con el objetivo de sumar apoyos, sobre todo de los bloques federales, donde por ejemplo hay una propuesta de Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) para garantizar la presencia de la Corte en el Consejo, pero no presidiéndolo.

Igualmente, el Frente de Todos requiere de 129 votos para la aprobación de la iniciativa que, de tener cambios volvería al Senado, y allí es donde Juntos por el Cambio advierte que sin un apoyo mayoritario en la Cámara baja, el oficialismo en la cámara de origen podría insistir con la redacción original.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara baja, debatió el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura con cuatro invitados a exponer de los cuales, tres de ellos respaldaron la propuesta y destacaron los ejes de paridad de género y federalización, mientras que el otro expositor criticó la iniciativa. La próxima semana continuarán el debate con más expositores.

Este martes los miembros de las comisiones presididas por Hernán Pérez Araujo y Rodolfo Tailhade escucharon a Darío Kusinsky, rector de la Universidad Nacional de José C. Paz; a la presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, Marcela Ruiz; a Milagros Noli, directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Corte de Mendoza; y al abogado Miguel Piedecasas, quienes opinaron sobre la norma que tuvo media sanción del Senado el pasado 7 de abril.

Abrió la ronda de expositores Darío Kusinsky, rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, quien ponderó el proyecto porque “tiene un gran avance en materia de género, destacable, que reconoce el rol de las mujeres en la construcción de las instituciones. Habla de igualdad, estoy convencido que la presencia de mujeres en el Consejo va a permear, con perspectiva de género, todas las decisiones que se tomen. Por eso es tan importante que la ley se sancione para tener una sociedad y una justicia más justa”.

“También vería de modo positivo si la cantidad de mujeres por estamento aumentara, para que tengan mayor participación que los varones”, sumó Kusinsky porque el mundo del derecho es “bastante machista”.

Respecto a la conformación que contempla el proyecto, consideró que “mantiene los niveles y mejora la participación de los distintos estamentos”. Asimismo, agregó: “Quita dos representantes del Legislativo tanto en su composición y comisiones de esquema de mayoría requeridas para la toma de decisiones”. Por otro lado, celebró que sea “el propio Consejo quien elija a sus autoridades y no que venga determinado por la ley”.

“No resulta admisible contemplar la integración de la Corte Suprema o al menos, si lo integran, que no necesariamente venga determinado por el proyecto de ley que ocupen sus miembros la presidencia del Consejo de la Magistratura, que tendría que ser elegido en el ceno del propio órgano. La decisión de incluir a la Corte como miembro era una decisión privativa del constituyente del 94 que no lo incluyó en el texto del 114”, expresó el rector y cerró remarcando que “es importante que sea el Consejo quien elija a su presidente y traería el formato que hay en las universidades donde los órganos de cogobiernos están integrados por representantes de cada claustro o estamentos que se eligen en el seno de un debate”.

A su turno, la presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, Marcela Ruiz, subrayó que el proyecto “es tan importante para los argentinos”. En primer lugar, explicó que dentro de la federación representan a las 23 provincias argentinas y a CABA, cuyo objetivo es “la defensa de la independencia del Poder Judicial y esa independencia comienza con los mecanismos de selección de los magistrados porque cuando se habla de la justicia, en lo bueno y en lo malo no se incluye”.

A su vez, hizo referencia a tres ejes que se “resaltan y son positivos dentro del proyecto”, y enumeró: “La paridad de género, la federalización y la regionalización”. Respecto al punto sobre género, opinó: “Si bien ha habido avances en materia de género todavía hay estereotipos que están muy arraigados culturalmente. Las mujeres tenemos barreras invisibles para acceder a lugares de tomas de decisiones y acceden a diferentes cargos. Siempre planteo que cuando miramos la pirámide judicial que en los estratos más bajos o de mero jerarquía hay muchas más mujeres que varones, pero al llegar al vértice un 29% de mujeres acceden a los cargos de ministros. Si analizamos quiénes presiden, solamente un 8% presiden los Tribunales Superiores. Se trata de una desigualdad estructural”.

En ese sentido se preguntó: “¿Cómo combatimos esa desigualdad? a través de políticas diferenciadas que tengan en cuenta a esos sectores que han sido postergados dentro de l cual se encuentran las mujeres. Tenemos que hacer acciones positivas del Estado”.

“todos queremos una democracia paritaria, pero para eso es importante necesario e imprescindible tener igualdad de género porque si no nunca se van a ver las instituciones con clave de género y eso necesitamos porque las mujeres aportan miradas y voces importantes para el fortalecimiento de sistemas judiciales y legitimidad que tiene la justicia en la sociedad”, explayó Ruiz.

Respecto a la composición aseguró que “cumple con las mantas constitucionales”, y también ponderó “el lenguaje” con el que está redactado el proyecto. Otro de los puntos que resaltó fue el de la federalización y apeló al artículo 1 de la Constitución Nacional y criticó que “se pregona mucho el federalismo, pero cuesta. Todos soñamos y proyectamos en clave unitaria”, por lo que destacó el proyecto: “Esto es muy acertado que se hayan incluido en el artículo 8 que el Consejo va a sesionar cada 3 meses en algún asiento de Cámara Federal del territorio argentino con el objetivo de analizar las necesidades o problemáticas que aquejan a ese lugar”.

“La sociedad exige una justicia cercana y eso comienza con el Consejo e la Magistratura que elige a los magistrados”, apuntó y cerró con su opinión respecto a la regionalización y sugirió que “la representación de los abogados debe responder a cada una de esas regiones”.

Durante su intervención, Milagros Noli, directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Corte de Mendoza, subrayó la importancia de “resolver en el ámbito del Congreso la determinación y la configuración y funcionamiento de un órgano de categoría constitucional como es el Consejo”. Por consiguiente, resaltó cinco condiciones: “Porque no es sino una ley del Congreso de la Nación la que asegura la pluralidad de voces que legitima el mandato de origen que ustedes tienen”.

“Una ley del Congreso de la Nación otorga mejor seguridad jurídica que una decisión adoptada por el organismo que tiene el mayor déficit de legitimación democrático de nuestra organización del Estado que se autorregula. En tercer lugar, porque es una ley a través de Congreso mediante lo cual se puede hacer efectivo el ideal de republicanismo que nos impera en la nación que tiene que ver con el control ciudadano de las órbitas de ejercicio de poder”, describió.

En cuarto lugar, explicó que “es a través de la emisión de una ley de este Congreso que va a dar cumplimiento efectivamente a la sanción de la Corte porque la Corte reconoce que es en la órbita de este Congreso donde tiene que emerger la disposición normativa, la ley, que regule el funcionamiento”.

Y por último manifestó que “intuitivamente nos parece costoso que hoy nos esté regulando una ley que ha sido derogada hace 16 años y ha sido dictada en el contexto de hace 25 años”, y señaló: “Es operativo la necesidad de una reglamentación emanada de este Congreso”.

Además, Noli ponderó el eje de perspectiva de género que es una “medida de acción positiva”, pero cuestionó que “no establece un piso porque habla de ‘al menos’”; la federal ya que “la composición de la sociedad de cada provincia no es igual una a la otra”; la interdisciplinaria porque “supone una mejor ampliación en cuanto al reconocimiento de derechos y ampliación de miradas”; y la de derechos humanos.

“No estoy de acuerdo en que estemos discutiendo una reforma del régimen legal vigente”, apuntó Piedecasas.

Por su parte, el jurista Miguel Piedecasas aseguró que el ámbito del Consejo de la Magistratura es “plural y democrático”, y señaló que en el mundo hay modelos del órgano de “todo tipo y clase” por lo que el debate “debe estar acotado al artículo 114 de la Constitución Nacional”.

“No estoy de acuerdo en que estemos discutiendo una reforma del régimen legal vigente“, apuntó el abogado y explicó críticamente que “es una oportunidad histórica, institucional de suma importancia para conformar una nueva ley en su integridad sobre el Consejo y no seguir debatiendo sobre parches que atienden más a la coyuntura que a la definición institucional que necesitamos que proyecte un marco jurídico para el tiempo de lo que viene, superando la coyuntura política, sectorial, mezquina que lleva a apreciaciones y a modelos que no se corresponden con la definición constituyente”.

En ese marco, precisó que “no tiene unanimidad ni siquiera al interior de los bloques como lo demuestran los distintos proyectos que presentaron”, en ese punto hizo hincapié respecto a la Corte Suprema: “Es absolutamente cierto que en la convención constituyente se discutió si era conveniente o no que la Corte integrara el Consejo, pero también es cierto que no hubo ninguna definición concluyente y si se afirmó que el Consejo era un órgano que perseguía el auto gobierno del Poder Judicial en un momento donde la sociedad tenían una visión crítica del Poder Judicial”.

En tanto opinó que “no queda ninguna duda que la Corte debe integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación porque la Constitución ha colocado a este órgano dentro del Poder Judicial y porque esta ley, que viene aprobado del Senado, es una modificación, pero no modifica el artículo primero que el Consejo es un órgano permanente del Poder Judicial, de manera tal que la Corte debe integrarlo”. “Hay que despolitizar el Consejo de la Magistratura porque es un órgano virtuoso”, apuntó.

Tal como se acordó la semana pasada, este martes arrancaron en la Cámara de Diputados las reuniones informativas, con la participación de invitados, para debatir sobre la implementación de la boleta única de papel a nivel nacional, aunque el formato permite las exposiciones sin intercambio de preguntas con los legisladores.

El encuentro de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda se dio en el marco del cronograma que la misma oposición impulsó, al lograr emplazar a las comisiones a partir de una votación que se realizó en el recinto el pasado 5 de mayo, y contó con los votos a favor de Juntos por el Cambio, bloques federales y los libertarios.

La primera expositora que habló en la jornada -de tres horas- fue Julia Pomares, jefa de asesores del Gobierno de la Ciudad, quien consideró que la boleta única “les asegura a los votantes que al momento de votar pueden tener todas las opciones” y así “el mismo derecho a votar esté en un cuarto oscuro en Balvanera, Trelew o González Catán”.

Asimismo, “garantiza que todos los partidos y alianzas estén en igualdad de condiciones” y se respete “el derecho a elegir y ser elegido”. “El sistema actual de boletas partidarias no lo garantiza y eso es lo que viene a garantizar la boleta única”, ratificó su posición.

Pomares advirtió que el cambio “hay que hacerlo bien” y “diseñar bien el instrumento”, pero resaltó que “más de 180 países pudieron hacer esta transición”. En referencia al modelo de la provincia de Córdoba, señaló que “permite que una persona pueda votar de manera más fácil para un mismo partido por todos los cargos”. “Tenemos una oportunidad inmensa de subirle la vara a la democracia”, agregó.

Luego fue el turno del exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey, quien observó que “en Occidente estamos atravesando una muy fuerte crisis en nuestro sistema representativo”. En ese marco, “esta reforma o cualquier reforma que se plantee debe entender de qué manera nosotros logramos amigar este sistema representativo, que está francamente en crisis, para que el ciudadano pueda realmente sentirse representado por nosotros”. Aunque reconoció que una eventual ley de boleta única de papel “no es la única solución al problema”, sí subrayó que se trata de “un avance”.

Exsecretario de Asuntos Políticos durante la gestión de Cambiemos, y quien fue uno de los impulsores del proyecto de reforma electoral en esos años, Adrián Pérez defendió el cambio del instrumento de votación, aunque admitió que “hay que encontrarle una vuelta” en el caso de simultaneidad de elecciones nacionales con provinciales, dado que los distritos tienen sus propios sistemas.

“Ahí lo que yo creo es que hay que dividir la lista por orden. Dividir una boleta única para los cargos nacionales y una boleta única para los cargos provinciales, desde mi punto de vista, es la mejor opción”, sostuvo. Además, en el final de su exposición, enfatizó que “el instrumento de votación nuestro es arcaico, viejo, no va más en el mundo y tenemos que cambiarlo”.

A su turno, Alejandra Pericola, del Observatorio Electoral UBA, resaltó que la boleta única ya se utiliza para que voten quienes están privados de la libertad y los argentinos que residen en el exterior. “Desde el año 2007 la Cámara Nacional Electoral ha reiterado en varias oportunidades la necesidad de abrir el debate”, recordó, y añadió que “en algunos fallos y varias acordadas” se ha referido a “la multiplicidad de candidatas y candidatos que se proponen para cada elección” y “la inconmensurable cantidad de boletas que se oficializan”.

Para la expositora, el sistema actual trae “inconvenientes y problemas no solo durante la campaña electoral”, sino también en “la tarea de las autoridades de mesas” y “la fiscalización de los partidos políticos”.

Pericola defendió que la boleta única de papel “elimina el robo de boletas; disminuye el gasto electoral; se reduce el consumo de papel; fortalece la transparencia de los procesos electorales; esperamos que pueda eliminar algunas prácticas clientelares”, al tiempo que se puede implementar la plantilla en braille y agiliza las tareas de escrutinio.

También a favor de los proyectos, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, recordó que “en Argentina ha habido famosos haciendo política desde mucho antes” de que se implemente la boleta única. Para refutar a quienes argumentan que este sistema permite la “farandulización” de la política, el jefe comunal señaló que “el fenómeno de la crisis de la representación política no tiene nada que ver con el medio de emisión del voto. Es otra discusión que tenemos que dar quienes hacemos política en relación a cómo logramos asegurarnos la representación popular”.

Desde el CIPPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), Carolina Tchintian expresó que la boleta única “lo que hace es permitir al votante traducir su preferencia en un voto de manera fácil y fiel”, mientras que “asegura que la experiencia de votar sea uniforme, consistente a través de los distritos entre votantes” y “equipara y nivela la cancha entre partidos políticos”.

De acuerdo a encuestas realizadas por la organización que representa, en la provincia de Santa Fe, donde ya se utiliza este sistema, “9 de cada 10 votantes lo calificó como un instrumento bueno o muy bueno” y “6 de cada 10 dijeron que es más fácil que la boleta partidaria”. “Solamente el 5,5% de todos los votantes encuestados consideraron que es más fácil la partidaria”, agregó.

De los 20 expositores que se presentaron este martes, también hubo quienes hablaron en contra del cambio del sistema electoral. Uno de ellos fue el politólogo Andy Tow, quien consideró que la boleta partidaria permite “construir de coaliciones multinivel” y “unir y sumar fuerzas de diversos niveles de gobierno mediante una oferta unificada”.

“Las ofertas electorales multinivel fortalecen los partidos políticos”, señaló y opinó que “las trampas son más difíciles cuando en las elecciones hay cargos diversos y enlazados en juego; y cuando hay presencia de autoridades federales y provinciales”.

Para Tow, el cambio en el instrumento de votación alentará que “las provincias y la Ciudad de Buenos Aires hagan sus elecciones separadas de las nacionales”, lo que “consolida la tendencia de desdoblar” que tiene “como consecuencia un calendario extenso que fastidia y confunde al electorado”.

Por su parte, Dolores Gandulfo, de la COPPPAL (Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe), negó que la boleta única “no requiera la fiscalización”. “Los partidos políticos aún con boleta única requieren de una fiscalización constante durante el proceso electoral y especialmente en el recuento”, apuntó.

Entre varios puntos, manifestó que este instrumento “presenta riesgos en la gobernabilidad” y exige de un “proceso de capacitación electoral” amplio. “No contamos con evidencia que muestre las virtudes de este instrumento para poner en riesgo un sistema legitimado por todos los actores y el pueblo argentino”, completó.

Facundo Cruz, de la UBA y UTDT, dijo que “las reformas políticas se suelen implementar cuando algo está saliendo mal o cuando se quiere mejorar algo. Actualmente no hay evidencia sistemática de que algo esté saliendo mal respecto al instrumento de votación”. Y consideró que, de acuerdo a las iniciativas presentadas, “algunas cosas puede que comiencen a salir mal cuando se pongan en marcha”.

“Los actores, la ciudadanía y la justicia tienen confianza en el sistema”, continuó y aseveró que “se tiene que discutir una reforma política-partidaria más integral” si se quiere cambiar el sistema, porque “vamos a estar tal vez cambiando una sola parte de un auto y vamos a estar generando problemas en el motor”.

Finalmente, Tomás Aguirre, de la Agencia de Comunicación Monteagudo, defendió que “tenemos un sistema electoral confiable en Argentina”, donde ha habido “elecciones libres, limpias, transparentes y sobre todo legítimas” y “hay mucha evidencia al respecto”.

“En los últimos 15 años hicimos ocho elecciones de las cuales nada menos que cinco, con este sistema electoral, con este instrumento de votación, la ganó una fuerza opositora al oficialismo de ese momento, lo cual debería darnos una idea de que el sistema de votación funciona, es transparente y es competitivo”, argumentó.

También sugirió que, si se quisiera cambiar el sistema se puede “usar la elección del año que viene para plantear un estudio serio, sistemático, hecho por el Estado, que nos diga dónde está en problema y en qué distritos”.

En el marco del debate de los proyectos que proponen ampliar los miembros de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni expuso en el Senado sobre los defectos en el funcionamiento del máximo tribunal, se mostró a favor de una composición de 24 magistrados y confesó: “He tenido que firmar sentencias de materias que no conozco”. 

“Hoy nuestra Corte Suprema, en cuanto a la función de control constitucional normativo que le asigna la Constitución, debe tener 100, 150 causas, que no son más que el número de causas que resuelve anualmente la Suprema Corte de Estados Unidos. Pero después tiene entre 15 y 17 mil  firmas al año respecto de las arbitrariedades, de las cuales rechaza el 97% y 98%”, explicó.

Ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, el jurista señaló que “la justicia ordinaria mucha idea de lo que pasa adentro de la Corte no tiene”. “Cuando tuve que incorporarme a la Corte perdí un tiempo en habituarme”, dijo y reveló que, en ocasiones, firmó sentencias “de materias que no conozco”.

Por eso, indicó que “para resolver en última instancia, cualquier causa, de cualquier materia, de todo el país, uno tiene que ser un especialista en la materia; porque sino resulta que tenemos tribunales especializados abajo y un tribunal supremo multifuero”. 

Zaffaroni explicó que el juez “se rodea de la mejor fuente que puede” y de “secretarios viejos que son expertos en la materia”, pero “no es uno el que está haciendo la sentencia”. “Así trabaja la Corte, este es el problema”, apuntó y se manifestó a favor de una “Corte constitucional y de Casación” que tenga salas especializadas.

“Nuestra Corte es la más chica de todos los tribunales supremos del continente y de Europa, salvo Uruguay, que tiene 4 millones de habitantes y no sé si tiene los poderes que tiene la nuestra”, continuó.

En su exposición, el exjuez de la Corte observó que “tenemos un problema republicano al concentrar en tres personas tantas potestades” por más “genios que sean u honestos, la concentración de poder es problemática”. 

“Si pensamos en una Corte que tenga Casación y control constitucional debe ser numerosa”, consideró y, por otro lado, recordó que “la mayoría de los jueces de nuestra Corte Suprema a lo largo de 150 años han sido de la Ciudad de Buenos o de la provincia de Buenos Aires, y la gran mayoría egresados de la Universidad de Buenos Aires. Creo que es momento de que podamos pensar en una Corte federal en serio”. 

Otro de los oradores invitados fue León Arslanián, exministro de Justicia y Derechos Humanos, y uno de los que formó parte del “Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público” de la Presidencia.

“Soy contrario al número de cinco que tiene la Corte Suprema, estoy a favor de un aumento del número de ministros”, manifestó el exjuez, que argumentó: “Tenemos 44 millones de habitantes, tenemos un país federal de 24 estados, tenemos diversidades culturales de todo tipo, tenemos cuestiones vinculadas con la política de género”.

No obstante, advirtió que “meterle la mano a la Corte Suprema de Justicia puede ser muy riesgoso si no se lo hace con el cuidado, la expertiz, la competencia, la mirada política pertinente”. 

Tras precisar que “cada año ingresan a la Corte 28 mil expedientes nuevos” y se “ falla entre 7 y 10 mil”, Arslanián se mostró a favor de una Corte con 9 miembros, porque con un número menor “no es posible administrar justicia como corresponde”. 

Para el exministro, ampliar la Corte no tiene solo que ver con “sacar más rápido las sentencias” y así mejorar “la eficiencia”, sino que aportará al “fortalecimiento del debate”, porque “no se pueden poner a discutir tres personas un tema tremendamente delicado” como podría ser “una cuestión de género o el aborto”. 

También expusieron en la jornada de este miércoles Diego Duquelsky Gómez, profesor de Derecho de la UNPAZ y UNDAV; María Laura Garrigós de Rébori, interventora del Servicio Penitenciario Federal; y René Casas, exjuez de Cámara de Jujuy.

En una breve reunión, que comenzó luego del plenario por boleta única, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados acordaron citar a especialistas para dar el debate sobre la reforma del Consejo de la Magistratura. 

El presidente de Asuntos Constitucionales, el oficialista Hernán Pérez Araujo, señaló que se pondrán en consideración los distintos proyectos presentados y la media sanción del Senado -aprobada el pasado 7 de abril-. “La idea es fijar un cronograma de trabajo y tener la posibilidad de escuchar a expertos en la materia”, dijo el pampeano. 

Por su parte, el titular de Justicia, Rodolfo Tailahde, reveló que la intención es realizar “dos o tres reuniones informativas” y que “los bloques nos hagan llegar sus propuestas” para los invitados.

La intención del Frente de Todos es dar la discusión por el Consejo de la Magistratura los mismos días en que también se debatirán, más temprano, los proyectos de boleta única, por impulso de la oposición. Por eso, desde Juntos por el Cambio, el diputado Juan Manuel López pidió que “no se acote el tratamiento de boleta única, que no se le ponga un plazo”.

Y aclaró que una vez agotado ese primer plenario -que también incluye a la Comisión de Presupuesto- desde la oposición están dispuestos a “quedarnos con todo el tiempo del mundo y hasta que sea necesario”. “No es nuestra falta que no se haya debatido antes”, lanzó el jefe de la Coalición Cívica. 

En una mínima lista de oradores, la diputada Graciela Camaño enfatizó que esta “es una de las leyes más importantes que vamos a votar este año”. “Poder ordenar el Consejo es absolutamente necesario”, sostuvo la consejera. 

En esa línea, aseguró que “las carencias presupuestarias, edilicias y tecnológicas que existen en el Poder Judicial” ameritan que “abordemos el tema”. 

Ubicada en el medio de ambas bancadas mayoritarias, tanto en esas comisiones como en el Consejo de la Magistratura, la bonaerense aclaró: “Defino mi voto de acuerdo a mi leal saber y entender”. 

Y, tras opinar que los constituyentes de 1994 cometieron “un error” al dejar el artículo 114 de la Constitución Nacional a “los vaivenes de la política”, Camaño abogó por que se tenga “la inteligencia de hacer una ley que interprete el 114”. 

En tanto, el diputado Fernando Carbajal alertó que “si no tenemos la capacidad de discutir y consensuar una ley, para el mes de noviembre vamos a estar viviendo nuevamente un proceso de elección de los miembros, siguiendo la lógica del viejo Consejo corporativo, que a mí sigue sin gustarme, como no me gustaba en el ‘97”.

Al recordar que la media sanción del Senado no contó con el consenso de la principal oposición, el legislador de la UCR expresó: “Tenemos el enorme desafío de ver si logramos un consenso que supere los dos tercios”.

También convocó a “buscar un Consejo que satisfaga a todos” porque “en estos años ha funcionado muy mal”. “No nos quedemos en la discusión solamente de la conformación y de las representaciones estamentarias”, sugirió, sino “demos una discusión real sobre cómo establecemos mecanismos que aseguren la eficacia en el Consejo”.

En el final, Pérez Araujo pidió que “nadie vea nada raro, que nadie se asuste” sobre el tratamiento de ambos temas. “Vamos a tratar los dos temas en los dos plenarios”, garantizó y sumó que “estamos con predisposición para escuchar a todas las voces”.

El proyecto para ampliar el Consejo de la Magistratura de 13 a 17 miembros fue votado en el Senado en el filo del vencimiento del fallo de la Corte Suprema. Sin chances de tratar en cuatro días la iniciativa, y tampoco sin los votos necesarios, la Cámara de Diputados nunca arrancó el tratamiento del tema hasta este miércoles. 

Por su parte, la Corte restituyó la composición del órgano judicial de acuerdo a la ley de 1997 -ya que declaró la inconstitucionalidad de la reforma de 2006- y el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, asumió la conducción del Consejo. Hasta ahora está conformado por 18 miembros, pues los representantes por el Poder Legislativo todavía no asumieron. 

En una agitada agenda, la Cámara de Diputados avanzó con la conformación de dos comisiones clave: Asuntos Constitucionales y Justicia, ya que son dos de las tres comisiones que se abocarán al debate de los proyectos de boleta única de papel.

Primero fue el turno de la Comisión de Asuntos Constitucionales donde el oficialista pampeano Hernán Pérez Araujo fue designado como presidente. En el cargo de vicepresidente primero quedó el radical Miguel Nanni (Salta) y en la vicepresidencia segunda fue elegida la formoseña María Parola (FdT).

En tanto, las secretarías quedaron en manos de Silvia Lospennato (Pro) y Pamela Calletti (FdT). Quedaron vacantes dos secretarias que serán cubiertas con posterioridad.

Luego de agradecer la designación al mando de la Comisión, Pérez Araujo adelantó: “No voy a caer en la frase de prometer que vamos a hacer lo que no hicimos en la gestión anterior, pero confío en que podamos trabajar como lo hicimos en el año anterior en búsqueda de consensos desde las diferencias, con cuestiones que han exaltado las pasiones, pero siempre hemos tratado de que prime le respeto y el buen trato entre pares”.

Por su parte, tras ser elegido como vicepresidente el salteño agradeció a sus pares y expresó: “Acá tenemos lucha vocación de trabajo. Tenemos esta agenda de boleta única y en mi provincia están avanzando con eliminar las PAOS, es un gran honor de estar en el cargo”.

Respecto a la reunión conjunta que se realizará este miércoles a las 10 para comenzar a analizar los proyectos de boleta única, el electo presidente aclaró: “Mantendré una reunión con los presidentes de las otras comisiones, estarán recibiendo la citación”.

A su turno, tomó la palabra la diputada Lospennato quien primero felicitó a Pérez Araujo por la reelección y destacó: “Hemos trabajado muy bien los dos años anteriores”, y pasó a referirse al plenario de este miércoles: “Son ocho proyectos, se facultó a que se incorpore cualquier otro proyecto que versare sobre el tema y no estuviese en el momento que se hizo el emplazamiento”.

En tanto, remarcó que “son proyectos de casi todas las fuerzas políticas que sin duda el debate será muy rico”, y pidió que se lleve la propuesta de las invitaciones “amplias, que escuchemos a la sociedad. Hay una enorme cantidad especialistas que vamos a proponer para el tratamiento que ha decidiendo el Cuerpo de la Cámara y queremos que sea participativo posible”.

Además, remarcó que seguirán insistiendo en el tratamiento de ficha limpia, el voto por correo a quienes estén en el extranjero, el voto comando para las fuerzas “que deben cuidar las urnas en los días de e elecciones”. “Es un año importante para tratar temas electorales”, cerró la legisladora del Pro.

La Comisión de Asuntos Constitucionales estableció como agenda de trabajo que las reuniones serán los martes a las 14.

Por el oficialismo componen la Comisión 17 diputados: Rosana Bertone, Pamela Calletti, Marcos Cleri, Ricardo Daives, Silvana Ginocchio, Godoy Lucas, Ramiro Gutiérrez, Ricardo Herrera, Vanesa Massetani, Leopoldo Moreau, María Parola, Hernán Pérez Araujo, Agustina Propato, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, María Uceda y Matyi Vargas.

Mientras que por la oposición también son 17 integrantes: Karina Banfi, Martín Berhongaray, Alejandro Cacace, Ximena García, Mercedes Joury, Juan Manuel López, Silvia Lospennato, Álvaro Martínez, Miguel Nanni, Mario Negri, Paula Oliveto, Graciela Ocaña, Humberto Orrego, Laura Rodríguez Machado, Margarita Stolbizer, Pablo Tonelli y María Eugenia Vidal.

Completan la nómina Graciela Camaño por el interbloque Federal.

Una hora más tarde, se reunió la Comisión de Justicia donde fue ratificado el camporista Rodolfo Tailhade. La vicepresidencia primera quedó en manos de la oposición siendo elegido Pablo Tonelli (Frente Pro), mientras que en la vicepresidencia segunda fue designado Ricardo Daives (Santiago del Estero).

Las secretarías quedaron para el radical Fernando Carbajal (Formosa), Emiliano Yacobitti (Evolución Radical) y la oficialista Ana Fabiola Aubone (San Juan).

“Confío en que en este ámbito tengamos la capacidad de superar estas diferencias y empecemos a pensar cómo construimos poderes judiciales que estén en condiciones de responder los requerimientos de la sociedad”, sostuvo Carbajal y se comprometió a “superar las diferencias para construir mejores poderes judiciales en el país”.

A su turno, Yacobitti agradeció a sus pares la designación y remarcó que “hace falta llevar adelante discusiones si es para tener una Justicia mejor y que resuelva los problemas de la gente Hace falta más diálogo y consenso”.

Provisoriamente quedó establecido que las reuniones se llevarán a cabo los martes a las 16.

Son miembros de la Comisión por el oficialismo 15 diputados: Ana Fabiola Aubone, Pamela Calletti, Ricardo Daives, Federico Fagioli, Lucas Godoy, Ramiro Gutiérrez, Ricardo Herrera, Varinia Marín Lis, Leopoldo Moreau, María Parola, Hernán Pérez Araujo, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Marisa Uceda y Eduardo Valdés.

Por la oposición también son 15 los miembros: Manuel Aguirre, Fernando Carbajal, Álvaro González, Fernando Iglesias, Silvia Lospennato, Juan Martín, Francisco Monti, Miguel Nanni, Graciela Ocaña, Paula Oliveto, María Luján Rey, Laura Rodríguez Machado, Mariana Stilman, Pablo Tonelli y Emiliano Yacobitti.

Completa la nómina la diputada del interbloque Federal Graciela Camaño.

Por Melisa Jofré

El oficialismo volvió a sufrir un revés en la Cámara de Diputados la semana pasada cuando casi toda la oposición se unió y aprobó el emplazamiento de tres comisiones para comenzar con el tratamiento de los proyectos referidos a la boleta única de papel.

De las tres comisiones que deberán intervenir en ese debate, la única conformada hasta ahora es la de Presupuesto y Hacienda, donde el Frente de Todos cuenta con 24 miembros, Juntos por el Cambio con 23, el interbloque Federal con uno y el interbloque Provincias Unidas con uno también, con el dato a resaltar -ya veremos por qué- de que ese lugar lo ocupa el Frente de la Concordia Misionero.

La encargada de pedir el emplazamiento, y también el cronograma que deberá tener la discusión, fue la macrista Silvia Lospennato, quien además el jueves pasado detalló en el recinto cuántos miembros le corresponden a los interbloques en cada comisión según “los acuerdos parlamentarios alcanzados”.

Así, la secretaria parlamentaria de la bancada opositora aseguró que en Asuntos Constitucionales el oficialismo tendría 17, JxC también 17, y el interbloque Federal, 1; mientras que en Justicia, al FdT le corresponden 15, a JxC también 15, y al interbloque Federal, 1.

De acuerdo a esos números -que se confirmaron este lunes por la tarde-, el oficialismo podría perder por uno el dictamen de mayoría en el plenario de las tres comisiones, en caso de que JxC y el interbloque Federal vayan con un dictamen único, pues en ese caso sumarían 58 firmas; en tanto, el oficialismo llegaría a 57 si tan solo contara con el respaldo del misionero Diego Sartori, integrante de Presupuesto y Hacienda, quien está dentro del sector de Provincias Unidas que no acompaña el tema, ya que en ese interbloque los dos legisladores de Juntos Somos Río Negro sí están a favor.

En realidad, durante la sesión del jueves pasado, en la votación del emplazamiento, Sartori estuvo ausente, pero su compañero de bloque Eduardo Fernández fue uno de los pocos opositores que votó en contra, junto al FdT.

La discusión por el reparto de los lugares en las comisiones llevaron un largo tiempo en Diputados, y aún no terminan de conformarse todas. Incluso, las que ya se han puesto en marcha muestran la paridad de integrantes entre las principales bancadas.

La importancia del dictamen de mayoría es que es el primero que se somete a votación en la sesión.

Tras una primera reunión en la que los autores de proyectos defendieron sus propuestas, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado retomará este miércoles, a partir de las 12, la discusión por la reforma de la composición de la Corte Suprema de Justicia.

El segundo encuentro, que se realizará en el Salón Illia y contará con la participación de especialistas invitados, se dará un día antes de una nueva marcha que se realizará hacia Tribunales contra los jueces del máximo tribunal, motorizado por organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales, entre otros.

Según pudo saberse este martes por la tarde, los invitados a exponer serán los doctores Raúl Gustavo Ferreyra, Marisa Herrera, Carlos Rozanski, Emanuel Desojo (AJUS), Luis Arias, Joaquín Da Rocha (Fundejus) y Eduardo Barcesat.

Luego de la acción de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura, el oficialismo reforzó sus críticas al Poder Judicial y la vicepresidenta Cristina Kirchner habilitó que el tema se debata en la Cámara alta.

Igualmente, en la reunión de la semana pasada, los autores de las distintas iniciativas negaron que se trate de una situación coyuntural traer la discusión en este momento, como por ejemplo lo hizo el senador Adolfo Rodríguez Saá (Frente Nacional y Popular-FdT), quien recordó que la primera vez que presentó el proyecto fue en 2016.

El puntano propone pasar de 5 a 9 jueces, como también federalizar el máximo tribunal con el nombramiento de jueces por regiones, debiendo respetarse en su integración la diversidad de género. En ese sentido, apunta que la Corte no podrá integrarse por más de 5 jueces del mismo género.

Otro de los textos sobre la mesa es el presentado por el senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que establece llevar a 16 los jueces de la Corte, también garantizando la paridad de género y una representación federal. Para ello, estipula que el máximo tribunal deberá integrarse con al menos tres jueces por cada región, debiendo ser naturales de ella, o tener al menos ocho años de residencia inmediata en la zona respectiva.

Sí con un proyecto presentado recientemente la senadora Silvia Sapag (Unidad Ciudadana-FdT) también plantea una composición por regiones y eleva de 5 a 15 los integrantes de la Corte. Además, dispone una serie de requisitos para la elección de los magistrados, tales como la realización de tres audiencias públicas -dos deberán realizarse en alguna de las cinco regiones del país- y que los candidatos informen sobre sus bienes y trayectoria laboral.

La cuarta iniciativa es la que corresponde a la senadora Clara Vega (Hay Futuro Argentina), que se limita a regular el cupo femenino en el seno del tribunal, sin elevar su número, presentado en oportunidad de la renuncia de Elena Highton de Nolasco, desde la cual el máximo tribunal está conformado por cuatro hombres: Horacio Rosatti (presidente), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Desde Juntos por el Cambio rechazan de lleno la discusión y la atribuyen a un “nueva maniobra del oficialismo en el Senado” que “en esto se muestran juntos”. Para la coalición opositora, la intención de ampliar los miembros de la Corte es “para intentar tomar control de la misma”.

En medio de las críticas del kirchnerismo hacia la Corte Suprema de Justicia, y por impulso del oficialismo, arrancó este miércoles en el Senado el debate sobre la ampliación del máximo tribunal, con cuatro proyectos sobre la mesa.

Cerca de las 13 de este miércoles comenzó el primer plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, presididas por Guillermo Snopek y Oscar Parrilli, respectivamente, donde en primer lugar hablaron los autores de las iniciativas.

A los proyectos presentados por Adolfo Rodríguez Saá (FNyP), Clara Vega (Hay Futuro Argentina) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), se sumó uno de Silvia Sapag (UC).

NOTICIA EN DESARROLLO

En medio del conflicto por el Consejo de la Magistratura, el oficialismo apunta sus cañones otra vez contra la Corte Suprema de Justicia, ya que este miércoles desde las 12.30 en el Salón Arturo Illia del Senado comenzará a debatirse un proyecto que tiene por objeto de modificar la composición del Tribunal Supremo.

El proyecto que fue presentado oportunamente por el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá, quien se propone elevar a nueve el número de miembros, será tratado en el seno de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside el jujeño Guillermo Snopek, del flamante bloque Unidad Ciudadana, y la de Justicia y Asuntos Penales, que encabeza otro miembro de esa bancada, Oscar Parrilli.

La iniciativa de Rodríguez Saá data del 1 de junio de 2020, y sustituye el artículo 21 del decreto ley 1285/58 (organización de Justicia) ampliando el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 5 a 9 la cantidad de jueces, como también federalizar el máximo tribunal con el nombramiento de jueces por regiones, debiendo respetarse en su integración la diversidad de género. El 9 de noviembre pasado se incorporó al proyecto la firma de la titular del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio.

En la actualidad la conformación establecida por ley es de cinco miembros, pero hoy hay solo cuatro, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, luego de la renuncia de Elena Highton de Nolasco, con cuya ausencia quedó sin mujeres el tribunal. El presidente Alberto Fernández nunca envió un proyecto para ocupar la vacante.

El texto establece que, a los efectos de asegurar la diversidad de género, el tribunal no podrá integrarse por más de 5 jueces del mismo género. Asimismo, “con el objeto de salvaguardar la diversidad en especialidades la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá incluir, representantes de las siguientes áreas del derecho: civil, comercial, penal, trabajo, seguridad social, constitucional, contencioso administrativo y cualquier otra rama del derecho público y/o privado”.

A su vez se debe garantizar la procedencia regional, con lo que el tribunal estaría compuesto por integrantes de las distintas regiones del país: la región Patagónica, la región Cuyo, la región Centro, la región Norte Grande Argentino y la región Buenos Aires”.

Rodríguez Saá argumenta para justificar su proyecto que “un número tan reducido de jueces de la Corte hace difícil una representación respetuosa del ideal de país federal que tenemos. Por otro lado, una fórmula tan laxa en lo que respecta a la igualdad de género, ha llevado a considerar que dicha igualdad no se cumple si hay al menos una mujer entre los cinco jueces de la Corte. No compartimos este criterio, por lo que, a través de este proyecto, proponemos una fórmula superadora”.

Otra de los proyectos que podría sumarse al debate fue presentado por la senadora nacional por La Rioja Clara Vega, el cual se limita a regular el cupo femenino en el seno del tribunal, sin elevar su número.

El rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) también presentó una propuesta al respecto cuya principal característica es que eleva a 16 el número de jueces de la Corte Suprema.

Entre sus objetivos, el proyecto del exgobernador rionegrino propone garantizar y promover la paridad de género y una representación del federalismo en el máximo tribunal del Poder Judicial de la Nación.

El expediente establece que, para garantizar el federalismo, la Corte deberá integrarse con al menos tres jueces por cada región, debiendo ser naturales de ella, o tener al menos ocho años de residencia inmediata en la zona respectiva.

Para ello se tendrán en cuenta las regiones de CABA y Buenos Aires; por el Norte del país, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y Santiago del Estero; por el Centro, La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, y por la zona Sur, Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El presidente de la Corte, de acuerdo al proyecto de Weretilneck, será designado por el voto mayoritario de la totalidad de los magistrados que la integran por el plazo de un año y no podrá elegirse un presidente de la misma región en forma consecutiva.

Desde Juntos por el Cambio adelantaron que estas iniciativas, en caso de prosperar en la Cámara alta, no contarán con el aval en la Cámara de Diputados y le reprocharon al oficialismo asumir actitudes con “efectos electoralistas”.

Desde el oficialismo aseguraron que el plenario incluirá la invitación a constitucionalistas y a expertos en Derecho de distintas especialidades para referirse a la eventual modificación del máximo tribunal.

Previo al debate, la Comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá a las 12 para analizar un proyecto del chaqueño Antonio Rodas (Frente Nacional y Popular) que reconoce conforme lo establecido por los art. 124° y 125° de la Constitución Nacional, el tratado interprovincial de creación de la Región Norte Grande Argentino (NOA – NEA).

Además, leerán tres notas enviadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: la primera nota enviada por Carlos Cristian Martínez, por la cual solicita autorización para desempeñarse en el cargo de cónsul honorario de la República de Estonia en la Ciudad de Buenos Aires. 

Otra, remite nota enviada por Alejandro Mario Antonellini, por la cual solicita autorización para desempeñarse en el cargo de cónsul honorario de la República Italiana en la ciudad de Venado Tuerto (jurisdicción del Consulado General de Italia en Rosario).

Por último, remite nota enviada por Fernando Neldo Lorenzatto, por la cual solicita autorización para desempeñarse en el cargo de cónsul honorario por la República Italiana en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba.

En la reunión del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara alta que tuvo lugar este miércoles en el Salón Azul, se debatieron las modificaciones al proyecto enviado por el Ejecutivo, y el oficialismo aceptó los cambios del senador rionegrino Alberto Weretilneck que apunta a un Consejo de la Magistratura más federal. Sin embargo, en su propio dictamen que firmó la semana pasada proponía que un miembro de la Corte Suprema integrara el Consejo de la Magistratura, pero este punto no fue contemplado.

De esta manera, el Frente de Todos tendría garantizados los votos para darle la media sanción en el recinto, en una sesión que se estima será el próximo miércoles, ya que necesita tener sentados en sus bancas a sus 35 integrantes y el acompañamiento de 2 aliados más para llegar a los 37 votos necesarios, en este caso la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Weretilneck.

El texto del senador de Juntos Somos Río Negro propone que para la elección y remoción de jueces se integre el Consejo con consejeros regionales. Estos consejeros no cobrarían un sueldo y solo intervendrían en los temas locales de elección y enjuiciamiento. Serían para 4 regiones: Norte, Sur, Centro y AMBA.

En tanto, el “Consejo grande” estaría compuesto por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, 2 académicos y un representante del Poder Ejecutivo. Mientras que los consejeros regionales serían 64 o 48 si los del AMBA se eligen desde el propio “Consejo grande”.

En total, los integrantes del Consejo serían 17, mismo número que establece el proyecto oficial, que suma -a los 13 miembros actuales- un juez, dos abogados y un académico o científico.

Por su parte, Juntos por el Cambio tiene su dictamen propio, que va en línea con la composición de la ley anterior, conformación que podría restituirse el 15 de abril si no se aprueba una nueva ley, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema que en diciembre le dio un plazo de 120 días al Congreso. Esa composición habla de 20 integrantes, con el presidente de la Corte presidiendo el Consejo.

El debate

Al inicio de la reunión, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el jujeño Guillermo Snopek, expresó: “Hemos recibido propuestas de legisladores con este tema tan delicado, como es el Consejo de la Magistratura, que tiene fecha de vencimiento”.

Asimismo, el jefe del bloque radical, Luis Naidenoff, y la vicepresidenta del bloque del FdT, Anabel Fernández Sagasti, aclararon que mantuvieron una reunión entre ambos bloques para que el plenario fuera informativo, porque “hemos trabajado en las propuestas para mejorar el proyecto enviado por el Ejecutivo”. “La idea es no ir al recinto sin que ningún senador sepa el texto final y que con una semana de anticipación puedan leer el texto mejorado. Vamos a ver si aceptamos nuevas propuestas e ir al recinto con el texto final”, explicó Sagasti.

Por consiguiente, Weretilnek sostuvo “la semana pasada había 3 propuestas una del bloque oficialista, que la mayoría acompaña el proyecto del Ejecutivo, el dictamen que planteó la oposición y nosotros presentamos un dictamen de minoría que hacíamos eje en los aspectos de aprovechar el debate de la ley para profundizar el federalismo y que se tengan aspectos que no habían sido tenido en cuenta en la anterior ley”.

“Estamos corriendo con el tiempo a partir del fallo de la Corte con lo cual nos quitó la posibilidad de avanzar”, indicó el rionegrino y agradeció la predisposición de ambos bloques y el diálogo para “acordar y consensuar algunos aspectos para enriquecer el proyecto del Ejecutivo. El cual tiene que ver en consonancia con el espíritu original para profundizar el Consejo y que tenga un carácter y una mirada de participación federal. Es algo a lo cual nadie se puede oponer”.

En ese sentido, el senador explayó: “La conformación del Consejo, en muchos años, son representantes en su mayoría de CABA y AMBA, es un tema a tener en cuenta. Si observamos la conformación de la justicia federal vemos cómo la estructura de CABA y AMBA absorbe todo lo que nosotros necesitamos resolver en el interior del país y las problemáticas que tienen los jueces federales en el interior, en muchos casos, son opuestos a la agenda de CABA y AMBA”.

“Tenemos problemáticas distintas, un juez federal tienen temas como narcotráfico y contrabando como temas puntuales. Los objetivos de jueces nacionales no tienen nada que ver con los del interior”, comparó Weretilneck y agregó: “Las realidades y los desafíos de la justicia del interior son totalmente distintas de CABA y AMBA por eso en la agenda de designación de los cargos y la mirada que se de para la selección y elección de funcionarios judiciales tienen que tener una mirada federal”.

En tanto, apeló a los datos y precisó que “tenemos 480 juzgados en todo el país, 303 están en CABA y 62 son juzgados de fueros especiales. El 24% son juzgados del interior del país. El 29% son Salas del interior del país, está claro que una cosa es la estructura federal de CABA y AMBA y otra cosa distinta es el interior del país. Nosotros estamos atados al funcionamiento de la gran metrópolis”.

Por lo tanto, planteó las modificaciones al proyecto que “de alguna manera rescata las dificultades, la falta de federalismo y pone al Consejo como uno de los órganos más federales. En los artículos incorporamos el concepto de región porque tiene que ver con nuestra identidad”.

“Las modificaciones concretas en lo que es el representante del Ejecutivo Nacional tiene que ser alternativamente un hombre y una mujer, es un tema que no estaba planteado. El segundo aspecto cómo tienen que elegirse los concejeros de los abogados y jueces, hasta ahora han visto que las leyes no se planteaba interior u otro lugar, tampoco el tema género”, enumeró y remarcó que “el proyecto del Ejecutivo había avanzado al decir que alguno de esos integrantes tenía que ser del interior, nosotros ahora vamos a ser más concretos y planteamos que para la elección de los concejeros, representantes de jueces y abogados, las listas deberán conformarse con un integrante de cada región (AMBA-Norte-Centro y Sur) y cada región está integrada por las competencias de cada Cámara”.

Y siguió: “Plantemos 4 candidatos de los abogados y de jueces tiene que haber un representante de cada una de las regiones y, a su vez, dos tiene que ser mujeres y dos hombres. Garantizamos que todas las regiones del país tengan representación en el Consejo de la Magistratura, antes eso no sucedía”.

El otro aspecto que se propuso y fue aceptado por el oficialismo es que el Consejo sesionará al menos una vez por trimestre “para abordar las problemáticas y necesidades del país. Otra modificación importante de federalizar efectivamente el Consejo es la puesta en marcha de una quinta Comisión, hasta ahora tiene cuatro, se llamará de Asuntos Federales conformada por consejeros y también estará dividida en 4 regiones”.

“Plantemos una profundización del federalismo y la posibilidad de que el interior del país pueda participar del Consejo de la Magistratura, no estamos proponiendo modificar el artículo primero de que un miembro de la Corte presida o integre el Consejo”, cerró Weretilneck.

Por su parte, el presidente del bloque de senadores del FdT, José Mayans (Formosa) destacó el trabajo de la comisión y señaló que “el conflicto está en que la Ley 26.080 en todos sus artículos dice sustitúyase el artículo de la Ley madre. Es claro que cuando se sustituye el artículo queda derogado, el fallo de la Corte generó un vacío de la Ley al ser derogados los artículos. La composición original era de 19 miembros y la otra es de 13 que la Corte no estaba de acuerdo con eso”.

“Es una Ley vacía porque tiene los artículos derogados, declarados inconstitucional, la Ley base es inaplicable y ese es el vacío que queremos llenar con el proyecto del Ejecutivo. Sabemos que la diferencia está en quién administra todo esto, es la cuestión clave. Es un tema interesante por el tema del federalismo, trabajamos en el tema y aceptamos la propuesta y vamos a llevar la de Weretilneck. Vamos a llevar con modificaciones al recinto para el próximo miércoles y que sea una sola sesión”, informó Mayans.

En ese momento, el radical Naidenoff apuntó: “En este acuerdo entre el bloque de Rio Negro y el oficialismo, la cuestión central que tenía que ver con la integración de la Corte no está, para nosotros es el debate y lo reservamos para el recinto ese tipo de cuestiones”, tras lo cual se levantó y se retiró de la reunión.

Guadalupe Tagliaferri (JxC – CABA) también cuestionó: “El FdT tiene la capacidad de dialogar, trabajar hasta tarde buscando los consensos con su bloque y los demás, lamentamos que esa vocación y esa capcaicdad para encontrar puntos de diálogo y consensos no se haga extensivo al total de los miembros del Senado. La capacidad la tienen espero que la próxima sea para los 72 senadores”, y aclaró: “La desproporción de juzgados no es responsabilidad de la CABA porque siempre lo señalan como que es el mal de todo”.

Por otro lado, Edgardo Kueider (FdT – Entre Ríos) adhirió a la propuesta con respecto a la federalización porque es un “paso positivo” y adelantó una propuesta que llevará al recinto que tiene que ver con “el requisito para integrar el Consejo por parte de los miembros del Legislativo que sean abogados, siempre tuve esa duda. No hay un planteo claro ni ningún articulo que hable expresamente sobre esto”.

Por último, la senadora Mariana Juri (UCR -Mendoza) manifestó: “No deja de llamarnos la atención que se haya resignado en el acuerdo a algo tan básico como proponía Weretilneck como era la integración al Consejo de la Magistratura, sino que también propina la presidencia por parte de la Corte, ha resignado algo tan básico que estaba en su dictamen de minoría”, pidió diálogo para debatir algunos aspectos de su dictamen de minoría y que “tengan en cuenta algunos aspectos que plantean”.

Tal como lo estimaba, el oficialismo en el Senado emitió este miércoles el dictamen del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para reformar el Consejo de la Magistratura, ley que deberá aprobarse antes del 15 de abril por el Congreso según lo encomendó la Corte Suprema mediante un fallo dictado en diciembre pasado.

Luego de recibir a un grupo de especialistas que dieron sus opiniones, en nombre del Frente de Todos, el senador Oscar Parrilli anunció el pase a la firma del despacho y el respaldo del bloque al texto del Gobierno, que aspiran a tratar la próxima semana en el recinto.

El dato particular fue que un aliado clave del oficialismo, el rionegrino Alberto Weretilneck, anticipó que firmaría un dictamen propio, basado en un proyecto de su autoría.

Se sabe que la iniciativa oficial no cuenta con el respaldo del interbloque Juntos por el Cambio, compuesto por 33 miembros, y que la diferencia principal radica en la participación del presidente la Corte Suprema dentro del Consejo y la posibilidad de que éste lo presida. Con lo cual, el apoyo de los aliados resulta fundamental para el FdT si quiere aprobar la media sanción, para la cual requiere 37 votos y el bloque está compuesto por 35 integrantes.

En el cierre del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, Parrilli observó que “hay una campaña bastante instalada en desprestigiar a la política”, pero él está “convencido” de que “no la política partidaria, pero sí la política judicial la tienen que definir los legisladores, no las corporaciones“.

“No tiene que ser materia de la Corte, los jueces o los fiscales que definan cuál es la política judicial que debe existir para la sociedad argentina”, insistió y apuntó que “el desprestigio que hoy tiene la Corte y los jueces no se debe por responsabilidad de los políticos, se debe al propio accionar de los jueces y la Justicia”.

Basado en encuestas de la CELAC, el titular de la Comisión de Justicia precisó que “los jueces tienen 76% de imagen negativa y la Corte un 75%”, mientras que “un 64% de la gente piensa que la política es una herramienta para transformar la vida de la gente”.

Al recordar que como exfuncionario kirchnerista tuvo tuvo 10 causas en su contra, y ahora le quedan 2, el senador dijo: “Le pedí siempre a los jueces que me juzguen por las pruebas y no por la supuesta íntima convicción que ellos decían tener”. “Ahora hay muchos funcionarios de la gestión anterior que están siendo juzgados, investigados. Yo le pido a los jueces que no los traten a ellos como nos trataron a nosotros” que ” nos condenaban sin investigarnos, nos difamaban, nos desacreditaban, pedían que nos metieran presos por las dudas”, sostuvo.

El neuquino pidió que “si hay pruebas que los condenen, pero que si no hay pruebas que no los condenen”. “Esos son los jueces que necesitamos. No necesitamos jueces que decidan por la presión mediática, por la íntima convicción, o porque la gente cree que ‘fulano de tal es responsable o culpable’“, agregó.

Y completó que “el desprestigio de la Justicia la hicieron ellos mismos con el actuar y, sin dudas, también colaboró a eso cuando los organismos de inteligencia o la política se utilizó para perseguir a dirigentes”, en alusión a las denuncias contra el gobierno de Cambiemos.

Sobre el proyecto, Parrilli afirmó que “esta ley que envió el Ejecutivo nuestro bloque la va a apoyar, vamos a firmar el dictamen, apoyar su sanción, y esperamos que prontamente podamos llevarla al recinto”. También expresó que coincidía con lo expuesto el día anterior por el ministro de Justicia, Martín Soria, sobre que los jueces de la Corte Suprema “se arrogaron facultades nuestras” en su fallo.

Al argumentar su propio dictamen, el rionegrino Alberto Weretilneck subrayó que “hemos discutido bastante alrededor de un solo tema, que es la participación o no de la Corte Suprema en el Consejo de la Magistratura”, pero este tema “amerita otra discusión que para mí es el federalismo en serio de nuestro país”.

En esa línea, explicó que su iniciativa propone que “en vez de tener un Consejo como el actual, se conformen Consejos a nivel de distritos judiciales, en el cual los senadores y diputados sean de ese distrito”, al igual que los abogados, académicos y jueces. Para el senador, sería “cambiar la lógica centralista y unitaria que tiene este Consejo”.

Cabe destacar que el proyecto de Weretilneck, que habla de una conformación de 15 miembros, sí estima la participación del “presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o el que sea designado entre los integrantes de su seno, quien a su vez será el presidente del Consejo, debiendo alternase anualmente el elegido”.

Finalmente, el presidente de Asuntos Constitucionales -que estuvo a cargo de los debates-, el oficialista Guillermo Snopek, dejó una incógnita respecto a las negociaciones que podrían darse de acá a la llegada al recinto del texto final. “Muchas veces se interpreta que el dictamen es lo que va a salir sancionado”, expresó y deslizó que en el recinto se debate la redacción final, de modo que quedó abierta la posibilidad de modificaciones, aunque no se aclaró específicamente.

El proyecto de reforma que envió el Poder Ejecutivo difiere de la composición original que la propia Magistratura sugiere de 20 miembros, sobre todo porque en esta iniciativa no se contempla la presencia de un miembro de la Corte presidiendo el organismo.

El texto oficial amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo. La iniciativa suma un juez, dos abogados y un académico o científico. Contempla también la cuestión de género, de modo tal que al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.

Por el contrario, la composición original era de un miembro de la Corte Suprema de Justicia, que era su presidente y presidía entonces el Consejo; cuatro jueces, ocho legisladores (4 por cámara: 2 por el oficialismo; 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría); cuatro abogados; un representante del PEN y dos miembros del sector académico.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado retomó este miércoles el cuarto intermedio para continuar con el debate de los proyectos sobre reforma del Consejo de la Magistratura.

Tras recibir a funcionarios este martes, quienes dieron el puntapié inicial de la discusión, los senadores recibieron a seis invitados que fueron convocados a instancias tanto del oficialismo como de la oposición.

Abrió la serie de exposiciones el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, Darío Kusinky, quien se ocupó especialmente de la parte del proyecto oficial en lo referido a la representación de académicos y científicos y, en ese sentido, destacó la participación del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional). Que la designación de los representantes del estamento académico dependa de ese organismo “le otorga y respalda en términos de antecedentes la propuesta”, señaló, ponderando que “es un sistema que garantiza una representación federal de este miembro. Hacerlo a través del CIN nos permitirá que haya elecciones en cada una de las facultades de Derecho para elegir a este segundo representante”, indicó.

En un pasaje destacó que en 1998 el sistema universitario contaba con 36 universidades nacionales, de las cuales 16 tenían facultades o escuelas de Derecho. “Hoy contamos con 56 universidades nacionales públicas, en las cuales se registran 35 facultades y escuelas de Derecho. Esto es que hoy en día tenemos 35 facultades de Derecho y en el ’98 teníamos 36 universidades en todo el país”, resaltó, precisando que “esto da cuenta de la enorme expansión que ha experimentado todos estos años el sistema universitario y pone de relevancia que sean los decanos de facultades de Derecho quienes tengan algo para decir en este proceso de selección de jueces”.

Con todo, Kusinky sugirió “no confundir quiénes eligen y quiénes son candidatos, no van a ser los decanos los candidatos”. Por otra parte, valoró que el proyecto presenta grandes avances en materia de igualdad de género, un tema que quedaba expuesto en esa misma reunión, donde había cinco varones para exponer y solo una mujer.

A su turno, Alfredo Vítolo, presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), subrayó la importancia del fallo de la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad de la ley vigente y sostuvo: “No debemos ver fantasmas en esto ni nada por el estilo, sino que simplemente es el juego del sistema constitucional argentino”.

“El Poder Judicial hoy está descreído, nadie cree en la independencia del Poder Judicial”, lamentó y explicó que “el Consejo de la Magistratura no tiene asignado el gobierno del Poder Judicial” que “sigue en cabeza de la Corte Suprema”, sino que “lo que tiene es la administración del Poder Judicial y dos funciones fundamentales: seleccionar las ternas de candidatos en concursos públicos para ser jueces e iniciar los procesos de remoción”.

Vítolo enfatizó que “esta ley no es cualquier ley”, por eso remarcó que no se trata de que “tenga simplemente mayorías de un partido, o de una coalición de un momento determinado”, ya que eso no le aportará “ningún tipo de estabilidad”. “En este tema es tremendamente importante lograr los acuerdos necesarios para que esta no sea una ley de un partido u otro, porque eso va a traer confianza”, profundizó el presidente de FORES.

Además, el expositor planteó que la función de un consejero se trata de “una tarea de tiempo completo”, para argumentar su posición particular sobre la forma en que deberían participar los legisladores. Sobre esto, la senadora oficialista Silvia Sapag le salió al cruce, por sostener Vítolo que “está bien que el presidente de la Corte Suprema sea presidente del Consejo” y “en cambio también dice que los congresales no deberían ser miembros del Consejo, sino representantes” porque “aduce a que nosotros nos tenemos que abocar a nuestra tarea, pero no lo dice del presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando sabemos que tienen 20 mil causas atrasadas”.

Luego fue el turno del abogado Daniel Sabsay, quien en su intervención criticó fuerte al ministro de Justicia, Martín Soria, y consideró que debería haber renunciado por sus cuestionamientos hacia la Corte Suprema. Habitué de este tipo de exposiciones, el constitucionalista arrancó comparando el sistema argentino con el de Estados Unidos, del que reivindicó que no tiene la partidización que sí hay en la Argentina en la designación y remoción de jueces. “Porque rápidamente se introdujo (en EE.UU.) un proceso participativo en la designación del juez, es lo que impidió esa politización y partidización”, dijo.

Sobre la composición del órgano judicial, se manifestó en contra de la presencia de legisladores en el Consejo y afirmó -ante preguntas de los senadores- que no deberían ser los legisladores los que ocupen un doble rol interviniendo en el Poder Legislativo y el Judicial, sino que deberían hacerlo a través de representantes no legisladores.

“Es un problema de separación de poderes -expresó-. Los legisladores integran el Poder Judicial y el Legislativo, eso es monstruoso y me extraña que no haya sido revertido”, apuntó y diferenció de la presencia del presidente de la Corte en el Consejo, pues se trata de “un juez, no es un legislador, no ejerce dos poderes”.

El abogado resaltó el fallo de la Corte, que consideró “abiertamente inconstitucional” la ley vigente, porque no incorpora al presidente de la Corte, y dijo que la Constitución es muy clara en eses sentido. “¿Por qué digo que es abiertamente inconstitucional? Porque aparece también la representación de los profesores”, señaló, quejándose de la manera como se elige a través del CIN a los integrantes de ese estamento. Puntualmente se quejó que sean los decanos los únicos que lo hagan, “desconociendo que las organizaciones de las universidades tienen también división de poderes. Esa es una violación de los poderes intra universitarios. Siempre me sorprendió que son los propios directivos de universidades lo que lo avalan”.

Sabsay también rechazó las consideraciones dadas el día anterior por el ministro Soria respecto de la Corte Suprema. Sostuvo en ese sentido que el Tribunal Supremo “no extorsionó, no hizo un golpe de Estado… Volvió las cosas a su sano juicio. Que lo haga tarde no quiere decir que no sea válido”.

En otro pasaje advirtió que “la degradación de la justicia proviene en gran parte de esta ley, que capturó en manos del oficialismo la justicia y que le brindó al oficialismo de turno una capacidad de veto que es absolutamente contraria a lo que dijo el constituyente cuando hizo el Consejo de la Magistratura”.

Poniendo énfasis en la cuestión presupuestaria, Diego Sebastián Marías, consejero en representación de los abogados y presidente de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo, admitió que el punto sobre si el presidente de la Corte Suprema debe presidir el Consejo, “no lo tengo del todo zanjado”, pero la posibilidad de que sea así “presenta ante todo una oportunidad, porque separados hasta acá no hemos podido hacer muchas cosas”.

El consejero exclamó que el Poder Judicial enfrenta “una gran crisis en materia de infraestructura, tecnología, recursos” que “no es de ahora, es de mucho antes y se va agravando cada vez más”. En esa línea, mencionó que en muchas provincias hay “enormes falencias”, e incluso en algunas “muchos juzgados funcionan en casas de familias que fueron más o menos condicionadas”.

Marías señaló que el hecho de que el presidente de la Corte encabece el Consejo “podría asegurarnos una mejor administración de los recursos que hoy tenemos”, de los cuales “el 98,5% se destina a pagar los sueldos de todo el Poder Judicial, y para lo que tiene que ver con cuentas de inversión no queda nada. Dependemos de lo que nos da el Poder Ejecutivo, o cómo nos lo da, o lo que la Corte a veces aporta de manera extraordinaria”.

“La Corte maneja una caja superavitaria y el Consejo es absolutamente pobre, o sea, este sistema no funciona”, aseveró y agregó que existe “una caja rica para administrar muy poco y una caja prácticamente inexistente para administrar todo”. “Tenemos un enorme problema de administración de recursos en el Poder Judicial, producto que hay dos cajas, dos órganos en la cima del Poder Judicial que se comunican poco y muy mal, con una descoordinación que es absoluta”, insistió.

Consultado por la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti sobre “los fondos reservados de la Corte”, Marías informó que “la Corte maneja un fondo anticíclico que debe estar hoy en 50 mil, 60 mil millones de pesos, que está constituido en dos plazos fijos, que generan estupendos dividendos todos los meses”.

También expusieron el abogado constitucionalista Alberto Spota y la Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, María Fernanda Vázquez.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado retomó este miércoles el cuarto intermedio para continuar con el debate de los proyectos sobre reforma del Consejo de la Magistratura.

Tras recibir a funcionarios, que dieron el puntapié inicial de la discusión, los senadores reciben a seis invitados que fueron convocados a instancias tanto del oficialismo como de la oposición.

En la jornada expondrán Darío Kusinky, rector de la Universidad Nacional de José C Paz; Alfredo Vítolo, presidente de FORES (Foro de Estudios sobre la administración de Justicia); y Daniel Sabsay, abogado constitucionalista.

También participarán Alberto Spota, abogado constitucionalista; Diego Sebastián Marías, consejero en representación de los abogados y presidente de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo; y María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Abrió la serie de exposiciones el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, Darío Kusinky, quien se ocupó especialmente de la parte del proyecto oficial en lo referido a la representación de académicos y científicos y, en ese sentido, destacó la participación del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional). Que la designación de los representantes del estamento académico dependa de ese organismo “le otorga y respalda en términos de antecedentes la propuesta”, señaló, ponderando que “es un sistema que garantiza una representación federal de este miembro. Hacerlo a través del CIN nos permitirá que haya elecciones en cada una de las facultades de Derecho para elegir a este segundo representante”, indicó.

En un pasaje destacó que en 1998 el sistema universitario contaba con 36 universidades nacionales, de las cuales 16 tenían facultades o escuelas de Derecho. “Hoy contamos con 56 universidades nacionales públicas, en las cuales se registran 35 facultades y escuelas de Derecho. Esto es que hoy en día tenemos 35 facultades de Derecho y en el ’98 teníamos 36 universidades en todo el país”, resaltó, precisando que “esto da cuenta de la enorme expansión que ha experimentado todos estos años el sistema universitario y pone de relevancia que sean los decanos de facultades de Derecho quienes tengan algo para decir en este proceso de selección de jueces”.

Con todo, Kusinky sugirió “no confundir quiénes eligen y quiénes son candidatos, no van a ser los decanos los candidatos”. Por otra parte, valoró que el proyecto presenta grandes avances en materia de igualdad de género, un tema que quedaba expuesto en esa misma reunión, donde había cinco varones para exponer y solo una mujer.

A su turno, Alfredo Vítolo, presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), subrayó la importancia del fallo de la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad de la ley vigente y sostuvo: “No debemos ver fantasmas en esto ni nada por el estilo, sino que simplemente es el juego del sistema constitucional argentino”.

“El Poder Judicial hoy está descreído, nadie cree en la independencia del Poder Judicial”, lamentó y explicó que “el Consejo de la Magistratura no tiene asignado el gobierno del Poder Judicial” que “sigue en cabeza de la Corte Suprema”, sino que “lo que tiene es la administración del Poder Judicial y dos funciones fundamentales: seleccionar las ternas de candidatos en concursos públicos para ser jueces e iniciar los procesos de remoción”.

Vítolo enfatizó que “esta ley no es cualquier ley”, por eso remarcó que no se trata de que “tenga simplemente mayorías de un partido, o de una coalición de un momento determinado”, ya que eso no le aportará “ningún tipo de estabilidad”. “En este tema es tremendamente importante lograr los acuerdos necesarios para que esta no sea una ley de un partido u otro, porque eso va a traer confianza”, profundizó el presidente de FORES.

Además, el expositor planteó que la función de un consejero se trata de “una tarea de tiempo completo”, para argumentar su posición particular sobre la forma en que deberían participar los legisladores. Sobre esto, la senadora oficialista Silvia Sapag le salió al cruce, por sostener Vítolo que “está bien que el presidente de la Corte Suprema sea presidente del Consejo” y “en cambio también dice que los congresales no deberían ser miembros del Consejo, sino representantes” porque “aduce a que nosotros nos tenemos que abocar a nuestra tarea, pero no lo dice del presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando sabemos que tienen 20 mil causas atrasadas”.

NOTICIA EN DESARROLLO

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado comenzará este martes, desde las 16 en el Salón Illia, con el debate del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, otro “plato fuerte” del arranque del año legislativo.

Superada la instancia del acuerdo con el FMI, que acaparó toda la atención de ambas cámaras en lo que va del año, a contrarreloj la Cámara alta se propone dar inicio al tratamiento de la reforma del órgano judicial, la cual tiene un plazo perentorio: el 15 de abril próximo. Pues si para entonces no hay una nueva ley, los actos dictados por el Consejo de la Magistratura serán nulos.

Según dispuso la Corte Suprema de Justicia en diciembre pasado a través de un fallo que dictó la inconstitucionalidad de la ley de 2006 -de la cual fue autora como senadora Cristina Kirchner-, si no hay una nueva norma para el 15 de abril, entrará en vigencia la ley anterior, que establecía una composición del Consejo con 20 miembros.

El máximo tribunal de la Nación le encomendó al Poder Legislativo un plazo de 120 días corridos para resolver el tema. Esto es, si no hay nueva ley, se deben elegir 7 nuevos miembros para el Consejo de la Magistratura. Es que estableció que la composición de 13 miembros no respeta el equilibrio de los sectores que seleccionan, sancionan y eventualmente remueven magistrados y deben volver a ser 20 los integrantes.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, que será la cabecera, está presidida por el jujeño Guillermo Snopek, mientras que el kirchnerista Oscar Parrilli continúa al frente de la Comisión de Justicia, como durante los dos últimos años.

Según trascendió, se espera que al plenario asistan el ministro de Justicia, Martín Soria; el viceministro, Juan Martín Mena; y el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones.

En la previa de la reunión, el interbloque Juntos por el Cambio del Senado unificó las propuestas que había al respecto y presentó su propio proyecto, el cual establece 20 miembros y plantea que el Consejo debe ser presidido por el presidente de la Corte Suprema, principal diferencia con el texto enviado por el Gobierno.

El proyecto del Ejecutivo

El proyecto de reforma que envió el Poder Ejecutivo, unos días antes al fallo de la Corte, difiere de la composición original que la propia Magistratura sugiere de 20 miembros, sobre todo porque no se contempla la presencia de un miembro de la Corte presidiendo el organismo.

Dicha iniciativa amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo. La iniciativa suma un juez, dos abogados y un académico o científico. Contempla también la cuestión de género, de modo tal que al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.

Por el contrario, la composición original era de un miembro de la Corte Suprema de Justicia, que era su presidente y presidía entonces el Consejo; cuatro jueces, ocho legisladores (4 por cámara: 2 por el oficialismo; 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría); cuatro abogados; un representante del PEN y dos miembros del sector académico.

En un rápido trámite, y por unanimidad, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta pasó a la firma el dictamen que aprueba los diplomas y la documentación correspondiente a los 24 nuevos senadores que jurarán y asumirán la próxima semana.

En el arranque de la reunión, que se realizó de manera remota, la presidenta de la comisión, la santafesina María de los Ángeles Sacnun (FdT), explicó que el ánalisis de los títulos se dio en el marco “del artículo 7 de nuestro reglamento” y de los artículos 54 y 56 de la Constitución Nacional, sobre la renovación del Senado, además de que “el artículo 64 establece que este cuerpo es juez respecto de la elección y los diplomas de los miembros de este cuerpo”.

La legisladora oficialista recordó que “normalmente el día 29 de noviembre es el día en que se avanza con la sesión preparatoria”, pero como consecuencia de la postergación de las elecciones “estamos procediendo en el día de hoy a analizar los títulos de los senadores y senadoras que resultaron electos”. La jura se llevará a cabo el próximo 9 de diciembre, un día antes de que los nuevos legisladores asuman formalmente.

Además, Sacnun reveló que la última provincia en remitir la documentación fue Córdoba, el pasado 25 de noviembre, y reveló que “no hemos tenido ningún tipo de impugnación” sobre los nuevos senadores. Por eso, a mano alzada, el dictamen único se aprobó por unanimidad y pasó a la firma.

Los diplomas de los nuevos senadores corresponden a los catamarqueños Lucía Corpacci, Guillermo Andrada (Frente de Todos) y Flavio Fama (Juntos por el Cambio); los chubutenses Ignacio Torres, Edith Terenzi (Juntos por el Cambio) y Carlos Linares (Frente de Todos); los cordobeses Luis Juez, Carmen Álvarez (Juntos por el Cambio) y Alejandra Vigo (Hacemos por Córdoba); los correntinos Eduardo Vischi, Gabriela Valenzuela (Juntos por el Cambio) y Carlos “Camau” Espínola (Frente de Todos); los pampeanos Daniel Kroneberger, María Victoria Huala (Juntos por el Cambio) y Daniel Bensusán (Frente de Todos); los mendocinos Alfredo Cornejo, Mariana Juri (Juntos por el Cambio) y Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos); los santafesinos Carolina Losada, Dionisio Scarpin (Juntos por el Cambio) y Marcelo Lewandowski (Frente de Todos); y los tucumanos Pablo Yedlin, Sandra Mendoza (Frente de Todos) y Beatriz Ávila (Juntos por el Cambio).

Por otra parte, también por unanimidad se avaló el proyecto de ley que autoriza al presidente Alberto Fernández a ausentarse del país durante el año 2022, cuando razones de gobierno así lo requieran. “Es lo que todos sabemos y conocemos. Es al Congreso al que le corresponde autorizar la salida del país del presidente”, sostuvo Sacnun sobre la habitual iniciativa y mencionó que “desde 1983 se hace por ley para evitar que haya que autorizar caso por caso”. “Es una cuestión de forma”, añadió.

Elogios para Sacnun en su despedida

Al comenzar con la ronda de palabras afectuosas para la presidenta de la comisión, que culmina su mandato, el rionegrino Alberto Weretilneck (JSRN) felicitó a Sacnun y le agradeció “todos estos dos años de trabajo en conjunto”, además de destacarla “por la inteligencia, por la sensibilidad, por la seriedad con la que usted pudo llevar adelante esta comisión”.

El secretario de la comisión recordó que se debatieron “temas muy complejos, apasionados, con posiciones totalmente antagónicas”, pero se dieron “en un marco democrático y de respeto”.

A su turno, el catamarqueño Dalmacio Mera (FdT), quien también se despide del Senado y fue antecesor de Sacnun en la presidencia de la comisión, valoró la discusión que tuvo la reforma judicial, y abogó: “Ojalá los próximos años se termine de discutir en Diputados”. “Usted en ese papel, que fue un debate álgido, apasionado, lo hizo de muy buena manera”, le dijo a la santafesina y la definió como “una gran senadora que en cada tema la he visto trabajar con muchísima dedicación”.

Por su parte, la chubutense Nancy González (FdT), otra que se despide el próximo 10 de diciembre, agradeció a todos los integrantes, autoridades y asesores de la comisión, a la que Sacnun “nunca la durmió”, destacó. “Marilín, te quiero mucho, te deseo lo mejor, y sé que vas a estar en el lugar que el país y la república te necesite, porque tenes mucho para aportar”, expresó a su compañera de bloque.

Entre los que le dedicaron agradecimientos a la santafesina, el rionegrino Martín Doñate (FdT) aseguró que “te vamos a extrañar muchísimo” y “es una lástima que el Senado se prive de tu continuidad, porque le dabas un plus valor”; mientras que la neuquina Silvia Sapag ponderó su “ecuanimidad, inteligencia, firmeza”.

Desde la oposición, la vicepresidenta de la comisión, la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro), sostuvo: “A veces se interpreta que cuando somos oficialismo y oposición, y viceversa, de manera permanente tenemos que estar en las antípodas, que puede ser que lo estemos en relación a la opinión, pero desde esta comisión no lo hemos estado en relación al procedimiento y al trabajo conjunto”.

“Cada vez que se necesitó que la comisión escuchara una opinión de referentes que no son del espacio que ustedes pertenecen, eso ocurrió. Eso enaltece la tarea de un legislador y sobre todo de las comisiones del Senado, y especialmente de la de Asuntos Constitucionales”, destacó la legisladora macrista, que agregó que “no hubo en ningún momento ninguna voz que fuera coartada o ninguna participación que fuera impedida”.

Al agradecer a sus pares y enfatizar que el trabajo de la comisión fue conjunto, Sacnun detalló una síntesis de la labor realizada en estos dos años, en los cuales hubo “30 reuniones; 17 plenarios, 12 en 2020 y 5 en 2021”. También participaron 105 invitados; se trataron 54 expedientes; hubo 33 dictámenes y 28 de esos tuvieron tratamiento en sesiones; y se promulgaron 5 leyes que pasaron por esa comisión.

Asimismo, la senadora oficialista agradeció a la vicepresidenta Cristina Kirchner “por la confianza”, a las autoridades de su bloque, a los trabajadores de la Cámara alta y a una larga lista de personas, entre las que incluyó a los periodistas parlamentarios.

“Hay muchísimas cuestiones pendientes que se tienen que tomar en el ámbito del Congreso”, afirmó, y al llamarse y llamar a sus pares como “servidores públicos”, expresó que “lo importante es que todo lo que hagamos, lo hagamos con respeto, fundamentalmente por nuestras instituciones; y con respeto por la Constitución de la Nación, que es la que otorga deberes, derechos y garantías a nuestra comunidad, que es la que ordena la forma en que debemos convivir y nosotros somos quienes tenemos que dar el ejemplo”.

La Cámara alta dará curso este lunes a un trámite indispensable tras el cual quedarán habilitados los senadores elegidos el pasado 14 de noviembre para asumir en el Cuerpo. En el marco de una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se le dará ingreso a los diplomas de los 24 senadores nacionales que tendrán mandato hasta 2027 y los mismos serán ratificados durante el encuentro.

Así lo confirmó a parlamentario.com la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnun, quien es precisamente una de las legisladoras que deja la Cámara a partir del 10 de diciembre.

Los integrantes de Asuntos Constitucionales se reunirán de manera virtual a partir de las 14 para analizar las notificaciones de la Junta Nacional Electoral de los ocho distritos donde se eligieron senadores este año, quienes prestarán juramento en la reunión prevista para el próximo jueves 9 de diciembre.

En otro trámite, la comisión dará dictamen al proyecto proveniente del Poder Ejecutivo que pide autorización para que el presidente Alberto Fernández pueda viajar al exterior a lo largo de 2022.

Los diplomas de los nuevos senadores corresponden a los catamarqueños Lucía Corpacci, Guillermo Andrada (Frente de Todos) y Flavio Fama (Juntos por el Cambio); los chubutenses Ignacio Torres, Edith Terenzi (Juntos por el Cambio) y Carlos Linares (Frente de Todos); los cordobeses Luis Juez, Carmen Alvarez (Juntos por el Cambio) y Alejandra Vigo (Hacemos por Córdoba); los correntinos Eduardo Vischi, Gabriela Valenzuela (Juntos por el Cambio) y Carlos “Camau” Espínola (Frente de Todos); los pampeanos Daniel Kroneberger, María Victoria Huala (Juntos por el Cambio) y Daniel Bensusán (Frente de Todos); los mendocinos Alfredo Cornejo, Mariana Juri (Juntos por el Cambio) y Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos); los santafesinos Carolina Losada, Dionisio Scarpin (Juntos por el Cambio) y Marcelo Leandowsky (Frente de Todos); los tucumanos Pablo Yedlin, Sandra Mendoza (Frente de Todos) y Germán Alfaro (Juntos por el Cambio), aunque este último ya anticipó su renuncia y en su lugar asumirá Beatriz Avila.

El Frente de Todos avanzó con los dictámenes de dos proyectos de ley que buscan limitar la tasa de interés por mora en el pago de servicios públicos y privados, impulsados por el senador kirchnerista Oscar Parrilli. Por su parte, los legisladores de Juntos por el Cambio no acompañaron el despacho y anunciaron que estudiarán los textos, definidos este mismo viernes.

Al explicar los cambios a las iniciativas, Parrilli aclaró que se incorporará “la tasa de interés para personas humanas, porque creo que eso le da mayor claridad” y señaló que “no queremos intervenir en la política del Banco Central”, sino que estos proyectos buscan la coherencia “con el artículo 42 de la Constitución Nacional”.

Luego, leyó los dictámenes, comenzando por el referido a los servicios privados, del cual se excluyó a las instituciones de educación privada.

De acuerdo con el texto, “la tasa de interés moratorio y punitorio deberá aplicarse: a las tarjetas de crédito emitidas por entidades bancarias, por empresas de crédito o por proveedores no financieros de crédito; a las facturas de servicio por medicina prepaga y a las empresas de seguros de cualquier rubro en relación a usuarios y consumidores particulares, en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago, no pudiéndose cobrar ningún tipo de cargos extras por gastos administrativos o por cualquier otro concepto”.

Asimismo, “la fecha del primer vencimiento de las facturas de todos los servicios enunciados en el párrafo precedente no podrá ser anterior al día 10 de cada mes”.

“El Poder Ejecutivo Nacional determinará las autoridades de aplicación que deben dictar, en el ámbito de sus competencias, las reglamentaciones y/o resoluciones correspondientes”, establece, e indica que las empresas que en el plazo de 30 días desde la publicación de la ley no adecuen sus facturas a la tasa de interés correspondiente “serán sancionadas con multas de 4 a 48 Salarios Mínimo, Vital y Móvil”.

También, en todos los casos, las empresas prestadoras de estos servicios deberán otorgar a sus usuarios particulares “planes de facilidades de pago para cancelar las deudas, conforme las pautas que establezcan las autoridades de aplicación de los marcos jurídicos relativos a los servicios involucrados”.

Por otra parte, en lo que respecta a los servicios públicos, se modifica el artículo 31 de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), incorporando que “la tasa de interés moratoria y/o punitoria por mora que podrán aplicar las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales, así como las de servicios públicos esenciales de televisión por cable, servicio de internet y servicio de telefonía móvil y fija, a todas las categorías de usuarios residenciales, organizaciones no empresariales, clubes de barrio y de pueblo, iglesias, entidades de bien público y colectivos de trabajo en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina”.

“La fecha del primer vencimiento de las facturas de los servicios de gas, luz, agua, cable, internet y telefonía fija y móvil no podrá ser anterior al día 10 de cada mes”, señala y añade que “los entes reguladores de cada servicio público y las empresas prestadoras de servicios deberán adecuar sus reglamentos de suministro en un plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de la ley”.

En cuanto a las sanciones, las empresas de servicios públicos que no adecuen su facturación dentro de los 30 días, desde la publicación de la ley, serán sancionadas con multas que van desde los 2 a 24 Salarios Mínimo, Vital y Móvil; y, en caso de incumplimiento, habrá multas desde los 4 a 48 SMVM.

Al igual que en el otro proyecto, las empresas prestadoras de servicios públicos deberán otorgar a los consumidores y usuarios planes de facilidades de pago para cancelar las deudas.

Al sentar la posición el interbloque Juntos por el Cambio, la senadora Laura Rodríguez Machado remarcó que “tenemos que considerar y analizar debidamente ya que no hubo unanimidad en asesores”. La cordobesa opinó que la ley busca “avanzar sobre las facultades del Central, desmereciendo todo el esfuerzo que ha hecho durante este tiempo” y “es un verdadero incentivo a no pagar, disfrazado de un falso propósito de aliviar la situación de los deudores”.

“Verdaderamente busca liquidar la rentabilidad y posibilidades de subsistencia de estos sectores que alcanza”, dijo la macrista en referencia a los servicios privados, y ratificó: “No vamos a suscribir el despacho y vamos a tomar una decisión que será comunicada debidamente a los presidentes de las dos comisiones luego que el bloque se reúna y analice el texto”.

Desde el propio Frente de Todos, el chubutense Mario Pais planteó que no se debe “diferenciar a los destinatarios de la facturación, porque al hacerlo dejamos sin tope y sin límite, por ejemplo, a otros usuarios y consumidores de servicios públicos”. “La Ley de Defensa del Consumidor no distingue, habla de consumidores en general”, insistió.

A esa idea adhirió la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, que expresó que le parecía “razonable” porque sino “estamos incorporando una distinción que la Ley de Defensa del Consumidor no tiene”.

Sobre ello, Parrilli asintió que “de aquí al recinto podemos hacer un agregado para aclarar cuál es el régimen que queda para las empresas”. Llamativamente, y admitido por ella misma, Rodríguez Machado defendió la idea original de Parrilli de incorporar únicamente a las personas humanas, porque esto “tiene que ver con la imposibilidad de pago de una persona que con su sueldo no llega; no tiene que ver con los empresarios, con los deudores que puedan ser institucionales”. “Yo preferiría dejarlo como usted lo informó”, agregó, aunque aclaró no estar de acuerdo con la ley.

Participación de representantes del Banco Central

La subgerenta general de Regulación Financiera del Banco Central, Daniela Bossio, explicó que “para todas las operaciones de crédito, sean créditos personales o tarjetas de crédito” si la persona deudora “no se atrasa, lo que hay es un interés compensatorio”. “Si la persona se atrasa respecto de los vencimientos pactados debe abonar además el interés punitorio”, señaló.

“Nos deja más tranquilos la aclaración que se hizo sobre los objetivos de estos proyectos, básicamente vinculado a la reglamentación sobre el interés punitorio y no sobre el compensatorio”, dijo.

“La Ley de Tarjetas de Crédito establece un límite para el interés punitorio que no puede ser mayor al 50% de la tasa de interés compensatorio, en los contratos financieros se adiciona, cuando hay una mora, el interés punitorio al compensatorio”, agregó.

En tanto, Germán Feldman, subgerente general de Investigaciones Económicas del Banco Central, apuntó que “el proyecto plantea la pasa pasiva del BNA a 30 días” y las tasas de esta entidad “están alineadas con los mínimos regulatorios que plantea el Banco Central”.

“La tasa de interés de tarjetas, que tradicionalmente se encontraba por encima de la tasa de los créditos personales, pasó a estar por debajo, eso es lo que venimos viendo desde mediados del año pasado”, informó.

Feldman consideró que “en caso de que algún usuario decidiera voluntariamente no pagar el servicio, sería conveniente pensar en una tasa que esté por encima de la tasa de interés pasiva del sistema para desalentar ese tipo de incentivos”.

“Distinguiría lo que es financiación con tarjetas de crédito, porque ya de por sí ahí hay una tasa compensatoria, de lo que es el otro proyecto sobre los servicios públicos”, observó.

Durante una reunión que se extendió por más de tres horas, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Derechos y Garantías del Senado debatieron este martes proyectos de ley que buscan limitar las tasas de interés por mora en el pago de servicios públicos y también privados -como tarjetas de crédito, medicina prepaga, educación y empresas de seguros, entre otros-.

Hacia el final del encuentro, con la venia de Oscar Parrilli, autor de las iniciativas, oficialismo y oposición acordaron que los asesores trabajen en una serie de modificaciones a los textos y se llegue a un pre-dictamen para el próximo viernes, cuando se retomará el cuarto intermedio, estableció la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la oficialista María de los Ángeles Sacnun, al argumentar que a partir del 19 de julio habrá receso invernal hasta el 30.

Además, a pedido de la macrista Laura Rodríguez Machado, en la reunión del viernes -antes de pasar a la firma los despachos- se convocará al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y a representantes de escuelas privadas, para que aporten su opinión.

Sobre este último sector, el cordobés Ernesto Martínez pidió excluir a la educación de gestión privada de esta ley, y Parrilli aseguró que “de ninguna manera tenemos interés de perjudicar a la educación y mucho menos a los padres”, con lo cual se evaluará la propuesta.

Al abrirse la reunión, Parrilli sostuvo que “la especulación financiera se ha transformado en el mundo en una de las acechanzas y amenazas que tienen todos los países desarrollados y subdesarrollados”, algo que se “recrudeció con la pandemia”. “El sistema financiero mundial tiene muchas cosas para corregir”, opinó.

El legislador oficialista resaltó que muchas veces “los servicios públicos se prestan de manera monopólica y por una concesión que el Estado les brinda”, y aplican “una tasa de interés equivalente a una vez y media la tasa pasiva del Banco de la Nación”.

“En muchos casos nos encontramos con que había cargos financieros, cargos por mora, por no pago en término, por envío de intimación, por reconexión del servicio”, observó, y explicó que esto genera el hecho de que “un ciudadano, o una empresa, o un club, lo que fuere, no pague su factura” y se genere “un grave perjuicio, en beneficio obviamente del prestador, que nosotros consideramos abusivo, excesivo, y que responde a una rentabilidad que no responde a la prestación de servicios”.

La postura de los expositores

El primero en exponer fue Sergio Barocelli, director nacional de Defensa del Consumidor, quien celebró las iniciativas que tiendan a “la visibilización de la problemática del sobreendeudamiento de los consumidores”. El funcionario del Ministerio de Desarrollo Productivo señaló que tener a parte de la población sobreendeudada “es tener a parte de nuestra sociedad excluida del consumo”.

“Creemos que muchas de las soluciones que se proponen son interesantes”, avaló y dijo que en los proyectos “debe centrarse la mirada principalmente en la figura de los consumidores”, al tiempo de contar con “una perspectiva federal, que implique no sólo la intervención de las autoridades nacionales de aplicación, sino también de las locales”.

Por su parte, Norberto Etchegoyen, director ejecutivo de la Cámara de Emisiones Regionales de tarjetas de crédito y consumo no bancarias, resaltó su representación en nombre de las PyMEs del interior que atienden a 17 millones los usuarios de tarjetas, que representan el 30%, y “son todos usuarios del interior del país, de un segmento de bajos ingresos o ingresos informales, que no son atendidos por los bancos”.

“Nuestra tasa de interés ya está regulada por la ley y el Banco Central”, subrayó y, en ese sentido, expresó que “especulación no podemos hacer”. “El 30% del mercado de tarjeta de créditos está asentado en los emisores no bancarios. Hoy, la tasa de interés es un dolor de cabeza porque nuestra rentabilidad está justa o incluso negativa”, continuó.

En su intervención, Etchegoyen se refirió también a las comisiones que “necesariamente deben tener previa autorización del Banco Central”. “El margen de nuestro sector, prácticamente en los últimos 10 años, en Argentina se ha ido deteriorando y corre riesgo este negocio”, agregó y opinó que avanzar con estos proyectos logrará “incentivar el comercio en negro y la caída de la recaudación”.

A continuación habló Gonzalo Rodríguez, abogado especialista en derecho del consumidor, quien explicó que “el endeudamiento del consumidor para acceder a los bienes y servicios” se debe a una “falta de regulación” en el mundo. “Estos proyectos reconocen que el sistema de protección jurídica de consumidores y usuarios es mucho más que la mera protección del sujeto individual consumidor destinatario final, los proyectos vienen a regular un mercado”, consideró.

Sobre la iniciativa referida a las tasas de interés de servicios privados, apuntó que “si lo que se busca es prevenir situaciones de sobreendeudamiento está faltando un actor que son los proveedores no financieros de crédito, empresas que se dedican al préstamo de dinero”.

En la línea de Etchegoyen, César Bastien, director ejecutivo de la Cámara de Tarjetas de Crédito (ATACYC), señaló que este “es un sector muy regulado, ya desde el año 1999 tenemos tasas máximas y aranceles” y “es el único sector de la economía que paga impuesto a los Débitos y Créditos por administrar fondos de terceros”.

Además, aseveró que el año pasado, con la llegada de la pandemia, hubo “una cantidad impresionante de regulaciones adicionales para el sector. Hubo varias normas del Banco Central bajando tasas de intereses, el congelamiento de comisiones” y ” todas ellas claramente para beneficiar a los consumidores y que permitieron sobrellevar la situación de los consumidores”.

Bastien estimó que de salir el proyecto se incrementará la pérdida de las empresas a partir de una tasa menor al costo de los fondos; se desincentivará el pago de los usuarios; el cambio en la fecha de cobro generaría pérdida económica y problemas operativos sin mejorar la posibilidad de pagos de los usuarios; y se generará menor oferta de préstamos, sobre todo para los segmentos socioeconómicos más vulnerables.

Otro de los invitados fue Rubén Morcecian, abogado especialista en contratos, quien opinó que “hay situaciones de emergencia, de excepción, que hay que atender” y que el “fenómeno mayor del sobreeendeudamiento de las personas humanas” viene desde la crisis del 2008.

“No hemos podido obtener todavía un instrumento legal que le permita a los ciudadanos endeudados resolver razonablemente su situación, que no sea anunciar su propia quiebra; hoy tenemos la quiebra del jubilado, la quiebra del ama de casa, del policía en el interior del país, del empleado público”, graficó.

Luego fue el turno de Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Salud, quien mantuvo un picante cruce con Parrilli. Sobre los proyectos, advirtió que “si creamos mecanismos que faciliten la especulación vamos a aumentar la morosidad, vamos a aumentar costos adentro del sistema, y esos costos los vamos a tener que distribuir” entre los usuarios no morosos.

Adrián Ganino, de la dirección de Comercio y Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Martín, sostuvo que “no podemos trasladar el riesgo que implica llevar adelante diferentes actividades comerciales a los usuarios y consumidores finales, en este aspecto de cuidar los intereses, la salud y el trato digno del que nos habla el artículo 42 de la Constitución”.

“Es claro que necesitamos un marco normativo”, apoyó y observó que “no se trata de limitar las ganancias, sino que el consumidor y usuario sea protegido con la idea que pueda sanear su situación económica” y se pueda “volver a insertar en el mercado”.

En representación de los bancos, Alejandro José Pérez, gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), alertó que “Argentina es uno de los países con menor grado de bancarización del continente y con tendencia bajista”. “El proyecto bajo análisis regula el mercado de créditos y por ello es necesario tomar los recaudos para evitar que se deteriore aún más el grado de bancarización”, prosiguió.

Pérez manifestó que “el sistema financiero actualmente tiene problemas de rentabilidad”, al tiempo que precisó que “respecto a la mora del sistema financiero, el índice asciende a solo al 4,2% de morosidad” en abril. “Cuando algún deudor tiene problemas para honrar sus compromisos, las entidades financieras se ponen en contacto con ellos a fin de buscar una solución para que el cliente pueda regularizar su situación. Siempre se busca una solución de común acuerdo con los deudores y en el 99% de los casos se lo alcanza”, añadió.

En tanto, Hugo Bruzone, asesor de Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), enfatizó que “estamos en un sistema que ya de por sí es muy regulado y con números de mora que no marcan que ésta se haya incrementado visiblemente”. “El proyecto engloba dos universos que son totalmente distintos: por un lado están los préstamos en dinero y por otro lado están los servicios públicos”, diferenció.

“El proyecto habla de interés moratorio y prohíbe los punitorios y hay muchos contratos escritos que pueden haber usado distinto lenguaje, entonces creo conveniente que lo que se regule comprenda tanto a intereses compensatorios o punitorios”, agregó.

Finalmente, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat expresó: “Me parece sustancial que se invoque en los fundamentos al artículo 42 de la Constitución Nacional porque las precisiones que contiene le van a dar un soporte normativo de mayor jerarquía en caso de una impugnación del valor constitucional de estos proyectos”. Asimismo, sugirió hacer “menciones al artículo 1ro. de los dos pactos internacionales” de la ONU y propuso cambios en la redacción de las iniciativas.

El Frente de Todos intentará avanzar con el proyecto de “ley pandemia”, que establece parámetros sanitarios y epidemiológicos que sirvan al Gobierno nacional y a las provincias para gestionar las restricciones, en una carrera contrarreloj, dado que el próximo viernes vence el último DNU emitido por el presidente Alberto Fernández.

El oficialismo convocó para este jueves, a partir de las 10, a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud, donde -sin obstáculos con los números- se alzaría con el dictamen de mayoría de la iniciativa que ya tiene media sanción del Senado. La reunión será en el recinto.

Horas después, se estima que a las 15, el proyecto se lleve a la sesión, en la que el otro tema central será el proyecto para rebajar las tarifas de gas en las denominadas “zonas frías”, incorporando varias localidades de distintas provincias al beneficio que ya tiene la Patagonia.

El tratamiento en la Cámara baja de la ley reclamada por el Poder Ejecutivo estuvo retrasado debido al alto rechazo de la oposición, esto es no solamente desde Juntos por el Cambio, sino también de Consenso Federal, Córdoba Federal, el Frente de Izquierda, la tucumana Beatriz Ávila y la frecuente aliada del oficialismo Alma Sapag.

Por eso, todos los ojos estarán puestos a la hora del quórum, para el cual se necesitan 129 diputados y el Frente de Todos cuenta -con asistencia perfecta- con 117. Se sabe que tendrá el apoyo de los seis legisladores que conforman el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que comanda el mendocino José Luis Ramón. Aún así le faltan seis. Pero también acompañarían el riojano Felipe Álvarez y el santacruceño Antonio Carambia, de Acción Federal.

La clave será lo que hagan los justicialistas Eduardo “Bali” Bucca -quien anteriormente se manifestó a favor de una ley de estas características- y Andrés Zottos; y los santafesinos Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) y Enrique Contigiani (Partido Socialista). Los cuatro son parte del Interbloque Federal, donde los tres lavagnistas y los cuatro cordobeses schiarettistas se oponen.

Cabe señalar que en el proyecto de ley de “zonas frías” se introdujeron modificaciones y se sumaron a varias localidades de Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Jujuy y La Rioja. La pregunta que circulaba en el Congreso era si estos cambios tendrán relación con los votos que el oficialismo necesita para sacar la “ley pandemia”.

En un trámite veloz, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por la santafesina María de los Ángeles Sacnun (FdT), pasó a la firma el dictamen del proyecto de ley para correr las elecciones legislativas de este año, de modo que las PASO se celebren el 12 de septiembre y los comicios generales el 14 de noviembre.

La reunión de este miércoles -realizada de manera remota- contó con la participación del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quien destacó las negociaciones y los consensos alcanzados con los apoderados de los partidos políticos y los representantes de todos los bloques en la Cámara de Diputados, donde la iniciativa recibió media sanción la semana pasada.

El funcionario, acompañado por Patricia García Blanco -secretaria de Asuntos Políticos-, comenzó destacando que el año pasado se iniciaron “las licitaciones correspondientes” para “tener garantizadas las elecciones en 2021”.

Sobre “innovaciones en materia de transparencia”, De Pedro mencionó que “es la primera vez que en un proceso electoral la licitación internacional del recuento provisorio se hace con apertura a observaciones”, que fueron tanto de la justicia electoral como de partidos de la oposición y organizaciones no gubernamentales. Además, se consiguió “un costo un 25% menor en dólares al del año 2017”.

El ministro informó que, en conjunto con la justicia electoral, se diseñó “un protocolo de funcionamiento” para las elecciones en el marco de la pandemia y, como aspecto central, detalló que se aumentarán los establecimientos de votación de 15 mil a 19 mil.

“Eso permite cumplir con los protocolos que tienen que ver con el distanciamiento, con la ventilación”, sostuvo y reveló que se conversó con los gobernadores, para que éstos a su vez transmitan a los intendentes, la tarea de “conseguir establecimientos donde pueda circular el aire, y que tengan cualidades de infraestructura que hagan al mayor cuidado de la salud de los y las votantes”.

De Pedro también señaló que se repartirán kits sanitarios a todas las autoridades de mesa, y se está analizando establecer “una franja horaria para el voto de los mayores”, de modo que tengan prioridad.

El titular de la cartera del Interior insistió con el principal argumento del Gobierno para postergar las elecciones: “Nos permite ganar cinco semanas más para vacunar a los argentinos y argentinas”. “El calendario de vacunación todos sabemos que viene siendo exitoso y estamos dentro de los países que más vacunas recibió y administró. Por supuesto no es lo que nosotros quisiéramos, quisiéramos estar dentro de los cuatro países que ya vacunaron a gran parte de la población, pero estamos conformes y negociando para cada día tener más vacunas en el territorio nacional”, enfatizó.

Tras su exposición, el senador catamarqueño Dalmacio Mera (FdT) ponderó que se busca “garantizar el sufragio universal que es el principio de nuestro sistema democrático constitucional”, y el proyecto “respeta todos los extremos convencionales, constitucionales y legales”.

Por su parte, el neuquino Oscar Parrilli (FdT) consultó “si no han previsto modificar el horario de votación” de 7 a 19, de modo de “restringir la acumulación de personas”. De Pedro respondió que si bien esa fue una de las primeras propuestas que se acercaron a la Cámara Nacional Electoral, los jueces entendieron “que era mejor aumentar la cantidad de establecimientos para disminuir la concentración que ensanchar el horario, porque también hay un proceso previo y posterior, que es la logística para que se lleven las urnas y para el escrutinio después, con lo que se iba a hacer muy tarde para el resultado provisorio”.

Otro oficialista, el puntano Adolfo Rodríguez Saá (FdT) consideró al proyecto “muy oportuno ante una pandemia como la que nos aqueja”, y preguntó si hubo conversaciones con las provincias que tienen elecciones provinciales en otras fechas, para que se unifiquen los calendarios. “Sería muy positivo”, dijo.

El ministro aseguró que hay diálogo con esos distritos para que así sea, aunque “la única provincia que tiene impedimentos constitucionales es Corrientes”. “El resto ha manifestado la voluntad de que una vez que esté la fecha del calendario nacional, adherir”, afirmó, sobre los casos de Salta, Misiones y La Rioja.

Entonces, el senador jujeño Guillermo Snopek (FdT) le recordó que olvidó mencionar a su provincia, donde las elecciones provinciales tienen fecha para el 27 de junio. El oficialista habló de una “tensión del sistema de salud” y “fuerte demanda por el crecimiento de casos” en ese distrito, donde el año pasado “el gobernador y sus funcionarios se desplazaban por toda la provincia e introdujeron el virus por violar el decreto presidencial cruzando las fronteras”.

Al cruce le salió la senadora Silvia Giacoppo (UCR), quien defendió que “el adelantamiento de las elecciones fue hecho en el marco de lo que establecen las potestades del federalismo y la Carta Magna”. “Quiero darle la tranquilidad señor ministro de que la provincia de Jujuy está muy controlada”, expresó la radical jujeña y agregó que las elecciones locales cuentan “con la previsión de que si el virus tenía una aceleración podían ser suspendidas”.

En otro momento de la reunión, ante una consulta del puntano Claudio Poggi, De Pedro volvió a descartar la implementación de la boleta única de papel este año. Por un lado, remarcó que “no hay comprobación científica” en cuanto al contagio por el “manoseo de las boletas”, y “de cuánta gente” toca una boleta; además de que “se fue comprobando” que la transmisión del virus es principalmente “por el efecto del aire”.

Asimismo, el ministro subrayó que actualmente “no nos dan los plazos” para esa reforma, que “se tiene que dar en el marco del Congreso, por consenso y en un año que no sea electoral”. “En el marco de la pandemia y el año electoral es impracticable una reforma de fondo”, insistió.

Por último, la mendocina Anabel Fernández Sagasti (FdT) sostuvo que el proyecto “es propicio para cuidar la salud de los argentinos y argentinas, pero también para garantizar el pleno derecho político de nuestros ciudadanos y ciudadanas”. Y resaltó que “el ritmo de vacunación se está acelerando en todas las provincias”. “Sancionando esta ley vamos a estar a la altura de las circunstancias”, añadió la vicejefa de la bancada oficialista.

En tanto, la presidenta de la comisión, María de los Ángeles Sacnun, felicitó a De Pedro por “el diálogo político que ha establecido con los apoderados de los partidos y la construcción de consensos”.

El proyecto establece que las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se realicen el 12 de septiembre -en vez del 8 de agosto-, y los comicios generales el 14 de noviembre -en lugar del 24 de octubre-.

En su artículo 6 indica que “la presente ley no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso en tanto regula un derecho público subjetivo de los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático, a elegir sus candidatos a los cargos electivos previstos en la Constitución Nacional”.

Con la finalidad de garantizar un tiempo suficiente para el escrutinio definitivo de las PASO, se propone reducir de 50 a 45 días previos a la elección general el plazo para que las juntas partidarias proclamen sus candidatos. Asimismo, se pospone cinco días el inicio de la campaña electoral de las elecciones generales para que coincida con la proclamación; y la campaña comenzará 45 días antes de las elecciones generales, en lugar de 50.

Semana corta en la Cámara de Senadores, después de haber realizado el jueves último una prolongada sesión. Y para el retorno a la actividad tras el feriado largo, y en el marco de este retorno de las restricciones para circular -sobre todo en el AMBA-, se prevé para este miércoles la visita del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

El funcionario se presentará ante una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que conduce la santafesina María de los Angeles Sacnun, que tendrá la modalidad “virtual”, para defender el proyecto de ley que modifica la fecha por única vez de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y las elecciones generales.

El proyecto del Ejecutivo es producto de un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición y fue aprobado en la sesión del miércoles pasado en la Cámara de Diputados. En esa oportunidad, el proyecto tuvo 223 votos a favor, 3 en contra y 8 abstenciones, tras un debate de cinco horas en el que precisamente se destacó el consenso alcanzado, aunque la discusión no estuvo exenta de reproches cruzados.

El proyecto, girado ahora al Senado, incluye en su artículo 6 una “cláusula cerrojo”, que había sido reclamada desde Juntos por el Cambio, la cual establece que el cronograma no se podrá volver a modificar en lo que resta del año. “La presente ley no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso en tanto regula un derecho público subjetivo de los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático, a elegir sus candidatos a los cargos electivos previstos en la Constitución Nacional”, reza el texto.

Con la finalidad de garantizar un tiempo suficiente para el escrutinio definitivo de las PASO, se propone reducir de 50 a 45 días previos a la elección general el plazo para que las juntas partidarias proclamen sus candidatos. Asimismo, se pospone cinco días el inicio de la campaña electoral de las elecciones generales para que coincida con la proclamación.

Finalmente, la campaña electoral comenzará 45 días antes de las elecciones generales, en lugar de 50.

En los fundamentos de la iniciativa, el Gobierno argumentó la necesidad de postergar las elecciones debido a que las PASO coinciden con la etapa invernal en la que se registra un pico de enfermedades respiratorias.

También se consideró que el aplazamiento “permitirá optimizar la ventilación de los locales de votación y la implementación de los protocolos sanitarios”, al tiempo que se avanza un mes más con el plan de vacunación contra el coronavirus.

Un plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados retomará este viernes, a partir de las 14, el debate sobre el proyecto que propone reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Se trata de la iniciativa que fue aprobada por el Senado el año pasado, y sobre la cual días atrás el ministro de Justicia, Martín Soria, anunció una serie de modificaciones con el objetivo de destrabar la discusión en la Cámara baja y reunir consensos. La principal oposición que es Juntos por el Cambio rechaza de plano la propuesta.

La reunión -de carácter informativo- contará con la participación de Alberto Binder, abogado, doctor en derecho, profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal de la UBA y presidente del ICECIP; Mariela Labozzetta, abogada y fiscal de la UFEM; Daniel Erbetta, integrante de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe; y José Fabián Asís, juez de la Cámara Tribunal Oral N°2 de Córdoba.

El proyecto del oficialismo consiste en modificar la mayoría necesaria para designar al procurador general de la Nación, pasando de los dos tercios de los votos a la mitad más uno -37 miembros- del Senado. Además, limita el mandato del jefe de los fiscales, actualmente vitalicio, a cinco años, pudiendo ser reelegible por otros cinco años más.

Entre otras, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público del Congreso.

Esta bicameral tendrá mayor poder de acuerdo a la iniciativa, ya que, por ejemplo, podrá designar a un procurador en caso de vacancia o licencia superior a 30 días; y tendrá mayor representación en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados del Ministerio Público. Precisamente sobre la conformación de ese Tribunal, el pasado 26 de abril Soria anunció los cambios.

Otro aspecto relevante es que el jefe de los fiscales deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.

El texto también establece modificaciones en las Procuradurías Especializadas; prohíbe a los fiscales requerir tareas de investigación criminal a los servicios de Inteligencia; y mantiene el procedimiento de remoción del procurador a través del juicio político, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de dos tercios en el Senado.

El Frente de Todos objeta la actuación al frente del Ministerio Público del actual procurador interino, Eduardo Casal, quien ocupa ese cargo desde hace más de tres años, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó.

En la Cámara baja los números del oficialismo para sancionar la ley son ajustados, pero precisamente este jueves el presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón -aliado del FdT-, mantuvo una reunión con Soria para analizar la iniciativa.

El legislador mendocino señaló que existe una necesidad de resolver la “situación irregular” de la Procuración y destacó el trabajo del ministro de Justicia para lograr los consensos que permitan mejorar la media sanción.
En línea con su exposición, en el plenario realizado días atrás, Ramón propuso incorporar al proyecto la creación de una procuraduría especializada en Defensa de las y los Consumidores y Usuarios en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.

Por casi cuatro horas, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, defendieron ante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud del Senado el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para regular las restricciones sanitarias por la pandemia.

Ibarra aseguró que “no son muchas las delegaciones legislativas” que se le otorgan al Poder Ejecutivo Nacional, sino que se trata de que “el Congreso establezca una regulación de salud pública en el marco de una pandemia, de manera excepcional”.

“El Gobierno considera que las medidas son constitucionales”, aseveró la funcionaria, que añadió que “no hay ningún menoscabo de las competencias de gobernadores y gobernadoras”, ya que el Poder Ejecutivo Nacional tomará “medidas adicionales” solo en los casos de alarma epidemiológica y cuando, tras 21 días, las medidas tomadas por las provincias no hayan dado efecto.

Para Vizzotti, el proyecto apunta a “tener un marco legal y fortalecer muchísimo las medidas de cuidado para la población que todavía no está alcanzada por la vacunación”. Sobre los criterios para clasificar cuatro situaciones sanitarias diferentes tienen “la mirada de un país federal”.

Al momento de las preguntas, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, habló de la realidad en su provincia, Formosa, y luego cuestionó el modo en que se establece la clasificación de las situaciones sanitarias.

En ese sentido, el radical señaló: “Hay un cociente que ustedes lo definen entre los 14 días previos de la cantidad de contagiados y los 14 días previos de la cantidad, supuestamente, de lo que detecta el propio sistema. Ahora bien, ¿cuáles son los parámetros que se toman para establecer esta categoría? ¿Por qué le pregunto ministra? Por ejemplo, ayer en la página web oficial de mi provincia se informó 731 casos positivos, pero ustedes, en el Ministerio de Salud de la Nación informan 373 casos”.

Vizzotti respondió que “hay provincias que utilizan sus propios sistemas de información y esos sistemas interoperan”, por lo que se registran “algunas horas o días de atraso”, pero lo importante es “el contacto permanente con las jurisdicciones” para saber de la actualización de los casos.

Sobre los centros de aislamiento, la ministra de Salud expresó que “el tema de los aislamientos extradomiciliarios y extrahospitalarios es una herramienta no solamente recomendada en Argentina”, y ejemplificó que en la Ciudad de Buenos Aires se aplicó un sistema similar con los aislamientos en hoteles. Se trata de “minimizar el contagio intradomiciliario y no cargar el sistema de salud internando a casos leves”, resaltó.

En defensa de la medida, la titular de la cartera de Salud dijo que estamos “claramente en una situación de emergencia y de excepción” que “requiere acciones excepcionales, extraordinarias e inéditas, no solo en Argentina sino en el mundo”.

“No es así como usted dice ministra. Una cosa es un centro de aislamiento extradomiciliario, cuando el paciente no está en condiciones de transitar la enfermedad en su domicilio. Usted me está diciendo que en Argentina rigen los centros de privación de la libertad como norma y no es así”, la cruzó Naidenoff, que denunció que en Formosa “a la gente con una orden judicial la están secuestrando”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud, el jujeño Mario Fiad, opinó que el proyecto genera “una enorme preocupación” porque el Gobierno nacional “no parece hoy encontrar otra forma de gobernar que no sea con la emergencia y la excepcionalidad”. “Aquí se habla mucho de la vida y de la salud de los habitantes de nuestro país como fundamento para habilitar cualquier medida que adopte el Ejecutivo”, consideró.

“La pandemia no nos habilita a suspender la Constitución Nacional, el respeto por la distribución de las competencias con las jurisdicciones y tampoco de las restricciones”, aseguró el legislador de la UCR.

En tanto, su par Silvia Giacoppo le reclamó a Vizzotti por “el vacunatorio VIP” y que todavía no se haya presentado ante la Comisión de Salud del Senado. Sobre la iniciativa, manifestó: “Este proyecto de ley de los superpoderes realmente desde donde se lo mire es algo que no podemos votar, sencillamente porque no se puede delegar lo que no se tiene. Y no es potestad de este Congreso, y menos aún del Poder Ejecutivo de dar facultades que fueron expresamente reservadas a los poderes provinciales”.

“Hasta nos mandan a bañar. O sea, yo puedo entender una medida sanitaria. Pero son reglas que del modo que están escritas son imperativas y no dan lugar a ninguna discusión. Estamos entrometiéndonos en los derechos fundamentales de los ciudadanos”, agregó la jujeña.

También realizó preguntas a las funcionarias la porteña Guadalupe Tagliaferri, quien observó que el artículo 3 del proyecto “faculta al Ministerio de Salud a modificar los criterios (de clasificación) sin ningún tipo de consulta con el Congreso”.

Respecto a las clases presenciales, la macrista apuntó que “Alemania, un país que se ha citado, suspendió sus clases presenciales solamente 35 días y en Argentina las suspendimos por 180 días. Estamos dentro de los diez países que menos clases presenciales han tenido el año pasado”. Y consultó a Ibarra sobre el fallo de la Corte, que le dio la razón a la Ciudad de Buenos sobre su reclamo por el DNU 241/21: “¿Considera usted que una ley puede estar por encima de la Constitución Nacional?”.

Al momento de las respuestas, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, justificó que la suspensión de las clases presenciales se prevé “en una situación de alarma, cerca del desborde sanitario”, con el objetivo de “bajar la curva y los niveles en los parámetros”.

Al hacer referencia al fallo de la Corte, subrayó que, en sus conclusiones, el voto de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda indica que “el Estado Nacional solo puede regular el ejercicio del derecho a la educación de modo concurrente con las provincias, estableciendo las bases, pero no puede, normalmente, sustituirlas”. Para la funcionaria la palabra “normalmente” y los fundamentos posteriores de los jueces, argumentan a favor de los motivos “por los cuales el Poder Ejecutivo podría ingresar a regular una materia” que es competencia de las provincias.

Ibarra enfatizó que el proyecto se trata de que “el Congreso Nacional establezca una regulación de salud pública en el marco de una pandemia, de manera excepcional”, y contar con “un esquema de funcionamiento para poder garantizar cuanto antes el ejercicio más pleno de todos los derechos”.

“El Gobierno considera que las medidas son constitucionales”, afirmó, al rechazar que la iniciativa sea inconstitucional, y agregó que no es un “proyecto de superpoderes” sino “una ley marco que tiene que tener razonablemente algunas flexibilidades para poder tomar medidas adicionales en el momento de mayor tensión del sistema de salud”. Y esas medidas son “muy escalonadas, muy razonables y muy vinculadas a los sistemas federales”.

Más tarde, insistió que “no hay ningún menoscabo de las competencias de gobernadores y gobernadoras” que “pueden tomar las disposiciones” de sus competencias, mientras que el Poder Ejecutivo Nacional “es adicional en caso de alto riesgo y si se ha observado que no fueron suficientes las medidas” tomadas por las provincias.

Respaldo oficialista

Durante la reunión, la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, recordó el diálogo que existía el año pasado entre todas las fuerzas políticas mientras se veía con “asombro, alerta” como “dirigentes de la oposición que no tenían la responsabilidad de gobernar planteaban locuras extremas como llamar a movilizaciones y quemar barbijos”.

Entonces destacó a los gobernadores que “no comulgaban con esa locura de incentivar a que la gente no se cuide”, pero “en esta segunda ola eso cambió” y ” han entrado en una cuestión político-partidaria y no en una situación epidemiológica-sanitaria”, dijo la mendocina.

La legisladora celebró que el Gobierno “envíe un proyecto para que salgamos de esta locura que propone la oposición”, y dijo que la iniciativa es “un marco de coincidencias científicas e institucionales” para que podamos “salir lo mejor posible de esta segunda ola que va a ser larga, todavía no entramos al invierno”.

Finalmente, el presidente de la bancada oficialista, José Mayans, cargó nuevamente contra la oposición por el crecimiento de los casos de Covid en Formosa y criticó a Juntos por el Cambio por haber rechazado el proyecto incluso antes que ingrese a la Cámara.

Para el formoseño, el Gobierno nacional tiene una “estrategia” basada “en criterios científicos” y apoyada en el plan de vacunación, pero “está también la estrategia Bolsonaro, la que quiere aplicar la oposición, de cuanto peor mejor”. “¿Qué quieren, que lleguemos a 100 mil muertos para ver si pueden ganar las elecciones?”, disparó y pidió “racionalidad en este tema y dejar de lado la campaña política”.

En una exposición ante el plenario virtual de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud del Senado este miércoles, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, defendió el proyecto de ley del Ejecutivo para regular las medidas sanitarias durante la pandemia. Aseguró que todas las medidas se basan en una investigación de la experiencia internacional y argumentó que las delegaciones legislativas que se generarían para el Ejecutivo “no son muchas”.

La secretaria legal consideró que “no son muchas las delegaciones legislativas que se generan para el Poder Ejecutivo nacional. La mayor intensidad se presenta en situaciones de alto riesgo, luego de que no demostraron un adecuado funcionamiento o resultados las medidas adoptadas por las autoridades locales y en alarma epidemiológica”.

En el mismo sentido, justificó el proyecto al opinar que “no se puede pensar que el Gobierno federal se quede mirando una situación donde se llega muy cerca del desborde del sistema de salud y con tan alto número de contagios que generan que debamos lamentar una cantidad de muertos importante”.

Ibarra insistió en la clasificación propuesta en la iniciativa entre regiones de riesgo epidemiológico bajo, medio y alto para explicar que el presidente sólo ejercería su potestad en el último caso. “Cuando ya se han tomado medidas por competencias propias de gobernadores y gobernadoras, y cuando las medidas adoptadas por la propia ley no han sido suficientes”, entonces “nos parece totalmente razonable que el presidente de la nación adopte medidas adicionales a fin de evitar que en este lugar pase una situación de riesgo”, aseveró.

“Esta es una fundamentación basada en los principios más básicos que tenemos, que es el cuidado de la vida y la salud en el marco de una pandemia de las características de esta”, agregó la funcionaria, que insistió: “Consideramos más que razonable y justificado que el presidente de la nación pueda adoptar decisiones adicionales si es que no alcanzan o se considera que no alcanzan las que están funcionando en esta situación”.

La secretaria Legal y Técnica también se refirió al conflicto por las clases. Declaró: “Todos queremos tener clases presenciales. Creemos que es la mejor manera, la forma más plena de acceder al derecho a la educación. Y precisamente para poder garantizar ese derecho no queremos que se desborden los sistemas de salud, no queremos que se permanezca en situación de alarma. Que de alto riesgo se baje a mediano riesgo”.

En cuanto a la actividad económica, reiteró una vez más que “todos y todas queremos volver a la normalidad” y prosiguió:  “Estamos teniendo que hacer frente a un desafío muy grande que es esta pandemia, y en este marco les proponemos una gestión de esta pandemia con respeto federal y con un esquema razonable, escalonado de responsabilidades compartidas”.

Por otro lado, agregó a la justificación del proyecto que “todas las medidas que se preveen en este proyecto de ley que adopten los gobernadores o gobernadoras o que adopte en su momento por facultades delegadas el presidente de la nación, van a tener que estar sometidas a algo que nos parece muy interesante que es el chequeo de su eficacia“. Y explicó: “Se establece un máximo de 21 días para que  se pueda valorar su eficacia. Esto tiene el sentido de plantear que no se hagan prórrogas per se”.

“Nos hemos ocupado de ir a textos de algunos fallos de juzgados internacionales y de tribunales internacionales para ver frente a demandas de restricciones cuáles eran los argumentos. Y todos tienen los mismos debates que tenemos acá. Efectivamente estas situaciones son intensas, restringen derechos, que estamos acostumbrados a ejercer en forma amplia”, argumentó también.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud del Senado retomará a las 14 el debate del proyecto del Poder Ejecutivo para regular las restricciones sanitarias por la pandemia.

Tras la exposición de la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se pasará a un cuarto intermedio y luego seguirá el debate con las exposiciones de abogados constitucionalistas y médicos.

Al comienzo de la reunión, la presidenta de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun (FdT), informó que el debate continuaría por la tarde dado que la oposición había requerido invitar a expositores.

La senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) agradeció “la voluntad de que el tratamiento sea los más objetivo y criterioso posible”, pero enfatizó que “el proyecto ingresó hace 48 horas” y “recién ayer por la tarde tuvimos la posibilidad de que se puedan presentar oradores”, quienes “están todavía leyendo el proyecto”. Por eso, pidió continuar el jueves con el debate.

Sacnun recogió el guante: “No le voy a permitir que diga eso como si esto hubiera sido un desorden provocado por esta comisión”. “Nosotros tenemos la voluntad política de dictaminar en el día de hoy; luego se podrá incorporar algún tipo de modificación en el recinto”, sentenció.

“En la República Argentina hay 68 mil muertos, senadora, y esto merece que nosotros trabajemos con premura”, agregó la oficialista, y lanzó que los invitados “se supone que habían leído el proyecto al momento que los propusieron. No quiero pensar que propusieron expositores que no habían dado lectura al proyecto que nosotros vamos a analizar”.

A partir de las 14 expondrán los abogados Alejandro Fargosi, Roberto Gargarella, Daniel Sabsay, Andrés Gil Domínguez, Mariano Bar, Domingo Rondinas y Félix Lonigro. En tanto, participarán también los médicos Rubén Arnaldo, Guillermo Durán, Roberto Debbag, Conrado Estol, José Ignacio López y Mirta Roses.

Al exponer ante un plenario de comisiones del Senado, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, defendió que el proyecto del Gobierno para regular las restricciones sanitarias por la pandemia, se inscribe en la necesidad de “tener un marco legal y fortalecer muchísimo las medidas de cuidado para la población que todavía no está alcanzada por la vacunación”.

En el comienzo, la funcionaria recordó que “estamos a más de un año de la declaración de la pandemia” y “hemos transitado diferentes momentos”, en los que “el Gobierno nacional y el Ministerio de la Salud hemos trabajado en conjunto con cada una de las jurisdicciones”.

La titular de la cartera de Salud defendió que la cuarentena adoptada la mayor parte del año pasado y las demás medidas “cada vez más específicas y acordes a minimizar el impacto” fueron “fundamentalmente para fortalecer el sistema de salud”. En ese sentido, destacó que se aumentó casi en un 50% el número de “camas de terapia intensiva, con respiradores y capital humano capacitado”.

Vizzotti repasó que en el verano se registró un aumento de casos que finalmente “se logró disminuir” y sostener el turismo, pero en las últimas semanas hay “una curva con un aumento exponencial, muy rápido y acelerado, especialmente en el AMBA”, y que posteriormente se replica en el resto del país.

La ministra señaló que este incremento “ha puesto en riesgo el sistema de salud”, registrándose “un pico de casos en la semana epidemiológica número 14” con “un ingreso de personas a terapia intensiva muy importante”.

No obstante, informó que en las semanas epidemiológicas 15 y 16 se vio “una disminución de ese crecimiento” y, en la número 17, que estamos transitando, “por primera vez en todo el país y también en AMBA se está intensificando la tendencia de dejar de aumentar los casos, todavía con tensión en el sistema de salud porque están ingresando las personas que se han infectado cuando teníamos el número de casos más alto”.

“Vamos a seguir teniendo un número de fallecimientos en las próximas semanas acorde a las personas que se fueron complicando”, pronosticó.

Al explicar los indicadores para definir las situaciones sanitarias en distintas zonas del país, la funcionaria detalló que la “alarma epidemiológica” se da frente a “una situación de riesgo muy especifica, donde involucra una incidencia en los últimos 14 días de 500 o más casos cada 100 mil habitantes y una ocupación de la terapia intensiva del 80%”. Ese momento es el que “requeriría que se tomen medidas bien intensificadas”.

Vizzotti defendió que los parámetros adoptados en el proyecto de ley están en línea con los aconsejados por “la Organización Mundial de la Salud, los comités de expertos, las direcciones de epidemiología, con una mirada de adopción a nuestro país”, al tiempo que tienen “la mirada de un país federal”. “No hay ningún indicador que pueda incluir todas las situaciones epidemiológicas” que se presentan, aclaró.

En otro tramo, ponderó que ya se ha vacunado “al 70% de las personas entre 60 y 69 años; al 82,3% de las personas entre 70 y 79 años; y al 74,5% de las personas mayores de 80 años”, lo cual presentó “un impacto positivo en la distribución de la internación en la terapia intensiva y mortalidad en este grupo de edad”.

La ministra manifestó la “expectativa” por “el ingreso de un millón de dosis de la vacuna Sputnik V” en los próximos días y de cinco millones de vacunas de AstraZeneca antes del 31 de mayo.

“Tenemos la perspectiva de que, gracias al trabajo de las jurisdicciones, se pueda escalar muchísimo en la vacunación y ampliar la cobertura de esta población de riesgo. Por eso, necesitamos tener este marco legal y fortalecer muchísimo las medidas de cuidado para la población que todavía no está alcanzada por la vacunación“, sostuvo.

Y concluyó: “Si se desborda el sistema de salud, sobre todo en algún aglomerado urbano importante, el aumento de la mortalidad es relevante y la posibilidad de prestar cuidado a otras patologías también se ve impactada”.

Con el aval de todos los bloques recibió dictamen favorable en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados el proyecto de ley que busca suspender dos causales de caducidad de los partidos políticos, que no pudieron cumplir con los requisitos legales a causa de la pandemia, de modo que todos puedan participar este año del proceso electoral.

En primer lugar, el presidente de la comisión, el pampeano Hernán Pérez Araujo (FdT), detalló los puntos del proyecto de ley, y resaltó que “el tiempo es oportuno, atento al proceso electoral que se viene” y a “garantizar la participación de todos los sectores políticos, los grandes y pequeños; y garantizar la oferta electoral a la ciudadanía”.

Por su parte, el chubutense Gustavo Mena (UCR) señaló que “estamos ante un proyecto de ley de emergencia”, y eso “demuestra que las emergencias no están por arriba de la Constitución”. Más allá de que se trata de una materia vedada al Poder Ejecutivo, y por eso se debate la iniciativa en el Parlamento, el radical consideró que “el ejemplo vale”.

En ese sentido, criticó la “catarata de decretos” firmados por el presidente Alberto Fernández, que alcanza los 96 DNU, cuando “el Congreso está funcionando”. También, el legislador cuestionó la inactividad de la Bicameral de Trámite Legislativo y aprovechó para reclamar que “no hay rendición de cuentas” por parte del Gobierno, ya que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, “se ha tomado por costumbre vulnerar el artículo 101 de la Constitución” sobre su asistencia a ambas cámaras.

“No hay objeciones formales y de fondo para realizarle al proyecto”, sostuvo Graciela Camaño (Consenso Federal), que aseguró que la iniciativa “procura ofrecer una solución más que adecuada para el proceso electoral que vamos a atravesar”. “Las razones de oportunidad, mérito y conveniencia son las que nos llevan a apoyar el proyecto”, completó la bonaerense.

A su turno, la legisladora Silvia Lospennato (Pro) coincidió que “frente a un nuevo proceso electoral es muy importante que todos los partidos tengan las garantías”. Pero advirtió que “con esto claramente no alcanza para organizar el proceso electoral de este año”.

“En los próximos meses está comisión debería estar muy activa para acompañar el proceso electoral y, probablemente, sea necesario realizar ajustes a nuestra normativa electoral, que solamente la podemos realizar por la vía legislativa”, apuntó.

Sobre ello, la bonaerense consideró: “Vamos a tener que resolver sobre la esencialidad de quienes formamos parte de las organizaciones políticas y vamos a tener que desarrollar actividades durante la pandemia, para que en ningún caso puedan ser restringidas por otros poderes del Estado, poniendo en riesgo la legitimidad del proceso electoral”.

“Algunas cosas las va a poder resolver la justicia electoral, pero otras van a necesitar de un cambio normativo”, anticipó y ejemplificó que “al momento de firmar una alianza, esa firma va a requerir que muchas personas se encuentren en un lugar cerrado, probablemente más de diez personas, y hoy no se podría realizar cumpliendo la normativa”, o también “el desplazamiento de militantes, fiscales; la apertura de los locales partidarios para el reparto de boletas”.

En la reunión también habló el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien destacó que el proyecto apunta a “garantizar la mayor participación en el proceso electoral de este año”. “Los partidos políticos para toda la doctrina son instrumentos indispensables de las democracias liberales”, agregó.

La diputada Carla Carrizo (UCR) opinó que además de las garantías a los partidos, “tenemos que garantizar el derecho a los votantes” y, sobre todo, de los residentes argentinos en el exterior, por lo que reclamó volver al voto por correo postal -que el Gobierno derogó-.

“Esta es una ley de blanqueo, estamos blanqueando a los partidos por no haber cumplido con la ley, obviamente en un marco en que era difícil ese cumplimiento”, expresó, pero alertó que “estamos blanqueando el dinero” destinado a las capacitaciones que no se pudieron realizar.

La porteña indicó que en los 652 partidos de distritos y 44 partidos nacionales se invierten en capacitaciones “52 millones, multiplicado por dos -entre la suma de los años 2020 y 2021-, son 104 millones”. “Cuando el dinero falta, la política tiene que rendir cuentas. Esa información de quienes cumplieron y quienes no debería estar”, añadió.

En el tramo final, la mendocina Marisa Uceda (FdT) opinó que “es una ley que viene en coche, viene con consenso del Senado”. “Es una ley que permite garantizar la vigencia y la representatividad que implican los partidos políticos, porque es una obligación también del Estado Nacional”, manifestó.

Y recogió el guante sobre la crítica que Mena realizó al Gobierno: “No estamos gobernando por decreto. Se está intentando solucionar situaciones de emergencia de una pandemia, única, con las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo”.

“Gobernar por decreto es pretender nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto, o intentar modificar una ley como fue la Ley de Riesgos por decreto. Eso es intentar gobernar por decreto”, reprochó, en referencia a los actos de la gestión macrista. “Cuando se está reclamando el voto de los extranjeros, eso sí fue por decreto, en clara violación del artículo 77 de la Constitución”, sumó la oficialista.

Por último, el diputado Jorge Enríquez (Pro) acusó al Poder Ejecutivo de haber generado en 2020 una situación en la que “fue muy difícil o prácticamente imposible que los partidos políticos pudieran renovar sus autoridades normalmente”.

“Por un lado, es necesario distinguir este caso de otros en donde pudiera invocarse la pandemia como excusa para modificar las reglas del proceso electoral, justamente en el año que se celebran las elecciones. Por otro lado, todos ustedes saben que desde Juntos por el Cambio hemos expresado hace unos días que solo vamos a aceptar, sujeta a ciertas condiciones, la postergación por un mes de las PASO solicitada por el oficialismo”, subrayó.

El proyecto apunta a suspender hasta el 31 de diciembre de 2021 la caducidad de los partidos políticos por no haber podido celebrar elecciones internas de renovación de autoridades, o bien por no contar con el mínimo de afiliaciones, producto de la pandemia de Covid-19.

A partir de una incorporación en el Senado, la iniciativa exceptúa de esta normativa a aquellos partidos con elecciones internas en trámite.
Además, el proyecto establece que el dinero no ejecutado en 2020 en materia de capacitaciones que no se pudieron llevar adelante, será reservado para el ejercicio 2021, y se suspenderán las sanciones por el no desarrollo de esos cursos.

Sin fecha a la vista para una reunión con “Wado” de Pedro

Pese a que se presumía que este viernes el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, participaría de una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para arrancar con el debate de la postergación de las elecciones, tema sobre el cual no hay formalmente un proyecto presentado, sino el borrador que circuló desde el Gobierno, Pérez Araujo dijo no tener información sobre cuándo podría darse el encuentro.

Consultó sobre el rumor de la reunión el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, a lo que el presidente de la comisión respondió: “Hoy lo hablé con el vicepresidente de la comisión, el diputado Gustavo Mena, no tenemos ningún tipo de noticia al respecto”. Y agregó que tampoco conoce el proyecto oficial, sino que “la única información que tenemos es la reunión que tuvo el ministro con la Cámara Nacional Electoral”.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que preside el oficialista pampeano Hernán Pérez Araujo, tratará este jueves a partir de las 11 el proyecto de ley sobre la suspensión de dos causales de caducidad de los partidos políticos.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, fue aprobada por unanimidad en el Senado el 25 de marzo pasado.

El proyecto apunta a suspender hasta el 31 de diciembre de 2021 la caducidad de los partidos políticos por no haber podido celebrar elecciones internas de renovación de autoridades, o bien por no contar con el mínimo de afiliaciones, producto de la pandemia de Covid-19.

A partir de una incorporación de los senadores, la iniciativa exceptúa de esta normativa a aquellos partidos con elecciones internas en trámite.

Además, el proyecto establece que el dinero no ejecutado en 2020 en materia de capacitaciones que no se pudieron llevar adelante, será reservado para el ejercicio 2021, y se suspenderán las sanciones por el no desarrollo de esos cursos.

El Frente de Todos en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se alzó este martes con el dictamen de mayoría (18 firmas) del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo -con media sanción del Senado- que declara 24 capitales alternas en todo el país.

Al oficialismo lo acompañó la diputada Graciela Camaño, de Consenso Federal, mientras que los legisladores de Juntos por el Cambio suscribieron un dictamen de minoría (con 15 firmas).

El titular de la comisión, el oficialista Pablo González, precisó los detalles del proyecto y sostuvo que se trata de “una ley que descentraliza” y que “formó parte de la campaña del Frente de Todos”, ya que “el presidente (Alberto Fernández) se comprometió con esta ley”.

En tanto, el radical Gustavo Menna hizo un repaso histórico sobre la cuestión del federalismo y señaló que “hubo un lugar del país que se desarrolló mucho más que el resto”.

“A lo largo del siglo XX hubo muchos proyectos del traslado de la Capital”, recordó, y destacó que “el proyecto concreto lo tuvo el padre de la democracia, Raúl Alfonsín” con la Ley 23.512 que declaraba a las localidades de Carmen de Patagones, Viedma y Guardia Mitre como “la nueva Capital Federal de Argentina”.

Para el chubutense, “tenemos un federalismo herido, que está afectado de centralismo y sobre todo de discrecionalidad en el sentido fiscal”. “Acompañamos la iniciativa por un carácter simbólico”, afirmó, no obstante advirtió que “los problemas de federalismo no se van a resolver porque le pongamos a 24 ciudades un cartel de capital alterna”.

Menna sugirió una modificación al artículo 6 del proyecto de modo que se establezca un plazo de dos años para las relocalizaciones. Pero González reveló que el oficialismo dejará esa cuestión en manos del Ministerio del Interior a la hora de la reglamentación de la norma.

A su turno, el radical Fabio Quetglas remarcó que “tenemos asimetrías muy profundas que no se resuelven por la vía simbólica”, y opinó que se debe tener una “visión” de “oportunidad de desarrollo, de gestión sofisticada, de cohesión social”, que no excluya “la complejidad”. “Ninguna de las agendas sectorizadas es suficiente”, agregó.

Desde el oficialismo, la diputada Carolina Gaillard ponderó que hay “una clara vocación de construir en conjunto con las provincias de este país federal”. Más allá de que el fortalecimiento del federalismo tiene que ver con “la discusión de la distribución de los recursos” y con “políticas que incentiven el arraigo en el interior del país”, la legisladora aseveró que “esto sin dudas es un paso”.

La entrerriana valoró que con esta ley se abre la posibilidad de que “antes que se diseñen políticas públicas se miren otras realidades”. “No es la solución pero es un paso importante para poder acercarse al territorio”, reiteró.

Por su parte, el macrista Pablo Tonelli pidió una serie de cambios al texto. Entre ellos, recomendó que en las reuniones del “Gabinete Federal” sean convocados a participar los senadores y diputados nacionales.

Por Consenso Federal, la legisladora Graciela Camaño expresó que es un proyecto “inspirado en un propósito loable, no podemos estar en desacuerdo, es el acercamiento nada más y nada menos de las autoridades nacionales a las provincias”. “En lo práctico resulta sumamente interesante”, observó y consideró que “es bueno avanzar hacia un proceso de descentralización”.

Durante el debate habló también el santiagueño Ricardo Daives, quien aclaró que “al ser una capital alterna no es una continuidad de la Capital Federal, sino un complemento”. “Es un punto de partida. No se le puede pedir a ese Gabinete realizaciones inmediatas, porque en definitiva lo va a tener que tratar con cada una de las fuerzas de las provincias”, explicó el oficialista y destacó el “protagonismo superlativo” que tendrán los municipios.

En tanto, el macrista Alberto Asseff dijo que “van a ser mucho más los costos operativos del traslado del Gabinete que los resultados efectivos”, aunque “siempre el contacto personal” de los funcionarios con los habitantes de las provincias “va a ser útil”. Sin embargo, manifestó que “da la impresión que estamos gambeteando el tema pendiente” que es “la descentralización del país a través del traslado de la Capital”.

Finalmente, la fueguina Rosana Bertone argumentó que la iniciativa “busca ir mitigando, en parte, lo que Alberto Fernández planteó en campaña” sobre “la migración interna de nuestro país”. “Es muy difícil una realización (personal) para muchos argentinos si tienen que migrar del lugar donde nacieron”, aseguró y agregó que la ley también “busca reparar en parte lo que quizás a Alfonsín, con toda su impronta y su fuerza política, le resultó tan difícil” que era que “la capital se hubiera trasladado al frío, al mar y al sur”.

Qué establece la iniciativa

Según el proyecto, se crea en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional el “Programa Gabinete Federal”, destinado a realizar reuniones de trabajo en las provincias entre ministros/as, secretarios/as, funcionarios/as de Nación con autoridades locales y representantes de la sociedad civil, con el fin de identificar las demandas de la comunidad y coordinar la implementación de políticas públicas necesarias.

Asimismo, se dispone que el jefe de Gabinete convocará las reuniones de trabajo con un periodicidad no mayor a 30 días, y considerará prioritariamente a las capitales alternas para definir el lugar de los encuentros.

De acuerdo a la iniciativa, el Ministerio del Interior de la Nación coordinará el proceso de evaluación y selección de los organismos y entidades del sector público nacional, cuyas sedes centrales o delegaciones serán relocalizadas o instaladas en territorio provincial, así como la definición de la locación específica de su asiento.

Finalizado este proceso, la cartera deberá elevar, junto con los titulares de los organismos y las autoridades provinciales y municipales, una propuesta integral a la Jefatura de Gabinete de Ministros, que se someterá a la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional.

Además, el Ministerio del Interior estará facultado a dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias. Y se establece que las partidas presupuestarias necesarias serán previstas anualmente en la Ley de Presupuesto.

El artículo 6 del texto se refiere a la descentralización de los organismos del Estado Nacional y la radicación de las dependencias del Gobierno nacional en el interior, “con el fin de acercar la gestión y los asuntos de gobierno a todo el país conforme a las potencialidades o problemáticas de las diversas regiones que lo componen”.

Las 24 capitales alternas serán: La Matanza y Mar del Plata (Buenos Aires), Tinogasta (Catamarca), Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco), Comodoro Rivadavia (Chubut), Río Cuarto (Córdoba), Goya (Corrientes), Concordia (Entre Ríos), Formosa (Formosa), San Pedro de Jujuy (Jujuy), General Pico (La Pampa), Chilecito (La Rioja), Guaymallén (Mendoza), Oberá (Misiones), Cutral Có (Neuquén), San Carlos de Bariloche (Río Negro), San Ramón de la Nueva Orán (Salta), Caucete (San Juan), San Luis (San Luis), Caleta Olivia (Santa Cruz), Rosario (Santa Fe), La Banda (Santiago del Estero), Río Grande (Tierra del Fuego) y Monteros (Tucumán).

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por el santacruceño Pablo González (FdT), tratará este martes proyectos sobre “ficha limpia”, en relación a modificar la Ley de Partidos Políticos para prohibir que personas condenadas por delitos de corrupción puedan postularse a cargos electivos.

Las iniciativas corresponden a los legisladores de Juntos por el Cambio Silvia Lospennato (Pro), Gustavo Menna, Luis Petri, Carla Carrizo y Brenda Austin (UCR), y fueron incorporadas en el temario a pedido precisamente de la oposición, mediante el artículo 109 del reglamento.

El año pasado, el exinterbloque Cambiemos intentó sin éxito aprobar el proyecto en la Cámara de Diputados. Fue durante el mes de noviembre, antes del recambio presidencial. El oficialismo de ese momento no consiguió el quórum sin apoyo del kirchnerismo.

Pablo Tonelli (Pro), quien fue presidente de la comisión hasta diciembre de 2019, explicó que “el proyecto apunta a que aquellas personas condenadas por delitos de corrupción, contra el Estado y la administración pública, y que tengan condena confirmada en segunda instancia, queden inhabilitadas para ser candidatos a cargos públicos, cosa que hoy en día no ocurre”.

“Propiciamos que quienes atenten contra el sistema democrático de acuerdo con lo que prescribe el artículo 36 de la Constitución Nacional no puedan ser candidatos y desempeñarse en cargos electivos”, precisó.

Tonelli recordó que “se trata de una iniciativa ciudadana que tomamos un grupo de diputados y discutimos en profundidad en la Comisión de Asuntos Constitucionales en 2018 y 2019, hasta acordar un dictamen que llevamos al recinto en una sesión especial”.

“En dicha oportunidad no se obtuvo el quórum necesario por falta de apoyo del actual oficialismo. Lamentamos esa situación y esperamos que en esta ocasión podamos llevar adelante el trámite parlamentario necesario para que este proyecto se convierta en ley y finalmente dar un gran paso en la lucha contra la corrupción y el delito”, resaltó el legislador.

Capitales alternas

Por otra parte, en la reunión citada para las 13 el Frente de Todos buscará el dictamen del proyecto con media sanción del Senado que declara 24 capitales alternas en todo el país, enviado por el Poder Ejecutivo.

Según el texto, se crea en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional el “Programa Gabinete Federal”, destinado a realizar reuniones de trabajo en las provincias entre ministros/as, secretarios/as, funcionarios/as de Nación con autoridades locales y representantes de la sociedad civil, con el fin de identificar las demandas de la comunidad y coordinar la implementación de políticas públicas necesarias.

Asimismo, se dispone que el jefe de Gabinete convocará las reuniones de trabajo con un periodicidad no mayor a 30 días, y considerará prioritariamente a las capitales alternas para definir el lugar de los encuentros.

De acuerdo a la iniciativa, el Ministerio del Interior de la Nación coordinará el proceso de evaluación y selección de los organismos y entidades del sector público nacional, cuyas sedes centrales o delegaciones serán relocalizadas o instaladas en territorio provincial, así como la definición de la locación específica de su asiento.

Finalizado este proceso, la cartera deberá elevar, junto con los titulares de los organismos y las autoridades provinciales y municipales, una propuesta integral a la Jefatura de Gabinete de Ministros, que se someterá a la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional.

Además, el Ministerio del Interior estará facultado a dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias. Y se establece que las partidas presupuestarias necesarias serán previstas anualmente en la Ley de Presupuesto.

El artículo 6 del texto se refiere a la descentralización de los organismos del Estado Nacional y la radicación de las dependencias del Gobierno nacional en el interior, “con el fin de acercar la gestión y los asuntos de gobierno a todo el país conforme a las potencialidades o problemáticas de las diversas regiones que lo componen”.

Las 24 capitales alternas serán: La Matanza y Mar del Plata (Buenos Aires), Tinogasta (Catamarca), Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco), Comodoro Rivadavia (Chubut), Río Cuarto (Córdoba), Goya (Corrientes), Concordia (Entre Ríos), Formosa (Formosa), San Pedro de Jujuy (Jujuy), General Pico (La Pampa), Chilecito (La Rioja), Guaymallén (Mendoza), Oberá (Misiones), Cutral Có (Neuquén), San Carlos de Bariloche (Río Negro), San Ramón de la Nueva Orán (Salta), Caucete (San Juan), San Luis (San Luis), Caleta Olivia (Santa Cruz), Rosario (Santa Fe), La Banda (Santiago del Estero), Río Grande (Tierra del Fuego) y Monteros (Tucumán).

Otros proyectos

También se tratarán proyectos para otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer -Ley 24.632-; y Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, adoptado por la 45° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Además se pondrá a consideración un pedido de informes presentado por diputados de la Coalición Cívica, dirigido a los ministros Juan Cabandié (Ambiente y Desarrollo Sostenible) y Sabina Frederic (Seguridad), en relación a “las medidas adoptadas para combatir los incendios que se producen en distintos puntos del país”.

Funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación asistieron este miércoles a una reunión virtual de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda del Senado para exponer sobre el proyecto de ley que busca ratificar el convenio de traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, aprobado en 2016, y a su vez volver a 1,4% el coeficiente de coparticipación para el distrito porteño.

En primer lugar, Daniel Fihman, secretario de Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia Institucional, se refirió a los 24.500 millones de pesos estimados en el artículo 2 de la iniciativa: “Ese monto no constituye una estimación teórica de lo que podría valer la transferencia de estos servicios, ni tampoco un índice o una fórmula matemática sobre funciones de un presupuesto determinado”.

“El monto por los gastos que efectivamente correspondieron a las consecuencias del convenio suscripto” fue de “8.046.971 millones” de pesos, precisó, de los cuales los gastos en personal fueron de “7.828 millones” de pesos.

El funcionario remarcó que, de acuerdo a información aportada desde la PFA, “del total del estado de bienes inmuebles transferidos a la Ciudad, la valoración es de casi 36 mil millones de dólares”, el total en vehículos unos “2.237 millones de pesos”, entre otros.

“La inversión que en su momento no fue valorizada y que es importante que se conozca alcanza la suma de 26.714.179,47, casi 27 mil millones de pesos”, detalló Fihman.

En tanto, Silvia La Ruffa, subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa, recordó que el expediente enviado a la Legislatura porteña -aprobado en enero de 2016- no contó “con un informe técnico que explicite cuáles fueron los criterios que utilizó en ese momento el Gobierno nacional para definir cuáles son las estructuras necesarias”.

“Tampoco estaba el cálculo necesario de recursos para financiar ese compromiso que se asumía con la Ciudad de Buenos Aires, sino probablemente no estaríamos en esta discusión”, añadió y defendió que actualmente, para la elaboración de este proyecto, se contó con “información respaldatoria” que se deriva de “las órdenes de pago” de la Policía Federal.

La funcionaria indicó que “es el propio convenio el que establece que durante 2016 la Nación se va a hacer cargo de la liquidación de los haberes, de la concesión de licencias, del trámite del legajo de los agentes y personal transferido, como así también de la gestión de compra y contrataciones de insumos, del mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles”. “Por una cuestión de índole práctica, la Ciudad no podía disponer que su servicio de administración resolviera estas cuestiones”, explicó.

La Ruffa apuntó que, si bien se generó el “aumento de coparticipación de manera diaria” para girar recursos, la Nación gestionó el “paquete de recursos humanos, materiales, inmuebles, y la Ciudad le fue transmitiendo estas órdenes de pago”. “Esta es la única documentación respaldatoria en manos del Poder Ejecutivo que sirve para hacer la evaluación del costo concreto”, reiteró.

Además, leyó una de las cláusulas del convenio donde se deja en claro que “a pesar de que la Ciudad asume todas las funciones y facultades de seguridad en materia no federales, el Gobierno siguió prestando servicios”.

Luego fue el turno de Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal de la Seguridad, quien enfatizó que “existen una cantidad de datos que de ninguna manera tiran para atrás la ratificación del convenio”. Asimismo, destacó el rol de la Policía de la Ciudad en la pandemia: “Tengo el más alto de los respetos por la estructuración y el profesionalismo que se ha construido”.

El exlegislador porteño -que en su momento debatió sobre el convenio en el Parlamento porteño- precisó que “la preexistencia de la Policía Metropolitana era en enero de ese año de aproximadamente 5 mil efectivos” y se traspasaron “19.953 efectivos”, además de 1.800 nuevos cadetes desde ese momento a la actualidad.

“La suma de efectivos no puede estar nunca por debajo de 29 mil y puede estar en 32 mil”, sostuvo y mencionó que las recomendaciones de las Naciones Unidas son de “300 efectivos por 100 mil habitantes”, con lo cual la Ciudad podría “con 9 mil efectivos estar satisfaciendo las necesidades acorde a su territorio de tres millones de habitantes”.

Al igual que La Ruffa, Fuks resaltó que “el Estado Nacional sigue prestando servicios” en barrios populares, “por un total de recursos de 1.811 millones” de pesos. “Estamos ratificando también en este convenio este dato”, dijo.

Volviendo hacia atrás, el funcionario recordó que el expediente del convenio se inició el 4 de enero de 2016 “a las 18 horas, 33 minutos y 41 segundos” y “el 5 de enero se fue a votación” sin “ningún tipo de información contributiva y técnica”.

“Está bien, habían ganado las elecciones hacía muy pocos días, había una capacidad política de imponer agenda. Ahora están reclamando una capacidad de información, que por supuesto estamos aquí para dar, pero que nadie reclamó en ese momento“, completó.

Rápidamente comenzará el tratamiento en el Senado del proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional para reducir aún más el porcentaje de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires.

El texto ingresó este jueves y será tratado en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, que conducen los oficialistas María de los Ángeles Sacnun y Carlos Caserio -respectivamente-, el próximo lunes a las 17.

Según el temario, se tendrá también “a la vista” un proyecto similar, presentado el año pasado por el senador pampeano Daniel Lovera (Frente de Todos).

La iniciativa estima llevar a 1,4% el coeficiente de coparticipación para el distrito porteño, al establecer un monto fijo para ser transferido a la Ciudad por los gastos que demande la Policía Federal -fusionada con la Policía de la Ciudad-, traspasada en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri.

El proyecto prevé que, cada año, el financiamiento será actualizado por una fórmula compuesta en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina y en un 20% por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Por otra parte, la semana pasada, a través de un decreto, el Gobierno nacional bajó de 3,5% a 2,32% el porcentaje de coparticipación para la Ciudad, hecho por el cual este viernes la administración porteña presentó un reclamo ante la Corte Suprema.

El Frente de Todos buscará este miércoles emitir dictamen del proyecto de ley de reforma judicial, impulsado por el Gobierno, con el objetivo de tratarlo en sesión la semana próxima.

A partir de las 16, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales analizará las modificaciones al texto original, surgidas a partir de los aportes que plantearon diferentes especialistas que pasaron por las reuniones informativas.

“Hoy estaremos en condiciones de emitir un dictamen de mayoría”, afirmó la santafesina María de los Ángeles Sacnun en declaraciones a radio El Destape.

La oficialista señaló que habrá “cambios y modificaciones”, pero se preservará “el objetivo central del proyecto” de “mantener la independencia del Poder Judicial, y que jueces y fiscales sean personas probas y honestas que no tengan relación con el poder político de turno”.

Además, la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales destacó la participación de “más de 40 expositores”, invitados por el oficialismo y la oposición, y remarcó que desde Juntos por el Cambio no se formularon “aportes ni propuestas de modificaciones”.

“Estaremos en condiciones para dar la discusión en el pleno del recinto la semana que viene”, ratificó la legisladora del Frente de Todos.

Tras una extensa jornada, que comenzó más temprano con la última ronda de expositores en torno a la reforma judicial, el Frente de Todos avanzó en la Comisión de Asuntos Constitucionales con un proyecto de resolución que rechaza la orden de la jueza María Alejandra Biotti, quien le pidió al Senado que se abstenga de tratar la revisión de los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

La iniciativa fue impulsada por el chubutense Mario Pais, que en la última sesión presentó una cuestión de privilegio contra la notificación de la magistrada. Al oficialismo lo acompañó el rionegrino Alberto Weretilneck, mientras que desde Juntos por el Cambio expresaron su rotunda oposición y denunciaron que “quieren correr a los camaristas de la causa de los cuadernos”.

Pais calificó como un “fallo vergonzoso desde el punto de vista jurídico” a la medida de la jueza, y consideró que en la misma “está acreditando un desconocimiento grave del derecho y eso para un juez es muy grave, porque para todos los cargos públicos se prevé la idoneidad”.

Además, señaló que fue redactada “en tres páginas a doble espacio y sin adentrarse en verificar de qué está hablando cuando se habla del acuerdo del Senado”. El legislador aseguró que la orden es “írrita, abusiva y antijurídica”.

“El ataque efectuado por esta magistrada, en términos absolutamente infundados, con la arbitrariedad que le da el grave desconocimiento del derecho, ha sido un ataque a la democracia, a la Constitución y a la división de poderes”, añadió y dijo que hay que hacer saber de lo resuelto a Biotti -titular del juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°5- y al Consejo de la Magistratura.

Por su parte, la radical Silvia Giacoppo alertó que “la actuación del Senado puede afectar derechos subjetivos de terceros”. “No estamos en presencia de una discusión sobre la interpretación del reglamento de nuestro cuerpo”, sostuvo y enfatizó que “en ningún momento la jueza violó potestades de nuestro poder como Cámara”.

Seguidamente, la macrista Laura Rodríguez Machado resaltó que Bruglia y Bertuzzi “tienen al frente nada más y nada menos que la causa de los cuadernos”. En diciembre pasado, ambos jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmaron el procesamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en esta causa.

“Se considera que sus pliegos deben volver a tratarse en comisión desconociendo las facultades del Poder Ejecutivo Nacional de proceder a trasladar a estos integrantes, debido a que son sus propias competencias y facultades. Desconocen que hay un fallo de la Corte que establece que no es necesaria la aprobación por parte del Senado de la Nación cuando el traslado significa un traslado dentro de un mismo fuero y jerarquía, pero la decisión tomada es porque quieren correr a estos camaristas de la causa de los cuadernos“, argumentó la cordobesa.

En ese sentido, su par Esteban Bullrich consideró que “lo concreto es que se está avanzando contra la Justicia” y que este hecho “se enmarca” en el avance contra el procurador general interino, Eduardo Casal, y el proyecto de reforma judicial. “Creen que la mayoría da la razón y da impunidad”, cargó y rechazó las “acciones que vulneran la república y atacan la división de poderes”.

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, advirtió que “estamos ingresando a un terreno que no es beneficioso”. “Lo que resuelva el Poder Judicial puede o no gustarnos, podemos estar o no de acuerdo, pero cuando se trata de la legalidad de los actos, la última instancia es el propio Poder Judicial. Y en este caso, ante una pre-cautelar, lo que tenemos que hacer es cumplir con los días, no tratarlo, y cuando se resuelva la pre-cautelar el Poder Ejecutivo estará en condiciones de discutir los traslados”, expresó el radical.

Cerró la reunión el jefe del bloque oficialista, José Mayans, quien aseguró que “hay un esquema de ilegalidad constitucional” y “una extralimitación por parte de la jueza”. “La jueza no puede decirle al Senado si puede cumplir o no con sus potestades u obligaciones constitucionales”, dijo.

El formoseño se quejó que desde la Coalición Cívica “intiman y amenazan a la presidenta de la Comisión de Acuerdos” a que “no dé tratamiento a lo enviado por el Poder Ejecutivo”. “¿Qué van a hacer? ¿Van a ordenar la detención de la senadora Anabel Fernández Sagasti o van a librar orden de captura para cada uno de los miembros del Senado?”, lanzó.

Y cargó duro contra la oposición: “Realmente es vergonzoso lo que están haciendo; yo esperaba la lealtad parlamentaria”. “Nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. No pierdan tiempo en amenazarnos ni con sus jueces ni con sus cámaras adictas, no lo vamos a aceptar”, completó.

Por otra parte, en la reunión el oficialismo también impuso un proyecto de resolución para dejar sin efecto las designaciones del vocal titular del tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, Mario Laporta, y de su vocal suplente, Juan Emilio Simoni.

La senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti explicó que las designaciones se realizaron durante el gobierno anterior por medio de decretos de la exvicepresidenta Gabriela Michetti.

“Las designaciones en el jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura y del tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal se designan por decreto presidencial. Esta resolución es absolutamente desatinada”, consideró el radical Luis Naidenoff.

Pero Fernández Sagasti retrucó que “la ley dice que son las mayorías del Senado las que tienen que designar a sus representantes. Como Cambiemos no tenía la mayoría se saltearon la voluntad del cuerpo. Nosotros tenemos voluntad de comenzar un proceso de normalización”.

El exjuez federal Carlos Rozanski expresó este martes su “apoyo ferviente” al proyecto de reforma judicial, y observó que “tenemos una justicia patriarcal, conservadora, adultocéntrica, discriminatoria y aristocrática”.

Último orador en una nueva reunión informativa de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, el exmagistrado opinó que “el lawfare es lo que reemplaza al terrorismo de Estado de los ’70”.

“Queremos una justicia sensible a las necesidades de la gente y acorde al paradigma actual de derechos humanos”, manifestó y señaló que “todo proceso de avance social genera reacciones” y el proyecto “es un avance indiscutible; es positivo, por eso las reacciones son negativas”. “Las reacciones son de quienes pierden privilegios, reaccionan quienes se ven afectados por estos avances”, continuó.

Rozanski, quien renunció en 2016 como juez del Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata y tiempo después denunció que fue extorsionado por el exministro de Justicia, Germán Garavano, calificó a la iniciativa como “una osadía maravillosa del presidente de la Nación”.

“Porque plantear una reforma judicial que nos lleve a tener una justicia mejor es realmente una osadía frente a un sistema que nos ha llevado a lo peor”, afirmó.

En otro tramo, el exjuez se quejó que en los cuatro años anteriores “no escuchamos ninguna voz de la Corte Suprema que condenara lo que estaba sucediendo” con la justicia.

Además, consideró que hay que “ampliar los miembros de la Corte Suprema” a 21 miembros, dividida en salas, y que “una de las salas que se integre sea una sala de niñez y adolescencia; esto es una deuda de la democracia argentina”.

“No estoy de acuerdo que se cuestione la oportunidad”, añadió y dijo que “la pandemia no es una dificultad”.

Con una enfática defensa al proyecto de reforma judicial presentado por el Gobierno, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat consideró que “el poder de Comodoro Py tiene que ser desconcentrado y hay que deconstruir el lawfare”.

Al participar de un plenario de comisiones en el Senado, el letrado dijo que “efectivamente hay que salir de esta situación de pérdida de credibilidad en el accionar del Poder Judicial” que “se ha agudizado en el gobierno anterior por la introducción de una perversa práctica que no es exclusiva de Argentina, pero sí del continente latinoamericano, que se identifica con el término de lawfare o guerra judicial, e implica una perversión del sistema jurídico, en el sentido que el mismo es implementado para la persecución y destrucción del adversario o enemigo político”.

“Esto tiene que terminar y tiene que terminar pronto”, remarcó, al tiempo que consideró necesaria y oportuna la reforma y sostuvo que “el proyecto es valioso y cabe ser puesto en funcionamiento”.

Para el convencional constituyente de 1994, “nada de lo que está en este proyecto lesiona cláusulas de la Constitución Nacional. No creo que haya aquí afectación alguna o que haya jueces de segunda categoría en función de las previsiones de traspasos a la Ciudad de Buenos Aires”.

“Veo bien que se amplíe el número de jueces, veo bien que se unifiquen fueros”, agregó y se manifestó también a favor de que “se incorporen nuevos juzgados”.

En cuanto a propuesta de modificaciones al texto, Barcesat pidió incorporar en el artículo 70 que “toda prueba que aporten las partes en las causas judiciales deberán ser legalmente adquiridas. Las pruebas que no reúnan los requisitos de legalidad deberán ser anuladas, aún de oficio, por el tribunal interviniente”.

“Basta de cuadernos quemados, basta de arrepentidos que no se han registrado como la ley manda”, lanzó.

Además, planteó que se establezca que “toda información que se entregue por funcionarios judiciales a los medios de comunicación social deberá seguirse a los actos producidos en las causas y con sujeción a los requisitos del artículo 42 de la Constitución Nacional, de brindar información adecuada y veraz”. “Un nunca más a que algunos medios anticipen la sentencia o revelen la condena”, dijo.

Durante cinco horas, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado recibieron este miércoles a 16 invitados que, con voces a favor y en contra, opinaron sobre el proyecto de reforma judicial enviado por el Gobierno.

Abrió la jornada la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, quien aseguró que la incorporación de 23 jueces de primera instancia implicará el “0,1% del Presupuesto” y rechazó las “cifras fabulosas” difundidas en los medios sobre el costo de la reforma judicial impulsada por el Poder Ejecutivo.

La abogada defendió que “cuando hablamos de recursos hay que pensar que se va a contar con los recursos humanos que ya tiene el Poder Judicial, porque esta reforma prevé el desdoblamiento de juzgados que tienen dos secretarías”. Y sobre la unificación de fueros, sostuvo que “los fueros van a contar con todos los recursos que hoy disponen y aún mejor distribuidos”.

En contra de la iniciativa, el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato, reclamó que los trabajadores del sector no hayan sido consultados para la elaboración de la propuesta.

El sindicalista consideró que “es un error encarar una reforma que tiene que ver con una intención específica del gobierno del turno” y cuestionó la “inoportunidad” para debatir esta propuesta. “Estamos en pandemia, en ninguna nación del mundo en los Parlamentos están discutiendo reformas judiciales”, dijo y resaltó que “hoy las prioridades son otras” y “hay que discutir las necesidades imperiosas que tiene nuestro pueblo”.

Más adelante, expuso el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, quien protagonizó el momento más fuerte de la jornada, durante una discusión con el senador Oscar Parrilli. El especialista opinó que el proyecto tiene como objetivo “asegurar la impunidad” de los acusados por delitos de corrupción.

Muy crítico del Consejo Consultivo creado por el Gobierno, y los integrantes que lo conforman, el letrado afirmó que “la reforma en su totalidad” comenzó con esa medida.

En cuanto a la iniciativa, Sabsay la calificó de “inoportuna” y que “se plantea con una desprolijidad notable”, al no tener “ningún apoyo en un mapeo sobre la justicia”. “Es realmente lamentable con la improvisación que se la ha hecho”, agregó.

“Esto me confirma aún más que no es que se ha querido mejorar la institucionalidad: lo que se ha querido es asegurar la impunidad de todos aquellos que están sujetos a procesos por graves delitos contra la administración del Estado”, lanzó.

Avanzado el debate, el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, estimó que los 132 nuevos juzgados que se crearían con la reforma judicial demandarían en principio “850 millones de pesos” y no 3.000 millones, tal como circuló.

“Soy consciente de la problemática presupuestaria que tiene el Poder Judicial para hacerse cargo de todo esto, pero sí quisiera contestar respecto de que los 132 juzgados o tribunales orales nuevos que se crearían importarían la suma de 3.000 millones de pesos”, introdujo Lugones.

Sobre ello, aclaró que “no fue incorporado en el presupuesto del año que viene por el Consejo de la Magistratura, pero a lo sumo estaríamos hablando de 850 millones de pesos para cubrir esos 132 cargos, y luego habrá que sentarse para todo lo que tiene que ver con infraestructura, informática y mobiliario”.

Por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), José Luis Lassalle advirtió que “no debiéramos confundir el sentido de la oportunidad con la celeridad del tratamiento”, por eso solicitó no darle “un trámite exprés”, sino generar “un amplio debate con amplia participación de todos los que participamos del sistema de justicia”.

“Entendemos que una reforma sustancial de la justicia federal no puede sino estar acompañada en forma simultánea con una profunda reformulación de la integración del Consejo de la Magistratura”, señaló.

En tanto, el exprocurador del Tesoro Carlos Balbín alertó que “es necesario alcanzar altos niveles de consenso social y político para cumplir y satisfacer el estándar de imparcialidad objetiva en cualquier reforma judicial”.

Respecto a las subrogancias, el exfuncionario consideró que deberían ser “solo para aquellos casos en los que se provocaran vacantes”. Además, opinó que “la ley debiera incluir criterios claros y objetivos en cuanto a la evaluación de postulantes al cargo de juez”.

“¿Se resuelve la ineficacia del Poder Judicial con más jueces? Yo creo que no. Debiera hacerse más hincapié en la organización y en las estructuras”, añadió.

Otras de las oradoras de la jornada fue Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), quien expresó que “una reforma del sistema judicial es necesaria porque tenemos una justicia que está atravesando una crisis profunda de legitimidad y de ineficiencia”, que además presenta una “carencia casi absoluta de perspectiva de género”.

Para la fiscala, se necesita discutir un “cambio de paradigma” que pase “desde un esquema centrado en los privilegios de los jueces hacia un paradigma centrado en los derechos y en la resolución de la conflictividad social”. En esa línea, consideró que “cualquier reforma que no rompa esta lógica va a fracasar”.

En la reunión también expusieron el titular de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Ariel Ariza; el presidente del Colegio de Magistrados de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Rolero Santurián; la camarista Magdalena Laiño Dondiz; el juez Aníbal Segura; y el secretario general adjunto del gremio de judiciales en la Ciudad, Juan Manuel Rotta Escalante.

Completaron la lista de invitados a la jornada María Ureña Ruso, de SITRAJU (Sindicato de Trabajadores Judiciales); el camarista Omar Minatta; la académica María Gattinoni de Mujía; y Sebastián Pilo, de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia).

Al final de la reunión, la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun informó que el próximo martes a las 13 continuará la ronda de expositores.

En una extensa participación ante un plenario de comisiones del Senado, el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato, reclamó que los trabajadores del sector no hayan sido consultados para el proyecto de reforma judicial.

“Esperábamos que el presidente cumpliera con su palabra, y la ministra de Justicia (Marcela Losardo) también, cuando estuvo en la CGT y dijeron que los trabajadores iban a ser consultados”, comenzó el sindicalista.

En ese sentido, recordó que le planteó a Losardo “lo importante de que una vez por todas encaráramos en Argentina una reforma judicial integral, que sí es necesaria, donde generemos un plan estratégico partiendo desde donde estamos y mirando a la justicia no que quieren algunos dirigentes, sean políticos o sindicales, sino la justicia que está necesitando el conjunto del pueblo argentino”.

“Desde la vuelta de la democracia todas las reformas que se han hecho no han ido en el sentido que se quiso. Desgraciadamente la justicia se ha ido deteriorando”, lamentó y consideró que en un “plan estratégico” debe tenerse en cuenta, entre otras cosas, “el perfil del juez, qué tipo de juez, cuáles son los parámetros que debe tener”.

Respecto al estado del Poder Judicial, Piumato enfatizó: “¡Estamos en una situación de emergencia judicial, los edificios se caen en todo el país!”. También advirtió que el sistema informático está “colapsado”, al igual que juzgados y tribunales.

“Es un error encarar una reforma que tiene que ver con una intención específica del gobierno del turno”, lanzó, aunque al momento de las preguntas, cuando el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, le pidió que amplíe esa afirmación, el gremialista no ahondó sobre su opinión.

Por otra parte, el titular de UEJN cuestionó la “inoportunidad” para debatir esta propuesta. “Estamos en pandemia, en ninguna nación del mundo en los Parlamentos están discutiendo reformas judiciales”, dijo y resaltó que “hoy las prioridades son otras” y “hay que discutir las necesidades imperiosas que tiene nuestro pueblo”.

El sindicalista subrayó que “hoy la justicia necesita elementos técnicos, tendría que tener una policía federal, si queremos avanzar en la investigación del crimen organizado”.

Sobre la iniciativa, afirmó que la unificación de los fueros Contencioso Administrativo y Civil y Comercial “no está clara y ni se fundamenta por qué”. “Tampoco se justifica que se hable del traspaso, no tiene nada que ver con la justicia federal”, agregó.

Y cargó: “Es entregarle la justicia penal a un sistema que es absolutamente clienteril, porque el sistema de designación y remoción de jueces en la Ciudad (de Buenos Aires) es el Gobierno (porteño) directamente, que por mayoría designa y echa jueces”.

“Lo sano, por la necesidad de tener una reforma judicial que todos estamos de acuerdo, como decía Alberto Olmedo, es que si lo vamos a hacer, hagámoslo en serio”, expresó.

Por eso, pidió que se convoquen a “abogados, magistrados, fiscales, defensores, a los representantes de los trabajadores, al Consejo de la Magistratura, a la Corte Suprema, con la participación de los otros poderes del Estado y discutir, no en 10 minutos, sino acabadamente, un plan estratégico que nos permita, en función de la voluntad política y la voluntad de inversión, decirle a nuestra población que en tres, cuatro o cinco años la Argentina va a tener el Poder Judicial que se merecen todos sus ciudadanos”.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado realizaron este jueves la primera jornada de debate con la participación de especialistas, quienes plantearon varios reparos al proyecto oficial de reforma judicial.

Tras el arranque del debate -el martes pasado con la presencia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo-, los senadores escucharon durante más de tres horas los aportes de expertos.

A favor del proyecto, el abogado Emanuel Desojo consideró que esta norma “va a mejorar la calidad institucional del Poder Judicial, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país y celebramos que se contemple a los juzgados federales del interior”.

El presidente de AJUS (Abogados por la Justicia Social) La Plata-Berisso-Ensenada denunció el “deterioro institucional que sufrió el Poder Judicial en los últimos años, donde se configuró un sistema judicial al servicio de las necesidades de un Poder Ejecutivo, que a través de actos de intimidación y presiones socavó la independencia que debe ostentar la Justicia como parte de un Estado de Derecho”.

“La amplificación y unificación de los juzgados federales y de los tribunales orales nos parece un camino correcto para fortalecer la independencia de las instituciones y de sus magistrados, evitando que solo unos pocos jueces queden expuestos a presiones directas o indirectas y a denuncias mediáticas”, agregó.

“Cualquier reforma que se haga tiene que ser una reforma muy meditada”, comenzó el abogado magíster Alberto Garay, quien señaló que el proyecto “adolece de algunas inconsistencias y deficiencias técnicas”.

En ese sentido, consideró que el aumento de juzgados federales en la Ciudad de Buenos Aires “es enorme; es el aumento más grande de toda la historia de un solo plumazo”. Y advirtió por “la falta de constatación empírica de la necesidad de tantos juzgados federales en Capital”.

Otro de los puntos que remarcó Garay fue el referido al método de designación de los jueces para los nuevos juzgados, el cual sostuvo “es en contra de la Constitución”. Tras una pregunta de la senadora radical Silvia Elías de Pérez, el abogado explicó que los pasos son “un proceso de evauación de antecedentes, se toma un examen, luego se va ante la comisión, el Consejo de la Magistratura elige una terna, pasa al Poder Ejecutivo y luego al Senado para el acuerdo”.

“Acá desaparece el examen directamente, desaparece la propuesta de tres candidatos y, en realidad, a la gente que se proponga la va a designar primero la Cámara de Casación Penal y más adelante el Consejo de la Magistratura”, indicó. Asimismo, dijo que “la reforma no es congruente con la reforma del Código Procesal Penal: deberían nombrar más fiscales, no más jueces”.

“Técnicamente una subrogancia de un nuevo juzgado que se está creando, sí, no es la clasificación dogmáticamente clásica, porque las subrogancias son ante una vacancia transitoria o definitiva de un juzgado ya existente”, admitió el senador oficialista Mario Pais.

Sin embargo, aseguró que “la norma sí prevé, y se ajusta incluso a lo que prevé la acordada 4 -de la Corte Suprema-, sobre la participación del Consejo de la Magistratura con una mayoría calificadísima y también la del Poder Ejecutivo y el Senado”.

Por su parte, el abogado especialista en asuntos penales Marcos Salt se mostró a favor de una reforma judicial, pero planteó que “este texto normativo no colabora con este proceso de reforma, sino que antes bien, atrasa, es antiguo”. “Si esta ley es sancionada tal cual está, esta organización habrá nacido vieja y caduca”, subrayó.

El letrado cuestionó que en la iniciativa “no hay números, no hay costos, no hay análisis multidisciplinario”. “Si Comodoro Py no nos da respuestas a lo que pretendemos de la justicia federal, ¿por qué pensamos que sumándole la justicia penal económica nos va a dar respuesta? Si pensamos que tener 12 jueces federales no nos dio respuesta, ¿por qué poner 40 sin cambiar las estructuras y el sistema?”, se preguntó.

A continuación expuso el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Alberto Seijas, quien advirtió que el proyecto podría “dejar a jueces sin materia a tratar”. En ese sentido, destacó que con esta ley “el servicio de justicia quedaría en manos de menos del 50% de los jueces” que actualmente conforman la dotación del fuero.

En tanto, Alfredo Vítolo, abogado y presidente de la Asociación Argentina de Derecho Comparado y FORES (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia), expresó que “el proyecto no contribuye a solucionar los problemas que aquejan a la Justicia en nuestro país”.

Muy duro contra la iniciativa oficial, el letrado opinó que el Poder Ejecutivo “propone una reforma en el aire”, ya que en el mensaje que acompaña al proyecto “no hay referencias a estudios empíricos o estadísticas que justifiquen las propuestas que se formulan”.

“Toda reforma judicial requiere un debate participativo tendiente a buscar consensos que le otorguen a esa reforma estabilidad en el tiempo. Esta reforma no puede ni debe ser obra de un único partido o alianza electoral”, manifestó, y consideró que de lo contrario, será “una reforma sometida al volátil vaivén del humor electoral”.

Además, observó: “Para un sector importante de la ciudadanía, el proyecto solo busca generar ámbitos de impunidad en la investigación de causas de corrupción que involucran a integrantes del actual gobierno o personas cercanas a él”.

En consonancia con lo planteado también por Garay, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, cuestionó que “se proponen crear más cargos de jueces que de fiscales, cuando la ecuación debería ser inversa”. Y, en igual sentido que Seijas, señaló que la reforma provocará un “desguace y desmantelamiento” del “centenario” fuero Nacional Criminal y Correccional.

Finalmente, el abogado Raúl Heredia sostuvo que “abrir un proceso de reforma hoy en Argentina es absolutamente pertinente, oportuno, necesario y urgente”, ya que “no es una reforma apresurada, porque en realidad llega muy tarde”.

El expresidente del Superior Tribunal de Justicia del Chubut resaltó que “toda reforma que se propicie tiene que tener en cuenta la necesidad de desarrollar el diseño constitucional del proceso penal, que no hemos alcanzado”. “La mayor reforma que el Congreso tiene como asignatura pendiente es alcanzar el juicio por jurado, porque es la única forma de que lleguemos a alcanzar el mandato constitucional”, cerró.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado recibe este jueves las opiniones de especialistas sobre el proyecto de ley de reforma judicial, enviado por el Gobierno nacional.

El debate de la iniciativa arrancó el martes pasado, con la participación de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo.

La segunda reunión informativa comenzó con la exposición del abogado Emanuel Desojo, quien consideró que el proyecto “va a mejorar la calidad institucional del Poder Judicial, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país y celebramos que se contemple a los juzgados federales del interior”.

El presidente de AJUS (Abogados por la Justicia Social) La Plata-Berisso-Ensenada denunció el “deterioro institucional que sufrió el Poder Judicial en los últimos años, donde se configuró un sistema judicial al servicio de las necesidades de un Poder Ejecutivo, que a través de actos de intimidación y presiones socavó la independencia que debe ostentar la Justicia como parte de un Estado de Derecho”.

“La amplificación y unificación de los juzgados federales y de los tribunales orales nos parece un camino correcto para fortalecer la independencia de las instituciones y de sus magistrados, evitando que solo unos pocos jueces queden expuestos a presiones directas o indirectas y a denuncias mediáticas”, agregó.

A continuación, el abogado magister Alberto Garay enfatizó que “cualquier reforma que se haga tiene que ser una reforma muy meditada, porque todo el capital que tiene el Poder Judicial en lo penal está depositado en la confianza que sobre ello tenga la población”.

El doctor señaló que el proyecto “adolece de algunas inconsistencias y deficiencias técnicas”, como por ejemplo que el aumento de juzgados federales en la Ciudad de Buenos Aires “es enorme; es el aumento más grande de toda la historia de un solo plumazo”. Respecto a esto, advirtió por “la falta de constatación empírica de la necesidad de tantos juzgados federales en Capital”.

Otro de los puntos que remacó Garay fue el referido al método de designación de los jueces para los nuevos juzgados, el cual sostuvo “es en contra de la Constitución”. Tras una pregunta de la senadora radical Silvia Elías de Pérez, el abogado explicó que los pasos son “un proceso de evauación de antecedentes, se toma un examen, luego se va ante la comisión, el Consejo de la Magistratura elige una terna, pasa al Poder Ejecutivo y luego al Senado para el acuerdo”.

“Acá desaparece el examen directamente, desaparece la propuesta de tres candidatos y, en realidad, a la gente que se proponga la va a designar primero la Cámara de Casación Penal y más adelante el Consejo de la Magistratura”, indicó. Asimismo, dijo que “la reforma no es congruente con la reforma del Código Procesal Penal: deberían nombrar más fiscales, no más jueces”.

EN DESARROLLO