Así opinó el titular de la Asociación de Magistrados, en consonancia con la implementación del sistema acusatorio, donde “la mayor carga de trabajo” recae en los fiscales. Hizo una advertencia sobre vacancias.
El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, expuso este jueves ante el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado, donde advirtió que “se propone crear más cargos de jueces que de fiscales, cuando la ecuación debería ser inversa”.
Gallo Tagle sostuvo que si bien se marca como eje de la reforma la implementación eficaz del sistema acusatorio, que pone la investigación en manos de los fiscales, “el texto se refiere casi en su totalidad a la unificación de fueros, creación de juzgados y tribunales orales y desdoblamiento de tribunales de primera instancia hasta llegar a 46”.
A su vez, se dispone la creación de 94 juzgados penales con asiento en las provincias, como así también de 23 fiscalías, y para el especialista esto último “carece de un espacio donde funcionar y de una dotación de personal” cuando en realidad, con el nuevo sistema, “en los fiscales recae la mayor carga de trabajo”.
“Se propone crear más cargos de jueces que de fiscales, cuando la ecuación debería ser inversa”, razonó.
Por otra parte, advirtió que la reforma provocará un “desguace y desmantelamiento” del “centenario” fuero Nacional Criminal y Correccional, donde “se registran actualmente 75 vacantes, por lo que la ocupación de 23 jueces del fuero en mayores labores ha de resentir notablemente la administración de Justicia”.
En tanto, pidió tener en cuenta los antecedentes de los candidatos a la hora de las subrogancias y cuestionó que el proyecto “excluye el examen escrito, la única forma de garantizar el anonimato”, que es además “la forma de garantizar transparencia” en el proceso de selección.
Gallo Tagle también observó que “desde el punto de vista edilicio, la Justicia Federal se encuentra en un estado crítico y de emergencia, y no se advierte que se haya tenido en cuenta esta situación”, que tiene que ver con “un trabajo en condiciones de hacinamiento y carencia de elementos indispensables”.
El titular de la Asociación de Magistrados coincidió con la ministra de Justicia, Marcela Losardo en que el dinero que se invierte en la Justicia “es inversión, no es gasto”.
Por último, consideró que “este proyecto no aparece en el mejor momento”, pues “la mirada de la sociedad está puesta en otras preocupaciones”.
