Si bien se esperaba que esta semana se reanudara el debate en el plenario de comisiones para analizar la ley de Bases, sumándole el paquete fiscal, la aparición el viernes de un cronograma con la convocatoria a todas las comisiones que faltan ser constituidas aguó esas expectativas. Sin embargo no se descarta que esta misma semana vuelvan a ser convocadas las tres comisiones que trabajaron durante el verano, para avanzar con el dictamen.

Sobre el tema sigue trabajando el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien esta semana reanudará sus contactos con gobernadores, siendo el turno esta vez de los de Córdoba, Martín Llaryora; el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y el de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Será este martes, en la capital santafesina, con motivo de la reunión de gobernadores de la Región Centro.

Será este martes a las 13 y el gobernador tratará de pulir detalles de los proyectos que espera tener el oficialismo aprobados cuanto antes, de modo tal de que pueda el Senado abocarse a los mismos.

Los contactos del Gobierno con los mandatarios provinciales no se limitan a los dialoguistas, sino que también incluyen a figuras como el santiagueño Gerardo Zamora, quien ya ha hecho algunos guiños estratégicos para este debate.

Mientras tanto se avanza con los textos que llevarán al debate en comisiones, donde se está viendo cómo incorporar el texto correspondiente a la “modernización laboral” presentada el jueves pasado por legisladores radicales al Gobierno. Esa parte estará en el proyecto Bases y Puntos de Partida.

No se descarta que un plenario de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asunto Constitucionales pueda ser convocado para esta semana. Tal vez este miércoles 17 de abril, con la intención de llevar los dictámenes al recinto una semana después. Si todo sale bien, y el debate se acelera más de lo que sucedió en febrero pasado, las medias sanciones podrían estar para la madrugada del 25, a un mes exacto de la fecha puesta por el presidente para el Pacto de Mayo.

Gran expectativa tenía el Gobierno respecto de la reunión que hoy mantendría con los gobernadores alineados en lo que fue Juntos por el Cambio, ya que de los votos del sector dialoguista -formado fundamentalmente por los legisladores de ese sector- depende para aprobar la ley de Bases y el paquete fiscal.

Y la reunión que por el Gobierno encabezaron el  jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, terminó con resultados positivos para esas expectativas del oficialismo. Sucede que los gobernadores manifestaron su intención de acompañar el proyecto de ley de Bases, según pudo saber este medio. Como eso se dijo de entrada, sirvió para distender el ambiente de una charla que no se extendió demasiado.

Durante la misma, el Gobierno puso lo suyo, que consistió en abordar algunos de los reclamos planteados por los mandatarios provinciales. Por ejemplo algo clave en el paquete fiscal, la vuelta del impuesto a las Ganancias. Ese tema es muy resistido por los gobernadores patagónicos, más los de Santa Fe y Córdoba. La llave de la solución estaría en la elevación del mínimo no imponible, propuesto en la actualidad en 1.200.000 pesos. El Gobierno estaría dispuesto a subir ese valor para tranquilizar a los gobernadores que rechazaron de plano originalmente la vuelta del gravamen.

También estaría por destrabarse el tema obra pública. Esa es una cuestión que le plantearon abiertamente al ministro Francos los gobernadores del Norte Grande en la reunión mantenida la semana pasada. El Gobierno nacional estaría dispuesto a dar luz verde a la continuidad de las obras que cuenten con financiamiento y aun con algunas que no lo tienen y que estén muy avanzadas.

Los gobernadores plantearon que si no las termina Nación, las tendrán que terminar ellos y para ello pidieron ser asistidos.

Más allá del acercamiento de posiciones, se espera conocer en las próximas horas cómo lo expuesto verbalmente se traslada al texto que está siendo confeccionado -más allá del borrador que circuló las últimas semanas-, de modo tal de que los gobernadores y bloques dialoguistas vean plasmados los acuerdos en los proyectos definitivos.

“Fue una reunión positiva”, indicó el ministro tras el encuentro en el que participaron los mandatarios de Chaco, Leandro Zdero; de Chubut, Ignacio Torres; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Jujuy, Carlos Sadir; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de San Juan, Marcelo Orrego; de San Luis, Claudio Poggi; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y la vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Clara Muzzio.

“Dialogamos con los gobernadores de Juntos por el Cambio sobre la Ley Bases y el paquete fiscal. Hemos arribado a un acuerdo con los gobernadores presentes, que se comprometieron a apoyar ambos proyectos”, señaló Francos.

También estuvieron presentes en la reunión el secretario ejecutivo de gobierno de la Jefatura de Gabinete de Ministros, José Rolandi; y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, es el primero que deberá lidiar con la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, con el objetivo de llegar esta vez sí a buen puerto, y no suceda como en febrero pasado que el proyecto debió volver a comisión.

En el marco de sus apariciones mediáticas, el riojano se vio obligado a ponerle plazos al debate. Sin tanta precisión, se animó a decir que el tratamiento en el recinto será “en la semana del 14, o la del 21” de abril. Tienen lógica esas fechas, pues contemplan el tiempo que vaya a llevar después el tratamiento en el Senado. Un mes, si se tiene en cuenta que el capítulo legislativo que fijó el presidente Javier Milei en la hoja de ruta trazada el 1° de marzo ante el Congreso, tiene como punto de llegada el 25/05. Ese día debería firmarse el Pacto de Mayo con los gobernadores, pero para que eso suceda el mandatario puso como condición sine qua non la aprobación de la ley de Bases y el alivio fiscal.

Con el fin de garantizar que el tratamiento tenga un horizonte más despejado, esta vez el Gobierno redujo sustancialmente el texto del proyecto de ley que se frenó en el recinto de Diputados el 6 de febrero pasado. De los 664 artículos originales, el borrador que circula entre diputados -no los de Unión por la Patria, que se han quejado por esa exclusión-, tiene solo 269, y es mucho más específico en cuanto a sus alcances.

Se cumplió así un deseo/pedido que le había hecho a sus interlocutores el jefe de uno de los bloques dialoguistas: “Hay que despendejar el proyecto”, señalaba en los primeros días del mes de enero este legislador en referencia a la multiplicidad de temas “innecesarios” que contenía el proyecto original. Eso ya no está.

Pruebas al tanto: de las 11 emergencias que el proyecto pedía originalmente, han quedado solo 4, con sus correspondientes delegaciones legislativas. De las 41 empresas públicas pasibles de privatización, han quedado 12, acotadas en los siguientes rangos: 3 a privatizar; 6 a privatizar o concesionar y 3 pasibles de recibir aportes de capital privados. Por solo citar algunos ejemplos de modificaciones implementadas.

Lo cual, aclaremos, no implica que el texto haya quedado libre de cuestiones controvertidas para la oposición. Es lo que habrá que despejar, camino al recinto.

Con ese objetivo, el modo de negociación ha cambiado. Como decíamos, los diputados dialoguistas recibieron hace ya algunas semanas el texto del borrador, para que brinden su parecer de cara al tratamiento. Un modo de garantizar el conteo de votos que vayan a tener con cada uno de los artículos que queden. Así se lo sugirieron al oficialismo legisladores experimentados, con el principal interés de que el Gobierno cuente de una buena vez con las herramientas para establecer finalmente un plan de gestión. Y que deje de atribuirle a la oposición la acusación de que quieren atarle las manos.

Los bloques dialoguistas han sido citados más de una vez por el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que se ha sumado así a estas negociaciones. La modalidad no se ha circunscripto a la ley de Bases; también se extendió por ejemplo al paquete de modificaciones de leyes de seguridad, que manejan los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri. Ambos con años de experiencia legislativa, tienen claro que ese es el camino cuando hay legisladores dispuestos a dialogar.

Esta vez protagonistas excluyentes han sido y son los gobernadores. A ellos les cargó el sayo Milei el día de la apertura de sesiones ordinarias, y con ellos fue la primera reunión de negociación, tras la cual se sucedieron otras. El problema es que esta vez el camino de esa negociación con los mandatarios provinciales no ha estado libre de malezas, más bien lo contrario. Los recortes que han sufrido las provincias fueron múltiples, comenzando por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo Compensador del Transporte, eliminados definitivamente por esta gestión. Los últimos días, la poda llegó al sistema de financiamiento para las cajas jubilatorias de trece provincias.

Y si bien desde el 1° de marzo Milei no ha repetido improperios ni listas negras contra los diputados, como sí hizo con los senadores tras el rechazo del DNU, “atiende” seguido a los gobernadores. La más dura fue la semana pasada, aunque el mensaje se conoció este último domingo, cuando se difundió la entrevista que le hizo al presidente el periodista Andrés Oppenheimer para la CNN en español. Allí, si bien no fue tan ácido como con Petro o López Obrador, les dedicó a los gobernadores un párrafo cargado de lluvia ácida. Fue cuando su interlocutor le preguntó si se arrepentía de algo, y el presidente dijo que había sido un error hablar con los gobernadores “de una manera tan transparente y tan honesta”.

Según Milei, el Gobierno quería ayudar a los gobernadores a resolver sus problemas fiscales, pero que ellos se pusieron a trabajar para destrozar las finanzas públicas, romper el resultado fiscal y mandarnos a una hiperinflación. Así las cosas, para el mandatario fue un error haber ido con tanta buena fe, porque los gobernadores no querían jugar limpio.

Muchos dudan a esta altura que el 25 de mayo pueda alumbrar el Pacto pomposamente anunciado el 1° de marzo, con diez políticas de Estado a suscribir por todos. Difícilmente al menos pueda acordarse con los 24 jefes distritales.

Milei confía en que, a diferencia de los legisladores -muchos de los cuales no son oficialismo en sus distritos-, los gobernadores pueden ser más permeables a las presiones, sobre todo cuando es tan asfixiante como la que están practicando con ellos. Difícil que suceda, cuando no hay señales de que los recortes vayan a ser retrotraídos.

Como sea, pasado el feriado extralargo de Semana Santa y Malvinas, llega el momento de reanudar las tareas en la Cámara baja, donde el oficialismo ha crecido a 41 miembros. Desde el traspié del verano a la fecha, se incorporaron oficialmente tres diputados a La Libertad Avanza: José Luis Espert, Alvaro Martínez y Florencia Naiara Klipauka Lewtak, proveniente esta última del bloque de Miguel Pichetto, que durante el tratamiento en particular del 6 de febrero votó en contra de los incisos más ríspidos, como hizo la mayoría del bloque Hacemos Coalición Federal. Se supone que eso ya no volverá a ocurrir.

Para que se cumplan los tiempos establecidos por Martín Menem, el debate en comisiones debería acelerarse a partir de la próxima semana, para conseguir dictamen los primeros días de la siguiente, si se quiere llevar al recinto la semana del 14, y sino al final de la misma, o entre lunes y martes venidero. Ya no hay tiempo para un tratamiento tan extenso como el que tuvo en el recinto la primera versión de Bases, sino se complicará el debate en el Senado. ¿Ya no más cuartos intermedio a medianoche? Se verá.

Si por La Libertad Avanza fuera, repetirían el esquema de las tres comisiones que conformaron el plenario en enero pasado, pero en honor a la verdad, ya no tiene sentido que figure Asuntos Constitucionales, pues el capítulo de la reforma política se eliminó de entrada durante el primer debate. Hay un montón de otras comisiones que tendrían más razones para figurar en el plenario; mas si bien el oficialismo muestra más disposición esta vez para admitir otras comisiones, las mismas deberían estar en manos de diputados propios, tal cual indica el manual legislativo. Lo más probable es entonces que prevalezca la idea de que “como el proyecto volvió a comisión sean las mismas de antes la que lo traten”. Aunque sea ahora distinto.

Tanto como para incluir por ejemplo la reforma laboral, como le han recomendado al oficialismo aliados del Pro o incluso los bloques dialoguistas. No está definido aún que eso suceda.

Con muchas cosas aún sin resolver, como por ejemplo la vuelta del impuesto a las Ganancias, que resisten los gobernadores patagónicos y aceptan en cambio los del norte, el tratamiento de la ley de Bases II entra en su etapa decisiva. Será clave la reunión prevista para este jueves 4 de abril con gobernadores de Juntos por el Cambio.

El gobierno de Javier Milei ya atravesó sus primeros cien días sin señales de que, a pesar del fuertísimo ajuste que está aplicando -que por cierto lejos está de circunscribirse a “la casta”-, esté perdiendo al menos parte del favor de la población que el 19 de noviembre pasado lo puso en la Casa Rosada. Ese es un mérito innegable para una administración sin experiencia que avanza en busca de logros que aún no puede celebrar, pero ha logrado instalar la sensación de que está en dominio de la situación. Si eso no es magia…

A fuerza de mantener todo el tiempo la iniciativa, el equipo presidencial pareciera tener el dominio de la pelota, va a la ofensiva constantemente -no solo de manera literal-, pero la realidad se muestra en el marcador, donde los goles brillan por su ausencia.

Está claro que la principal obsesión presidencial es bajar gastos de manera extrema y de esa manera ha podido celebrar logros macroeconómicos. El déficit se ha reducido de manera drástica y eso es lo que festeja el primer presidente economista de la Argentina, que no saca la vista del Excel en el que ve representado su gobierno. Solo eso pareciera atender en el marco de una reducción de gastos que incluye miles de despidos en el ámbito del Estado. Las claves de la reducción del déficit pasan por recortes a las provincias y fuerte ajuste a las jubilaciones. Según el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, en el primer trimestre del año las jubilaciones y pensiones están perdiendo más de 44% contra la inflación, y la propuesta del Gobierno no alcanza a recuperar esa pérdida.

En rigor, los logros de la gestión Milei podrían graficarse en lo que no sucedió -una hiper evitada- y lo que podría suceder -inflación descendente, camino al dígito-. Los que miran la parte vacía del vaso calificarán sin embargo como “pírricos” esos “éxitos”. Han sido al costo de una gran recesión y fuerte crecimiento de la pobreza.

A propósito, se conocieron esta semana los datos de la pobreza alcanzada en 2023, que llegó a un escalofriante 41,7%. Esa cifra hay que adjudicársela enterita al gobierno anterior, tal cual dejó claro el propio Martín Guzmán, que aún con la sangre en el ojo le apuntó de lleno a Sergio Massa, atribuyéndole un crecimiento de esa tasa de 5,2 puntos porcentuales. La realidad es que esa cifra sigue en alza, cosa que no niegan ni en el mismo gobierno, aunque garantizan que el freno de la inflación marcará el inicio de la segunda parte de la v corta con la que describen su hoja de ruta.

Más allá de las sensaciones que deja un gobierno que tiene al presidente marcándole el paso a todos, la realidad lo muestra siempre detrás de los acontecimientos. Los anuncios -en general rimbombantes- siempre son una reacción ante un hecho desencadenante. Pasó en Rosario, cuando al desmadre por la inseguridad sucedieron anuncios de medidas y proyectos de ley -cinco, cuyos textos se desconocen pues no han sido aún enviados al Congreso-. Pasó el Viernes Santo, cuando la detención del supuesto asesino del playero Bruno Bussanich generó el anuncio del envío de un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad. Ya había anticipado el ministro Mariano Cúneo Libarona a mediados de enero que lo harían, pero eso recién fue confirmado cuando se supo que el asesino del empleado de una estación de servicio rosarina tenía solo 15 años. Habrá que ver igual cuándo lo mandan, pues sin ir más lejos el Gobierno de Alberto Fernández se acostumbró a anunciar leyes que tardaba un año en presentar y casi nunca aprobar.

De paso digamos que el anunciado cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner, ha sido hasta ahora solo eso: un anuncio. Necesitará también una ley para concretarse.

Transcurrió justo un mes desde que el presidente anunció ante la Asamblea Legislativa una hoja de ruta con plazo fijo al 25 de mayo, fecha en la cual debería firmar con todos los gobernadores el Pacto de Mayo que incluye diez políticas de Estado que él mismo redactó y el resto debería aceptar. La condición para suscribirlo es la aprobación previa de la ley de Bases y el alivio fiscal. Dos leyes cuyo tratamiento todavía no ha comenzado formalmente, aunque con buen tino esta vez han sido presentadas en líneas generales a los gobernadores y bloques de diputados que deberían aportar los votos para su aprobación.

La idea es que, pasado el feriado XL de seis días, las comisiones se aboquen de lleno al debate de esta nueva ley de Bases, con el objeto de llegar al recinto en la semana del 14 o la del 21 de abril, a más tardar. Tendrá que ser esta vez un tratamiento en el recinto más acotado, pues los tiempos urgen y en caso de aprobación le espera luego el tratamiento en el Senado, donde ya se sabe que el oficialismo no cuenta con mayorías seguras.

Como sea, el cronograma organizado por el oficialismo alcanzaría para poder cumplir con los tiempos que el presidente ha establecido. Pero la premisa no está para nada garantizada. Sobre todo si se tiene en cuenta que hay factores de rispidez que complican la relación con quienes deben garantizar los votos para la aprobación. La reimplantación del impuesto a las Ganancias de cuarta categoría, que el Gobierno nacional quiere adjudicarle a un pedido de los gobernadores, encuentra fuertes resistencias sobre todo entre los patagónicos. Ese será un escollo muy difícil de sortear.

El ministro del Interior regresó con cierta satisfacción de Salta, luego de participar de una reunión de gobernadores del Norte Grande. Al cierre de la misma, encabezó una conferencia de prensa flanqueado por el mandatario local, y el de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de origen radical y prosapia kirchnerista, que pese a ello se mostró bastante receptivo. El encuentro con los gobernadores dejó a los mismos conformes a medias. No encontraron receptividad en los pedidos de fondos. “No hay plata”, insistió Guillermo Francos, que ya sabe que no tiene que hacer promesas que después no puede cumplir. Pero sí abrió una luz de esperanza cuando admitió la posibilidad de reanudar obras que estén en avanzado estado de realización y cuenten con financiamiento. Se verá.

Un factor de discordia es el que terminó de abrir esta última semana el Gobierno al eliminar por DNU los giros que la ANSeS realizaba a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación. Milei nunca los pagó, y ahora transformó esa mora en definitiva. Eso se suma a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Fondo Compensador para el Transporte, más el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires.

El torniquete fiscal a las provincias se grafica en esta cifra: las transferencias corrientes a las mismas ya cayeron un 77%.

Con ironía, el consultor Carlos Fara suele llamar al presidente “Javier Sinley”. Vale el término si se recuerda que este es el primer gobierno que a cuatro meses de gestión no ha visto aprobada en el Congreso ninguna de sus propuestas. Los que realmente quieren ayudarlo suelen decir que esta administración dejó pasar el mes de diciembre de manera insólita. Toda administración nueva tiene su Presupuesto y emergencias aprobadas antes de fin de año, entre fiesta y fiesta. Pero esta gestión prefirió no elaborar un Presupuesto, alumbró a diez días de fin de año un polémico mega DNU, y mandó su ley fundacional faltando tres días para terminar 2023, entusiasmado en mostrar cómo obligaba a trabajar en el mes de enero a los denostados legisladores. Una vez más, privilegiando el relato por sobre los logros. El resultado fue que el polémico decreto frenó la actividad en el Senado y la ley insignia tuvo que volver a comisión.

Táctica pura, pero sincero al fin, Javier Milei dijo hace un mes ante los legisladores que les daba una nueva oportunidad de aprobarle todo lo que les pedía, pero que realmente no creía que lo hicieran.

A esta altura, los inversores y el FMI esperan que el Gobierno demuestre que tiene capacidad para avanzar con las leyes que necesita. Esto es, capacidad de esa palabra que el presidente considera maldita: negociación.

Mientras tanto, el Gobierno sigue con sus jugadas audaces, avanzando con sus propuestas para cubrir cargos en la Corte, con un juez federal como Ariel Lijo que ha despertado demasiados cuestionamientos, aunque en el entorno de Milei están convencidos de que los mismos no tendrán su correlato en el Senado a la hora del debate. La capacidad de “rosca política” del candidato propuesto por el presidente le favorece el camino a la hora de obtener los votos, no solo en el kirchnerismo, sino también en un radicalismo donde el juez federal tiene terminales muy sólidas.

Con esa designación y la de Manuel García-Mansilla el presidente aspira a contar con una “mayoría automática” que supuestamente completaría con Ricardo Lorenzetti.

A Milei no le da garantías la actual composición del Tribunal. Si consigue su objetivo, a partir del año próximo cree que ya no dependería tanto del Congreso y podría manejarse más seguro con los decretos de necesidad y urgencia.

Exactamente al cumplirse una semana del mensaje presidencial ante la Asamblea Legislativa, en la Casa Rosada comenzó a desarrollarse oficialmente el plan descripto por Javier Milei en el Congreso. Con la presencia de representantes de veinte gobernadores y cuatro vices, el mandatario no tuvo de qué quejarse respecto de la recepción que tuvo su llamado: hasta los gobernadores más hostiles (que se pueden contar con los dedos de una mano) estuvieron representados en el encuentro presidido por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Fue por eso que si bien los gobernadores sabían quiénes serían sus anfitriones, esperaban como un gesto mínimo que el presidente pasara al menos un instante para saludar. No sucedió, aunque ninguno de los gobernadores expresó públicamente desazón alguna por esa actitud, más bien prefirieron justificarlo. Pero esa actitud de Milei no les pasó desapercibida.

Pudo haber incidido que el único encuentro que registra el presidente con los gobernadores tuvo después comentarios críticos de sus interlocutores respecto del desempeño presidencial durante la reunión.

Esa toma de distancia del mandatario respecto de los gobernadores va en línea con lo que el propio mandatario se encargó de expresar en su visita a lo que días antes había definido como “nido de ratas”: el recinto donde se apiñaron diputados y senadores nacionales para escucharlo atentamente. Allí, en la última parte de un discurso que fue áspero pero respetuoso -para lo que podía esperarse-, ofreció dos caminos: uno “de paz y no de confrontación”, y otro de confrontación. “Si lo que buscan es el conflicto, conflicto tendrán”, remarcó, dejando claro que no tiene demasiada confianza en que los legisladores tomen el camino de los acuerdos. “Acuerdos sí, no el consenso contra el cambio”, dejó claro.

Puede ser -en rigor, queda claro que lo es- su estrategia para negociar sin demostrarlo. Pero se sabe que está en su naturaleza confrontar con la casta. Entendiendo casta como todo aquello que está en la vereda de enfrente. Está presente todo el tiempo y en la previa de la cumbre con gobernadores, lo dejó claro una vez más el vocero presidencial, quien al referirse a esa reunión deslizó que “sin el apoyo de buena parte de la política, estamos haciendo un montón de cosas; imagínense lo que podríamos hacer si efectivamente nos empieza a apoyar el resto de la política, que hasta el día de hoy no lo hace”.

Más allá de esa cuestión que en definitiva tiene que ver con el relato que construye la administración libertaria, la realidad es que ambas partes se retiraron el viernes con la sensación de haber tenido una reunión positiva; un comienzo alentador pero nada sencillo, que deberá sortear obstáculos complicados en su camino hasta el 25 de Mayo, fecha límite que el presidente marcó el 1° de marzo. 86 días de trabajo -prácticamente el mismo tiempo que Milei lleva al frente del Ejecutivo- para alcanzar resultados distintos a los conseguidos durante el verano, en el primer intento fallido de tratamiento de la ley de Bases.

Los gobernadores tuvieron datos puntuales referidos a lo que será el nuevo proyecto, que pasará de los 664 artículos originales conocidos el pasado 28 de diciembre, a alrededor de 190.

La nueva ley incluirá delegación de facultades, desregulación energética y el tema biocarburífero, entre otras cosas. Según pudo saber este medio, comienza por lo que se denomina la “reorganización administrativa”, que no es otra cosa que las delegaciones al presidente. Ese camino ya fue saldado durante el debate trunco del verano. En cuanto a los fondos fiduciarios -tema en el cual se empantanó la discusión en particular-, se dispondrá la modificación, disolución o extinción de los mismos, como así también la reversión de sus recursos al Tesoro nacional hasta la próxima ley de presupuesto.

Avanzarán con el proceso de privatización de empresas, tema donde no se discutirá YPF, como ya se había acordado oportunamente, pero sí tallarán los gobernadores que están especialmente interesados en muchas de las empresas que tienen que ver con sus provincias. En rigor, no trascendieron listados pero sí la certeza de que el listado sería mucho más acotado y se habla de solo 13 empresas, no 41 como el proyecto original.

Hay un capítulo especial para la reforma de la Ley de Procedimientos Administrativos y uno dedicado al empleo público.

En cuanto al meneado Fondo de Garantía de Sustentabilidad, al mismo le corresponde el Título III de la ley, donde se deja claro que se mantienen acciones de empresas dentro del FGS en ANSeS.

Un tema de vital importancia es el de la movilidad jubilatoria, que había sido quitado del texto anterior y ahora volverá, con una fórmula establecida que prevé un ajuste mensual por IPC a partir de abril, más 10 puntos porcentuales de recomposición. La cuestión reviste singular atención en momentos en que en el Congreso hay una fuerte presión sobre la misma, al punto tal que para el próximo miércoles la oposición dialoguista pidió una sesión especial para tratar el tema.

Hay un capítulo dedicado a la desregulación económica, en el que se delegan al Poder Ejecutivo la modificación de regulaciones sobre la actividad económica privada que importen un incremento de costos, atenten contra la libre competencia y generen escasez o distorsiones en los precios de mercado, según reza el proyecto.

Hay un título dedicado a la energía, con una nueva Ley de Hidrocarburos, donde se atiende el gas natural, biocombustibles y la transición energética.

El proyecto incluye la moratoria impositiva (blanqueo) que había sido borrado por el ministro Luis Caputo el viernes previo al inicio del debate en el recinto y también una nueva Ley de Ingresos Personales, que no es otra cosa que el tema Ganancias, una cuestión que genera fuertes resistencias de parte de algunas provincias, sobre todo las patagónicas. En ese título se incluye la eliminación de ciertas exenciones que aplican sobre la cuarta categoría.

Sobre este punto, el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck reveló que el Gobierno prevé un nuevo piso de $1.500.000, que rechazó de plano. En rigor, el proyecto en cuestión ya existe y fue enviado al Congreso el 24 de enero pasado, con esas cifras.

Se modificará también el monotributo, aumentando las escalas de montos de facturación y las cutas fiscales.

Así como los gobernadores se anoticiaron del tema este viernes, quienes tendrán la última palabra son los legisladores y por eso es que el jueves pasaron por la Casa Rosada los jefes de los bloques PRO y UCR, Cristian Ritondo y Rodrigo de Loredo respectivamente. Ellos también fueron puestos al tanto de la nueva ley que llegará en los próximos días a la Cámara baja. El radical aclaró que no hay manera de que el restablecimiento del impuesto a las Ganancias -proyecto al que en su momento JxC se opuso- pueda ser retroactivo.

Miguel Pichetto, titular de Hacemos Coalición Federal que pidió esa sesión del miércoles que viene y otra para el siguiente, por el FONID, visitó la Rosada el viernes, con el mismo fin. Guillermo Francos lo puso al tanto de lo que deberán debatir y encontró el beneplácito del excandidato vicepresidencial, por la eliminación de temas de menor importancia.

Según adelantó Pichetto, el proyecto incluiría una moratoria para PyMEs y sectores económicos-productivos que la están pasando mal.

Con todo, este es el inicio del camino y son muchas las partes que deben ponerse de acuerdo. Pero hay una base sobre la que se debe trabajar y es auspiciosa, según dejaron entrever los interlocutores legislativos de Francos: los 144 votos positivos que encontró la aprobación en general de la primera ley de Bases.

Para esta nueva instancia se destaca la participación del jefe de Gabinete, al que la gran mayoría de los gobernadores recién conoció el viernes pasado. Y la convicción del ministro del Interior que se siente más “empoderado” para esta ocasión. Se verá.

Ha habido en la previa “ruidos” que no contribuyeron -a ojos de los legisladores- en esta negociación en ciernes, como la discusión en torno a las dietas legislativas, que los miembros más conspicuos del Parlamento enmarcan en el discurso antipolítica. Recuerdan que el acuerdo salarial se había alcanzado el 24 de febrero pasado, solo que esa vez no se difundió que incluía a los legisladores, cosa que está escrita en el reglamento. No hace falta una ley para revertirla -que llevaría mucho más tiempo-, como pomposamente se anunció “por disposición presidencial” el jueves pasado. Suficiente con un decreto en cada una de las cámaras. Además, dejaron claro los legisladores más respetados, un presidente no puede inmiscuirse en cuestiones inherentes a otro poder.

Tampoco cayeron bien en los legisladores expresiones presidenciales que trascendieron del paso de Milei por ExpoAgro, donde dicen se refirió de manera impropia a los gobernadores, a los que habría dicho tener “agarrados de las pelotas”. Y del Congreso, amenazó con cerrarlo, según deslizaron algunos interlocutores.

En la semana, legisladores que se reunieron con una delegación alemana escucharon comentarios laudatorios respecto de las perspectivas de nuestro país, pero reparos en materia de “seguridad jurídica”. Un gobierno que a diferencia del anterior no se pelea a muerte con la Corte Suprema, pero mantiene una mala relación con el Congreso y una propensión especial a apelar a los decretos, no resulta un buen antídoto para aventar ese resquemor.

Al cabo del primer encuentro de los gobernadores con el Gobierno nacional para avanzar en el camino hacia el Pacto de Mayo, que incluye la aprobación previa de la ley de Bases y el alivio fiscal, tal cual dejó claro el presidente de la Nación en su presentación en el Congreso, comenzaron a develarse dudas respecto de esas iniciativas.

Por lo pronto, habrá que hablar en singular, pues ambas iniciativas estarían incluidas en el mismo texto, según lo que pudo saber parlamentario.com en función de lo conversado el viernes en la Casa Rosada.

A ese encuentro se refirió este fin de semana el ministro del Interior, Guillermo Francos, al calificar como “buena” la reunión, resaltando el “muy buen diálogo” mantenido durante casi cuatro horas con los 24 representantes de todos los distritos argentinos. “Hemos conversamos sobre la Ley Bases. Sentimos un apoyo mayoritario para avanzar en ese tratamiento”, señaló el ministro, que encabezó junto al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, esa reunión.

“La ley incluye delegación de facultades, desregulación energética, el tema biocarburífero, etcétera. Todo lo que es el régimen de protección para las grandes inversiones y una serie de cosas más, pero -fundamentalmente- son esos temas que llevan a fomentar la inversión, el crecimiento, el desarrollo de la actividad económica”, precisó Francos en diálogo con Radio Mitre, donde aclaró que el tema de “las retenciones y la ley fiscal, no están incluidas en el proyecto que presentaremos. Será una ley reducida de 200 artículos”.

Uno de los temas más ríspidos es la restitución del Impuesto a las Ganancias. “Lo estamos conversando. Los gobernadores del sur no están de acuerdo”, admitió Francos, que aclaró que “este es un impuesto progresivo que existe en todas partes del mundo. Son temas que hay que tener en cuenta dentro de la organización tributaria”.

“Nosotros los vamos a promover, pero tenemos que contar con las mayorías parlamentarias. Hay gobernadores que están muy interesados porque incrementaría el flujo de los recursos coparticipables”, aseguró Francos.

Detalles de la norma 

Ante los gobernadores, los representantes del Gobierno exhibieron un borrador de la ley Bases al que tuvo acceso parlamentario.com, en el cual figura como primer título la declaración de emergencia. Allí figuran solo cuatro emergencias pedidas por el Poder Ejecutivo, por el plazo de un año: administrativa, económica, financiera y energética.

El título siguiente está dedicado a la Reforma del Estado, y en su primer capítulo figuran las delegaciones legislativas. En el marco de la administración central o descentralizada figura la reorganización, fusión, transformación, disolución parcial o total de órganos u organismos de la administración central o descentralizada creados por ley o norma de rango equivalente. Se excluye puntualmente a universidades, CONICET e INTA.

En cuanto a los fondos fiduciarios, la nueva ley de Bases prevé la modificación, disolución o extinción de los fideicomisos públicos y la reversión de sus recursos al Tesoro Nacional hasta la próxima ley de presupuesto.

El capítulo II de la Reforma del Estado está referido al proceso de privatización de empresas, con un listado mucho más acotado (se habla de no más de 13). En tanto que el capítulo III corresponde a la reforma de la Ley de Procedimientos Administrativos. El capítulo IV refiere al empleo público.

El título III de la nueva ley de Bases refiere a la consolidación de deuda del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). La nomenclatura correspondiente refiere a la consolidación de deuda pública y aclara que se mantienen acciones de empresas dentro del FGS en ANSeS.

Título IV: contratos vigentes y acuerdos transaccionales. A través del mismo se dispone por razones de emergencia la renegociación o rescisión de los contratos de determinadas características y montos. Además, se regula la posibilidad de celebrar acuerdos transaccionales.

En el título V, aparece la movilidad de las prestaciones previsionales. Prevé la modificación de la fórmula previsional, con ajuste mensual por IPC a partir de abril, más 10 puntos porcentuales de recomposición.

El título VI tiene que ver con la promoción de empleo registrado, y a través del mismo se crea un régimen de “blanqueo laboral”.

Desregulación económica, es el nombre que figura al tope del título VII, y prevé delegar al Poder Ejecutivo la modificación de regulaciones sobre la actividad económica privada que importen un incremento de costos, atenten contra la libre competencia, generen escasez o distorsiones en los precios de mercado.

El título VIII está dedicado a la Energía. Alcanza la Ley de Hidrocarburos, gas natural y transición energética. Allí se contempla el tema de biocombustibles y en líneas generales no habría grandes cambios.

El título IX es el que corresponde al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Paquete fiscal

En la misma ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos figurará lo que se denomina el paquete fiscal, que en la anterior experiencia con el proyecto había sido dejado de lado por el ministro de Economía, Luis Caputo, que así lo anunció en una conferencia de prensa brindada el viernes previo al inicio del debate en el recinto.

El primer título corresponde a la moratoria impositiva; esto es, el blanqueo de capitales.

El título II tiene que ver con la modificación de impuestos internos al tabaco.

Título III: eliminación del impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas.

El Título IV corresponde al tema Ganancias. Recibe como denominación Ley de Ingresos Personales (Ganancias cuarta categoría), e incluye la eliminación de ciertas exenciones que aplican sobre la cuarta categoría.

Este tema es uno de los que más discrepancias despiertan con los gobernadores y sobre todo los patagónicos -como dijo Francos- son los que más objeciones ponen. Sobre todo a partir del hecho de que el piso de ganancias estaría en un millón y medio de pesos.

“Ganancias es el punto con más desacuerdos. El Gobierno nacional propone restaurar la cuarta categoría, con un piso de $ 1.500.000”, expresó la vicegobernadora santafesina Gisela Scaglia, quien asistió a la reunión en Casa Rosada en representación de Maximiliano Pullaro.

El título V es la modificación del monotributo y aumenta las escalas de montos de facturación, como así también sube las cuotas fiscales.

El título VI es el que corresponde al régimen de transparencia fiscal al consumidor.

Una de las mayores expectativas que había en torno al discurso inaugural del período ordinario por parte del presidente de la Nación era sin lugar a dudas toda referencia que pudiera llegar a hacer respecto de los gobernadores. Por la relación muy ríspida que existe desde el fracaso de la ley de Bases, claro está.

Lo cierto es que sobre el final de su mensaje, Javier Milei anunció que había pedido a su jefe de Gabinete y a los ministros de Economía y del Interior que, como primer paso antes de firmar el Pacto de Mayo, convoquen a los gobernadores de todas las provincias argentinas a la Casa Rosada para firmar un preacuerdo y sancionar tanto la ley de bases como un paquete de alivio fiscal para las provincias.

Toda la atención pasó entonces a la reacción que tendrían los destinatarios de esa oferta, quienes se fueron expresando a partir de entonces.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien estuvo en el centro de la escena por haberse convertido la semana pasada en el enemigo íntimo de Javier Milei, aceptó rápidamente el convite: “Celebro y acompaño la convocatoria del presidente Javier Milei al Pacto del 25 Mayo. Coincidimos en el norte de los ejes planteados, con diálogo y respeto por el federalismo. Y en este contexto de convocatoria, sería muy importante contar con su presencia en la reunión del 7/3 en Puerto Madryn, junto a los gobernadores patagónicos, para diseñar y consensuar una agenda de desarrollo productivo”, tuiteó el mandatario del Pro.

Otro gobernador de ese espacio, el entrerriano Rogelio Frigerio se sumó también a la convocatoria: “Presidente, cuente conmigo para impulsar el Acuerdo de Mayo que propuso esta noche. Estoy de acuerdo con todos y cada uno de los 10 puntos que planteó. Es lo que necesita la Argentina. Y celebro su invitación para que inmediatamente nos pongamos a trabajar juntos”.

“La situación que atraviesa el país, como lo expresó el presidente, es dramática. La sociedad eligió un cambio y hoy estamos definiendo un norte distinto para ordenar el caos que causó el kirchnerismo durante 16 de los últimos 20 años. No hay crecimiento ni desarrollo económico”. Luego aportó su experiencia personal: “En Entre Ríos, desde el 10 de diciembre arrancamos el plan de austeridad fiscal más importante de nuestra historia, donde ya eliminamos el 50% de los cargos políticos, el 50% de la estructura del gobierno y ya implementamos un 70% de ajuste en los contratos de los asesores del Poder Legislativo. También enviamos hace semanas una ley para eliminar las jubilaciones de privilegio y sancionar la Ficha Limpia en nuestra provincia. Y les sacamos a los funcionarios los autos y los teléfonos celulares que antes se usaban para uso personal”.

“Si cada uno se concentra en hacer de la Argentina un país pujante y federal, no tengo dudas de que un futuro mejor es posible”, cerró el exministro del Interior.

El misionero Hugo Passalacqua se fotografió con sus colegas gobernadores diciendo que “nos encontrará siempre en el lugar de los grandes acuerdos nacionales que por la vía del consenso, el diálogo y el federalismo traigan paz y bienestar a los argentinos, en especial al querido pueblo misionero!”.

A su turno, el salteño Gustavo Sáenz dijo creer “firmemente que el diálogo y la búsqueda de acuerdos es la única manera de trabajar para lograr salir de la crisis permanente que atraviesa nuestra Patria. Nuestra Argentina federal, necesita que toda su dirigencia, con humildad, sin mezquindades ni agravios pueda avanzar en acuerdos”.

También aceptó el convite el puntano Claudio Poggi, quien le expresó al presidente que “comparto con usted su iniciativa de equilibrar las cuentas públicas. San Luis hoy sufre las consecuencias de 4 años de déficit fiscal. Coincido en que  la política es una herramienta para el bien común y no para perpetuarse en el poder. Lo acompaño en avanzar en los acuerdos federales necesarios  para realizar los cambios y las transformaciones que como País  tanto necesitamos para salir adelante”.

Tras lo cual dijo acompañar “la propuesta del presidente de sentarnos a dialogar para buscar respuestas a los enormes desafíos que enfrentamos como Nación y procurar firmar un gran Acuerdo Nacional, que es también lo que junto a varios gobernadores propusimos”.

A su vez, el gobernador peronista Raúl Jalil (Catamarca) dijo que “el peronismo tiene que ir a Córdoba y trabajar en este nuevo pacto para todos los argentinos”. En diálogo con Radio Mitre dijo ver bien que “se empiece a trabajar y creo que hay cosas muy importantes del pacto. Creo que nos debemos algunos puntos de acuerdo para salir adelante”.

“El peronismo tiene que trabajar en este nuevo pacto que tiene que servir para todos los argentinos”, enfatizó el gobernador catamarqueño.

Por su parte, el gobernador Martín Llaryora anunció su aceptación a “la convocatoria a los acuerdos y consensos”. “Córdoba acepta la convocatoria a los acuerdos y consensos. Argentina necesita una agenda de diálogo no solo desde el arco político sino extendiendo el llamado a todos los sectores, a los productivos y los del trabajo, y discutir un plan socioproductivo que saque al país adelante”, posteó el mandatario cordobés en cuya provincia se haría la firma del pacto.

“Lo de mayo puede ser la oportunidad para generar un acuerdo estratégico con objetivos para nuestra Argentina. Un plan que tendrá que ser conducido por el presidente con el aporte de los gobernadores y de cada sector. Es una gran puerta para buscar soluciones y alternativas”, concluyó el gobernador cordobés.

El gobernador radical de Chaco, Leandro Zdero, fue otro de los que se sumó a través de sus redes sociales: “Presidente @JMilei celebro su convocatoria al pacto del 25 de mayo. La austeridad, el diálogo y un acuerdo que nos permita mirar hacia adelante para el progreso de los argentinos, es el rumbo”, posteó, agregando que el presidente “cuenta en esta tarea con nuestro acompañamiento como gobierno y con el coraje de quienes estamos listos para transitar el camino de la prosperidad”.

“Quiero destacar la convocatoria al diálogo y a un acuerdo nacional que realizó el presidente @JMilei”, tuiteó por su parte el santafesino Maximiliano Pullaro, para quien “es el tiempo de escucharnos con respeto, sin imposiciones. Todos tenemos la oportunidad de impulsar el cambio que los argentinos reclaman y necesitan”.

En el mismo sentido se pronunció el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, quien para la ley de Bases se alió con el Gobierno nacional y en esta oportunidad declaró: “Como representantes de Tucumán, la tierra donde se declaró la Independencia, acompañaremos la convocatoria del presidente para reunirnos en Córdoba. Es nuestra responsabilidad institucional buscar la unidad de los argentinos para construir un país mejor para todos”.

A su vez, el sanjuanino Marcelo Orrego se pronunció favorablemente diciendo que “coincidimos en que hay que trabajar en equipo y dialogando. Vamos a estar siempre trabajando para que Argentina vuelva a ser un país normal, apoyándonos más en las similitudes que en las diferencias. Cuenta conmigo en todos los acuerdos que nos ayuden a crecer como país, siempre que beneficien a los sanjuaninos”.

El mendocino Alfredo Cornejo, uno de los ausentes con aviso en la Asamblea Legislativa, por motivo de la Fiesta de la Vendimia, que se celebra por estos días en su provincia y donde estuvo este sábado la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, expresó: “El presidente @JMilei trazó el rumbo legislativo. Valoramos la convocatoria a un pacto político por la economía y la sociedad”.

Participé del #DesayunoCoviar, una instancia en la que repasamos el estado del Plan Estratégico Vitivinícola.
La presencia de @VickyVillarruel en esta actividad tan representativa, da muestra de un gobierno sensible con nuestra economía y problemática. pic.twitter.com/EIHwYVc20C

— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 2, 2024

“Es importante señalar que muchas de las iniciativas planteadas por el Presidente son parte del camino recorrido en Mendoza durante los últimos 8 años”, agregó Cornejo, que precisó además que “aquí en Mendoza no se cortan las calles, hay Ficha Limpia, tenemos equilibrio fiscal, hemos bajado varios impuestos y realizamos subsidios inteligentes como el Mendoza Activa. Respecto a los que hacen huelga, se les descuenta el día faltado”. Por eso, agregó: “Estamos comprometidos a trabajar de manera colaborativa para impulsar el progreso de Argentina. Queremos contribuir positivamente”.

También se pronunció en ese sentido el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, que posteó un tuit que fue respondido por el presidente Milei: “Comparto la necesidad de austeridad y de recuperar el valor de la política al servicio de la gente. Siempre que me convoque a trabajar por la Argentina, a motorizar el cambio para que los argentinos de bien puedan trabajar y progresar libremente, ahí estaré presente. Cuente con eso”.

Muchas gracias Jorge

— Javier Milei (@JMilei) March 2, 2024

Este sábado pasado el mediodía también se sumó el mandatario jujeño Carlos Sadir, que celebró la convocatoria anunciada por el presidente y dijo esperar “ansioso que se concrete. Queremos proponer, escuchar y ser escuchados, tener la oportunidad de que el gobierno nacional conozca nuestra visión y nuestros proyectos para dejar definitivamente atrás este presente que duele y encaminarnos por un camino de crecimiento”.

“Queremos que al Gobierno Nacional le vaya bien, porque así a todos nos irá bien. Siempre vamos a apostar al diálogo, al respeto y al consenso. Entendemos que hay mucho que modificar, pero siempre desde el consenso, desde el diálogo, desde el respeto. Una visión y una voluntad que le hemos transmitido al gobierno nacional desde que asumimos, porque es en el entendimiento y en la tolerancia que tenemos la mejor plataforma política para dar respuesta a las necesidades de la gente”, agregó.

El primer rechazo

A su vez, el gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Ziliotto mostró su disidencia al tuitear que “siempre vamos a dialogar. El diálogo es la base de la política. Pero el diálogo se construye a partir del respeto. Y los acuerdos devienen del consenso, no de la imposición”.

El mensaje de Ziliotto que resposteó su colega Nacho Torres continuó así: “No se construyen consensos pretendiendo poner de rodillas al otro, agrediéndolo y quitándole lo que le pertenece y debe defender. Para este gobernador, nunca será posible un acuerdo si antes no se respeta la Constitución Nacional y, a partir de sus máximos postulados, la división de poderes y el federalismo”.

“Tengo la responsabilidad de gobernar y defender La Pampa. Ningún acuerdo me llevará a resignar ningún derecho de las y los pampeanos”, continuó Ziliotto, que completó con párrafos de su discurso con el que inauguró el viernes el período de sesiones ordinarias 2024 del Poder Legislativo de su provincia, en los que hizo referencia a los consensos, pero aclarando que el diálogo debe ser “con respeto”.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, justificó este martes el horario de las 21 convocado para la Asamblea Legislativa en la que el jefe de Estado, Javier Milei, dará por inaugurado el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso: “Se busca que la mayor cantidad de argentinos puedan escuchar al presidente”.

En su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, Adorni afirmó: “El presidente Milei brindará el discurso de inicio de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa el viernes a las 21 horas. Con este cambio de horario se busca que la mayor cantidad de argentinos puedan escuchar al presidente después de sus horarios de trabajo, en un hecho sin precedentes en la historia argentina”, y remarcó: “Entendemos que es el mejor horario para que la mayor cantidad de gente pueda escuchar el mensaje”.

“Consideramos que es más justo un horario donde más gente tenga posibilidad de verlo en vivo, esa es la razón principal. El horario de las 10 o media mañana era una cuestión arbitraria, nunca nadie preguntó el por qué tampoco. Nos pareció correcto que dentro de las posibilidades se pueda llegar a mayor cantidad de gente y que pueda prestar atención y pueda ver el discurso en vivo del presidente”, agregó.

Al ser consultado por la decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de presentar un recurso legal sumándose a la postura que tomó el gobernador de Chubut, Adorni planteó: “Simplemente un llamado a la reflexión los argentinos entendimos que queremos vivir en un país normal, simplemente en un país normal un gobernador que mantiene una deuda con la Nación acepta sus responsabilidades, ajusta su presupuesto, paga sus deudas y de ninguna manera se le ocurriría amenazar al país con dejarlo sin combustible. O aquellos que dejaron un 50% de pobres y un 30% de inflación mensual se llamarían al silencio al menos aceptando humildemente sus errores y se llamaría a la reflexión”.

También apuntó contra Ricardo Quintela mandatario provincial de La Rioja y contra los gremialistas: “Un gobernador que administra una provincia que está en default por impericia propia no se le ocurriría emitir una cuasi moneda sin respaldo. En un país normal claramente los sindicalistas se dedicarían a trabajar para que haya más empleo y no obstruir la productividad ni amenazar a paros permanentes”.

“En un país normal la ley se cumpliría y la autoridad se respetaría y no habría gente durmiendo en los ministerios. Nos tenemos que acostumbrar a que la gente eligió que quiere vivir en un país normal y efectivamente este gobierno está transformando a la Argentina de a poco”, manifestó.

Al respecto, Adorni afirmó que “no está por el momento dentro de los planes hacer ninguna convocatoria en general a los gobernadores”. Así, anticipó que el resto de las provincias también sufrirán recortes: “Los fondos discrecionales van a desaparecer donde no hay plata, no hay recursos donde la premisa de déficit cero es inamovible”, pero aclaró que “se va a transferir lo que la ley obliga a la Nación efectivamente transferir. Va a haber todos los recortes, todo lo que sea discrecional”.

“No consideramos que una cuestión que tenga que ver con el ámbito legislativo y en materia de libertades pueda ser opacada por que algún gobernador pueda no estar de acuerdo con las políticas fiscales que está implementando el Gobierno Nacional y apela a que las provincias acompañen”, expresó sobre cómo podría repercutir en el Congreso el conflicto entre Nación y las provincias.

El vocero cerró: “Entendemos que el gobernador de Chubut tuvo un exabrupto con los argentinos en su menaza de cortar el petróleo y lo tomamos como tal como una equivocación en virtud de no haber entendido los términos y condiciones del descuento de la deuda con Nación”.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, amenazó este viernes con interrumpir a partir del próximo miércoles la salida de petróleo y gas de su provincia, si el Ministerio de Economía de la Nación “insiste con retener de manera indebida la mitad de la coparticipación” que le corresponde a su distrito, ante lo cual el Gobierno Nacional advirtió que una medida de ese tipo sería “absolutamente ilegal”.

¿Qué dijo Torres? Que “si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina. Y ahí te quiero ver”.

El bloque de senadores radicales que encabeza Eduardo Vischi publicó un comunicado en el que expresó: “Los recursos naturales y la actividad económica se generan en las provincias. El Gobierno nacional recauda y distribuye por coparticipación federal. Esos recursos que corresponden a las jurisdicciones provinciales no pueden ser escamoteados de ningún modo por el poder central. Los argentinos queremos vivir en un país federal integrado y no en una federación de provincias sometidas”.

“El recorte arbitrario de fondos desde el Gobierno nacional no distingue partidos políticos ni cuentas ordenadas. Sin ninguna posibilidad de atenuar los efectos de tan impulsiva y caprichosa medida, el contexto deja a los mandatarios y a los habitantes de cada uno de los distritos ante una virtual ‘ley de la selva’ donde, sin otra alternativa, deben recurrir a las herramientas que disponen”, agregó el bloque de senadores radicales, que expresó su “enérgico apoyo al gobernador chubutense Ignacio Torres y a sus pares, e instamos al gobierno nacional a dejar de lado actitudes mezquinas y a retomar la senda del diálogo para encontrar los consensos que permitan llevar bienestar al pueblo argentino”.

A su vez, los diputados nacionales del radicalismo expresaron su “solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Chubut, que están tratando de resolver una deuda gravosa, tomada irresponsablemente en la gestión anterior”.

“Han hecho todos los esfuerzos de gestión necesarias para superar de manera no traumática este momento. Resolver una crisis requiere creatividad y compromiso y no acciones irreflexivas. Las soluciones nunca están del lado de la sobreactuación. Le pedimos al Gobierno federal responsabilidad”.

Por su parte, el Partido Radical que encabeza el senador Martín Lousteau expresó a su vez su “apoyo solidario” al gobernador Torres. “La UCR repudia el ataque contra el pueblo de Chubut y su gobernador, Ignacio Torres, y expresa su apoyo solidario frente a la decisión inédita del presidente Milei que incumple con la Constitución al quitar fondos que le corresponden a esa provincia”, señaló el partido mediante su cuenta en la red X, donde agregó: “Milei recorta de un manotazo una deuda que viene de la gestión anterior de Chubut y cuando lo hace de golpe, le saca a los ciudadanos de esa provincia la posibilidad de acceder a servicios básicos como la educación, salud y seguridad”.

Y concluyó: “El Gobierno nacional fuerza una tensión que pone en riesgo nuestra identidad como país en momentos que las provincias y sus gobernadores enfrentan una situación de gravedad que pone en jaque a millones de argentinos”.

Finalmente, los gobernadores de Juntos por el Cambio desempolvaron esa denominación para expresar su “total respaldo y apoyo al gobernador de Chubut Ignacio Torres en este duro momento por el que están pasando los chubutenses. El Gobierno nacional debe cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia”.

“No cumplir con la ley y los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país”, concluye el comunicado suscripto por los gobernadores Jorge Macri (CABA); Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Valdés (Corrientes); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

En sus últimos días de viaje por Europa y a la distancia el presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a embestir contra los diputados que votaron en contra de la ley ómnibus y gobernadores: “Son la mugre de la política”, y apuntó: “La sociedad tiene claro quiénes son sus enemigos. El proceso electoral lo irá depurando y en 2025 podremos tener un Congreso mucho más comprometido con la libertad. Estos delincuentes son una máquina de impedir”. También habló de la alianza con el Pro.

“Lo que ha pasado es muy interesante porque demostró quiénes son los que están del lado del cambio y quiénes son los estafadores y están en política no para servirle a la gente sino para hacer negocios. Eso es muy positivo, como principio de revelación es fabuloso lo que ha pasado”, sostuvo Milei sobre el fracaso de la Ley Bases. “Esto no afecta a la dinámica de corto plazo, solo la de largo plazo”, planteó.

En diálogo con radio Mitre, el presidente apuntó contra una frase pronunciada por el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta tras el fracaso del proyecto libertario en la votación en particular. Larreta había tuiteado “¡Viva el consenso!”. En ese sentido, lanzó: “Viva el consenso es viva la corrupción, viva la toma y daca, viva la entrega a cambio de plata. Algún diputado del radicalismo me amenazó con que si quería sacar las leyes tenía que entregar cargos y favores a la política. Nosotros no estamos dispuestos a hacer política de esa manera mugrosa, corrupta”.

El mandatario dijo que el tratamiento de los fideicomisos fue revelador porque “son grandes cajas donde roba la política, empezaron a meterse en las cajas donde roba la política y ellos dejaron los dedos marcados. Dejé en evidencia quiénes son la mugre de la política”.

Al recordar las negociaciones en el Parlamento con los diputados del bloque “dialoguista”, Milei fustigó: “Son delincuentes que nos traicionaron, porque hicieron campaña desde el cambio, pero después…Esto lo explica siempre muy bien Mauricio Macri con ‘¿la mía está, no?’. Estaban desguazando la ley y decidí sacarla”.

“Estaban dejando el envoltorio, la cáscara, pero adentro la estaban llenando de estiércol, de excremento. Era cambiar para no cambiar nada. Esos traidores, que viven de la política a costa de los argentinos de bien, les sacaron a los argentinos la posibilidad de esta mejora en términos de libertad económica”, reprochó.

En un tramo de la entrevista dirigido al rol de los mandatarios provinciales en la negociación, describió: “Los gobernadores presionaban para causar un desmadre fiscal porque querían hacer déficit cero, pero sin ajustar sino aumentando los ingresos de modo de ir a déficit cero gastando más”.

“Dado los desmadres que estaban llevando a cabo, dimos una primera señal de que estaban actuando mal cuando quitamos el capítulo cuatro. Nosotros creíamos que llegábamos al equilibrio primario en enero y al equilibrio financiero en marzo. Lo logramos en enero. Hemos avisado que, si no nos daban las herramientas, íbamos a recrudecer los ajustes y que esos ajustes iban a caer sobre las provincias. Nosotros les hemos bajado las transferencias un 98%”, puntualizó.

Acto seguido, realizó una férrea defensa del ajuste fiscal que impulsa desde su gestión: “La gente quería que hiciéramos un ajuste y que el ajuste lo haga la política. Que ahora los gobernadores hagan el ajuste, que es lo que tienen que hacer. Yo tengo que afrontar un ajuste de 15 puntos del PBI y ellos, todos juntos, no pueden afrontar un ajuste de 1,5 puntos”.

En otro tramo, criticó al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, que “está llorando por 20 mil millones de pesos, que deje de pagar pauta por 26 mil millones a periodistas ensobrados; que dejen de dar recitales”, y cargó contra Maximiliano Pullaro: “Lo mismo le pasa al gobernador de Santa Fe” a quienes advirtió: “Vamos a dejar en claro el despilfarro que hacen. Nosotros vinimos a cambiar de cuajo este país corrupto”, al referirse a dos de los mandatarios provinciales que se fueron sus aliados en las primeras semanas de gestión.

Milei defendió la eliminación del Fondo Compensador del Interior para el transporte de colectivos, cuestionado por los gobernadores, y explicó que él ya había adelantado que iban a hacer eso: “Cuantas menos herramientas tengo, más tengo que profundizar el gasto público. ¿Qué acaso no lo puedo hacer? Yo no voy a negociar de ninguna manera mi programa económico, la meta del déficit cero, el saneamiento del Banco Central ir liberando el mercado de cambio. Voy a terminar con la inflación, voy a terminar con la inseguridad”.

En esa línea, el libertario subrayó: “Estamos eliminando curros de la política. Uno toca los fideicomisos y saltan como leche hervida, hay gente que vive como magnates de ahí, lo que pasó fue maravilloso porque los dejó en evidencia”.

Por otor lado, Milei se refirió al acuerdo con el Pro y dijo que “obviamente” se va hacia un acuerdo con el Pro dentro del Gobierno nacional y consideró que “naturalmente va a fluir hacia eso”.

“Usted toma las declaraciones que yo he venido haciendo mucho antes de las PASO y siempre hablé de un ordenamiento político. Yo no tengo la culpa de que no la vean. Lo que pasó con la Ley Bases dejó claro quiénes quieren el cambio y quiénes el curro de la política”, argumentó Milei.

Al respecto, el líder de La Libertad Avanza recapituló: “(Patricia) Bullrich parte de mi gobierno. Es nuestra ministra de Seguridad y de quien yo estoy infinitamente orgulloso, igual que Luis Petri nuestro ministro de Defensa. Hay una clara intención. Lo que pasó con la Ley Base acomodó quién está de cada lado. Es lo que yo venía proponiendo desde 2021 al ser electo diputado”.

Consultado directamente sobre la idea de explorar un acuerdo político con el Pro, respondió: “Obviamente, de modo espontáneo y natural se dio. Se dio después de las elecciones del 22 de octubre y en los hechos en la Cámara. Algo que naturalmente fluye hacia eso, además de que nos llevamos muy bien”.

Por último, Milei destacó el “diálogo fluido” que mantiene con el expresidente Mauricio Macri: “Tengo un diálogo fluido. Las recomendaciones que me hace me suman muchísimo- Las charlas que tengo con Macri están en la misma línea que con Bullrich. Es cómo se construye un espacio político que represente plenamente el cambio y avanzar en las reformas que hagan de Argentina un país pujante”.

Respecto de si Macri tiene incidencia en el armado de su equipo, el presidente aclaró: “Hablamos de quienes son los mejores instrumentadores, es una discusión técnica. Ni por las tapas lo que dicen los medios. Le puedo pedir que me asesore y en ese contexto me pueden llegar a sugerir. Es una cosa mucho más amigable, no de la manera que se plantea”.

Mucho enojo se percibía este martes por la noche contra los gobernadores que, a juicio de las autoridades provinciales, incumplieron un acuerdo con el Poder Ejecutivo.

Entrevistado en La Nación+, el presidente del bloque La Libertad Avanza, Oscar Zago, contó que “hubo un acuerdo con los gobernadores por la mañana sobre los temas que nos votaron en contra”.

Citó puntualmente que habían votado en contra la investigación de delitos complejos -“no podemos entender cómo gobernadores votaron en contra de eso”, cuestionó Zago-; corrupción de menores; secuestros extorsivos… “La verdad que votar en las delegaciones en cuestión de seguridad… No se lo querían dar al Gobierno”, se quejó.

Y continuó: “Si en estos tres o cuatro artículos te empiezan a rechazar, yo no sé cómo iban a continuar con los distintos artículos que teníamos programados para acompañar la ley”.

En definitiva, para Zago “la sesión así no podía seguir, porque no sabíamos si iban a seguir acompañándonos o no”.

Al referenciar a aquellos gobernadores que “no cumplieron con su palabra”, señaló al de Salta, Gustavo Saenz; de Córdoba, Martín Llaryora; de Misiones, Hugo Passalacqua y de Neuquén, Rolando Figueroa. “No se cumplió con la palabra que teníamos acordada desde el mediodía”, concluyó.

Una nueva jornada de reuniones relacionadas con el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos se desarrolló este lunes, no solo en el Congreso de la Nación, sino también en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde se realizó una reunión de gobernadores no peronistas, de la que tomaron parte legisladores de la oposición dialoguista y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

De ese encuentro en particular salió una luz verde de parte de los gobernadores, con vistas al tratamiento del proyecto, que se iniciará este miércoles a partir de las 10, según se oficializó este lunes. Ofició de vocero de los gobernadores el chubutense Ignacio “Nacho” Torres, quien destacó respecto del proyecto puesto a debatir que “en su gran mayoría hay consenso”.

“Se pudieron destrabar un montón de cosas para avanzar en consensos necesarios para que el Gobierno cuente con esas herramientas”, destacó el chubutense.

Si bien trascendió que en la reunión se habló del impuesto PAIS, el cual podría coparticiparse en un 30% entre las provincias, para compensar la pérdida que implica la quita del impuesto a las Ganancias, poco después pareció desandarse ese camino. Fue cuando entrada la noche, la Oficina del Presidente difundió en la red social X un mensajeen el que aclaraba que las reformas de tipo fiscal y el impuesto PAIS serán discutidas “más adelante”.

La Oficina del Presidente reitera que el Impuesto PAIS y el resto del paquete fiscal, anteriormente incluido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se discutirá más adelante.

— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 30, 2024

El encuentro en el CFI fue organizado por el titular del bloque Pro, Cristian Ritondo, quien no participó del mismo. Se reunió en cambio con su bloque, para analizar la estrategia a desarrollar en la sesión que se iniciará el miércoles. También los radicales planeaban realizar una reunión de bloque, pero al postergarse un día la sesión, resolvieron realizarla este martes.

Sobre la sesión del miércoles, se prevé una extensión muy larga, por lo que será clave lo que vaya a convenirse en la reunión de Labor Parlamentaria que tendrá lugar este martes a partir de las 19, donde deberá definirse la metodología a utilizar para una sesión de semejantes características. Así y todo, no se podrá evitar que en el inicio se dé un gran debate impulsado por Unión por la Patria y la izquierda sobre la polémica que se planteó respecto de la emisión del dictamen. Esa discusión podría llegar a demorar varias horas el inicio del debate.

Si bien algunos sectores insisten en la necesidad de establecer un cuarto intermedio, no habría anuencia para hacerlo y en ese caso se espera que sea una sesión de extensión récord y sin interrupciones.

En la previa de la convocatoria oficial, se realizaron reuniones nuevamente en el despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem, con los presidentes de los principales partidos dialoguistas: Cristian Ritondo por el Pro, Rodrigo de Loredo por los radicales, Miguel Angel Pichetto por Hacemos Coalición Federal y Pamela Calletti, de Innovación Federal. El encuentro, del que tomaron parte además del anfitrión, Menem, el asesor presidencial Santiago Caputo y los presidentes de las comisiones que participaron del debate, Gabriel Bornoroni, José Luis Espert y Nicolás Mayoraz, sirvió para garantizar que haya quórum y aventar temores respecto de la aprobación en general del proyecto. Con relación al debate en particular, persisten discrepancias, a pesar de las “concesiones” hechas por el Poder Ejecutivo, que bajó casi 300 artículos del proyecto original.

Desde el bloque de Pichetto insisten contra las facultades delegadas, al menos en materia tarifaria, energética  y de seguridad. El tema de las privatizaciones todavía sigue haciendo ruido.

Hay también voluntad a partir de la postura de los gobernadores de rechazar ítems como el que involucra la pesca y también habrá rechazos referidos al biodiesel.

En una muestra del pragmatismo que parecía haber extraviado en los últimos días, el Gobierno resolvió este viernes dar un sorpresivo barquinazo con el que terminó evitando lo que se perfilaba sería una victoria pírrica.

Tal cual veníamos anunciando los últimos días, las negociaciones entre el oficialismo y la oposición habían entrado en un terreno de indefinición del que no alcanzaban a salir. Trabajosamente habían logrado emitir dictamen de mayoría en la madrugada del miércoles, pero a partir de eso, el oficialismo no logró avanzar más. Por el contrario, se sucedieron desde entonces una serie de hechos que solo hicieron que la oposición “amigable” tomara distancia de los negociadores del Gobierno.

Sucesivamente, en el transcurso del miércoles se fueron conociendo textos del dictamen de mayoría que diferían entre sí, hasta que la última versión, aquella con la que se iniciará el debate en el recinto, difería de lo acordado y omitía aclaraciones trabajosamente pactadas. La polémica que acompañó entonces la emisión del dictamen no hizo más que enrarecer el microclima que acompaña a esta ley.

No obstante, el problema nunca fue ese, sino acercar posiciones con el Gobierno en una ley que ya se había reducido en 141 artículos, pero persistían diferencias irreconciliables.

Cuando el ministro de Economía tuvo el miércoles su día de furia tuitero, en el que lanzó advertencias con tono de amenaza a los gobernadores sacando de las casillas a un pragmático por naturaleza como Miguel Angel Pichetto, la negociación tomó un cariz impensado hasta entonces y los negociadores dejaron de ver la luz al final del túnel. Al día siguiente fue cuando en Hacemos Coalición Federal (el bloque liderado por Pichetto), e Innovación Federal (Pamela Calletti) dieron por concluidas las negociaciones y dejaron la resolución de los artículos que no habían podido acordar directamente para el día de la sesión. Lo cual hacía presagiar no solo una sesión extendida hasta extremos alarmantes, sino también una definitiva falta de acuerdo que no hacía presagiar un destino cierto.

Solo el Pro, con un comunicado emitido al final del jueves dejó clara su disposición a acompañar “de manera responsable esta votación para que el gobierno cuente con las mejores herramientas normativas que le solicita al Poder Legislativo”. Las matemáticas no favorecían al Gobierno: 38 (los diputados de LLA) + 37 (los del Pro) + 9 (aliados)= 84. Faltaban 45 para el número mágico de 129.

Así como a la luz de los hechos, el miércoles se resolvió que lo más “sano” sería evitar sesionar el jueves 25 -como se había especulado desde un principio- y dejar eso para el martes venidero, cuestión de resolver las cuestiones pendientes en el ínterin, ahora muchos se preguntaban si realmente la decisión sería ir sin acuerdos a la sesión, con todos los riesgos que ello implicaba.

No hay margen para seguir estirando los tiempos, se sinceró ante este medio una fuente parlamentaria de la oposición dialoguista. Pero con la misma amplitud de criterio interpretó que, dando por sentado que la aprobación en general estaba garantizada, “Milei se llevará una ley flaca en recursos”. ¿Cómo tomaría el presidente lo que todos presentarían como una derrota, por más que cuantitativamente se aprobara la mayor parte de los artículos? Mejor ni pensar.

“Pondrá el grito en el cielo”, anticipó un legislador opositor, vislumbrando la reacción presidencial ante una ley con alrededor de 170 cambios o eliminaciones.

El desgastante debate había tenido consecuencias en la Casa Rosada, donde el presidente inició la reunión de gabinete del jueves por la mañana con un tono destemplado, precisamente por el cariz que tomaban esas negociaciones. Fue una reunión de gabinete muy tensa, con gritos de parte del presidente. “¡Es una locura las propuestas que hicieron!”, se le escuchó gritar Milei, que luego no saldría a desmentir la nota donde señalaban que el Presidente piensa dejar “sin un peso” a los gobernadores. Habitualmente presto para desmentir noticias y versiones, esta vez eso no sucedió.

¿Cuáles eran los temas que merecían mayores cuestionamientos? Retenciones; movilidad jubilatoria, una cuestión que no terminaba de convencer a nadie y había quedado atada al Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS). “Es más probable que el artículo termine siendo rechazado a que se introduzca una fórmula de movilidad”, estimó ante este medio alguien cercano a la mesa de las negociaciones. “El FGS hoy lo pierde”, advirtió.

También quedarían afuera de la ley biocombustibles y pesca. Los capítulos enteros. También los relacionados con la cultura.

Y lo mismo se vislumbraba para el tema de las privatizaciones. “Lo más probable es que no haya acuerdo y sea rechazado”, explicó una fuente, que relacionó eso con la indignación de Milei, quien terminaría su jornada del jueves echando al ministro Guillermo Ferraro, acusado de haber filtrado lo que el presidente no se preocupó por desmentir.

La decisión oficial de mantener la cláusula según la cual fuera una bicameral la que resolviera el destino de las empresas a privatizar, en lugar de ambas cámaras, como reclamaba la oposición, era otro de los temas muy resistidos por los bloques “amigables”. “Es peor que lo que pasó con el menemismo”, alertó un legislador, que habló de “corrupción, precios viles y amigos beneficiados”. Imposible de aceptar, cerró.

De los temas medulares de la ley de Bases, no salía ninguno. Por eso la ira presidencial y la guerra declarada a los gobernadores.

También se caería el capítulo relacionado con el financiamiento de la política. En cuanto al blanqueo, solo avanzaría si el Gobierno se aviniera a coparticiparlo con las provincias.

Así las cosas, la ley podría salir, pero no cumpliría el objetivo de garantizarle fondos frescos al Gobierno.

Todo eso sin contar lo que ya había resignado de entrada, temas que hacen a la “batalla cultural” del Gobierno en los que debió retroceder, como el capítulo ambiental.

Los artículos que beneficiaban a ciertos lobbies, como el petrolero, saldrían cambiados o rechazados. Por biocombustibles, el gobernador cordobés Martín Llaryora puso el grito en el cielo. Para la oposición, la ley vigente es “pésima”, pero la propuesta de Milei “es peor”.

Todo lo antedicho conducía a una sesión con final cantado y negativo para el Gobierno. Un esfuerzo monumental que terminaría con gusto a poco y nada. Fue, en definitiva, la causa del anuncio que el ministro Luis “Toto” Caputo terminó haciendo después de las 20 del viernes. Al cabo de una jornada matizada con versiones de más pedidos de renuncias y despidos.

Cuando se hablaba de un cese de las negociaciones, se supo de la presencia de Karina Milei en el Congreso de la Nación. Se la vio en el comedor del Senado reunida con Martín Menem -otro de los apuntados por los resultados de las negociaciones-, y Eduardo “Lule” Menem, primo del presidente de la Cámara de Diputados, y de estrecha relación con la poderosa hermana del presidente. El día de la asunción de Martín Menem al frente de la Cámara, la secretaria general de la Presidencia siguió el desarrollo de la sesión desde un palco junto a Lule.

La reunión se trasladó luego a la Casa de Gobierno. Horas después, el ministro de Economía anunciaría la decisión oficial de desprenderse del capítulo fiscal de la ley de Bases, para permitir la aprobación del resto del proyecto.

Cada uno la interpretó como quiso: la oposición más dura, como una derrota para el Gobierno; la oposición amigable, como una señal de racionalidad. El Gobierno lo explicó como una señal de que “escucha”.

Fue, en definitiva, una vuelta al pragmatismo. Un toque de sensatez.

El comunicado posterior emitido por Presidencia de la Nación, aclara que “habrá que avanzar en el ajuste sobre la política tal como se están ajustando los argentinos debido a que el compromiso del Gobierno con el déficit cero es inquebrantable”. Mensaje para los gobernadores, que desde el miércoles quedaron en la mira.

Entre las cosas que se postergan, la reforma de Ganancias fue una de las que mencionó Caputo el viernes. Para desasosiego de los mandatarios provinciales, que saben que acá nadie puede cantar victoria.

Continuaron este fin de semana las reuniones de los bloques caracterizados como “dialoguistas”, que son aquellos cuyos votos aguarda el Gobierno nacional para aprobar el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Los legisladores del Pro, la UCR y Hacemos Coalición Federal, fundamentalmente, trabajaron los últimos días en analizar el texto del proyecto y las concesiones que hasta ahora está dispuesto a hacer  el Poder Ejecutivo.

La reunión más importante la desarrollaron este domingo hasta el mediodía con los gobernadores de Juntos por el Cambio, con quienes analizaron las modificaciones que estaría aceptando el Gobierno.

“Está un poco trabada”, confió a parlamentario.com una fuente consultada respecto de la negociación con el oficialismo que trabaja en el análisis de “las devoluciones” del Gobierno. Al respecto, mostró cierto fastidio e inquietud porque no les ha llegado aún el texto definitivo sobre el cual puedan comenzar a trabajar en lo que terminará siendo el dictamen que esperan sea de mayoría.

También cuestionó que desde el Gobierno se insiste en mantener una mirada de lo fiscal, con lo cual los gobernadores tampoco están demasiado de acuerdo.

Puntualmente consideran que “aumentan muchísimo” las retenciones, con lo que se está afectando actividades productivas en las provincias, que no son coparticipables. También se quejan de que no se ha incluido el tema Ganancias, para recuperar lo perdido en la última parte del año pasado con las modificaciones realizadas por el ministro de Economía y candidato oficialista Sergio Massa. “Eso era parte de lo que se habían comprometido con los gobernadores -se quejó-, y no evalúan otras opciones de recupero de recursos como los gastos tributarios”.

Reconocen los gobernadores que “sin dudas es positivo” que se reduzcan a cero las retenciones a las economías regionales, pero advirtió que “igual llevan todo el resto a 15%, y entre esas materias están todas las actividades industriales, el maíz, el trigo, la carne. Y los subproductos de la soja a 33, algo que ha hecho que el gobernador de Santa Fe (Maximiliano Pullaro) directamente exprese el rechazo”.

Según pudo saber parlamentario.com, los gobernadores volverán a reunirse el martes y harán un pronunciamiento que incluirá alternativas a las medidas fiscales que les permitan recuperar los recursos perdidos por la eliminación del impuesto a las ganancias y otras medidas tomadas por la administración anterior.

Consultada una fuente legislativa sobre los dichos del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, respecto de que confía en que el martes haya dictamen, la misma insistió en que “todavía ni el texto hemos podido ver”.

Reuniones permanentes

Las bancadas dialoguistas realizaron varias reuniones este fin de semana. Si bien hay bastante hermetismo, desde la oposición dialoguista rechazan de plano dar por cerrado el acuerdo con el Gobierno. Por el contrario, una fuente consultada por parlamentario.com aclaró que “esa línea la quiere instalar el presidente”. Y no estaría sucediendo, hasta ahora.

A priori, los sectores que buscan alcanzar un acuerdo con el Gobierno quieren ver primero cómo quedan redactados los artículos en los que ya hubo entendimiento, al tiempo que insisten con modificar varios puntos. Recordemos que fuentes oficiales distribuyeron entre los diputados un documento en el que detallaron algunas de las concesiones que están dispuestos a hacer para llegar al recinto con un acuerdo que permita la aprobación del proyecto. En el mismo se propone limitar el plazo de vigencia de la emergencia de 4 años a un año más otro prorrogable por el Poder Ejecutivo (2 en total), y se eliminan las materias de defensa, social y sanitaria.

Además, se fija en 0% las retenciones para economías regionales -que originalmente se llevaban a un 15%- y se limita/elimina la facultad para aumentar los derechos de exportación.

Respecto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el punteo que se conoció este viernes establece como requisito que el Poder Ejecutivo Nacional para poder liquidar dichos activos (luego de ser transferido al Tesoro), “deberá contar con un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones”.

En tanto, de la lista de empresas a privatizar, se elimina a YPF. Por otra parte, se prevé un aumento en los cortes obligatorios de bioetanol (hasta alcanzar entre 18% y 27%) y biodiésel (alcanzar en 2026 hasta 15%) y se elimina la posibilidad de libre importación de biocombustibles. También, se elimina la derogación de Ley de Azúcar.

El más álgido de los puntos en discusión es el capítulo referido a las privatizaciones. Como se ha visto, el Gobierno solo sacó del listado de 41 empresas pasibles de privatización a YPF, y quiere que, a lo sumo, una bicameral dé el visto bueno a la privatización. La oposición rechaza esa alternativa: quiere que eso se decida en ambos recintos, no en una comisión bicameral.

También quieren excluir al Banco Nación del listado.

Otro punto que en la oposición quieren ver cómo queda redactado es el de las jubilaciones. Dan dos alternativas: o se elimina el artículo, o ponen una fórmula de actualización nueva atada al IPC. Pero quieren que eso quede por escrito, que no sea una promesa que después tengan que estar pendientes para saber si se cumple o no.

Hay más temas sensibles. El tema de la reestructuración de la deuda es uno de ellos. El proyecto de ley ómnibus establece que la reestructuración no tenga que pasar por el Congreso, como de hecho era en tiempos de Cambiemos. Ahora, la oposición quiere mantener la ley que se aprobó a instancias del exministro Martín Guzmán.

Diversidad en los bloques

Las diferencias que persisten entre el oficialismo y la oposición subsisten en el interior de los bloques. Tanto el Pro, como la UCR y Hacemos Coalición Federal tienen discrepancias internas. En el caso del radicalismo, están frescas las heridas que se exhibieron cuando la unificación de los bloques UCR y Evolución, cuando un sector se alineó con Facundo Manes. Esa movida duró solo un día, pero ahora esa división resurge frente al debate de esta ley clave. En diciembre pasado, la división dejó a 22 diputados de un lado y una docena del otro. Ahora Manes estaría arrastrando a varios correligionarios hacia el rechazo. Todavía no se sabe cuántos; algunos especulan con que sean solo 4, pero el neurocientífico estima que pueden llegar a ser 9. Se verá.

 

“Se acabó la fiesta. No hay plata”, disparó hace nueve días el presidente Javier Milei al asumir, inusualmente, a espaldas del edificio del Congreso. Este martes a las 12 tiene previsto el primer cara a cara con los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, en la Casa Rosada, y todo parece indicar que la reunión será un rosario de lágrimas. Es que los gobernadores -la mayoría al menos- ya avisaron que tampoco tienen plata e, incluso, algunos van a pagar el aguinaldo en cuotas, al tiempo que anunciaron un paquete de ajuste en sus territorios.

Desde el punto de vista político, Milei hará foco en la reducción del gasto político y, en ese camino, planteará por ejemplo eliminar las elecciones primarias PASO, creadas en 2009 porque le convenía a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Sobre el tema, ya hubo varias voces de las principales fuerzas políticas que deslizaron esa idea, incluso de varios gobernadores.

En paralelo, está el proyecto de ley que instala la Boleta Unica de Papel para votar -que también impulsa el oficialismo a través del ministro del Interior, Guillermo Francos-, aprobado por la Cámara de Diputados el año pasado pero que nunca fue tratado por el Senado (por lo tanto tiene un año más de estado parlamentario).

Esa iniciativa hace mención en su texto a las elecciones PASO, de modo tal que si el Cámara alta vota la Boleta Unica de Papel debe considerar ese tema, es decir si siguen las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.

El proyecto de Boleta Única de Papel fue aprobado por la Cámara de Diputados en junio de 2022, por 132 votos a favor reunidos en un arco político que comprendió al radicalismo, al Pro, al peronismo disidente, a la Coalición Cívica y a La Libertad Avanza, además de bloques provinciales.

En contra del proyecto votaron 104 diputados, en su mayoría del interbloque del Frente de Todos, el entonces oficialismo.

Por su parte, respecto del tema económico, quizás el central para Milei y los gobernadores, aparece incierto. El jefe de Estado -y ya se ha visto en la catástrofe del temporal de Bahía Blanca- asegura que no hay un peso para distribuir a nadie, y los mandatarios provinciales dicen que el gobierno de Alberto Fernández no les dejó el suficiente dinero para pagar el aguinaldo.

Simultáneamente, se quejan de que perdieron ingresos por la eliminación del impuesto a la cuarta categoría en Ganancias, que es coparticipable con las provincias.

Por eso, ya en la reunión que mantuvieron el viernes pasado con el ministro Francos -algunos presenciales y otros virtualmente- avisaron que quieren que esa pérdida se sustituya de alguna forma. El ministro de Economía, Luis Caputo, tiró que volver atrás con Ganancias era un pedido de los gobernadores, pero ellos dicen que nunca propusieron tal cosa, porque los enfrentaría con la CGT, que impulsó la baja de ese impuesto junto al entonces ministro de Economía, Sergio Massa, y candidato presidencial de Unión por la Patria.

Con todo, la reunión de hoy más que en el lugar de la reunión, el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, parece hacerse sobre un tablero de ajedrez en que cada pieza que se mueve ya no puede retroceder.

Nadie piensa en atacar, sino más bien imponer un juego defensivo.

Con el foco en la posible modificación del impuesto a las ganancias -dejar sin efecto la suba del piso del mínimo impulsada por el entonces candidato presidencial Sergio Massa, en septiembre pasado- el presidente Javier Milei recibirá este martes, en la Casa Rosada a los 23 gobernadores y al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Simultáneamente, será el primer encuentro que empezará a reperfilar la relación Nación-Provincias, tras la decisión de Milei de recortar los fondos que hasta ahora distribuía el Ministerio del Interior a todas las provincias.

Los gobernadores ya habían pataleado cuando Massa -en plena campaña electoral- hizo la corrección de Ganancias en favor de unos 800 mil contribuyentes, ya que esa impuesto es coparticipable con las provincias, de modo que perdieron recursos.

Ahora, con el ajuste propugnado por el presidente Milei, los gobernadores irán a la carga para tratar de no perder más ingresos en impuestos, aunque quieren que el “costo político” -si se hace una corrección nuevamente de Ganancias- lo pague la Nación y no ellos.

El único gobernador que habló sobre el tema fue el de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien explicó este lunes que los mandatarios provinciales no pidieron reinstalar el Impuesto a las Ganancias, sino “sustituir o compensar” el impacto que tuvo esa medida en la masa de la coparticipación con otros instrumentos.

Kicillof diferenció de esa forma la posición oficial del gobierno de Milei, al ser consultado sobre declaraciones realizadas la semana pasada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien había señalado que “las provincias” estaban “más interesadas en que esto (en referencia a la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias) se dé vuelta”.

El tema es que la mayoría de los gobernadores impulsó ya un ajuste también, de cara al nuevo escenario nacional, por lo que más que nunca dependen de los impuestos coparticipables.

De acuerdo con la Ley de Coparticipación Federal, de 1988, del total de impuestos coparticipables, el 42,34% se lo queda el Gobierno nacional, el 56,66% se reparte entre las provincias de forma automática, y el 1% se reserva para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que también se reparte entre las jurisdicciones. A los ATN se los denomina transferencias no automáticas o “discrecionales”, de las que habló de recortar drásticamente el presidente Milei al iniciar su mandato.

El encuentro será a las 12, a “agenda abierta”, en la Casa Rosada, y fue convocada por el ministro del Interior, Guillermo Francos, indicaron fuentes oficiales.

El viernes último, en un encuentro preparatorio, que se hizo vía presencial y remota, Francos encabezó el primer intercambio con gobernadores y funcionarios e invitó a los mandatarios provinciales al encuentro de este martes con el presidente Milei.

“Es necesario que analicemos la situación en su conjunto y no desde la visión de cada uno de los actores”, manifestó el funcionario del Ejecutivo, y agregó que “las medidas adoptadas por el Gobierno nacional se decidieron para evitar un daño mayor a todos los argentinos”.

Francos expresó que “la realidad es que la macroeconomía argentina presenta un panorama muy duro y la posibilidad de una inflación creciente, y es precisamente esa situación la que el Gobierno nacional ha tratado de evitar con las medidas adoptadas”.

“En ese sentido -enfatizó-, el Gobierno nacional tiene la firme convicción de que, para afrontar la situación de inflación que hoy presenta la Argentina, es necesario llegar al déficit cero en el orden nacional”.

Participaron de ese encuentro, de manera presencial, los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Gustavo Valdés (Corrientes), acompañados por el secretario de Interior, Lisandro Catalán.

En tanto que por videoconferencia lo hicieron los siguientes mandatarios y funcionarios provinciales: Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (La Rioja), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

También fueron de la partida Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Ricardo Quintela (La Rioja), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Menna (vicegobernador de Chubut), Eber Solís (vicegobernador de Formosa) y José Vanini (secretario general de Gobierno de La Pampa).

Los gobernadores electos por Juntos por el Cambio se reunieron este miércoles en la Casa de Mendoza, para analizar el escenario político e institucional que enfrenta nuestro país, tras la elección del domingo pasado que consagró a Javier Milei como presidente electo.

Al cabo del encuentro, emitieron un comunicado en el que resaltaron que los argentinos “han elegido un cambio de modelo de país, luego de años de grandes retrocesos económicos, sociales e institucionales”.

“Atentos a la demanda de cambio que transmitió la ciudadanía argentina, y que también se manifestó en las sucesivas elecciones provinciales que protagonizamos, transmitimos nuestra vocación de influir en el rumbo del país”, expresaron a través de un comunicado.

Allí abogaron por la continuidad de Juntos por el Cambio en el Parlamento, al señalar que los bloques legislativos de ese espacio “serán determinantes en la próxima gestión nacional”, ante lo cual expresaron su convencimiento de “la necesidad de trabajar en conjunto con los representantes de nuestras fuerzas en el Congreso de la Nación en una estrategia política común. Nuestra decisión es la de contribuir con la gobernabilidad de la Argentina, pero también sabemos que parte de nuestro rol es controlar la gestión del futuro gobierno”.

Finalmente resaltaron que vuelven a suscribir “todas las ideas y propuestas que planteamos con detalle en la primera reunión que tuvimos después de las elecciones generales del 22 de octubre”.

Participaron de la reunión y firmaron el documento los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Zadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y el jefe de Gobierno Jorge Macri (CABA).

Tal como lo había anticipado el primer día del año en su cuenta de Twitter, Alberto Fernández informó que este miércoles 4 de enero presentará el pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia, puntualmente contra su titular, Horacio Rosatti.

Fue tras el encuentro-que duró casi dos horas- que mantuvo este martes en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada con los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Formosa, Gildo Insfrán; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Los peronistas Juan Schiaretti (Córdoba) y Omar Perotti (Santa Fe) no participaron.

Además, estuvieron presentes los vicegobernadores Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Rubén Dusso (Catamarca). Los mandatarios de estas dos provincias, Alicia Kirchner y Raúl Jalil, respectivamente, se sumaron al encuentro a través de la plataforma Zoom. Alberto Fernández también estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

El objetivo de la reunión fue evaluar el escenario y definir los pasos a seguir respecto a la intención de solicitar en el Congreso el juicio político contra Rosatti, así como también pedir que se investigue al resto de los integrantes de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti: el planteo será enviado este miércoles a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

El documento lleva la firma de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).

Los mandatarios provinciales de Salta, Río Negro, Neuquén y Misiones habían firmado un documento que cuestionaba el reciente fallo de la Corte sobre el porcentaje de coparticipación federal que debe recibir la Ciudad, pero no acompañaron el documento firmado por los gobernadores más afines al Gobierno.

Tras la reunión, los gobernadores hablaron en rueda de prensa. El primero de ellos fue Capitanich que señaló que el objetivo de la misma fue “propiciar la firma de un pedido de juicio político en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional en virtud del mal desempeño, las malas funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“En ese contexto el presidente de la República con la mayoría de los gobernadores hemos propiciado esta iniciativa en virtud de una multiplicidad de hechos de los cuales pueden sintetizarse desde la violación de la Ley de ética pública hasta el mal desempeño a partir de decisiones que tiene que ver con oportunamente la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26.088 después de más de 16 años de vigencia, la restitución de la Ley 24.937”, explayó el chaqueño.

En ese contexto, planteó: “Conjuntamente con el fallo que favorece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nosotros consideramos que, efectivamente, esta Corte Suprema, por una serie de hechos que se van a presentar oportunamente ante la opinión pública, y por el mal desempeño observamos una manifiesta parcialidad”.

En tanto, explicó que “significa que los fallos que hemos observado son para favorecer una parcialidad política y esto pone de manifiesto uno de los problemas centrales, ellos deben ser custodios y guardianes de la Constitución, pero lo que observamos es que los argentinos no pueden estar tranquilos en términos de salvaguardar la vida, el patrimonio, del honor, de la libertad, con miembros de la Corte que violan clara y contundentemente la Constitución Nacional y sobre todo los principios”.

“Nosotros, las provincias argentinas, nos sentimos damnificados por la asignación de recursos de una manera antojadiza sin ningún tipo de fundamento o argumento alguno. No es cierto que no nos afecta, nos afecta severamente la menor cantidad de transferencias de recursos y en consecuencia consideramos que la defensa de los intereses de nuestras provincias y el federalismo es una bandera irrenunciable porque es la base para lograr equidad e igualdad”, cerró el chaqueño.

A continuación, tomó la palabra Kicillof quien explicó que se ha elevado a la Comisión de Juicio Político de Diputados y apuntó que “se trata de algo que no tiene en la historia precedentes. La Corte ha avanzado sobre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, atribuciones que no le son propias”.

Al ser consultado sobre si el oficialismo cuenta con los votos necesarios para avanzar con la acusación, el gobernador bonaerense indicó que “la Comisión resuelve si pone en marcha el procedimiento. Será el propio transcurso de la investigación, de las declaraciones, de la propia Comisión, lo que irá conformando el pleno. Es un procedimiento de mucha gravedad”, mientras que Capitanich añadió que se trata de “un procedimiento que se inicia a través de esta presentación”.

Al referirse al rechazo de Juntos por el Cambio, el bonaerense replicó: “No han leído (la presentación que hará el Poder Ejecutivo a la Comisión de Juicio Político). Estaría bueno que lo lean y lo consideren”. También fue consultado sobre la postura de los gobernadores que no estuvieron presentes: “No sé si están a favor, no he hablado con todos”.

En suma, informó que sería este miércoles la presentación del proyecto: “Creo que se va a presentar mañana”. Además, al insistir sobre la cuestión legislativa respecto al eventual apoyo que pudiera sumar el Frente de Todos, afirmó: “El Presupuesto parecía que no se iba a aprobar y se aprobó. No hay que adelantarse a los hechos. No es solo una cuestión de los chats que se conocieron, es también por los fallos”.

Por su parte, Zamora criticó los fallos del máximo tribunal acerca del Consejo de la Magistratura y la disputa entre Nación y Ciudad por fondos de coparticipación y señaló que “esta situación se agrava muchísimo cuando se conocen los chats” entre funcionarios de la Corte y del Gobierno porteño.

Desde Brasil, Fernández había convocado a los mismos mandatarios que apoyaron su decisión de “no acatar” el fallo del máximo tribunal de Justicia por la coparticipación en favor de la Ciudad de Buenos Aires. “Durante mucho tiempo planteé que la Justicia se revise, pero evidentemente no lo hace, y hemos llegado a una situación límite”, argumentó.

“En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”, señalaba el comunicado que el pasado 22 de diciembre fue firmado por el presidente y 14 gobernadores con los que se reunió en la Casa Rosada para fijar postura sobre el fallo de la Corte que obliga a la Nación a entregarle a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables.

Comunicado-Presidencia-Juicio-Politico

La Liga de Gobernadores emitió un comunicado en el que considera “un hecho de enorme gravedad que atenta contra la democracia” la condena contra la vicepresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de la causa “Vialidad”.

A través de un hilo de tuits, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, compartió la postura del grupo de mandatarios provinciales del oficialismo, quienes sostienen que este hecho “quedará registrado como uno de los agravios más grandes al sistema democrático”.

“Se pretende condenar e inhabilitar políticamente a la vicepresidenta de la República mediante una sentencia judicial generada en un proceso atravesado por innumerables irregularidades y violaciones a principios y garantías constitucionales fundamentales”, señalaron.

Desde la Liga de Gobernadores explicaron que “los fiscales y jueces actuantes en su afán de imputarla penalmente le adjudicaron actos y funciones de exclusiva jurisdicción de otras áreas de gobierno y que le están vedadas expresamente por la Constitución, como los actos de administración general y manejo de fondos públicos.

“Durante este burdo proceso judicial, se omitió deliberadamente analizar pruebas documentales y periciales relevantes que demostraban la absoluta regularidad de las obras investigadas”, continuaron y criticaron que “los alegatos del juicio nos permitieron conocer de primera mano las afrentas al debido proceso que sufrió @CFKArgentina y la imposibilidad de los fiscales de sostener sus agravios y acusaciones”.

En referencia a la filtración de chats entre jueces, funcionarios del Pro y empresarios de medios intentado ocultar un viaje al sur, los mandatarios apuntaron que “todo este show mediático y judicial se dio además en un contexto de palmaria y escandalosa promiscuidad entre fiscales y jueces intervinientes que escandalizó a la opinión pública”.

De vuelta sobre el juicio por la obra púbica, recordaron que “los hechos investigados objeto de la condena ya habían sido sobreseídos y la reapertura del proceso se dio cuando en el gobierno anterior se puso en marcha como nunca en la Argentina un mecanismo de persecución judicial y mediática a líderes políticos del campo nacional y popular”.

“Esta absurda condena con fines políticos no es un hecho aislado”, aseguraron y dijeron -comparando con otros casos-: “Sino que forma parte de una operación de poderes económicos que se reprodujo recientemente en Sudamérica con otros líderes populares y que luego de disparatadas condenas, y al paso del tiempo, volvieron a ser legitimados por sus pueblos regresando al poder”.

Los gobernadores manifestaron que la inhabilitación para ejercer cargos públicos “es el nuevo ropaje jurídico en la histórica proscripción que sufrió el peronismo toda vez que fue derrocado del poder por la fuerza”. “Tal como aconteció en 1955 con la Revolución Libertadora y en 1976 con la última dictadura cívico militar que tuvo como saldo la muerte y desaparición de 30 mil argentinos”, sumaron.

Finalmente, destacaron que “el enorme respaldo popular y prestigio que goza nuestra vicepresidenta como líder y conductora del espacio político mayoritario son la garantía que impedirá que grupos minoritarios, violentos y antidemocráticos pongan en riesgo el Estado de derecho que tanto nos costó conseguir”.

El Consenso Fiscal era otro de los temas que figuraban en el temario habilitado por el Poder Ejecutivo en febrero de este año para las sesiones extraordinarias que finalmente pasaron sin que ninguno de los proyectos fuera tratado. Debió transcurrir medio año más para que recién este miércoles la Cámara alta diera cuenta del mismo y lo aprobara.

La norma obtuvo 45 votos a favor, 17 en contra y una abstención del jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, y ahora será el turno de Diputados, para ser convertido en ley y habilitar de una vez los elementos que establece el acuerdo suscripto con todos los gobernadores, menos los de San Luis y La Pampa, más el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se trata de un acuerdo federal que busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones partícipes, de modo que las distintas decisiones se adopten en un marco de estabilidad jurídica a la vez que aseguren una armonización tributaria.

Asimismo, se busca fortalecer la autonomía de las provincias brindando estabilidad jurídica a los gobiernos y a los contribuyentes respecto de los impuestos provinciales.

El nuevo consenso fiscal prevé que las alícuotas de Ingresos Brutos no deberán ser superiores a las establecidas para cada actividad y ratifica la decisión de analizar en 2022 la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia.

El debate

Fue el riojano Ricardo Guerra (FdT) quien abrió la ronda de oradores y procedió a explicar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Al respecto, señaló que el documento suscripto por representantes del Gobierno y las provincias a excepción de los mandatarios de San Luis y La Pampa que “mantienen esa posición desde el primer Consenso Fiscal puesto a consideración a l que se agrega el representante de la Ciudad de Buenos Aires”.

Acto seguido apeló al artículo 1 de la Constitución Nacional para remarcar que la Argentina adopta la forma federal de gobierno y, desde la perspectiva fiscal, explicó que “precisa de acciones colectivas que generen condiciones favorables a ese cometido, pero respetando las potestades de los distintos niveles de gobierno”.

“Se hace necesario generar las circunstancias para una política tributaria coordinada, entre las jurisdicciones participantes y así dotar al país de un marco legal estable y tributariamente armónico que instaure una estructura impositiva que propenda a la inversión, al crecimiento, a la generación del empleo”, explayó Guerra.

En otro tramo de su alocución, indicó que también es necesario “dotar de progresividad a la estructura tributaria vigente a partir de una mayor preponderancia a partir de los impuestos patrimoniales en compensación de las reducciones a la tributación sobre actividades productivas y el consumo sin que eso altere el equilibrio fiscal del Estado”.

“Otro aspecto es la eficacia a la gestión de los organismos recaudadores en relación a la reducción de la evasión y la elución fiscal, así como también de alcanzar mayor eficiencia en la administración tributaria”, agregó el senador oficialista.

Por otro lado, explicó que el texto reza por “acordar y definir una estrategia para el endeudamiento responsable de las provincias y revisar conforme al contexto económico las reglas establecidas en el régimen de responsabilidad fiscal; reducir la litigiosidad entre el Estado y las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires para proponer el arribo de acuerdos”.

A su turno, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) analizó que el proyecto “hay que ponerlo en el contexto en el que se firmó”, para sumar: “Esto se firmó en 2021 donde sin dudas las condiciones económicas y sociales eran diferentes a las actuales. Veníamos saliendo de una pandemia donde los gobernadores y municipios tuvieron que hacer un enorme esfuerzo tanto para sostener y aumentar infraestructura en materia sanitario. Tuvieron que hacer un aporte importante al sector privado para el sostenimiento de la economía porque sabemos cuáles fueron los primeros impactos de la pandemia”.

“En esa fecha tampoco se había arreglado la reprogramación de deuda con el FMI, que todos sabíamos que teníamos vencimientos imposibles de afrontar y que necesitábamos esto. Era imprescindible generarles previsibilidad a nuestros gobernadores e indirectamente a los intendentes”, amplió en su discurso.

Y señaló que fue “en ese marco y sin la aprobación del Presupuesto 2022, que generó incertidumbre porque se había rechazado, es que se firma este pacto fiscal”. “¿Qué es un pacto fiscal?”, preguntó el radical y explicó: “Es una nueva relación entre el Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la gerencia de los municipios”.

“Tiene un aspecto muy importante desde el punto de vista de los impuestos y los tributos donde en algunos casos como el ingreso bruto que faculta a los gobernadores a aumentarlos, el impuesto a los sellos”, cuestionó Zimmermann y destacó el comportamiento de los gobernadores radicales sobre ese tema. Sin embargo, en relación al endeudamiento responsable y al gasto expresó su acuerdo con eso porque “significa que los gobernadores tienen que garantizar el equilibrio para poder funcionar y no van a poder tomar deudas. Son temas importantes”.

En el uso de la palabra la senadora del Pro Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) lamentó no contar con la presencia del ministro de Economía, Sergio Massa, y comparó el Consenso Fiscal del 2017 que “bajaba impuestos” con el actual que “crea nuevos impuestos”.

“Aunque se llame igual y digan que es una prórroga está justamente permitiendo lo contrario, eso es frustrante”, advirtió la cordobesa y criticó que el proyecto es “un guiño a las provincias para que puedan aumentar los impuestos”. “Este Consenso Fiscal nos trae ingresos brutos distorsivos y les permite y los deja sujetos en la responsabilidad de cada gobernador aumentar; inclusive quieren grave el comercio electrónico, los servicios de internet”, cuestionó la senadora del Pro.

Al igual que sus predecesores, el radical Martín Lousteau recordó que el proyecto se firmó hace ocho meses y señaló que “las provincias necesitan que les giren los fondos que corresponden”. “Mientras esto sigue siendo demorado, las provincias no reciben lo que corresponde en materia de la cancelación de los montos actualizados por el famoso 15%”.

“Cuando los aportes empezaron a ser derivados a un fondo individual, alguien tenía que saldar la diferencia para pagarle a los jubilados que, antes se les pagaba con los aportes de trabajadores activos, para eso se les sacó plata a las provincias se les sacó el 15% de la coparticipación”, explicó Lousteau.

En esa línea, criticó que “en 6 años ese dinero nunca se les devolvió a las provincias cuando el sistema previsional se estatizó, nunca se les dio esa autonomía”. Respecto al proyecto, manifestó que se hace referencia a los Consensos Fiscales de 2017-2018-2019 y apuntó: “Muchas veces repetimos muchas de las cosas que queremos que pasen en materia de coordinación, de comportamiento fiscal y no ocurre”.

 “Esto se firmó hace 8 meses no sé qué piensan del proceso inflacionario en curso”, preguntó Lousteau y adelantó que “cuando termine el mes va a ir un 48% acumulado y cerca de 100% anual y ni que hablar de obtener financiamiento internacional”.

Además, disparó contra el Gobierno porque “no solucionó la inflación, la empeoró y dijo muchas veces que con la reestructuración de deuda con los privados iba a poder acceder a los mercados de créditos y todavía Argentina sigue cada vez más lejos de eso; hablan de autonomía y a las provincias no les devolvieron la plata y les dicen que para acceder tiene que denegar todo proceso judicial contra la Nación”, y cerró: “Todo lo que se dice en el Consenso Fiscal está muy lejos de materializarse en la Argentina”.

De la vereda de enfrente, el kirchnerista Oscar Parrilli (Neuquén) se sinceró al manifestar: “Este Consenso Fiscal me hubiese gustado que tenga muchas otras cosas”, pero señaló que “es un avance importante de lo que se logró en diciembre del 2021 en relación a Consensos Fiscales anteriores”.

En ese sentido, cuestionó que hubo Consensos Fiscales “unitarios” desde donde “el poder central se les impone condiciones a los gobernadores en una suerte de paternalismo se les quiere enseñar a cómo gobernar. Se les decía que debían bajar impuestos, debían bajar los ingresos y por la ventanilla del costado se les daba una tarjetita para que vayan a ver operadores de deuda y así endeudaron a muchísimas provincias en dólares a causa de esa baja de impuestos”.

“Fueron pactos fiscales unitarios, centralistas con desprecio a la potestad de los gobernadores donde se les imponía básicamente la baja de impuestos”, lanzó Parrilli y comparó que el actual proyecto les da “potestad a los gobernadores porque son los que en definitiva van a definir si aumentan o no las tasas de impuestos, a qué sector aumentan y a cuál les reducen”.

Por otro lado, ponderó que “establece la posibilidad de aumentar los impuestos patrimoniales a la vez de bajar aquellos que tienen que ver con las actividades productivas y de consumo, así que de ninguna manera este es un Consenso Fiscal que autorice a poner este impuesto para aumentar el costo de los consumidores o de las actividades, todo lo contrario, sino que se debe gravar a los que tienen ingresos, fortunas, riquezas que son los que tienen que tributar”.

Además, recordó que “durante el gobierno de Cambiemos bienes personales que estaba gravados se los sacó, es decir, una persona que tiene una casa paga bienes personales, una persona que tiene un campo o estancia no paga porque no están gravados”. Asimismo, apuntó contra la Ciudad de Buenos Aires que “recauda 10 veces más por habitante de impuestos propios que cualquier otra ciudad y se debe a que en una cuadra tiene 50 edificios. No se le sacó la coparticipación, sino que se le devolvió a la Nación una coparticipación que el gobierno de Mauricio Macri les había sacado a las provincias para aumentarle a la Ciudad, le dio más riqueza”.

“Este proyecto le da facultades y atribuciones a las provincias que les habían sacado”, resaltó Parrilli y cerró: “De ninguna manera se puede decir que esto va a perjudicar a las provincias, les va a dar la posibilidad de que administren sus propios recursos y lo más importante es que una acción de respeto hacia esas autoridades”.

La senadora Alejandra Vigo (Córdoba Federal) sostuvo que el proyecto tiene la intención de “llevar adelante un ordenamiento tributario que garantice un crecimiento de la economía”, y recordó que “fue firmado por los gobernadores y por el presidente como también se firmó en el 2017 en el que estaban muchos gobernadores que también están en la actualidad”. En esa línea indicó que “se firmó entre quienes tenían que hacerlo, no entre los bloques políticos”. “Esto es un ordenamiento, una contribución y una herramienta más de la que tiene el Estado apelando al consenso con los gobiernos provinciales para ordenar la economía”, destacó Vigo.

La palabra de los jefes de bloques

El titular del bloque Pro, Humberto Schiavoni (Misiones), arrancó su discurso con munición pesada calificando el proyecto como un “nuevo parche a nuestro sistema de distribución de recursos fiscales. Es un nuevo parche al mal trecho régimen que en su última versión está instituido por la Ley 23.548 de 1988, a partir de ahí se han hecho innumerables agregados, quitas y tenemos ahora el laberinto de la coparticipación”.

Hoy votaré en contra del proyecto de Consenso Fiscal ya que estamos perdiendo la oportunidad de seguir avanzando en la rebaja de impuestos altamente distorsivos. Como dije en @SenadoArgentina es necesario un ordenamiento en la distribución fiscal entre la Nación y las provincias.

— Humberto Schiavoni (@SchiavoniH) August 10, 2022

“Es necesario un ordenamiento que de previsibilidad a la distribución fiscal entre la Nación y las provincias y entre las provincias en el caso de la distribución secundaria”, sostuvo el misionero y subrayó que han pasado “25 años y aún tenemos pendiente esta deuda”.

Por último, indicó que “con este nuevo Consenso Fiscal lo que hace es interrumpir la baja en impuestos altamente distorsivos para la actividad económica y autoriza a gravar la transmisión de impuesto a la herencia”.

Lo único que habilita este Consenso Fiscal es el aumento de impuestos, como Ingresos Brutos, el peor y más regresivo de los impuestos.

🗨️ Sesión en @SenadoArgentina pic.twitter.com/KBYco4uq2r

— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 10, 2022

A continuación, fue el turno del jefe del bloque UCR, el formoseño Luis Naidenoff, ratificó la postura de los tres gobernadores radicales y del jefe de Gabinete Porteño, Horario Rodríguez Larreta, que no suscribieron el Consenso Fiscal acordando “no aumentar ni generar nuevos impuestos”.

“La base de este acuerdo fiscal son los que se firmaron en 2016-2017-2018-2019 y 2021, esos cinco acuerdos son las marchas y contramarchas de una Argentina  pendular en materia fiscal por un país acostumbrado a tensar la cuerda, por una dirigencia que no está dispuesta a asumir costos, porque gobernar es hacerse cargo y eso implica tomar decisiones que muchas veces no son para los aplausos porque los países serios se construyen con bases sólidas y los aplausos se ven con el paso de los años”, apuntó.

Al igual que sus compañeros preopinantes, Naidenoff ratificó que el acuerdo se firmó el año pasado y agregó que se incorporó al temario de sesiones extraordinarias convocada el 26 de enero de 2022 para sesionar entre el 1 y 28 de febrero y la Comisión de Presupuesto y Hacienda se reunió el 3 de agosto de este año para su tratamiento y apuntó: “Solamente el oficialismo que tiene mayoría en esta Cámara podrá explicar por qué pasaron 180 días para dar tratamiento a un Consenso Fiscal que fue de imperiosa necesidad para las provincias”.

“Hay un nivel horizontal en el sistema representativo y federal entre los tres poderes y una distribución vertical. El problema es que esos sistemas están en crisis en la Argentina. Se han soportado embates del Ejecutivo hacia el Legislativo de forma constante, ni hablar con el Poder Judicial fallo que no me gusta emplazamiento, empujar y remover. En materia de distribución es la gran deuda pendiente porque hay un federalismo de concentración, entonces la lapicera siempre está en el Ejecutivo”, enfatizó el titular del bloque UCR.

Fue el jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, el encargado de cerrar el tema quien explicó que “se trata de la administración nacional y provinciales y depende de cada jurisdicción en cuanto a las obligaciones que tiene cada estamento”.

“Las provincias que se han endeudado en dólares tienen la dificultad de poder sostener la usura. Esta es la situación de gran parte de las provincias del país”, dijo el oficialista y agregó que “la base de este acuerdo es el compromiso en materia tributaria, en materia judicial, en endeudamiento responsable, la responsabilidad fiscal y los compromisos mutuos con la Nación”.

“Vamos a acompañar, como bloque, la decisión que han tomado el presidente y los gobernadores”, finalizó.

Los gobernadores son clave en un Gobierno como el de Alberto Fernández, que si bien sostuvo siempre que gobernaría con ellos, mucho no ha cumplido. Pero como sea, se descuenta que tiene especial atención respecto de lo que los mandatarios sostengan.

A ellos escuchó este miércoles en la reunión que mantuvo con trece de ellos en la Casa Rosada, y está claro que algo les debe haber adelantado sobre los cambios que se venían. Lo cierto es que ante lo que ya se daba por descontado en diversos ámbitos, muchos mandatarios salieron a bendecir este jueves desde temprano el desembarco de Sergio Massa en el Gobierno nacional.

Picó en punta el santafesino Omar Perotti, quien escribió en su red de Twitter: “Es fundamental que en estos momentos complejos todos sumemos para superar esta situación. Sergio Massa fortalecería la gestión, sumando la experiencia y la capacidad”.

“No hay salvadores, pero si dirigentes con capacidad y experiencia para cambiar la realidad. Sin dudas Sergio Massa es uno de ellos”, tuiteó por su parte el salteño Gustavo Sáenz, quien fue en 2015 compañero de fórmula del líder del Frente Renovador. Y agregó: “Sí así lo definen, la incorporación de Sergio Massa al Gabinete nacional aportaría la energía, el dinamismo y el consenso que el país necesita”.

Y concluyó: “Son momentos difíciles, donde la dirigencia política en su conjunto debe dejar de lado las especulaciones, los odios, los rencores y con grandeza y humildad trabajar más unidos que nunca por los argentinos”.

Otro gobernador que llegó al poder alineado con Massa es el chubutense Mariano Arcioni, quien previsiblemente expresó entonces su aval: “Argentina atraviesa un momento complejo, que requiere que un dirigente con la capacidad de gestión de Sergio Massa, acompañe al Presidente y a su equipo para sacar el país adelante”.

Desde #Chubut contará con nuestro apoyo para trabajar por el desarrollo de la patria, ya que siempre ha demostrado su compromiso con nuestra provincia.

— Mariano Arcioni (@arcionimariano) July 28, 2022

“Desde Chubut contará con nuestro apoyo para trabajar por el desarrollo de la patria, ya que siempre ha demostrado su compromiso con nuestra provincia”, concluyó.

En el mismo sentido se pronunció el gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet, para quien “sería muy valioso el aporte de Sergio Massa en el gabinete nacional. Es una persona con una amplia experiencia, mucho conocimiento que ayudaría a darle certidumbre a la población y consolidar el programa de producción y trabajo que impulsamos desde el Frente de Todos”.

Sería muy valioso el aporte de @SergioMassa en el gabinete nacional. Es una persona con una amplia experiencia, mucho conocimiento que ayudaría a darle certidumbre a la población y consolidar el programa de producción y trabajo que impulsamos desde el Frente de Todos. pic.twitter.com/fWHonYpJxT

— Gustavo Bordet (@bordet) July 28, 2022

Otra jornada plena de rumores se vivió este miércoles en la Casa Rosada, donde se desarrolló una áspera reunión del presidente de la Nación con gobernadores del oficialismo cuyo tenor y contenido lo marcó un detalle no menor: los 13 gobernadores que participaron se retiraron de la sede de gobierno rápidamente y sin hacer declaraciones.

Fueron de la partida Jorge Capitanich (Chaco), Axel Kicillof (Buenos Aires), Omar Perotti (Santa Fe), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Uñac (San Juan), Gildo Insfrán (Formosa), Mariano Arcioni (Chubut) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), quienes participaron de un almuerzo de trabajo del que también tomó parte el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

El último en retirarse, pasadas las 18, fue el chaqueño Capitanich, cuyo nombre figuró estos días como posible integrante del gabinete, para el caso de que Alberto Fernández habilite el recambio que desde todos los sectores le vienen reclamando. Esa reunión alimentó los rumores circulantes en torno a su futuro.

Pero sin dudas el nombre omnipresente que circuló en todas las versiones es el de Sergio Massa, quien por la noche rompió el silencio público con una serie de tuits en los que pareció tratar de bajar los decibeles: “Veo muchos rumores y versiones. No tuve ningún ofrecimiento y recién quedé en charlar con el presidente Alberto Fernández sobre la agenda de trabajo entre viernes y sábado”, puntualizó.

“Por otra parte vi que aparecieron ‘supuestos proyectos de mi autoría’ que circulan alrededor de las medidas económicas y de las del BCRA. Que quede claro que venimos trabajando en línea con el BCRA y el Ministerio de Economía”, aclaró el presidente de la Cámara de Diputados, que concluyó: “Cuando tenga algo que decir o el Gobierno decida anunciar algo, SE HARÁ POR LOS CARRILES CORRESPONDIENTES”.

Veo muchos rumores y versiones.
No tuve ningún ofrecimiento y recién quedé en charlar con el presidente @alferdez sobre la agenda de trabajo entre viernes y sábado.

— Sergio Massa (@SergioMassa) July 27, 2022

Mientras el presidente se reunía con los gobernadores, el titular de la Cámara de Diputados se mostraba activo, pero en su ambiente de trabajo, la Cámara baja. Allí, más precisamente en el Salón de Honor recibió a miembros del Directorio de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), “para avanzar en una agenda legislativa estratégica para el desarrollo de la vitivinicultura en la Argentina”, expresaron desde Diputados.

Para entonces ya estaba instalada la figura del presidente de la Cámara al frente de una suerte de “superministerio de Economía”. Hasta se le adjudicaba a Massa esta frase: “Ustedes quédense con la política, que yo me ocupo de la economía”.

En efecto, la figura de Massa al frente de la Jefatura de Gabinete había perdido fuerza. Como anticipamos, Juan Manzur habría descartado de plano la posibilidad de pasar a la Cancillería, como se había especulado originalmente. En ese marco, la Cámara baja confirmó a través de la cuenta oficial de Twitter que el jefe de Gabinete concurrirá a brindar finalmente su informe de gestión el último día de agosto. Esto es, dentro de más de un mes.

📑| INFORME DE GESTIÓN

Se comunica que el día miércoles 31 de agosto a las 11hs, el Jefe de Gabinete de Ministros, @JuanManzurOK, se presentará en nuestro recinto para responder las 3.926 preguntas efectuadas por los diputados y diputadas de todos los bloques.#UniendoVoces 🇦🇷

— Diputados Argentina (@DiputadosAR) July 27, 2022

Trascendían a su vez reuniones del tigrense con referentes económicos cercanos al Frente Renovador, como así también la resistencia del presidente de la Nación a dar finalmente una aceptación a la movida, razón por la cual la demora en resolver la situación.

Hablando de demoras, es la que sufrió la ministra de Economía, Silvina Batakis, cuya vuelta a Buenos Aires se demoró por complicaciones en los vuelos. Recién llegará al país este jueves, seguramente afectada por las versiones que no determinan cuál será su lugar en una eventual recomposición del gabinete.

En ese marco y según las propias palabras del presidente de la Cámara baja, las definiciones se podrían postergar hasta este fin de semana, y eventuales anuncios se harían recién el fin de semana, o entre lunes y martes.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, junto con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, se reunieron en el Ministerio homónimo con los gobernadores de La Pampa y Formosa, Sergio Ziliotto y Gildo Insfrán, respectivamente, para analizar y debatir el proyecto de ley de Agroindustria enviado por el Poder Ejecutivo.

La Cámara baja analizó en un plenario de las Comisiones de Industria y de Agricultura y Ganadería, con representantes y referentes del sector agroindustrial, el proyecto que busca generar divisas y nuevos puestos de trabajo en la producción agropecuaria y agroindustrial de las 24 cadenas de valor del país.

El proyecto del Poder Ejecutivo, enviado al Congreso en noviembre pasado, apunta a lograr una mayor industrialización en la actividad agropecuaria para exportar con mayor valor agregado, a través de la incorporación de inversiones y de mayor tecnología (semillas, fertilizantes, genética, entre otros). En caso de conseguir dictamen en esas dos comisiones pasará a ser tratado en el recinto.

El Senado retomó este miércoles en un plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales el debate sobre las propuestas para ampliar los miembros de la Corte Suprema de Justicia, a la que JxC una vez más se ausentó al rechazar la propuesta. Esta vez participaron como invitados a exponer siete gobernadores, que se mostraron a favor de la ampliación de la Corte Suprema, según el proyecto suscripto por José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, y al cabo de la reunión se firmó el dictamen correspondiente.

El proyecto de ampliación a 25 miembros podría ser debatido el jueves 14 de julio, según trascendió.

Desde el Salón Illia los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Raúl Jalil (Catamarca) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis) se hicieron presentes para respaldar la iniciativa kirchnerista. Recordemos que fueron 16 los que suscribieron en su momento una nota a favor de llevar el máximo tribunal a 25 integrantes. Los mandatarios provinciales se pronunciaron por llevar a 25 los miembros de la Corte, respetando la paridad de género.

Esa idea se convirtió luego en una iniciativa presentada por los jefes del interbloque Frente de Todos, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, quienes, llamativamente, pasaron a integrar la Comisión de Asuntos Constitucionales en reemplazo de Silvia Sapag y Cristina López Valverde, respectivamente.

Al comienzo de la reunión, el jujeño y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek, explicó los diferentes proyectos que se han presentado en relación al tema que se pusieron en tratamiento en la comisión. Uno de ellos de la senadora riojana Clara Vega que “hablaba de la paridad de género en la integración de la Corte”, otro fue presentado por el puntano Adolfo Rodríguez Saá donde “elevaba ese número de miembros de la Corte”; un proyecto del rionegrino Alberto Weretilneck donde establece un número de 14 miembros y la regionalización “a los efectos de la federalización y el involucramiento de todo el territorio nacional”; el último proyecto de la neuquina Silvia Sapag donde “establecía requisitos particulares de los miembros para su integración”.

Acto seguido, contó que se abrió una instancia de debate con expositores que “plantearon la necesidad de reforma, la ampliación, se habló de una Corte de 24 miembros. Distintos expositores del ámbito académico plantearon las dificultades que tiene la Corte en su funcionamiento como el cúmulo de causas y ese reclamo y lejanía que tiene con la sociedad con lo justiciable”.

El primero en hablar fue el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quien apuntó que “hablar de la Corte en Argentina es como un tema que parece que en el país hemos decidido que ‘de esto no se habla’”. En suma, señaló que “en la Facultad de Derecho se estudia su competencia, su jurisdicción, atribuciones, etcétera; dentro de la división de poderes”, y cuestionó que “no se estudia la historia”.

Por ese motivo, recordó que el máximo tribunal en Argentina “fue instituido en la Constitución del 53’ y ahí se hablaba de 9 miembros que el presidente Urquiza designó 3 pero nunca se constituyó la Corte. En la Reforma se eliminó el número y quedó en manos de la ley. Así es el juego constitucional. El número de miembros se establece por ley y así ha sido”.

“La historia de la Corte es de turbulencias en la vida política e institucional de los argentinos”, calificó el puntano y explicó: “Si uno lee lo poco que hay sobre la Corte, va a leer la Corte de Mitre que era de cinco miembros, si bien designó partidarios, lo hizo respetando el federalismo. Después apareció la Corte de Roca que duró mucho tiempo, luego viene la Corte que avala la doctrina de facto”.

En ese contexto, manifestó que “hay que hablar de la Corte y ver los problemas. Los gobernadores abordamos los problemas fuera de la grieta porque es un problema grande, serio, importante y debemos hablar de esto y mirar hacia el futuro para hacer o intentar algo fundacional en un clima de unidad nacional no queremos que sea la Corte de una persona”.

Sobre los problemas del máximo tribunal, Rodríguez Saá señaló que “la Corte con su número, es una de las más pequeñas en el mundo. Tiene el problema de los casos que por interpretación la Corte ha ido ampliando el recurso extraordinario a casos que taxativamente no enumera el artículo 14”. También criticó que al momento de la decisión en una causa hay “falta de información. Son cuatro personas para resolver casi 20 mil casos, es un problema”.

“La Corte no está cumpliendo con la cuestión de género y debe ser tratado en un clima de unidad nacional, no respetan la paridad de género. Estamos en un momento de la historia donde la mujer está en primer plano, es necesario que las mujeres se empoderen en los poderes del Estado. Busquemos la paridad de género”, reclamó el gobernador de San Luis.

Respecto a los proyectos, reiteró que la propuesta es de un clima de “unidad nacional, la grieta es tremenda y hace daño a la política argentina. No pensamos igual entre todos los gobernadores, pero nos ponemos de acuerdo conversando”.

“La propuesta es de 25 miembros, 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación. Uno por cada provincia, respetando la paridad de género. ¿Cómo aseguramos que sean de las provincias? los gobernadores conversamos con el presidente y está dispuesto a dictar un decreto autolimitándose y pidiendo a los gobernadores que envíe una cuaterna de dos hombres y dos mujeres con un amplio curriculum. Acá viene el federalismo, la Corte debe ser federal, desde el primer día se empezó a ser centralista. Las provincias chiquitas jamás llegamos a la Corte”, explayó.

Y siguió: “El número no asusta”, a lo que ejemplificó que la Corte en Brasil tiene 11 miembros, en Colombia son 23, Chile 21, España 5 presidentes y 74 magistrados, Italia 15 miembros, la francesa 6 salas y tres civiles de 120 consejeros.

“Tenemos que tener una Corte federal, con paridad de género con 12 o más mujeres. Lo más lógico sería de 25 o de 29 miembros transitoriamente”, cerró y pidió tratar el tema con un clima de unidad nacional.

A su turno, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, advirtió que el federalismo y la justicia “están en crisis”, por lo que remarcó que el nuevo proyecto debe ser un “pacto federal” que cumpla con lo que “las 14 provincias iniciales y los hombres que forjaron la Nación y destaca el Preámbulo de la Constitución del 53’”.

“En el marco de la República generó la justicia que a lo largo de la historia fue teniendo modificaciones. Aquella Corte que actuaba con competencia originaria se fueron modificando por la jurisprudencia de la arbitrariedad que generó que un instituto y una Constitución que tuvo como base la de Estados Unidos en su basamento”, remarcó.

En ese contexto, señaló que “en el esquema ha ido mucho más las funciones de la Corte que tiene cuatro miembros, es incompleta la Corte de 5 miembros con una función que tienen los jueces porque son académicos y tienen cuestiones de capacitación y el ejemplo de llevar el modelo de la Corte estadounidense donde llegan y se resuelven 200 causas máximo, tenemos una Corte a la que llegan hasta 35 mil causas por año”.

“Es imposible que una Corte de 4 miembros pueda resolver todos esos casos y es imposible pensar al Corte con 1 millón de habitantes con 4 miembros. Esto nos lleva a la necesidad de ampliarla para conformar una verdadera Corte federal que solucione los problemas del federalismo en crisis y del país porque es imposible hablar de un país sin federalismo, aunque en la práctica se volvió unitario desde el primer día”, cuestionó Zamora.

En su alocución, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, sostuvo que “debemos hacer una evaluación desde el punto de vista de su integración a través de la historia” por lo que retomó las palabras dichas por su predecesor Rodríguez Saá y comentó que “existieron cuatro leyes que determinaron el número de miembros de la Corte que cuando, provincia de Buenos Aires, a través del Pacto de San José de Flores y la inclusión dentro de la Constitución del 53 y del 60, establece que se excluya lo que determinaba la Constitución que eran 9 miembros a través de una ley del Congreso y fueron cuatro”.

Asimismo, explicó que fue primero la Ley 27 con 5 miembros, luego la Ley 15.271 de 1960 que elevó el número a 7; la Ley 23.774 de 1990 que elevó el número a 9 y luego la 26.183 que reduce el número a 5.

“Tenemos que hacer una evaluación de lo que pasó en la historia de la Corte donde solo 3 fueron mujeres miembros de los últimos 141 años. Un 60% de sus miembros fueron graduados de la UBA, 57.3% procedente de la provincia de Buenos Aires, 1% de la Ciudad Autónoma de Bs. As, 10% de Córdoba y 5,5% de Santa Fe.  Si uno observa quiénes no han tenido participación en la designación de autoridades son 11 provincias que a lo largo de 159 años nunca tuvieron un juez o jueza en el máximo tribunal”, cuestionó Capitanich.

Por último, el gobernador fueguino, Gustavo Melella, de forma breve recalcó que “este proyecto no es contra nadie, porque cuando hablamos de justicia queremos hacer un salto de calidad. Con una mirada de poder de ayudar a la justicia porque hay que dar respuesta, para darle agilidad y eso se hace con la cantidad de miembros a tal demanda que hay. Hay que ampliar y eso tiene un sentido federal también”.

Tras un impasse atribuible a la inclusión de un proyecto más ambicioso -numéricamente hablando-, el Senado retomará este martes en comisiones el debate sobre las propuestas para ampliar los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El oficialismo convocó para la reunión, que se realizará desde las 14 en el Salón Illia, a gobernadores. Pero, al parecer, serán pocos los que asistirán, comparados a los 16 que suscribieron una nota a favor de llevar el máximo tribunal a 25 integrantes.

Esa idea se convirtió luego en una iniciativa presentada por los jefes del interbloque Frente de Todos, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, quienes, llamativamente, pasaron a integrar la Comisión de Asuntos Constitucionales en reemplazo de Silvia Sapag y Cristina López Valverde, respectivamente.

Según pudo saber este medio, los únicos confirmados hasta horas antes del plenario de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales eran Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Jorge “Coqui” Capitanich (Chaco). Previo al encuentro se sumó también la confirmación de Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

De los proyectos en discusión, uno es el impulsado por Adolfo Rodríguez Saá (Frente Nacional y Popular-FdT), quien propone pasar de 5 a 9 jueces, como también federalizar el máximo tribunal con el nombramiento de jueces por regiones, debiendo respetarse en su integración la diversidad de género.

Otro es del senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que establece llevar a 16 los jueces de la Corte, también garantizando la paridad de género y una representación federal. Para ello, estipula que el máximo tribunal deberá integrarse con al menos tres jueces por cada región, debiendo ser naturales de ella, o tener al menos ocho años de residencia inmediata en la zona respectiva.

El tercero corresponde a la neuquina Silvia Sapag (Unidad Ciudadana-FdT) y también plantea una composición por regiones, elevando de 5 a 15 los integrantes de la Corte. Además, dispone una serie de requisitos para la elección de los magistrados, tales como la realización de tres audiencias públicas -dos deberán realizarse en alguna de las cinco regiones del país- y que los candidatos informen sobre sus bienes y trayectoria laboral.

La cuarta iniciativa corresponde a la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina), que se limita a regular el cupo femenino en el seno del tribunal, sin elevar su número, presentado en oportunidad de la renuncia de Elena Highton de Nolasco, desde la cual el máximo tribunal está conformado por cuatro hombres: Horacio Rosatti (presidente), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Como se mencionó, el quinto proyecto fue presentado -luego de la nota de los gobernadores- por Mayans y Fernández Sagasti. El texto propone elevar el número de miembros a 25, con el objetivo de “fortalecer la inmediatez de los expedientes”. Se trata de una iniciativa de tan solo 5 artículos, el primero de los cuales habla del número de miembros; propone que “las decisiones de la Corte Suprema se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los miembros que integren al momento de adoptarlas”; y establece que los cuatro actuales jueces seguirán en sus cargos y se cubrirían solo las vacantes.

En la previa de la presentación de un grupo de mandatarios provinciales ante el Senado, donde asistirán al debate sobre los proyectos que proponen ampliar la Corte Suprema de Justicia, el jefe del interbloque oficialista en la Cámara alta, José Mayans, aseguró que “la preocupación que tienen los gobernadores es que tengamos una Justicia verdaderamente federal”.

“¿El pueblo argentino confía en la Justicia? ¿La Justicia está en condiciones de dar respuestas a las necesidades del pueblo en materia de crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, los delitos económicos, el contrabando?”, se preguntó el formoseño al cuestionar el actual funcionamiento del Poder Judicial, y agregó: “La Justicia federal, así como está, no está en condiciones de dar respuestas”.

Con críticas al máximo tribunal, el legislador recordó lo ocurrido con el Consejo de la Magistratura, y cargó contra los cortesanos porque “tomaron las dos cajas de la Justicia y dicen ‘acá mandamos nosotros, más que el presidente, más que el Parlamento'”.

“La Argentina no confía en la Justicia por toda la manipulación que hemos tenido en todos los esquemas, necesita un replanteo”, sostuvo y fustigó que “la oposición y un grupo económico sienten que el Poder Judicial es de ellos y obviamente quieren mantener esta estructura judicial”.

Por otra parte, el presidente del Frente de Todos ratificó que es casi imposible que salga del Senado la aprobación del proyecto de boleta única de papel, y reivindicó: “El sistema vigente en el país es transparente. No creemos el relato de la oposición”.

En declaraciones a Radio Nacional, Mayans consideró que en 2023 habrá PASO dentro del oficialismo y volvió a elogiar la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Es una persona de experiencia y que puede aportar al país de forma contundente”, dijo.

Durante la entrevista, el senador también opinó sobre la suba del dólar y adjudicó que “el problema de la República Argentina es el endeudamiento brutal que ha dejado el gobierno de (Mauricio) Macri, tanto en el aspecto formal de la deuda externa como en el Banco Central”. “Hay un esquema de especulación y un problema internacional muy fuerte”, añadió.

El diputado nacional Manuel “Colo” Aguirre (UCR) se manifestó en contra de la intención del presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores de impulsar un proyecto de ley que amplíe los miembros de la Corte Suprema en 25 miembros.

“El intento de destruir la Suprema Corte de Justicia haciéndola ‘federal’ y que cada gobernador proponga dos candidatos, es una nueva impostura del Gobierno nacional”, apuntó en un comunicado difundido este lunes.

Para el correntino, “esta nueva impostura, que tiene el apoyo de los numerosos gobernadores oficialistas, no consigue el apoyo del interior; tiene un disfraz de ‘federal’ pues así las provincias participarían del máximo tribunal judicial”.

En esa línea, el legislador de Juntos por el Cambio calificó que “las imposturas son engaños con apariencia de verdad. Demuestran generalmente la debilidad del impostor, quien finge una situación real porque no puede mostrar su verdadero rostro. Todos percibimos que ante el fallido intento del poder político de conseguir impunidad de sus delitos inicia un nuevo camino”.

Así, repasó que “primero quisieron imponer la teoría del ‘lawfare’ o persecución judicial injusta. Cuando advirtieron que muchos jueces fueron designados por ellos mismos en otro tiempo, y viendo que la sociedad no compraba ese discurso, abandonaron esta antigua teoría”.

“Después quisieron apoderarse del Consejo de la Magistratura para ‘disciplinar’ a cualquier juez que se atreviera a ejercer su cargo libremente. Cuando asumieron que esa batalla estaba perdida por un fallo de la Corte, se decidieron a arremeter con ella”, continuó en el escrito.

Para Aguirre, en el oficialismo “lo que olvidan es que nuestro sistema es representativo, republicano y federal. Si se diseña que las provincias designen los miembros de la Suprema Corte, además de hacerlo poco funcional por su número, se estaría destruyendo el equilibrio republicano donde cada poder controla a otro. Y se estaría traspasando todo el poder a los partidos políticos en perjuicio de los ciudadanos”.

“Los partidos colocarían al presidente, a los legisladores y a la Corte. Un poder sin control”, advirtió y consideró que “las excusas para esta nueva impostura son múltiples, pero causan gracia o temor cuando se advierte que todos los gobernadores que lo proponen son del mismo partido”.

El radical observó que “los engaños, aún cuando tengan apariencia de verdad, caen cuando son expuestos. Así los impostores quedan desenmascarados”. “Esos gobernadores que proponen este nuevo sistema no son representantes del federalismo, sino de un partido sumido en la autocracia”, apuntó.

Y criticó que “no representan al interior ni luchan por sus provincias. Luchan sobrevivir a un liderazgo tóxico que solo quiere su salvación, aunque la república desaparezca”. “Defendamos la República”, cerró.

Miembros de la oposición salieron al cruce de la propuesta oficial de aumentar a 25 el número de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, señaló que “el presidente y un grupo de gobernadores del PJ se quieren armar una Unidad Básica en la Corte Suprema, un Senado Judicial.

Fracasarán. Ni Carlos Menem se atrevió a tanto para dominar el Poder Judicial”.

Su par del radicalismo, Mario Negri, señaló que “con Menem, el PJ elevó a 9 los miembros de la Corte Suprema. Con el kirchnerismo los redujo a 5. Con Alberto quieren llevar a dos docenas la cantidad de jueces supremos. ¿Motivos institucionales? No. Conveniencia política. Ni siquiera se esfuerzan por disimular la desesperación”.

Luego apuntó: “Los gobernadores peronistas tienen el sueño húmedo del caudillo: cada uno quiere poner un juez propio en la Corte Suprema.

Imaginemos qué será de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos en manos de un club manejado por Insfrán, Zamora, Kicillof o Capitanich”.

Uno de los gobernadores que no acudieron a la convocatoria del Poder Ejecutivo fue el correntino Gustavo Valdés, quien rechazó “cualquier intento por ampliar la Corte Suprema de Justicia, proyecto absolutamente innecesario cuando las necesidades de la gente son otras. Siempre defenderemos las instituciones de la República por ser garantes del orden constitucional, la democracia y la libertad”.

A su vez, la diputada Paula Oliveto disparó: “Mamarrachos que se juntan para elevar el número de miembros de la Corte. Ridículos señores feudales que sueñan con hacerla funcional. Peligrosos porque creen que pueden jugar con la institucionalidad de la Argentina. No van a poder. Están tirando de una cuerda deshilachada. #BASTA”.

Por su parte, Rodrigo de Loredo señaló que “es una cortina de humo lamentable la del presidente hablando de ampliar la Corte a 25 miembros en este contexto económico. No sabe qué hacer para congraciarse con CFK. ¡Un tobogán sin freno!”.

Desde Avanza Libertad, Carolina Piparo tuiteó: “Una Corte Suprema de 25 miembros?! El proyecto lo diseña el abogado de la vice o Zaffa? El kirchnerismo no deja pasar un solo día sin buscar impunidad para toda la banda”.

El diputado nacional (MC) Luis Petri señaló que “el Gobierno nacional y los gobernadores del Frente de Todos impulsan la ampliación del número de miembros de la Corte a 25. No les importa el avance del narcotráfico, el incremento de la inseguridad o mejorar la celeridad en los procesos por corrupción. Solo buscan impunidad”.

A su turno, Miguel Bazze expresó: “Los gobernadores peronistas que proponen una corte de 25 miembros quieren someter la justicia al poder político porque pretenden gobernar sin controles y garantizar, cuando sea necesario la impunidad de los poderosos. Un planteo trascendente por lo escandaloso”.

Por su parte, Mariana Zuvic señaló: “Es eliminar la Corte Suprema y convertirla en órgano dependiente del poder político para garantizar impunidad eterna. Delirios de fin de ciclo de los tiranos amantes de las autocracias”.

El presidente Alberto Fernández presentó este jueves a gobernadores y vicegobernadores de 17 provincias un proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo por el cual se buscará elevar a 25 la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una nueva muestra de tensión entre el oficialismo y el principal órgano de justicia del país.

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, en el encuentro celebrado en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno, al que acudieron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Omar Gutiérrez, (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

En representación de sus provincias estuvieron también los vicegobernadores Laura Stratta (Entre Ríos), Omar Carlos Arce (Misiones), Roberto Gattoni (San Juan) y Carlos Silva Neder (Santiago del Estero). Desde Salta llegó el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Esteban Amat Lacroix.

La propuesta de elevar a 25 miembros consistiría en que los miembros de la Corte Suprema serían, en caso de aprobarse esta iniciativa, serían representantes de cada una de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el restante miembro sería un delegado del Poder Ejecutivo.

La iniciativa contempla paridad de género, con lo cual al menos debería haber 12 mujeres.

Durante una conferencia de prensa posterior, el gobernador chaqueño puso como ejemplo a países de la región que tienen un número elevado de miembros de la Corte: Chile (21), Colombia (23), Costa Rica (21) y Brasil (11), Hoy hay “una Corte con cuatro miembros varones y con eso se quiebra el principio básico de paridad de género”, dijo, además de tener “una concepción centralista y no federal”.

A su turno, Axel Kicillof señaló que el presidente convocó a los gobernadores “para presentarnos el proyecto del Poder Ejecutivo, que coincide en los puntos centrales los que trabajamos los gobernadores”.

Según Alberto Rodríguez Saá, la primera Corte Suprema “tenía miembros de San Juan, Mendoza, Córdoba, Corrientes y Buenos Aires”, mientras que ahora “se ha alejado del sistema federal”. Asimismo el mandatario puntano precisó: “Estamos cerca, con un proyecto en común. Mañana vamos a discutir esto y vamos a dar luz al proyecto definitivo de acuerdo a lo que hemos hablado con el presidente”.

Una semana después de haber difundido a través del gobernador bonaerense Axel Kicillof un comunicado en el que 16 mandatarios se pronunciaban a favor de una ampliación del Tribunal Supremo, este jueves se dará la segunda instancia de esa movida, con la reunión que a partir de las 18 el presidente Alberto Fernández realizará con 18 gobernadores.

“A agenda abierta”, se indica en la comunicación oficial que refiere al encuentro, pero ya se sabe que el argumento convocante es el proyecto de ley que los mandatarios le llevarán al mandatario para impulsar una reforma consistente fundamentalmente en la ampliación de miembros de la Corte Suprema de Justicia. “El federalismo será el eje de este encuentro”, se anticipa y justamente esa es la excusa para ampliar el Tribunal Supremo, por cuanto la citada declaración difundida el 23 de mayo pasado tenía como título “Por una Corte Suprema de Justicia Federal”. Esto es, se indicó, que tenga 25 miembros, uno por provincia, más uno más que presidiría.

Dicha declaración fue suscripta por Kicillof, Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Jorge Capitanich (Chaco), Sergio Uñac, (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gustavo Sanz (Salta), Mariano Arcioni (Chubut) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones). Suman 16, pero oficialmente se anunció que serán 18 los gobernadores que asistirán a la reunión de este jueves, sin detallar cuáles son los dos que se sumarían.

Más allá de que se espera que la “agenda abierta” promovida para este encuentro incluya temas de mayor interés para los mandatarios que la ampliación de la Corte, lo cierto es que un aliado eventual clave del Gobierno ya ha adelantado un diagnóstico concluyente respecto de una eventual modificación del Tribunal Supremo. Para el exgobernador rionegrino Alberto Weretilneck el proyecto resulta “inviable”.

Senador nacional indispensable para un oficialismo que por sí solo no tiene mayoría en la Cámara alta, Weretilneck señaló que hace falta “un gran acuerdo político nacional” para ampliar la integración de la Corte. Y tal como están las cosas, no es lo que pasa con este proyecto. Consultado por el diario Río Negro, el senador de Juntos Somos Río Negro fue contundente respecto de la suerte que tendría el pedido de los gobernadores para ampliar a 25 el número de miembros: “No se va a lograr un acuerdo”.

Si bien aclaró que desconoce los detalles de ese proyecto, adelantó que “se hace inviable la aprobación e implementación”, y agregó: “La ampliación de la Corte y la posterior designación de esos jueces se puede hacer única y exclusivamente si hay un gran acuerdo político nacional; no sólo entre los dos partidos nacionales (el Frente de Todos y Juntos por el Cambio) sino también con los partidos del interior”, por cuanto la designación de ministros para la Corte Suprema necesita de las dos terceras partes del Senado.

Asimismo Weretilneck señaló que “si la consecuencia de ampliación de la Corte va a ser que los gobernadores y gobernadoras de las provincias hagan una propuesta de un representante, está claro que por la pertenencia actual de los gobiernos provinciales no se va a lograr un acuerdo”, por cuanto el Frente de Todos tendría una mayoría en la Corte Suprema, “lo cual hace inviable la aprobación e implementación de este proyecto”.

Vocero del grupo terminó siendo el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde anunció este martes que “16 gobernadores firmamos una declaración “Por una Corte Suprema de Justicia Federal”.

“Asumimos el compromiso de continuar generando consensos entre todas las provincias para instar a un debate legislativo bajo una mirada federal”, agregó el gobernador bonaerense que posteó un comunicado que lleva las firmas de Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Jorge Capitanich (Chaco), Sergio Uñac, (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gustavo Sanz (Salta), Mariano Arcioni (Chubut), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y el ya citado Axel Kicillof (Buenos Aires).

Allí los gobernadores y gobernadoras anuncian su decisión de “elaborar un proyecto para nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que contemple los proyectos ya presentados, muchos de los cuales han tomado estado público y parlamentario”.

Agregan que “el objetivo es que la Corte Suprema de Justicia sea más moderna, más eficaz, acorde a las mejores experiencias internacionales, y principalmente que tenga un verdadero carácter federal”. Por eso señalan que convocarán, a los efectos de redactar el proyecto de ley respectivo, a especialistas y juristas notables de cada una de las provincias.

“Reafirmamos nuestro absoluto compromiso con la Constitución argentina, con nuestro pueblo y con el federalismo”, concluye el comunicado.

En su incursión riojana, los senadores del interbloque Frente de Todos dieron una conferencia de prensa en la que precisamente anunciaron esto que acaba de suceder. Sobre la ampliación de la Corte Suprema, tema al que se refirió el senador Guillermo Snopek -presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales-, la titular del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, anticipó que “los gobernadores están pidiendo que haya una Corte con 25 miembros, uno por provincia, eso es lo que nos vienen pidiendo los gobernadores a los senadores” y “lo van a pedir explícitamente”, aseguró, en el marco del debate que se está dando en comisiones de la Cámara alta.

Por estos días, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado viene discutiendo la reforma de la composición del Tribunal Superior de Justicia.

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, recibió en el Salón de Honor del Congreso a gobernadores de las provincias del Norte Grande para avanzar en el trabajo de leyes federales de promoción económica para la región en los próximos 30 días.

Participaron el gobernador de Santiago del Estero y presidente Pro Témpore del Consejo Regional del Norte Grande, Gerardo Zamora; el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

También estuvieron presentes el presidente del bloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, y su par en Diputados, Germán Martínez.

En el marco del encuentro de trabajo, los mandatarios provinciales le presentaron al presidente de la Cámara de Diputados un listado de temas y le solicitaron que formen parte de la agenda legislativa en los próximos 30 días.

Los temas presentados por los gobernadores fueron el Tratado de Integración del Norte Grande; la Ley Automotriz y Desarrollo Federal de Autopartes; la Ley de Electromovilidad y Diseño en la Norma de Régimen de Promoción de las provincias productoras de Litio; la Ley de Cannabis Medicinal para promover en el Norte la industria médica; el Comité de Bajos Submeridionales; la ley de Compre argentino; la transferencia de Inmuebles; y la Ley de Tarifa Energética Diferencial.

El presidente Alberto Fernández conversó este martes en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada con  gobernadores y vicegobernadores que, luego de reunirse con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, concurrieron al Congreso de la Nación para expresar su visión sobre el Entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas.

Del encuentro participaron los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Ziliotto (La Pampa), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Mariano Arcioni (Chubut), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Omar Perotti (Santa Fe) y los vicegobernadores Carlos Silva Neder (Santiago del Estero) y Eugenio Quiroga (Santa Cruz).

Los mandatarios provinciales fueron recibidos luego por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

La reunión con el jefe de Gabinete, que posteriormente  los acompañó hasta el palacio legislativo, formó parte de las acciones del Gobierno Nacional para generar los consensos necesarios para avanzar en la aprobación del acuerdo con el FMI.

El lunes, al asistir junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, al Congreso, Juan Manzur remarcó la importancia del “arte del diálogo” y puntualizó la necesidad de “ponerse por arriba de las cuestiones sectoriales y políticas partidarias, y pensar en lo mejor para nuestro país, para la Argentina”.

Manzur explicó también que el entendimiento con el Fondo Monetario es “el mejor acuerdo posible” y precisó que “la Argentina no tiene los fondos para hacer frente a los vencimientos de 2022 y 2023. Esta es nuestra responsabilidad: evitar un escenario de default generalizado para la Argentina”.

Antes de la reunión con el jefe de Gabinete que tuvo lugar en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, Sergio Ziliotto explicó que “no hay otra alternativa” al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El gobernador de La Pampa dijo que si bien “nadie quiere vivir con el FMI cada tres meses aquí en la Argentina revisando las cuentas públicas, lamentablemente, esa es una decisión que se tomó en el año 2018”.

“Hoy no tenemos otra alternativa que apoyar este acuerdo posible, porque la otra alternativa es el caos”, aseguró Ziliotto, y convocó a “ver de qué manera nos ponemos todos de acuerdo para ver cómo crecemos para poder pagarlo”.

Por su parte, Ricardo Quintela señaló al entendimiento con el Fondo como “el mejor acuerdo posible para que la Argentina pueda tener la base de sustentabilidad para crecer y desarrollarse”.

“La verdad es que hemos honrado una deuda que no fue contraída por nosotros, pero que tenemos la obligación, el deber y la responsabilidad de cumplir con nuestras obligaciones para permitir el crecimiento de nuestro país”, enfatizó el gobernador de La Rioja.

En la misma línea, Oscar Herrera Ahuad explicó que el acuerdo “tiene que ver con generar en Argentina un escenario de certezas, de previsibilidad”. Dijo que “nunca es bueno tomar una deuda de estas características y mucho menos cuando estos recursos no llegan a la gente, ni alivian al pueblo”, y aseguró que “hay que ayudar, acompañar, y para eso hoy estamos acompañando, para tener más certezas sobre el acuerdo con el FMI. Para garantizar que los recursos a partir de este acuerdo, que van a quedar en nuestro país para su crecimiento, su desarrollo, lleguen también a nuestras provincias”.

Mariano Arcioni marcó la necesidad de apelar “a la conciencia y a la responsabilidad de todos los sectores políticos” y precisó que el acuerdo “es lo que necesita hoy la Argentina” porque es “la única manera de poder tener las reglas claras para el futuro, y las inversiones que sean necesarias”.

En cuanto al tratamiento de la iniciativa en el Congreso, Gustavo Bordet apuntó: “Entiendo que debe ser ratificado con responsabilidad compartida con legisladores de la oposición, cuyo gobierno contrajo esta deuda, para poder tener un horizonte de futuro y previsibilidad, y así evitar quedarnos fuera de los mercados y que la Argentina entre nuevamente en default”.

Sobre el acuerdo, el gobernador de Entre Ríos explicó que “ha sido fruto del trabajo que se hizo desde el Gobierno Nacional, con el Presidente y con el ministro de Economía, para poder lograr un entendimiento que le dé una proyección a la Argentina”.

Gustavo Sáenz recordó a su vez que “se estuvo negociando durante mucho tiempo la posibilidad de este refinanciamiento”, y agregó: “Hay una deuda que ha sido contraída por el Estado Nacional. No por un gobierno ni por otro, sino por el Estado Nacional”.

“Hay que cumplir con las deudas, honrarlas, porque es la única forma que tenemos de poder salir adelante. Así que venimos acompañar, a ayudar y esperamos que los legisladores estén a la altura de las circunstancias y entiendan que esto no se trata de un gobierno u otro, o de ideologías ni nada, sino de que el país pueda salir adelante”, dijo el gobernador salteño.

También Raúl Jalil expresó la postura de “acompañar al Presidente de la Nación en la decisión que ha tomado, a su Gabinete, a Martín Guzmán, a Juan Manzur”. Y marcó: “No es el mejor de los arreglos pero fue el posible”.

Una docena de gobernadores y dos vices se presentaron este martes en la Cámara de Diputados para exponer en torno al acuerdo con el Fondo. Y lo hicieron con críticas en algunos casos a la gestión anterior que tomó el endeudamiento “de una manera irresponsable”, pero pidiendo la aprobación del mismo pues “es un crédito que no pedimos, que no usamos, pero que hay que pagar”, tales las palabras del santafesino Omar Perotti.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, intervino al principio para presentar a los mandatarios provinciales, convocados para cumplir con la iniciativa de dar parte al Congreso. “Como un hombre del norte argentino celebro la posibilidad de que quienes tienen la responsabilidad de conducir las provincias se hagan presentes aquí para dar sus comentarios, aportes y sugerencias” respecto del acuerdo con el Fondo, señaló el gobernador tucumano en uso de licencia.

El primero en intervenir fue el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien agradeció la posibilidad de “expresar con una visión federal” frente al acuerdo. Aclaró que no fue la gestión del Frente de Todos la que decidió tomar el endeudamiento y criticó a la gestión anterior por haberlo hecho. “Pero bueno, somos gobierno y tenemos que encontrar una solución que amerite tener la posibilidad de previsibilidad para que nuestro país pueda tener un futuro de desarrollo y un horizonte que permita honrar los compromisos que otras gestiones asumieron”.

“Es el mejor entendimiento al que se pudo arribar”, aseguró, y lo diferenció con otros acuerdos señalando que este “plantea diferencias notorias”, citando puntualmente otros que pedían generar reformas laborales, ni una reforma previsional, y en cuanto a la reducción del déficit sostuvo que “son metas cumplibles”. No aprobar este proyecto “sería sacar a la Argentina del mundo”, alertó Bordet, que agregó las consecuencias que traería para las provincias esa situación, como así también a las empresas que ya no tendrían financiamiento ni insumos para producir.

En tanto, el gobernador santafesino Omar Perotti manifestó: “Tenemos que resolver un crédito que no pedimos, que no usamos y que hay que pagar. Esta situación amerita el mayor nivel de análisis como responsabilidad de país para el cumplimiento de los compromisos y lo que significaría el default”.

“Queremos cuidar la recuperación en la argentina, queremos que el acuerdo planteado resguarde, en las consideraciones a diferencias de otros programas con el organismo, la posibilidad de crecer y de poder pagar con ese crecimiento. Estamos convencidos de que existe esa posibilidad, lo viene demostrando en este período con la posibilidad de recuperación de cada sector productivo aún con las dificultades de la pandemia”, expresó.

En ese marco, Perotti recordó que “la historia argentina marca períodos de endeudadores y de pagadores, en mi provincia me toca ser pagador de una deuda tomada en períodos anteriores”, y remarcó: “Queremos que el financiamiento de los organismos internacionales se pueda mantener en pie, allí tenemos posibilidades de inversiones que no se pueden cumplir con nuestros plazos ni productos. Generar este acuerdo en condiciones donde no nos gustaría estar, pero generar las condiciones de evitar lo que no nos gustaría, darles a nuestros sectores previsibilidad de cumplimientos internacionales y leyes de fomento para garantizar un crecimiento sostenido”.

Por su parte, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, agradeció la “posibilidad de poder opinar y participar”. “Aquellos que gobernamos y tenemos la difícil responsabilidad de hacerlo, más en esta época, nos preocupa muchísimo el futuro, pero por sobre todas las cosas el presente”, sostuvo y remarcó que “los gobernadores no le pedimos ni a los diputados ni a los senadores que hagan que no hayamos hecho nosotros”.

En esa línea, explicó que el problema de la deuda “se llama continuidad: aquí no es quién contrajo la deuda, quién la paga; esto se llama Estado y es una continuidad y hay que cumplir y honrar con esa deuda. La historia después dirá si se tomó bien, si tomó mal, si se pagó bien, si se pagó mal”.

“Lo que tenemos que buscar es darle a aquellos que nos prestan plata la tranquilidad y la confianza de que nuestro país es previsible y que brinda seguridad jurídica”, afirmó el salteño. Además, en su alocución destacó la “actitud noble” de su par jujeño Gerardo Morales, el único mandatario de Juntos por el Cambio presente, que “antepone intereses mezquinos, partidarios a intereses superiores que son los intereses de la Nación y de la República”.

A su turno, Omar Gutiérrez, gobernador neuquino, se manifestó “coherente” con su historia y recordó que “cada uno de nosotros esta reestructuración la hemos llevado adelante”. Cosa que acordaron oportunamente con el Gobierno nacional, apuntó. “Hoy es tiempo de debatir este proyecto de ley y venimos a decirles no al default. La falta de acuerdo implica el sí al default, que implica más pobreza, más inflación, más postergaciones”, señaló, advirtiendo que “en la letra fina de esos artículos que ustedes están debatiendo se juega gran parte del futuro del país. La continuidad institucional”.

“Nuestra postura es no al default”, insistió el neuquino, que pidió a “los actores de los dos principales proyectos tener la madurez, la seriedad y la responsabilidad en construir consensos y acuerdos para que aquí no haya ganadores y perdedores”. Agregó que “esta es una herramienta de gobernabilidad que pide el Gobierno nacional, pero que afecta y fortalece o debilita si no sale a los gobiernos provinciales. Acá está el juego”.

El jujeño Gerardo Morales es el único gobernador de Juntos por el Cambio que se presentó en el plenario y lo hizo en su doble condición de presidente de la UCR y formando parte de Juntos por el Cambio, y de Gobernador. Felicitó a la Cámara de Diputados por “el debate profundo que se está dando, aun en el marco de las diferencias que tenemos”.

Morales llamó a “repensar algunas cuestiones para salir de la grieta definitivamente. Todos hemos formado parte de la grieta, y algunos sectores radicalizados de ambos sectores siguen formando parte de esta grieta que no le sirve a nadie”.

“Como tampoco ese campeonato difamatorio del Frente de Todos y algunos de nuestra fuerza, no sirven para nada. La gente está harta porque no ve una reacción desde la política que tenga que ver con resolver los problemas de la gente”.

Morales agregó que “lo que está pasando acá en Diputados es la fina expresión de que tenemos que tener la capacidad de dialogar y lograr acuerdos, aun en el marco de las disidencias que tenemos”. En ese sentido agregó que “los escuchaba a los peronistas hablar de esta deuda contraída con el FMI… Es cierto, la tomamos nosotros y me hago cargo, más allá de las participaciones, tuvo que ver con una decisión de nuestro gobernó. Algunos halcones me pegan por esto ‘como caballo en subida’, pero es la realidad…”. Pero a continuación recordó que el Gobierno actual viene generando 65 mil millones de dólares de deuda, y concluyó: “Sobre el tema de la deuda tenemos responsabilidad el peronismo, el radicalismo, el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el Pro… Todas las fuerzas políticas”, y enfatizó: “No al default”.

“De acá tenemos que salir con la ley impidiendo el default, porque el default va a complicar la economía”, alertó.

Reunión con Massa

Previamente a su presentación ante los diputados, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, recibió en el Salón de Honor al jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, acompañado de todos los gobernadores y vices que concurrieron al Congreso este martes, convocados para exponer sobre el acuerdo con el Fondo.

Estuvieron el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; el de Catamarca, Raúl Jalil; el de Tucumán, Osvaldo Jaldo; el de Salta, Gustavo Sáenz; el de La Pampa, Sergio Ziliotto; el de Santa Fe, Omar Perotti; el de San Juan, Sergio Uñac; el de Entre Ríos, Gustavo Bordet; el de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; el de Chubut, Mariano Arcioni; el de Jujuy, Gerardo Morales, y el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez.

También asistieron el vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder; y el vicegobernador de Santa Cruz, Eugenio Quiroga.

Luego de pasar por Casa Rosada, donde se reunirán con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, un grupo de gobernadores serán recibidos por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.

El encuentro será alrededor de las 13 y en la previa de la exposición que los mandatarios provinciales harán frente al plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, donde se debate el acuerdo con el FMI.

De la partida formarán parte Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Ziliotto (La Pampa), Omar Perotti (Santa Fe), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Mariano Arcioni (Chubut), Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Omar Gutiérrez (Neuquén). También estarán los vicegobernadores Carlos Roger Silva Neder (Santiago del Estero) y Eugenio Quiroga (Santa Cruz).

Según pudo saber parlamentario.com, luego Massa se reunirá a solas con Morales, el único gobernador de Juntos por el Cambio que asistirá y que se muestra a favor de la aprobación del acuerdo.

Aún sin horario, Massa mantendrá por la tarde de este martes un encuentro con jefes de bloques, a quienes pidió que preparen por escrito sus propuestas de cambios al proyecto, para evaluarlas luego con el presidente Alberto Fernández.

Uno de los temas que será incluido en el llamado a extraordinarias que próximamente dispondrá el Poder Ejecutivo será el Consenso Fiscal suscripto el 27 de diciembre de 2021.

Precisamente para su tratamiento, el Gobierno envió al Congreso el proyecto correspondiente para su ratificación legislativa. El mismo consta de dos artículos y remiten a un anexo donde se establecen las disposiciones suscriptas por los mandatarios.

INLEG-2022-03275905-APN-PTE

El Consenso Fiscal 2021 representa un acuerdo en materia tributaria alcanzado entre el Estado Nacional y los gobernadores de todas las provincias.

El acuerdo impulsa en materia de administración tributaria la promoción del “intercambio de información de naturaleza tributaria sobre los contribuyentes” de las distintas jurisdicciones con el objetivo de mejorar “las capacidades de gestión y potenciar el cumplimiento tributario por parte de los y las contribuyentes a escala nacional, provincial y municipal, en el marco del federalismo fiscal vigente”.

En cuanto a Impuesto de Sellos, establece una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles; del 3% a la de automotores; y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo. No están sujetos a alícuota máxima “los actos, contratos y operaciones relacionados con las actividades de loterías y los juegos de azar”.

En el transcurso del presente año, las provincias y CABA deberán legislar sobre un impuesto “a todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una trasmisión o acto de esa naturaleza”.

Asimismo el nuevo Consenso Fiscal invita a las jurisdicciones a abstenerse por el período de un año de iniciar procesos judiciales, así como suspender los ya iniciados por el mismo período de tiempo.

Por su lado, Nación se compromete a pagar en 12 cuotas los saldos pendientes de la actualización de la compensación; al tiempo que fija para las provincias parámetros para el “endeudamiento responsable” en moneda local y extranjera.

El acuerdo fue suscripto por los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Jorge Capitanich; Corrientes, Gustavo Valdés; Formosa, Gildo Insfrán; Jujuy, Gerardo Morales; La Rioja, Ricardo Quintela; Mendoza, Rodolfo Suárez; Misiones, Oscar Herrera Ahuad; Neuquén, Omar Gutiérrez; Río Negro, Arabela Carreras; Salta, Gustavo Sáenz; San Juan, Sergio Uñac; Santa Cruz, Alicia Kirchner; Santa Fe, Omar Perotti; y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

También lleva las firmas del vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo; la de Entre Ríos, María Laura Stratta; y la de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza.

Cabe consignar que el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, y el de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, adhirieron pero no firmaron el Consenso Fiscal 2021 por cuanto eran las únicas provincias que no suscribieron el convenio original de 2017 celebrado con el expresidente Mauricio Macri, por lo que no están obligadas a refrendarlo.

El único que no estuvo representado ni suscribió el Consenso Fiscal fue el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

Por José Angel Di Mauro

La cuenta regresiva está en marcha y ya muchos dejaron de lado el optimismo original. Sobre todo a partir de la presentación que hizo el ministro de Economía junto al presidente en el Museo del Bicentenario, un evento que se tiñó de interna política a partir de las disidencias planteadas por la principal oposición. Allí Martín Guzmán expuso ante los gobernadores y de ese evento nadie salió convencido de que la negociación vaya a encarrilarse hacia un final satisfactorio.

Más bien el encuentro pareció haber sido organizado para mandar -como siempre a lo largo de esta extensa negociación- un mensaje hacia el Instituto Patria y los sectores más radicalizados del espacio oficialista. “La palabra ajuste está desterrada de la discusión con el FMI, para nosotros el secreto es crecer”, fue el mensaje que el presidente se esmeró en instalar ese día.

En su exposición ante los gobernadores, Guzmán planteó que el contrate entre lo que plantea el FMI y lo que propone la Argentina consiste en “la diferencia entre un programa que con alta probabilidad detendría la recuperación económica que se está viviendo, lo que es esencialmente un programa de ajuste versus un programa que le dé continuidad a la senda de recuperación fuerte de la economía”.

La cuota de polémica se dio en los días previos, cuando la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio resolvió que los gobernadores del espacio no asistieran al encuentro, ante la certeza de que el mismo se transformaría en “un escenario político” en el que los mandatarios opositores deberían escuchar diatribas contra la gestión anterior. Esa prevención viene de cuando los intendentes opositores asistieron a la residencia presidencial como señal de apoyo ante la crisis policial bonaerense y terminaron escuchando a Alberto Fernández anunciando que le sacarían fondos a la Ciudad para destinarlos a esa fuerza. Hay otro botón de muestra más reciente que es el de la presentación del Consenso Fiscal, al que Horacio Rodríguez Larreta no asistió pero sí los gobernadores radicales, y donde el presidente no omitió críticas hacia el jefe de Gobierno porteño.

Alberto Fernández logró meter una cuña en el espacio opositor al convencer a Gerardo Morales y Gustavo Valdés de asistir al cónclave, aunque fuera a través de enviados personales. El presidente del radicalismo hizo un aporte invalorable al kirchnerismo al señalar al día siguiente que “esta deuda la contrajimos nosotros y lo menos que tenemos que hacer es ir”. Una frase no exenta de sentido común, pero políticamente incendiaria, pues si bien es algo que el oficialismo ya sostenía, ahora enarbola con énfasis tras la “admisión de culpa” de nada menos que quien preside uno de los partidos centrales de la principal oposición.

Este fin de semana Margarita Stolbizer -flamante aliada- salió a avalar al presidente del radicalismo y el FdT se frota las manos.

La condición innegociable en la oposición es evitar que los cruces internos escalen hacia afuera y por eso es que la réplica a Morales se limitó a algunos tuits de miembros del ala dura del Pro, que en público lucieron luego moderados. Al día siguiente de la reunión con los gobernadores -y luego de que en la misma el presidente anticipara que recibiría a la oposición-, Juntos por el Cambio manifestó su predisposición a concurrir a ese encuentro que situaron en el lunes venidero y al que asistirían los cuatro gobernadores del espacio con los presidentes de bloques. En un comunicado posterior corregido sumaron “la importancia que este diálogo se dé en el Congreso contemplando a toda la representación parlamentaria”. En un ámbito tan ajustado como la Cámara baja conviene mantener transitables los puentes con los demás espacios.

ÚLTIMO MOMENTO! Para saber más sobre FMI,Juntos por el Cambio se avivó de q no están ellos solos en el Congreso y aceptó la realidad corrigiendo su comunicado. Pasaron de exigir que estén sólo sus legisladores a conceder que corresponde una representación parlamentaria completa. pic.twitter.com/PurlQlOxX5

— TOPO Rodríguez (@TOPOarg) January 6, 2022

Pero el comunicado reiteró críticas al Gobierno por la no presentación el día anterior de algún programa, y consideraron “indispensable que a la reunión del lunes traigan información concreta y sustancial sobre cuáles son los pasos a seguir”.

Una de dos: o la imposición de condiciones generó la airada reacción de la bancada oficialista de diputados, o fue el elemento esperado para patear el tablero. Nada es espontáneo en el bloque que conduce Máximo Kirchner y más de uno en Juntos por el Cambio comparaba el fin de semana esa escalada con el final abrupto del debate del Presupuesto.

El habitualmente moderado Carlos Heller reprochó que “durante la presidencia de Mauricio Macri se endeudaron con el FMI en 44 mil millones de dólares y se comprometieron a devolver esos préstamos en plazos imposibles. No consultaron al Congreso. No lo discutieron con nadie. Ahora, convocados por el Gobierno a una reunión informativa en el camino de ir resolviendo el desastre que dejaron, ponen un pliego de condiciones para asistir”.

Durante la Presidencia de Mauricio Macri, se endeudaron con el FMI en 44 mil millones de dólares y se comprometieron a devolver esos préstamos en plazos imposibles. No consultaron al Congreso. No lo discutieron con nadie.

— Carlos Heller (@CarlosHeller) January 6, 2022

“Son dos veces irresponsables: antes, cuando contrajeron la deuda; y ahora, cuando no se involucran en la solución”, remató, mientras Victoria Tolosa Paz reprochaba: “Ya bastante nos condicionaron como país al tomar semejante deuda, como para venir ahora a condicionar una reunión que busca solucionar el período de mayor endeudamiento de la historia”.

En el mismo tono reaccionó Leandro Santoro: “JxC pone condiciones para asistir a una reunión con Guzmán en el Congreso. Aparentemente les parece muy irresponsables la forma en que se está negociando la deuda (…) Muchachos, la actitud es ‘¿En qué podemos colaborar?’ No, ‘Poneme alfombra roja, traeme café y te digo qué tenés que hacer’. Este problema lo generaron ustedes, sean solidarios con la Argentina y dejen el show para otro momento”.

JxC pone condiciones para asistir a una reunión con Guzmán en el Congreso. Aparentemente les parece muy irresponsables la forma en q se está negociando la deuda.
Es lógico! Si dicen q Macri desendeudo al país como van a aceptar semejante "trampa". Acá no entiende el q no quiere!

— Leandro Santoro (@SantoroLeandro) January 6, 2022

Con semejante clima, referentes de Juntos por el Cambio consultados por este medio admitían el viernes no haber recibido aún ninguna citación para la semana siguiente. Una alta fuente de la Cámara baja reveló que tras la postura expuesta desde la oposición no había clima para una reunión. “El diálogo está detonado”, graficó.

A media tarde del viernes se conoció la noticia de que el titular de la Cámara baja, Sergio Massa,estaba aislado como contacto estrecho, luego de que su esposa Malena Galmarini diera positivo de Covid. Una razón suficiente para justificar la postergación de un encuentro que nunca tuvo fecha.

Como contacto estrecho debo aislarme. Mi prueba ha sido negativa, pero procedo siguiendo las instrucciones de nuestras autoridades sanitarias.
Sin síntoma alguno y en perfecto estado.
Sigan cuidándose. https://t.co/nrisa1eAIA

— Sergio Massa (@SergioMassa) January 7, 2022

Aún en campaña, la oposición nunca negó su disposición a dialogar sobre la deuda y votar en el Congreso lo que el Gobierno arreglara. Tras el resultado electoral y lo sucedido con el Presupuesto insisten en mantener su palabra, pero objetan la falta de datos concretos del plan oficial y quieren evitar la encerrona de aparecer avalando una propuesta inviable. Por ejemplo que se proponga déficit cero recién en 2027, deslizan.

Como sea, los tiempos se acortan y propios y extraños reprochan que se llegue a esta instancia límite sin visos de acuerdo. Recuerdan que el año pasado, en plena pandemia, las condiciones eran mucho más propicias para alcanzar un entendimiento y advierten que no se debió haber especulado con llegar al final con la idea de que el FMI buscará evitar de cualquier modo un default y se ablandará. El argumento oficial de que “es mejor un buen acuerdo que un acuerdo rápido” hoy merece objeciones, cuando transcurrieron dos años para seguir en el mismo lugar.

En este contexto el Gobierno se dio por fin el gusto de tener un “éxito” internacional, como interpreta que Alberto Fernández haya sido finalmente ungido presidente pro témpore de la CELAC. Cree que esto le permitirá ganar peso como líder regional, luego de haber perdido la batalla de poner a Gustavo Beliz al frente del BID, un puesto que quedó en manos de Mauricio Claver-Carone, el candidato de Trump. La CELAC es una congregación de países donde Cuba tiene especial relevancia y fue impulsada en tiempos de Hugo Chávez. Busca ser una suerte de contrafigura de la OEA y a la obsesión por presidirla se le adjudica el sentido de los sucesivos votos del Gobierno argentino en ese organismo respecto de la situación en Venezuela, Cuba y Nicaragua.

A los efectos prácticos, resulta complicado explicar semejante objetivo de esta administración cuando debe congraciarse con el gobierno estadounidense -socio mayoritario en el FMI- en plena definición de la negociación con el Fondo. Tampoco es fácil explicar que el presidente Fernández tenga previsto reunirse a principios de febrero con el líder chino, Xi Jinping, en momentos en que las relaciones de aquel con Joe Biden están muy mal y Argentina necesite tanto de él.

A todo esto, el Gobierno suma otra preocupación para esta semana: el anuncio del Servicio Meteorológico de una ola de calor intensa en el área metropolitana que seguramente reavivará los cortes de luz, caldo de cultivo para protestas que han vuelto con intensidad. Pero hay otro tema que inquieta aún más, y es la sequía que se profundiza y que impactará en la cosecha en tiempos en que la Argentina necesita dólares como maná del cielo: 7 de cada 10 dólares que ingresan al país provienen del campo.

Los cuatro mandatarios de Juntos por el Cambio, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta (CABA), y los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza) no participarán de la reunión convocada por el Gobierno para este miércoles para analizar las negociaciones que se desarrollan con el FMI. La misma fue convocada por el presidente Alberto Fernández, quien invitó a todos los gobernadores, empresarios y sindicalistas.

Al cabo de una serie de contactos telefónicos entre sí, los gobernadores de Juntos por el Cambio expresaron que “así como está planteada la reunión informativa a la que fueron convocados se asemeja a una reunión política más que a una reunión institucional de trabajo”.

A través de un comunicado, los mandatarios de la oposición aclararon que sostendrán “la máxima responsabilidad y colaboración con la posición del país frente a las negociaciones que lleva adelante el Poder Ejecutivo nacional y se expresarán una vez conocido el contenido de dichas negociaciones”. En ese marco se ponen a disposición del Poder Ejecutivo nacional “para colaborar en la búsqueda de acuerdos de largo plazo que ayuden a resolver los recurrentes problemas de endeudamiento público interno y externo que afectan a nuestro país y dificultan desde hace décadas el crecimiento con inclusión social de la Argentina”.

Hecha la aclaración de lo que piensan de la reunión programada para este miércoles, los gobernadores recordaron que “a pedido del Gobierno nacional oportunamente los bloques parlamentarios acompañaron en marzo del 2021 la sanción de la ley 27.612 que tiene por finalidad fortalecer el rol institucional del Congreso nacional ‘en la definición y autorización de las políticas de endeudamiento público (…) con el Fondo Monetario Internacional’. Y en septiembre de 2021, a través de un comunicado de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, en su punto 8 se ratifica: ‘Juntos por el Cambio reafirma que el ámbito para acuerdos en materia institucional es el Congreso de la Nación. (…)’”. Por ello es que los gobernadores de Juntos por el Cambio plantearon que “es en el Congreso Nacional donde debiera darse este debate, por lo que manifiestan al ministro (Martín) Guzmán su voluntad de llevar a cabo una reunión especifica en dicho ámbito junto a los jefes de los bloques parlamentarios de Juntos por el Cambio, para así interiorizarse de los detalles de las negociaciones, tan pronto como el ministro lo disponga”.

El presidente Alberto Fernández encabezó este lunes la firma del nuevo Consenso Fiscal, mediante el cual las provincias quedarán habilitadas a crear o aumentar impuestos locales.

Del acto, que se realizó en Casa Rosada, participaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y gobernadores y vicegobernadores de todo el país.

El que tuvo ausente, pero con aviso fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien en declaraciones públicas sostuvo que “en la Ciudad no vamos a subir impuestos”.

El jefe de Estado planteó: “Celebro que hayamos logrado el consenso de 23 jurisdicciones y lamento que haya quedado sin firmar la ciudad de Buenos Aires, porque cuando se llevaba los puntos de coparticipación lo hacía sin consensos”.

En su discurso, Fernández ponderó la puesta en marcha del nuevo consenso fiscal porque “implica un paso más para garantizar un crecimiento equilibrado en toda la Argentina, preservando la autonomía de las provincias y profundizando el sistema federal”.

Además, convocó a los gobernadores y las gobernadoras a reunirse el próximo 5 de enero con el ministro Martín Guzmán para “explicarles en qué punto estamos en la discusión con el FMI y que todos estemos al tanto de lo que estamos haciendo”.

“Este acuerdo nos sirve mucho en la discusión que tenemos con el Fondo porque nos muestra un país que proyecta el futuro en términos fiscales racionales y con el consenso de todos los gobiernos provinciales, así que les agradezco desde ese lugar porque nos ayuda mucho a demostrar que estamos trabajando con el acuerdo, con la participación de todos y buscando consensos”, consideró el presidente de la Nación.

Y sumó: “Es importante poner en debate buscar la progresividad del sistema recaudatorio, y que paguen los que más tienen y dejen de pagar los que menos tienen, y en ese sentido que en 2022 podamos poner en discusión un impuesto como el de herencia es muy interesante”.

Por su parte, De Pedro señaló que el consenso “les devuelve autonomía a las provincias y equilibra la situación impositiva”. “Es un consenso que sirve mucho, sobre todo en la colaboración fiscal entre las provincias para la simplificación y modernización del sistema tributario federal”, indicó.

El ministro también destacó que el acuerdo “no aumenta impuestos, sino que pone topes a la suba de impuestos, es decir que todos los gobernadores y gobernadoras que están firmando este consenso fiscal están autolimitando la suba de impuestos”.

Firmaron el nuevo acuerdo los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires); Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Gustavo Valdés (Corrientes); Gerardo Morales (Jujuy); Ricardo Quintela (La Rioja); Rodolfo Suárez (Mendoza); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Omar Gutiérrez (Neuquén); Arabela Carreras (Río Negro); Gustavo Sáenz (Salta); Sergio Uñac (San Juan); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Omar Perotti (Santa Fe); Gerardo Zamora (Santiago del Estero), además de la vicegobernadora de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza; la vicegobernadora de Entre Ríos, María Laura Stratta; el vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo, y el vicegobernador a cargo del Ejecutivo de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Asistió también al acto el mandatario de La Pampa, Sergio Ziliotto, cuya provincia, junto con la de San Luis, no había adherido al Consenso que se suscribió durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri, y por eso no necesitan actualizar los parámetros del acuerdo.

A partir del nuevo pacto, las jurisdicciones podrán aplicar alícuotas máximas para el impuesto sobre los Ingresos Brutos; y para las transferencias de inmuebles y automotores.

En cuanto al endeudamiento, las provincias solo podrán incrementar el stock de deuda en moneda extranjera en los casos de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, desembolsos pendientes, incrementos de stock generados por administración de pasivos, canjes o reestructuraciones y amortizaciones de capital.

Mediante el nuevo Consenso se abre la posibilidad también de que las jurisdicciones reestablezcan el impuesto a la herencia, un tributo que había sido eliminado durante la dictadura militar.

Previamente, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, explicó que el nuevo documento busca “dar más autonomía a las jurisdicciones y mayor estabilidad jurídica al sistema tributario argentino, ya que mantendrá vigentes las alícuotas establecidas en 2019, 2020 y 2021, por lo que ya no va a ser necesario el próximo año firmar un consenso por materia tributaria provincial”.

“El proyecto no autoriza aumentos de tributos, pero sí le confiere mayor estabilidad jurídica a todos los sectores que deben pagar impuestos y, por otra parte, también le da mayor estabilidad jurídica y certeza a los gobiernos provinciales”, sostuvo.

Y señaló que a partir de esta rúbrica “tendrán un tope máximo en las alícuotas”, entonces “volverán a contar con la autonomía que les quitó la gestión de Mauricio Macri con el consenso del año 2017″, dijo.

Por último, Batakis recordó que las provincias de La Pampa y San Luis “no firmaron en 2017 el Consenso Fiscal, por lo que no se ven en la necesidad de firmar hoy, pero acompañan la iniciativa”.

Una vez firmado, el Consenso Fiscal deberá debatirse, como cada año, en el Congreso.

Gobernadores de distintas provincias del país manifestaron su apoyo al proyecto de Presupuesto del Gobierno y reclamaron su aprobación para avanzar con obras en sus provincias y fortalecer la gobernabilidad. 

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez reveló que está en conversación con el diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino, Rolando Figueroa, para que brinde su apoyo al presupuesto, y señaló que no está de en dejar a un gobierno sin “la madre de las leyes”. 

En diálogo con Diario Río Negro señaló que la ley de presupuesto “es la planificación de las miradas que el gobierno de turno encuentra en el proceso dinámico para el cual ha sido elegido y en esto debe haber una responsabilidad constructiva de todo el arco político dirigencial e institucional”. 

Por su parte, a través de las redes sociales, el gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora enumeró las consecuencias que traería no aprobar el Presupuesto para los distintos distritos del país: “No tener mejora en el subsidio de transporte (algo que habíamos conseguido las provincias del Norte) para que el boleto no tenga que ir a casi el doble de su valor, y así con la energía, y todas las medidas presupuestarias necesarias para romper asimetrías en nuestro país”, escribió. 

Asimismo, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, señaló que “el Presupuesto es la herramienta fundamental donde se expresan las políticas públicas reales. Por eso acompañamos el proyecto presentado por el presidente Alberto Fernández y nos proponemos seguir trabajando en conjunto para concretar todas las obras incluidas para hacer en Catamarca”. 

Finalmente, también a través de su cuenta de Twitter, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, expresó: “Gracias al trabajo articulado con nuestros diputados y senadora logramos incorporar obras necesarias para nuestra provincia. Celebro la mirada federal de este presupuesto nacional”. 

El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, recibió este martes junto al jefe de bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, a un grupo de gobernadores del Norte Grande.

Durante una reunión que se realizó en el Palacio Legislativo, los funcionarios abordaron cuestiones referidas al transporte y la energía, según informaron fuentes del oficialismo.

Del encuentro participaron los mandatarios de Chaco, Jorge Capitanich; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de La Rioja, Ricardo Quintela; y de Catamarca, Raúl Jalil; en representación de 10 gobernadores del Norte Grande argentino.

Además, estuvieron en el Salón de Honor el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera; el secretario de Articulación Interjurisdiccional de Transporte, Marcos Farina; la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis; el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez; y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

El presidente Alberto Fernández encabezó una reunión de trabajo con gobernadores del Frente de Todos, en la provincia de La Rioja, donde hizo de anfitrión el mandatario local, Ricardo Quintela.

El Presidente se puso al frente de la campaña y remarcó que “mis candidatos son los candidatos de los gobernadores”.

“Recuerden que mi palabra empeñada es la de ser un gobernador más. No es un enunciado, milito el federalismo como política central de mi gobierno”, señaló.

Estuvieron presentes el gobernador y futuro jefe de Gabinete, Juan Manzur (Tucumán), y sus pares Sergio Uñac (San Juan), Jorge Capitanich (Chaco), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Mariano Arcioni (Chubut).

De forma virtual, estuvieron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Omar Perotti (Santa Fe) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

La reunión fue convocada tras el resultado en las recientes elecciones Primarias (PASO), a pocas horas de que el jefe de Estado decidiera cambios en su gabinete.

El presidente y los gobernadores analizaron los resultados electorales del pasado domingo en cada provincia y a nivel nacional y se comprometieron a “corregir rápido todo lo que haya que corregir”.

En este sentido, coincidieron que esta elección se gana con más peronismo y con un shock de consumo para darle respuestas a los que menos tienen.

Los mandatarios provinciales destacaron la designación del gobernador tucumano Manzur como jefe de Gabinete y acordaron acelerar la gestión del nuevo esquema de anuncios sociales y económicos para entre todos revertir el resultado electoral.

La Cámara de Diputados convirtió en ley el Consenso Fiscal 2020 con el acompañamiento de los legisladores oficialistas, aliados y algunos opositores, aunque el bloque de Juntos por el Cambio votó en contra.

Con 140 votos a favor, 104 votos en contra y una abstención, el Consenso Fiscal 2020 fue sancionado en Diputados y es ley cumpliendo con la mayoría absoluta del cuerpo, es decir, 129 votos o más.

La gran mayoría de Juntos por el Cambio rechazó el proyecto a pesar de que los gobernadores de esa alianza (el jujeño Gerardo Morales, el correntino Gustavo Valdés y el mendocino Rodolfo Suárez) adhirieron al pacto.

Debate, segunda parte

Al igual que en la sesión pasada del 20 de mayo, el tratamiento del proyecto comenzó la palabra del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, quien planteó que “hay hasta el momento 16 provincias cuyas legislaturas han aprobado el consenso, y dos que lo tienen en tratamiento”.

En esta oportunidad, afirmó: “El consenso fiscal es una extensión de la misma situación preexistente y en sus consideraciones principales, plantea que ante la situación de la pandemia, se evaluó conveniente suspender las obligaciones en materia de exenciones y escalas de alícuotas máximas, contempladas para los períodos fiscales 2020 y 2021 para el impuesto de ingresos brutos y las disposiciones de los impuestos inmobiliarios y a los sellos: aquellos que graban las nóminas salariales y a los tributos específicos”.

Heller detalló puntillosamente los aspectos centrales del proyecto proveniente del Senado, en tanto que el radical Luis Pastori (Misiones) planteó luego su rechazo al dictamen de mayoría por considerarlo “lesivo a los intereses de los contribuyentes de los impuestos provinciales, en particular del impuesto sobre los ingresos brutos y el impuesto de sellos”, a los que consideró “dos de los tributos más regresivos en términos económicos que integran el sistema tributario argentino”.

Para Pastori se debería “tomar conciencia desde el Poder Legislativo en poner todo el esfuerzo en disminuir y no aumentar los tributos. Y más tratándose de tributos tan regresivos en términos económicos como los que estamos tratando en este proyecto. Al menos hasta que no haya una reducción sustancial del gasto público haciendo foco en ello”.

El proyecto

La iniciativa cuenta con media sanción del Senado desde febrero pasado y busca ratificar el acuerdo suscripto el 4 de diciembre de 2020, que modifica el Consenso Fiscal 2017 y sus adendas de 2018 y 2019.

En esos acuerdos se fijaron exenciones y reducciones impositivas, pero la pandemia, la crisis sanitaria y la necesidad de fondos hicieron necesario rever los compromisos asumidos, que ahora se suspenderán hasta el 31 de diciembre de este año.

Además, se permite a las provincias tomar deuda en pesos y se limita el endeudamiento en dólares; se suspenden las demandas judiciales contra el Estado Nacional por un año; y se establece que la transferencia de servicios, competencias y funciones de Nación a provincias no será a través de la coparticipación.

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, junto a funcionarios del gabinete nacional y distintos mandatarios provinciales, participó este viernes de la quinta asamblea del Consejo Regional del Norte Grande, realizada en esta oportunidad de manera virtual.

La asamblea del Norte Grande avanzó en cuestiones que hacen a proyectos de ley en beneficio de la región. Una es justamente la ratificación por ley ante el Congreso de la Nación de un programa de desarrollo para el Norte Grande, la constitución de una Unidad Ejecutora Central y la elaboración del listado de obras estratégicas estructurales a ejecutarse en un plazo de 20 años con la determinación del financiamiento necesario.

“Esos proyectos tienen que ver con el fortalecimiento del corredor estratégico del bioceánico norte, donde nos parece importante trabajar en la construcción de acueductos, de redes de fibra óptica, de gas, de cloacas, obras eléctricas de baja, media y alta tensión, de infraestructura escolar, sanitaria, vial y viviendas. Es decir, un programa que implique una reivindicación histórica para el norte argentino”, sostuvo Capitanich.

Otro proyecto a tratar es la modificación a la Ley N° 24.331 – Zonas Francas, la misma que incluye puerto seco y sistema de transferencia de cargas. Esto ya está elaborado y remitido para su consideración, a diferencia del proyecto de ley para la creación de Lotería Nacional con asignación específica de fondos para el financiamiento de obras estructurales de la región, la cual aún se encuentra en proceso de elaboración.

Participaron de la videoconferencia el ministro del Interior, Eduardo De Pedro; la secretaria de provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis; el subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional, Martín Pollera; el subsecretario de Relaciones con las provincias, Emiliano Estrada; y el secretario general del Consejo Federal de inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.

Además, estuvieron presentes los gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdés; de Formosa, Gildo Insfrán; de Catamarca, Raúl Jalil; de Tucumán, Juan Manzur; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Jujuy, Gerardo Morales; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco.

Asumiendo su rol de presidente pro témpore del Consejo, Capitanich inició el encuentro con una breve introducción acerca de las gestiones realizadas respecto al temario tratado durante la asamblea anterior, recordando a su vez que dos convocatorias, en Misiones y Santiago del Estero, quedaron truncas a raíz de la pandemia.

“Es muy difícil pensar en una solución que dé resultados de un día, un mes o un año para otro; pero sí podemos marcar senderos que corrijan las asimetrías que históricamente sufrimos las provincias del Norte. Hoy vemos que esos senderos no solo no se corrigen, sino que además se agudizan, y tenemos que trabajar en eso”, expuso el mandatario chaqueño.

Durante la reunión, Capitanich dio detalles de la creación, mediante el decreto N° 191/21, del régimen de bonificación a las contribuciones patronales para todo el empleo industrial nuevo que se genere en las provincias del Norte Grande. Esta medida, afirmó Capitanich, “responde a un logro muy significativo para el trabajo que estamos realizando todos los gobernadores de la región”.

A raíz de ello, por resolución general N°4984/21, la AFIP establece los códigos específicos a utilizar por cada empleador en el F-931, que les permitirá acceder de forma automática al beneficio por el término de 3 años contados a partir de la fecha de alta de cada nuevo trabajador.

La reducción de las contribuciones patronales de nuevas contrataciones a trabajadoras mujeres, travestis, transexuales o transgénero será de 80% el primer año, 55% el segundo y 30% el tercero. Mientras que, las contrataciones de trabajadores varones tendrá una reducción del 70% el primer año, 45% el segundo año y 20% el tercer año.

Además, otro punto a destacar fue la eliminación de derechos de exportación a productos semi-industrializados, que tendrá un alcance efectivo para micro, pequeñas y medianas empresas de productos a incluir. “Entre estos productos se incluyeron el tabaco, el carbón vegetal, extracto de quebracho y fibra de algodón, que no están contemplados en los mecanismos previstos”, explicó el mandatario, quien agregó que “este asunto fue enviado al Ministro de Desarrollo Productivo y al del Interior, además de a la Comisión Técnica de Evaluación, para su definición”.

Por otra parte, Capitanich se centró en la aplicación de subsidios para las provincias del Consejo. “Nosotros tenemos en el presupuesto 2021 para el interior casi 20 mil millones de pesos, y en este contexto para el Norte Grande nos hacen falta 7 mil millones de pesos de subsidios. Por ejemplo, en el orden del transporte público, en CABA tienen una tarifa de 19 pesos aproximadamente, mientras que nosotros ya estamos en 31 pesos o más. Entonces, tenemos asimetrías marcadas que necesitan un tratamiento específico”, indicó.

Por último, otros temas que se analizaron en el encuentro fueron el proyecto de vinculación internacional Norte Grande y la participación conjunta en ferias y exposiciones (como el Expo Dubai 2021); el plan de emisión de bonos de carbono; el proyecto de organización de eventos deportivos Norte Grande; el  plan de desarrollo de fibra óptica Red de Capricornio; el precio de combustibles, energía diferencial y tarifa plana de gas, como también, el subsidio al transporte público de pasajeros.

El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre “parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la emergencia Covid-19” recibió este jueves media sanción del Senado.

La iniciativa apunta a otorgar facultades especiales al presidente y los gobernadores para tomar medidas de acuerdo a la situación sanitaria, determinada por el número de casos de coronavirus.

Su objetivo es “establecer medidas sanitarias generales de prevención, contención y disminución de contagios por Covid-19 que se aplicarán en todo el país”.

Con la misión de ganar respaldo, el oficialismo en la Cámara alta introdujo una serie de modificaciones al texto. Uno de los cambios es que se incorporó que el Ministerio de Salud de la Nación podrá modificar los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario, de acuerdo a la evolución de los casos y “previa aprobación por mayoría simple del Consejo Federal de Salud”. La versión original planteaba “previa consulta” con los ministros y ministras del país.

La iniciativa habla de criterios para definir si la situación es de “bajo”, “mediano” o “alto” riesgo en los aglomerados, departamentos o partidos de más de 40.000 habitantes; o bien de “alarma epidemiológica y sanitaria”, como actualmente se da en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los parámetros tienen que ver con el aumento de casos de los últimos 14 días; la incidencia -es decir, la cantidad de casos sobre la población total del distrito- y, en el caso de las zonas de “alarma epidemiológica y sanitaria”, se tendrá en cuenta que la ocupación de camas de terapia intensiva supere el 80%.

Por otra parte, se indica que los gobernadores y gobernadoras dictarán las medidas necesarias, “como agentes naturales del gobierno federal”, en lugar de “delegados o delegadas del gobierno federal”, un término que había hecho bastante ruido cuando el proyecto ingresó al Senado.

También se agregó al artículo 34 que la ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, y regirá hasta el 31 de diciembre de 2021. La ausencia de un plazo en la norma era otro de los planteos que se cuestionaron.

Además, se eliminó la “invitación” al Poder Legislativo y al Poder Judicial de promover la modalidad de teletrabajo; se determinó la restricción de circular desde las 19 hasta las 6 del día siguiente -el texto inicial decía 20 en lugar de 19- para los aglomerados de más de 300 mil habitantes y que estén en alarma epidemiológica; y se agregó que el transporte público lo podrán utilizar también quienes concurran a asistir a un familiar.

En un nuevo artículo, se prevé que “las autoridades de los establecimientos sanitarios de gestión pública o privada deberán actualizar diariamente, en el sistema que establezca el Ministerio de Salud de la Nación, los datos que indique la autoridad sanitaria nacional, para el seguimiento, en tiempo real, de los ingresos y egresos de pacientes en las salas de terapia intensiva, la cantidad de respiradores y de otros recursos críticos disponibles en cada establecimiento de salud con internación”.

El reporte será “obligatorio” para todos los establecimientos de salud, sean estos públicos o privados, que desarrollen sus actividades en el territorio nacional, independientemente de su fuente de financiamiento, garantizando la protección de datos personales de conformidad con la Ley 25.326.

Asimismo, se sumó que quedará “autorizado el acompañamiento de los y las pacientes en estado terminal con diagnóstico confirmado de Covid-19 o de cualquier otra enfermedad o padecimiento”.

“En tales casos las normas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán prever la aplicación de un estricto protocolo de acompañamiento de pacientes que resguarde la salud del o de la acompañante, que cumpla con las recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación y de la autoridad sanitaria provincial o de la citada ciudad, según corresponda. En todos los casos deberá requerirse el consentimiento previo, libre e informado, por parte del o de la acompañante”, añade el artículo.

Uno de los puntos que logró el cambio de postura del aliado Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) es la aclaración de que, en los casos de “alto riesgo”, los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño podrán “disponer restricciones temporarias y focalizadas adicionales” en zonas que presenten parámetros diferentes al resto del distrito.

Clases presenciales

En la iniciativa se incorporó que “se mantendrán las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todo el país, salvo las excepciones dispuestas en la presente ley o que se dispongan dando efectivo cumplimiento a los parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico y condiciones establecidas por el Consejo Federal de Educación”.

“En todos los casos se deberá actuar de acuerdo a los protocolos debidamente aprobados por las autoridades correspondientes”, reza el texto, que establece además que los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño “podrán suspender en forma temporaria las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales conforme a la evaluación del riesgo epidemiológico, de conformidad con la normativa vigente”. “Solo en caso de haber dispuesto por sí la suspensión de clases, podrán disponer por sí su reinicio, según la evaluación de riesgo”, se señala.

Sin embargo, se mantiene que “en los aglomerados, departamentos o partidos que se encuentren en situación de ‘Alarma Epidemiológica y Sanitaria’ queda suspendido el dictado de clases presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades”. Y se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a “morigerar o dejar sin efecto la suspensión establecida” en virtud “de la mejora sostenida en los valores de los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario, aun dentro de los niveles de alarma”. Del artículo se sacó que lo hará “previa consulta” con los gobernadores o el jefe de Gobierno porteño.

Otros puntos

Para el Ejecutivo Nacional, las bases de la delegación de facultades serán dos: la “adopción de medidas razonables, temporarias y oportunas para proteger la vida y la salud pública en relación con la pandemia”; y la “creación de condiciones para el acceso a la atención y asistencia médica adecuada de las personas afectadas”.

Luego se enumeran siete medidas sanitarias de prevención para todo el país: distancia mínima de dos metros; uso de tapabocas; ventilación de ambientes; higiene de manos; la obligación de toser y estornudar con el pliegue del codo; cumplimiento de los protocolos de cada actividad; y prohibición de circulación para personas contagiadas, sus contactos estrechos y casos sospechosos.

Como quedó establecido en los últimos Decretos de Necesidad y Urgencia, se suspenden en todo el país -con excepción de las zonas de riesgo “bajo”- los viajes de egresados, estudiantiles y de jubilados, y las reuniones sociales de más de 10 personas en domicilios particulares.

En tanto, las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas y recreativas podrán realizarse en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria que corresponda.

En los locales gastronómicos se mantienen los horarios vigentes y el aforo del 30% en relación con la capacidad máxima habilitada; y se prohíbe la circulación nocturna entre las 0 y las 6 horas, aunque los gobernadores podrán ampliar el rango horario, “siempre que el plazo de restricción de circular no supere el máximo de diez horas”.

Por último, para los aglomerados urbanos, departamentos o partidos de más de 300.000 habitantes en situación de “alarma epidemiológica y sanitaria”, como el caso del AMBA, se suma la suspensión de centros comerciales y ferias en lugares abiertos o cerrados y el cierre de los locales comerciales a las 19 horas.

Para las zonas más “calientes” en cuanto a cantidad de casos, “si los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario no hubieren presentado evoluciones favorables, el Poder Ejecutivo Nacional queda facultado para adoptar restricciones adicionales, proporcionadas y razonables, siempre que cuente con la intervención de la autoridad sanitaria nacional que fundamente la razonabilidad de la medida sanitaria a adoptar” y “dichas medidas podrán ser dispuestas por un plazo máximo de vigencia de 21 días corridos”.

Además, se prohíbe el ingreso al país de extranjeros no residentes en Argentina por el término de 30 días corridos, con algunas excepciones, como las personas afectadas a la operación de vuelos y traslados sanitarios.

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, participó este miércoles del encuentro que el presidente de la Nación mantuvo con todos los gobernadores del país.

Junto al presidente estuvieron, además de Massa, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

Según pudo saber parlamentario.com, Massa les pidió a los gobernadores el acompañamiento a través de sus legisladores a tres leyes: la ampliación de la moratoria, que el Poder Ejecutivo mandó al Congreso esta semana; la negociación de la deuda bajo legislación local, y la ampliación del Presupuesto.

“Quiero pedirles a los gobernadores que acompañen tres leyes: el tratamiento de la deuda bajo legislación local que irá al Congreso, poder mostrar que la oferta Argentina es la última; la ampliación del Presupuesto y una moratoria, que va desde el último monotributista hasta la mayor industria”, dijo el presidente de la Cámara baja, que insistió: “Quiero pedirles respaldo contundente a estas tres leyes”.

Massa habló después del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien dio detalles de la negociación por la deuda. El ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro se refirió a la distribución de ATN, precisando que el Ejecutivo efectivizará un desembolso de 10 mil millones de pesos que será distribuido en función de la coparticipación y las deudas en dólares que tienen las provincias, indicaron los voceros oficiales. En tanto que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció la extensión del IFE -serán 10.000 pesos que entregará la ANSeS y lo recibirán quienes ya lo percibieron la primera y segunda vez; el dinero saldrá del aporte del tesoro nacional-.
“A ellos les toca dar, a mí pedirles. Quiero pedirles respaldo contundente a estas tres leyes”, señaló a su turno Sergio Massa, consiguiendo el apoyo de todos los gobernadores. Incluso los mandatarios no peronistas Gerardo Morales (Jujuy), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Horacio Rodríguez Larreta (CABA), Arabela Carreras (Río Negro) y Gustavo Valdés (Corrientes) anunciaron el apoyo a esas tres leyes.

La diputada nacional Carla Carrizo (UCR-CABA), junto a otros 18 diputados nacionales, le solicitó al presidente Alberto Fernández que convoque a los gobernadores de las 24 provincias argentinas para encontrar una solución a los profesionales independientes inscriptos en categorías intermedias del Régimen de Monotributo que debido al aislamiento están sin ingresos y no pueden afrontar el pago de aportes previsionales, préstamos personales y además evitar el corte de servicios esenciales en sus oficinas.

A través de un proyecto de resolución, Carrizo solicita al Poder Ejecutivo Nacional que invite a los 23 hobernadores provinciales y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a iniciar los diálogos necesarios con las Cajas de Previsión y Seguridad Social de sus respectivos distritos para encontrar una solución a los profesionales independientes, inscriptos  en categorías intermedias del Régimen de Monotributo, que deben realizar pagos mensuales (incluidos aportes previsionales, cuotas de préstamos personales, moratorias y demás prestaciones) y que por el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido, se encuentran sin ingresos por no ejercer su actividad laboral. 

Además, la diputada radical pidió que, para estos profesionales independientes inscriptos en categorías intermedias del Régimen de Monotributo, se amplíe el decreto sobre la abstención de corte de servicios esenciales en caso de mora o falta de pago en sus oficinas particulares de trabajo.

“Muchos profesionales independientes prestan servicio en el ámbito privado, ejercen su profesión de forma autónoma y hoy se encuentran limitados porque atraviesan un período de incertidumbre y de serias dificultades económicas”, expresó la diputada Carrizo.

“El aislamiento repercute directamente en la merma de ingresos con la consecuente dificultad para cumplir los gastos propios. Por lo tanto, desde el Estado, debemos brindar soluciones razonables, ecuánimes y equitativas para afrontar esta situación”, añadió la legisladora radical.

La iniciativa lleva las firmas de los diputados Carla Carrizo, Dolores Martínez, Silvia Lospennato, Emiliano Yacobitti, Fabio Quetlaz, Lorena Matzen, Marcela Campagnoli, Federico Zamarbide, Estela Regidor, Gabriela Lena, Jimena Latorre, Claudia Najul, Miguel Nanni, Gustavo Mena, Alejandro Cacace, Roxana Reyes, Juan Martín y Jose Cano.