El presidente se entusiasma con una reducción del déficit más drástica que lo que podría haber pensado el economista más ortodoxo. Eso es a fuerza de un sinfín de recortes, pero sin afectar aún la imagen presidencial. Inversores y el Fondo reconocen, pero piden señales de gobernabilidad.
El gobierno de Javier Milei ya atravesó sus primeros cien días sin señales de que, a pesar del fuertísimo ajuste que está aplicando -que por cierto lejos está de circunscribirse a “la casta”-, esté perdiendo al menos parte del favor de la población que el 19 de noviembre pasado lo puso en la Casa Rosada. Ese es un mérito innegable para una administración sin experiencia que avanza en busca de logros que aún no puede celebrar, pero ha logrado instalar la sensación de que está en dominio de la situación. Si eso no es magia…
A fuerza de mantener todo el tiempo la iniciativa, el equipo presidencial pareciera tener el dominio de la pelota, va a la ofensiva constantemente -no solo de manera literal-, pero la realidad se muestra en el marcador, donde los goles brillan por su ausencia.
Está claro que la principal obsesión presidencial es bajar gastos de manera extrema y de esa manera ha podido celebrar logros macroeconómicos. El déficit se ha reducido de manera drástica y eso es lo que festeja el primer presidente economista de la Argentina, que no saca la vista del Excel en el que ve representado su gobierno. Solo eso pareciera atender en el marco de una reducción de gastos que incluye miles de despidos en el ámbito del Estado. Las claves de la reducción del déficit pasan por recortes a las provincias y fuerte ajuste a las jubilaciones. Según el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, en el primer trimestre del año las jubilaciones y pensiones están perdiendo más de 44% contra la inflación, y la propuesta del Gobierno no alcanza a recuperar esa pérdida.
En rigor, los logros de la gestión Milei podrían graficarse en lo que no sucedió -una hiper evitada- y lo que podría suceder -inflación descendente, camino al dígito-. Los que miran la parte vacía del vaso calificarán sin embargo como “pírricos” esos “éxitos”. Han sido al costo de una gran recesión y fuerte crecimiento de la pobreza.
A propósito, se conocieron esta semana los datos de la pobreza alcanzada en 2023, que llegó a un escalofriante 41,7%. Esa cifra hay que adjudicársela enterita al gobierno anterior, tal cual dejó claro el propio Martín Guzmán, que aún con la sangre en el ojo le apuntó de lleno a Sergio Massa, atribuyéndole un crecimiento de esa tasa de 5,2 puntos porcentuales. La realidad es que esa cifra sigue en alza, cosa que no niegan ni en el mismo gobierno, aunque garantizan que el freno de la inflación marcará el inicio de la segunda parte de la v corta con la que describen su hoja de ruta.
Más allá de las sensaciones que deja un gobierno que tiene al presidente marcándole el paso a todos, la realidad lo muestra siempre detrás de los acontecimientos. Los anuncios -en general rimbombantes- siempre son una reacción ante un hecho desencadenante. Pasó en Rosario, cuando al desmadre por la inseguridad sucedieron anuncios de medidas y proyectos de ley -cinco, cuyos textos se desconocen pues no han sido aún enviados al Congreso-. Pasó el Viernes Santo, cuando la detención del supuesto asesino del playero Bruno Bussanich generó el anuncio del envío de un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad. Ya había anticipado el ministro Mariano Cúneo Libarona a mediados de enero que lo harían, pero eso recién fue confirmado cuando se supo que el asesino del empleado de una estación de servicio rosarina tenía solo 15 años. Habrá que ver igual cuándo lo mandan, pues sin ir más lejos el Gobierno de Alberto Fernández se acostumbró a anunciar leyes que tardaba un año en presentar y casi nunca aprobar.
Cúneo Libarona presentará en los próximos días un proyecto para bajar la edad de imputabilidad.
De paso digamos que el anunciado cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner, ha sido hasta ahora solo eso: un anuncio. Necesitará también una ley para concretarse.
Transcurrió justo un mes desde que el presidente anunció ante la Asamblea Legislativa una hoja de ruta con plazo fijo al 25 de mayo, fecha en la cual debería firmar con todos los gobernadores el Pacto de Mayo que incluye diez políticas de Estado que él mismo redactó y el resto debería aceptar. La condición para suscribirlo es la aprobación previa de la ley de Bases y el alivio fiscal. Dos leyes cuyo tratamiento todavía no ha comenzado formalmente, aunque con buen tino esta vez han sido presentadas en líneas generales a los gobernadores y bloques de diputados que deberían aportar los votos para su aprobación.
La idea es que, pasado el feriado XL de seis días, las comisiones se aboquen de lleno al debate de esta nueva ley de Bases, con el objeto de llegar al recinto en la semana del 14 o la del 21 de abril, a más tardar. Tendrá que ser esta vez un tratamiento en el recinto más acotado, pues los tiempos urgen y en caso de aprobación le espera luego el tratamiento en el Senado, donde ya se sabe que el oficialismo no cuenta con mayorías seguras.
Como sea, el cronograma organizado por el oficialismo alcanzaría para poder cumplir con los tiempos que el presidente ha establecido. Pero la premisa no está para nada garantizada. Sobre todo si se tiene en cuenta que hay factores de rispidez que complican la relación con quienes deben garantizar los votos para la aprobación. La reimplantación del impuesto a las Ganancias de cuarta categoría, que el Gobierno nacional quiere adjudicarle a un pedido de los gobernadores, encuentra fuertes resistencias sobre todo entre los patagónicos. Ese será un escollo muy difícil de sortear.
El ministro del Interior regresó con cierta satisfacción de Salta, luego de participar de una reunión de gobernadores del Norte Grande. Al cierre de la misma, encabezó una conferencia de prensa flanqueado por el mandatario local, y el de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de origen radical y prosapia kirchnerista, que pese a ello se mostró bastante receptivo. El encuentro con los gobernadores dejó a los mismos conformes a medias. No encontraron receptividad en los pedidos de fondos. “No hay plata”, insistió Guillermo Francos, que ya sabe que no tiene que hacer promesas que después no puede cumplir. Pero sí abrió una luz de esperanza cuando admitió la posibilidad de reanudar obras que estén en avanzado estado de realización y cuenten con financiamiento. Se verá.
Guillermo Francos con los gobernadores del Norte Grande.
Un factor de discordia es el que terminó de abrir esta última semana el Gobierno al eliminar por DNU los giros que la ANSeS realizaba a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación. Milei nunca los pagó, y ahora transformó esa mora en definitiva. Eso se suma a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Fondo Compensador para el Transporte, más el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires.
El torniquete fiscal a las provincias se grafica en esta cifra: las transferencias corrientes a las mismas ya cayeron un 77%.
Con ironía, el consultor Carlos Fara suele llamar al presidente “Javier Sinley”. Vale el término si se recuerda que este es el primer gobierno que a cuatro meses de gestión no ha visto aprobada en el Congreso ninguna de sus propuestas. Los que realmente quieren ayudarlo suelen decir que esta administración dejó pasar el mes de diciembre de manera insólita. Toda administración nueva tiene su Presupuesto y emergencias aprobadas antes de fin de año, entre fiesta y fiesta. Pero esta gestión prefirió no elaborar un Presupuesto, alumbró a diez días de fin de año un polémico mega DNU, y mandó su ley fundacional faltando tres días para terminar 2023, entusiasmado en mostrar cómo obligaba a trabajar en el mes de enero a los denostados legisladores. Una vez más, privilegiando el relato por sobre los logros. El resultado fue que el polémico decreto frenó la actividad en el Senado y la ley insignia tuvo que volver a comisión.
Táctica pura, pero sincero al fin, Javier Milei dijo hace un mes ante los legisladores que les daba una nueva oportunidad de aprobarle todo lo que les pedía, pero que realmente no creía que lo hicieran.
A esta altura, los inversores y el FMI esperan que el Gobierno demuestre que tiene capacidad para avanzar con las leyes que necesita. Esto es, capacidad de esa palabra que el presidente considera maldita: negociación.
Mientras tanto, el Gobierno sigue con sus jugadas audaces, avanzando con sus propuestas para cubrir cargos en la Corte, con un juez federal como Ariel Lijo que ha despertado demasiados cuestionamientos, aunque en el entorno de Milei están convencidos de que los mismos no tendrán su correlato en el Senado a la hora del debate. La capacidad de “rosca política” del candidato propuesto por el presidente le favorece el camino a la hora de obtener los votos, no solo en el kirchnerismo, sino también en un radicalismo donde el juez federal tiene terminales muy sólidas.
Con esa designación y la de Manuel García-Mansilla el presidente aspira a contar con una “mayoría automática” que supuestamente completaría con Ricardo Lorenzetti.
A Milei no le da garantías la actual composición del Tribunal. Si consigue su objetivo, a partir del año próximo cree que ya no dependería tanto del Congreso y podría manejarse más seguro con los decretos de necesidad y urgencia.
