El Frente de Todos avanzó con los dictámenes de dos proyectos de ley que buscan limitar la tasa de interés por mora en el pago de servicios públicos y privados, impulsados por el senador kirchnerista Oscar Parrilli. Por su parte, los legisladores de Juntos por el Cambio no acompañaron el despacho y anunciaron que estudiarán los textos, definidos este mismo viernes.

Al explicar los cambios a las iniciativas, Parrilli aclaró que se incorporará “la tasa de interés para personas humanas, porque creo que eso le da mayor claridad” y señaló que “no queremos intervenir en la política del Banco Central”, sino que estos proyectos buscan la coherencia “con el artículo 42 de la Constitución Nacional”.

Luego, leyó los dictámenes, comenzando por el referido a los servicios privados, del cual se excluyó a las instituciones de educación privada.

De acuerdo con el texto, “la tasa de interés moratorio y punitorio deberá aplicarse: a las tarjetas de crédito emitidas por entidades bancarias, por empresas de crédito o por proveedores no financieros de crédito; a las facturas de servicio por medicina prepaga y a las empresas de seguros de cualquier rubro en relación a usuarios y consumidores particulares, en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago, no pudiéndose cobrar ningún tipo de cargos extras por gastos administrativos o por cualquier otro concepto”.

Asimismo, “la fecha del primer vencimiento de las facturas de todos los servicios enunciados en el párrafo precedente no podrá ser anterior al día 10 de cada mes”.

“El Poder Ejecutivo Nacional determinará las autoridades de aplicación que deben dictar, en el ámbito de sus competencias, las reglamentaciones y/o resoluciones correspondientes”, establece, e indica que las empresas que en el plazo de 30 días desde la publicación de la ley no adecuen sus facturas a la tasa de interés correspondiente “serán sancionadas con multas de 4 a 48 Salarios Mínimo, Vital y Móvil”.

También, en todos los casos, las empresas prestadoras de estos servicios deberán otorgar a sus usuarios particulares “planes de facilidades de pago para cancelar las deudas, conforme las pautas que establezcan las autoridades de aplicación de los marcos jurídicos relativos a los servicios involucrados”.

Por otra parte, en lo que respecta a los servicios públicos, se modifica el artículo 31 de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), incorporando que “la tasa de interés moratoria y/o punitoria por mora que podrán aplicar las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales, así como las de servicios públicos esenciales de televisión por cable, servicio de internet y servicio de telefonía móvil y fija, a todas las categorías de usuarios residenciales, organizaciones no empresariales, clubes de barrio y de pueblo, iglesias, entidades de bien público y colectivos de trabajo en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina”.

“La fecha del primer vencimiento de las facturas de los servicios de gas, luz, agua, cable, internet y telefonía fija y móvil no podrá ser anterior al día 10 de cada mes”, señala y añade que “los entes reguladores de cada servicio público y las empresas prestadoras de servicios deberán adecuar sus reglamentos de suministro en un plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de la ley”.

En cuanto a las sanciones, las empresas de servicios públicos que no adecuen su facturación dentro de los 30 días, desde la publicación de la ley, serán sancionadas con multas que van desde los 2 a 24 Salarios Mínimo, Vital y Móvil; y, en caso de incumplimiento, habrá multas desde los 4 a 48 SMVM.

Al igual que en el otro proyecto, las empresas prestadoras de servicios públicos deberán otorgar a los consumidores y usuarios planes de facilidades de pago para cancelar las deudas.

Al sentar la posición el interbloque Juntos por el Cambio, la senadora Laura Rodríguez Machado remarcó que “tenemos que considerar y analizar debidamente ya que no hubo unanimidad en asesores”. La cordobesa opinó que la ley busca “avanzar sobre las facultades del Central, desmereciendo todo el esfuerzo que ha hecho durante este tiempo” y “es un verdadero incentivo a no pagar, disfrazado de un falso propósito de aliviar la situación de los deudores”.

“Verdaderamente busca liquidar la rentabilidad y posibilidades de subsistencia de estos sectores que alcanza”, dijo la macrista en referencia a los servicios privados, y ratificó: “No vamos a suscribir el despacho y vamos a tomar una decisión que será comunicada debidamente a los presidentes de las dos comisiones luego que el bloque se reúna y analice el texto”.

Desde el propio Frente de Todos, el chubutense Mario Pais planteó que no se debe “diferenciar a los destinatarios de la facturación, porque al hacerlo dejamos sin tope y sin límite, por ejemplo, a otros usuarios y consumidores de servicios públicos”. “La Ley de Defensa del Consumidor no distingue, habla de consumidores en general”, insistió.

A esa idea adhirió la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, que expresó que le parecía “razonable” porque sino “estamos incorporando una distinción que la Ley de Defensa del Consumidor no tiene”.

Sobre ello, Parrilli asintió que “de aquí al recinto podemos hacer un agregado para aclarar cuál es el régimen que queda para las empresas”. Llamativamente, y admitido por ella misma, Rodríguez Machado defendió la idea original de Parrilli de incorporar únicamente a las personas humanas, porque esto “tiene que ver con la imposibilidad de pago de una persona que con su sueldo no llega; no tiene que ver con los empresarios, con los deudores que puedan ser institucionales”. “Yo preferiría dejarlo como usted lo informó”, agregó, aunque aclaró no estar de acuerdo con la ley.

Participación de representantes del Banco Central

La subgerenta general de Regulación Financiera del Banco Central, Daniela Bossio, explicó que “para todas las operaciones de crédito, sean créditos personales o tarjetas de crédito” si la persona deudora “no se atrasa, lo que hay es un interés compensatorio”. “Si la persona se atrasa respecto de los vencimientos pactados debe abonar además el interés punitorio”, señaló.

“Nos deja más tranquilos la aclaración que se hizo sobre los objetivos de estos proyectos, básicamente vinculado a la reglamentación sobre el interés punitorio y no sobre el compensatorio”, dijo.

“La Ley de Tarjetas de Crédito establece un límite para el interés punitorio que no puede ser mayor al 50% de la tasa de interés compensatorio, en los contratos financieros se adiciona, cuando hay una mora, el interés punitorio al compensatorio”, agregó.

En tanto, Germán Feldman, subgerente general de Investigaciones Económicas del Banco Central, apuntó que “el proyecto plantea la pasa pasiva del BNA a 30 días” y las tasas de esta entidad “están alineadas con los mínimos regulatorios que plantea el Banco Central”.

“La tasa de interés de tarjetas, que tradicionalmente se encontraba por encima de la tasa de los créditos personales, pasó a estar por debajo, eso es lo que venimos viendo desde mediados del año pasado”, informó.

Feldman consideró que “en caso de que algún usuario decidiera voluntariamente no pagar el servicio, sería conveniente pensar en una tasa que esté por encima de la tasa de interés pasiva del sistema para desalentar ese tipo de incentivos”.

“Distinguiría lo que es financiación con tarjetas de crédito, porque ya de por sí ahí hay una tasa compensatoria, de lo que es el otro proyecto sobre los servicios públicos”, observó.

Durante una reunión que se extendió por más de tres horas, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Derechos y Garantías del Senado debatieron este martes proyectos de ley que buscan limitar las tasas de interés por mora en el pago de servicios públicos y también privados -como tarjetas de crédito, medicina prepaga, educación y empresas de seguros, entre otros-.

Hacia el final del encuentro, con la venia de Oscar Parrilli, autor de las iniciativas, oficialismo y oposición acordaron que los asesores trabajen en una serie de modificaciones a los textos y se llegue a un pre-dictamen para el próximo viernes, cuando se retomará el cuarto intermedio, estableció la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la oficialista María de los Ángeles Sacnun, al argumentar que a partir del 19 de julio habrá receso invernal hasta el 30.

Además, a pedido de la macrista Laura Rodríguez Machado, en la reunión del viernes -antes de pasar a la firma los despachos- se convocará al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y a representantes de escuelas privadas, para que aporten su opinión.

Sobre este último sector, el cordobés Ernesto Martínez pidió excluir a la educación de gestión privada de esta ley, y Parrilli aseguró que “de ninguna manera tenemos interés de perjudicar a la educación y mucho menos a los padres”, con lo cual se evaluará la propuesta.

Al abrirse la reunión, Parrilli sostuvo que “la especulación financiera se ha transformado en el mundo en una de las acechanzas y amenazas que tienen todos los países desarrollados y subdesarrollados”, algo que se “recrudeció con la pandemia”. “El sistema financiero mundial tiene muchas cosas para corregir”, opinó.

El legislador oficialista resaltó que muchas veces “los servicios públicos se prestan de manera monopólica y por una concesión que el Estado les brinda”, y aplican “una tasa de interés equivalente a una vez y media la tasa pasiva del Banco de la Nación”.

“En muchos casos nos encontramos con que había cargos financieros, cargos por mora, por no pago en término, por envío de intimación, por reconexión del servicio”, observó, y explicó que esto genera el hecho de que “un ciudadano, o una empresa, o un club, lo que fuere, no pague su factura” y se genere “un grave perjuicio, en beneficio obviamente del prestador, que nosotros consideramos abusivo, excesivo, y que responde a una rentabilidad que no responde a la prestación de servicios”.

La postura de los expositores

El primero en exponer fue Sergio Barocelli, director nacional de Defensa del Consumidor, quien celebró las iniciativas que tiendan a “la visibilización de la problemática del sobreendeudamiento de los consumidores”. El funcionario del Ministerio de Desarrollo Productivo señaló que tener a parte de la población sobreendeudada “es tener a parte de nuestra sociedad excluida del consumo”.

“Creemos que muchas de las soluciones que se proponen son interesantes”, avaló y dijo que en los proyectos “debe centrarse la mirada principalmente en la figura de los consumidores”, al tiempo de contar con “una perspectiva federal, que implique no sólo la intervención de las autoridades nacionales de aplicación, sino también de las locales”.

Por su parte, Norberto Etchegoyen, director ejecutivo de la Cámara de Emisiones Regionales de tarjetas de crédito y consumo no bancarias, resaltó su representación en nombre de las PyMEs del interior que atienden a 17 millones los usuarios de tarjetas, que representan el 30%, y “son todos usuarios del interior del país, de un segmento de bajos ingresos o ingresos informales, que no son atendidos por los bancos”.

“Nuestra tasa de interés ya está regulada por la ley y el Banco Central”, subrayó y, en ese sentido, expresó que “especulación no podemos hacer”. “El 30% del mercado de tarjeta de créditos está asentado en los emisores no bancarios. Hoy, la tasa de interés es un dolor de cabeza porque nuestra rentabilidad está justa o incluso negativa”, continuó.

En su intervención, Etchegoyen se refirió también a las comisiones que “necesariamente deben tener previa autorización del Banco Central”. “El margen de nuestro sector, prácticamente en los últimos 10 años, en Argentina se ha ido deteriorando y corre riesgo este negocio”, agregó y opinó que avanzar con estos proyectos logrará “incentivar el comercio en negro y la caída de la recaudación”.

A continuación habló Gonzalo Rodríguez, abogado especialista en derecho del consumidor, quien explicó que “el endeudamiento del consumidor para acceder a los bienes y servicios” se debe a una “falta de regulación” en el mundo. “Estos proyectos reconocen que el sistema de protección jurídica de consumidores y usuarios es mucho más que la mera protección del sujeto individual consumidor destinatario final, los proyectos vienen a regular un mercado”, consideró.

Sobre la iniciativa referida a las tasas de interés de servicios privados, apuntó que “si lo que se busca es prevenir situaciones de sobreendeudamiento está faltando un actor que son los proveedores no financieros de crédito, empresas que se dedican al préstamo de dinero”.

En la línea de Etchegoyen, César Bastien, director ejecutivo de la Cámara de Tarjetas de Crédito (ATACYC), señaló que este “es un sector muy regulado, ya desde el año 1999 tenemos tasas máximas y aranceles” y “es el único sector de la economía que paga impuesto a los Débitos y Créditos por administrar fondos de terceros”.

Además, aseveró que el año pasado, con la llegada de la pandemia, hubo “una cantidad impresionante de regulaciones adicionales para el sector. Hubo varias normas del Banco Central bajando tasas de intereses, el congelamiento de comisiones” y ” todas ellas claramente para beneficiar a los consumidores y que permitieron sobrellevar la situación de los consumidores”.

Bastien estimó que de salir el proyecto se incrementará la pérdida de las empresas a partir de una tasa menor al costo de los fondos; se desincentivará el pago de los usuarios; el cambio en la fecha de cobro generaría pérdida económica y problemas operativos sin mejorar la posibilidad de pagos de los usuarios; y se generará menor oferta de préstamos, sobre todo para los segmentos socioeconómicos más vulnerables.

Otro de los invitados fue Rubén Morcecian, abogado especialista en contratos, quien opinó que “hay situaciones de emergencia, de excepción, que hay que atender” y que el “fenómeno mayor del sobreeendeudamiento de las personas humanas” viene desde la crisis del 2008.

“No hemos podido obtener todavía un instrumento legal que le permita a los ciudadanos endeudados resolver razonablemente su situación, que no sea anunciar su propia quiebra; hoy tenemos la quiebra del jubilado, la quiebra del ama de casa, del policía en el interior del país, del empleado público”, graficó.

Luego fue el turno de Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Salud, quien mantuvo un picante cruce con Parrilli. Sobre los proyectos, advirtió que “si creamos mecanismos que faciliten la especulación vamos a aumentar la morosidad, vamos a aumentar costos adentro del sistema, y esos costos los vamos a tener que distribuir” entre los usuarios no morosos.

Adrián Ganino, de la dirección de Comercio y Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Martín, sostuvo que “no podemos trasladar el riesgo que implica llevar adelante diferentes actividades comerciales a los usuarios y consumidores finales, en este aspecto de cuidar los intereses, la salud y el trato digno del que nos habla el artículo 42 de la Constitución”.

“Es claro que necesitamos un marco normativo”, apoyó y observó que “no se trata de limitar las ganancias, sino que el consumidor y usuario sea protegido con la idea que pueda sanear su situación económica” y se pueda “volver a insertar en el mercado”.

En representación de los bancos, Alejandro José Pérez, gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), alertó que “Argentina es uno de los países con menor grado de bancarización del continente y con tendencia bajista”. “El proyecto bajo análisis regula el mercado de créditos y por ello es necesario tomar los recaudos para evitar que se deteriore aún más el grado de bancarización”, prosiguió.

Pérez manifestó que “el sistema financiero actualmente tiene problemas de rentabilidad”, al tiempo que precisó que “respecto a la mora del sistema financiero, el índice asciende a solo al 4,2% de morosidad” en abril. “Cuando algún deudor tiene problemas para honrar sus compromisos, las entidades financieras se ponen en contacto con ellos a fin de buscar una solución para que el cliente pueda regularizar su situación. Siempre se busca una solución de común acuerdo con los deudores y en el 99% de los casos se lo alcanza”, añadió.

En tanto, Hugo Bruzone, asesor de Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), enfatizó que “estamos en un sistema que ya de por sí es muy regulado y con números de mora que no marcan que ésta se haya incrementado visiblemente”. “El proyecto engloba dos universos que son totalmente distintos: por un lado están los préstamos en dinero y por otro lado están los servicios públicos”, diferenció.

“El proyecto habla de interés moratorio y prohíbe los punitorios y hay muchos contratos escritos que pueden haber usado distinto lenguaje, entonces creo conveniente que lo que se regule comprenda tanto a intereses compensatorios o punitorios”, agregó.

Finalmente, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat expresó: “Me parece sustancial que se invoque en los fundamentos al artículo 42 de la Constitución Nacional porque las precisiones que contiene le van a dar un soporte normativo de mayor jerarquía en caso de una impugnación del valor constitucional de estos proyectos”. Asimismo, sugirió hacer “menciones al artículo 1ro. de los dos pactos internacionales” de la ONU y propuso cambios en la redacción de las iniciativas.