Unión por la Patria denunció “avasallamiento” y “desinteligencia”. Antes había pedido que no se avanzara hasta que la Justicia se expida por la presentación de “inconstitucionalidad” de la proporción de vocales y la designación de autoridades en la Bicameral.
Foto: Comunicación Senado
La Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes aprobó dar por terminado el concurso público que se realizó durante el 2025. Unión por la Patria había pedido que no se avanzara con ninguna resolución hasta que la Justicia se expida por la denuncia de conformación y designación de autoridades, pero la presidenta Vilma Bedia dio lugar a la votación que tuvo el aval de La Libertad Avanza y el Pro.
La propuesta fue elevada por el vicepresidente Nicolás Mayoraz, quien propuso la resolución para dar por terminado el concurso público que postuló a María Paz Bertero para el cargo de Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y a Matías Robledo y Héctor Vito como defensores adjuntos.
María Paz Bertero fue propuesta por la Bicameral en 2025, pero la candidatura no se trató en Senado.
El diputado santafesino, autoridad de la Bicameral en esta composición y vocal cuando se llevó a el cabo concurso público en 2025, sostuvo que el 22 de marzo se venció el plazo de 180 días que establece el reglamento. De todos modos, se dirigió al senador pampeano Daniel Bensusán y deslizó: “Más allá de las diferencias, respeto el trabajo que han hecho”.
En segunda instancia, propuso que la Comisión empiece un nuevo concurso público que comience de foja cero: “Dejando a salvo la buena fe de los legisladores que tuvieron a cargo el concurso del año pasado, tenemos que aprender de esa historia recorrida y tratar de llegar a un concurso donde los podamos hacer mejor”.
Por último, Mayoraz sugirió trabajar en la confección de un nuevo reglamento para la designación de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes porque consideró que el vigente “no es bueno”. Sumó, según sus palabras, que hay organizaciones de la sociedad civil que coinciden con esa mirada y pidió que la nueva versión se parezca al de selección de la Defensoría del Pueblo.
La propuesta del vicepresidente fue avalada por Vilma Bedia, Carmen Álvarez Rivero, Soledad Mondaca y Santiago Santurio de La Libertad Avanza; y de Victoria Huala del Pro.
SE CAYÓ EL CONCURSO DE LA DEFENSORÍA DEL NIÑO!!!!
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Hoy es uno de los días más felices de mi vida!!!! pic.twitter.com/eAL0lVYXyU— Nadia Judith Márquez 🇦🇷 (@nadiajmarquez) May 14, 2026
En el final de la reunión, cuando parecía que todo iba terminar en escándalo, la diputada nacional Blanca Osuna junto a Juan Carlos Molina presentó la impugnación de Nicolás Mayoraz como autoridad y explicó que desde la creación de la Comisión Bicameral siempre se ha alternado la representación en los cargos de presidente y vicepresidente.
“la Ley tiene una definición lisa y llana sobre la proporcionalidad y representación”, cargó la entrerriana y recordó que desde el 2017 la presidencia y vicepresidencia de la Comisión Bicameral fueron ejercidas por representantes del Pro y el PJ en el período 2017/18; por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, en el 2020/22; por Hay Futuro Argentina (Clara Vega) y el Pro en el 2022/23; y por el radicalismo y La Libertad Avanza en el 2024. Por la designación de Bedia y Mayoraz, Osuna señaló que “las designaciones están representando a un mismo partido”.
Los legisladores libertarios firmaron la resolución propuesta por Mayoraz.
Vocal durante la anterior composición, el senador pampeano Daniel Bensusán comenzó su intervención al denunciar “la irregularidad de esta Comisión Bicameral que no representa ni cumple la proporcionalidad”. El principal argumento del opositor fue que “nos dan un solo lugar cuando nos corresponden dos”.
Asimismo, advirtió que “recurrimos a la Justicia porque la presidenta del Senado (Victoria Villarruel) no nos contestó”. El martes pasado, cuando la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, los legisladores del bloque Justicialista se presentaron ante el Juzgado Contencioso Administrativo N°6 para denunciar la “inconstitucionalidad” de la misma al alegar que no respeta la proporcionalidad y la designación de autoridades, donde La Libertad Avanza designó a la presidenta y al vicepresidente. “No avancemos hasta que la Justicia resuelva”, pidió.
El momento más caliente llegó cuando la senadora jujeña Vilma Bedia puso a consideración la propuesta de Mayoraz, mientras Germán Martínez le pedía la palabra. La tensión se apoderaba del Salón Arturo Illia y el jefe de bancada de Unión por la Patria en la Cámara baja enfatizó que “están truncado el proceso de selección que se realizó sujeto a derecho y es innecesario todo lo que están haciendo”.
Lejos de apaciguar el encuentro, el santafesino fue contra La Libertad Avanza: “Tienen en la mira a la Defensoría y a los derechos de las niñas, niños y adolescentes para los cuales han desfinanciado todas las políticas públicas a lo largo y ancho del país”. También le recordó a Vilma Bedia, vocal de la anterior composición que realizó el concurso público, que “avaló dejar a cargo a una persona hasta tanto esté elegido el cargo”, en relación a la autoridad provisoria.
Luego, enumeró que la resolución emitida por el oficialismo “es inválida porque la Comisión está mal constituida, están mal designadas las autoridades, el concurso público 2025 se realizó sujeto a derecho y porque hay una expresión de la Cámara de Diputados”. La terna propuesta por la Bicameral (Bertero, Robledo y Vito) en 2025 logró 156 votos positivos, 44 negativos y 6 abstenciones en el recinto el 8 de octubre del 2025.
En sintonía con lo expuesto por su par en Diputados, José Mayans, jefe de bancada del bloque Justicialista, fue directo al hueso y cargó contra Bedia: “No puede hacer lo que hizo usted”. Con su característico tono, apuntó contra el oficialismo e ironizó que “le meten para adelante como hace Adorni y Milei”. Luego consideró que “por estos atropellos el Gobierno se cae a pedazos”.
Y siguió con los comentarios en contra de la composición de la Bicameral, la designación de autoridades y la caída del concurso público: “Es una cosa que está muy mal”. Nuevamente, enfatizó que “desconocen el rol de la oposición”, agregó que “estas comisiones están mal conformadas”, y cerró: “Nadie quiere judicializar la política, pero ante avasallamientos de tal envergadura…”.
En el rol de miembro informante, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales destacó la realización de las audiencias públicas y desde el flanco opositor le empezaron a gritar. Luego, Mayoraz afirmó que “lleva 15 años la ley sancionada y solo se han hecho estudios de primer nivel”.
En el rol de miembro informante, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, José Peluc, optó por compartir el tiempo de intervención con Nicolás Mayoraz y utilizó sus minutos para criticar la postura de la oposición. “A los que dicen que están 80 a 20, si leen las 2.999 presentaciones escritas, hay 70 a favor de la Ley y 30 en contra, pero ustedes leen y entienden hasta donde quieren”.
La intervención comenzó con un pedido de aplausos para “todo el personal legislativo” que participó de “la audiencia pública histórica”. En ese momento, desde el flanco opositor, comenzaron a gritarle al sanjuanino. Cabe recordar que Unión por la Patria, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda pidieron la nulidad de las audiencias realizadas por considerar que no dieron lugar a la participación de todos los inscriptos.
En tal sentido, José Peluc presentó las cifras finales de las audiencias públicas: “Fueron 106.467 personas inscriptas, 2.999 hicieron presentación escrita, 90 subieron video, 113 participaron presencialmente y 98 de manera virtual”. En ese punto, volvió a criticar a los integrantes de la oposición y lanzó: “Tratan de desdibujar el concepto de la Ley de Glaciares, diciendo que no los vamos a cuidar, pero decir eso es no haber leído el proyecto”.
Activo en este debate desde el comienzo del período ordinario, el sanjuanino de La Libertad Avanza le endilgó a la oposición haber “tratado de zorros a los gobernadores”, concepto referido a presuntas negociaciones tras bambalinas en virtud del avance de esta reforma ambiental. Dicho esto, añadió que “San Juan pasa un momento de sequía muy grande”.
Antes de darle la palabra a su par de bancada, José Peluc volvió a señalar al bloque opositor: “Ustedes no entienden el sistema del agua y (la modificación a la Ley de Glaciares) va más allá de lo que ustedes quieren interpretar”. “Estamos totalmente a favor porque tenemos experiencia minera y (experiencia en San Juan) de falta de agua”, cerró.
Haciendo uso del tiempo del miembro informante, Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, también cargó contra la oposición y las organizaciones ambientales que se manifestaron en contra de la reforma: “Los malintencionados e ignorantes cuestionaron el procedimiento por pretender algo ilusorio que 100 mil personas fueran escuchadas en forma sincrónica, lo que era materialmente imposible”.
Abocado a la desarrollar los puntos del despacho, el diputado santafesino consideró que la modificación a la Ley de Glaciares “viene con claridad meridiana del Senado” porque, a su parecer, “busca aclarar conceptos y no se altera el paradigma”. A su vez, cuestionó la redacción vigente y señaló que “lleva 15 años la ley sancionada y solo se han hecho estudios de primer nivel”, que en palabras del libertario “solo se hizo el relevamiento de fotografía satelital”.
Mayoraz, en su intervención, reiteró que “no se afecta el paradigma de protección de los glaciares”.
Antes de pasar a leer el dictamen, reiteró que “no se afecta el paradigma de protección de los glaciares”, y alegó que “esta ley viene a dar el rigor técnico que varios científicos venían criticando”. También, agregó que “queda desmentido que esta reforma afecta el principio de no regresión y le damos la posibilidad a las provincias de hacer estudios de segundo y tercer nivel a las provincias que el IANIGLA hoy no tiene”.
En el final, Mayoraz redundó en el eje de su intervención: “Con la modificación a la Ley de Glaciares estamos logrando la armonización porque el IANIGLA no se debilita y el principio es que todos los cuerpos inventariados no se tocan salvo prueba en contrario”.
Concluyó que “la regla es que ‘no se toca’ y les toca a las provincias, como principales garantes de la tutela ambiental en sus provincias, hacer el relevamiento de segundo y tercer nivel para encontrar que esa geoforma, si así resultase, está bien o mal catalogada”.
Una frase captada con el micrófono abierto durante un plenario de comisiones por la Ley de Glaciares, desató una fuerte polémica en el Congreso.
Un comentario del diputado nacional Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) en el inicio del plenario generó ruido este martes durante un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, cuando se debatían modificaciones a la Ley de Glaciares. Sin advertir que tenía el micrófono encendido, el legislador santafesino lanzó una frase sobre las mujeres que rápidamente se viralizó.
Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, justificaba la aceptación excepcional de una propuesta vinculada a la conformación de autoridades cuando se le escuchó decir: “Vamos a hacer una excepción. Las mujeres son mi debilidad”, en diálogo con el titular de la Comisión de Recursos Naturales, José Peluc, y ante el pedido de diputadas para avanzar con ese punto del temario.
El episodio desató respuestas inmediatas dentro y fuera del recinto. Legisladoras de la oposición reclamaron una explicación y, en redes sociales, la diputada Florencia Carignano calificó el comentario como “repugnante y desagradable”, al remarcar que provenía de una autoridad parlamentaria y fue escuchado durante una reunión oficial. Por su parte, la diputada Gabriela Estévez rechazó los dichos de su colega, en su calidad de presidenta de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad, señalando que las mujeres no somos “debilidades” ni “excepciones”. Y agregó: “Somos representantes de pueblo y exigimos respeto. Ese tipo de expresiones atrasan, reproducen una mirada que nos reduce y nos corre del lugar que nos corresponde, y no lo vamos a permitir”.
El plenario continuó luego con el esquema previsto para el tratamiento del proyecto, aunque la frase ya había abierto un nuevo foco de controversia política.
Como presidenta de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad, rechazo los dichos de Nicolás Mayoraz, las mujeres no somos “debilidades” ni "excepciones".
Somos representantes de pueblo y exijimos respeto.
Ese tipo de expresiones atrasan, reproducen una mirada que nos reduce y… pic.twitter.com/p66c8rPId1— Gabriela Estévez (@gabiestevezok) April 7, 2026
El episodio remite a la sesión de diciembre pasado cuando juraron los 127 legisladores electos, en la que el diputado radical Gerardo Cipolini, presidente circunstancial del acto por ser el de mayor edad (82 años), fue captado por los micrófonos realizando comentarios inapropiados sobre colegas mujeres. “Qué buena que está la peruca. Tremendo”, fue la frase que se filtró en la transmisión oficial y rápidamente se viralizó en redes sociales. Según trascendió, los dichos habrían estado dirigidos a la diputada formoseña María Graciela de la Rosa y a otras legisladoras, entre ellas las libertarias Mónica Becerra (San Luis) y Rosario Goitía (Chaco).
Después del episodio, el diputado radical intentó desactivar la polémica alegando que se trató de una “operación en redes” y que su voz habría sido manipulada mediante inteligencia artificial, aunque su argumento no logró frenar la ola de críticas.
El secretario de Minería de la Nación y el gobernador de San Juan defendieron la reforma. Hubo tres dictámenes de rechazo. Quiénes acompañaron al oficialismo en el despacho de mayoría.
Foto: HCDN
Con un fuerte rechazo de la oposición por la invitación de representantes de provincias con proyectos mineros, las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, y de Asuntos Constitucionales pasaron a la firma la modificación de la Ley de Glaciares. La iniciativa llega este miércoles al recinto en búsqueda de la sanción definitiva.
El despacho alcanzó 37 firmas que fueron 27 de La Libertad Avanza; Javier Sánchez Wrba, Florencia de Sensi, Emmanuel Bianchetti y Alicia Fregonese del Pro; Diógenes González y Pamela Verasay de la Unión Cívica Radical; los misioneros Yamila Ruiz y Alberto Arrúa de Innovación Federal; el sanjuanino Carlos Jaime Quiroga de Producción y Trabajo; y Fernanda Ávila de Elijo Catamarca.
A su vez, hubo 3 dictámenes de rechazo: el de Unión por la Patria con firma de los 23 vocales; el de Provincias Unidas que rubricaron María Inés Zigarán, Pablo Juliano, Carolina Basualdo, Juan Brügge y Pablo Farías; y el de Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.
Apenas comenzó el plenario, el diputado nacional Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica cuestionó la presencia de Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación, y acusó a las autoridades del oficialismo por “tomar la decisión de traer solamente a los representantes de provincias cordilleranas de futuros proyectos mineros o exploración”. Esto fue adherido por Sabrina Selva y Romina Del Plá.
Luego de un comienzo agitado del plenario, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente culminó el proceso de designación de autoridades: Sabrina Selva de Unión por la Patria quedó en la vicepresidencia 1°; Soledad Molinuevo de La Libertad Avanza en la vicepresidencia 2°; y la radical Pamela Verasay en el cargo de secretaria 1°.
En el mismo sentido, la Comisión de Asuntos Constitucionales -presidida por el santafesino Nicolás Mayoraz- fijó a Diego Giuliano en la vicepresidencia 1°; y a Diógenes González como vicepresidente 2°.
El dictamen del proyecto de modificación a la Ley de Glaciares quedó listo para ser llevado este miércoles desde las 15 al recinto de la Cámara de Diputados.
En primera instancia, el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego reiteró su postura a favor de la iniciativa y afirmó que “sin minería no va a haber futuro”. También sostuvo que “ningún gobernador de la Mesa del Cobre y del Litio planteó cambiar el objeto ni los estándares de calidad”.
Además, señaló que su provincia es “avanzada en esto para determinar en un ambiente periglacial cuál tiene función hídrica y cuál no” porque, relató, que “tenemos un consejo provincial del agua”. “La minería y el ambiente van de la mano, es el mundo que viene y sin minería no va a haber futuro”, concluyó.
Luego, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, cuestionó a la oposición y manifestó que “el agua dulce no es un verdadero problema, tenemos que distribuirla mejor y no es algo que querramos atacar”. Del mismo modo, agregó que que “los ataques al proyecto han implicado un menosprecio ofensivo a las capacidades provinciales”.
“Las autoridades competentes son las autoridades provinciales: esto es federalismo en acción, no declamado”, remarcó el funcionario, quien concluyó: “No puedo creer que haya gente que se raje las vestiduras que se reconozca a las provincias para estudios de impacto ambiental”.
Aunque se preveía que se conectaría virtualmente el gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, eso no sucedió. Pero sí vino en representación de esa provincia Teresita Regalado, ministra de Minería. “Estimamos fundamental fortalecer las competencias provinciales en lo referido al perfeccionamiento y actualización del Inventario”, sostuvo y se refirió, en una exposición apoyada por proyecciones, a la aprobación y seguimiento de los distintos proyectos mineros.
Teresita Regalado, ministra de Minería catamarqueña.
En ese sentido, habló de “la experiencia en la evaluación del impacto ambiental de los proyectos” y la escucha a ONG’s ambientalistas, con un proceso de participación ciudadana. Además, la administración local realiza “monitoreos ambientales en las cuencas hídricas para tener datos propios” que se comparan “con los que presentan los concesionarios mineros”.
Regalado contó que en Catamarca existen “seis centros de control, sub-sedes del Ministerio de Minería” donde se da “la efectiva participación ciudadana continua”. “Es factible desarrollar actividades vinculadas con ambientes glaciares y periglaciares bajo estándares adecuados de control, fiscalización y gestión ambiental”, defendió.
Exintegrante de la Cámara de Diputados, Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, pidió “honrar este trabajo para tener un debate serio y de calidad”, y deslizó que “nos molesta mucho a los provincianos que digan qué provincias tienen competencia para ejecutar políticas de gestión en el cuidado de los recursos”.
Más breve que sus antecesores, la mendocina afirmó que “la arbitrariedad técnica es más peligrosa que la arbitrariedad política”. Pidió “ser maduros y responsables para armonizar intereses”. Y concluyó: “El peor de los pecados que cometimos en Argentina fue dejar de explorar”.
Las solicitudes de inscripción para participar en las audiencias públicas superaron los 100.000 formularios. Cuántas personas van a exponer presencialmente el miércoles 25 de marzo. El fallo del juez federal Enrique Alonso Regueira contra la cautelar solicitada por una ONG.
Consumado el cierre de las inscripciones, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5 rechazó el pedido de suspensión de las audiencias públicas presentado por organizaciones ambientales. De esta manera, Nicolás Mayoraz, en su rol de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dejó firme la realización de las jornadas de debate público para este 25 y 26 de marzo.
Según corroboró parlamentario.com, las jornadas de audiencias públicas tendrán un total de 360 expositores: serán 180 en el formato presencial y otros 180 de manera virtual. Cabe destacar que el total de inscriptos alcanzó una cifra superior a las 100.000 personas. El horario de 10 a 19 establecido originalmente se extenderá con el fin de garantizar las casi 200 intervenciones de cada jornada.
La modificación a la Ley de Glaciares tiene giro a las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente (cabecera), presidida por el sanjuanino José Peluc, y a Asuntos Constitucionales, a cargo del santafesino, quien a través de X comunicó que “el marco legal es claro y se cumple al pie de la letra”.
Además, defendió la postura de La Libertad Avanza y consideró que "el plazo es más que razonable"; que "toda la información necesaria para participar fue puesta a disposición de la ciudadanía en forma clara y oportuna, tal como lo dispone el art. 7.4 del Acuerdo de Escazú"; y que "no se dispuso ningún criterio restrictivo de participación".
2/9 ⚖️ EL MARCO LEGAL ES CLARO Y SE CUMPLE AL PIE DE LA LETRA. El proceso se rige por el ACUERDO DE ESCAZÚ (el marco internacional específico en participación ambiental) y por el art. 114 bis del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se cumplen TODOS los recaudos exigidos. El…
— Nicolás Mayoraz (@NicolasMayoraz) March 20, 2026
El juez federal Enrique Alonso Regueira rechazó la medida cautelar solicitada por Jonatan Baldiviezo, quien se pronunció en representación de la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad. En el fallo, el magistrado señaló que "la parte actora no alcanza a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca -al menos con el grado de evidencia que se requiere- para suspender los efectos de un acto parlamentario".
Luego de que se conociera el rechazo del juez Alonso Regueira, el oficialismo remarcó que "todas las provincias tienen representación garantizada en las instancias en vivo, de forma presencial y virtual". Además, Mayoraz anticipó que serán "más de 28 horas de audiencia y más de 100.000 participantes".
"Los que hablan de 'exclusión' deberían explicar qué entienden ellos por participación, porque esto es lo más federal e inclusivo que se haya visto en el Congreso", enfatizó en referencia a la postura de la oposición y de las organizaciones ambientales que no ocultaron su malestar por la modalidad.
Finalmente, el titular de Asuntos Constitucionales en la Cámara baja sumó: "Los que quisieron boicotear este proceso fracasaron. Y fracasaron porque la ciudadanía fue más fuerte que cualquier maniobra". "Escucharemos a cada uno de los que participen, integraremos sus aportes al proceso legislativo y trabajaremos para lograr la mejor ley posible del 'Congreso más reformista de la historia'".
La modificación a la Ley de Glaciares llegó al Congreso para el primer tramo de sesiones extraordinarias en diciembre pasado impulsada por el aporte del Consejo de Mayo. Sin embargo, quedó relegada por el debate de la Ley de Presupuesto 2026, aunque quedó despachada en la Cámara alta el 18 de diciembre.
Para el segundo tramo de extraordinarias convocado por Javier Milei, la reforma ambiental quedó en segundo plano por la Ley de Modernización Laboral. De todos modos, el texto fue modificado y logró la media sanción el jueves 26 de febrero.
Durante el tratamiento en el Senado, la oposición -que optó por no participar del tratamiento en desacuerdo por la conformación de comisiones- no invocó al artículo 41 de la Constitución Nacional, a la Ley General del Ambiente (arts. 2, 19, 20 y 21) ni al Acuerdo de Escazú (Ley 27.566) que si solicitaron en la Cámara baja Maximiliano Ferraro, Provincias Unidas, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
Con más de 100.000 inscripciones, las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente y Asuntos Constitucionales ratificaron la posibilidad de cargar la exposición de forma virtual y dieron lugar a 360 expositores que se dividirán en ambas jornadas.
A razón de la presencia multitudinaria de expositores, el oficialismo resolvió que las audiencias públicas se lleven a cabo en la Sala del Anexo C de la Cámara de Diputados. Cada bloque podrá contar con la presencia de un máximo de dos asesores presentes. Finalmente, La Libertad Avanza tiene un boceto para pasar a la firma el despacho la primera semana de abril e ir al recinto de inmediato.
De cara a la audiencia pública prevista para el 25 y 26 de marzo en la Cámara baja, las autoridades definieron un sistema mixto de exposiciones presenciales y remotas, con cupos, videos cargados en una plataforma digital y restricciones de acceso para garantizar el funcionamiento del encuentro, que ya generó cuestionamientos judiciales.
De cara a la audiencia pública para tratar la modificación de la Ley de Glaciares, prevista para los días 25 y 26 de la próxima semana, se van despejando dudas respecto de la organización de ese evento que ha consagrado tal atención que ya hay anotados para participar casi 100 mil personas.
Recordemos que, teniendo en cuenta la imposibilidad de escuchar a semejante cantidad de expositores en esas dos jornadas, las autoridades de la Cámara idearon un sistema para que todos los anotados puedan cargar en una plataforma digital un video en el cual brinden la exposición que quieren dar en esta audiencia.
Para participar de esta modalidad, los interesados debían suscribirse al canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados, con al menos 24 horas de antelación a la publicación del material. Luego, subir el video con su ponencia a su propio canal de YouTube, ya sea en formato listado o no listado. Finalmente, en la pestaña “Comunidad” del canal oficial debían consignarse los datos del expositor —nombre, provincia y DNI— junto con una breve reseña del contenido de la intervención y el enlace al video correspondiente.
La jornada del miércoles 25 de marzo será con invitados presenciales, mientras que la del día siguiente estará reservada para aquellos que no puedan llegar hasta el Congreso y expondrán entonces de manera remota, a través del Zoom.
De cara a la jornada del miércoles 25, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, Nicolás Mayoraz, remitió una nota a todos los legisladores en las que detalla una serie de prerrogativas que todos deberán seguir para garantizar el cumplimiento del aforo establecido para la sala de reuniones del 2° piso del edificio Anexo C.
Argumentando la necesidad de facilitar el trabajo de los diputados y el personal de las comisiones, se adelanta que solo podrán ingresar los diputados integrantes de las comisiones citadas (Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales), pero no se admitirá el ingreso de asesores de cada legislador. En su lugar, podrán ingresar hasta dos asesores de la Secretaría Parlamentaria del bloque político al que pertenecen, siendo responsabilidad de este último enviar el nombre completo del asesor o de los asesores. Hay tiempo para eso hasta este viernes 20 de marzo a las 19, según reza la nota enviada por el secretario de la comisión de Asuntos Constitucionales Francisco Uriondo.
Se espera que puedan exponer este miércoles y jueves 200 de los miles de inscriptos, a razón de cien cada uno de los días, entre las 10 y las 19 de ambas jornadas. Cabe consignar también que se resolvió acotar las exposiciones a los primeros inscriptos por provincia, cosa que ha despertado voces de rechazo e incluso se ha presentado una medida cautelar contra la Cámara de Diputados, por considerar que la audiencia pública ha sido “acotada” por sus organizadores. La causa está caratulada Fundación Greenpeace Argentina y otros contra el Congreso de la Nación Argentina – Cámara de Diputados, y quedó radicada en el juzgado de Enrique Lavié Pico.
Ante la masiva inscripción de ciudadanos y organizaciones, los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales enviaron una nota a sus miembros en la que detallan la modalidad de intervención en la audiencia pública prevista para el 25 y 26 de marzo.
De cara a la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares, las autoridades de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados definieron formalmente los criterios de participación que regirán el proceso. La decisión fue comunicada mediante una carta enviada a los miembros de ambas comisiones, en la que se fundamenta la adopción de un esquema mixto —presencial, virtual y mediante presentaciones escritas o en video— frente a la magnitud inédita de inscriptos.
En la nota, los presidentes de ambas comisiones, José Peluc y Nicolás Mayoraz, señalan que la modalidad se establece en uso de las facultades previstas en el artículo 114 bis del Reglamento de la Cámara de Diputados y en el marco del plan de trabajo aprobado el pasado 4 de marzo. El esquema será aplicado durante las audiencias públicas convocadas para los días 25 y 26 de marzo, en el tratamiento del proyecto de ley venido en revisión que propone modificar el régimen de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.
Las autoridades justifican la decisión en la cantidad de personas inscriptas a solo siete días de haberse habilitado el registro de participación y en la necesidad de asegurar la razonabilidad y operatividad del mecanismo participativo. En ese sentido, se resolvió que quienes se encuentren inscriptos hasta el viernes 20 de marzo a las 20 horas podrán enviar sus ponencias por escrito y/o adjuntar un video de hasta cinco minutos de duración, que deberá ser publicado en la sección “Comunidad” del canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados. Ese material quedará registrado de manera permanente como antecedente del debate legislativo.
Asimismo, se dispuso que las exposiciones presenciales del miércoles 25 de marzo y las intervenciones virtuales del jueves 26 estarán reservadas para quienes se encuentren entre los primeros inscriptos de cada jurisdicción. El criterio apunta a garantizar la participación de representantes de las 24 provincias, asegurando un enfoque federal en el desarrollo de la audiencia.
La carta también aclara que todas las presentaciones recibidas —ya sean presenciales, virtuales, por video o por escrito— serán incorporadas al expediente legislativo como antecedentes para su consideración durante el tratamiento del proyecto. Según remarcan las autoridades, este tipo de mecanismos constituye una práctica habitual en audiencias públicas y permite que la totalidad de las opiniones quede formalmente registrada.
Finalmente, los presidentes de las comisiones advierten que la magnitud de las inscripciones hace materialmente imposible que todos los interesados expongan de manera presencial o virtual dentro de un plazo razonable, sin afectar el normal funcionamiento del Congreso. Por ese motivo, sostienen que la adopción de criterios organizativos resulta indispensable para garantizar un debate ordenado, sustantivo y representativo en una discusión que despierta un alto nivel de interés social y político.
La diputada de UP Sabrina Selva acusó a las autoridades de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales de alterar la modalidad prevista para la audiencia pública sobre la Ley de Glaciares y de incumplir el Acuerdo de Escazú. En medio de una inscripción récord la oposición reclama ampliar los días de participación y garantizar la transparencia del proceso.
Diputados de la oposición denunciaron que las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados resolvieron limitar la participación en la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares, prevista para el 25 y 26 de marzo. Según afirmaron, los presidentes de ambas comisiones, José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente, enviaron una nota en la que anticipan que reemplazarán exposiciones presenciales o virtuales por ponencias escritas o videos, una decisión que para la oposición “vulnera” el procedimiento y transforma la audiencia en una reunión meramente informativa.
La diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva sostuvo que esa resolución no se condice con el Reglamento de audiencias públicas ni con el Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar participación amplia, efectiva y no restrictiva. “La enorme participación lo requiere”, afirmó, y advirtió que en ningún punto de la convocatoria se establece la posibilidad de modificar la modalidad de intervención de las personas inscriptas de forma discrecional.
La controversia surge en un contexto inédito: a una semana de abierta la inscripción ya se han registrado más de 40 mil anotaciones, tanto presenciales como virtuales. El número supera cualquier antecedente cercano: en 2018, cuando se realizaron audiencias sobre la legalización del aborto, participaron alrededor de mil expositores entre ambas cámaras a lo largo de varios meses.
Las jornadas están previstas para el miércoles 25 de marzo, en modalidad presencial, y el jueves 26, de manera remota. Ante el volumen de inscriptos, la oposición exigió este martes al presidente de la Cámara, Martín Menem, y a las autoridades de ambas comisiones que amplíen los días destinados a las exposiciones. Desde el oficialismo, en cambio, evitaron confirmar si habrá modificaciones y solo señalaron que intentarán “no ser restrictivos”.
La disputa se agravó luego de que diputados opositores denunciaran que el registro de inscriptos no se encontraba disponible públicamente. Menem terminó publicando el listado el miércoles por la tarde en la página oficial de Diputados.
La reforma a la Ley de Glaciares ya cuenta con media sanción del Senado, que la aprobó a fines de febrero por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. A diferencia de otros proyectos impulsados por el oficialismo con trámite acelerado, como la Modernización Laboral o el Régimen Penal Juvenil, La Libertad Avanza decidió demorar el avance hacia el recinto en este caso, en medio de advertencias sobre una posible judicialización si no se cumple con las audiencias obligatorias previstas tanto en la Ley de Ambiente 25.675 como en el Acuerdo de Escazú.
La iniciativa, promovida por el Poder Ejecutivo a pedido de gobernadores de provincias cordilleranas, propone redefinir qué se considera glaciar y ambiente periglacial, y otorgar a las jurisdicciones el poder de determinar, mediante estudios técnicos, qué áreas deben ser incluidas o retiradas del Inventario Nacional elaborado por el IANIGLA. Para Selva y otros legisladores opositores, la magnitud de la participación ciudadana evidencia la necesidad de ampliar las jornadas y garantizar un proceso sin arbitrariedades.
La Libertad Avanza dio lugar al pedido elevado por Unidos, quienes señalaron que “la modificación de un régimen de presupuestos mínimos ambientales no puede avanzar sin debate técnico”. El cronograma de trabajo legislativo.
Después de que el interbloque Unidos haya exigido una audiencia pública antes del pase a la firma, el oficialismo dio lugar al reclamo y se reordenó el cronograma del tratamiento del proyecto de modificación de la Ley de Glaciares. De todas maneras, será puesto a consideración por la reunión plenaria de Asuntos Constitucionales, y Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente que se llevará a cabo este martes de las 10.
El pedido de audiencia pública fue elevado por el diputado nacional Maximilano Ferraro de la Coalición Cívica, acompañado por diferentes integrantes de Encuentro Federal y Provincias Unidas. En relación al petitorio, invocaron al artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (arts. 2, 19, 20 y 21) y el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566).
“La modificación de un régimen de presupuestos mínimos ambientales (más aún cuando involucra reservas estratégicas de agua) no puede avanzar sin debate técnico, transparencia institucional y respeto por el principio de no regresión ambiental”, había señalado el integrante de Unidos. En el encuentro plenario se avalará la realización de la audiencia pública para el próximo martes 10 desde las 10 hasta las 19.
La nota encabezada por Ferraro fue acompañada con la firma de Nicolás Massot, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Pablo Farías y Juan Brügge.
La Libertad Avanza concedió la posibilidad de la audiencia pública, pero dejará establecido en el plan de trabajo que se avalará este martes que el dictamen se pasará a la firma el miércoles 11 a las 12 en un nuevo plenario entre Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, presidida por el sanjuanino José Peluc, y Asuntos Constitucionales que preside Nicolás Mayoraz.
La semana pasada, la comisión que preside Peluc convocó a una reunión informativa para este martes 3 a primera hora con el fin de debatir la problemática que atravesó la Patagonia durante enero y febrero en materia de incendios forestales. Sin embargo, el encuentro fue suspendido.
El texto impulsado por el Ejecutivo Nacional, que fue aprobado por la Cámara alta el último jueves 26 de febrero por 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención, define el objeto de glaciar y ambiente periglacial y delega “la utilización racional de los recursos naturales existentes en las provincias”, es decir los gobernadores pasarán a tener el control y monitoreo.
También, establece que sobre la base de estudios técnico-científicos, las provincias registren cada zona en el Inventario Nacional de Glaciares, donde quedará definido como ambiente glaciar o periglacial. Pero si la zona analizada no cumple con funciones hídricas, el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) lo podrá quitar del Inventario.
El principal argumento en contra de los opositores y organizaciones ambientales es que cuando esa zona queda fuera del Inventario, queda habilitada la posibilidad de exploración y explotación minera e hidrocarburífera que, como establece este proyecto, queda a consideración de cada provincia.
Tal cual se preveía, el diputado oficialista fue elegido para continuar presidiendo esa comisión en la Cámara baja.
Foto: HCDN
En el marco de la constitución de comisiones de este martes, se eligieron autoridades de Asuntos Constitucionales, una de las que participará del debate de la reforma del Régimen Penal Juvenil, y en la que fue reelecto el oficialista Nicolás Mayoraz.
Lo propuso el presidente del bloque, Gabriel Bornoroni, quien al hacerlo destacó el “rol clave” que tuvo para “garantizar un tratamiento serio y equilibrado de los asuntos puestos a consideración”. Por su parte, Mayoraz valoró el “aprendizaje” que tuvo durante los últimos dos años y dijo estar dispuesto a volcar esa experiencia en la labor.
Recordó las leyes “trascendentes para la vida del país” que se aprobaron durante estos últimos dos años, citando el caso de la Ley Bases y la modificación de las PASO, como así también “muchos debates que no vieron la luz de una aprobación, pero marcaron la discusión legislativa”. Abogó por último realizar el trabajo en un clima de “respeto y escucha de todas las ideas”.
Como sucedió en todas las comisiones de la jornada, Unión por la Patria hizo reserva de la vicepresidencia primera, en tanto que la vice segunda fue para el radicalismo, proponiendo para ese lugar el bloque al correntino Diógenes González.
De las cuatro secretarías que tendrá la comisión, la primera fue para Javier Sánchez Wrba (Pro); la segunda fue para Provincias Unidas, que hizo reserva del nombre, lo mismo que UP para la secretaría cuarta. La secretaría tercera fue para la diputada de LLA Giselle Castelnuovo.
Los miembros de Asuntos Constitucionales
La comisión tiene 35 miembros, 15 de los cuales son del oficialismo: Sabrina Ajmechet, Alejandro Bongiovanni, Adrián Brizuela, Giselle Castelnuovo, Nicolás Emma, Alejandro Fargosi, Alida Ferreyra, María Gabriela Flores, Mercedes Llano, Nicolás Mayoraz, Sebastián Pareja, Marcos Patiño Brizuela, Santiago Pauli, Manuel Quintar y César Treffinger.
Por Unión por la Patria están Ernesto "Pipi" Alí, Lucía Cámpora, Ricardo Daives, Emir Félix, María Teresa García, Diego Giuliano, Juan Grabois, Aldo Leiva, María Graciela Parola, Agustina Lucrecia Propato, Jorge Taiana y Eduardo Félix Valdés.
Por el Pro figuran Emmanuel Bianchetti y Javier Sánchez Wrba; de Provincias Unidas están Juan Fernando Brügge, Pablo Farías y Pablo Juliano.
Además figuran el radical Diógenes Ignacio González y por Innovación Federal la misionera Yamila Ruiz.
La vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, y los diputados nacionales Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio representaron a la Argentina en el encuentro que reunió a líderes políticos y cívicos de más de 35 países. La Cumbre fue organizada por Political Network for Values y tuvo lugar en el Parlamento Europeo.
La Argentina tuvo presencia institucional en la VII Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión, realizada en el Parlamento Europeo, que congregó a 250 líderes políticos, legisladores, magistrados, académicos y referentes cívicos de más de 35 países. El país estuvo representado por la vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, y los diputados nacionales Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio.
El encuentro fue organizado por Political Network for Values (PNfV), junto al grupo parlamentario European Conservatives and Reformists (ECR), con la colaboración de Patriots for Europe (PfE), y reunió a integrantes de los principales espacios conservadores y reformistas de Europa.
La cumbre fue clausurada por el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, junto a Mateusz Morawiecki y Santiago Abascal, presidentes de los partidos ECR y PfE, respectivamente. En ese marco, Kast llamó a construir una alianza internacional para defender la libertad, el sentido común y los valores fundamentales. “Defender la libertad es un acto de coraje y una responsabilidad histórica”, afirmó, al tiempo que advirtió sobre las consecuencias sociales y políticas de debilitar pilares como la familia, la conciencia individual y la democracia.
Durante su intervención, el diputado Nicolás Mayoraz alertó sobre los riesgos de las regulaciones que avanzan sobre el debate público y el rol creciente de las plataformas digitales como moderadoras de contenidos. “La libertad de expresión es un derecho fundamental anterior al Estado. Nuestra responsabilidad como legisladores no es controlar el debate público, sino protegerlo”, sostuvo, y cuestionó el rol de los burócratas en la definición de qué se considera desinformación.
Por su parte, el diputado Santiago Santurio cuestionó el uso del concepto de “discurso de odio” como herramienta para restringir libertades. “Antes se hablaba de libertad de expresión y ahora de discurso de odio. Lo que se pretende es cancelar la posibilidad de decir la verdad, mientras se disputa el control del discurso y la narrativa pública”, señaló.
A su turno, Clara Muzzio vinculó la defensa de la libertad de expresión con la dignidad humana y su experiencia personal como madre de un niño con síndrome de Down. “Tenemos que luchar por la libertad de los padres para amar y cuidar a sus hijos. Creo en la legalidad de la palabra y en la existencia de una verdad objetiva, biológica y científica”, expresó, y sostuvo que el nacimiento de su hijo “no fue un error, sino una expresión de libertad y amor”.
La jornada concluyó con la lectura de una Declaración de 40 jóvenes de 22 países, participantes de la Cumbre, quienes exhortaron a los dirigentes a impulsar una hoja de ruta común en favor de la libertad de expresión y se comprometieron a “vivir en la verdad y optar por la valentía en lugar del silencio”.
Además de los referentes argentinos, participaron eurodiputados de distintos bloques, legisladores nacionales de América, Europa y África, magistrados, periodistas, académicos y representantes de organizaciones internacionales vinculadas a la defensa de la dignidad humana y los valores fundamentales.
Con el recambio legislativo del 10 de diciembre, La Libertad Avanza duplicará su presencia en la Cámara baja y ya inició reuniones para ordenar la tropa. Presentaron a los nuevos secretarios parlamentarios, definieron roles clave y trazaron la estrategia para aprobar las leyes que enviará el Ejecutivo.
En el marco de los preparativos para lo que será la etapa que se inaugurará en el Congreso a partir del 10 de diciembre, el oficialismo trabaja activamente para ordenar su tropa, que más que se duplicará en Diputados, conforme el resultado de las elecciones del 26 de octubre.
En ese sentido los libertarios arrancaron la semana con dos reuniones con los nuevos y viejos integrantes, en la que presentaron, como novedad principal, a los nuevos secretarios Parlamentarios del bloque: Nicolás Mayoraz y Silvana Giudici. Ambos hicieron uso de la palabra, como también lo hizo el reconfirmado titular del bloque La Libertad Avanza, el cordobés Gabriel Bornoroni, con quien conformarán entonces la mesa de conducción de ese bloque oficialista.
Asimismo participó y habló, a modo de despedida, la actual diputada neuquina Nadia Márquez, quien ocupaba hasta ahora la Secretaría Parlamentaria de LLA y que pasa al Senado, donde probablemente ocupe ese mismo lugar, como mano derecha de Patricia Bullrich, futura titular del bloque libertario en la Cámara alta.
Según pudo saberse, el bloque libertario realizó así reuniones que podrían definirse como de “introducción” a la tarea legislativa que les espera a los diputados electos. Los encuentros se desarrollaron en oficinas del Anexo A de la Cámara baja, habida cuenta de que el bloque de LLA no cuenta con una sala de reuniones que pueda albergar a todos los diputados, tema que será resuelto cuando se produzca el recambio legislativo. Hasta ahora, el bloque de 37 diputados se reunía en el Salón Blanco del Palacio Legislativo. A partir del resultado electoral, el oficialismo en Diputados se acercará numéricamente al centenar.
En la reunión habló también el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, quien continuará en ese cargo por el que deberá poner manos a la obra de inmediato, habida cuenta de que la primera actividad del período extraordinario será que esa comisión vuelva a emitir dictamen del Presupuesto 2026, y se abordaron temas reglamentarios, administrativos de y comunicación. En ese marco, se aprovechó para dar capacitaciones a los nuevos integrantes del bloque oficialista, y coincidieron en que el foco de los próximos meses será lograr aprobar las leyes que envíe el Poder Ejecutivo.
Entre los participantes de los encuentros estuvieron los mencionados Gabriel Bornoroni, Silvana Giudici, Nadia Márquez, Bertie Benegas Lynch y Nicolás Mayoraz, como así también Sergio Almirón, Carlos Zapata, y los electos Alejandro Fargosi, Patricia Holzman, Karen Reichardt, Sebastián Pareja, Gladys Humenuk, Alejandro Carrancio, Johana Longo, Sergio “Tronco” Figliuolo, Giselle Castelnuovo, Álvaro García, Joaquín Ojeda, Luisa González Estevarena, Hernán Urien, Andrea Vera, Agustín Pellegrini y Yamile Tomassoni.
También estuvieron Juan Pablo Montenegro, Valentina Ravera, Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Brizuela, Virginia Gallardo, Atilio Basualdo, Diego Hartfield, Maura Gruber, Rosario Goitía, Guillermo Agüero, Abel Chiconi, Mónica Becerra, Carlos Almena, Adrián Ravier, Gastón Riesco, Soledad Mondaca, Gino Visconti y Miguel Rodríguez.
El diputado Estada está acusado por los delitos de intimidación pública en Salta y por llevar adelante supuestas campañas de fake news en referencia al narcotráfico acusando a funcionarios provinciales.
Clima caliente en la Comisión de Asuntos Constituciones de Diputados, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz, que se reunió este miércoles para iniciar el debate por el pedido de desafuero del diputado Emiliano Estrada, quien no se hizo presente a la misma, y desde su bloque de Unión por la Patria denunciaron que se trata de “persecución política”.
Mayoraz procedió a leer que el temario central eran los oficios remitidos por el Juzgado Federal de Garantías N° 2 de la provincia de Salta, en el marco de la causa “Estrada, Emiliano Rafael s/ peculado de servicios y otros” en la causa por fakes news y malversación de fondos. Según el documento oficial, el tribunal elevó un pedido formal de desafuero contra el diputado nacional salteño.
“El diputado fue invitado a la reunión, pero no asistió”, explicó el libertario y precisó que no hay un procedimiento reglamentado de la Ley 25.320 que tiene 25 años de vigencia, conversaron con los bloques en base a la experiencia de otros casos presentados y propusieron: “Cumplir con lo que dice la ley y por eso tenemos que hacer un llamado a indagatoria que no existe como tal en el Código Procesal Penal, sino que es una audiencia formal de imputación y establece que deben remitirse todos los antecedentes por escrito”.
El titular de la comisión informó que Estada envió una nota explicando la situación procesal actual y que “la resolución no está firme y hay un planteo de competencia positivo entre la justicia de capital y la justicia federal de Salta”. Además, propuso en nombre del diputado Fernando Brügge estipular un plazo para que Estada haga su descargo y su derecho de defensa en este proceso y luego la comisión emitir el dictamen.
Mayoraz precisó que el deber de pronunciarse de la comisión es de 60 días y al pleno de la Cámara son 180 días. “Me enteré que hay un recurso concedido y la acusación no está firme por lo que la comisión debe resolver si corresponde el tratamiento en un dictamen”, aclaró.
De forma inmediata, el diputado Eduardo Valdes planteó que “estamos hablando de algo que no está firme. De un pedido de desafuero que no está firme. ¿Qué estamos tratando entonces?”. Seguidamente, tomó la palabra el diputado Rodolfo Tailhade quien remarcó que “la comisión hoy no tiene un pedido de desafuero vigente. No está firme, está suspendido. La convocatoria a un pedido de desafuero es engañosa”.
“Desde el 16 de julio en la comisión está el oficio que no está activo el pedido de desafuero. Hay constancias en el expediente de que hay un conflicto de competencias entre la justicia de Salta y la de capital federal. La misma gente que se quiere cargar al diputado Estada hizo la denuncia acá. La situación procesal está indefinida, por ende, no hay razones para estar hoy discutiendo esta cuestión”, denunció.
Pidió la palabra el diputado formoseño Fernando Carbajal quien reconoció que el tema “es complejo” y consideró que “el pedido de desafuero, hasta un punto, es innecesario e incomprensible”.
“Yo entiendo el show, pero acá no hay ninguna imputación por lo tanto no corresponde nada. No hay pedido de desafuero porque el mismo juez federal mandó el oficio… entiendo la cuestión electoral”, chicaneó entre gritos Valdés.
Quien elevó el termómetro del debate fue la diputada nacional de Innovación Federal por Salta Pamela Calletti quien se sacó hoy de quicio contra legisladores kirchneristas que rechazaron el pedido de desafuero: “Por más que el diputado mienta y haga supuestas denuncias y meta chicanas jurídicas improcedentes con el solo fin de evadir la justicia la única verdad es la realidad”.
“El desafuero es por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes del funcionario público y peculado de servicio. El pedido fue por un juez federal a requerimiento de un fiscal federal porque dos personas ex empleados de la Cámara confesaron que eran empleados del Congreso y del diputado Estrada y dijeron que recibieron órdenes ilegales para abrir cuentas falsas para realizar y publicar videos para atacar, desprestigiar, divulgar mentiras sobre el gobernador de Salta”, informó Calletti.
“Los fueros de los legisladores no son privilegios personales para burlar la justicia ni delinquir. El desafuero es para la AFI”, aclaró la salteña tras un cruce entre gritos con Germán Martínez quien no la dejaba hablar.
De forma breve, la diputada de UP Sabrina Selva sostuvo que “Estrada es una clara víctima de persecución política. Esto es un show que vinieron a hacer porque el pedido de desafuero no está firme”.
Minutos después, Calletti volvió a tomar la palabra y, mientras trataba de expresarse, lanzó entre gritos: “¡Diputado, yo lo escuché, así que sea respetuoso!”, contra Tailhade mientras éste último intentaba interrumpirla diciendo que “cada palabra que dijo Calletti es un pasaporte al sobreseimiento del diputado Estrada".
"¡Le pido por favor que sea respetuoso porque yo lo escuché callada! Yo lo escuché callada. ¡Usted dice una mentira tras otra entura y tengo que soportarlo!”, continuó Calletti, con el semblante desfigurado por la ira.
Al ver que Tailhade no desistía y continuaba contestándole, la salteña volvió a explotar: “¡No sea machirulo diputado!". Cuatro veces repitió la acusación de “machirulo”, y recién cesó en su catarsis emocional cuando el presidente de la comisión puso orden en la sala.
“Ella señala como la gran responsabilidad las difamaciones al gobernador, a un gobierno (de Sáenz) que tiene complicidad notoria con el narcotráfico. Lo persiguen por cómo opina del gobernador y del gobierno (salteño)”, señaló Tailhade.
El diputado kirchnerista recordó que el artículo 68 de la Constitución señala que ninguno de los miembros del Congreso nacional puede ser siquiera “molestado” por sus opiniones durante su mandato, por lo que no dudó en señalar una maniobra de “persecución” contra Estrada en el marco de la campaña electoral, teniendo en cuenta que el legislador camporista es candidato a renovar su banca. “Esto lo hacen por la campaña porque van terceros y cómodos”, esgrimió Tailhade.
“Si Estrada dice que el gobernador es narcotraficante, violador o lo que sea, no le pueden hacer nada. Y sino cambien la Constitución, que dice que no puede ser molestado por lo que dice”, insistió.
Tailhade también se cruzó con la libertaria Juliana Santillán, a quien acusó de “burra” y le pidió que mostrara su título universitario si quería demostrar que tenía estudios superiores.
A su turno, su par de bancada Juan Marino coincidió en que la intención de un sector ligado al gobernador Sáenz era “perseguir” a Estrada, y advirtió que detrás de ese “circo” y de ese “show” se estaba “banalizando la discusión sobre los fueros de un diputado nacional”.
“Cuando se le quieren quitar los fueros intentan callar a cada diputado de esta cámara. Nosotros no podemos aceptarlo”, apuntó. “Estamos usando figuras del Código Penal para encubrir una persecución. ¡Háganse cargo de eso!”, enfatizó, y recordó que Estrada hizo denuncias sobre la complicidad con el narcotráfico del Gobierno provincial.
Sobre el final del debate, el presidente del bloque UP, Germán Martínez, puso algunos casos concretos de “cosas que pueden pasar cuando uno ejercita la representación popular y la voz de cada uno de nosotros incomoda al poder de turno. El incomodar podrá desnudar cosas que tienen que ver con el poder económico”.
“Creo que hay que tomarse muy en serio lo que hacemos o decimos aquí para el ataque político. Y para el ataque político continuado de la persecución policial -dijo-. ¿Quiénes se sienten después fortalecidos después de este debate entre nosotros? Los poderes permanentes, los servicios de inteligencia que están lamentablemente empezando a tener una penetración cada vez más profunda, están proliferando servicios en todo el territorio nacional”.
Martínez sostuvo que en vísperas de elecciones llevan al debate cuestiones donde “tratamos de sacar un punto más”. Y mientras tanto, dijo, “los jueces de nuestras provincias se nos cagan de risa. Por lo tanto, no crea que esto que le está pasando a Emiliano Estrada es una casualidad, le podría estar pasando a cualquiera de los que estamos acá, porque nadie es oficialismo eternamente”.
“Hay momentos donde vos perdés el poder y todos aquellos que te decían que eras alto, rubio y de ojos celestes están primeros en la fila para perseguirte políticamente”, señaló y concluyó señalándole a Nicolás Mayoraz que “no hay motivo para que nosotros sigamos con esto. Si lo hace, es por una exclusiva complicidad con el bloque oficialista (…) Debemos terminar esta reunión definitivamente, no prestar este circo. No es una cuestión de casta, es una cuestión de ejercer la representación popular”.
Antes de dar por terminada la reunión, el presidente de Asuntos Constitucionales dijo que “vamos a darnos un plazo, hay cuestiones políticas y jurídicas”, y se mostró dispuesto a modificar la Ley de Fueros. Hay muchos proyectos presentados, esto ameritaría para cambiar esta ley”.
A propósito del caso Espert, se puso sobre la mesa el pedido de desafuero del diputado salteño Emiliano Estrada por parte de la justicia de su provincia. El cruce con el oficialismo derivó en la convocatoria a una reunión de la comisión para el próximo 15 de octubre.
Entre tantas reuniones de comisión convocadas para la próxima semana durante la sesión de Diputados, hubo una que surgió sobre la marcha y quedó fuera del radar, al no formar parte del menú previsto por la oposición que convocó a la sesión de Diputados. Una que tendrá como protagonista a un diputado nacional, el salteño Emiliano Estrada, cuya situación judicial quedó expuesta en el transcurso de la sesión, cuando desde la oposición embestían contra el libertario José Luis Espert y desde la izquierda insistían con su exclusión del cuerpo. “El señor diputado Estrada tiene una condena en la Justicia federal de Salta y sería bueno que también lo abordemos en el momento en que abordemos este nuevo pedido”, planteó la diputada del Pro Silvana Giudici.
Lo cual fue rechazado por el propio legislador camporista: “Yo no tengo ninguna condena”, aclaró el legislador, que atribuyó su imputación a la justicia provincial.
Giudici planteó que hay un pedido de desafuero en la Cámara baja desde el 17 de junio pasado. Fue el disparador de que ya durante la noche y luego de que el Cuerpo decidiera dar vía libre al juez de San Isidro que envió un oficio a la Cámara sobre el caso Espert, Silvia Lospennato reclamara tratar ese tema: “Realmente me llama la atención que este pedido esté hace tantos meses en la Cámara y que no se haya tratado”, advirtió la diputada del Pro, que planteó la necesidad de actuar con la misma celeridad que lo habían hecho con Espert.
Ante ello, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, recogió el guante y propuso constituir la Cámara en comisión para tratar en ese mismo momento el caso, de la misma manera que acababan de hacer con Espert. Terció entonces otro diputado camporista, Rodolfo Tailhade, que aclaró que en Salta rige el Código Procesal Penal Federal y Estrada no se había ausentado a ninguna indagatoria. Solo había habido una citación a una “audiencia imputativa”, que según el nuevo código constituye el momento de la presentación de cargos. Y justificó la ausencia de Estrada a la audiencia en que había hecho planteos de incompetencia del juez que estaba pidiendo el desafuero por la ausencia de la audiencia imputativa. Audiencia que no está firme, afirmó, remarcando que tampoco está firme la competencia del tribunal salteño que está pidiendo el desafuero del diputado Estrada, quien a su vez llegó hasta Casación.
Tras un largo debate en el que volvió a colarse el caso Espert, Mayoraz insistió en referirse a la causa penal caratulada “Estrada, Emiliano Rafael sobre peculado de servicios y otros”, planteando dos alternativas: una tratarlo ahí mismo o resolverlo, y la otra citarlo a una reunión de comisión con los expedientes judiciales solicitados.
“Por lo tanto, anticipo que, si no se trata ahora la cuestión, voy a convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar este tema el próximo miércoles 15 de octubre a las 14 horas, previo requerir al Juzgado la remisión en copia del expediente, invitando al imputado, el diputado Estrada, para que concurra y ejerza su derecho de defensa”, expresó Mayoraz, que terminó citando públicamente a la comisión que él preside para el 15/10, haciendo las notificaciones pertinentes.
La Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes avanzó este lunes con el cronograma previsto en el concurso público que definirá al próximo titular del organismo. En esta instancia, y tras la ponderación final realizada por la Comisión Bicameral, se arribó a la elección de una candidata y dos adjuntos para que pueda ser tratada en ambas cámaras.
No fue una reunión tranquila; por el contrario, hubo dificultades para acordar, fuertes cuestionamientos y reproches, pero al cabo de la reunión de la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se aprobó el orden de mérito final del concurso para la elección del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Fue así que la Bicameral que preside la diputada radical Natalia Sarapura propuso la designación de María Paz Bertero como defensora, Eduardo Matías Robledo como defensor adjunto y Héctor Iván Vito como defensor adjunto en segundo orden.
La propuesta de los postulantes fue respaldada por siete miembros de la Bicameral, luego de una moción realizada por el senador peronista Daniel Bensusan. La terna elegida será elevada al plenario de ambas cámaras para su tratamiento.
Desde el oficialismo, el diputado oficialista Nicolas Mayoraz votó en contra de la postulación, argumentando que “no hubo transparencia en el examen escrito” y que encontró “muchísimas irregularidades” en el proceso evaluatorio. Esas críticas ya habían sido publicadas por este medio durante el fin de semana. El diputado santafesino dijo haber observado “una falta de paridad de criterio en la evaluación de preguntas, lo cual marca la discrecionalidad en el examen”, dijo Mayoraz. “Lo otro grave es que muchos exámenes tenían errores de puntuación”, aseveró.
Al comienzo de la reunión, la jujeña Natalia Sarapura había puesto en valor “el esfuerzo que hemos hecho todos, no sólo legisladores y organizaciones, sino todo el equipo de trabajo en la elección del Defensor”. Ante los cuestionamientos de su par Mayoraz, le atribuyó la intención de “generar confusión para ensuciar los procesos”.
Luego de que Bensusan pidiera votar por primera vez, sobrevinieron los nuevos cuestionamientos de Mayoraz. Hubo en definitiva tres intentos para votar, que no alcanzaron los votos.
Finalmente la diputada María Sotolano (Pro) hizo un pedido un cuarto intermedio, pues no se ponían de acuerdo en la votación. Al tomar la palabra consideró que se trató de “un proceso difícil en los consensos”. “Hoy llegamos intentando que sea una construcción colectiva, lo que no se puede hacer es ensuciar este proceso, que costó muchísimo y estuvo a la altura de concursos de alto nivel”, manifestó. “Lo que tenemos que poner adelante en la agenda de la Bicameral es la agenda de la niñez”, agregó. “Si no pudimos llegar a un acuerdo en este momento, solicito un cuarto intermedio”, pidió, cosa que apoyó Mayoraz, para volver a reunirse sobre el final de esta semana.
UP no aceptó el pedido de cuarto intermedio y a través de Daniel Bensusan hizo una nueva propuesta a la terna que a la postre sería la ganadora, que era una síntesis de anteriores propuestas. Y esta propuesta sí alcanzó los siete votos necesarios para consagrar a esa terna. Incluidos los de Sarapura y Sotolano,
Ese voto de la diputada del Pro generó la indignación de Mayoraz, que se lo recriminó ampulosamente, ante las explicaciones de María Sotolano. El diputado de LLA y la senadora oficialista Vilma Bedia y su par del Pro Andrea Cristina se habían abstenido de votar.
Luego de una prolongada intervención de la diputada radical Karina Banfi, que celebró que finalmente se cumpliera ese trámite, volvió a intervenir Nicolás Mayoraz, para expresar su enojo: “Realmente aquí no hubo transparencia en los exámenes escritos”, habló de “muchísimas irregularidades”, afirmando que había exámenes que les faltaban la firma del legislador que había corregido, denunció “discrecionalidad en el examen” y aseguró que “muchos exámenes tenían errores de puntuación”.
“Aquí faltó transparencia y hubo irregularidades en el examen”, insistió.
La reunión concluyó con la lectura de Natalia Sarapura de los integrantes de la terna que habían sido aprobados para ser finalmente votados por las cámaras. Al cabo, Mayoraz volvió a tomar la palabra para recordar que en el inicio del proceso había anticipado que Bertero sería la persona consagrada. “Lo dije hace dos semanas, miren ustedes si no estaba ya puesto de antemano el nombre del que iba a ser el defensor... Por eso yo voy en contra de esto que para mí terminó siendo un verdadero circo y un manoseo a todos los que participaron en el examen”.
El procedimiento ha despertado cuestionamientos por parte de legisladores y participantes del concurso. Denuncian falta de transparencia, posibles conflictos de interés y criterios de evaluación ideologizados, en un cargo clave para la protección de los derechos de la infancia.
El cargo de Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes es una figura institucional independiente, con rango constitucional, cuya misión es proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. Tiene la facultad de exigir políticas públicas, iniciar acciones judiciales y señalar omisiones del Estado. Por su relevancia, se espera que su designación esté por encima de acuerdos partidarios.
Sin embargo, el actual proceso de selección ha sido objeto de múltiples cuestionamientos por parte de legisladores y participantes del concurso, quienes advierten sobre presuntas irregularidades que, según sus planteos, comprometerían la transparencia del procedimiento.
Durante la reunión de la Comisión Bicameral encargada del concurso, el diputado Nicolás Mayoraz expresó su preocupación por la falta de publicación de los exámenes y sus correcciones, lo que —según señaló— impidió a los concursantes conocer cómo fueron evaluados y solicitar revisiones. También indicó que hasta el momento no se han difundido las calificaciones ni el orden de mérito.
Mayoraz agregó que tampoco se han hecho públicos los currículums vitae de los postulantes, lo que —a su entender— impide verificar si cumplen con los requisitos de idoneidad para el cargo. Esta inquietud fue compartida por algunos concursantes durante las audiencias y en comunicaciones enviadas a la Bicameral, que respondió que debía respetarse la ley de protección de datos personales. Para los críticos, este criterio entra en tensión con los principios de transparencia e igualdad de oportunidades que deberían regir el proceso.
Audiencias públicas y criterios de evaluación
Otro punto señalado por fuentes críticas fue la falta de difusión de las preguntas enviadas por las asociaciones para las audiencias públicas. Además, se cuestionó que los interrogatorios a los postulantes habrían sido dispares, con criterios que —según estas voces— podrían reflejar prejuicios ideológicos. Por ejemplo, se habría requerido a candidatos con antecedentes en defensa de la vida por nacer que se pronunciaran sobre la ley de aborto, mientras que a quienes manifestaban posturas favorables a dicha ley no se les habría planteado el mismo requerimiento.
Estas fuentes advierten que, de confirmarse tales prácticas, se estaría favoreciendo a candidatos que no representarían a todos los niños, incluyendo aquellos por nacer, lo que —según sostienen— constituiría una contradicción con el espíritu del cargo.
Durante la misma reunión, Mayoraz también mencionó un posible conflicto de intereses: la participación de Nora Pulido, integrante del Consejo Asesor Técnico, cuya hija María Colombo se desempeña en la actual Defensoría. Según el diputado, seis concursantes pertenecen a esa dependencia, y tres de ellos habrían obtenido puntajes altos. Para los críticos, esta situación debería ser aclarada por la Bicameral y podría ameritar la revisión de las postulaciones involucradas.
Llamado a garantizar transparencia
Desde los sectores que han planteado estas objeciones se insiste en que el cargo de Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes no debe convertirse en un espacio de reparto político ni de reubicación de asesores. Advierten que, de no garantizarse un proceso transparente, la institución perdería autoridad moral y política.
En ese marco, se exhorta a los miembros de la Bicameral a priorizar el interés superior de los niños por sobre cualquier interés partidario, recordando que el futuro de millones de niños que enfrentan pobreza, violencia y exclusión depende de una representación genuina y comprometida.
Quedará sin efecto la reunión conjunta de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento convocada finalmente para este miércoles. La oposición forzará así una fecha para dictaminar.
Después de varios pedidos de la presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento para armar un plenario con Asuntos Constitucionales a fin de debatir la creación de una comisión investigadora sobre las muertes por fentanilo contaminado, finalmente Nicolás Mayoraz atendió el reclamo y convocó para hacer una reunión conjunta el miércoles próximo a las 14.
Cabe tener en cuenta que para cuando la reunión apareció el viernes pasado en la agenda de esta semana ya se sabía que la oposición pediría una sesión especial para este miércoles y que incluiría en la misma un emplazamiento al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales para llamar a sesionar y dictaminar.
La sesión se pidió el viernes y se oficializó este lunes, pero el plenario del miércoles a las 14, en la Sala 1 del Anexo de Diputados se mantiene. Aunque obviamente se levantará una vez que la sesión del miércoles tenga quórum -de lo que nadie duda-, o quizá antes.
Los propios legisladores de la oposición prefieren a estas alturas ir por el emplazamiento, que votarán durante la sesión, ya que el mismo establece fecha para el plenario, pero también para dictaminar, cosa que un plenario sin presión no lo hubiera establecido.
En definitiva, todo indica que terminará prevaleciendo este miércoles el emplazamiento al presidente de Asuntos Constitucionales para reunir un plenario con Peticiones, a los efectos de tratar los distintos proyectos que prevén la creación de una comisión investigadora sobre la tragedia sanitaria que registra alrededor de un centenar de muertos. Peticiones, Poderes y Reglamento, la comisión que preside Silvia Lospennato, se reunió ya en dos oportunidades para avanzar con este tema.
La primera de las iniciativas presentadas en mayo pasado fue de Silvana Giudici, bullrichista aliada de La Libertad Avanza. Cuando el proyecto se presentó no contaba con giro a Asuntos Constitucionales, pero por decisión de Martín Menem, presidente de la Cámara baja, se amplió y se le asignó la primera competencia. Es decir, dejó en manos del oficialismo la cabecera.
La ampliación del giro también fue para el proyecto de Jorge Araujo Hernández (Unión por la Patria), quien plantea una subcomisión dentro de la Comisión de Acción Social y Salud Pública; y para el de Pablo Juliano (Democracia para Siempre), que coincide en algunos aspectos con el de Giudici.
Más tarde se sumaron iniciativas de Christian Castillo (Frente de Izquierda) y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), quien propone una bicameral.
“Hoy no vamos a poder emitir dictamen, pero sí vamos a agotar el análisis de este tema y elevar un informe. Luego dependerá de la Comisión de Asuntos Constitucionales convocar para dictaminar", dijo Lospennato en la última reunión de Peticiones.
A través de una nota le reclamaron al diputado Nicolás Mayoraz que llame a un plenario de Asuntos Constitucionales y Peticiones para avanzar con la creación de una comisión investigadora del caso.
Familiares de víctimas del fentanilo contaminado le reclamaron este lunes al diputado oficialista, Nicolás Mayoraz, que convoque a la comisión que preside, la de Asuntos Constitucionales, a fin de que en un plenario junto a Peticiones, Poderes y Reglamento pueda dictaminar un proyecto para crear una comisión investigadora del caso.
Tras dos reuniones informativas de la Comisión de Peticiones, a cargo de la macrista Silvia Lospennato, los familiares pidieron no dilatar más el trámite parlamentario.
"Nos dirigimos a usted en representación de las familias víctimas del fentanilo adulterado, con el propósito de solicitar su intervención para agilizar la convocatoria al plenario conjunto de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que usted preside, y la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, para avanzar con el dictamen de creación de la Comisión Investigadora del fentanilo adulterado", arranca la misiva.
En la misma recordaron que "el proyecto fue derivado tanto a la Comisión de Asuntos Constitucionales como a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Se esperaba que la presidencia de la Cámara autorizara el cambio de giro para devolver la cabecera del proyecto a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, pero hasta la fecha se han presentado interferencias que han dificultado este camino".
Los familiares destacaron que Lospennato "convocó a una primera reunión de esta Comisión ante la urgencia del tema; allí planteó que iba a hablar con usted para realizar un plenario conjunto de ambas comisiones para poder dictaminar, ya que pese al reclamo y a la solicitud de que la cabecera volviera a la comisión, esto no había ocurrido". "Sin embargo, usted no convocó y la reunión del pasado 4 de septiembre fue solo de la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento, con lo cual no pudo lograrse dictamen para llevar prontamente al recinto", señalaron.
"Dado que la ausencia de convocatoria de la Comisión que usted preside retrasa la creación de la Comisión Investigadora al menos 20 días, y considerando que el proyecto corre el riesgo de diluirse en diciembre con el cambio de composición en la Cámara, solicitamos su colaboración urgente para: convocar a plenario de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento a la brevedad", pidieron.
También le solicitaron "garantizar que en ese plenario se pueda dictaminar la aprobación de la Comisión Investigadora sobre el fentanilo adulterado" y "asegurar que la convocatoria se realice la semana siguiente, evitando demoras que puedan afectar la investigación y justicia para las familias afectadas".
"Confiamos en su compromiso con la transparencia, la justicia y la protección de la sociedad frente a la tragedia del fentanilo adulterado, y le agradecemos de antemano su colaboración para avanzar de manera urgente en este asunto de máxima prioridad", concluyeron.
Diputados de distintos bloques debatieron la creación de una comisión especial para esclarecer los hechos vinculados a la aplicación de fentanilo adulterado en el sistema de salud. Familiares de víctimas, referentes del Congreso y legisladores coincidieron en la urgencia de avanzar con la investigación.
La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, presidida por Silvia Lospennato (Pro), retomó el análisis de los proyectos que proponen la conformación de una Comisión Especial Investigadora sobre la comercialización y uso de fentanilo contaminado en instituciones sanitarias.
Durante la reunión hubo fuertes críticas a la postura del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, que sigue sin convocar a su comisión para poder avanzar con el dictamen. Esto viene sucediendo desde la semana pasada, siendo la excusa que Mayoraz es miembro de la Convención Constituyente en Santa Fe, y esas tareas lo obligan a permanecer allí. Pero todos dejaron claro que es la excusa del oficialismo para evitar avanzar con la comisión.
De hecho, la propia Lospennato reconoció que su comisión debería ser la cabecera y no Asuntos Constitucionales, como se le asignó desde la Presidencia de la Cámara.
“Hoy no vamos a poder emitir dictamen, pero sí vamos a agotar el análisis de este tema y elevar un informe. Luego dependerá de la Comisión de Asuntos Constitucionales convocar para dictaminar”, explicó Lospennato al inicio del encuentro. “Le hemos enviado tres notas al diputado Mayoraz”, señaló la diputada del Pro para ratificar de quién era la responsabilidad de no poder dictaminar. “No quiero hacerme cargo de algo que no tengo que hacerme cargo”, aclaró.
La comisión ya había recibido a familiares de las víctimas, quienes respaldaron la iniciativa mediante una carta en la que reclamaron “compromiso y acción inmediata” ante la gravedad del caso.
Como sea, todos coincidieron en que tendrán que terminar emplazando a Asuntos Constitucionales para poder dictaminar.
Se debatió mucho sobre los proyectos para crear la comisión investigadora. Y como todo indica que habría dos textos, Lospennato calculó que no habría mayor trabajo en consensuar un solo proyecto, ya que las diferencias no eran insalvables.
Sobre la comisión investigadora que se crearía, Juan Manuel López (CC) dijo que le parecía mucho para una comisión investigadora 31 miembros. Pero luego de la experiencia de la Comisión de Juicio Político, que trabajó todo 2023 con el juicio a la Corte Suprema, revirtió su pensamiento, concluyendo que se puede trabajar muy bien con esa cantidad de legisladores.
Durante el debate, el diputado Fabio Quetglas (UCR) recordó que el tema salió a la luz gracias a una investigación periodística que reveló “una verdadera tragedia humana con responsables”. “El número de víctimas no está determinado con exactitud, pero es agraviante”, advirtió.
Por su parte, María Luján Rey, directora del Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara baja, destacó la importancia de que las víctimas tengan representación en el tratamiento legislativo de estos temas. “Podemos ser un puente con las familias, que muchas veces quieren impulsar proyectos para evitar que estas situaciones se repitan”, señaló.
Desde el Frente de Izquierda, Christian Castillo expresó que “todos queremos investigar algo de enorme gravedad” y subrayó el interés de los familiares en que se llegue “hasta el final” en la búsqueda de responsabilidades.
Victoria Tolosa Paz (UP) remarcó que, ante la diversidad de proyectos presentados, se trabajó en una síntesis para dar una respuesta concreta. “El 8 de abril se aplicó la primera ampolla en el Hospital Italiano de La Plata. El 13 de mayo ANMAT denunció el contenido adulterado. Ya pasaron meses. Necesitamos avanzar”, reclamó.
También se pronunció Silvana Giudici (Pro), autora de otro proyecto, quien detalló los delitos que podrían imputarse a los 17 acusados: producción, distribución y comercialización de medicamentos adulterados; tráfico de estupefacientes; y falsificación de pruebas. “El mayor aporte que podemos hacer es generar una comisión que dé respuestas a los familiares sin entorpecer la causa penal”, concluyó.
Diputados del bloque opositor reclaman el urgente tratamiento del expediente que permitiría destrabar la Comisión Investigadora. Acusan al oficialismo de bloquear su funcionamiento con maniobras reglamentarias y advierten sobre la gravedad institucional del caso.
Desde Unión por la Patria insisten con activar la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, luego de que en la última sesión el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, no permitiera emplazar a las comisiones para tratar una resolución que busca destrabar su funcionamiento.
El expediente que pretendían emplazar tiene giros a la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Nicolás Mayoraz y a la Comisión de Peticiones Poderes y Reglamento que preside Silvia Lospennato, del Pro. Por eso, los diputados de UP Sabrina Selva, Mónica Litza y Juan Marino, como integrantes de la Comisión de Asuntos que es cabecera del expediente, presentaron una nota al diputado libertario Nicolás Mayoraz, para que, en virtud del artículo 109 del Reglamento, convoque de manera urgente a la comisión para abordar y dictaminar el expediente que destrabaría la elección de autoridades de la Comisión Investigadora, poniendo fin a su juicio a las dilaciones y artilugios reglamentarios.
“Se nota mucho que quieren seguir bloqueando el tema, pero vamos a agotar todas las instancias para que se pongan a trabajar y abran las comisiones que presiden”, expresó la diputada Selva, quien fue propuesta por la oposición para presidir dicha comisión.
En la nota presentada a Mayoraz, le detallan las razones por las que debería convocar a las comisiones, en virtud de la necesidad de “garantizar el cumplimiento de los fines para los cuales fue creada la Comisión Investigadora por la estafa $LIBRA, garantizando su normal funcionamiento, sin interferencias ni bloqueos”.
“La resonancia política y judicial no solo a nivel nacional sino internacional que reviste el hecho de que el presidente Javier Milei haya promovido una criptomoneda que derivó en un escándalo, requiere de una mayor celeridad y seriedad por parte de esta honorable Cámara, sin más dilaciones ni artilugios reglamentarios”, le indican Selva, Marino y Litza, por lo cual solicitan que el expediente reciba tratamiento “urgente y preferente despacho”.
La agenda se alzó con una mayoría de ocho votos. El bloque oficialista no acompañó el mismo tras denunciar "falta de transparencia", una "mala interpretación del reglamento" y un "tratamiento exprés poco creíble". Por otro lado, fijaron una fecha para convocar a organizaciones y defensores.
Con un clima caliente y picantes discusiones, se llevó a cabo la cuarta reunión de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que preside la diputada Natalia Sarapura (UCR), en la cual se logró aprobar por mayoría un cronograma de trabajo de cara a la designación de un nuevo Defensor, cargo acéfalo tras la salida de Marisa Graham.
“Este procedimiento se encuentra definido en la Ley 26.061 y en la resolución 14 del Reglamento interno que la comisión ya discutió”, aclaró Sarapura y destacó que el cronograma es “con las mayores expresiones de consenso y preocupación porque hay que garantizar que el concurso sea aplicado con la mayor eficiencia y con el ajuste al reglamento”.
Sarapura afirmó: “Hemos construido procesos de acuerdo, de análisis, y de aplicación del Reglamento en una vocación colectiva que supere las cuestiones partidarias, y ponga sobre la mesa la realización de un concurso que sea ajustado al Reglamento y a la necesidad de tener, de la manera más eficiente y rápida, un defensor en el marco de la Ley 26.061”. El cronograma que se aprobó por mayoría establece:
El artículo del reglamento que desató el debate acalorado
Por las fechas para la publicación del listado de admitidos y no admitidos del 4/07 y 5/7, el diputado libertario Nicolás Mayoraz hizo una observación: “4 de julio es jueves, por lo que la recepción debería ser el 8 de julio, no el 7 porque no es 4 y 5, es 4 y 7 de julio”. El santafecino hizo hincapié en que debían ser dos días hábiles y planteó que la recepción de impugnaciones debería ser del 8 al 22 de julio”. La presidenta de la comisión le aclaró que el Reglamento en el artículo 7 establece dentro de los dos días hábiles posteriores. “Proponemos hacerlo el 4”, retrucó.
Mayoraz redobló la apuesta y remarcó que “el Reglamento dice que se hace dentro de los dos días, esto quiere decir que no hay un plazo de gracia. El día 7 termina ese día, usted no puede reducir los plazos, esa opción es del interesado no de la comisión”.
La diputada radical procedió a leer textual el artículo 7: “Listado de postulantes y publicación dentro de los dos días posteriores al cierre de la inscripción. La Comisión Bicameral deberá confeccionar la lista de postulantes admitidos y no admitidos, dejando debida constancia de los motivos de la exclusión. Este plazo puede ser prorrogado por única vez por el mismo término cuando las razones debidamente fundadas lo requieren. El historial de los postulantes admitidos junto con sus reseñas personales resumidas, tal como figura en el formulario de inscripción, debe ser publicado en el sitio web de ambas cámaras del congreso se refiere a dos días”.
Lejos de conformarse, Mayoraz volvió a plantear: “De ser publicados dos días. Estamos hablando de la publicidad. La publicidad es un acto fundamental, es decir, saber quién fue admitido y quién no fue admitido no puede ser un solo día de publicación, debe ser dos días de publicación”.
En ese momento, se metió en la discusión la senadora Stefanía Cora (Unidad Ciudadana) y remarcó: “Este trabajo es el esfuerzo de distintos asesores de legisladores de distintos partidos políticos que fueron y fuimos construyendo un consenso y un acuerdo apegado, siempre, al Reglamento que es nuestra principal responsabilidad”.
“Me parece que eso es importante dejarlo en claro para poder avanzar, porque todas las opiniones son claramente válidas en esta Bicameral, pero entiendo que lo que acá se presentó es resultado de un consenso y de un trabajo de todas las fuerzas que tenemos voluntad de que más temprano que tarde tengamos un defensor nombrado por el proceso que ordena sujeto a reglamento esta Bicameral”, expresó.
El diputado libertario continuó con su postura sobre la fecha y explicó: “Los plazos son siempre hábiles, la regla es plazo hábil, la excepción es plazo corrido. Si no dice nada es plazo hábil. El plazo siempre es hábil. Acá se aplica el derecho administrativo, no se aplica cualquier cosa. En el derecho administrativo los plazos siempre se computan en días hábiles. Entonces esto de que si no dice que es hábil y yo puedo hacer otra cosa, no. Siempre que el Reglamento no dice ‘hábil’ se considera que es hábil”.
“Le reafirmo que lo que dice este artículo es dentro de los dos días, o sea estipula la publicación en ese periodo”, le contestó Sarapura y siguió: “Este es un proceso de construcción de distintos ámbitos, por un lado, con asesores y, por otro lado, de una reunión informal que tuvimos. Es fundamental tener una vocación del respeto de tener un avance en la elección de un defensor en el marco de la ley, pero también construir los mayores consensos”.
Volvió a retomar la palabra Mayoraz, esta vez para quejarse por “reuniones reservadas, organizadas a las apuradas de la noche a la mañana”. “No me parece la mejor forma de trabajar”, cuestionó, al tiempo que planteó que “hubo diferencias entre los bloques en cuanto a cómo se aplicaba el Reglamento y cuáles eran los mejores plazos para aplicar”.
Así acusó: “Que ustedes hayan arribado a un aparente acuerdo hoy en una reunión mantenida a las 11 de la mañana para mí, lejos de darle claridad a esto, se la quita”, y reclamó la presencia de organizaciones porque “aquí no hay ni transparencia ni claridad. No ha habido ninguna consulta a las organizaciones”.
“Se está obviando en esto y se está cometiendo un error o se estaría cometiendo si lo resuelven que es de tomar una decisión trascendente, sin escuchar a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en los derechos de la niñez. Es muy grave porque si nosotros tenemos que definir qué perfil de defensor queremos y cómo valoramos y evaluamos la experiencia de estos cinco años en la que, por primera vez, tuvimos un defensor del niño, eso debe hacerse escuchando a las organizaciones y no a las apuradas”, reiteró y anticipó el rechazo al cronograma y una solicitud para realizar una reunión informativa convocando a las organizaciones.
“Queremos darle garantías a la sociedad a la comunidad de que esto va a ser algo transparente eso se lo debemos a los niños. No podemos hacer un procedimiento desprolijo y a las apuradas como lo estamos haciendo. Nosotros no vamos a acompañar esto, se están violando las fechas los reglamentos, no se respeta el reglamento, han reducido los plazos”, remató el libertario enojado.
Recogió el guante Sarapura quien le planteó: “Usted puede tener la decisión de ir o no ir a la reunión, pero tiene que ser respetuoso del proceso que se construye”. “Para ser respetuoso del proceso, esto se tiene que discutir acá. Si me está apurando para definir lo que va a hacer nuestro bloque, no es discutir”, le contestó Mayoraz.
“Tenga el respeto político, yo sé que ustedes tienen una dinámica de la democracia y la política distinta para ustedes construir consensos”, le enrostró la radical y denunció: “Claramente acá hay una intencionalidad de no avanzar y de no respetar los ejercicios que son de la política y de la democracia. Pido madurez política en no entrar en esas dinámicas que no benefician a nadie. Está haciendo una utilización del tema”.
Mayoraz propuso un cronograma propio desde su bloque que coincidía con los dos primeros ítems, pero planteó como fechas de publicación de listado 4 y 7 de julio para “respetar tiempos para corrección de exámenes”. Sin embargo, la votación resultó a favor de la propuesta inicial de mayoría.
Sarapura puso en valor el proceso logrado, por un lado, una reunión de asesores donde hubo una diversidad de opiniones sobre el reglamento y su aplicación. “Se han hecho correcciones en el cronograma que tienen que ver con una adecuación a propuestas”, destacó y remarcó: “Podemos tener distintos puntos de vista del ejercicio de la democracia y la política, creo que no está mal construir consensos, lo único que estamos haciendo es generar los procesos que tengan que ver con la construcción de acuerdos”, expresó.
“Para mi, generar todos los espacios de construcción son válidos y las reuniones informales fueron propuestas de las legisladoras que plantearon la necesidad de tener reuniones previas para evitar que los temas de los derechos de la niñez tengan este contexto. La mirada partidaria, sosegada e irrespetuosa del trabajo de legisladores. La reunión previa informal era una invitación honrar los espacios, no a acuerdos partidarios que no estén ajustados, sino construcción de dialogo y consensos y la política y democracia se ejercen así”, aclaró.
La radical, no se quedó callada y apuntó contra Mayoraz: “Me parece muy irrespetuoso que cuando lo que se construye no va con lo que pienso lo invalido. Hay personas que tenemos un ejercicio de la democracia distinto a otros y se han expuesto de sobre manera los procesos generados y los puntos de vista”.
Por su parte, la diputada del Pro María Sotolano sostuvo: “Por respeto a las organizaciones sociales nos dejaron en claro que quieren el concurso, terminar con el mandato de la Defensoría que venía hasta ahora y eso se cumplió. Fuimos avanzando pese a las diferencias, pero intentamos dar la discusión y logramos puntos”.
“Desde el Pro dejamos en claro que el concurso es algo que reclaman las organizaciones. Hay algo que se manifestó que es la voluntad de avanzar con el concurso y no encastrar el reglamento. Hasta el examen hay tiempos reglamentarios concretos y, después del examen podemos trabajar en un marco de acuerdo en un plan de trabajo y ahí están los matices. Nosotros planteamos tiempos hasta octubre. Hay que darles transparencia y garantías a los postulantes”, precisó. Sotolano también reclamó la presencia de las organizaciones para debatir y “darle una construcción colectiva a al Bicameral para que puedan ejercer su voz”.
“Hay plazos que son netamente que son de la política y esta Bicameral se va a tener que poner de acuerdo en montón de cuestiones. Lo más difícil son los acuerdos parlamentarios para llegar al recinto. Tenemos que ser claros con los tiempos para que sean ejecutables y transparentes en el reglamento”, concluyó.
También se manifestó en contra la senadora libertaria Vilma Bedia quien cuestionó: “No podemos ejecutar ni avanzar irresponsablemente porque acá no es la cuestión de banderas, nos tenemos que poner en el lugar de las instituciones que nos están mirando. Y sobre todo de los niños. Acá los niños son los protagonistas que están esperando una respuesta y no podemos hacer nada descabellado. Aferrarnos a las apuradas, al margen de los tiempos, a los consensos egoístas cuando tenemos que estar mirando la vida de niños y adolescentes”.
“No se puede evaluar en un día a 200 personas, porque se tiene que tener el perfil cuidado que requiere el puesto. No podemos desenfocarnos de la realidad de la sociedad, buscar un buen perfil con valores y convicciones que más de 20 años fueron olvidados”, cerró la jujeña.
Por último, Sarapura defendió: “El cronograma que se aprobó respeta plazos mínimos y máximos establecidos en el reglamento, en ningún caso se tomó de forma arbitraria. Considera todas las etapas obligatorias determinadas. Le da una organización lógica y eficiente a la aplicación y cumple el respeto de la publicidad. El derecho de los postulantes es lo que priorizamos y evitamos extensiones dilatoria que da la política a esta definición. Se tiraron fechas que nunca se aclararon esas propuestas. Los debates que enriquecen son los propositivos, no los descalificantes”.
“No hubo acuerdos de medianoche, interesados en una persona, son el ejercicio de la construcción de la política que se honra respetando la diversidad de opiniones ideológicas buscando un interés común, no la política se busca instalar lo que yo pienso y cuando no es así se desacredita y lo desvalorizo”, ratificó.
Por último, afirmó: “Tenemos un cronograma ajustado a la aplicación del Reglamento y a que tengamos un concurso y el 22 de septiembre tengamos los mejores candidatos”. En tanto, anticipó que el martes 24 de junio a las 16 horas “vamos a recibir a las organizaciones y defensores del pueblo porque es fundamental porque le da transparencia y dinamiza el concurso.
Se trata del diputado santafecino Nicolás Mayoraz que les enrostró a las legisladoras de Unión por la Patria que “dejaron un 60% de pobres con sus políticas”, durante la reunión de la Comisión Bicameral de la Defensoría del niño.
En medio del debate por la definición de un cronograma para la designación de un nuevo Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el diputado libertario Nicolás Mayoraz (Santa Fe) apuntó contra las legisladoras de Unión por la Patria y retomó el discurso pro vida: “500.000 niños abortados en Argentina, así cuidan la niñez”.
Mientras el santafecino se quejaba por las fechas del cronograma, la falta de transparencia y la presencia de organizaciones para escuchar su postura, se cruzó con las legisladoras de UP, Brenda Vargas y Stefanía Cora, quienes lo cuestionaron a los gritos por “querer dilatar el tema” y le recordaron que durante el tratamiento de la Ley Bases no convocaron a todas las organizaciones sociales.
En ese momento, Mayoraz recogió el guante y les contestó exaltado: “Tuvimos semanas enteras en la Ley Bases, escuchamos a todo el mundo. ¿Cuántas organizaciones de la sociedad civil trajeron aquí para decir qué quieren? ¿Cuántos?, y comparó: “¿Cuántas organizaciones de la sociedad civil se escucharon acá? No se escuchó a nadie. El silencio es ensordecedor, no escuchan a la sociedad civil”.
“60% de pobres ustedes… 60% de pobres dejaron ustedes con sus políticas. 500 mil niños abortados. En la Argentina, eso hicieron, así cuidan la niñez”, lanzó en referencia a la ley del aborto.
La Comisión de Asuntos Constitucionales retomó el debate sobre la reforma de la AGN. Diputados del oficialismo y la oposición coincidieron en la necesidad de actualizar la ley, pero chocaron por la urgencia en las designaciones, la duración de los mandatos y la politización del organismo. Crece la presión para un debate integral.
La Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el diputado oficialista Nicolás Mayoraz volvió a reunirse este miércoles para avanzar con el debate de una nueva reglamentación para la Auditoría General de la Nación. En ese marco se resolvió mantener reuniones para escuchar a autores de los proyectos puestos en consideración e invitar a especialistas para que brinden su experiencia, ya sea desde la gestión o bien desde lo académico.
En el inicio de la reunión -la segunda que se realiza sobre este tema, la anterior fue el 21 de mayo-, el titular de la comisión aclaró que a pedido de los diputados habían procedido a hacer la supresión de giros de los otros proyectos que se ponían a consideración, para concentrar todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la ley de AGN teniendo a la vista expedientes que si bien no son específicos con el tema, lo rozan de alguna manera. “Hemos corregido los giros y ampliamos el temario con una presentación que hizo la diputada Mónica Litza”, apuntó Mayoraz.
“Creemos que se puede modificar la ley sin perjuicio de aprovechar este interés concitado avanzando con el tratamiento de una ley integral”, agregó el diputado oficialista.
La diputada Liza pidió avanzar con una reforma “integral” del tema.
Precisamente la diputada Mónica Litza intervino entonces para expresar su “desacuerdo total con centrar y focalizar una reglamentación tan importante solamente basada en la designación del Colegio de Auditores y autoridades” de la Auditoría. La diputada de UP aclaró que les parecía un tema importante, pero no el más importante. Habló de una mora de 31 años en la reglamentación del artículo 85 de la Constitución Nacional, que es el que reglamenta el tema. Y al recordar que la propia CN establece que al frente de la AGN tiene que estar un representante de la fuerza, frente o partido político que tenga más representación en las cámaras, “eso se contradice con el mandato (presidencial), que en Argentina es de 4 años”. Ante lo cual, enfatizó que “por supuesto que tenemos que avanzar en el acortamiento de los mandatos” de los auditores, que actualmente es de 8 años.
Tras recordar que su proyecto lo había presentado por primera vez en 2016 junto con Margarita Stolbizer y Carla Pitiot, miembro de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), y volvió a representarlo en 2018 y ahora, destacó que tuvo un trabajo muy importante de todo el personal que ha trabajado en la AGN. Reclamó entonces “correr el velo” y dejar de focalizar el debate en la constitución del organismo, para tratar de forma integral el funcionamiento de la AGN, porque a su juicio “hasta ahora está funcionando con un marco normativo armado con parches”. Reducir el debate a una integración del auditor general y el Colegio de Auditores es a su juicio “banalizar una oportunidad muy importante que tenemos”, por lo que anticipó que no acompañarían un pedido de dictaminar sobre una parte de la cuestión, sino que reclamó “avanzar con una cuestión integral”.
Mayoraz coincidió con la necesidad de avanzar con la reglamentación del artículo 85. Reconoció que solo se pone foco en la cuestión cuando viene el tiempo de renovar auditores; después de olvida. “El compromiso del presidente de esta comisión y el de la Cámara de Diputados es que atendamos las dos cosas: integrar el Colegio de Auditores y trabajar la ley. Por eso vamos a trabajar en dictaminar sobre una modificación parcial de la ley, sin olvidar avanzar con el resto”.
Abogó entonces por hacer una reunión informativa y corregir cuestiones como la comentada en la reunión anterior por el diputado Julio Moreno Ovalle, quien se quejó por ejemplo de que recién ahora se está trabajando en la Bicameral Revisora de Cuentas sobre la cuenta de inversión de 2017. “Es disfuncional controlar cuentas de un presidente que ya terminó hace dos mandatos”, reconoció Mayoraz.
Autora de otro de los proyectos puestos a consideración, la diputada del Pro Silvina Giudici destacó la necesidad de mejorar el andar de la AGN, y mencionó las contrataciones hechas en tiempo de pandemia. “Falló mucho ahí el Estado como control y la AGN tuvo una intervención bastante pobre”, remarcó Giudici, quien reconoció que “en este momento la mayor dificultad que enfrentamos es que la AGN está incompleta, solo tiene un presidente que no está ejerciendo en su cabal dimensión. Entonces, como propone Mayoraz, sería importante poner la mirada en la integración (de la Auditoría) y la duración de mandatos. Parece que está desfasado de la realidad y hay que corregirlo”. Y como otros diputados pidió invitar a exponer a los directivos de APOC para que hagan un informe pormenorizado de los cambios de la ley que ha creado la AGN.
La diputada de Democracia Para Siempre Carla Carrizo valoró la convocatoria a ese debate y recordó que durante la gestión de Cambiemos se llegó a armar una subcomisión para analizar una nueva reglamentación, cuando al frente de Asuntos Constitucionales estuvo el diputado Pablo Tonelli. “Celebro todos los debates que mejoren las condiciones de trabajo”, dijo la diputada que puso énfasis en las cuestiones pendientes en materia institucional, citando los años que se tardó con el Consejo de la Magistratura y la acefalía de 16 años del defensor del Pueblo. “Algo pasa con el poder que no podemos controlarlo -observó-. Tenemos que hacer un cambio. Una cosa es la economía y otra son las instituciones, pero las dos cosas van unidas”.
Reconoció que el mandato de 8 años que tienen los auditores “es una barbaridad”, y se quejó de que la AGN “controla mal, anuncia tragedias que no se evitan”. A su juicio, “para las grandes decisiones tenemos que prever, cambiar el modo en que se controla y el plan de auditoría. El plan de auditoría está mal”.
Carla Carrizo dijo que la AGN “controla mal, anuncia tragedias que no se evitan”.
Por último, hizo hincapié en la cuestión de género, que atiende el proyecto que ella presentó. Observó que hay una Ley de Paridad y que particularmente la Cámara de Diputados nunca designó una mujer en la AGN. “Esta vez tendría esta Cámara que nominar una mujer. Este tema no puede ser ignorado”, señaló, para finalizar con una reflexión: “No es que primero reformemos y después nominemos (a los auditores); se puede hacer todo junto”.
A continuación, el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, expresó su beneplácito porque no se cumplieran las versiones que circulaban el día anterior, que anticipaban la intención del oficialismo de llevar a la comisión un dictamen para pasar a la firma. “Los pasillos hablan y me parece inconveniente eso para un debate de estas características”, señaló. También compartió con su par Mónica Litza la necesidad de avanzar con un debate integral, y contar con el aporte de personas que puedan sumar su visión desde la experiencia.
Martínez valoró el papel de legisladores que luego pasaron por la Auditoría, y citó a un comprovinciano: Oscar Lamberto, quien para él “honró su tarea en la AGN”. Citó también el caso del radical Jesús Rodríguez. “¿Por qué no puede aportar a la AGN alguien que ha tenido un rol destacado?”, se preguntó, citando críticas escuchadas en ese sentido.
Con ironía, señaló que al oficialismo “les brota ese espíritu republicano en el momento que decidimos avanzar con la nominación de un auditor”, en referencia a que la semana pasada la oposición se proponía designar al menos dos auditores. Advirtió entonces contra el hecho de que el oficialismo pretenda bloquear la posibilidad de que el Congreso decida. Remarcó en ese sentido que el artículo 85 está vigente, lo mismo que la Ley 24.186, y al respecto advirtió que “en el momento en que los bloques presenten una moción, eso está dentro de la competencia que tiene el Congreso y las tendremos hasta el momento que haya una nueva ley. Este tema puede resolverse por el mecanismo previsto. Que no funcione este debate parlamentario como un cepo a las atribuciones que tenemos los diputados y senadores”.
A su turno, el diputado Moreno Ovalle dio detalles del proyecto impulsado por el oficialismo, que es el del presidente de la Cámara Martín Menem, destacando que el mismo plantea la misma cantidad de auditores que en la actualidad (siete), pero dándole más jerarquía al presidente, que debe ser designado por el Senado y que debe ser de la oposición. Pasa a ser el único auditor general, mientras que los otros seis serán auxiliares. Y se corrige el número de miembros de cada cámara: 2 por el Senado y 4 por Diputados. Como así también la cuestión remunerativa, ya que en la actualidad los auditores ganan más que el presidente de la Nación.
A continuación, Margarita Stolbizer agradeció que se hubiera corregido el tema de los giros, y elogió también que el oficialismo hubiera presentado un proyecto como el de Martín Menem, que consideró “bastante bueno”. “Creo que lo valioso es presentar un proyecto integral, que reglamenta la Auditoría, que va en línea con lo que sostenemos que es la necesidad de una reforma”, señaló.
Advirtió eso sí sobre “la posibilidad de sacar alguna ventaja ocasional sacando un tema del tratamiento general no se bueno, pone un disvalor en ese buen proyecto que presentó Martín Menem y la bancada oficialista”, y cerró pidiendo dar un plan de trabajo y trabajar en la construcción del consenso, para lograr una ley que rija por 30 o 50 años. “Cada uno que se ponga a discutir la ley tiene que hacerlo pensando en la República. Es una ley demasiado importante, hay que darle tiempo, dedicación y construir consensos y no sacar alguna ventajita a ver si podemos conseguir un auditor más”.
Stolbizer consideró “bastante bueno” el proyecto presentado por el oficialismo.
Desde el oficialismo, la diputada mendocina Mercedes Llano habló de la necesidad de “despartidizar ese organismo” para que no opere como “una suerte de botín político”. Sostuvo que “el espíritu de nuestro proyecto quizá sea extremo y es discutible, pero busca repensar y garantizar la autonomía del organismo. La política ha sido el criterio dominante para elegir a los integrantes de la Auditoría, y se debe garantizar la imparcialidad”. Puso como ejemplo lo que sucede en su provincia, donde dijo que muchos exfuncionarios luego son designados al frente de organismos de control, y se preguntó “de qué control real e independencia hablamos si los que controlan al Gobierno son amigos del gobernador”.
En otro pasaje, la diputada Carla Carrizo volvió a intervenir para expresar su desacuerdo con que el presidente de la AGN tenga acuerdo del Senado, y advirtió que la nuestra “debe ser la única democracia donde el Senado tiene un poder absolutamente desmedido. Eso me parece un poquito una trampa”.
Carolina Gaillard pidió luego que más allá del debate se vaya avanzando en la constitución de los organismos y ponerle condicionamientos a quien se elija al frente sería “desnaturalizar lo que dice la Constitución”.
Recordó también que UP se proponía en la última sesión, la que no se hizo por falta de quórum, votar miembros que faltan en la Auditoría, para que comenzara a integrarse. “Escucho mucho al Gobierno de Milei hablar de las auditorías, pero no podemos hacerlas si no están nombrados los miembros. Hoy en la AGN solo está el presidente y no está pudiendo funcionar”. Por eso pidió “hacer todo en paralelo”.
Sobre el final, la radical Karina Banfi se diferenció de otros discursos considerando que los auditores “tienen que tener un carácter político, pero también meritocrático”. Aclaró que “no es que cualquiera puede ser auditor”, y concluyó señalando que “hablar de que los cargos no tienen que tener algún cariz político es como pedirle a las personas que no tengan ninguna religión”.
Por eso reclamó “dejar de demonizar la política. Hemos detonado los política, cuando los problemas se resuelven con más política y no menos”.
Durante la reunión prevaleció la necesidad de avanzar con una norma integral, más allá de que se pudiera avanzar este mismo miércoles con la designación de nuevos auditores.
Justo a las 10 de la mañana, 30 minutos después de la hora elegida para el inicio de la reunión de Asuntos Constitucionales, comenzó en minoría la sesión para analizar el proyecto de ley presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para reglamentar el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación. Y otros proyectos presentados en estos meses sobre el mismo tema, que estarían puestos a la vista, como dejó bien claro el titular de la comisión, el oficialista Nicolás Mayoraz.
Y sobre el final de la reunión, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales dijo ver claro que “hay una necesidad de designar los auditores faltantes, pero creo que eso lejos de ser un obstáculo es la oportunidad de ponerlo en debate”. Así las cosas, dijo que no le gustaría que terminaran designando a los auditores y no volvieran a discutir el tema.
“El interés de convocar a esta reunión de comisión es cumplir con la manda constitucional de reglamentar el artículo 85 de la Constitución, que si bien tenemos una ley nacional que regula el funcionamiento de los sistemas de control que incorpora la Constitución”, señaló el santafesino, entendiendo que lo vigente no cumple a rajatabla con tal requisito. El legislador oficialista remarcó que “no satisface cabalmente el requisito establecido por el artículo 85 de la Constitución; han pasado muchos años de la reforma constitucional del 94, es una deuda pendiente”. Y remarcó que “hay una preocupación del Parlamento sobre esta ley y prueba de ello son la cantidad de proyectos que ha habido en ambas cámaras para reglamentar la misma”.
“Y queremos aprovechar este momento que está viviendo la Argentina y la situación que vive la Auditoría para solucionarlo”, enfatizó. Y para evitar “que esto se convierta en un acto fallido más”, pidió desdoblar la discusión del tema. “Y más allá de que este proyecto que presenta el oficialismo es ambicioso y amplio, creemos que a lo mejor podemos encontrar una salida intermedia para destrabar la primera cuestión, que es la designación de los auditores”, dijo, anticipando que la propuesta de La Libertad Avanza es la de trabajar sobre un proyecto de ley integral, “pero si encontramos un consenso entre todas las fuerzas políticas, sería bueno que una institución de esta naturaleza recoja la mayor cantidad de acuerdos posibles”.
Para Mayoraz, “no estamos lejos de ese camino de encontrar acuerdo en lo que tiene que ver con la composición, duración de los mandatos, forma de designación”, y recordó que cuando se sancionó la nueva Constitución el sistema político estaba regido por el bipartidismo, algo que no atiende la composición actual, que aclaró “no es de ahora”, sino que viene desde hace mucho tiempo.
“Bienvenido este debate”, proclamó a continuación el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, quien valoró la importancia de dar este debate, enfatizando en la irregularidad que representa que la AGN hoy no esté constituida, cosa que estimó hay que subsanar lo antes posible. “La mejor manera es tratando estos proyectos”, reconoció, citando por ejemplo que el acortamiento de mandatos -actualmente es de 8 años y el proyecto de Martín Menem propone 4-, le parece “obvio”, pero también coincidió en que “una mayoría tal vez forzada no sea la mejor opción para el día de la fecha”.
Atento a lo que en la sesión prevista para este miércoles se pondría a consideración la designación de representantes por la Cámara baja, no le parecía conveniente, dado que “no están dados los consensos, no estamos en condiciones de tratarlo”.
López reconoció entre otras cosas dudas sobre el proyecto del presidente de la Cámara, por ejemplo en la naturaleza jurídica del cuerpo de auditores, estimando que las facultades adjudicadas resultarían “demasiado taxativas”, ante lo cual “corremos el riesgo de olvidarnos de algo”.
A continuación, en nombre de Unión por la Patria, Vanesa Siley remarcó que la convocatoria de esa reunión había salido el mismo día que se estableció la ampliación de la sesión prevista para este miércoles, donde estaba en el temario la designación de los auditores. “Y está puesta la discusión porque venció incluso el mandato de los representantes del Senado”, sostuvo. En ese sentido Siley admitió que se debía dar una discusión para hacer una ley orgánica, no había problemas con ello, pero pidió seguir avanzando con lo previsto para la fecha.
“Así que para nosotros esta discusión no puede venir a estar destinada a obturar la designación de los tres miembros. Todo lo demás se puede ir charlando a futuro, pero hoy lo importante es la designación e integración de la Auditoría. Por suerte hoy tenemos una sesión donde esperamos se avance en ese sentido”, dejó claro la diputada camporista.
A su turno, Margarita Stolbizer resaltó también la necesidad de discutir el tema, pero aclaró que a su juicio “no se hace así de esta manera. Entiendo que la propuesta es comenzar a dar una discusión seria, para terminar teniendo una ley que realmente satisfaga y complete lo que en realidad no existe o no está bien”. Pero adelantó que no estaba de acuerdo con “despedazar” la reglamentación vigente “para ver cómo resolvemos los miembros”.
Stolbizer dijo que “cada vez se hace más difícil construir consensos. Cada vez el oficialismo tiene menos voluntad”.
Observó además la diputada de Encuentro Federal que el proyecto de Menem tiene como único giro Asuntos Constitucionales. “Rarísimo”, advirtió, mencionando que por ejemplo tiene un capítulo que habla sobre la discusión del Presupuesto, sin ser derivado a esa comisión. Y lo dijo remarcando que todos los proyectos terminan yendo a Presupuesto y Hacienda, “aun los que no tienen nada que ver; y los mandan porque ahí se planchan los proyectos”, señaló. Por eso pidió la inclusión en un proyecto que presentaron con la diputada Mónica Fein para incluir la paridad de género en todos los organismos del Estado, incluida la AGN.
Pero hizo notar a continuación que en este país polarizado “cada vez se hace más difícil construir consensos. Cada vez el oficialismo tiene menos voluntad, y como no nos ponemos de acuerdo, vamos a aumentar los miembros”. Puso como ejemplo que eso se había propuesto para la Corte y sugirió que lo mismo se hacía con la AGN, a lo que Mayoraz aclaró que no era así en el caso del proyecto que se estaba analizando. Lo que Stolbizer quería plantear era que consideraba “contradictorio como discurso de un oficialismo que nos habla de ajuste, y no acepta por ejemplo recomponer el haber del jubilado”. Ante ello, dijo que “el jubileo de crear nuevos cargos es una vergüenza”.
“Tratemos de llamar las cosas por su nombre, este proyecto está metido con la intención de trabar una discusión de la tarde -agregó-. No nos vamos a prestar a eso. Sí que discutamos”.
A su turno, el diputado de La Libertad Avanza Julio Moreno Ovalle defendió el proyecto presentado por Martín Menem, destacando que en el mismo se integra el cuerpo con un auditor general y 6 auxiliares, lo cual le da una jerarquía mayor al auditor general, que tiene que ser elegido por el Senado. Y detalló que prevé la integración de cuatro miembros designados por la Cámara baja y dos por el Senado. Además, resaltó que duran 4 años y son reelegidos una sola vez, como así también hizo hincapié en el sueldo de los auditores, equiparados con el de los diputados nacionales, siendo que en la actualidad cuentan con “sueldos altísimos, más altos que el del propio presidente de la Nación”.
A su turno, el diputado Fernando Carbajal observó una intencionalidad política en el tratamiento de este tema, cuestionando que se ponía en discusión un proyecto del presidente de la Cámara que era precisamente actual, mientras que los otros presentados hasta ahora eran puestos como “asuntos a considerar”, planteándolo como una desvalorización de los mismos. “Total, son de medio pelo, y el señor presidente merece un tratamiento especial. Es una falta de discusión inclusive”, se quejó.
Consideró además que “está clara la intencionalidad de utilizar esta discusión importante, profunda, en un instrumento para impedir que la actual conformación funcione”. Empero, admitió compartir con su par Juan Manuel López que no estaban los consensos para las designaciones que se pretendían establecer para ese mismo día, pero estimó que está clara la incapacidad de la dirigencia política para alcanzar los consensos mínimos que permitan cubrir no solo cargos en la AGN, sino también por ejemplo en la Defensoría del Pueblo, entre otros.
Desde el Pro, la diputada Sabrina Ajmechet habló de la necesidad de reformar la Auditoría, como así también admitió que el sistema partidario es muy diferente respecto del esquema cuando se reglamentó el funcionamiento de ese organismo. “Que esté trabada hoy la AGN tiene que ver con eso”, reconoció, como así también dijo entender los reparos de los diputados de estar tratando ese tema el mismo día en el que se proponen designar nuevos auditores. “Pero la realidad es que hasta ahora lo tuvimos frenado porque la forma que está pensada la representación de la Auditoría no se condice con la representación ciudadana –dijo-. La AGN tiene que ser una herramienta de control ciudadano representativa de la ciudadanía, por lo tanto creo que es un acierto y coincido en que tenemos que poner en discusión este y otros proyectos, y es necesario nutrirnos de la experiencia de quienes han estado en la Auditoría y los especialistas, pero quiero resaltar algo: quienes dicen que hoy es un tratamiento apurado, lo que están apurando es una representación que va a durar 8 años y por lo tanto va a ser poco representativa de lo que es la realidad hoy”.
En otro pasaje, Ajmechet propuso establecer un cronograma de trabajo para la comisión, que al final de la reunión aceptó el propio Mayoraz, quien dijo ver claro entre sus pares que “hay una necesidad de completar o designar los tres auditores faltantes, pero creo que eso lejos de ser un obstáculo es la oportunidad para ponerlo en debate”.
Aclaró que no se estaba ante una situación de inacción de la Auditoría, por cuanto hay un plan de trabajo del que se encargan las direcciones del organismo, pero observaba un consenso político en avanzar con el debate. “A lo mejor es el momento de trabajar en el procedimiento de designación de los auditores”, dijo, y prometió analizar el giro a otras comisiones del resto de los proyectos puestos a consideración. Propuso también realizar sesiones informativas primero, sin resignar la idea de trabajar en el proyecto de ley en su conjunto, pero atendiendo la premura puedan avanzar con la discusión, priorizando los proyectos más referidos a la Ley de Auditoría.
Consiguieron que entre el martes y miércoles de la semana que viene los diputados se aboquen a tratar los proyectos de pedidos de informes, interpelaciones y la creación de una comisión investigadora.
La sesión de este miércoles arrancó a las 12.19 y concluyó casi seis horas más tarde, a las 18.08. Para el quórum aportaron los bloques de Unión por la Patria (incluidos santiagueños y catamarqueños), el grueso de Democracia para Siempre, más de la mitad de Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, y Álvaro González, del Pro, quien se había sumado al pedido de sesión. También los aliados habituales del oficialismo del MID, bloque que conduce Oscar Zago.
A pesar de que en la previa se esperaba que una mayoría de la UCR bajara al recinto, sólo lo terminaron haciendo los dos bonaerenses Karina Banfi (oriunda de Bahía Blanca) y Fabio Quetglas. También se sentaron en sus bancas los monobloquistas Roberto Mirabella (DSF), Mario Barletta (Unidos) y Lourdes Arrieta (EF-FC).
Impulsor de la sesión especial para tratar el caso $Libra, el presidente del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, dio este miércoles el puntapié inicial de ese debate, celebrando que se hubiera logrado haber las puertas de la Cámara baja, “porque creemos que el Congreso de la Nación tiene que cumplir su rol jurisdiccional”.
“Queremos saber si el 14 de febrero se empezó a escribir un capítulo oscuro”, expresó el legislador radical, que a continuación pidió un apartamiento para tratar los proyectos de creación de una comisión investigadora sobre “la conducta del presidente Javier Milei en la promoción de una criptomoneda sea tratado y aprobado por este Congreso”.
Por no contar con los dictámenes correspondientes, la moción necesitaba 2/3 que no se consiguieron (la votación resultó con 144 votos afirmativos, y 87 negativos), por lo que el diputado Oscar Agost Carreño pasó a la siguiente instancia, que era plantear dos emplazamientos. Uno, a las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Finanzas y de Justicia, para tratar los proyectos de resolución sobre pedidos de informes e interpelaciones sobre el cripto escándalo, para el martes próximo a las 13 y dictamen el miércoles próximo a la misma hora.
El otro emplazamiento era a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, para el martes 18 a las 16 y el miércoles 19 a las 16, para dictaminar sobre la creación de una comisión investigadora. Ambos resultaron aprobados.
Sin embargo, previamente intervino el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Nicolás Mayoraz, que planteó su disidencia, advirtiendo que no procedía la moción de emplazamiento, pues se estaban “salteando pasos”. Es que, a su juicio, “no ha habido demora en tratar estos proyectos”. Invocó el artículo 106 del reglamento de la Cámara, recordando que el emplazamiento corresponde “cuando hay demora”, cosa que no hay en este caso, a su saber y entender.
Explicó que los proyectos datan del 5 de marzo (en rigor, fueron re-presentados ese día). Ni siquiera había recibido un pedido para poner los temas en el temario, dijo. “No hay demora de ninguna de las comisiones, ni de la Cámara en la discusión de estos proyectos, en todo caso lo que hay que hacer es el pedido a la comisión para que se lo trate, y sino modificar el reglamento”, sostuvo, rechazando de antemano los precedentes que pudieran exponerse, pues eran distintos los casos. “De ninguna manera aceptamos que haya un emplazamiento en estos términos”.
A continuación, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro dijo que podía entender “los artilugios en términos de interpretación del reglamento. Hay una voluntad mayoritaria en este pleno que está tomando la decisión de emplazar a ciertas comisiones. Es verdad que otras veces se ha emplazado a comisiones sin solicitar lo que mencionan en relación al artículo 109”.
Aclaró también que no era verdad que los proyectos se hubieran presentado en el mes de marzo. “La mayoría son del 17 de febrero”, señaló, resaltando que desde esas comisiones “nadie desde el 14 de febrero se comunicó con autores de los proyectos, y no tiene nada que ver con que no estuviéramos en sesiones ordinarias”.
A su turno, Nicolás Del Caño retrucó con que “hay una demora enorme, porque hay una estafa mundial que hizo el presidente de la Nación, es clarísimo. Se está discutiendo un pedido de interpelación, la creación de una comisión investigadora… ¿Qué tienen para esconder en la estafa Libra, que no quieren que interpelen a un funcionario. Se la pasaron discutiendo de ficha limpia y no quieren venir a dar la cara”.
Por su parte, el diputado Nicolás Massot se dirigió al presidente de la Cámara para decirle que “hay sobrados antecedentes y es una obviedad en esta Cámara que la mayoría subroga cualquier interpretación, pero a usted le toca laudar con la autoridad que le da el cargo, pero con criterio y oportunidad”. Aclaró que también “tenemos que defender la investidura presidencial, seamos o no oficialismo; no podemos acceder con facilidad a reacciones desmedidas. No estamos pidiendo ninguna cuestión fuera de la lógica institucional, habida cuenta de lo acontecido”.
Luego mencionó a aquellos que el 14 de febrero repostearon el famoso tuit presidencial. “Usted participó, ingenuamente tal vez; el vocero presidencial también (...) El diputado Mayoraz, de buena fe, pudo decir que abría la comisión, pero no pasó eso, ni se ofrece a hacerlo, ni usted parece estar facilitando esto”, señaló, e insistió: “Tiene la posibilidad de no seguir obturando esto”, a lo que Martín Menem le aclaró: “No falte a la verdad, porque no hay ningún tipo de obturación. Si el Congreso está trabajando”.
Por el Pro, el diputado Fernando Iglesias indicó que “sobre lo sucedido está en curso una investigación en la Justicia” argentina y también la estadounidense, además de que “rige el principio de inocencia”. “Me llama la atención tanta urgencia, por un delito supuesto, que la Justicia no ha sancionado y está siendo investigado”, dijo.
El porteño enfatizó que “en el año 2020 murieron 140 mil argentinos, en el medio de una serie de escándalos del manejo que hizo aquel gobierno con las vacunas” de Covid y “se cometieron además los peores crímenes y violaciones a los derechos humanos de la historia de la democracia”. Entonces, recordó que presentó un proyecto para crear una comisión bicameral investigadora que nunca se puso en tratamiento. “No hubo ninguna urgencia”, se quejó.
En línea con Mayoraz, la secretaria del bloque libertario, Nadia Márquez, aseguró que “se quiere usar un emplazamiento para un tema que no es emplazable” porque este método “es para comisiones en retardo” y los autores de los expedientes “ni siquiera pidieron el tratamiento de los proyectos en la comisión”. “No corresponde un emplazamiento porque no están dadas las comisiones para emplazar”, insistió.
El primer emplazamiento, a las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Finanzas, fue aprobado por 146 votos afirmativos, 81 negativos y cero abstenciones.
El segundo emplazamiento, a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, también fue aprobado por 134 votos afirmativos, 94 negativos, cero abstenciones.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales informó las modificaciones al dictamen y aseguró que “en ningún lado dice” que el derecho a ser elegido “es absoluto y no puede ser reglamentado”.
Al abrir el debate sobre ficha limpia en la sesión de este miércoles, el diputado oficialista Nicolás Mayoraz aseguró que “este es solamente el piso, no es el techo”. “Lo que reclama la sociedad está en la Constitución. El derecho a ser elegido, en ningún lado dice que es absoluto y no puede ser reglamentado”, defendió sobre el proyecto que busca prohibir que personas con condena doble por delitos de corrupción no puedan competir a cargos electivos.
En ese sentido, el santafesino consideró que “si la reglamentación es razonable, proporcionada, si no es discriminatoria, si no busca la exclusión de un grupo de personas, es realmente válida”.
Sobre los delitos -de corrupción- contemplados para la inhabilitación, el legislador remarcó que “se han seleccionado aquellos a los que hace referencia el artículo 36 de la Constitución Nacional”. “Este es un primer paso, somos conscientes del esfuerzo que ha llevado llegar a este consenso”, expresó y dijo que en el futuro se podrán “ampliar las figuras penales”.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales detalló las modificaciones que se acordaron con la oposición dialoguista este martes en el despacho de Martín Menem, de modo de eliminar la “cláusula Petri”, que proponía que la prohibición regiría para quien haya recibido una sentencia en segunda instancia antes del 31 de diciembre de un año no electoral y no así para quien la recibiera a partir del 1ro. de enero de un año electoral.
Bajo la nueva redacción se indica que la prohibición se aplicará “únicamente en aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al comienzo del plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional”, que se refiere a la fecha del cierre de los padrones, seis meses antes de las elecciones generales.
En el artículo 1ro. se agrega que “si la confirmación de la condena en la instancia superior se produjera con posterioridad a dicho plazo, la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral”.
Además, la iniciativa establece que la inelegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.
En tanto, en el artículo 2do. se modificó: “La Cámara Nacional Electoral llevará un registro público de ficha limpia en donde constarán las sentencias dictadas en los términos del artículo 1ro., sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias”.
Mayoraz defendió que sea tomada la doble condena y recordó que durante estos años se debatió cuál debería ser el estándar de culpabilidad, “si desde un simple procesamiento y, al otro extremo, innecesario, inútil, la condena firme; digo así porque ya está en la ley”. “La figura del doble conforme hace un equilibrio entre el reclamado derecho a la aplicación del principio de inocencia y también al cumplimiento que debe darse al artículo 36 de la Constitución Nacional”, señaló. Asimismo, apuntó que es una “figura que contempla una sentencia condenatoria y la revisión de esa sentencia”, ambas dictadas por tribunales pluripersonales.
Respecto del plazo a partir del cual se aplicará la prohibición para quien reciba una sentencia, el libertario sostuvo que esto “busca dar previsibilidad; la Corte ha dicho que no es arbitrario fijar fechas y plazos”.
En el cierre de su discurso, manifestó: “El presidente de la Nación fue claro, el que las hace, las paga y en política también. El político que las hace, las paga”.
Los partidos políticos santafecinos ya definieron a sus candidatos para las elecciones del 13 de abril donde se votarán convencionales de la reforma constitucional de la provincia.
Los partidos políticos santafesinos definieron este sábado los candidatos para las elecciones del 13 de abril donde se votarán convencionales de la reforma constitucional de la provincia y entre los postulantes hay legisladores nacionales.
En abril, el mismo día de las PASO municipales y comunales, los y las santafesinas elegirán 69 convencionales reformadores de la Constitución provincial. De ese total, 19 representarán a cada departamento y el resto, 50, representarán al pueblo de la provincia de Santa Fe.
Por primera vez desde 1962, se podrá avanzar en la actualización de la Carta Magna. De esta manera, se elegirán 69 miembros, de los cuales 19 provendrán de los departamentos y el resto de listas provinciales. Entre las modificaciones más importantes que prevé la reforma es la habilitación a que el actual gobernador Maximiliano Pullaro pueda competir por un segundo mandato consecutivo, algo que está prohibido también en la provincia de Mendoza.
La elección de convencionales se realizará con dos boletas únicas: una con 50 candidatos de toda la provincia, y otra con un representante por departamento. En ese sentido, para elegir las bancas que definirán la nueva Constitución de Santa Fe se necesitarán 70.879 votos, el 2,5% exigido por la Ley N.º 14384 que declaró la necesidad de la Reforma.
La lista oficialista Unidos para Cambiar a Santa Fe es encabezada por el gobernador Pullaro secundado por la diputada nacional del Pro, Germana Figueroa Casas.
Constituido como partido político en 2024, La Libertad Avanza (LLA) hará su debut oficial en la provincia de Santa Fe en las elecciones de 2025. Con respaldo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el diputado nacional Nicolás Mayoraz lidera la propuesta libertaria.
Por su parte, el dirigente de Ciudad Futura y concejal rosarino Juan Monteverde encabezará la lista de la principal alianza opositora será Unión por Santa Fe, que reúne al PJ oficial, el rossismo, La Cámpora, el Frente Renovador y el Movimiento Evita. En segundo lugar estará la diputada provincial y ex vicegobernadora de Santa Fe, la peronista Alejandra Rodenas. El tercer lugar será para el diputado nacional, Diego Giuliano, del Frente Renovador.
Por otro lado, el actual senador nacional y último candidato a gobernador Marcelo Lewandowski va a elecciones con sello propio con el Frente Activemos.
Tras haber alcanzado el quórum con relativa facilidad y luego de la primera tanda de cuestiones de privilegio, la Cámara baja se abocó al debate del proyecto del Ejecutivo para suspender las elecciones primarias de este año.
Poco antes de las 13.30 arrancó el debate del proyecto para suspender las PASO. Miembro informante del dictamen de mayoría, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, recordó que el oficialismo buscaba la eliminación definitiva de las PASO, pero no habiendo podido alcanzar ese objetivo, dijo que resultaba necesario “suspenderlas en pos de lograr el objetivo por lo menos para esta elección”.
El diputado de La Libertad Avanza dijo que estaban cumpliendo una de las promesas del presidente: “Achicar el costo de la política y poner a los políticos en su lugar”.
Para justificar la medida que se estaba adoptando, Mayoraz se basó en las encuestas, afirmando que distintas consultas hablan del “rechazo absoluto a este sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Es decir que de lo que la ciudadanía se da cuenta a veces, a la clase política le lleva más tiempo darse cuenta”.
En su discurso inicial, el diputado santafesino sostuvo que las PASO terminaron siendo “una encuesta cara” y que “los partidos políticos no han estado a la altura de lo que decían que venían a cumplir: mejorar la calidad institucional”.
A continuación, por el dictamen de minoría habló el diputado de izquierda Christian Castillo, quien se quejó de que se estuviera discutiendo “una agenda totalmente funcional al Gobierno”, al que endilgó una “manipulación del calendario electoral para llevarlo a la conveniencia del oficialismo y poner un mojón en el rediseño del sistema político para que quede conformado por solo dos o tres fuerzas, todas financiadas por las grandes corporaciones”.
Sin referirse a la suspensión de las PASO, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, consideró que “lejos de quererse debatir la cuestión de fondo, lo que se quiere es tirar una especie de bomba de humo, que distraiga durante un determinado tiempo la atención”. En ese sentido, cuestionó en duros términos que no se trate el Presupuesto 2025 y acusó al Gobierno de querer “la discrecionalidad de un manejo absolutamente arbitrario de los recursos públicos” y “hacer lo que quieran con la deuda pública”.
El santafesino advirtió que su bloque “va a seguir trabajando para dar un debate serio, real y concreto” de la ley de leyes, “recurriendo a todas las herramientas reglamentarias”. “La Comisión de Presupuesto tiene que ser emplazada para que funcione”, reclamó.
“Detrás de estas cosas que se están planteando y plantando en el debate, lo que hay es una intención de fondo de no discutir lo que corresponde”, denunció y expresó que el proyecto de ficha limpia es “otra bomba de humo”. “Una ley absolutamente negativa para Argentina; con nombre y apellido contra quien apuntan, Cristina Fernández de Kirchner; y que pone a toda la noble actividad de la política de rodillas frente a Comodoro Py”, observó.
En su discurso, Martínez dijo que “si lo que quiere el presidente es plantear es una disolución nacional, nosotros tenemos que hacer lo contrario, tenemos que poner por delante el debate de todos aquellos temas que permitan reconstruir un proyecto profundamente nacional y federal”.
Luego fue el turno del presidente de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, quien celebró que el proyecto apunta a “bajar el costo de la política”. “Los ciudadanos de bien están cansados de pagar los costos de la política. Las PASO son una encuesta que hacen los partidos políticos, que no se pueden poner de acuerdo, pero quieren gobernar las provincias y la Nación” y esas elecciones “nunca han funcionado”, señaló.
El libertario precisó que con la suspensión “estaríamos ahorrando 150 millones de dólares”. “Hoy va a salir la suspensión, pero más adelante las vamos a eliminar”, prometió y agradeció a los bloques que votarán a favor, porque “van a acompañar lo que los argentinos han pedido”.
Por el bloque Pro se expresó la diputada Silvana Giudici indicó que el artículo 28 de la CN les da un “rol fundamental” a los partidos políticos, ya que su creación y el ejercicio de las actividades dentro de los mismos garantizan la organización y el funcionamiento democrático y fue la Reforma del 94 la que lo incorporó y dice que “la vida interna de los partidos políticos debía ser libre y ajena a las intervenciones del partido gobernante”. Así, argumentó: “A diferencia de lo que se planteaba recién de que la suspensión o la eliminación de las PASO atenta atentar contra el sistema federal o representativo de nuestro país, es todo lo contrario”.
La diputada del Pro recordó que cuando se propuso la ley en el 2009 “se prometió que iba a haber mayor participación ciudadana a partir de este mecanismo, mayor transparencia a la de la opacidad de la vida interna de todas nuestras instituciones, el sindicalismo los partidos políticos, iba a posibilitar mayores oportunidades para la competencia de aquellos partidos más pequeños y también que iba a haber mayor equidad en la asignación de los recursos sobre todo aquellos recursos para la publicidad electoral”.
Fabio Quetglas, uno de los pocos miembros de la UCR que rechaza suspender las PASO, confesó que lo que más le “preocupa” es “la narrativa que está por detrás de este proyecto” en la idea de que “ir a votar es algo que nadie quiere” y “que los recursos que se dan para la competencia política son siempre un curro”. El bonaerense pidió cuidar los mecanismos para la selección de los candidatos y habló de “un mensaje oportunista” por parte del Gobierno.
“Por supuesto que la política no funciona bien en Argentina, que los costos deben ser revisados, que hay muchas cosas que pueden ser mejoradas, pero hoy lo que ampara esa narrativa es la idea de novedad de La Libertad Avanza, que se aprovecha de un hecho novedoso, de una irrupción política, pero como el matrimonio, mes a mes y semana a semana van a ser rutina; no serán una novedad eterna”, reflexionó.
Quetglas cuestionó la idea de que se vuelva a una “interna cerrada, eso sí era casta”. “Lo hacen porque les conviene; se aprovechan de un prejuicio antipolítica”, cerró.
Durante los discursos de tiempos de bloques, el jefe de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, consideró que las elecciones PASO “provocaron una fragilidad en el plano institucional y económico” y opinó que, con esta decisión, “el Congreso está en línea con una visión de hastío y cansancio de la sociedad con la multiplicidad de elecciones”. Por otro lado, propuso que “en algún momento hay que avanzar, con el consenso de los partidos políticos -a los que hay que fortalecer-, en una reforma de la Constitución, en término del mandato de los diputados y senadores, que deben durar el mandato presidencial”.
Desde el mismo bloque, pero en contra de la suspensión de las PASO, el porteño Ricardo López Murphy afirmó que esta herramienta “ha funcionado muy bien” y que “el problema electoral son las leyes provinciales”, como la ley de lemas. “El sistema anterior era peor”, enfatizó y dijo que suspendiendo las primarias se “le va a dar la lapicera a quien ejerce el poder”.
“El único caso en que funcionó mal fue en 2017”, cuando Cristina Kirchner, candidata a senadora “decidió hacer otro partido político para no enfrentar en la interna en su partido”, lanzó.
El legislador rechazó que se impida “la cohesión de fuerzas afines” y se lleve al sistema “a una polarización extrema”. Quitar las PASO, “nos va a llevar a una degradación aún mayor del sistema político que tenemos”, expresó y completó: “Esto de que vamos a tener un almuerzo gratis suprimiendo las PASO es falso, la plata va a haber que gastarla y la van a gastar peor que de esta manera”.
De Encuentro Federal, la diputada nacional Margarita Stolbizer se mostró crítica del tratamiento exprés de la derogación de las PASO y cargó que “rompe todos los acuerdos porque no se debían dar estas reformas en años electorales”. En esa línea, amplió que la aprobación de esta iniciativa va a marcar “precedente peligroso sobre cómo deben funcionar las instituciones”. También, calificó al dictamen de “pobre, desprolijo y precario”.
Asimismo, fustigó el argumento del oficialismo relacionado a qué esta suspensión responde a un pedido de la opinión pública y añadió que “si el Congreso va a resolver en base a lo que dice la calle, no asumimos con responsabilidad lo que debemos hacer”. Entre varias críticas a lo ocurrido en el plenario de comisiones del martes, donde se despachó el proyecto, cargó contra el oficialismo: “el Gobierno quería una cosa y terminó haciendo un canje”. “No hay discusión por hacer una buena legislación, si no por conseguir número y listo”, cerró.
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El legislador libertario consideró que ese sería un reconocimiento de que el sistema “no ha funcionado”. Y sostuvo que buscan devolverle a los partidos la libertad de definir sus candidatos.
Miembro informante del dictamen de mayoría, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, recordó este jueves que el oficialismo buscaba la eliminación definitiva de las PASO, pero no habiendo podido alcanzar ese objetivo, dijo que resultaba necesario “suspenderlas en pos de lograr el objetivo por lo menos para esta elección”.
El diputado de La Libertad Avanza dijo que estaban cumpliendo una de las promesas del presidente: “Achicar el costo de la política y poner a los políticos en su lugar”.
Para justificar la medida que se estaba adoptando, Mayoraz se basó en las encuestas, afirmando que distintas consultas hablan del “rechazo absoluto a este sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Es decir que de lo que la ciudadanía se da cuenta a veces, a la clase política le lleva más tiempo darse cuenta”.
En su discurso inicial, el diputado santafesino sostuvo que las PASO terminaron siendo “una encuesta cara” y que “los partidos políticos no han estado a la altura de lo que decían que venían a cumplir: mejorar la calidad institucional”.
Todo eso justifica “al menos por ahora”, dijo Mayoraz, la suspensión de las PASO. Según el legislador libertario, quieren devolverle a los partidos esa libertad que tenían antes para definir sus candidatos. Por otra parte, aseguró que en cada elección participa un 10% menos de las PASO, lo que atribuyó a un menor interés de la ciudadanía en participar.
“Esta idea de la ley de fortalecer el sistema, la verdad que no se ha logrado”, concluyó, refiriéndose luego al costo que significan las PASO. En ese sentido recordó que “nuestro gobierno dio un paso fundamental con la Boleta Única, que ya reduce en buena medida ese costo, y ahora con la suspensión de las PASO vamos a lograr otro paso importante para que nuevamente los recursos que aportan los contribuyentes no sean un castigo para la ciudadanía. Donde la responsabilidad vuelva hacia quienes la tienen, según la Constitución Nacional, que son los partidos políticos”.
“La mirada crítica la tiene prácticamente todo el arco político argentino”, sostuvo el diputado Mayoraz, y enumeró proyectos presentados sobre el tema por Unión por la Patria, la UCR, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, el Pro, el MPN, Innovación Federal… En consecuencia, consideró que “en realidad esta debería ser una ley que salga por unanimidad. Ese sería un gesto, un reconocimiento de que esto no ha funcionado. Lo bueno que se esperaba ni ha resuelto el problema que venía a resolver”.
En representación de Argentina asistirán el diputado nacional Nicolás Mayoraz y el secretario de Culto, Nahuel Sotelo. El evento contará con 8 paneles que tratarán, entre diversos temas, el desafío de la libertad de expresión en las democracias actuales y la cultura.
El diputado nacional Nicolás Mayoraz (LLA) y el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, representarán a la argentina en la VI Cumbre Transatlántica “Por la libertad y la cultura de la vida" organizada por Political Network for Values (PNfV - Red Política por los Valores) que reunirá en el Senado de España a delegaciones de más de 40 países el próximo 1 y 2 de diciembre.
“Son más de 200 líderes políticos y cívicos de Europa, América y África que vienen a Madrid convocados por los valores que promovemos y defendemos en nuestra red, en especial, la libertad y la cultura de la vida”, afirma Lola Velarde, directora ejecutiva de la Red.
“Creo que la gran respuesta a nuestra convocatoria prueba que la agenda de valores que impulsamos es positiva, humanizadora y transversal, capaz de sumar a políticos de culturas y sensibilidades diversas, porque parte del reconocimiento de la infinita dignidad de todo ser humano, en todas las etapas de su desarrollo”, detalla.
Entre los países que tendrán delegaciones presentes están: Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Croacia, República Dominicana, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Kenia, Malawi, México, Marruecos, Nigeria, Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal, Rumania, España, Sierra Leona, Suiza, Uganda, Ucrania y Venezuela.
Un claro mensaje a favor de la libertad y la cultura de la vida
"El objetivo de la cumbre en Madrid es lanzar un claro mensaje en favor de la libertad y de la cultura de la vida. Las verdaderas democracias tienen como fundamentos irrenunciables la libertad y el respeto a la dignidad humana, del cual nace una cultura de la vida. Libertad y cultura de la vida están en los cimientos de nuestra civilización", apunta Velarde.
Y explica: "Cuando escogimos el tema de esta cumbre, contemplábamos con preocupación que en muchos países no solo se pretende cancelar el derecho a la vida, sino también el derecho a defenderla. La oposición que enfrentamos recientemente para su celebración solo confirma que la cumbre es más necesaria que nunca”.
La oposición a la que ese refiere Velarde es la tentativa del gobierno socialista de España y de diversos partidos de izquierda por cancelar la realización de la Cumbre en el Senado.
Un programa amplio
El evento contará con 8 paneles que tratarán el desafío de la libertad en las democracias actuales, la posibilidad de un cambio de rumbo hacia una cultura de la vida, el reto demográfico y la necesidad de colocar a madres, niños y familias en el centro de las políticas públicas.
También se abordarán libertades de expresión y religiosa como pilares del orden democrático, la libertad de educación como derecho fundamental, el cuidado a la vida en sus expresiones más vulnerables, y la necesidad de una labor articulada para afirmar la dignidad humana y los derechos universales.
Los ponentes
Participarán como conferencistas: Nahuel Sotelo, secretario de Culto y Civilización de Argentina; Márton Ugrósdy, subsecretario de Estado de la oficina del Primer Ministro de Hungría; los miembros del Parlamento Europeo Kinga Gal, de Hungría; Stephen Bartulica, de Croacia; Nicolas Bay, de Francia; Paolo Inselvini, de Italia; Margarita de la Pisa, de España; y Serban-Dimitrie Sturdza, de Rumania.
Las senadoras Paola Holguín y Karina Espinosa, de Colombia y los senadores Eduardo Girão, de Brasil; y Fernando Carbonell, de España. Así como Javier Puente, director de Innovación del Gobierno de Cantabria, España.
El congresista estadounidense Andy Harris, y los parlamentarios Nikolas Ferreira, de Brasil; Stephan Schubert, de Chile; Nicolás Mayoraz, de Argentina; Rogelio Genao, de República Dominicana; Maddalena Morgante e Ylenja Lucaselli, de Italia: Ignacio Garriga, de España; Rita Maria Matias, de Portugal; Gudrun Kugler, de Austria; Lörinc Nacsa, de Hungría; Krzysztof Bosak y Krzysztof Szczucki, de Polonia; Lucy Akello, de Uganda; y Ashems Songwe, de Malawi.
También John Crane, miembro del Senado de Indiana; y Kerri Seekins-Crowe, miembro de la Cámara de Representantes de Montana, ambos de Estados Unidos; y Samuel Sam, embajador para la paz del Gobierno de Sierra Leona.
Intervendrán también los especialistas: Jay Richards y Grace Melton investigadores de Heritage Foundation; María Calvo, profesora de la Universidad Carlos III, de España; Carmen Fernández de la Cigoña, director del Instituto para Estudios de la Familia del CEU; Calum Miller, médico e investigador inglés, el analista marroquí Hafid el Hachimi, investigador de la Carleton University, de Canadá, y Gregor Puppinck, Director del European Center for Law and Justice.
Y los líderes cívicos de organizaciones aliadas: Ádám Kavecsánszki, presidente de la Foundation for a Civic Hungary; Péter Törcsi, director operativo del Center for Fundamental Rights; Brian Brown, presidente de la International Organization for the Family; Neydy Casillas, vicepresidente del Global Center for Human Rights; Valerie Huber, presidente del Institute for Women’s Health; Sharon Slater, presidente de Family Watch International; Stefano Genarini, vicepresidente del Center for Family and Human Rights; Elio Gallego, director del Centro de Estudios, Formación y Análisis Social – CEU-CEFAS, Jerzy Kwaśniewski, presidente de Ordo Iuris – Institute for Legal Culture; Guillermo Morales, asesor jurídico de Alliance Defending Freedom; Bernard García Larraín, coordinador de la Declaración de Casablanca, y Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia y secretario general de PNfV.
El evento será presidido por José Antonio Kast, presidente de PNfV, y tendrá como anfitrión a Jaime Mayor Oreja, presidente de honor de nuestra Red y exministro de Interior de España.
La PNfV es una red internacional de políticos activamente comprometidos con la promoción y la defensa de la vida, la familia y las libertades.
Las Cumbres Transatlánticas son una piedra fundamental para la Red. En ellas se reúnen presencialmente políticos y líderes cívicos de América, Europa y África para estrechar lazos, intercambiar perspectivas, compartir experiencias y buenas prácticas, y construir sinergias para hacer avanzar una agenda común de valores. Se celebran, normalmente, a cada dos años.
Las cumbres se realizan en sedes parlamentarias. La primera Cumbre se realizó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, New York, en 2014; le siguieron otras en el Parlamento Europeo, Bruselas, en 2017; en el Capitolio de Colombia, Bogotá, en 2019; en la Academia Húngara de las Ciencias, Budapest; y, el año pasado, de nuevo en la sede de la ONU en Nueva York, con motivo de los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Un fuerte cruce protagonizaron Paula Oliveto y Nicolás Mayoraz durante las expresiones en minoría de la sesión que fracasó para tratar ficha limpia.
Tras un duro discurso de Lisandro Almirón, la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto y el oficialista Nicolás Mayoraz protagonizaron uno de los cruces más fuertes de las expresiones en minoría que se dieron ante la fracasada sesión para tratar el proyecto de ficha limpia.
Al igual que lo hiciera su par Juan Manuel López, Oliveto cargó sobre las ausencias que tuvo La Libertad Avanza. Al responderle a Almirón, arrancó entre lágrimas: "Para muchos de nosotros este tema no nos pasa por el costado, no sólo por una persona que se robó la Argentina, sino por el esfuerzo que venimos haciendo hace muchos años por tener la ley de ficha limpia. Los que hablan diciendo a dónde estábamos nosotros, le pregunto, ¿a dónde estaba usted diputado cuando a mí me perseguían, cuando a mi familia la amenazaban, cuando me sacaban de la facultad donde yo tenía mucha trascendencia?".
"Muchos de ustedes estaban el kirchnerismo; entonces tengan respeto, porque yo siempre los respete, porque una lucha se respeta", pidió y les advirtió que "nadie es dueño de los votos, nadie es dueño de la libertad, nadie es dueño de la historia, porque hoy tenes votos y mañana podes no tenerlos".
La porteña reclamó que "creen que ganar una elección los hace dueños de la historia" cuando "hace 20 años que nos dicen eso y cada vez estamos peor institucionalmente".
"En el medio están negociando jueces federales para garantizar la impunidad y de eso también se van a tener que hacer cargo", denunció la cívica.
Oliveto expresó que espera que "sancionen a los miembros de su partido que no estuvieron, porque ahí sí van a demostrar que no están en un acuerdo con aquellos que ustedes dicen que los van a llevar al olvido".
"Háganse cargo de que siendo Gobierno y habiendo negociando tantas leyes; porque no son minoría eh, acá ustedes construyen muy fácil mayoría, déjense el cuentito del pastorcito de que son minoría, porque hay muchos que sistemáticamente votan con ustedes; no hicieron ningún esfuerzo para que vinieran sus propios compañeros", cerró.
Inmediatamente después le salió al responder Mayoraz: "Los que vienen a lavarse las culpas que han tenido durante todo el año, acompañando al kirchnerismo en todas sus políticas, han sido funcionales todo el año, nos vienen a hablar ahora de moral y de ejemplo".
"La líder de la Coalición Cívica, (Elisa) 'Lilita' Carrió, fue la que en 2003 dijo que votaba a Néstor Kirchner con reserva moral", mencionó a la dirigente y la tropa de diputados de la CC explotó. Mónica Frade le gritaba "lávate la boca". También saltó de su banca Maximiliano Ferraro, a quien Martín Menem llamaba al orden.
En medio de los enojos, el santafesino siguió: "Fue 'Lilita Carrió' la que permitió que Néstor Kirchner fuera presidente, busquen los archivos, tengan memoria. No se olvida la sociedad de lo que hicieron ustedes, no tienen vergüenza".
"Ustedes han sido cómplices del kirchnerismo, se aplauden mutuamente, bloquean la Ley de Bases, todo hicieron con el kirchnerismo", acusó, a pesar de que la CC sí acompañó al Gobierno en la sanción de esa ley.
Finalmente, el diputado libertario le pidió a Oliveto que "no venga con lágrimas de cocodrilo diputada, ustedes permitieron que Néstor Kirchner sea presidente, ustedes llamaron a votarlo".
En el marco de la tercera reunión del plenario que analiza el tema, tal cual se estableció en el emplazamiento original, tratarán de dictaminar este miércoles, para dejar listo el tema para llevarlo al recinto.
Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento continuará este miércoles analizando una reforma de la Ley 26.122, que regula el tratamiento de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso, tal cual se estableció durante la última sesión de la Cámara baja, en la que la oposición forzó un emplazamiento para debatir este tema. Emplazamiento que incluía un cronograma según el cual este miércoles 30 de octubre se debería emitir dictamen.
Esa es precisamente la intención de la oposición, a contramano de los deseos del oficialismo y sus aliados, que preferían extender en el tiempo el debate, de modo tal de que -hay que decirlo- concluyera el período ordinario sin chances de llevar el tema al recinto.
Se había ilusionado el oficialismo con esa posibilidad, ante la gran cantidad de expositores presentados, pero ese no será un impedimento. De hecho, mientras los mismos vayan hablando este miércoles, estará circulando el o los textos de los dictámenes en cuestión.
Durante la última reunión, la segunda, realizada el miércoles pasado, cerca de las 20 se informó que quedan entre 9 y 11 expositores propuestos por la oposición, para hablar, como así también 18 autores de proyectos. Fue por eso que por parte de la oposición el diputado Juan Manuel López pidió modificar la hora de inicio: en lugar de las 17, arrancar más temprano. El titular de Asuntos Constitucionales, el oficialista Nicolás Mayoraz, se mostró afablemente inflexible: “Me secundan dos secretarios muy celosos del reglamento y la convocatoria dice ‘los miércoles tal y tal’… No quiero salirme de allí”. Ahí fue que el jefe del bloque Coalición Cívica dijo que verían de qué manera acotar los discursos para no terminar tan tarde, pero aclaró que podrían circular el dictamen mientras se estaba hablando, cosa que Mayoraz por supuesto aceptó.
Y es lo que sucederá entonces este miércoles, avanzando la oposición en su conjunto con un dictamen que contemple una modificación de la ley elaborada allá por 2006 por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, que establece que para ser rechazado un DNU deben votarlo en contra las dos cámaras. El texto que la oposición quiere aprobar ahora dirá que alcanzará con el rechazo de una de las cámaras para que se caiga el decreto de necesidad y urgencia, como así también rigurosidad con los tiempos: si pasada una determinada cantidad de días el tema no se vota en las cámaras, el DNU pierde validez.
Entre otras cosas, también se aumenta -según los proyectos puestos a consideración- la cantidad de integrantes de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo: de 12 senadores y 12 diputados, en lugar de 8 y 8.
El oficialismo no quiere saber nada con esta ley y el presidente Javier Milei adelantó que, si la aprueban, la vetará. El Pro, a pesar de haber impulsado en su momento varias iniciativas para reformar este sistema para los DNU, ahora está alineado con el oficialismo, diciendo que con un gobierno tan en minoría, sería muy grave impedirle el uso de esa herramienta.
Fue durante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. La mayoría de los especialistas coincidieron en modificar la norma que regula el trámite de los decretos.
En la segunda reunión informativa de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados que analiza una reforma de la Ley 26.122, que regula el tratamiento de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso, más de una docena de expositores coincidieron en avanzar con una modificación de la norma.
Desde la oposición se presentaron distintos proyectos sobre el tema, y se busca avanzar para evitar un abuso en el uso de esta herramienta por parte del presidente, quien ya rechazó una eventual ley en este sentido y avisó que la vetará.
La reunión se extendió alrededor de tres horas y al concluir, a las 20, el diputado Juan Manuel López pidió saber qué oradores estaban previstos para la próxima reunión y cuáles autores de proyectos que no son más diputados estarían. El titular de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, señaló que para el próximo miércoles, fecha establecida para dictaminar, según el emplazamiento que dispuso el tratamiento de este tema, quedan entre 9 y 11 especialistas propuestos por la oposición, y alrededor de 18 autores de proyectos. “Vamos a manejarlo”, aclaró el diputado oficialista que dijo que escuchará durante la semana propuestas para ordenar la reunión del miércoles.
López le recordó entonces que al votarse la moción, Oscar Agost Carreño había dicho que podían elegir otro horario para sesionar más temprano, pero Mayoraz se mantuvo inflexible. Con buen humor, el presidente de Asuntos Constitucionales dijo que “me secundan dos secretarios muy celosos del reglamento y la convocatoria dice ‘los miércoles tal y tal’… No quiero salirme de allí”.
“Lo puede interpretar, porque en la convocatoria estaba”, le advirtió Juan Manuel López con una sonrisa, a lo que en el mismo tono Mayoraz pidió: “No me hagan decir a mí lo que ni el reglamento, ni la convocatoria dicen”. Con todo, el legislador de la Coalición Cívica señaló que verían de qué manera acotar los discursos para no terminar tan tarde, pero deslizó que “eventualmente” se podría circular el dictamen mientras estaban hablando, cosa que Mayoraz aceptó.
Cerró el socialista Esteban Paulón, pidiéndole al diputado libertario que mantuviera “su espíritu ceñido al reglamento en los próximos temas que vendrán”. “Desde ya que sí, sobre todo si me emplazan”, concedió Mayoraz.
La presentación de Barra
Como primer orador, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, señaló que el uso de los DNU “ha sido una tradición constitucional” y “una herramienta para incentivar al Congreso a que legisle frente a determinados casos de urgencia”. “El DNU no es exactamente una ley, tiene un régimen jurídico distinto. Es una norma con jerarquía de ley y con prácticamente todos los efectos de una ley”, explicó.
El representante del Poder Ejecutivo recordó que “el DNU no necesita ser aprobado” por el Congreso, aunque “sí puede ser derogado por una ley” hasta incluso “100 años después”, en referencia a que no hay plazos para eso, lo que justamente con la reforma se intenta establecer.
En una breve intervención, el funcionario remarcó que “es un procedimiento de excepción y urgencia” y que “el constituyente ha sido claro, ha creado una forma de legislación con excepciones”, en alusión al artículo 99, inciso 3, que impide al presidente dictar normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos.
No se le formularon preguntas, ni a Barra, ni a ninguno de los otros oradores.
A continuación habló Juan Carlos Cassagne, presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, quien defendió la herramienta. “La clave está en interpretar qué puede hacer cada poder. Los poderes son coordinados y cada uno tiene una función prevaleciente o predominante, pero eso no impide que ejerza la otra función también”, expresó.
En línea con Barra, apuntó que el artículo 99, inciso 3, es “la principal atenuación que se ha hecho de las facultades del presidente”. Y mencionó que la Constitución ya habla de los plazos para su tratamiento en el Congreso, donde indica que el jefe de Gabinete de ministros tiene un plazo de 10 días para remitir a la Comisión Bicameral, que a su vez tiene un plazo de 10 días para dictaminar y luego “de inmediato lo considerarán las cámaras”. “Hay que cumplirlo de esa manera que está escrito”, dijo.
“No se trata del predominio de un poder sobre otro, porque el Congreso siempre va a tener la potestad superior de derogarlo como quiera”, remarcó y completó: “Si queremos desvirtuar el presidencialismo, eliminemos los decretos de necesidad y urgencia y no cumplamos la Constitución”.
Por su parte, Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que el DNU “es una práctica que se generalizó de una manera excesiva en la época de (Carlos) Menem” con “más o menos 500 DNU; antes de (Raúl) Alfonsín hubo unos 10 y Alfonsín dictó 30”. “Siempre estuvo la discusión acerca del alcance del contenido de un DNU y el plazo que tenían los diputados y senadores para expresar su convalidación o no”, siguió.
Para el abogado, la Ley 26.122 “en la práctica se ha demostrado que tiene que modificarse” porque “carece de plazos para que las cámaras se expidan, carece de las consecuencias por no expedirse, y carece sobre el contenido que tiene que tener el despacho de comisión”.
“Es conveniente incorporar un plazo razonable para que las cámaras se expidan”, opinó y se mostró a favor de que “60 días hábiles es un plazo razonable para discutir y expedirse”. Además, respaldó que se pueda validar o invalidar parcialmente porque “es una mala idea la aprobación a todo o nada” de un DNU.
A su turno, el abogado constitucionalista Alfredo Vítolo aseguró que “el constituyente fue muy claro para dejar abierta esta cuestión para que el Congreso la resuelva; el Congreso es quien tiene la llave para decidir qué valor tiene el DNU”.
“El principio de seguridad jurídica deja claro que una cuestión no puede quedar abierta” porque “el ciudadano no sabría cómo actuar ante una medida” ya que “puede ser que dos, tres o cuatro años después el Congreso rechace un DNU”. En ese sentido, enfatizó que la Ley 26.122 “es inconstitucional porque deja abierto un espacio sine die”.
Vítolo apuntó que “desde la entrada en vigencia de la ley, el 82,3% de los DNU no fueron tratados por las cámaras. Esto es lo grave. Esto es lo que llevó a la desidia de que la ley se dictara 12 años después de la Constitución”. “Lo único que ha traído hasta el día de hoy es una gran inseguridad jurídica”, agregó sobre la 26.122, que se mostró a favor de modificar.
En tanto, Ana María Mustapic, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Torcuato Di Tella, observó que “los DNU plantean el problema de los riesgos de la toma de decisiones en forma unilateral. Y el problema del unilateralismo es que es enemigo de la estabilidad de las políticas de Gobierno. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de hoy puede ser la minoría de mañana”.
Guillermo Barrera Buteler, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, opinó que la Ley 26.122 “es un vergonzoso renunciamiento por parte del Congreso a sus atribuciones legislativas. No nos olvidemos que los DNU son un supuesto excepcional en el que el Poder Ejecutivo toma prestadas -sin pedir permiso- atribuciones que son del Congreso”. “Al ser un instituto absolutamente excepcional, la forma de regularlo debe ser restrictiva, porque el Congreso no puede resultar a sus facultades de control, a su potestad legislativa”, aseveró.
En defensa de la Boleta Única, Mayoraz se dedicó a rebatir los argumentos contrarios a la propuesta expresados por Unión por la Patria.
Como miembro informante ofició en el debate de Boleta Única de Papel el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, quien arrancó diciendo que “hoy es un gran día para la democracia; vamos a aprobar un trabajo muy importante de fuerzas que vienen luchando desde hace muchos años por esto”. Resaltó el papel en ese sentido de fuerzas como el Pro y el radicalismo, y aclaró que su partido, La Libertad Avanza, “puso su granito de arena al destrabar en el Senado esta ley, y gracias al trabajo de los senadores de La Libertad Avanza y de los funcionarios de la Jefatura de Gabinete y la fuerza que le ha puesto a este tema el presidente Javier Mieli, hoy vamos a tener ley”.
La argumentación del diputado oficialista giró todo el tiempo en torno a los reparos expuestos por el kirchnerismo, que se dedicó a rebatir. “Me encontré con la sorpresa de las objeciones del kirchnerismo, pero sobre todo la falta de fundamentos para explicar lo inexplicable”, resumió.
Su primera sorpresa, dijo, giró en torno a que “al kirchnerismo le preocupara el presupuesto. Escuché voces que se preguntaban cuánto va a costar esto. Me conmueve, es inédito en la Argentina esa postura de parte de ellos… Parece que de a poco ‘la ven’”.
“Vi como objeción que no habían leído la ley, que estábamos votando algo sin haberla leído. Los que no leyeron ni la media sanción de Diputados, ni las modificaciones del Senado son los de Unión por la Patria”, expresó. Y puso como ejemplo que “uno de los temas claves que modifica la ley es la transmisión de datos”. Señaló en ese sentido que pusieron un “manto de duda sobre la transparencia de las elecciones por la modificación del Senado”, que aclaró responde a que el escrutinio provisorio nunca estuvo en manos de la Cámara Nacional Electoral, y ese artículo que le daba atribuciones, “erróneamente introdujo esa potestad que tenía la Dirección Nacional Electoral”.
Además, advirtió Mayoraz que eso establecía una contradicción con un artículo de la ley, que pone en cabeza de la Dirección Nacional Electoral la transmisión de datos del escrutinio provisorio.
“También escuché críticas como que la Boleta Única de Papel atenta contra el sistema de partidos políticos y fomenta la fragmentación -agregó-. Las posturas fueron sorprendentes para mí, porque venían de una provincia como Santa Fe, que hace muchos años que vota con boleta única y ha visto cómo han pasado por el Gobierno socialistas, justicialistas y radicales: no ha habido ningún problema de alternancia con la boleta en papel”.
Ante otros reparos, el diputado oficialista se preguntó dónde se ataca la democracia con esta ley. Y rebatió otro alegato que, dijo, “parece libertario”. Lo de que “el Estado se tiene que retirar, pero va a seguir repartiendo las boletas”. Y aclaró que el Estado está siempre presente.
Mayoraz continuó señalando que “también se alegó infundadamente que se afectan las posibilidades de las personas discapacitadas”, cosa que rechazó, pues sigue vigente el artículo correspondiente, como así también el del voto asistido. “Ninguna persona ciega o con alguna discapacidad va a ver afectada su capacidad para votar”, aclaró.
En otro argumento kirchnerista que consideró tomado del oficialismo, Mayoraz señaló que desde UP se dijo que esto afecta la “ficha limpia”, porque solo aparecen 3 candidatos (SIC). “En Santa Fe tenemos resuelto el tema: (los partidos) van a tener que publicar la lista completa; los votantes se van a encontrar con un pizarrón o mural donde verán a todos los integrantes de la lista”.
Con relación a la fiscalización, el presidente de Asuntos Constitucionales valoró que “ahora se va a permitir terminar con una práctica corrupta de algunos vivos que robaban las boletas en el cuarto oscuro. Con esto se termina la corrupción en este sentido”.
Y finalmente sostuvo que “esta es una manifestación más de una ley anticasta: si hay una expresión política de la casta, es la boleta que teníamos hasta ahora”.
El plenario entre Peticiones, Poderes y Reglamento; y Asuntos Constitucionales fue confirmado este lunes bajo la premisa de avanzar con la creación de la comisión especial investigadora. Cuántos integrantes le corresponden a cada bloque. Cómo sigue la investigación.
Con la premisa de dictaminar en esta reunión, las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento; y Asuntos Constitucionales mantendrán este martes 3 de septiembre a las 16.30 un encuentro plenario para definir la creación de una comisión especial que va a investigar la visita de los seis diputados libertarios a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad en la Unidad Penitenciaria de Ezeiza el pasado 11 de julio.
Tal como exigió Unión por la Patria, la Comisión de Asuntos Constitucionales no será presidida por el santafesino Nicolás Mayoraz y, hasta el momento, sería encabezada por María Eugenia Vidal, vicepresidenta primera. El pedido del bloque opositor se dio en la última reunión de Peticiones, donde Cecilia Moreau cargó contra el oficialista por haber estado dentro de los grupos de chats en donde se organizaron los viajes a la cárcel.
Según supo parlamentario.com, la comisión especial investigadora quedaría compuesta por 4 integrantes de UP, 2 de La Libertad Avanza, 2 del Pro, 2 de la Unión Cívica Radical y 1 de Encuentro Federal. Una vez elevado el despacho, cada bloque tendrá 48 horas para comunicar a cada representante. Luego, tendrían la obligación de reunirse, por lo menos, una vez a la semana.
Además, el dictamen, unificado entre los impulsados por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, tendría la obligación de presentar informe y conclusiones con las medidas que considere pertinentes en el plazo máximo de 30 días corridos.
A mediados de julio, trascendió que los diputados oficialistas Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta estuvieron reunidos con represores condenados a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza, entre ellos, Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Carlos Suárez Mason y Adolfo Donda.
Ante la conmoción por el conocimiento del viaje, Bonacci y Arrieta relataron haber sido “llevadas por engaño”: A los pocos días se difundió la foto de la reunión con la diputada mendocina en el centro de la escena, quien tras varios idas y vueltas de acusaciones internas, resultó eyectada de la bancada de La Libertad Avanza en el Cámara de Diputados.
Con su salida, la diputada mendocina Lourdes Arrieta formó un monobloque y, luego, publicó una serie de imágenes en X con capturas de pantalla de las conversaciones grupales que tuvieron diputados del oficialismo junto al padre Javier Ravasi -presunto organizador de las visitas- y por el cual se buscó preparar un proyecto de ley para que los exmilitares detenidos puedan gozar de la prisión domiciliaria.
Con eje en fortalecer las relaciones diplomáticas, el diputado Nicolás Mayoraz fue designado este jueves para presidir el GPA con la Organización de Estados Americanos.
En una reunión constitutiva, el reciente titular del Grupo Parlamentario de Amistad (GPA) con la Organización de los Estados Americanos (OEA), diputado Nicolás Mayoraz (LLA), manifestó la voluntad de “trabajar en una agenda muy rica”, que incluye, entre otras cuestiones, “el fortalecimiento del sistema de derechos humanos de la región”.
En la misma línea, la diputada Nadia Márquez (LLA) remarcó la importancia de la OEA, y en ese sentido, pidió “velar por la participación de todos los miembros de la sociedad civil".
Participaron del encuentro que se realizó en el salón Delia Parodi del Palacio Legislativo, los diputados Manuel Quintar, Gerardo Huesen y Silvana Giudici; así como también, la directora de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, Luciana Termine; y Patricia Mariel Cardo, coordinadora de los GPA.
Según los diputados libertarios, todo lo que circuló durante este miércoles fue producto de actores que “impulsaron rumores falsos”.
Al cabo de una jornada signada por la crisis del espacio, el bloque de diputados de La Libertad Avanza dio a conocer un comunicado en el que desmintió “rumores malintencionados” sobre lo que sucedía en esa bancada.
“Frente a los distintos rumores y versiones que trascendieron a raíz de la reunión del bloque este miércoles, los diputados de La Libertad Avanzan sienten la necesidad de aclarar lo sucedido”, señalan los miembros del bloque conducido por Gabriel Bornoroni.
Los diputados desmienten “absolutamente cualquier tipo de episodio de violencia o agresión”. Según ellos, “actores malintencionados impulsaron rumores falsos con respecto a miembros de nuestro bloque, como por ejemplo el diputado Nicolás Mayoraz”.
Señalan al respecto que este diputado es “un integrante valioso de nuestro equipo”, y agregan que quienes trabajan con él diariamente “reconocen que es un profesional serio y competente, incapaz de cualquier tipo de violencia”.
La aclaración viene a cuento de las versiones que circularon este miércoles que señalaban la intención de la diputada Lourdes Arrieta de denunciar a Mayoraz por “violencia de género”.
Para los diputados libertarios, “los mismos de siempre están promoviendo operaciones para socavar las reformas que impulsa el presidente Javier Milei”, y frente a “estos ataques”, el bloque de LLA permanecerá “firme en su defensa de las ideas de la libertad y de los proyectos de ley que impulsa el presidente”.
El diputado Nicolás Mayoraz, de la Libertad Avanza, fue designado como presidente del GPA. Además, durante la reunión, los referentes de ambas naciones acordaron el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.
En el marco de la reunión constitutiva, el flamante presidente del Grupo Parlamentario de Amistad (GPA) con el estado de Emiratos Árabes Unidos, diputado Nicolás Mayoraz (LLA), manifestó la intención de “profundizar la relación entre Emiratos Árabes y Argentina”, al remachar la importancia de “la relación comercial entre ambos Estados”. “Necesitamos fortalecer el comercio y la producción en general”, puntualizó.
El legislador aseguró que “buscamos la apertura de nuevas relaciones con países con los cuales no teníamos vínculo”.
Por otra parte, la diputada nacional por Córdoba María Cecilia Ibáñez (MID - Movimiento de integración y desarrollo), propuso crear “un puente entre su provincia y Emiratos”, con el fin de “avanzar en una mayor integración”.
En tanto, el embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Argentina, Saeed Abdulla Saif Joula Alqemzi, expresó: “Es muy importante poseer este tipo de vínculos para seguir fortaleciendo los lazos de amistad”.
Respecto a las inversiones, el funcionario informó que “Emiratos es un socio importante para nosotros en la región”, al tiempo que subrayó: “Buscamos abrir las puertas para inversiones y queremos hacer más proyectos conjuntos”.
También, integran el GPA con Emiratos Árabes, los diputados de La Libertad Avanza Santiago Pauli y José Luis Espert; de Unión por la Patria Florencia Carignano, Walberto Allende, Tanya Bertoldi, María Luisa Chomiak, Silvana Micaela Ginocchio, Diego Giuliano, José Edgardo Gómez, Pablo Todero y Julia Strada; de Hacemos Coalición Federal Ignacio García Aresca, Emilio Monzó y Alejandra Torres; del Pro Sergio Eduardo Capozzi; de Innovación Federal, Carlos Alberto Fernández; de la Unión Cívica Radical Marcela Antola, Julio Cobos, Juan Carlos Polini y Roberto Antonio Sánchez.
Estuvo presente en la reunión, Luciana Termine, directora de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Nación.
Mediante videoconferencia, además, participaron Tariq Al Tayer, vicepresidente del Consejo Nacional Federal y presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con los Países de Latinoamérica y América del Norte; Moza Al Shehhi, vicepresidente del Grupo Parlamentario de Amistad con los Países de Latinoamérica y América del Norte; Maryam Bin Theneya, miembro del del Grupo Parlamentario de Amistad con los Países de Latinoamérica y América del Norte; Amna Al Adidi, miembro del Grupo Parlamentario de Amistad con los Países de Latinoamérica y América del Norte; y Waleed Al Mansoori, miembro del Grupo Parlamentario de Amistad con los Países de Latinoamérica y América del Norte.
El Gobierno acelera los acuerdos para que el proyecto que lleva seis meses de tratamiento se convierta en ley con la versión aprobada el 30 de abril de la Cámara baja. También, fue formalizada la citación para dictaminar el paquete fiscal.
Mientras los funcionarios del Gobierno recorren los pasillos del Congreso para reunirse con los referentes dialoguistas y acordar qué versión del texto saldrá, Diputados oficializó la reunión plenaria entre las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales para dictaminar el proyecto de Ley de Bases este martes a las 15.
La iniciativa del Poder Ejecutivo que seis meses de tratamiento regresó a la Cámara baja con modificaciones impuestas por los bloques dialoguistas en el Senado cuando se aprobó el pasado 12 de junio. Si bien el Gobierno acelera los acuerdos para realzar la versión aprobada en Diputados el 30 de abril, la redacción final es una incógnita ya que hay quienes creen que no se pueden ignorar los cambios introducidos en la cámara revisora.
A las 17 de este lunes, los enviados del Gabinete Nacional buscarán cerrar con el oficialismo y los referentes dialoguistas el dictamen final que finalmente se convierta en ley con la premisa de mantener la lista completa de empresas estatales a privatizar, el regreso de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales tal como se aprobaron en la cámara de origen.
Claro está, que todo el arco oficialista, va a insistir en imponer la versión aprobada en Diputados. Sin embargo, los dialoguistas dudan y mantienen diferentes posturas en relación a los acuerdos entre el Gobierno y la Cámara alta, sumado a la interna entre legisladores de la UCR.
Una vez que estén rubricados los acuerdos, el plenario de comisiones de Legislación General -cabecera-,a cargo de Santiago Santurio; Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert; y Asuntos Constitucionales, con Nicolás Mayoraz como titular, buscará emitir el dictamen (el último) para dejar lista a la Ley de Bases para finalmente ser convertida en ley, en principio, el próximo jueves 27 de junio.
De igual manera, la Comisión de Presupuesto y Hacienda se reúne después del plenario, a las 18, para formalizar el dictamen del proyecto de ley sobre medidas fiscales paliativas y relevantes, conocido como paquete fiscal.
El santafesino estaría al frente de una de las principales comisiones. Hay cuatro que se buscarán conformar para el período extraordinario y dos quedarían para aliados.
El oficialismo en la Cámara de Diputados tiene como objetivo avanzar con la conformación de cuatro comisiones para el tratamiento de proyectos durante el período de sesiones extraordinarias, para el cual hay un temario de once puntos, pero, sin dudas, la iniciativa más importante será la llamada “ley ómnibus” que buscará avanzar con reformas tributarias, electorales y del Estado.
Este fin de semana el presidente Javier Milei confirmó en el programa de Mirtha Legrand que la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda será para un aliado, el liberal José Luis Espert. En este mismo sentido, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que deberá constituirse dado que el temario de extraordinarias contiene acuerdos internacionales, también sería para un extrapartidario.
Pero además, se apunta a conformar otras dos comisiones que son necesarias y que tradicionalmente están en manos del oficialismo: la de Legislación General y la de Asuntos Constitucionales. Precisamente en esta última sería propuesto como presidente el libertario Nicolás Mayoraz.
El santafesino, especialista en derecho constitucional, fue diputado provincial entre 2019 y 2023 por el bloque Somos vida y familia. En sus redes se define como “argentino y de derecha”.