La sesión de este miércoles arrancó a las 12.19 y concluyó casi seis horas más tarde, a las 18.08. Para el quórum aportaron los bloques de Unión por la Patria (incluidos santiagueños y catamarqueños), el grueso de Democracia para Siempre, más de la mitad de Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, y Álvaro González, del Pro, quien se había sumado al pedido de sesión. También los aliados habituales del oficialismo del MID, bloque que conduce Oscar Zago.

A pesar de que en la previa se esperaba que una mayoría de la UCR bajara al recinto, sólo lo terminaron haciendo los dos bonaerenses Karina Banfi (oriunda de Bahía Blanca) y Fabio Quetglas. También se sentaron en sus bancas los monobloquistas Roberto Mirabella (DSF), Mario Barletta (Unidos) y Lourdes Arrieta (EF-FC).

Impulsor de la sesión especial para tratar el caso $Libra, el presidente del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, dio este miércoles el puntapié inicial de ese debate, celebrando que se hubiera logrado haber las puertas de la Cámara baja, “porque creemos que el Congreso de la Nación tiene que cumplir su rol jurisdiccional”.

“Queremos saber si el 14 de febrero se  empezó a escribir un capítulo oscuro”, expresó el legislador radical, que a continuación pidió un apartamiento para tratar los proyectos de creación de una comisión investigadora sobre “la conducta del presidente Javier Milei en la promoción de una criptomoneda sea tratado y aprobado por este Congreso”.

Por no contar con los dictámenes correspondientes, la moción necesitaba 2/3 que no se consiguieron (la votación resultó con 144 votos afirmativos, y 87 negativos), por lo que el diputado Oscar Agost Carreño pasó a la siguiente instancia, que era plantear dos emplazamientos. Uno, a las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Finanzas y de Justicia, para tratar los proyectos de resolución sobre pedidos de informes e interpelaciones sobre el cripto escándalo, para el martes próximo a las 13 y dictamen el miércoles próximo a la misma hora.

El otro emplazamiento era a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, para el martes 18 a las 16 y el miércoles 19 a las 16, para dictaminar sobre la creación de una comisión investigadora. Ambos resultaron aprobados.

Sin embargo, previamente intervino el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Nicolás Mayoraz, que planteó su disidencia, advirtiendo que no procedía la moción de emplazamiento, pues se estaban “salteando pasos”. Es que, a su juicio, “no ha habido demora en tratar estos proyectos”. Invocó el artículo 106 del reglamento de la Cámara, recordando que el emplazamiento corresponde “cuando hay demora”, cosa que no hay en este caso, a su saber y entender.

Explicó que los proyectos datan del 5 de marzo (en rigor, fueron re-presentados ese día). Ni siquiera había recibido un pedido para poner los temas en el temario, dijo. “No hay demora de ninguna de las comisiones, ni de la Cámara en la discusión de estos proyectos, en todo caso lo que hay que hacer es el pedido a la comisión para que se lo trate, y sino modificar el reglamento”, sostuvo, rechazando de antemano los precedentes que pudieran exponerse, pues eran distintos los casos. “De ninguna manera aceptamos que haya un emplazamiento en estos términos”.

A continuación, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro dijo que podía entender “los artilugios en términos de interpretación del reglamento. Hay una voluntad mayoritaria en este pleno que está tomando la decisión de emplazar a ciertas comisiones. Es verdad que otras veces se ha emplazado a comisiones sin solicitar lo que mencionan en relación al artículo 109”.

Aclaró también que no era verdad que los proyectos se hubieran presentado en el mes de marzo. “La mayoría son del 17 de febrero”, señaló, resaltando que desde esas comisiones “nadie desde el 14 de febrero se comunicó con autores de los proyectos, y no tiene nada que ver con que no estuviéramos en sesiones ordinarias”.

A su turno, Nicolás Del Caño retrucó con que “hay una demora enorme, porque hay una estafa mundial que hizo el presidente de la Nación, es clarísimo. Se está discutiendo un pedido de interpelación, la creación de una comisión investigadora… ¿Qué tienen para esconder en la estafa Libra, que no quieren que interpelen a un funcionario. Se la pasaron discutiendo de ficha limpia y no quieren venir a dar la cara”.

Por su parte, el diputado Nicolás Massot se dirigió al presidente de la Cámara para decirle que “hay sobrados antecedentes y es una obviedad en esta Cámara que la mayoría subroga cualquier interpretación, pero a usted le toca laudar con la autoridad que le da el cargo, pero con criterio y oportunidad”. Aclaró que también “tenemos que defender la investidura presidencial, seamos o no oficialismo; no podemos acceder con facilidad a reacciones desmedidas. No estamos pidiendo ninguna cuestión fuera de la lógica institucional, habida cuenta de lo acontecido”.

Luego mencionó a aquellos que el 14 de febrero repostearon el famoso tuit presidencial. “Usted participó, ingenuamente tal vez; el vocero presidencial también (...) El diputado Mayoraz, de buena fe, pudo decir que abría la comisión, pero no pasó eso, ni se ofrece a hacerlo, ni usted parece estar facilitando esto”, señaló, e insistió: “Tiene la posibilidad de no seguir obturando esto”, a lo que Martín Menem le aclaró: “No falte a la verdad, porque no hay ningún tipo de obturación. Si el Congreso está trabajando”.

Por el Pro, el diputado Fernando Iglesias indicó que “sobre lo sucedido está en curso una investigación en la Justicia” argentina y también la estadounidense, además de que “rige el principio de inocencia”. “Me llama la atención tanta urgencia, por un delito supuesto, que la Justicia no ha sancionado y está siendo investigado”, dijo.

El porteño enfatizó que “en el año 2020 murieron 140 mil argentinos, en el medio de una serie de escándalos del manejo que hizo aquel gobierno con las vacunas” de Covid y “se cometieron además los peores crímenes y violaciones a los derechos humanos de la historia de la democracia”. Entonces, recordó que presentó un proyecto para crear una comisión bicameral investigadora que nunca se puso en tratamiento. “No hubo ninguna urgencia”, se quejó.

En línea con Mayoraz, la secretaria del bloque libertario, Nadia Márquez, aseguró que “se quiere usar un emplazamiento para un tema que no es emplazable” porque este método “es para comisiones en retardo” y los autores de los expedientes “ni siquiera pidieron el tratamiento de los proyectos en la comisión”. “No corresponde un emplazamiento porque no están dadas las comisiones para emplazar”, insistió.

El primer emplazamiento, a las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Finanzas, fue aprobado por 146 votos afirmativos, 81 negativos y cero abstenciones.

El segundo emplazamiento, a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, también fue aprobado por 134 votos afirmativos, 94 negativos, cero abstenciones.

Al abrir el debate sobre ficha limpia en la sesión de este miércoles, el diputado oficialista Nicolás Mayoraz aseguró que “este es solamente el piso, no es el techo”. “Lo que reclama la sociedad está en la Constitución. El derecho a ser elegido, en ningún lado dice que es absoluto y no puede ser reglamentado”, defendió sobre el proyecto que busca prohibir que personas con condena doble por delitos de corrupción no puedan competir a cargos electivos. 

En ese sentido, el santafesino consideró que “si la reglamentación es razonable, proporcionada, si no es discriminatoria, si no busca la exclusión de un grupo de personas, es realmente válida”. 

Sobre los delitos -de corrupción- contemplados para la inhabilitación, el legislador remarcó que “se han seleccionado aquellos a los que hace referencia el artículo 36 de la Constitución Nacional”. “Este es un primer paso, somos conscientes del esfuerzo que ha llevado llegar a este consenso”, expresó y dijo que en el futuro se podrán “ampliar las figuras penales”. 

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales detalló las modificaciones que se acordaron con la oposición dialoguista este martes en el despacho de Martín Menem, de modo de eliminar la “cláusula Petri”, que proponía que la prohibición regiría para quien haya recibido una sentencia en segunda instancia antes del 31 de diciembre de un año no electoral y no así para quien la recibiera a partir del 1ro. de enero de un año electoral. 

Bajo la nueva redacción se indica que la prohibición se aplicará “únicamente en aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al comienzo del plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional”, que se refiere a la fecha del cierre de los padrones, seis meses antes de las elecciones generales. 

En el artículo 1ro. se agrega que “si la confirmación de la condena en la instancia superior se produjera con posterioridad a dicho plazo, la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral”. 

Además, la iniciativa establece que la inelegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente. 

En tanto, en el artículo 2do. se modificó: “La Cámara Nacional Electoral llevará un registro público de ficha limpia en donde constarán las sentencias dictadas en los términos del artículo 1ro., sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias”.  

Mayoraz defendió que sea tomada la doble condena y recordó que durante estos años se debatió cuál debería ser el estándar de culpabilidad, “si desde un simple procesamiento y, al otro extremo, innecesario, inútil, la condena firme; digo así porque ya está en la ley”. “La figura del doble conforme hace un equilibrio entre el reclamado derecho a la aplicación del principio de inocencia y también al cumplimiento que debe darse al artículo 36 de la Constitución Nacional”, señaló. Asimismo, apuntó que es una “figura que contempla una sentencia condenatoria y la revisión de esa sentencia”, ambas dictadas por tribunales pluripersonales. 

Respecto del plazo a partir del cual se aplicará la prohibición para quien reciba una sentencia, el libertario sostuvo que esto “busca dar previsibilidad; la Corte ha dicho que no es arbitrario fijar fechas y plazos”. 

En el cierre de su discurso, manifestó: “El presidente de la Nación fue claro, el que las hace, las paga y en política también. El político que las hace, las paga”. 

Los partidos políticos santafesinos definieron este sábado los candidatos para las elecciones del 13 de abril donde se votarán convencionales de la reforma constitucional de la provincia y entre los postulantes hay legisladores nacionales.

En abril, el mismo día de las PASO municipales y comunales, los y las santafesinas elegirán 69 convencionales reformadores de la Constitución provincial. De ese total, 19 representarán a cada departamento y el resto, 50, representarán al pueblo de la provincia de Santa Fe.

Por primera vez desde 1962, se podrá avanzar en la actualización de la Carta Magna. De esta manera, se elegirán 69 miembros, de los cuales 19 provendrán de los departamentos y el resto de listas provinciales. Entre las modificaciones más importantes que prevé la reforma es la habilitación a que el actual gobernador Maximiliano Pullaro pueda competir por un segundo mandato consecutivo, algo que está prohibido también en la provincia de Mendoza.

La elección de convencionales se realizará con dos boletas únicas: una con 50 candidatos de toda la provincia, y otra con un representante por departamento. En ese sentido, para elegir las bancas que definirán la nueva Constitución de Santa Fe se necesitarán 70.879 votos, el 2,5% exigido por la Ley N.º 14384 que declaró la necesidad de la Reforma.

La lista oficialista Unidos para Cambiar a Santa Fe es encabezada por el gobernador Pullaro secundado por la diputada nacional del Pro, Germana Figueroa Casas.

Constituido como partido político en 2024, La Libertad Avanza (LLA) hará su debut oficial en la provincia de Santa Fe en las elecciones de 2025. Con respaldo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el diputado nacional Nicolás Mayoraz lidera la propuesta libertaria.

Por su parte, el dirigente de Ciudad Futura y concejal rosarino Juan Monteverde encabezará la lista de la principal alianza opositora será Unión por Santa Fe, que reúne al PJ oficial, el rossismo, La Cámpora, el Frente Renovador y el Movimiento Evita. En segundo lugar estará la diputada provincial y ex vicegobernadora de Santa Fe, la peronista Alejandra Rodenas. El tercer lugar será para el diputado nacional, Diego Giuliano, del Frente Renovador.

Por otro lado, el actual senador nacional y último candidato a gobernador Marcelo Lewandowski va a elecciones con sello propio con el Frente Activemos.

Poco antes de las 13.30 arrancó el debate del proyecto para suspender las PASO. Miembro informante del dictamen de mayoría, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, recordó que el oficialismo buscaba la eliminación definitiva de las PASO, pero no habiendo podido alcanzar ese objetivo, dijo que resultaba necesario “suspenderlas en pos de lograr el objetivo por lo menos para esta elección”.

El diputado de La Libertad Avanza dijo que estaban cumpliendo una de las promesas del presidente: “Achicar el costo de la política y poner a los políticos en su lugar”.

Para justificar la medida que se estaba adoptando, Mayoraz se basó en las encuestas, afirmando que distintas consultas hablan del “rechazo absoluto a este sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Es decir que de lo que la ciudadanía se da cuenta a veces, a la clase política le lleva más tiempo darse cuenta”.

En su discurso inicial, el diputado santafesino sostuvo que las PASO terminaron siendo “una encuesta cara” y que “los partidos políticos no han estado a la altura de lo que decían que venían a cumplir: mejorar la calidad institucional”.

A continuación, por el dictamen de minoría habló el diputado de izquierda Christian Castillo, quien se quejó de que se estuviera discutiendo “una agenda totalmente funcional al Gobierno”, al que endilgó una “manipulación del calendario electoral para llevarlo a la conveniencia del oficialismo y poner un mojón en el rediseño del sistema político para que quede conformado por solo dos o tres fuerzas, todas financiadas por las grandes corporaciones”.

Sin referirse a la suspensión de las PASO, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, consideró que “lejos de quererse debatir la cuestión de fondo, lo que se quiere es tirar una especie de bomba de humo, que distraiga durante un determinado tiempo la atención”. En ese sentido, cuestionó en duros términos que no se trate el Presupuesto 2025 y acusó al Gobierno de querer “la discrecionalidad de un manejo absolutamente arbitrario de los recursos públicos” y “hacer lo que quieran con la deuda pública”.

El santafesino advirtió que su bloque “va a seguir trabajando para dar un debate serio, real y concreto” de la ley de leyes, “recurriendo a todas las herramientas reglamentarias”. “La Comisión de Presupuesto tiene que ser emplazada para que funcione”, reclamó.

“Detrás de estas cosas que se están planteando y plantando en el debate, lo que hay es una intención de fondo de no discutir lo que corresponde”, denunció y expresó que el proyecto de ficha limpia es “otra bomba de humo”. “Una ley absolutamente negativa para Argentina; con nombre y apellido contra quien apuntan, Cristina Fernández de Kirchner; y que pone a toda la noble actividad de la política de rodillas frente a Comodoro Py”, observó.

En su discurso, Martínez dijo que “si lo que quiere el presidente es plantear es una disolución nacional, nosotros tenemos que hacer lo contrario, tenemos que poner por delante el debate de todos aquellos temas que permitan reconstruir un proyecto profundamente nacional y federal”.

Luego fue el turno del presidente de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, quien celebró que el proyecto apunta a “bajar el costo de la política”. “Los ciudadanos de bien están cansados de pagar los costos de la política. Las PASO son una encuesta que hacen los partidos políticos, que no se pueden poner de acuerdo, pero quieren gobernar las provincias y la Nación” y esas elecciones “nunca han funcionado”, señaló. 

El libertario precisó que con la suspensión “estaríamos ahorrando 150 millones de dólares”. “Hoy va a salir la suspensión, pero más adelante las vamos a eliminar”, prometió y agradeció a los bloques que votarán a favor, porque “van a acompañar lo que los argentinos han pedido”.  

Por el bloque Pro se expresó la diputada Silvana Giudici indicó que el artículo 28 de la CN les da un “rol fundamental” a los partidos políticos, ya que su creación y el ejercicio de las actividades dentro de los mismos garantizan la organización y el funcionamiento democrático y fue la Reforma del 94 la que lo incorporó y dice que “la vida interna de los partidos políticos debía ser libre y ajena a las intervenciones del partido gobernante”. Así, argumentó: “A diferencia de lo que se planteaba recién de que la suspensión o la eliminación de las PASO atenta atentar contra el sistema federal o representativo de nuestro país, es todo lo contrario”.

La diputada del Pro recordó que cuando se propuso la ley en el 2009 “se prometió que iba a haber mayor participación ciudadana a partir de este mecanismo, mayor transparencia a la de la opacidad de la vida interna de todas nuestras instituciones, el sindicalismo los partidos políticos, iba a posibilitar mayores oportunidades para la competencia de aquellos partidos más pequeños y también que iba a haber mayor equidad en la asignación de los recursos sobre todo aquellos recursos para la publicidad electoral”.

Fabio Quetglas, uno de los pocos miembros de la UCR que rechaza suspender las PASO, confesó que lo que más le “preocupa” es “la narrativa que está por detrás de este proyecto” en la idea de que “ir a votar es algo que nadie quiere” y “que los recursos que se dan para la competencia política son siempre un curro”. El bonaerense pidió cuidar los mecanismos para la selección de los candidatos y habló de “un mensaje oportunista” por parte del Gobierno. 

“Por supuesto que la política no funciona bien en Argentina, que los costos deben ser revisados, que hay muchas cosas que pueden ser mejoradas, pero hoy lo que ampara esa narrativa es la idea de novedad de La Libertad Avanza, que se aprovecha de un hecho novedoso, de una irrupción política, pero como el matrimonio, mes a mes y semana a semana van a ser rutina; no serán una novedad eterna”, reflexionó. 

Quetglas cuestionó la idea de que se vuelva a una “interna cerrada, eso sí era casta”. “Lo hacen porque les conviene; se aprovechan de un prejuicio antipolítica”, cerró. 

Durante los discursos de tiempos de bloques, el jefe de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, consideró que las elecciones PASO “provocaron una fragilidad en el plano institucional y económico” y opinó que, con esta decisión, “el Congreso está en línea con una visión de hastío y cansancio de la sociedad con la multiplicidad de elecciones”. Por otro lado, propuso que “en algún momento hay que avanzar, con el consenso de los partidos políticos -a los que hay que fortalecer-, en una reforma de la Constitución, en término del mandato de los diputados y senadores, que deben durar el mandato presidencial”.

Desde el mismo bloque, pero en contra de la suspensión de las PASO, el porteño Ricardo López Murphy afirmó que esta herramienta “ha funcionado muy bien” y que “el problema electoral son las leyes provinciales”, como la ley de lemas. “El sistema anterior era peor”, enfatizó y dijo que suspendiendo las primarias se “le va a dar la lapicera a quien ejerce el poder”. 

“El único caso en que funcionó mal fue en 2017”, cuando Cristina Kirchner, candidata a senadora “decidió hacer otro partido político para no enfrentar en la interna en su partido”, lanzó. 

El legislador rechazó que se impida “la cohesión de fuerzas afines” y se lleve al sistema “a una polarización extrema”. Quitar las PASO, “nos va a llevar a una degradación aún mayor del sistema político que tenemos”, expresó y completó: “Esto de que vamos a tener un almuerzo gratis suprimiendo las PASO es falso, la plata va a haber que gastarla y la van a gastar peor que de esta manera”.

De Encuentro Federal, la diputada nacional Margarita Stolbizer se mostró crítica del tratamiento exprés de la derogación de las PASO y cargó que “rompe todos los acuerdos porque no se debían dar estas reformas en años electorales”. En esa línea, amplió que la aprobación de esta iniciativa va a marcar “precedente peligroso sobre cómo deben funcionar las instituciones”. También, calificó al dictamen de “pobre, desprolijo y precario”.

Asimismo, fustigó el argumento del oficialismo relacionado a qué esta suspensión responde a un pedido de la opinión pública y añadió que “si el Congreso va a resolver en base a lo que dice la calle, no asumimos con responsabilidad lo que debemos hacer”. Entre varias críticas a lo ocurrido en el plenario de comisiones del martes, donde se despachó el proyecto, cargó contra el oficialismo: “el Gobierno quería una cosa y terminó haciendo un canje”. “No hay discusión por hacer una buena legislación, si no por conseguir número y listo”, cerró.

NOTICIA EN DESARROLLO

Miembro informante del dictamen de mayoría, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, recordó este jueves que el oficialismo buscaba la eliminación definitiva de las PASO, pero no habiendo podido alcanzar ese objetivo, dijo que resultaba necesario “suspenderlas en pos de lograr el objetivo por lo menos para esta elección”.

El diputado de La Libertad Avanza dijo que estaban cumpliendo una de las promesas del presidente: “Achicar el costo de la política y poner a los políticos en su lugar”.

Para justificar la medida que se estaba adoptando, Mayoraz se basó en las encuestas, afirmando que distintas consultas hablan del “rechazo absoluto a este sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Es decir que de lo que la ciudadanía se da cuenta a veces, a la clase política le lleva más tiempo darse cuenta”.

En su discurso inicial, el diputado santafesino sostuvo que las PASO terminaron siendo “una encuesta cara” y que “los partidos políticos no han estado a la altura de lo que decían que venían a cumplir: mejorar la calidad institucional”.

Todo eso justifica “al menos por ahora”, dijo Mayoraz, la suspensión de las PASO. Según el legislador libertario, quieren devolverle a los partidos esa libertad que tenían antes para definir sus candidatos. Por otra parte, aseguró que en cada elección participa un 10% menos de las PASO, lo que atribuyó a un menor interés de la ciudadanía en participar.

“Esta idea de la ley de fortalecer el sistema, la verdad que no se ha logrado”, concluyó, refiriéndose luego al costo que significan las PASO. En ese sentido recordó que “nuestro gobierno dio un paso fundamental con la Boleta Única, que ya reduce en buena medida ese costo, y ahora con la suspensión de las PASO vamos a lograr otro paso importante para que nuevamente los recursos que aportan los contribuyentes no sean un castigo para la ciudadanía. Donde la responsabilidad vuelva hacia quienes la tienen, según la Constitución Nacional, que son los partidos políticos”.

“La mirada crítica la tiene prácticamente todo el arco político argentino”, sostuvo el diputado Mayoraz, y enumeró proyectos presentados sobre el tema por Unión por la Patria, la UCR, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, el Pro, el MPN, Innovación Federal… En consecuencia, consideró que “en realidad esta debería ser una ley que salga por unanimidad. Ese sería un gesto, un reconocimiento de que esto no ha funcionado. Lo bueno que se esperaba ni ha resuelto el problema que venía a resolver”.

El diputado nacional Nicolás Mayoraz (LLA) y el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, representarán a la argentina en la VI Cumbre Transatlántica “Por la libertad y la cultura de la vida" organizada por Political Network for Values (PNfV - Red Política por los Valores) que reunirá en el Senado de España a delegaciones de más de 40 países el próximo 1 y 2 de diciembre.

“Son más de 200 líderes políticos y cívicos de Europa, América y África que vienen a Madrid convocados por los valores que promovemos y defendemos en nuestra red, en especial, la libertad y la cultura de la vida”, afirma Lola Velarde, directora ejecutiva de la Red.

“Creo que la gran respuesta a nuestra convocatoria prueba que la agenda de valores que impulsamos es positiva, humanizadora y transversal, capaz de sumar a políticos de culturas y sensibilidades diversas, porque parte del reconocimiento de la infinita dignidad de todo ser humano, en todas las etapas de su desarrollo”, detalla.

Entre los países que tendrán delegaciones presentes están: Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Croacia, República Dominicana, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Kenia, Malawi, México, Marruecos, Nigeria, Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal, Rumania, España, Sierra Leona, Suiza, Uganda, Ucrania y Venezuela.

Un claro mensaje a favor de la libertad y la cultura de la vida

"El objetivo de la cumbre en Madrid es lanzar un claro mensaje en favor de la libertad y de la cultura de la vida. Las verdaderas democracias tienen como fundamentos irrenunciables la libertad y el respeto a la dignidad humana, del cual nace una cultura de la vida. Libertad y cultura de la vida están en los cimientos de nuestra civilización", apunta Velarde.

Y explica: "Cuando escogimos el tema de esta cumbre, contemplábamos con preocupación que en muchos países no solo se pretende cancelar el derecho a la vida, sino también el derecho a defenderla. La oposición que enfrentamos recientemente para su celebración solo confirma que la cumbre es más necesaria que nunca”.

La oposición a la que ese refiere Velarde es la tentativa del gobierno socialista de España y de diversos partidos de izquierda por cancelar la realización de la Cumbre en el Senado.

Un programa amplio

El evento contará con 8 paneles que tratarán el desafío de la libertad en las democracias actuales, la posibilidad de un cambio de rumbo hacia una cultura de la vida, el reto demográfico y la necesidad de colocar a madres, niños y familias en el centro de las políticas públicas.

También se abordarán libertades de expresión y religiosa como pilares del orden democrático, la libertad de educación como derecho fundamental, el cuidado a la vida en sus expresiones más vulnerables, y la necesidad de una labor articulada para afirmar la dignidad humana y los derechos universales.

Los ponentes

Participarán como conferencistas: Nahuel Sotelo, secretario de Culto y Civilización de Argentina; Márton Ugrósdy, subsecretario de Estado de la oficina del Primer Ministro de Hungría; los miembros del Parlamento Europeo Kinga Gal, de Hungría; Stephen Bartulica, de Croacia; Nicolas Bay, de Francia; Paolo Inselvini, de Italia; Margarita de la Pisa, de España; y Serban-Dimitrie Sturdza, de Rumania.

Las senadoras Paola Holguín y Karina Espinosa, de Colombia y los senadores Eduardo Girão, de Brasil; y Fernando Carbonell, de España. Así como Javier Puente, director de Innovación del Gobierno de Cantabria, España.

El congresista estadounidense Andy Harris, y los parlamentarios Nikolas Ferreira, de Brasil; Stephan Schubert, de Chile; Nicolás Mayoraz, de Argentina; Rogelio Genao, de República Dominicana; Maddalena Morgante e Ylenja Lucaselli, de Italia: Ignacio Garriga, de España; Rita Maria Matias, de Portugal; Gudrun Kugler, de Austria; Lörinc Nacsa, de Hungría; Krzysztof Bosak y Krzysztof Szczucki, de Polonia; Lucy Akello, de Uganda; y Ashems Songwe, de Malawi.

También John Crane, miembro del Senado de Indiana; y Kerri Seekins-Crowe, miembro de la Cámara de Representantes de Montana, ambos de Estados Unidos; y Samuel Sam, embajador para la paz del Gobierno de Sierra Leona.

Intervendrán también los especialistas: Jay Richards y Grace Melton investigadores de Heritage Foundation; María Calvo, profesora de la Universidad Carlos III, de España; Carmen Fernández de la Cigoña, director del Instituto para Estudios de la Familia del CEU; Calum Miller, médico e investigador inglés, el analista marroquí Hafid el Hachimi, investigador de la Carleton University, de Canadá, y Gregor Puppinck, Director del European Center for Law and Justice.

Y los líderes cívicos de organizaciones aliadas: Ádám Kavecsánszki, presidente de la Foundation for a Civic Hungary; Péter Törcsi, director operativo del Center for Fundamental Rights; Brian Brown, presidente de la International Organization for the Family; Neydy Casillas, vicepresidente del Global Center for Human Rights; Valerie Huber, presidente del Institute for Women’s Health; Sharon Slater, presidente de Family Watch International; Stefano Genarini, vicepresidente del Center for Family and Human Rights; Elio Gallego, director del Centro de Estudios, Formación y Análisis Social – CEU-CEFAS, Jerzy Kwaśniewski, presidente de Ordo Iuris – Institute for Legal Culture; Guillermo Morales, asesor jurídico de Alliance Defending Freedom; Bernard García Larraín, coordinador de la Declaración de Casablanca, y Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia y secretario general de PNfV.

El evento será presidido por José Antonio Kast, presidente de PNfV, y tendrá como anfitrión a Jaime Mayor Oreja, presidente de honor de nuestra Red y exministro de Interior de España.

La PNfV es una red internacional de políticos activamente comprometidos con la promoción y la defensa de la vida, la familia y las libertades.

Las Cumbres Transatlánticas son una piedra fundamental para la Red. En ellas se reúnen presencialmente políticos y líderes cívicos de América, Europa y África para estrechar lazos, intercambiar perspectivas, compartir experiencias y buenas prácticas, y construir sinergias para hacer avanzar una agenda común de valores. Se celebran, normalmente, a cada dos años.

Las cumbres se realizan en sedes parlamentarias. La primera Cumbre se realizó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, New York, en 2014; le siguieron otras en el Parlamento Europeo, Bruselas, en 2017; en el Capitolio de Colombia, Bogotá, en 2019; en la Academia Húngara de las Ciencias, Budapest; y, el año pasado, de nuevo en la sede de la ONU en Nueva York, con motivo de los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Tras un duro discurso de Lisandro Almirón, la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto y el oficialista Nicolás Mayoraz protagonizaron uno de los cruces más fuertes de las expresiones en minoría que se dieron ante la fracasada sesión para tratar el proyecto de ficha limpia.

Al igual que lo hiciera su par Juan Manuel López, Oliveto cargó sobre las ausencias que tuvo La Libertad Avanza. Al responderle a Almirón, arrancó entre lágrimas: "Para muchos de nosotros este tema no nos pasa por el costado, no sólo por una persona que se robó la Argentina, sino por el esfuerzo que venimos haciendo hace muchos años por tener la ley de ficha limpia. Los que hablan diciendo a dónde estábamos nosotros, le pregunto, ¿a dónde estaba usted diputado cuando a mí me perseguían, cuando a mi familia la amenazaban, cuando me sacaban de la facultad donde yo tenía mucha trascendencia?".

"Muchos de ustedes estaban el kirchnerismo; entonces tengan respeto, porque yo siempre los respete, porque una lucha se respeta", pidió y les advirtió que "nadie es dueño de los votos, nadie es dueño de la libertad, nadie es dueño de la historia, porque hoy tenes votos y mañana podes no tenerlos".

La porteña reclamó que "creen que ganar una elección los hace dueños de la historia" cuando "hace 20 años que nos dicen eso y cada vez estamos peor institucionalmente".

"En el medio están negociando jueces federales para garantizar la impunidad y de eso también se van a tener que hacer cargo", denunció la cívica.

Oliveto expresó que espera que "sancionen a los miembros de su partido que no estuvieron, porque ahí sí van a demostrar que no están en un acuerdo con aquellos que ustedes dicen que los van a llevar al olvido".

"Háganse cargo de que siendo Gobierno y habiendo negociando tantas leyes; porque no son minoría eh, acá ustedes construyen muy fácil mayoría, déjense el cuentito del pastorcito de que son minoría, porque hay muchos que sistemáticamente votan con ustedes; no hicieron ningún esfuerzo para que vinieran sus propios compañeros", cerró.

Inmediatamente después le salió al responder Mayoraz: "Los que vienen a lavarse las culpas que han tenido durante todo el año, acompañando al kirchnerismo en todas sus políticas, han sido funcionales todo el año, nos vienen a hablar ahora de moral y de ejemplo".

"La líder de la Coalición Cívica, (Elisa) 'Lilita' Carrió, fue la que en 2003 dijo que votaba a Néstor Kirchner con reserva moral", mencionó a la dirigente y la tropa de diputados de la CC explotó. Mónica Frade le gritaba "lávate la boca". También saltó de su banca Maximiliano Ferraro, a quien Martín Menem llamaba al orden.

En medio de los enojos, el santafesino siguió: "Fue 'Lilita Carrió' la que permitió que Néstor Kirchner fuera presidente, busquen los archivos, tengan memoria. No se olvida la sociedad de lo que hicieron ustedes, no tienen vergüenza".

"Ustedes han sido cómplices del kirchnerismo, se aplauden mutuamente, bloquean la Ley de Bases, todo hicieron con el kirchnerismo", acusó, a pesar de que la CC sí acompañó al Gobierno en la sanción de esa ley.

Finalmente, el diputado libertario le pidió a Oliveto que "no venga con lágrimas de cocodrilo diputada, ustedes permitieron que Néstor Kirchner sea presidente, ustedes llamaron a votarlo".

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento continuará este miércoles analizando una reforma de la Ley 26.122, que regula el tratamiento de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso, tal cual se estableció durante la última sesión de la Cámara baja, en la que la oposición forzó un emplazamiento para debatir este tema. Emplazamiento que incluía un cronograma según el cual este miércoles 30 de octubre se debería emitir dictamen.

Esa es precisamente la intención de la oposición, a contramano de los deseos del oficialismo y sus aliados, que preferían extender en el tiempo el debate, de modo tal de que -hay que decirlo- concluyera el período ordinario sin chances de llevar el tema al recinto.

Se había ilusionado el oficialismo con esa posibilidad, ante la gran cantidad de expositores presentados, pero ese no será un impedimento. De hecho, mientras los mismos vayan hablando este miércoles, estará circulando el o los textos de los dictámenes en cuestión.

Durante la última reunión, la segunda, realizada el miércoles pasado, cerca de las 20 se informó que quedan entre 9 y 11 expositores propuestos por la oposición, para hablar, como así también 18 autores de proyectos. Fue por eso que por parte de la oposición el diputado Juan Manuel López pidió modificar la hora de inicio: en lugar de las 17, arrancar más temprano. El titular de Asuntos Constitucionales, el oficialista Nicolás Mayoraz, se mostró afablemente inflexible: “Me secundan dos secretarios muy celosos del reglamento y la convocatoria dice ‘los miércoles tal y tal’… No quiero salirme de allí”. Ahí fue que el jefe del bloque Coalición Cívica dijo que verían de qué manera acotar los discursos para no terminar tan tarde, pero aclaró que podrían circular el dictamen mientras se estaba hablando, cosa que Mayoraz por supuesto aceptó.

Y es lo que sucederá entonces este miércoles, avanzando la oposición en su conjunto con un dictamen que contemple una modificación de la ley elaborada allá por 2006 por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, que establece que para ser rechazado un DNU deben votarlo en contra las dos cámaras. El texto que la oposición quiere aprobar ahora dirá que alcanzará con el rechazo de una de las cámaras para que se caiga el decreto de necesidad y urgencia, como así también rigurosidad con los tiempos: si pasada una determinada cantidad de días el tema no se vota en las cámaras, el DNU pierde validez.

Entre otras cosas, también se aumenta -según los proyectos puestos a consideración- la cantidad de integrantes de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo: de 12 senadores y 12 diputados, en lugar de 8 y 8.

El oficialismo no quiere saber nada con esta ley y el presidente Javier Milei adelantó que, si la aprueban, la vetará. El Pro, a pesar de haber impulsado en su momento varias iniciativas para reformar este sistema para los DNU, ahora está alineado con el oficialismo, diciendo que con un gobierno tan en minoría, sería muy grave impedirle el uso de esa herramienta.

En la segunda reunión informativa de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados que analiza una reforma de la Ley 26.122, que regula el tratamiento de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso, más de una docena de expositores coincidieron en avanzar con una modificación de la norma.

Desde la oposición se presentaron distintos proyectos sobre el tema, y se busca avanzar para evitar un abuso en el uso de esta herramienta por parte del presidente, quien ya rechazó una eventual ley en este sentido y avisó que la vetará.

La reunión se extendió alrededor de tres horas y al concluir, a las 20, el diputado Juan Manuel López pidió saber qué oradores estaban previstos para la próxima reunión y cuáles autores de proyectos que no son más diputados estarían. El titular de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, señaló que para el próximo miércoles, fecha establecida para dictaminar, según el emplazamiento que dispuso el tratamiento de este tema, quedan entre 9 y 11 especialistas propuestos por la oposición, y alrededor de 18 autores de proyectos. “Vamos a manejarlo”, aclaró el diputado oficialista que dijo que escuchará durante la semana propuestas para ordenar la reunión del miércoles.

López le recordó entonces que al votarse la moción, Oscar Agost Carreño había dicho que podían elegir otro horario para sesionar más temprano, pero Mayoraz se mantuvo inflexible. Con buen humor, el presidente de Asuntos Constitucionales dijo que “me secundan dos secretarios muy celosos del reglamento y la convocatoria dice ‘los miércoles tal y tal’… No quiero salirme de allí”.

“Lo puede interpretar, porque en la convocatoria estaba”, le advirtió Juan Manuel López con una sonrisa, a lo que en el mismo tono Mayoraz pidió: “No me hagan decir a mí lo que ni el reglamento, ni la convocatoria dicen”. Con todo, el legislador de la Coalición Cívica señaló que verían de qué manera acotar los discursos para no terminar tan tarde, pero deslizó que “eventualmente” se podría circular el dictamen mientras estaban hablando, cosa que Mayoraz aceptó.

Cerró el socialista Esteban Paulón, pidiéndole al diputado libertario que mantuviera “su espíritu ceñido al reglamento en los próximos temas que vendrán”. “Desde ya que sí, sobre todo si me emplazan”, concedió Mayoraz.

La presentación de Barra

Como primer orador, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, señaló que el uso de los DNU “ha sido una tradición constitucional” y “una herramienta para incentivar al Congreso a que legisle frente a determinados casos de urgencia”. “El DNU no es exactamente una ley, tiene un régimen jurídico distinto. Es una norma con jerarquía de ley y con prácticamente todos los efectos de una ley”, explicó.

El representante del Poder Ejecutivo recordó que “el DNU no necesita ser aprobado” por el Congreso, aunque “sí puede ser derogado por una ley” hasta incluso “100 años después”, en referencia a que no hay plazos para eso, lo que justamente con la reforma se intenta establecer.

En una breve intervención, el funcionario remarcó que “es un procedimiento de excepción y urgencia” y que “el constituyente ha sido claro, ha creado una forma de legislación con excepciones”, en alusión al artículo 99, inciso 3, que impide al presidente dictar normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos.

No se le formularon preguntas, ni a Barra, ni a ninguno de los otros oradores.

A continuación habló Juan Carlos Cassagne, presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, quien defendió la herramienta. “La clave está en interpretar qué puede hacer cada poder. Los poderes son coordinados y cada uno tiene una función prevaleciente o predominante, pero eso no impide que ejerza la otra función también”, expresó.

En línea con Barra, apuntó que el artículo 99, inciso 3, es “la principal atenuación que se ha hecho de las facultades del presidente”. Y mencionó que la Constitución ya habla de los plazos para su tratamiento en el Congreso, donde indica que el jefe de Gabinete de ministros tiene un plazo de 10 días para remitir a la Comisión Bicameral, que a su vez tiene un plazo de 10 días para dictaminar y luego “de inmediato lo considerarán las cámaras”. “Hay que cumplirlo de esa manera que está escrito”, dijo.

“No se trata del predominio de un poder sobre otro, porque el Congreso siempre va a tener la potestad superior de derogarlo como quiera”, remarcó y completó: “Si queremos desvirtuar el presidencialismo, eliminemos los decretos de necesidad y urgencia y no cumplamos la Constitución”.

Por su parte, Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que el DNU “es una práctica que se generalizó de una manera excesiva en la época de (Carlos) Menem” con “más o menos 500 DNU; antes de (Raúl) Alfonsín hubo unos 10 y Alfonsín dictó 30”. “Siempre estuvo la discusión acerca del alcance del contenido de un DNU y el plazo que tenían los diputados y senadores para expresar su convalidación o no”, siguió.

Para el abogado, la Ley 26.122 “en la práctica se ha demostrado que tiene que modificarse” porque “carece de plazos para que las cámaras se expidan, carece de las consecuencias por no expedirse, y carece sobre el contenido que tiene que tener el despacho de comisión”.

“Es conveniente incorporar un plazo razonable para que las cámaras se expidan”, opinó y se mostró a favor de que “60 días hábiles es un plazo razonable para discutir y expedirse”. Además, respaldó que se pueda validar o invalidar parcialmente porque “es una mala idea la aprobación a todo o nada” de un DNU.

A su turno, el abogado constitucionalista Alfredo Vítolo aseguró que “el constituyente fue muy claro para dejar abierta esta cuestión para que el Congreso la resuelva; el Congreso es quien tiene la llave para decidir qué valor tiene el DNU”.

“El principio de seguridad jurídica deja claro que una cuestión no puede quedar abierta” porque “el ciudadano no sabría cómo actuar ante una medida” ya que “puede ser que dos, tres o cuatro años después el Congreso rechace un DNU”. En ese sentido, enfatizó que la Ley 26.122 “es inconstitucional porque deja abierto un espacio sine die”.

Vítolo apuntó que “desde la entrada en vigencia de la ley, el 82,3% de los DNU no fueron tratados por las cámaras. Esto es lo grave. Esto es lo que llevó a la desidia de que la ley se dictara 12 años después de la Constitución”. “Lo único que ha traído hasta el día de hoy es una gran inseguridad jurídica”, agregó sobre la 26.122, que se mostró a favor de modificar.

En tanto, Ana María Mustapic, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Torcuato Di Tella, observó que “los DNU plantean el problema de los riesgos de la toma de decisiones en forma unilateral. Y el problema del unilateralismo es que es enemigo de la estabilidad de las políticas de Gobierno. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de hoy puede ser la minoría de mañana”.

Guillermo Barrera Buteler, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, opinó que la Ley 26.122 “es un vergonzoso renunciamiento por parte del Congreso a sus atribuciones legislativas. No nos olvidemos que los DNU son un supuesto excepcional en el que el Poder Ejecutivo toma prestadas -sin pedir permiso- atribuciones que son del Congreso”. “Al ser un instituto absolutamente excepcional, la forma de regularlo debe ser restrictiva, porque el Congreso no puede resultar a sus facultades de control, a su potestad legislativa”, aseveró.

Como miembro informante ofició en el debate de Boleta Única de Papel el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, quien arrancó diciendo que “hoy es un gran día para la democracia; vamos a aprobar un trabajo muy importante de fuerzas que vienen luchando desde hace muchos años por esto”. Resaltó el papel en ese sentido de fuerzas como el Pro y el radicalismo, y aclaró que su partido, La Libertad Avanza, “puso su granito de arena al destrabar en el Senado esta ley, y gracias al trabajo de los senadores de La Libertad Avanza y de los funcionarios de la Jefatura de Gabinete y la fuerza que le ha puesto a este tema el presidente Javier Mieli, hoy vamos a tener ley”.

La argumentación del diputado oficialista giró todo el tiempo en torno a los reparos expuestos por el kirchnerismo, que se dedicó a rebatir. “Me encontré con la sorpresa de las objeciones del kirchnerismo, pero sobre todo la falta de fundamentos para explicar lo inexplicable”, resumió.

Su primera sorpresa, dijo, giró en torno a que “al kirchnerismo le preocupara el presupuesto. Escuché voces que se preguntaban cuánto va a costar esto. Me conmueve, es inédito en la Argentina esa postura de parte de ellos… Parece que de a  poco ‘la ven’”.

“Vi como objeción que no habían leído la ley, que estábamos votando algo sin haberla leído. Los que no leyeron ni la media sanción de Diputados, ni las modificaciones del Senado son los de Unión por la Patria”, expresó. Y puso como ejemplo que “uno de los temas claves que modifica la ley es la transmisión de datos”. Señaló en ese sentido que pusieron un “manto de duda sobre la transparencia de las elecciones por la modificación del Senado”, que aclaró responde a que el escrutinio provisorio nunca estuvo en manos de la Cámara Nacional Electoral, y ese artículo que le daba atribuciones, “erróneamente introdujo esa potestad que tenía la Dirección Nacional Electoral”.

Además, advirtió Mayoraz que eso establecía una contradicción con un artículo de la ley, que pone en cabeza de la Dirección Nacional Electoral la transmisión de datos del escrutinio provisorio.

“También escuché críticas como que la Boleta Única de Papel atenta contra el sistema de partidos  políticos y fomenta la fragmentación -agregó-. Las posturas fueron sorprendentes para mí, porque venían de una provincia como Santa Fe, que hace muchos años que vota con boleta única y ha visto cómo han pasado por el Gobierno socialistas, justicialistas y radicales: no ha habido ningún problema de alternancia con la boleta en papel”.

Ante otros reparos, el diputado oficialista se preguntó dónde se ataca la democracia con esta ley. Y rebatió otro alegato que, dijo, “parece libertario”. Lo de que “el Estado se tiene que retirar, pero va a seguir repartiendo las boletas”. Y aclaró que el Estado está siempre presente.

Mayoraz continuó señalando que “también se alegó infundadamente que se afectan las posibilidades de las  personas discapacitadas”, cosa que rechazó, pues sigue vigente el artículo correspondiente, como así también el del voto asistido. “Ninguna persona ciega o con alguna discapacidad va a ver afectada su capacidad para votar”, aclaró.

En otro argumento kirchnerista que consideró tomado del oficialismo, Mayoraz señaló que desde UP se dijo que esto afecta la “ficha limpia”, porque solo aparecen 3 candidatos (SIC). “En Santa Fe tenemos resuelto el tema: (los partidos) van a tener que publicar la lista completa; los votantes se van a encontrar con un pizarrón o mural donde verán a todos los integrantes de la lista”.

Con relación a la fiscalización, el presidente de Asuntos Constitucionales valoró que “ahora se va a permitir terminar con una práctica corrupta de algunos vivos que robaban las boletas en el cuarto oscuro. Con esto se termina la corrupción en este sentido”.

Y finalmente sostuvo que “esta es una manifestación más de una ley anticasta: si hay una expresión política de la casta, es la boleta que teníamos hasta ahora”.

Con la premisa de dictaminar en esta reunión, las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento; y Asuntos Constitucionales mantendrán este martes 3 de septiembre a las 16.30 un encuentro plenario para definir la creación de una comisión especial que va a investigar la visita de los seis diputados libertarios a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad en la Unidad Penitenciaria de Ezeiza el pasado 11 de julio.

Tal como exigió Unión por la Patria, la Comisión de Asuntos Constitucionales no será presidida por el santafesino Nicolás Mayoraz y, hasta el momento, sería encabezada por María Eugenia Vidal, vicepresidenta primera. El pedido del bloque opositor se dio en la última reunión de Peticiones, donde Cecilia Moreau cargó contra el oficialista por haber estado dentro de los grupos de chats en donde se organizaron los viajes a la cárcel.

Según supo parlamentario.com, la comisión especial investigadora quedaría compuesta por 4 integrantes de UP, 2 de La Libertad Avanza, 2 del Pro, 2 de la Unión Cívica Radical y 1 de Encuentro Federal. Una vez elevado el despacho, cada bloque tendrá 48 horas para comunicar a cada representante. Luego, tendrían la obligación de reunirse, por lo menos, una vez a la semana.

Además, el dictamen, unificado entre los impulsados por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, tendría la obligación de presentar informe y conclusiones con las medidas que considere pertinentes en el plazo máximo de 30 días corridos.

A mediados de julio, trascendió que los diputados oficialistas Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta estuvieron reunidos con represores condenados a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza, entre ellos, Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Carlos Suárez Mason y Adolfo Donda.

Ante la conmoción por el conocimiento del viaje, Bonacci y Arrieta relataron haber sido “llevadas por engaño”: A los pocos días se difundió la foto de la reunión con la diputada mendocina en el centro de la escena, quien tras varios idas y vueltas de acusaciones internas, resultó eyectada de la bancada de La Libertad Avanza en el Cámara de Diputados.

Con su salida, la diputada mendocina Lourdes Arrieta formó un monobloque y, luego, publicó una serie de imágenes en X con capturas de pantalla de las conversaciones grupales que tuvieron diputados del oficialismo junto al padre Javier Ravasi -presunto organizador de las visitas- y por el cual se buscó preparar un proyecto de ley para que los exmilitares detenidos puedan gozar de la prisión domiciliaria.

En una reunión constitutiva, el reciente titular del Grupo Parlamentario de Amistad (GPA) con la Organización de los Estados Americanos (OEA), diputado Nicolás Mayoraz (LLA), manifestó la voluntad de “trabajar en una agenda muy rica”, que incluye, entre otras cuestiones, “el fortalecimiento del sistema de derechos humanos de la región”.

En la misma línea, la diputada Nadia Márquez (LLA) remarcó la importancia de la OEA, y en ese sentido, pidió “velar por la participación de todos los miembros de la sociedad civil".

Participaron del encuentro que se realizó en el salón Delia Parodi del Palacio Legislativo, los diputados Manuel Quintar, Gerardo Huesen y Silvana Giudici; así como también, la directora de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, Luciana Termine; y Patricia Mariel Cardo, coordinadora de los GPA.

Al cabo de una jornada signada por la crisis del espacio, el bloque de diputados de La Libertad Avanza dio a conocer un comunicado en el que desmintió “rumores malintencionados” sobre lo que sucedía en esa bancada.

“Frente a los distintos rumores y versiones que trascendieron a raíz de la reunión del bloque este miércoles, los diputados de La Libertad Avanzan sienten la necesidad de aclarar lo sucedido”, señalan los miembros del bloque conducido por Gabriel Bornoroni.

Los diputados desmienten “absolutamente cualquier tipo de episodio de violencia o agresión”. Según ellos, “actores malintencionados impulsaron rumores falsos con respecto a miembros de nuestro bloque, como por ejemplo el diputado Nicolás Mayoraz”.

Señalan al respecto que este diputado es “un integrante valioso de nuestro equipo”, y agregan que quienes trabajan con él diariamente “reconocen que es un profesional serio y competente, incapaz de cualquier tipo de violencia”.

La aclaración viene a cuento de las versiones que circularon este miércoles que señalaban la intención de la diputada Lourdes Arrieta de denunciar a Mayoraz por “violencia de género”.

Para los diputados libertarios, “los mismos de siempre están promoviendo operaciones para socavar las reformas que impulsa el presidente Javier Milei”, y frente a “estos ataques”, el bloque de LLA permanecerá “firme en su defensa de las ideas de la libertad y de los proyectos de ley que impulsa el presidente”.

En el marco de la reunión constitutiva, el flamante presidente del Grupo Parlamentario de Amistad (GPA) con el estado de Emiratos Árabes Unidos, diputado Nicolás Mayoraz (LLA), manifestó la intención de “profundizar la relación entre Emiratos Árabes y Argentina”, al remachar la importancia de “la relación comercial entre ambos Estados”. “Necesitamos fortalecer el comercio y la producción en general”, puntualizó.

El legislador aseguró  que “buscamos la apertura de nuevas relaciones con países con los cuales no teníamos vínculo”.

Por otra parte, la diputada nacional por Córdoba María Cecilia Ibáñez (MID - Movimiento de integración y desarrollo), propuso crear “un puente entre su provincia y Emiratos”, con el fin de “avanzar en una mayor integración”.

En tanto, el embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Argentina, Saeed Abdulla Saif Joula Alqemzi, expresó: “Es muy importante poseer este tipo de vínculos para seguir fortaleciendo los lazos de amistad”.

Respecto a las inversiones, el funcionario informó que “Emiratos es un socio importante para nosotros en la región”, al tiempo que subrayó: “Buscamos abrir las puertas para inversiones y queremos hacer más proyectos conjuntos”.

También, integran el GPA con Emiratos Árabes, los diputados de La Libertad Avanza Santiago Pauli y José Luis Espert; de Unión por la Patria Florencia Carignano, Walberto Allende, Tanya Bertoldi, María Luisa Chomiak, Silvana Micaela Ginocchio, Diego Giuliano, José Edgardo Gómez, Pablo Todero y Julia Strada; de Hacemos Coalición Federal Ignacio García Aresca, Emilio Monzó y Alejandra Torres; del Pro Sergio Eduardo Capozzi; de Innovación Federal, Carlos Alberto Fernández; de la Unión Cívica Radical Marcela Antola, Julio Cobos, Juan Carlos Polini y Roberto Antonio Sánchez.

Estuvo presente en la reunión,  Luciana Termine, directora de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Nación.

Mediante videoconferencia, además, participaron Tariq Al Tayer, vicepresidente del Consejo Nacional Federal y presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con los Países de Latinoamérica y América del Norte; Moza Al Shehhi, vicepresidente del Grupo Parlamentario de Amistad con los Países de Latinoamérica y América del Norte; Maryam Bin Theneya, miembro del del Grupo Parlamentario de Amistad con los Países de Latinoamérica y América del Norte; Amna Al Adidi, miembro del Grupo Parlamentario de Amistad con los Países de Latinoamérica y América del Norte; y Waleed Al Mansoori, miembro del Grupo Parlamentario de Amistad con los Países de Latinoamérica y América del Norte.

Mientras los funcionarios del Gobierno recorren los pasillos del Congreso para reunirse con los referentes dialoguistas y acordar qué versión del texto saldrá, Diputados oficializó la reunión plenaria entre las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales para dictaminar el proyecto de Ley de Bases este martes a las 15.

La iniciativa del Poder Ejecutivo que seis meses de tratamiento regresó a la Cámara baja con modificaciones impuestas por los bloques dialoguistas en el Senado cuando se aprobó el pasado 12 de junio. Si bien el Gobierno acelera los acuerdos para realzar la versión aprobada en Diputados el 30 de abril, la redacción final es una incógnita ya que hay quienes creen que no se pueden ignorar los cambios introducidos en la cámara revisora.

A las 17 de este lunes, los enviados del Gabinete Nacional buscarán cerrar con el oficialismo y los referentes dialoguistas el dictamen final que finalmente se convierta en ley con la premisa de mantener la lista completa de empresas estatales a privatizar, el regreso de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales tal como se aprobaron en la cámara de origen.

Claro está, que todo el arco oficialista, va a insistir en imponer la versión aprobada en Diputados. Sin embargo, los dialoguistas dudan y mantienen diferentes posturas en relación a los acuerdos entre el Gobierno y la Cámara alta, sumado a la interna entre legisladores de la UCR.

Una vez que estén rubricados los acuerdos, el plenario de comisiones de Legislación General -cabecera-,a cargo de Santiago Santurio; Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert; y Asuntos Constitucionales, con Nicolás Mayoraz como titular, buscará emitir el dictamen (el último) para dejar lista a la Ley de Bases para finalmente ser convertida en ley, en principio, el próximo jueves 27 de junio.

De igual manera, la Comisión de Presupuesto y Hacienda se reúne después del plenario, a las 18, para formalizar el dictamen del proyecto de ley sobre medidas fiscales paliativas y relevantes, conocido como paquete fiscal.

El oficialismo en la Cámara de Diputados tiene como objetivo avanzar con la conformación de cuatro comisiones para el tratamiento de proyectos durante el período de sesiones extraordinarias, para el cual hay un temario de once puntos, pero, sin dudas, la iniciativa más importante será la llamada “ley ómnibus” que buscará avanzar con reformas tributarias, electorales y del Estado. 

Este fin de semana el presidente Javier Milei confirmó en el programa de Mirtha Legrand que la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda será para un aliado, el liberal José Luis Espert. En este mismo sentido, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que deberá constituirse dado que el temario de extraordinarias contiene acuerdos internacionales, también sería para un extrapartidario. 

Pero además, se apunta a conformar otras dos comisiones que son necesarias y que tradicionalmente están en manos del oficialismo: la de Legislación General y la de Asuntos Constitucionales. Precisamente en esta última sería propuesto como presidente el libertario Nicolás Mayoraz. 

El santafesino, especialista en derecho constitucional, fue diputado provincial entre 2019 y 2023 por el bloque Somos vida y familia. En sus redes se define como “argentino y de derecha”.