Hace poco más de dos semanas, las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados realizaron una reunión informativa a la que asistieron numerosos invitados para el debate sobre el cambio en las licencias laborales parentales y de cuidado.

Para esa fecha, los asesores habían llegado a un texto unificado que, incluso, fue analizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso. De acuerdo al primer informe, el impacto fiscal de la iniciativa tendría “un gasto aproximado de $75.604,65 millones, lo que equivale al 0,045% de PIB para 2023”.

Sin embargo, la Comisión de Presupuesto y Hacienda -la tercera a la que tiene giro el proyecto- remitió a la OPC una nueva versión de dictamen y, a partir de las modificaciones, aclaraciones y agregados que se le hicieron, el organismo que brinda asistencia técnica a los legisladores estimó un nuevo cálculo.

“El importe total esperado a cubrir por el Estado Nacional ascendería a $124.634,78 millones, lo que equivaldría al 0,074% del PIB esperado para 2023”, detallaron desde la Oficina, lo que representa una diferencia de 49 mil millones de pesos.

Más allá de las diferencias entre ambos proyectos preliminares, lo que generaría costo adicional para la Administración Pública Nacional es: la inclusión de monotributistas y autónomos como beneficiarios potenciales de las asignaciones parentales cuyo importe mensual será equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil neto vigente en cada período; la posibilidad de percibir las asignaciones parentales para personas gestantes y no gestantes en simultáneo por parte de ambos progenitores; y el financiamiento de las contribuciones patronales en concepto de obra social a través de los recursos del régimen de Asignaciones Familiares.

“En el caso de las asignaciones parentales a otorgar para trabajadores en relación de dependencia, las modificaciones introducidas al proyecto preliminar de dictamen incluyen la adición de las contribuciones patronales con destino a las obras sociales como parte del monto a cubrir por parte del Estado Nacional”, señaló la OPC.

A través de distintos cuadros y gráficos, en el nuevo documento se señala que la población ocupada es de 19.094.075, de los cuales 2.157.861 son no asalariados informales (independientes); 2.614.194 monotributistas y autónomos; 9.808.457 asalariados formales (relación de dependencia); y 4.475.501 asalariados informales (relación de dependencia).

El organismo precisó que “mediante métodos estadísticos y sobre la base de la información existente, se esperaría que en cada año se otorguen 145.667 asignaciones parentales para personas no gestantes”.

Mientras que “la cantidad de trabajadores monotributistas y autónomos que se estima que solicitarán las asignaciones parentales es de 25.414 para personas gestantes y de 61.329 para personas no gestantes“.

“En lo que respecta a las asignaciones parentales para personas adoptantes, en el estudio original del 22 de junio se tomó la cantidad de 500 adopciones que en promedio se efectivizan por año entre los trabajadores en relación de dependencia. Suponiendo distribución uniforme de adopciones entre la población trabajadora, para los monotributistas y autónomos se efectivizarían 170 adopciones, distribuidas de la siguiente manera entre monoparentales y biparentales”, se agregó.

Este es uno de los temas que el oficialismo buscará impulsar en la segunda parte del año. El 16 de mayo pasado se comenzó el debate sobre medio centenar de propuestas presentadas. “Luego del receso invernal volveremos a convocar para dictaminar”, anunció la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley, en el último encuentro realizado el 4 de julio.