La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados dictaminó un proyecto de ley que establece un protocolo de acompañamiento en el final de la vida para pacientes con Covid-19.

La iniciativa tiene el objetivo de proteger y garantizar especialmente el derecho a la salud en sentido integral, a la autonomía de la libertad con respecto a su salud y la dignidad de la persona con Covid-19 en la etapa final de su vida, y el respeto de sus derechos de conformidad con la Ley 26.529 y tratados internacionales de derechos humanos.

El texto prevé que se deberá brindar la atención médica centrada en la persona y la familia, con absoluto respeto hacia su libertad, autodesarrollo y dignidad humana.

La mendocina Claudia Najul, una de las impulsoras del proyecto, celebró el dictamen unificado y expresó que “cuando nos centramos en las personas nunca vamos a errar la decisión, respetando el enfoque de derechos y de no discriminación, con dignidad”.

La legisladora señaló que se trata de “recibir de las instituciones y de los médicos información clara, para poder tomar decisiones, respetando autonomía del paciente, facilitando el contacto con su familia, teniendo en cuenta medidas de cuidado, y garantizar ese derecho a la despedida en el proceso del final de la vida. La atención debe centrarse en las personas”.

Por su parte, el radical José Cano puso el acento en los traslados interjurisdicicionales. “Este tema, de planteo recurrente, a todos nos conmovió. Tenemos que entender que en la redacción de la norma, cuando el tránsito sea interjurisdiccional, la ley no garantiza eso, solo habla de las instituciones”, advirtió.

“Hubo gestiones de cuestiones puntuales que uno va resolviendo, pero a esta altura de la pandemia hay cuestiones irracionales sin sustento para que se condicione la libertad de las personas”, cuestionó y remarcó que “no tiene que ver con quién gobierna; no puede haber ningún impedimento para estas circunstancias”.

En tanto, el diputado Gonzalo del Cerro pidió dejar aclarado que en esta ley “no se explican las políticas restrictivas por cuestiones de protocolo”. Entonces, sugirió dar tratamiento en el COFESA (Consejo Federal de Salud) para que “esta ley no sea de difícil instrumentación”.

También recibió dictamen un proyecto referido a que las personas con discapacidad puedan decidir sobre su capacidad reproductiva -en relación a la anticoncepción quirúrgica-; y otra para regular el uso y la comercialización de pirotecnia, que deberá ser analizada además en las comisiones de Seguridad Interior e Industria.

Neuquén tendrá la ley “del último adiós” para acompañamiento y asistencia humanizada de pacientes en el final de sus vidas. La ley garantiza el acompañamiento y la asistencia a las personas que, según valoración clínica, se encuentran en el final de sus vidas o que hayan fallecido como consecuencia del coronavirus u otra enfermedad terminal, en el contexto de pandemia declarada por la OMS.

La iniciativa, aprobada en general y por unanimidad, consensuó la unificación de tres proyectos en similar sentido presentados por Juntos por el Cambio y por el Partido Demócrata Cristiano.

La norma implica que el Ministerio de Salud, en tanto autoridad de aplicación, deberá establecer los protocolos correspondientes para el “acompañamiento afectivo” de las personas ingresadas al sistema de salud afectadas ya sea por Covid-19 como por cualquier otra otra enfermedad terminal, en los que la valoración clínica haga prever que se encuentran en el final de sus vidas.

Regirá tanto para el sistema público como para el privado y contempla la elaboración de “requisitos protocolares mínimos de bioseguridad” tanto para el paciente como para la persona acompañante.

A su vez, la iniciativa determina que se deberá facilitar el ingreso a la provincia y a los municipios de familiares y seres queridos que provengan de otras jurisdicciones, ya sea para asistir a la persona que está transitando sus últimos días de vida o para asistir a una ceremonia fúnebre.

En efecto, la norma contempla la realización de ceremonias y ritos fúnebres con las restricciones necesarias para garantizar el distanciamiento social y otras formas de cuidado indispensables para atender la salud pública en el marco de la pandemia.

Al hablar como miembro informante, la diputada Karina Montecinos (JC) dijo que el proyecto impulsado por su espacio político surgió “porque las personas se estaban muriendo en soledad” y, en ese sentido, aseguró que la ley permitirá que no se eluda la responsabilidad de dar cumplimiento al derecho de la ciudadanía de ser acompañada y contar con el tratamiento humanizado correspondiente. Destacó que se implementará tanto en el sector público como privado y que no dependerá de la voluntad de la dirección de los centros de salud como sucede en la actualidad. 

Desde el PDC, la diputada Elizabeth Campos -impulsora de una de las iniciativas consensuadas- señaló que la norma “permitirá dar un último adiós” a los pacientes en el último tramo de sus vidas y remarcó que la normativa apunta a “humanizar a favor de los pacientes”. En tanto, su par de bloque, Carlos Coggiola dijo que la propuesta de su autoría derivó de la situación que atravesó Pablo Musse a quien se le prohibió el ingreso a la ciudad de Córdoba luego de un largo viaje desde Neuquén para acompañar a su hija, Solange, quien transitaba una enfermedad terminal. Destacó que, además del protocolo humanizado, la ley permite la circulación interjurisdiccional y el acceso a la provincia, a fin de garantizar a familiares y allegados de pacientes terminales acceder a los centros de salud en los que estén internados. “La ley impedirá que seamos testigos de un nuevo caso como la trágica experiencia que tuvo que atravesar la familia de Solange”, sintetizó el legislador.

A su turno, el diputado Javier Rivero (MPN) destacó el consenso para el pronto despacho de la comisión de origen, unificando las propuestas en este sentido. Resaltó, asimismo, el particular momento que atraviesan los equipos de salud y la comunidad por “este momento tan doloroso para todos” señaló.

Casos de discriminación

A la vez, la Cámara también aprobó la ley que sanciona a quienes hostiguen o tengan actos de discriminación o intolerancia hacia personas con enfermedades infectocontagiosas, entre ellas el Covid-19. La ley, aprobada en general y por mayoría, modifica el Código de Faltas de la provincia incorporando multas económicas, la aplicación de disposiciones judiciales que instruyan trabajos comunitarios o donaciones al sistema sanitario e incluso días de arresto para los casos de hostigamiento a trabajadores esenciales de la salud.

Al fundamentar la ley, el diputado Javier Rivero (MPN) dijo que la incorporación de las nuevas figuras contravencionales al Código de Faltas apunta a erradicar cualquier conducta de hostigamiento, discriminación o maltrato a personas que hayan contraído alguna enfermedad infectocontagiosas así como también hacia personal del sistema de Salud. Para estos últimos casos, la sanción podrá implicar el arresto de hasta diez días, según informó el legislador. “Le estamos otorgando al juez herramientas para mitigar estos hostigamientos que no encuentran justificación”, indicó Rivero.

Desde el PTS-FIT, el diputado Andrés Blanco justificó su voto negativo al cuestionar el punitivismo como medida de prevención. El legislador aseguró que “existen otras alternativas para proteger al sistema de salud”, tales como centralizar el sistema para garantizar el acceso a toda la población.

Asimismo, en la sesión de hoy se prestó acuerdo legislativo al pliego de Rocío Gabriela Rivero para que asuma como Fiscal del Caso para la I Circunscripción Judicial con asiento de funciones en Rincón de los Sauces. El pliego fue aprobado por unanimidad con 27 votos afirmativos.