En un breve plenario de las comisiones de Salud y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, oficialismo y oposición dieron dictamen favorable al proyecto de ley nacional de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocido como “Programa de los Mil Días”, que se debatirá este jueves en el recinto en conjunto con la iniciativa de legalización del aborto.

La propuesta, enviada por el Poder Ejecutivo, recibió una serie de modificaciones respecto del texto original. Así lo detalló al comienzo de la reunión el titular de la Comisión de Salud, el tucumano Pablo Yedlin, que señaló que se enriqueció la redacción “a través de proyectos previos, concomitantes o ideas que han aportado al proyecto final”.

El legislador del Frente de Todos agradeció y valoró “la predisposición de todos los bloques políticos” que han tenido “muchas horas de trabajo durante este fin de semana largo”, y “en conjunto con el Poder Ejecutivo”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, sostuvo que se tratar de “un proyecto de gran transcendencia social” y “de bajísimo costo cuando uno lo mira en función de la relación costo-beneficio”.

El porteño precisó que, en cuanto a recursos, se trata de “5.700, 5.800 millones de pesos” por año. En ese sentido, justificó que gracias a la reestructuración de la deuda “podemos ahorrar dos puntos del PBI en intereses”, y “una pequeña porción de esos dos puntos” irá destinado a los gastos de esta ley, que significará “un un salto de calidad en la atención tanto de las madres como de los niños en sus primeros tres años de vida”.

Por su parte, el jefe del Interbloque Federal, Eduardo “Bali” Bucca, pidió que el debate del aborto legal “no debe quitarle valor a este proyecto”, porque “si hay un sector y un segmento en Argentina, y en particular en la provincia donde vivo, que la está pasando muy mal y que son los más desprotegidos, los que no tienen voz, los que más sufren la injusticia social y la pobreza, son los niños y las niñas”.

“Este sido un tema que en lo personal lo he trabajado durante toda mi gestión como intendente (de Bolívar)”, recordó y resaltó que se está ante la “enorme oportunidad de no solamente enunciarlo, sino de ver fundamentalmente que de una vez por todas se apliquen y se ejecuten de manera eficiente las políticas públicas para mejorar la vida de nuestros niños y niñas”.

El bonaerense reclamó que no se hayan contemplado aspectos de “leyes vigentes que no se aplican de manera eficiente”; al tiempo que señaló que le hubiese gustado que “se hubiera ido más al hueso respecto a un problema que es enorme, que tiene que ver con la malnutrición”, algo que “hay que revertirlo de manera urgente”.

Asimismo, Bucca consideró “una pérdida de oportunidad” que “no hable de niños que están enfrentando efectos tóxicos que le determinan su vida para siempre”.

Finalmente, en un salón del Anexo “C” casi vacío -por la reunión posterior para dictaminar sobre el aborto-, el diputado pidió que “no pase el día de mañana y lo dejemos en el olvido”, sino que “apostemos a que una vez siendo ley lo podamos seguir mejorando”.

Puntos centrales del proyecto

El objeto de “fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y las niñas en la primera infancia, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, y de sus hijos e hijas, con el fin de reducir la mortalidad, la mal nutrición y la desnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral, y prevenir la violencia”.

De acuerdo al texto, se incorpora a la Ley 24.714, de Régimen de Asignaciones Familiares, la “Asignación por Cuidado de Salud Integral”, que “consistirá en el pago de una suma de dinero que se abonará una vez al año” a las madres “por cada niño o niña menor de tres años de edad que se encuentre a su cargo, siempre que hayan tenido derecho al cobro de la prestación” y “siempre que acrediten el cumplimiento del plan de vacunación y control sanitario, de conformidad con los requisitos de la ANSeS”.

En tanto, se modifica la legislación sobre la “Asignación por Embarazo para Protección Social”, que consistirá en una prestación monetaria no retributiva mensual que se abonará a la persona gestante, desde el inicio de su embarazo hasta su interrupción o el nacimiento del hijo, siempre que no exceda de nueve mensualidades, debiendo solicitarse a partir de la decimosegunda semana de gestación.

En el capítulo referido al “derecho a la identidad”, se crea en el ámbito del Renaper “el Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos a fin de garantizar el derecho a la identidad y a la inscripción e identificación inmediata de recién nacidas y nacidos, de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes”.

“El Sistema se implementará a través de la plataforma de emisión de Certificados Digitales de Hechos Vitales, medio por el cual los y las profesionales médicos intervinientes deben certificar por documento electrónico con firma digital los hechos vitales de las personas”, agrega el articulado.

Asimismo, se indica que “el personal de salud, obstétrica o agente sanitario habilitado al efecto, que hubiere atendido el parto en caso de nacimientos ocurridos fuera de establecimientos médicos asistenciales de gestión pública o privada, deberá informar el hecho del nacimiento al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas correspondiente y al Registro Nacional de las Personas dentro de los siete días corridos de ocurrido y del modo que dicha autoridad reglamente”.

La autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Salud, deberá “diseñar un modelo de atención y cuidado integral de la salud específico y adecuado para la etapa del embarazo y hasta los tres años de edad, desde la perspectiva del derecho a la salud integral de las mujeres, otras personas gestantes, niños y niñas, y teniendo en cuenta las particularidades territoriales de todo el país”.

“El modelo de atención definido debe incluir de manera transversal a los tres subsectores que componen el sistema de salud y articular con otros organismos públicos competentes en la materia”, añade el proyecto.
Por otra parte, se establece que “el Estado Nacional deberá implementar la provisión pública y gratuita de insumos fundamentales para las mujeres y otras personas gestantes durante el embarazo y para los niños y las niñas hasta los tres años, en los casos y condiciones que determine la reglamentación”.

En especial, se atenderá a la provisión de: medicamentos esenciales; vacunas; leche; y alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez, en el marco de los programas disponibles al efecto.

También se prevé “el derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad” con la creación de “modelos de atención especial” para niños y niñas con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años; personas que cursen embarazos de alto riesgo y casos de trombofilia; mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género; y niñas y adolescentes embarazadas.

Además se crea, en el ámbito del Ministerio de Salud, una “Unidad de Coordinación Administrativa para la atención y el cuidado integral de la salud de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo, y de sus hijos e hijas hasta los tres años”, la cual estará integrada por representantes del Ministerio de Salud; Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; Ministerio de Desarrollo Social; la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF); Ministerio de Educación; la ANSeS, el Renaper; el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; y de otros organismos que la autoridad de aplicación considere relevantes para la implementación efectiva de la ley.

En el dictamen se incorporó a la redacción original un artículo referido a los indicadores, el cual establece que el Ministerio de Salud deberá acordar con esta Unidad de Coordinación Administrativa “un listado de indicadores integrales que incluyan los determinantes sociales de la salud, para aportar información a nivel poblacional con la que sea posible identificar a las personas gestantes, los niños y las niñas en situaciones de amenaza o vulneración de derechos que afecten o pudieran afectar su salud integral”.

Y, asimismo, se “promoverá la capacitación en estos indicadores, búsqueda activa e incumbencias sobre protocolos a seguir en casos de vulneración de derechos que afecten la salud integral, a todos los integrantes de equipos de salud, desarrollo social, educación y de protección de las infancias, responsables del cuidado integral de la salud de las personas gestantes, las niñas y los niños hasta los tres años de edad”.

Otro de los artículos indica que la cartera de Salud tendrá que “enviar al Honorable Congreso de la Nación un informe anual con el estado de avance e indicadores respecto de la implementación” de la norma.

Al presentarse ante los diputados para defender el proyecto de “los mil días”, la directora Ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Fernanda Raverta, expresó su confianza en que esta ley “va a ampliar derechos” para “el nuevo tiempo” que viene para la Argentina, que es “el de la reconstrucción”.

“Vamos a poner en pie de igualdad a los chicos y chicas que van a nacer en la Argentina con los que nacen en familias asalariadas; esto quiere decir ampliar la cobertura de la asignación universal por embarazo”, señaló.

Raverta habló de una nueva transferencia de ingresos a las familias que tienen chicos de entre 0 y 3 años: 3 pagos anuales de una prestación para el cuidado de la salud integral. Esto es, los chicos que tengan ya una asignación, van a tener una asignación universal más al año durante sus primeros tres años de vida.

La segunda prestación tiene que ver con poner en pie de igualdad a las mamás que cursan un embarazo y son mamás de una familia asalariada; a partir de esta ley, la asignación universal por embarazo se cobrará los 9 meses.

La tercera cuestión elimina un requisito que tenían las madres para cobrar la asignación por nacimiento y adopción, que tenía que ver con antigüedad, el requisito de 6 meses de manera registrada en un empleo formal y continuo. Esa antigüedad se elimina y ahora las madres con trabajo en relación de dependencia van a poder cobrar esa asignación sin importar la antigüedad que tengan.

La cuarta tiene que ver con ampliar la asignación por nacimiento y adopción, incluyendo a los padres que no tengan trabajo registrado: los trabajadores de la economía informal o desocupados podrán contar con la asignación por nacimiento y por adopción una vez que los tengan.

Raverta precisó que en la Argentina hoy 4.298.146 chicos perciben AUH; las personas gestantes se calculan en 70.012, que son las que hoy están cobrando la asignación por embarazo. A través de filminas agregó en referencia al impacto de la inversión social estimada que la asignación por cuidado de salud integral alcanzaría a 736.846 chicos, de entre 0 y 3 años, con una inversión social anual estimada en $2.765 millones de pesos; la extensión de la asignación por embarazo alcanzaría a 70.012 personas e implicaría $1.561 millones, y por último la ampliación de la asignación por nacimiento y por adopción involucraría a 175.812 recién nacidos, estimándose una erogación de $763 millones. En síntesis, se estaría hablando de una inversión social de $5.089 millones.

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, desde el Salón Norte de la Casa Rosada, expuso este lunes en la reunión informativa conjunta que realizaron las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación sobre el proyecto de ley de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia que envió el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación junto con el de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La ministra aseguró que el proyecto que se conoce como “de 1000 días”, es estratégico porque establece como política de Estado, mediante una ley y desde una perspectiva de derechos, la prioridad del cuidado a la salud integral durante el embarazo y la primera infancia.

Al inicio de su exposición Gómez Alcorta recordó que los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo cumplen con el compromiso que asumió el presidente Alberto Fernández el 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa cuando habló sobre la situación de las mujeres gestantes en Argentina y los desafíos que enfrentan aquellas mujeres que desean tener sus hijos e hijas y aquellas que deciden interrumpir su embarazo. Y señaló que ambas iniciativas “dialogan entre sí, entendiendo que el Estado debe acompañar a todas las mujeres y personas gestantes en los proyectos de vida que elijan”.

“Toda mujer o persona gestante que curse un embarazo podrá contar con un Estado presente que la acompañe durante el embarazo, en el parto, el puerperio y durante los primeros años de vida de sus hijos o hijas”, explicó la ministra. Y agregó: “El objetivo es que ninguna mujer se sienta sola o desamparada en ese momento, y que, si se encuentra en situación de vulneración social, no considere la interrupción del embarazo por un motivo de necesidad económica o social. Nadie debe verse obligado a hacer algo que no quiera, y para eso el Estado debe garantizar su presencia y acompañamiento en estos períodos vitales de las mujeres y sus hijas e hijos”.

En relación al proyecto de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, la ministra explicó que se trata de una política que apunta a prevenir la mortalidad infantil, la mal nutrición, la desnutrición y la violencia, y a proteger los vínculos tempranos y promover el neurodesarrollo. “El proyecto pone en la centralidad de la agenda pública un tema estratégico y fundamental para la salud colectiva”, aseguró.

Por otra parte, Gómez Alcorta aseguró que ni la maternidad ni el cuidado de los hijos y las hijas son responsabilidades individuales ni cuestiones que deban resolver las mujeres o el ámbito privado, exclusivamente. “El cuidado integral de la salud, y en especial de la salud de las mujeres y personas gestantes y de las niñas y los niños durante la primera infancia, es una responsabilidad social y pública y por lo tanto debe ser objeto de políticas de justicia social que se constituyan como garante de derechos e igualdad de oportunidades para todos y todas, independientemente de la situación socioeconómica que tenga cada una de las personas”.

La ministra explicó que el proyecto no sólo reconoce sino que también amplia derechos y asegura un abordaje integral en la atención y el cuidado de la salud: “Establece asignaciones y derechos vinculados a la seguridad social, al derecho a la identidad, a la salud integral, a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad y a la información”, detalló.

Gómez Alcorta también destacó que el proyecto está basado en una mirada integral de la política pública, fundamental para la eficacia en su implementación: “Tanto los cuidados de la salud en sentido estricto y a nivel comunitario, el acceso al derecho a la identidad, las prestaciones y la cobertura de la seguridad social, la prevención de la violencia y el acceso a una información adecuada para esta etapa, son todas cuestiones que garantizan una mejor calidad de vida cuando se hacen efectivas a través de una articulación clave entre todos los organismos involucrados”.

En ese contexto explicitó: “En nuestro país existen numerosas políticas públicas para atender estas necesidades. Este proyecto tiene como objetivo extender sus beneficios y realizar una coordinación más efectiva en su implementación para optimizar sus resultados”. 

Para terminar, la ministra sostuvo: “Pretendemos alcanzar, con los beneficios de esta ley, un mayor número de personas gestantes y de niños y niñas en sus primeros años de vida a fin de posibilitar, desde un Estado eficaz, el pleno goce de sus derechos. Quiero remarcar que el proyecto mantiene a lo largo de sus capítulos un enfoque interseccional de los derechos a la salud integral y el derecho a una vida libre de violencia como vía de garantizar esos derechos. La perspectiva integral de la salud y el eje transversal del presente proyecto permitirá al Estado Nacional fortalecer los sistemas de protección de derechos y acompañar a las mujeres embarazadas, a todas las personas gestantes y a todas las personas adoptantes”.

También expusieron ante la reunión de comisiones Fernanda Raverta, titular de la Anses; José Lepere, secretario de Interior del Ministerio del Interior; Gabriel Lerner, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social; y Gabriela Bauer, directora de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud de la Nación.

En lo que representó el inicio formal del tratamiento de la legalización del aborto y el proyecto conocido como de “los 1.000 días”, en la Cámara de Diputados, funcionarios nacionales exponen por videoconferencia brindando detalles de esta última iniciativa, que es la novedad que incluye este debate que ya se dio en el Congreso en 2018.

Para eso se presentaron ante un plenario de las comisiones de Salud Pública y Acción Social, y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta; la directora Ejecutiva de la ANSeS, Fernanda Raverta; el secretario de Interior del Ministerio del Interior, José Lepere,  y la directora de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud de la Nación, Gabriela Bauer.

Desde la Casa Rosada, la ministra Gómez Alcorta consideró que tanto el proyecto de los mil días como el del aborto legal “dialogan entre sí”, por cuanto hacen a la salud pública y precisó con relación a la formalmente denominada “Atención y cuidado de la salud durante el embarazo y la primera infancia” un proyecto “estratégico” por cuanto “pone en la centralidad de la agenda pública un tema fundamental para la salud colectiva”.

“Toda mujer que curse un embarazo tiene que contar con un Estado presente”, señaló la funcionaria, afirmando que ninguna mujer debe sentirse sola en esas circunstancias, y que “nadie se vea obligado a hacer algo que no quiera hacer”, en referencia al aborto, por razones económicas.

“El cuidado integral de la salud y en especial de las mujeres gestantes es una cuestión de salud pública”, enfatizó.

Gómez Alcorta remarcó que el proyecto “amplía derechos, crea una institucionalidad, a la vez que asegura un abordaje integral de la atención y el cuidado”. Habló de “políticas públicas que tienen como objetivo alcanzar el bienestar social bajo un enfoque de derechos”.

El proyecto se enmarca en dos leyes, la de protección integral de los derechos del niño, niña y adolescente, y la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y amplía derechos en distintos capítulos. “Pero todos los capítulos se deben leer según una serie de principios rectores”, dijo la funcionaria, entre los que mencionó la simplificación de trámites necesarios para el acceso a una serie de derechos, el diseño de política públicas que brinden la asistencia apropiada para que las familias puedan asumir adecuadamente las responsabilidades del cuidado de la salud, el interés superior del niño… “Todas cuestiones que garantizan centralmente una mejor calidad de vida”, sintetizó Gómez Alcorta.

“Pretendemos alcanzar con los beneficios de esta ley un mayor número de personas gestantes y de niños y niñas en sus primeros años a fin de efectivizar el pleno goce de sus derechos”, precisó sobre el final de su exposición inicial.

A continuación, la directora de la ANSeS, Fernanda Raverta, consideró que esta ley “va a ampliar derechos” para “el nuevo tiempo” que viene para la Argentina, que es “el de la reconstrucción”. “Vamos a poner en pie de igualdad a los chicos y chicas que van a nacer en la Argentina con los que nacen en familias asalariadas; esto quiere decir ampliar la cobertura de la asignación universal por embarazo”, señaló.

Raverta habló de una nueva transferencia de ingresos a las familias que tienen chicos de entre 0 y 3 años: 3 pagos anuales de una prestación para el cuidado de la salud integral. Esto es, los chicos que tengan ya una asignación, van a tener una asignación universal más al año durante sus primeros tres años de vida. La segunda prestación tiene que ver con poner en pie de igualdad a las mamás que cursan un embarazo y son mamás de una familia asalariada; a partir de esta ley, la asignación universal por embarazo se cobrará los 9 meses.

La tercera cuestión elimina un requisito que tenían las madres para cobrar la asignación por nacimiento y adopción, que tenía que ver con antigüedad, el requisito de 6 meses de manera registrada en un empleo formal y continuo. Esa antigüedad se elimina y ahora las madres con trabajo en relación de dependencia van a poder cobrar esa asignación sin importar la antigüedad que tengan.

La cuarta tiene que ver con ampliar la asignación por nacimiento y adopción, incluyendo a los padres que no tengan trabajo registrado: los trabajadores de la economía informal o desocupados podrán contar con la asignación por nacimiento y por adopción una vez que los tengan.

Por su parte, el secretario de Interior, José Lepere, explicó que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) trabajará sobre cuatro artículos incluidos en el proyecto que están vinculados con el Derecho a la Identidad y que apuntan a que todos los argentinos y argentinas cuenten con su DNI. “En estos cuatro artículos se pretende abordar una problemática que, si bien no es masiva, sí afecta a un porcentaje importante de población que no accede debidamente a su documentación. Esa falta de registro impide acceder a esas familias, a esos niños y niñas, muchos de los derechos que ya garantiza el Estado nacional y que se está ampliando a partir de esta ley”, señaló el funcionario nacional durante su exposición virtual realizada desde el Salón Norte de Casa Rosada. 

En paralelo a la discusión del proyecto de aborto legal, la Cámara de Diputados avanzará a paso rápido con la iniciativa del “Programa de los Mil días”, de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.

El debate comenzará este lunes, último día del período ordinario, con un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda que se realizará a partir de las 10.

Al encuentro fueron invitados el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta; el secretario de Interior del Ministerio del Interior, José Lepere y la directora Ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSeS–, María Raverta.

En tanto, el proyecto, sobre el cual hay un acuerdo generalizado, tendría dictamen el jueves 3 de diciembre, un día antes de la fecha prevista para el dictamen de la iniciativa de Interrupción Voluntaria del Embarazo, de acuerdo a un cronograma que se conoció este jueves luego de una reunión entre el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y diputados que son autoridades de las comisiones competentes.

La propuesta del Poder Ejecutivo, enviada el pasado 17 de diciembre, tiene por objetivo “fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y las niñas en la primera infancia, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, y de sus hijos e hijas, con el fin de reducir la mortalidad, la mal nutrición y la desnutrición, proteger los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral, y prevenir la violencia”.

Entre sus puntos principales, prevé la creación de una nueva asignación, la provisión gratuita de insumos fundamentales y modelos de atención especial a grupos vulnerables.