El Senado sancionó la iniciativa con 41 votos a favor, del Frente de Todos, y 21 en contra, de Juntos por el Cambio y otros bloques.
En una sesión atravesada por la preocupación mundial por el coronavirus -que provocó el auto-acuartelamiento de dos senadores y obligó a extremar las medidas-, el Frente de Todos logró convertir en ley en la Cámara alta el proyecto que modifica los regímenes jubilatorios de jueces y el Servicio Exterior, con 41 votos afirmativos y 21 negativos.
Juntos por el Cambio presentó en las horas previas su propio dictamen y decidió votar en contra del proyecto oficial, tras una reunión de interbloque donde primó la postura del radical Martín Lousteau, autor de una propuesta más agresiva para que jueces y diplomáticos pasen a integrar el régimen previsional general.
La neuquina Lucila Crexell y el santafesino Carlos Reutemann también votaron en contra, en tanto que el oficialismo contó con el apoyo del rionegrino Alberto Weretilneck, la riojana Clara Vega y la misionera Magdalena Solari Quintana.
Hubo en total 10 ausentes: además de los auto-aislados Adolfo Rodríguez Saá y Roberto Basualdo, no estuvieron para votar Silvia Elías de Pérez, Silvia Giacoppo, Ernesto Martínez, Julio Martínez, Carlos Menem, Laura Rodríguez Machado, Belén Tapia y José Alperovich -de licencia-.
La necesidad de no prolongar demasiado la sesión llevó a los bloques a acotar la cantidad de oradores -solo hubo 16 anotados-, aunque el debate se demoró por cuestiones de privilegio sobre temas ajenos -la intervención del Poder Judicial de Jujuy y la disputa por Portezuelo del Viento, además de algunos homenajes-.
Con la sanción de la ley, el oficialismo buscó saldar la discusión que se abrió en diciembre pasado con la Ley de Emergencia Pública, donde se suspendió la fórmula de movilidad jubilatoria exceptuando los regímenes especiales como los de jueces y diplomáticos, lo que generó críticas de la oposición.
Tras ese episodio, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto aprobado este jueves, que establece que el cálculo del haber debe realizarse sobre el 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones, según el valor vigente al momento del cese.
Además, la iniciativa eleva la edad jubilatoria de los magistrados de manera gradual hasta llegar a los 65 años en 2025; y modifica la Ley 24.018 para impedir que jueces ya jubilados puedan ser llamados a subrogar, entre otros cambios.
Según cifras aportadas por el Poder Ejecutivo tanto en el proyecto como a través de sus funcionarios, en el caso del Poder Judicial el universo es de aproximadamente 7.000 beneficiarios, que perciben un haber medio jubilatorio de 289.000 pesos.
En la actualidad, la jubilación ordinaria de mayor valor abonada es de 770.100 pesos, “lo que representa 55 veces el haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), establecido en 14.068 pesos; y más de siete veces el haber máximo de dicho sistema, que asciende a 103.064 pesos”.
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera (Frente de Todos) consideró que los regímenes afectados “se han transformado en un sistema tremendamente injusto, por eso debemos corregirlo”.
El miembro informante del oficialismo en la sesión de este jueves señaló que “hay una enorme asimetría” entre las jubilaciones del sistema general y aquellas que son llamadas de privilegio.
“No existe ningún fundamento jurídico para seguir sosteniendo en el tiempo una inequidad de tal magnitud”, enfatizó y aclaró que con esta norma no se elimina “el carácter diferencial del régimen”, sino que se intenta “que sea razonable” como expuso en comisión el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
Según Lovera, el déficit estimado para este año para el régimen de jueces es de “alrededor de 9.200 millones de pesos”, mientras que en lo que refiere al de Servicio Exterior asciende a “1.700 millones”, por lo que llamó a atacar este tema.
Del lado de la oposición, Lousteau advirtió que el proyecto oficial “no es para eliminar privilegios” y propuso que las jubilaciones de estos dos sectores se calculen “como la de cualquier hijo de vecino”.
El miembro informante del dictamen alternativo propuso que los jueces y diplomáticos pasen a formar parte del régimen previsional general, “si es que realmente queremos ser solidarios y atacar el problema de sustentabilidad que tiene el sistema”.
Además, el legislador sugirió que a ambas poblaciones se les aplique “la misma movilidad que al resto de los jubilados” hasta que se expida la comisión que debe elaborar una nueva fórmula, ya que la anterior fue suspendida por seis meses.
Otra de las propuestas que formuló Lousteau fue que las personas que ya están jubiladas por estos regímenes especiales realicen una “contribución solidaria mínima” para ayudar a resolver el déficit del sistema, “con el mismo criterio de la Ley de Solidaridad”.
El economista precisó que los beneficiarios de todos los regímenes especiales representan “el 3,5% del total” pero “se llevan el 10% de los recursos y les pagamos tres veces más que al resto de los jubilados”.
El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, defendió la iniciativa al sostener que “a todos los jubilados del país se les hace el cálculo de jubilación con los últimos 10 años de aportes, mientras que a estas jubilaciones se les hace sobre el último año. Cobrar el 82% del último salario es un privilegio que no todos los argentinos tienen”.
“No es justo que todos los argentinos estemos financiando a los personas que tienen los salarios más altos del país”, dijo el cordobés, y consideró que esta ley es “un acto de justicia enorme” porque “cuando estamos en un país donde los recursos escasean, los que tienen que poner el hombro son los que más tienen”.
Caserio detalló que el déficit total del sistema previsional es de “13 mil millones de pesos”, cifra que con esta ley “se está bajando en 4.800 millones”.
Desde el Pro, Esteban Bullrich alertó que “lo que busca realmente este proyecto es una maniobra para remover jueces” y denunció que en el Senado “se censuró el debate” porque el oficialismo no permitió realizar modificaciones al texto.
En tanto, la camporista Anabel Fernández Sagasti apuntó a la oposición: “Cuando tratamos la Ley de Solidaridad Social nos señalaban que no incluíamos a las jubilaciones de privilegio y Alberto Fernández se comprometió a tratarlas en una ley aparte. Eso es lo que estamos haciendo”.
“Estamos dando un paso importante, siempre postergado, sobre dos sectores que aportan un 1% más que el resto en el régimen general, pero que perciben jubilaciones en promedio 13 veces más altas que el resto de los argentinos”, aseveró la mendocina.
El rionegrino Alberto Weretilneck acompañó al oficialismo en la votación, pero admitió que le hubiese gustado “un proyecto más audaz, más profundo, para empezar de nuevo, con una nueva Justicia en la Argentina”.
“Creo que el Poder Ejecutivo Nacional se quedó corto con este proyecto, deberíamos directamente eliminar el régimen. No quiero utilizar frases tristes de la Argentina, pero ‘que se vayan todos’”, pidió, aludiendo a la consigna social de la crisis de 2001.
Hacia el final del debate se produjo un breve cruce entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, quien en su discurso habló de la supuesta ofensiva del Gobierno contra la Justicia, refiriéndose a la amenaza de intervención del Poder Judicial de Jujuy.
Cristina interrumpió al senador para pedirle que no desvíe el debate a otro proyecto de ley, pero Naidenoff insistió y consideró que el proyecto sobre regímenes especiales “es una excusa, porque el fin es otro”.
“Nos convocaron a debatir sobre los regímenes de privilegio y mantienen los privilegios. ¡Lo de terminar con los privilegios es un verso! Cómprenlo ustedes, nosotros no. Esto es cambiar para que nada cambie”, se quejó el radical, que cuestionó que no se toquen las jubilaciones del presidente, vice y jueces de la Corte.
Al momento del cierre, María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos) disparó contra los jueces: “Quizás en una suerte de actuación corporativa entiendan que este proyecto no es legal. Puede que encuentren algún resquicio de legalidad en su reclamo, pero no van a encontrar legitimidad porque hoy el pueblo está muy mal y no los va a acompañar”.
“Los integrantes del Poder Judicial hasta tienen el atrevimiento de que, cuando alguna vez el Congreso decidió que pagaran el impuesto a las Ganancias, por una simple acordada a los tres días se exceptuaron de pagar ese impuesto”, recordó.
