En medio del intenso debate que viene llevándose a cabo en la Legislatura porteña, la legisladora de Unión por la Patria (UP) Graciana Peñafort encabezó el tercer encuentro del ciclo “¿Qué sistema penitenciario queremos para nuestra Ciudad?”, organizado por la Comisión de Políticas Públicas para la Ciudadanía Plena.

Tras dos jornadas previas de intenso debate —en las que se analizaron la arquitectura institucional, los regímenes de ejecución de la pena, las condiciones de alojamiento y la formación de agentes— esta última reunión estuvo dedicada a presentar conclusiones y consensos de cara al diseño del modelo penitenciario que requiere la Ciudad.

En el encuentro estuvo presente el Procurador Penitenciario Adjunto de la Nación, Ariel Cejas Meliare; el subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Ciudad, Leandro Halperín; abogada y magíster en Criminología, Claudia Cesaroni; comisionado en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Gustavo Palmieri; el director académico del Centro de Estudios de Ejecución Penal de la UBA, Leonardo Pitlevnik; y los peronistas Claudia Neira y Matías Barroetaveña (UP).

Durante los encuentros, los presentes coincidieron en que la creación de un servicio penitenciario porteño debe fundarse en un paradigma de derechos humanos; el acceso a la salud, la educación y el trabajo debe entenderse como derechos y no privilegios; y la conducción del sistema tiene que estar en manos civiles, evitando lógicas policiales o militares. Se rechazó también cualquier intento de privatización, afirmando que la administración de la pena es una función indelegable del Estado.

En paralelo a este ciclo, la Legislatura ya cuenta con distintos proyectos de ley en discusión —como el de ejecución de la pena privativa de libertad y otros de organización penitenciaria—, que avanzan en comisiones conjuntas y buscan unificar criterios para la construcción del sistema penitenciario porteño. Con esta jornada, se dio un paso más hacia el acuerdo político y social que se considera necesario y urgente para dotar a la Ciudad de un régimen propio.

A raíz de las fugas de presos que se dieron en las últimas semanas, la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) Rebeca Fleitas impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una iniciativa para que el distrito capitalino cuente con un servicio penitenciario propio, lo que permitiría resolver problemas centrales en materia de seguridad.

El proyecto de ley prevé crear un servicio penitenciario que tendrá “como objetivos principales la custodia y alojamiento transitorio de los procesados, la ejecución de sanciones penales privativas de la libertad dispuestas por la justicia competente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la reinserción social de las personas privadas de libertad, el respeto a sus derechos humanos y el mantenimiento del orden y la seguridad en los centros de detención”.

De esta manera, la iniciativa habilita asimismo la creación de cárceles de instancia privada, a los efectos de enfrentar el problema procurando que el sistema resulte autosustentable y no depende exclusivamente de los recursos provenientes de una mayoría de ciudadanos que no incurren en conductas delictivas ni se hallen en las instancias de detención mencionadas.

Además, esto permitiría descomprimir las 21 alcaidías, los 13 anexos, los centros contraventores y los alojamientos transitorios de las 54 comisarías en la Ciudad, que deriva en una indiscriminada sobrepoblación de personas privadas de su libertad, duplicando o triplicando su capacidad máxima, todo lo cual favorece no solo a la seguridad de los porteños sino también a la de los habitantes del AMBA en su conjunto.

Cabe recordar que, si bien la Ciudad cuenta con su propia legislación, todavía no resuelve la situación emergente de las personas privadas de su libertad para su alojamiento transitorio y permanente, ya que estos —del tipo alcaidías—, no cumplen con las medidas de seguridad penitenciarias suficientes para garantizar la seguridad de la población y el bienestar de las personas privadas de su libertad.

El diputado nacional Alberto Asseff del bloque JxC, junto a un grupo de diputados, pidió al Gobierno nacional que se informe a través de los Ministerios de Seguridad, y de Justicia y Derechos Humanos, los planes para la construcción de cárceles federales, como así también las acciones para continuar con los proyectos iniciados entre los años 2017 y 2019. Asimismo, dar cuenta respecto de dicha situación en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. 

Asseff pidió información sobre los avances realizados en la construcción del Complejo Penitenciario Federal VII en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Según un informe de junio de 2019 realizado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, las cárceles pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal (S.P.F.) tienen una sobrepoblación de casi dos mil presos y se registró en 2018 un récord histórico de detenidos. 

El presidente del partido UNIR quiere saber si se ha tomado en cuenta dicho informe y cuál es el presupuesto destinado para la construcción de cárceles. 

“El sistema penitenciario argentino atraviesa una coyuntura de enorme complejidad, caracterizada por el aumento sostenido de la tasa de encarcelamiento en los últimos años”, consideró el legislador bonaerense, y recordó que “en el año 2017 el Gobierno nacional preparaba el desembarco de la gestión privada en las cárceles argentinas como uno de los ejes de un ambicioso plan para transformar el Servicio Penitenciario Federal (SPF). La misión es evitar la superpoblación y, además, mantener ocupados a los reclusos”. 

Por último, Asseff dijo que “la liberación de presos no es el camino adecuado para aliviar los problemas del sistema penitenciario en general y del federal en particular”. 

Son cofirmantes: Gerardo Cipollini, Luis Pastori, Estela Regidor, Diego Mestre, Graciela Lena, Julio Sahad, Héctor Stefani, Ingrid Jetter, Lidia Ascarate y Carmen Polledo.