El legislador del PO aseguro que se debió a que “defienden el terrorismo de estado” y consideró que la marcha del 24 de marzo será “la más importante de las últimas décadas en el país que va a demostrar la voluntad del pueblo de derrotar a este Gobierno”.
En las vísperas de un nuevo aniversario del inicio de la última dictadura cívico militar, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano cuestionó con dureza la decisión de los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) de no apoyar un repudio por el violento ataque que sufrió una de las miembros de la organización H.I.J.O.S.
En ese sentido, el trotskista planteó que “ni a los diputados de LLA ni a diputados afines a Patricia Bullrich les sale repudiar el ataque sufrido por la compañera de H.I.J.O.S. porque defienden el terrorismo de estado” y remarcó que “es evidente que puede ocurrir algo así porque una parte del aparato represivo que actuó durante la dictadura no ha sido desmantelada en 41 años de democracia y sigue operando”.
Sobre esa misma línea, planteó que “el domingo vamos a presenciar la marcha más importante de las últimas décadas en el país que va a demostrar la voluntad del pueblo de derrotar a este gobierno que es condición para que el pueblo no sea aplastado”.
“Mientras tanto, Luis Petri se reúne con Cecilia Pando lo que nos quiere anticipa que, junto a la renegada Bullrich, van a anunciar el beneficio de la domiciliaria para los genocidas. Además, reivindican el terrorismo de estado y anunciaron que las Fuerzas Armadas van a continuar en Rosario el trabajo de los ‘70. Mientras que a quienes organizan una marcha seis años de prisión mientras que al jefe de la Fuerza Aérea durante la dictadura militar le dan cuatro años”, advirtió.
Al mismo tiempo que remarcó que “esto no es la libertad carajo, es la libertad a los genocidas. Este 24M hay que manifestarse masivamente con el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, las fuerzas del cielo son las que bombardearon en el ‘55 la Plaza de Mayo, las que tiraban a los compañeros al río y los vamos a derrotar en la calle”.
“Javier Milei reconoce que el estado es una organización mafiosa y él la preside. Por eso pone a Mariano Cuneo Libarona, defensor de narcos, como ministro de Justicia o promueve a Ariel Lijo, encubridor de atentados terroristas en la AMIA como parte de la Corte Suprema. El jefe de la organización mafiosa se llama Javier Milei que con los servicios de inteligencia, aparato represivo y jueces y legislaciones de la dictadura militar”, sentenció.
La Legislatura porteña expresó su preocupación ante el hecho de violencia política denunciado por esa agrupación, en el que se advirtió que una mujer fue atacada por dos individuos dentro de su domicilio, donde fue ultrajada y amenazada de muerte.
A días de que se conmemore un nuevo aniversario del inicio de la última dictadura cívico militar, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifestó su “preocupación y expresa su más enérgico repudio ante el hecho de violencia política denunciado por la agrupación Hijos e Hijas contra el Silencio y el Olvido (H.I.J.O.S.)”.
Según informaron este jueves desde esa organización, “el atentado político contra nuestra compañera militante de H.I.J.O.S, cuya identidad preservamos, que fue atacada por dos individuos que la esperaban dentro de su domicilio, luego de forzar la puerta e ingresar ilegalmente. Ella fue atacada, golpeada, abusada sexualmente, nuestra hermana sufrió amenazas de muerte de parte de sus captores”.
“Los atacantes la amenazaron con armas de fuego y le transmitieron con claridad el mensaje: ‘No vinimos a robarte, vinimos a matarte. A nosotros nos pagan para esto’. Este atentado contra su vida es un ataque político, motivado por su militancias en derechos humanos y feminista. Nada de valor económico fue robado, sólo se llevaron carpetas con información de nuestra agrupación H.I.J.O.S”, sostiene el texto difundido en las redes sociales.
Ante esta situación, los legisladores de Unión por la Patria (UP) remitieron a la Legislatura un proyecto de declaración que fue acompañado por casi todos los bloques, con excepción del de La Libertad Avanza (LLA).
En los fundamentos de la iniciativa, los diputados explicaron que “en los últimos años pudimos observar cómo los discursos y las prácticas de odio se han incrementado significativamente y cómo estos se han transformado en un mecanismo de intimidación política” y consideraron que “es importante destacar que este crecimiento de la violencia fue abonado durante años por los medios de comunicación, un sector de la política y parte de la sociedad”.
“Si bien ese tipo de discursos están dirigidos en su mayoría a distintos actores políticos, en el último tiempo podemos advertir que esa violencia es ejercida desde el Estado, y que esta se extiende a ciudadanos y ciudadanas que hoy requieren de su asistencia, como así también a los distintos cultos religiosos, personas migrantes y disidencias sexuales”, añadieron.
Por lo que concluyó señalando que “la última dictadura cívico militar, significó el proceso de violencia estatal más grande de nuestra historia, tuvo su principal anclaje en la implementación de un proyecto económico fuertemente regresivo para los trabajadores y los sectores populares, pero antes fue habilitado desde la narrativa estatal en un contexto de violencia política similar al actual”.
