A horas de que se realice una movilización federal en defensa de la educación pública de nivel superior, todo el arco político de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reflexionó acerca de la importancia que tiene la educación universitaria no arancelada y algunos diputados exigieron que se auditen las universidades.

En ese sentido, la legisladora de Unión por la Patria (UP) María Bielli afirmó que es “Licenciada en Sociología y profesora de Sociología egresada de la universidad pública. Primera egresada de mi familia y sé que cuando lo digo no estoy hablando de mí, estoy hablando de un proyecto de país que me permitió tanto a mí como a muchos otros, formarnos en la universidad pública” e indicó: “pero además hay algo más importante que eso, que es que tenemos que entender que la universidad pública beneficia a quienes transitamos por ella y a quienes no porque nos beneficia como país”.

Asimismo, Andrés La Blunda (UP) explicó que “marchamos en defensa de la universidad pública, gratuita y de excelencia. La enseñanza pública es la garantía de un futuro mejor, por eso defenderla es obligación de todos y todas”.

Por su lado, el diputado de Vamos por Más (VxM) y ex secretario de Mauricio Macri, Darío Nieto, manifestó que es un “orgulloso egresado de la UBA, defensor de la educación pública, y un convencido de que todo gasto financiado por los argentinos debe ser auditado”, aunque remarcó que está “re mil a favor del óptimo financiamiento de la Universidad pública, siempre sabiendo cómo y en qué gastan cada centavo las agrupaciones políticas que manejan discrecionalmente sus fondos”.

A su vez el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA) y mano derecha del presidente Javier Milei, Ramiro Marra, aseguró que “marchan por la educación pública, esto es un ataque directo al gobierno de Milei. Estos golpistas solo respetan la democracia cuando gobiernan ellos, sino hacen todo lo posible por dañar al país” y destacó que “no marcharon cuando el kirchnerismo ajustó a la educación en 70 mil millones”.

Sobre esa misma línea, el diputado del Frente Liberal Republicano (FLR) Pablo Donati indicó que “como producto de la educación pública primaria, secundaria y universitaria (UBA), siempre he sido un convencido de que la educación pública, autónoma y de calidad constituye un factor elemental para el desarrollo de nuestra sociedad. La universidad pública es fundamental para proporcionar el acceso a la educación superior a la población sin importar su capacidad económica”.

“No obstante, en tanto se trata del aporte de los contribuyentes, resulta imperioso poner bajo la lupa la cuestión de la transparencia respecto de su financiamiento y administración. El principio de autonomía no implica que sus cajas puedan ser manipuladas discrecionalmente sin explicaciones para quienes la financian. No estoy en contra de quienes quieran manifestarse a favor de una educación pública accesible y de excelencia, sino que condeno enérgicamente a quienes buscan utilizar espuriamente los fondos universitarios y la causa de la educación pública como un blindaje político para defender sus fuentes de financiamiento”, siguió.

El republicano también aseguró estar “completamente a favor de la Universidad Pública, pero también estoy a favor de que se realicen auditorías de cómo ejecuta su Presupuesto, dado que es plata de todos los argentinos”.

Por su lado, la legisladora del MST Cele Fierro señaló: “si el Gobierno está en contra de la educación pública, entonces esta marcha sí es contra el Gobierno. ¡Yo defiendo la educación y la universidad pública!”.  Mientras que el trotskista Gabriel Solano (PO) remarcó que “para defender a la universidad pública hay que luchar contra el Gobierno que la asfixia presupuestariamente y la quiere cerrar”.

El diputado de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) Lucio Lapeña manifestó que “frente a la gravedad de la situación universitaria, marchamos para defender la Universidad Pública y el futuro de todos los jóvenes de nuestro país” y la radical Manuela Thourte (UCR-Ev) precisó que “muchos de nosotros somos los primeros universitarios de nuestras familias gracias a la universidad pública. Tenemos que defender lo que funciona”.

Finalmente, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro concluyó subrayando que “marchan contra el Gobierno, no a favor de la UBA. Los que marchen, amen a la UBA o no, van a terminar siendo funcionales al proyecto político de los radicales (responsables de la mala gestión y manejo opaco del presupuesto universitario). La marcha es funcional a la oscuridad”.

Los diputados nacionales de Unión Por la Patria Pablo Carro, Itaí Hagman y Hugo Yasky, presentaron el proyecto de ley para modificar el Régimen de Economía del Conocimiento para contribuir al financiamiento de las universidades públicas,

La iniciativa busca “dotar a este Régimen de un sentido de justicia y solidaridad social, ajustando el foco para que una parte de las medidas preferenciales de las que gozan sus grandes empresas -y que hoy les garantizan ganancias y beneficios tributarios millonarios- se destine al financiamiento de las universidades nacionales”.

“Los beneficiarios de la presente ley podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible determinados porcentajes de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado con destino a los sistemas y subsistemas de la Seguridad Social”, establece su artículo primero y detalla: “70% para micro y pequeñas empresas, 30% para empresas medidas y 20% para grandes empresas”. Así, aclara que “las grandes empresas que hayan facturado en el año anterior un monto mayor a cinco veces el piso establecido por la autoridad de aplicación para la categoría grandes empresas, no serán beneficiarias del bono de crédito fiscal”.

Al respecto, Carro indicó: “Queremos mantener el beneficio de promoción de la ley de Economía del Conocimiento para las PyMEs y medianas que luchan por crecer y exportar. Proponemos dejar de bancar con el dinero de las y los argentinos a las grandes empresas que no necesitan beneficios fiscales”, y agregó: “Paradójicamente, algunos CEOs o propietarios de estas empresas con tanta rentabilidad aplauden políticas de ajuste, cuando son las Universidades donde ellos estudiaron, las que generan profesionales de calidad que ellos emplean”.

“Es un tiro en los pies de su propia cadena de valor, además de beneficiarse de recursos públicos como bonos fiscales y exenciones de Ganancias que estamos redefiniendo con justicia y equidad distributiva”, planteó.

Respecto del impuesto a las ganancias para los beneficiarios de la ley de Economía del Conocimiento, plantea que “tendrán una reducción de un porcentaje respecto del monto total del impuesto a las ganancias correspondiente a la/s actividad/es promovida/s, determinado en cada ejercicio, de acuerdo con el siguiente esquema: sesenta por ciento (60%) para micro y pequeñas empresas y treinta por ciento (30%) para empresas medianas”.

Carro sostuvo: “Se trata de que el apoyo estatal acompañe el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas y que este crecimiento sea más equitativo y sostenible”.

Financiamiento universitario

La iniciativa propone asignar el monto equivalente al ahorro fiscal producido por las modificaciones efectuadas hacia las partidas de gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales para el ejercicio de 2024. Dichos gastos incluyen el mantenimiento de infraestructura, servicios, laboratorios, las políticas de extensión, deportes y cultura, alimentación y comedores universitarios, becas estudiantiles y de formación docente de cada Universidad.

“En definitiva, hay plata -de la que se benefician las más grandes empresas- que necesitamos para financiar el sistema universitario”, dijo Carro.

También se garantiza una inmediata actualización de las partidas presupuestarias para atender a los compromisos salariales: financiamiento de los resultados de las negociaciones paritarias y Garantía Salarial Docente del sector.

En el final, el diputado por Córdoba se refirió a los desafíos que enfrentan ambos sectores y sostuvo: “Estamos frente a un Gobierno Nacional que tiene como obsesión liquidar a las Pymes y desfinanciar la educación pública. Lo hemos visto a cada paso de esta gestión nacional. Por nuestra parte, consideramos que es urgente generar normativas como ésta, que permitan incentivarlos, pero también, protegerlos”.