Una batalla cultural que pareciera que Javier Milei viene ganando, o al menos le viene dando buen rédito, es la de la dolarización. Si bien algunas encuestas muestran que la idea no prevalece de manera mayoritaria en la sociedad, al menos la idea ha prendido. Y tiene publicistas y detractores.

Entre las voces críticas se encuentra la del diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, titular del interbloque Federal, que en una nota muy detallada explica las características bien distintas de los países de la región que han adoptado la dolarización como sistema monetario y alerta con lo que podría suceder en nuestro medio.

Muy cercano al exministro de Economía Roberto Lavagna, Rodríguez remarca dos cosas de quienes han adoptado ese sistema en América Latina: que esa alternativa ha sido una extraordinaria excepción, al punto tal de haberla adoptado solo tres países y que el eje común de esas tres naciones es contar con sistemas de gobierno “unitario”.

En una nota publicada en Infobae, el jefe del bloque Identidad Bonaerense recuerda que el primer país latinoamericano en adoptar la dolarización fue Panamá, en 1904, un año después de haberse independizado de Colombia, y vincula esa decisión con los intereses comerciales que revolucionarían el comercio marítimo a través de lo que sería el Canal de Panamá. “De esa manera, uno de los tres países de América Latina que adoptó el dólar estadounidense como moneda, lo hizo en el contexto de una estrategia comercial y geopolítica, no en el marco de una crisis, hace ya 120 años”, recuerda “Topo” Rodríguez.

En 2001 siguió ese camino El Salvador. Y no fue en el marco de una crisis, sino por intereses comerciales “y la intención de buscar un tratado de libre comercio con Estados Unidos”.

Llegamos al tercer caso, que es el único que optó por la dolarización en un contexto de “crisis profunda”. Ecuador, en enero de 2001, bajo la presidencia de Jamil Mahuad, que pocos días después se vería obligado a dejar el poder, recuerda el autor de la nota, que hace hincapié luego en un detalle no menor: que los tres “son países unitarios”.

“En los tres casos, las autoridades de los estados subnacionales, que equivalen a las provincias en el federalismo argentino, son designadas y conducidas por el poder central. Se trata de funcionarios delegados del Poder Ejecutivo Nacional”, aclara “Topo” Rodríguez, que lo diferencia de nuestro país, “que adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal en el primer artículo de la Constitución Nacional”.

En ese marco, Rodríguez destaca que “existe una multiplicidad de casos en los que se requieren acuerdos explícitos entre los distintos niveles jurisdiccionales para que las decisiones adoptadas sean legítimas”.

Alineado con la precandidatura presidencial del gobernador cordobés Juan Schiaretti, Alejandro Rodríguez refiere también “la imperiosa necesidad de coordinación entre Nación y provincias, especialmente en lo que concierne a la implementación de políticas. A ello contribuye una variedad de consejos federales y órganos ad-hoc por áreas, que reúnen a funcionarios del gobierno central y de las provincias”.

En rigor, continúa el diputado, “las diferencias entre los sistemas unitarios y los federales, a la hora de adoptar e implementar políticas, son tan profundas que ni siquiera los expertos terminan de dar cuenta completa de ellas”.

Es así que el federalismo argentino, la moneda y el manejo de la deuda exterior son potestad exclusiva de la Nación, “lo que haría presumir que si un gobierno se embarcara en una política de dolarización no habría margen para que, desde las provincias, surjan interferencias o solapamientos de ningún tipo. Sin embargo, la dinámica realidad institucional argentina puede comportarse de un modo distinto a las presunciones que de ella se tienen”, aclara.

Ahí es donde surge una serie de advertencias que Rodríguez hace notar. Recuerda que sobre el final de la Convertibilidad -años 2000 y 2001-, “llegaron a circular legalmente en Argentina más de una decena de cuasimonedas emitidas por los estados provinciales, que se multiplicaron en la medida que se mantenían las rigideces e insuficiencias de la política económica vigente”.

Esos bonos surgieron para pagarle a proveedores, pero terminaron siendo utilizados para los salarios del personal del Estado y los jubilados, hasta terminar sirviendo para todo tipo de transacciones, como si fueran moneda nacional. Cita el caso de los patacones, lanzados por la provincia de Buenos Aires, que llegaron a cotizar 1 a 1 con el peso y hasta servían para comprar dólares en el mercado informal.

Concluida la Convertibilidad y cuando se normalizó la situación económica, hacia el final de la gestión de Eduardo Duhalde y con Lavagna al frente de la Economía, el crecimiento económico rozaba el 9% anual, la producción y el empleo aumentaban exponencialmente y la inflación estaba seriamente controlada, mientras la soja todavía cotizaba a menos de la mitad de lo que llegó a valer durante las presidencias de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri”, destaca “Topo” Rodríguez, quien recuerda que “al iniciar el proceso de canje por pesos de todas las cuasimonedas circulantes, el propio Lavagna -junto al secretario de Hacienda Jorge Sarghini– anunciaba la vigencia plena de la moneda nacional destacando que la ‘reunificación monetaria significará que quienes cobran salarios y jubilaciones en las administraciones provinciales podrán hacerlo en una moneda de circulación única y, sin duda, eso tendrá un efecto positivo sobre las economías provinciales’”.

“En esa época, también andaban dando vueltas los promotores de la dolarización. Viudos de la Convertibilidad, financistas empedernidos o académicos voluntariosos pero siempre extraviados, varios de ellos combinaban la receta dolarizadora con la desaparición de los bancos en el país, dando paso a una banca off shore”, advierte Rodríguez en su nota, en la que también recuerda que “hubo quienes llegaron a considerar la propuesta de establecer en el país un gobierno de tecnócratas extranjeros que asumieran directamente el manejo de áreas críticas como el control del gasto público, la administración impositiva y tributaria, y la emisión. Luego de un período de ‘intervención’, los ‘cráneos’ nos pondrían a merced de una asistencia de organismos internacionales, pero con la garantía de haber realizado ellos ‘el trabajo previo’”.

Ante la llegada de una nueva ola dolarizadora, el jefe del interbloque Federal concluye que países como Panamá, Ecuador y El Salvador no pueden compararse con el nuestro, donde con la vigencia del federalismo las provincias son gobernadas por autoridades elegidas por el voto popular y que en ocasiones toman decisiones distintas o contrapuestas al gobierno central.

Y sobre todo recuerda que muchas provincias reaccionaron ante el corset de la Convertibilidad emitiendo bonos provinciales. “No sea cosa -concluye- que yendo por lana terminemos esquilados. Van por la dolarización, pueden resucitar el Patacón”.

Sorprendió a propios y extraños la convocatoria a sesionar un día sábado y llevó a los memoriosos a remontarse a los farragosos días del verano de 2001/2002 para encontrar un antecedente. No hablamos de una sesión iniciada un viernes, que se prolonga hasta la mañana del sábado, sino directamente convocada para el fin de semana.

El antecedente más concreto lo encontramos en la crisis de 2001/2002 y hay que ir al sábado en que Adolfo Rodríguez Saá juró como presidente de la Nación, el 22 de diciembre de 2001. Se trató obviamente de una Asamblea Legislativa. Todo era raro en esos días y la sesión comenzó a las 21.41 de ese sábado de un diciembre inolvidable. Esa sesión terminó nada menos a las 9.56 del domingo y durante la misma el nuevo presidente anunció la suspensión del pago de la deuda.

Volverían a sesionar un fin de semana muy pronto, el sábado 5 de enero de 2002, cuando se reunió el pleno de Diputados para derogar la Ley de Convertibilidad. Fue en el marco de la aprobación del proyecto de ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, que declaraba además la emergencia económica, pesificaba las deudas del sistema financiero hasta 100.000 dólares y de tarjetas de crédito, y suspendía por tres meses los despidos.

Al día siguiente, domingo, el Senado convertía en ley esas normas.

No hubo más casos de sesiones puntualmente convocadas para un fin de semana, salvo por supuesto cuando la apertura de sesiones ordinarias cayó esos días, o una asunción presidencial, como la del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre de 2011.

La última sesión convocada para un día sábado no fue para tratar ningún proyecto, sino para un homenaje muy especial: el que organizó en la Cámara de Diputados el entonces presidente del cuerpo Julián Domínguez, el sábado 24 de marzo de 2012, para realizar un reconocimiento a los integrantes del tribunal que juzgó a las Juntas Militares.