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La diputada nacional de Unión por la Patria brindó un análisis del contexto electoral en Ecuador e indicó que el país puede "retomar el sendero de la integración emancipada" contra "profundizar un modelo geopolítico de dependencia".
Ecuador ha atravesado en los últimos años una marcada inestabilidad política, con giros drásticos en su orientación interna y externa. Tras una década de gobierno de la Revolución Ciudadana (2007-2017) bajo Rafael Correa, caracterizada por políticas de izquierda en el marco de un proceso de integración regional, el país dio un giro con la presidencia de Lenín Moreno (2017-2021). Moreno, originalmente aliado de Correa, rompió con el correísmo e impulsó una agenda más alineada con Estados Unidos y el neoliberalismo de estos tiempos. Al final de su gobierno, Ecuador enfrentaba graves problemas económicos y sociales, con su popularidad desplomada alrededor del 5%.
En 2021 asumió la presidencia Guillermo Lasso (2021-2023), un banquero conservador que continuó la línea pro-mercado y pro estadounidense. Lasso heredó una sociedad polarizada y crisis múltiples (especialmente exacerbadas por la pandemia de COVID-19). Su gobierno buscó acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y acercamiento a EE.UU., pero enfrentó protestas sociales (como el paro nacional indígena de 2022) y escándalos de corrupción. En mayo de 2023, acorralado por un juicio político, Lasso invocó la “muerte cruzada” – disolviendo la Asamblea Nacional y forzando elecciones anticipadas.
Los comicios extraordinarios de 2023 evidenciaron el descontento y la fragmentación política. En medio de una ola de violencia (incluido el asesinato del candidato Fernando Villavicencio en plena campaña), emergió sorpresivamente Daniel Noboa, un joven empresario de derecha moderada e hijo de un magnate, quien ganó la presidencia en segunda vuelta frente a la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González, en octubre de 2023.
Noboa asumió el cargo en noviembre de 2023 para completar el período hasta 2025. Sin embargo, su breve gobierno (de apenas año y medio) ha continuado marcado por la crisis multidimensional de Ecuador: incremento inédito de la violencia ligada al crimen organizado, una economía estancada y recientemente una crítica crisis energética con apagones en la costa. Estos problemas han mermado la popularidad de Noboa y mantienen a la ciudadanía en un estado de zozobra de cara a las nuevas elecciones generales de 2025, ahora en su segunda vuelta pautada para el 13 de abril de 2025.
En este convulso contexto nacional, la contienda enfrenta a dos proyectos antagónicos. Por un lado, Daniel Noboa busca la reelección prometiendo estabilidad y continuar con un modelo pro mercado, mientras que Luisa González encarna el posible retorno del correísmo y un giro a la izquierda.
La elección ecuatoriana ocurre en un momento clave para la geopolítica latinoamericana, marcado por una nueva configuración del péndulo ideológico en la región y esfuerzos renovados de integración. A inicios de la década de 2020, América Latina vivió un giro hacia gobiernos progresistas con la llegada al poder de líderes de izquierda o centroizquierda en México (Andrés M. López Obrador), Argentina (Alberto Fernández, reemplazado en 2023 por el derechista Javier Milei), Bolivia (Luis Arce), Perú (Pedro Castillo, depuesto en 2022), Chile (Gabriel Boric), Colombia (Gustavo Petro) y Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva).
Este bloque progresista reavivó la retórica de la “Patria Grande”, es decir, la unidad latinoamericana, la soberanía regional y la cooperación Sur-Sur independiente de los designios de Washington. En este marco, iniciativas que habían decaído recobraron impulso: por ejemplo, UNASUR –virtualmente paralizada tras las salidas de múltiples países entre 2018-2020– ha visto cómo gobiernos como los de Argentina (bajo Fernández), Brasil (Lula) y Colombia (Petro) anunciaron su retorno o intención de revitalizarla.
Del mismo modo, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) recuperó protagonismo a través de cumbres presidenciales anuales impulsadas por México y Argentina, buscando consensos regionales sin la presencia de EE.UU. ni Canadá. La ALBA-TCP, aunque limitada a un núcleo de países socialistas (Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y algunos caribeños), se mantiene como foro de integración político-ideológica. Por su parte, el MERCOSUR (bloque económico del Cono Sur) enfrenta tensiones internas (ej. posturas dispares entre Brasil y Uruguay, y la reciente llegada de Milei en Argentina que amenaza con retraer la participación argentina), pero continúa siendo un referente de integración subregional.
En contrapartida, también existen proyectos de integración de corte liberal, como la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile), que promueve la apertura comercial y lazos con Asia-Pacífico. Ecuador bajo Lasso expresó interés en unirse a la Alianza del Pacífico, aunque la inestabilidad política regional (crisis en Perú, diferencias entre México y Perú, etc.) dejó en suspenso esa adhesión. En suma, coexisten dos visiones de integración: una orientada a la solidaridad política regional y la autonomía estratégica (propugnada por los gobiernos izquierdistas), y otra enfocada en la liberalización económica y la alineación con EE.UU. (defendida por gobiernos conservadores o liberales).
Simultáneamente, la influencia de las grandes potencias extra regionales ha crecido. La disputa global entre Estados Unidos y China se siente en Latinoamérica de formas cada vez más directas. Washington sigue viendo al hemisferio como zona de interés estratégico, buscando contrarrestar la penetración china y rusa. Beijing, por su parte, ha establecido a Latinoamérica como parte de su iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and Road), invirtiendo en infraestructura, comprando commodities e incorporando países de la región como socios estratégicos.
En Sudamérica, China ya es uno de los principales socios comerciales de casi todos los países (incluido Ecuador), y ha otorgado cuantiosos créditos y financiamiento de proyectos. De hecho, durante el gobierno correista, Ecuador profundizó su relación con China a niveles sin precedentes, recibiendo préstamos por cerca de $9.622 millones entre 2009 y 2019 (casi 10% del PIB), lo que generó una fuerte dependencia financiera de la potencia asiática. Estados Unidos, tradicional primer socio comercial ecuatoriano, observa con recelo este avance chino.
Este contexto regional es crucial para entender qué está en juego el 13 de abril en Ecuador. Según analistas, la elección definirá cómo Ecuador se inserta en la región y el mundo: ¿se sumará a la ola integracionista latinoamericana o reforzará la alianza tradicional con EE.UU.? ¿Respaldará iniciativas soberanistas regionales o priorizará tratados de libre comercio globales? Incluso cuestiones prácticas emergen: Ecuador recientemente ratificó un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China (negociado bajo Lasso y aprobado bajo Noboa), mientras carece de un acuerdo comercial con EE.UU., lo que deja a sus exportaciones en desventaja arancelaria frente a países vecinos que sí tienen TLC con Washington. Las posturas de los candidatos frente a la integración latinoamericana, la soberanía nacional y las grandes potencias delinearán el rol ecuatoriano en esta dinámica.
Noboa, de 37 años, proviene de la élite empresarial (millonario e hijo de la aristocracia financiera) y encarna la continuidad del modelo económico liberal instaurado desde Moreno y Lasso. Su enfoque privilegia la estabilidad macroeconómica, la atracción de inversión extranjera y la apertura comercial. En el plano internacional, esto se traduce en una política exterior pragmática y cercana a Occidente. Durante el año y pico que lleva en la presidencia, Noboa ha mantenido relaciones estrechas con organismos financieros internacionales como el FMI y el Banco Mundial, asegurando desembolsos de crédito por más de $4.000 millones para Ecuador. Esta línea indica que un nuevo gobierno suyo seguiría cooperando con las instituciones de Bretton Woods antes que buscar alternativas financieras regionales.
En cuanto a alianzas estratégicas, Noboa ha buscado fortalecer lazos con socios tradicionales. Su gobierno ha priorizado una relación cordial con Estados Unidos y la Unión Europea, así como impulsar nuevos tratados comerciales con países desarrollados y asiáticos. Por ejemplo, bajo su gestión se finalizó la ratificación del acuerdo de libre comercio con China y se ha negociado tratados con Corea del Sur y Canadá.
Asimismo, Noboa probablemente retomaría la agenda de un posible acuerdo comercial o entendimiento con EE.UU., en vista de que Ecuador es de las pocas economías andinas sin TLC con Washington (algo que sectores empresariales locales presionan por alcanzar). En línea con sus antecesores inmediatos, es de prever que mantenga la distancia respecto a gobiernos como Venezuela, Cuba o Nicaragua, alineándose con la postura estadounidense de crítica a esos regímenes.
De hecho, su gobierno rompió relaciones diplomáticas con Venezuela (iniciativa ya tomada por Moreno) y recientemente entró en conflicto con México al intentar arrestar a un exfuncionario correísta asilado en la embajada mexicana en Quito (Jorge Glas) – un operativo policial considerado “violación grave al derecho internacional” por la región. Aquella acción derivó en un enfriamiento de vínculos con el gobierno mexicano de López Obrador y tuvo eco negativo incluso entre aliados de EE.UU.
En términos de integración regional, el plan de gobierno de Noboa prácticamente no hace mención explícita a organismos como UNASUR, CELAC o ALBA. De hecho, su propuesta registrada ante el Consejo Nacional Electoral carece de un capítulo de política exterior, limitándose a hablar de “inserción estratégica en el mercado internacional” enfocada en la búsqueda de mercados para exportación.
Luisa González, abanderada del movimiento correísta Revolución Ciudadana, propone un viraje significativo en la política exterior ecuatoriana, retomando los principios de soberanía e integración que guiaron el gobierno de Correa (su mentor). Su visión se enmarca en el latinoamericanismo y el nacionalismo progresista.
Ella defiende abiertamente “una visión latinoamericanista y de integración regional”, distanciada del proyecto pro estadounidense de Noboa. En la práctica, esto significa que un gobierno suyo buscaría reincorporar a Ecuador en los espacios de integración autónoma de los que se alejó en años recientes. González ha expresado que “abogará por recuperar organismos regionales como la UNASUR y la CELAC”, lo cual implica volver a llenar el asiento ecuatoriano en UNASUR (bloque cuya sede, irónicamente, está en Quito) y asumir un rol activo en la CELAC para fortalecer la voz conjunta latino-caribeña. Es muy posible también que su gobierno restablezca formalmente la participación en la ALBA, dado que Ecuador fue miembro durante la era Correa y se retiró con Moreno.
La soberanía nacional es un eje discursivo central para González. En su plan de gobierno, proclama: *“Rechazamos cualquier forma de dominación, colonialismo o intervencionismo que socave la soberanía de los pueblos… Defendemos el derecho de cada nación a determinar su propio camino”*. Este principio de no injerencia y autodeterminación se traduciría en políticas concretas como: cero tolerancia a la presencia de bases militares extranjeras en suelo ecuatoriano, control nacional sobre sectores estratégicos y recursos naturales, y una posición firme en foros internacionales en contra de sanciones o intervenciones unilaterales.
En cuanto a alianzas internacionales, Luisa González se alinearía estrechamente con los gobiernos progresistas de la región. Es previsible un acercamiento inmediato a Venezuela, Cuba y Nicaragua, restableciendo plenamente relaciones diplomáticas y de cooperación con estos países aliados ideológicos. De hecho, González ha evitado criticar a esos gobiernos; cuando se le preguntó sobre las denuncias de autoritarismo en Venezuela, respondió que no opinaría sobre un país soberano, postura que indica un respaldo tácito al gobierno de Nicolás Maduro. Esta actitud contrasta incluso con la de algunos presidentes de izquierda moderada (como Lula o Boric) que han señalado abusos en Venezuela, pero evidencia que González prioriza la unidad latinoamericana y no se sumaría a condenas públicas que aislen a Caracas.
Del mismo modo, su triunfo significaría una relación muy cercana con Colombia (gobierno Petro) y Bolivia (gobierno Arce), promoviendo la coordinación en temas de desarrollo fronterizo, Amazonía y defensa de gobiernos democráticos frente a desestabilizaciones. Con Brasil, seguramente apoyaría la agenda integracionista de Lula (UNASUR, CELAC, moneda común regional, etc.), y con Argentina, si bien ahora gobierna Milei (de derecha), intentaría mantener la cooperación en marcos multilaterales regionales, priorizando la solidaridad Sur-Sur.
Respecto a las grandes potencias, la relación de un gobierno de González con Estados Unidos probablemente sería más distante y tensa en comparación con Noboa. No buscaría un TLC con EE.UU. – recordemos que Correa durante 10 años rechazó rotundamente negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, prefiriendo proteger la producción local y la autonomía económica. González se inscribe en esa línea, y de hecho su plan de gobierno enfatiza mecanismos alternativos (como el fortalecimiento de la integración financiera regional vía un Banco del Sur, por ejemplo) en lugar de mayor dependencia del mercado estadounidense.
Con China, en cambio, un gobierno correísta mantendría y ampliaría los lazos. Correa estableció a China como socio estratégico clave – financió represas, carreteras, préstamos e inversión petrolera. González aprovecharía el flamante TLC con China para incrementar el comercio (se espera que ~90% de exportaciones ecuatorianas entren libres de arancel a China en los próximos años) y profundizar la cooperación en infraestructura y tecnología. Es decir, vería a China no solo como mercado sino como aliado geopolítico en la visión multipolar.
En conclusión, las elecciones del 13 de abril de 2025 en Ecuador trascienden sus fronteras: son un punto de inflexión que puede inclinar la balanza geopolítica regional. Dos proyectos en pugna ofrecen caminos opuestos.
Con Daniel Noboa, el país profundizaría su estrategia de inserción global alineada con Estados Unidos, priorizando la atracción de inversiones y acuerdos comerciales. Esto aseguraría la continuidad de las políticas económicas ortodoxas a costa de ceder protagonismo en la agenda integracionista latinoamericana. La integración regional avanzaría sin Ecuador como actor central, y es posible que el país incluso sirva de aliado a EE.UU. en foros hemisféricos, contrapesando a los gobiernos de izquierda de la región.
Con Luisa González, Ecuador retomaría el proyecto latinoamericanista, cooperando estrechamente con sus vecinos para resolver problemas comunes e impulsar su desarrollo independiente. Se recuperaría la participación en organismos como UNASUR, y Quito podría volver a ser sede de iniciativas de integración política, económica y cultural. La política exterior ecuatoriana recuperaría el tono soberanista y solidario de la década pasada y esto fortalecería la posición latinoamericana en su conjunto.
En síntesis, Ecuador se encuentra ante una decisión histórica: profundizar un modelo geopolítico de dependencia vs. retomar el sendero de la integración emancipada. Desde la perspectiva de la geopolítica latinoamericana, los comicios ecuatorianos podrían consolidar la fragmentación regional o reforzar la tan anhelada unidad latinoamericana. Cualquiera sea el resultado, las implicaciones serán profundas.
Para el del país caribeño no asistió ningún representante de ese país.
Se constituyeron este martes los Grupos de Amistad con Ecuador y Venezuela. El primero, será presidido por el diputado nacional de La Libertad Avanza Gerardo Huesen, mientras que el de Venezuela por Silvana Giudici, del Pro.
En primer término, de la constitución del GPA con Ecuador, que se llevó a cabo en el bajo recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, participaron en representación de la delegación ecuatoriana Lotty Farah Andrade Abdo, embajadora de Ecuador en Argentina, y Monserrath Morocho Escandón, segunda secretaria; los diputados nacionales Gerardo Huesen, de La Libertad Avanza, designado titular del GPA, y Lorena Pokoik, de Unión por la Patria. Además, Luciana Términe, directora de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara baja, y Patricia Cardo, coordinadora de los GPA.
Al comienzo, la embajadora de Ecuador en Argentina resaltó la importancia de mantener relaciones que “fortalezcan la solidaridad”. “Se necesita una política de Estado de acuerdos mínimos para seguir adelante con algunos temas”, agregó la funcionaria.
En otro aspecto, detalló que los estudiantes migrantes ecuatorianos eligen medicina, enfermería y odontología, como las principales carreras a estudiar en Argentina. También, agregó que “otra nueva camada está estudiando arquitectura e ingeniería”. Y, las sedes más elegidas son Córdoba, Mendoza, La Plata y Buenos Aires.
El diputado Gerardo Huesen instó a “trabajar con diversidad de ideas porque enriquece", e hizo foco en “fortalecer nuestras relaciones bilaterales". Desde UP, Lorena Pokoik, solicitó “encontrar pisos de acuerdos sobre una agenda común”. Luego, se refirió al tema del financiamiento de las universidades al afirmar que el objetivo es “que no solo los estudiantes de argentina puedan continuar sus estudios, sino también de algo que ha caracterizado a Argentina, sus puertas abiertas a otros países, como Ecuador".
En el marco de una reunión constitutiva, la diputada Silvana Giudici (PRO) quedó designada para presidir el GPA con la República Bolivariana de Venezuela.
Durante el encuentro, que también se realizó en el Bajo Recinto del Palacio Legislativo, estuvieron presentes los diputados Fernando Iglesias (Pro) y Karina Banfi (UCR); así como también, Luciana Termine, directora de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados; y Patricia Mariel Cardo, coordinadora de los GPA.
Diputados de UP se pronunciaron contra lo sucedido en Quito y el desconocimiento del derecho al asilo diplomático de Jorge Glas.
“Como diputados nacionales integrantes del bloque Unión por la Patria, condenamos de forma enérgica la violación por parte del gobierno de Ecuador de la Convención Americana sobre el Derecho de Asilo y la Convención de Viena sobre protección de sedes diplomáticas a través de los hechos cometidos el día viernes 5 de abril, cuando la fuerza pública ecuatoriana irrumpió en la sede de la Embajada de México en Quito y se llevó por la fuerza al exvicepresidente Jorge Glas”. Así se pronunció un grupo de diputados del bloque de Unión por la Patria, ante los hechos de dominio público registrados.
Los legisladores de Unión por la Patria expresaron que “el derecho de asilo es una figura de origen latinoamericano que permite a cualquier país conceder refugio seguro en una de sus sedes diplomáticas a una persona nacional de ese país si considera que está siendo víctima, como el caso del vicepresidente Glas, de una persecución política. El asilo es un derecho del ciudadano perseguido y su concesión es potestad soberana del país al cual se le solicita”.
En consecuencia, expresaron a través de un comunicado los siguientes cuatro puntos:
Por último, los diputados encabezados por Eduardo Valdés y Santiago Cafiero señalaron su preocupación por considerar que “esta clara violación del derecho de asilo por parte del gobierno del presidente Noboa se suma a recientes comportamientos autoritarios por parte de otros mandatarios de la región en lo que parece ser un escalada neofascista caracterizada por el desconocimiento de los derechos humanos, el populismo nacionalista y la represión oficial como respuesta política a la protesta social legítima”.
Suscriben además el pronunciamiento los diputados Victoria Tolosa Paz, Eduardo Toniolli, Ernesto Alí, Ricardo Herrera, Julio Pereyra, Sabrina Selva, Tanya Bertoldi, Jorge Romeros, Micaela Morán, Martín Soria, Roxana Monzón, Liliana Paponet y Carolina Gaillard.
También se sumaron al comunicado Nancy Sand, Andrea Freites, Lorena Pokoik, Eugenia Alianello, Gabriela Pedrali, Mónica Litza, Pablo Yedlin, Martín Aveiro, Pablo Todero, Daniel Arroyo, Daniel Gollán y Natalia Zabala Chacur.
El mandatario de aquel convulsionado país aceptó la “ayuda” ofrecida por nuestro país y Estados Unidos. Advierten sobre la imposibilidad de las autoridades argentinas de hacerlo sin más trámite.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reveló que su gobierno acepta el apoyo militar ofrecido por Argentina.
En las últimas horas, Noboa sostuvo:
“Hemos aceptado el apoyo de Argentina; hemos aceptado el apoyo de Estados Unidos”.
“Necesitamos apoyo militar, en fuerza de soldados, asistencia en inteligencia, artillería y equipamiento”.
Lo delicado y peligroso de esta situación es que nadie, por iniciativa propia, puede garantizarle ayuda militar argentina al presidente del país hermano.
Ni siquiera puede hacerlo, por sí solo, el presidente de la Nación Javier Milei en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
¿Qué autoridad argentina le ofreció ayuda militar a Ecuador? ¿En qué términos lo decidió, qué compromisos asumió y a qué autoridad ecuatoriana se lo comunicó?
Si no hay respuesta a estas preguntas, la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, debería volver a hablar de inmediato con su colega, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, para que sepa que al presidente Noboa no lo han informado correctamente sobre el supuesto apoyo militar argentino. Deben decirle la verdad.
Deberían hacerlo de inmediato porque el hombre ya está aceptando públicamente la ayuda militar argentina y está pidiendo soldados, inteligencia, artillería y equipamiento.
Como militar, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Brigadier General Xavier Julián Isaac, debe aclarar si él ofreció esa ayuda militar a Ecuador.
Si lo hizo, actuó por fuera de sus responsabilidades y competencias, en un asunto que involucra la seguridad nacional sobre el que no puede decidir por sí solo ni, menos aún, comprometer a la Nación.
Si no lo hizo, seguramente sabrá quién fue.
Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal
La diputada de Vamos por Más (VxM) Patricia Glize presentó en el Parlamento un proyecto de declaración en el que buscará manifestar su solidaridad con el pueblo ecuatoriano, a raíz de los ataques del pasado 9 de enero.
Después de que se viralizaran en las redes sociales imágenes de los brutales ataques, la legisladora de Vamos por Más (VxM) Patricia Glize impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cual buscará expresar su solidaridad hacia el pueblo ecuatoriano y su pesar con las víctimas y habitantes afectados por el ataque de organizaciones criminales, ocurrido el 9 de enero del corriente año.
En los fundamentos de la iniciativa, la oficialista recordó que “el día 9 de enero de este año, Ecuador sufrió una ola de violencia que tuvo como principal exponente el ingreso de un grupo de delincuentes del crimen organizado a un estudio de televisión, dónde secuestraron a los trabajadores de la señal televisiva TC” e indicó que “mientras esto ocurría y mantenía en vilo al pueblo ecuatoriano, otros grupos realizaron secuestros en universidades y ataques en centros comerciales”.
“La jornada ya había comenzado con la presunta fuga de la cárcel de los cabecillas de grupos criminales, a lo que siguieron más de 30 actos violentos en varios puntos del país, con policías secuestrados, motines carcelarios y explosiones de vehículos”, añadió y precisó que “como resultado de esta dramática y repudiable situación, hubo al menos diez muertos, entre ellos dos agentes de la Policía Nacional. En respuesta a esto, el presidente Daniel Noboa decretó el ‘Conflicto Armado Interno’”.
Además, detalló que “esta historia de violencia y malestar que vive el país del norte de Sudamérica se remonta a febrero de 2021, cuando tuvo lugar una masacre en el interior de la prisión más violenta del país, la denominada Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Ese sangriento enfrentamiento dejó al menos 79 reclusos asesinados y fue el primero de una secuela de violentos choques entre reclusos de bandas rivales que ayer tuvo uno de los peores sucesos de violencia”.
“Ante estos lamentables acontecimientos que ponen en riesgo la convivencia democrática en nuestro país hermano, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo ecuatoriano y gran pesar por las víctimas acaecidas. Nuestros Estados de Derecho deben redoblar esfuerzos para proteger a la ciudadanía ante el avance de este tipo de organizaciones criminales, poniendo en marcha con determinación y firmeza todas las herramientas legales que estén a su alcance”, completó.
El proyecto de declaración es encabezado por Silvana Giudici, quien enfatizó sobre el ataque puntual hacia la prensa en ese país.
Debido a la gravedad de los sucesos ocurridos en Ecuador, diputados del Pro, encabezados por Silvana Giudici, presentaron un proyecto de declaración en el cual expresan su “preocupación” y “repudio” a “los ataques masivos perpetrados por grupos del crimen organizado contra distintos objetivos civiles, militares y de las fuerzas de seguridad de Ecuador, entre los que se destacan al canal TC de televisión de Guayaquil y distintas universidades”.
En los fundamentos de la iniciativa se resaltó: “Ante la gravedad de la situación, nuestro país y las naciones democráticas del mundo han expresado su solidaridad y apoyo a las instituciones democráticas y al pueblo de Ecuador. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Reporteros Sin Frontera y otras organizaciones han repudiado la ola de violencia desatada por las organizaciones narco en Ecuador”.
“Los ataques realizados de manera coordinada no pueden interpretarse de otra forma que un accionar terrorista tendiente a desestabilizar las instituciones democráticas de Ecuador”, se enfatizó en el proyecto que tiene como autora a Giudici.
Asimismo, los argumentos repasan que “mientras el canal TC se encontraba transmitiendo en vivo en la ciudad de Guayaquil, un grupo de hombres armados ingresó violentamente a las instalaciones y redujo a periodistas, trabajadores de prensa y personal administrativo mientras aprovechaba la señal para transmitir sus amenazas al gobierno y sus consignas violentas”.
“Al respecto, y atento a los ataques puntuales a la prensa, es pertinente recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que ‘el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento. Esos actos constituyen serios obstáculos para el pleno ejercicio de la libertad de expresión”, se agregó.
El proyecto fue acompañado por los diputados Cristian Ritondo, Diego Santilli, Fernando Iglesias, María Eugenia Vidal, Sabrina Ajmechet, Martín Ardohain, Sofía Brambilla, Aníbal Tortoriello, Ana Clara Romero, María Sotolano, María Florencia De Sensi, Germana Figueroa Casas, Sergio Eduardo Capozzi y Héctor Stefani.
Giudici, como presidenta de la Fundación LED (Libertad y Expresión + Democracia) trabaja hace décadas con Fundamedios, una ONG ecuatoriana con la que fundaron la red latinoamericana Red Leal desde donde expresaron preocupación por la fragilidad en la que la prensa ecuatoriana debe ejercer su labor.
El diputado radical, que pidió la presencia de Cafiero en el Congreso ante el escándalo diplomático con Ecuador, reclamó ver los vídeos de las cámaras de seguridad de la embajada.
El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR), quien reclamó por la presencia del canciller Santiago Cafiero ante el Congreso ante el escándalo diplomático con Ecuador, advirtió que "en Argentina tanto a nivel local como internacional amparamos delincuentes".
"Ecuador tiene la impresión que la salida, el traslado al aeropuerto y la llegada a la embajada en Caracas (de María de los Ángeles Duarte), todo contó con la complicidad del gobierno argentino", señaló el radical.
En diálogo con Radio Rivadavia, el formoseño se preguntó: ¿Por qué Argentina tiene que estar involucrada en estas cuestiones que afectan las relaciones institucionales? ¿Por proteger a una persona que está condenada a ocho años de prisión por corrupción?".
"¿Qué es más importante, mantener relaciones políticas y económicas con Ecuador, o haber colaborado con una persona que está condenada por corrupción?", continuó en referencia a la salida de la exfuncionaria de Rafael Correa hacia Venezuela.
Buryaile recordó que Ecuador le solicitó al ahora exembajador argentino en ese país, Gabriel Fuks, los vídeos de las cámaras de seguridad de la embajada, donde estaba alojada Duarte, pero éste se negó "amparándose en que eso es parte del territorio nacional".
Sin embargo, el legislador de JxC no descartó que los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto puedan solicitarle a Cafiero ver esos vídeos. "Podríamos tener una reunión secreta si así lo pide el canciller" para constatar, a través de las imágenes, "que no hubo ningún tipo de complacencia de la Argentina en la ida de la prófuga", apuntó.
Diputados de JxC solicitan que el canciller dé información sobre la fuga de la exministra condenada por corrupción que estaba alojada en la embajada argentina en Quito.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Ricardo Buryaile (UCR-Formosa), reclaman que el canciller, Santiago Cafiero, dé explicaciones en el Congreso por la fuga de la exministra ecuatoriana María de los Ángeles Duarte, condenada por corrupción, asilada en la embajada de Argentina en Quito.
“La exministra fue investigada, juzgada y sentenciada por los más altos tribunales del país. Estamos frente a una situación de altísima gravedad y el canciller argentino debe dar explicaciones”, aseveró el legislador formoseño.
En los fundamentos de la iniciativa, señaló: "Nos enteramos que el canciller Santiago Cafiero comunicó a su par ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, que la exministra de Transporte y Obras Públicas, asilada en la sede diplomática argentina en Quito, se fugó de la embajada el lunes 13 de marzo”.
“Duarte permanecía junto a su hijo en nuestra embajada en Ecuador, en la ciudad de Quito, desde 2020. El actual Gobierno nacional le dio el asilo diplomático a comienzo de diciembre del año pasado, previo ingreso a nuestra sede bajo la figura de 'huésped por razones humanitarias'. Las convenciones que norman el asilo diplomático excluyen la posibilidad de conceder asilo a personas condenadas por delitos comunes”, destacó Buryaile.
La exministra Duarte fue condenada en 2020 a ocho años de prisión por cohecho contra la administración pública. Dicha causa reveló una trama de financiamiento irregular del movimiento Alianza País, la coalición política que encabezó el expresidente Rafael Correa, también condenado, que tuvo como una de sus principales protagonistas a la entonces ministra de Transporte y Obras Públicas.
El proyecto fue acompañado por sus pares Karina Banfi, Pedro Galimberti, Roberto Sánchez, Gabriela Lena, Soledad Carrizo, Gerardo Cipolini, Carlos Zapata, Marcela Coli, Juan Martín, Lidia Ascárate y Pablo Torello.
La exjefa de Estado repudió el asesinato de Menéndez, candidato de Revolución Ciudadana a la alcaldía de Puerto López.
La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, celebró el triunfo del Movimiento Revolución Ciudadana -coalición a la que pertenece Rafael Correa -expresidente de Ecuador- en las elecciones seccionales de ese país.
La exjefa de Estado felicitó a Correa a través un posteo de Twitter y le envió un abrazo fraterno a todos “los candidatos y candidatas”. Las elecciones seccionales en Ecuador son para elegir a todos los gobiernos provinciales y municipales a la vez.
Sin embargo, durante la jornada electoral, Omar Menéndez -candidato del Movimiento Revolución Ciudadana a la alcaldía del municipio ecuatoriano de Puerto López- fue asesinado de 10 disparos en un asesinato estilo sicariato. La situación en Ecuador es grave ya que fueron más de 12 candidatos sufrieron ataques de diversos tipos, desde atentados con disparos hasta apuñalamientos.
En tal sentido, CFK expresó: “Toda nuestra solidaridad con los familiares, amigos y amigas de Omar Menéndez, candidato ganador a la Alcaldía de Puerto López, asesinado el día de la elección. Horror y violencia política”.
Los comicios se realizarán este domingo, con la particularidad de que se pondrá en práctica el voto electrónico presencial, como prueba piloto para la votación en el exterior.
El Instituto de la Democracia y Elecciones (IDEMOE) fue invitado por el Consejo Nacional Electoral de la República de Ecuador a participar como observador electoral internacional de las elecciones generales presidenciales y legislativas a realizarse en ese país el próximo domingo, 7 de febrero.
Tal convocatoria abarca participación en el territorio, como en las votaciones de residentes ecuatorianos en Argentina, que tendrá la particularidad de realizarse con voto electrónico presencial, como prueba piloto para la votación en el exterior. IDEMOE observará esta experiencia en Ciudad Autónoma Buenos Aires, explica Silvana Yazbek, directora de IDEMOE, y agregó que habrá 2 pruebas pilotos más: “de votación por correspondencia se realizará Canadá (Ottawa), la votación telemática en EEUU (Phoenix) para voto en el exterior, el resto sufragará con boleta única”
Para estos comicios están habilitados a votar 13.099.150, de los cuales 410.239 son ecuatorianas y ecuatorianos residentes en el extranjero, distribuidos en 43 países. En Argentina son 2048 registrados.
En las presidenciales, se proclama en el cargo a la fórmula que obtenga el -50% de los votos válidos- o el 40% de los votos válidos y una diferencia de mayor de 10 puntos sobre el segundo. En el caso que no se cumplan estas condiciones se realizará la segunda vuelta en 11 de abril entre las fórmulas que hayan cosechado más votos.
Dado el contexto de la emergencia sanitaria y pandemia de Covid-19, se cumplirá el Protocolo de Bioseguridad, donde se destacan el uso de mascarilla y lavado de manos, el límite de personas, los insumos de bioseguridad y el distanciamiento social para evitar aglomeraciones, inexistencia de comercio formal e informal fuera del recinto electoral, en este contexto extraordinario para la celebración de elecciones. Yazbek, quien coordina la Misión de Observación Internacional de IDEMOE, informó que también “se ampliaron los recintos de votación casi en un 15%, se sugirió horarios para documentados pares e impares”.
El domingo se elegirán las dignidades -denominación ecuatoriana a las categorías electivas- de presidente y vicepresidente, para un período de cuatro años; 5 parlamentarios andinos; 137 asambleístas: quince (15) nacionales, 116 provinciales y distritales y 6 por los inmigrantes o del extranjero.
Las candidaturas presidenciales son 16 binomios, cuyas fórmulas con mayor intención de voto, según las encuestas, son: Andrés Arauz-Carlos Rabascall, Guillermo Lasso- Alfredo Borrero y Yaku Pérez-Vilma Cedeño.
Luego de que el Consejo Nacional Electoral aceptara la fórmula presidencial que en ese país respalda el expresidente Correa, la vicepresidenta y Alberto Fernández expresaron su beneplácito.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador aceptó 16 binomios para participar de las elecciones que se celebrarán en ese país el próximo 7 de febrero. Entre ellos, la fórmula de “Unión por la Esperanza”, integrada por Arauz y Rabascall, a los que respalda el Gobierno argentino por ser los candidatos del expresidente Rafael Correa.
El presidente Alberto Fernández escribió en su cuenta de Twitter: “Desde Ecuador llegan buenas noticias para la democracia de América Latina: el candidato @ecuarauz participará de las elecciones del 7 de febrero del año próximo”, acompañando con ese texto la declaración de Arauz en la señalaba que “elBinomioDeLaEsperanza estará en la papeleta el #7F”, y agregó: “¡Gracias a todas y todos los que estuvieron vigilantes y movilizados! ¡Gracias por la solidaridad internacional! El pueblo ecuatoriano ha hecho respetar su derecho de elegir en democracia”.
En el mismo sentido, Cristina Kirchner posteó ese tuit agregándole el signo de la V de la Victoria.
La semana pasada Cristina se reunió con Aráuz Galarza, a quien presentó en su cuenta de Twitter como el “hasta hoy proscripto candidato a presidente de Ecuador por la alianza Unión por la Esperanza”. En ese mismo tuit sobre su reunión con Aráuz Galarza, completó: “¿En serio Lenín Moreno pretende que el resto del mundo crea que en el Ecuador hay democracia?”, en referencia al presidente actual de ese país sudamericano.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana expresó su desagrado por esa declaración: “Ante lo publicado por la vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández, en su cuenta de Twitter el pasado 4 de diciembre” esa cartera presentó una nota de protesta formal del Gobierno del Ecuador lamentando las inoportunas declaraciones emitidas por la señora vicepresidenta, con ocasión de su reunión con el ciudadano ecuatoriano Andrés Arauz Galarza en Buenos Aires, relativas a cuestionar la democracia en el territorio asuntos internos del Ecuador”.
Manifestaron su “honda preocupación por las decisiones solicitadas por las autoridades electorales ecuatorianas, con el objetivo de proscribir a la agrupación política” de Rafael Correa.
Expresidentes lationamericanos encabezados por Cristina Fernández de Kirchner, Lula Ignacio Da Silva, José Mujica, Ernesto Samper y Evo Morales; excancilleres como Celso Amorin, David Choquehuanca, José Miguel Insulsa y el senador nacional Jorge Taiana, entre otros, y el presidente del Parlasur, Oscar Laborde, exhortaron a las autoridades ecuatorianas a terminar con las proscripciones en ese país y respetar las normas nacionales e internacionales que aseguren “la vigencia de la democracia efectiva en el Ecuador”.
El documento, titulado “Por la defensa de la democracia en Ecuador”, expresa la “honda preocupación por las decisiones adoptadas por las autoridades electorales ecuatorianas con el objetivo de proscribir a la agrupación política denominada Revolución Ciudadana, en la que participa el expresidente Rafael Correa, junto a destacados dirigentes políticos ecuatorianos”. Y agrega que “en los dos últimos años, les fue negada en tres ocasiones la autorización para obtener vida jurídica”.
La decisión del Consejo Nacional Electoral de eliminar del registro de partidos políticos a Fuerza Compromiso Social, la agrupación de Rafael Correa, “se produce después de cuatro años que esa agrupación política fuera aprobada legalmente, después de haber participado en tres procesos electorales y dos días antes del período de inscripción de candidaturas”, señala el documento.
“Exhortamos a las autoridades ecuatorianas a respetar los principios y normas nacionales e internacionales que aseguren la vigencia de la democracia efectiva en el Ecuador”, señala el documento.
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