El impuesto País ya no es legal

El exlegislador asegura que en algún momento tendrán que devolver a los contribuyentes hasta el último peso, actualizado, de lo que están cobrando por ese gravamen.

Por Alejandro “Topo” Rodríguez

Unos 10.000 millones de dólares. Esa es la cifra que la AFIP podría llegar a recaudar este año sólo con el Impuesto PAIS, el tributo al que Javier Milei y Toto Caputo se aferran como una verdadera tabla de salvación.

PAIS se impuso por ley en diciembre de 2019, al inicio del gobierno de Alberto Fernández, pero la administración libertaria será la más beneficiada y ya es la que más provecho le está sacando, no sólo porque aumentó sideralmente sus alícuotas, incrementó sustancialmente su multiplicador (el tipo de cambio) y extendió su alcance a operaciones que originalmente no alcanzaba.

El libertario Milei es el más agraciado porque, aunque él y su gobierno no lo admitan en público, está cobrando el Impuesto PAIS sin una sólida base normativa que le permita hacerlo. En rigor, el tributo perdió vigencia el 31 de diciembre de 2023.

Consciente de esa endeblez, el Ejecutivo libertario intentó discretamente dotar de sustento legal al impuesto por la vía del Congreso, en el marco de la Ley Bases, pero fracasó. Lo raro es que nadie registró seriamente la frustrada maniobra.

El origen de todo se remonta al artículo 35 de la Ley 27.541, publicada en el Boletín Oficial el 23 de diciembre de 2019. Allí se establece que el Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) tiene “carácter de emergencia, por el término de cinco (5) períodos fiscales a partir del día de entrada en vigencia” de esa ley.

Un período fiscal comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Tiene sentido que el gobierno anterior haya fijado los cinco períodos de vigencia, dado que los nueve días de diciembre de 2019, contados desde la fecha de oficialización de la norma, caen dentro del primer período fiscal; y los otros cuatro períodos van desde el primer hasta el último día de los años 2020, 2021, 2022 y 2023. Esos son los cinco “períodos fiscales”. En realidad, ya fueron.

Así, el impuesto cobraba vigencia a pocos días de iniciar un nuevo gobierno y dejaba de tenerla unos días después de finalizado el mandato.

Esa fue la convicción con que los legisladores votaron el impuesto.

No sólo tiene lógica, sino que también exhibe robustez legal al encuadrarse bajo las pautas del Artículo 10 de la Ley Nro. 24.156 de Administración Financiera, vigente para el sector público nacional desde hace más de 30 años, que establece: “El ejercicio financiero del sector público nacional, comenzará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año”.

Sin embargo, con fecha 6 de diciembre de 2023, la Dirección Nacional de Impuestos emitió un dictamen interpretando que la vigencia del Impuesto PAIS se extendía por un año más, al considerar que la expresión “períodos fiscales” se refiere a “años”.

Basada en ese particular punto de vista, aquella repartición pública dictaminó que “la aplicación del Impuesto PAIS se extiende desde el 23/12/2019 hasta el 22/12/2024, ambas fechas inclusive”.

Se nota que el gobierno libertario no estaba dispuesto a descansar en la precariedad de semejante dictamen y quiso darle rango legal a la extensión del plazo para recaudar el impuesto.

Por ese motivo, cuando en la madrugada del 24 de enero de este año se aprobó, en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el primer dictamen de mayoría de la original Ley Bases, allí venía incluido el artículo 180 con un texto inequívocamente destinado a remediar brutalmente la fragilidad interpretativa vigente.

El referido artículo, transcripto aquí completo, señala: “Se aclara que el Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) establecido por el artículo 35 de la Ley Nro. 27.541 se encuentra vigente hasta el 22 de diciembre de 2024, inclusive” (una réplica del dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos).

Insólitamente, o no tanto, el texto comienza con la expresión “se aclara”, lo que revela que la vigencia del tributo para 2024 no está clara, de ninguna manera.

Lo importante es que ese artículo nunca se aprobó en las sesiones de la Cámara de  Diputados y, de hecho, ya no forma parte del texto de la ley, que pasó al Senado con media sanción de la Cámara baja.

Lo llamativo es que ese incidente institucional pasó de largo, sin pena ni gloria.

Ahora, el gobierno de Milei va por más: pretende seguir cobrando el Impuesto PAIS en 2025, razón por la cual ya decidió incluirlo en el proyecto de Ley de Presupuesto que enviará en septiembre al Congreso.

Si avanzara la tentación de incluir allí una extraña cláusula para otorgarle legalidad retroactiva a la abierta ilegalidad del impuesto PAIS durante 2024, sería tan grande el escándalo como la desconfianza que alimentaría.

No hay vuelta que darle. En algún momento tendrán que devolver a los contribuyentes hasta el último peso, actualizado, de lo que están cobrando por un impuesto que desde el primer día de este año ya no es legal.

Flor de lío, además, ya que el pretendido superávit fiscal está sostenido por el crecimiento exponencial en la recaudación de un tributo abiertamente ilegal.

 

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

Laspina, sobre la ampliación del impuesto PAIS: “Ni en Noruega”

El diputado del Pro explicó qué relación tendría con el RIGI que propone la ley de Bases y advirtió que “los inversores van a esperar”.

luciano laspina sesion presupuesto 16 diciembre 2021

A través del decreto 385/24, el Gobierno nacional amplió este lunes el alcance del impuesto PAIS para la compra de divisas para la distribución de utilidades y dividendos, y para las suscripciones de BOPREAL (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre) que sean efectuadas a tales fines, con una alícuota del 17,5%.

Sobre esto se refirió el diputado del Pro Luciano Laspina, quien observó qué relación tendría con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que se plantea en el proyecto de la ley de Bases.

“El Gobierno aplicará el impuesto PAIS al giro de dividendos al exterior. O sea, una empresa que invirtió acá pagará 35% de Ganancias + 7% de impuesto a la distribución de dividendos + (new!) 17,5% de impuesto PAIS. Alícuota final 60%. Ni en Noruega! Para esto se necesita el RIGI”, escribió en su cuenta de X.

El economista señaló que “el otro problema es que el RIGI ‘congela’ la estructura tributaria actual. De modo que, legalmente, aún cuando se saque el impuesto PAIS en el futuro, alguien podría reponerlo sin violar el RIGI, que había derogado el 7% de impuestos a los dividendos!”. “Los inversores van a esperar”, advirtió.

Luego, al ser consultado por un usuario, Laspina defendió que “el RIGI ‘da’ lo que todos deberíamos tener: estabilidad tributaria, acceso divisas, y devolución anticipada del IVA a la inversión”. Pero apuntó que “después se agregaron otros ‘aditivos’ tributarios exagerados. La idea no era hacer un régimen de incentivos fiscales sino de estabilidad fiscal”.

 

 

Lewandowski rechazó la reducción del reparto del Impuesto PAIS

El senador de UP cuestionó que “primero se llevaron los gendarmes de Rosario y ahora le quitan recursos que están destinados a las necesidades más básicas de la gente”.

El senador nacional Marcelo Lewandowski (UP – Santa Fe) rechazó el decreto que publicó este lunes el Gobierno Nacional, mediante el cual se reduce al 1% el reparto de la recaudación del impuesto PAIS, el cual era del 30% y financiaba al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) para la urbanización de barrios populares.

“Primero se llevaron los gendarmes de Rosario y ahora le quitan recursos que están destinados a las necesidades más básicas de la gente”, cuestionó el senador santafesino, quien señaló que “estamos hablando de que quitaron los fondos que se destinaban mayor contención social en los barrios más postergados”.

Del mismo modo, planteó que “es una herramienta fundamental para el combate contra el narcotráfico en Rosario ya que la violencia y el delito no solo se combate con mayor presencia policial”.

También, explicó que “son fondos para hacer viviendas, alumbrado, abrir calles, quitar esos pasillos que surgen en las zonas más precarias”. “También para la parte social como construcción de jardines, centros maternales. Es presencia del Estado donde más se lo necesita”, agregó.

Y siguió: “El lugar que el Estado nacional, provincial o municipal abandona es un lugar que las organizaciones criminales van a intentar ocupar”.

A su vez, consideró que “nosotros (UP) no nos oponemos a que se maneje de otra forma o a través de otro organismo, pero que nos den una alternativa”, y cerró: “No que desfinancien un fondo destinado a cuestiones muy esenciales y básicas para la gente que más lo necesita”.

Francos aseguró que si la oposición incorporara la coparticipación del impuesto PAIS, Milei podría vetarlo

El ministro del Interior ratificó que el Gobierno nacional no repartirá la recaudación de ese tributo con las provincias porque “es muy transitorio”, y afirmó que el paquete fiscal se tratará después de la ley ómnibus.

En medio del reclamo de los gobernadores por los recursos, el ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que si los diputados de la oposición lograran incorporar en la discusión en particular de la ley ómnibus un artículo para que el impuesto PAIS se coparticipe, el presidente Javier Milei podría eventualmente vetarlo.

“Si se establece de esa manera, por supuesto. El veto es una facultad presidencial y el presidente ha sido claro en el sentido de que no coparticipa el impuesto PAIS”, sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia.

El funcionario explicó que esta decisión se debe a que este impuesto “es muy transitorio, se termina cuando se termina el cepo, y no se puede generar una carga para el Estado nacional sobre un impuesto que tiende a desaparecer (se estableció en diciembre de 2019 por cinco períodos fiscales) y que después genere que la Nación tenga que suplantar a las provincias con otros impuestos. La transitoriedad hace que no sea factible coparticiparlo”.

Francos reveló que “hubo una serie de malos entendidos” durante las negociaciones del Ejecutivo con las provincias, “negociaciones en las que se discuten intereses legítimos”. A los distritos, “se les han cortado recursos coparticipables y están en una situación de estrés”, señaló y recordó la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias como “una decisión política que tenía que ver con la campaña electoral”.

El ministro del Interior afirmó que “cuando se retiró el paquete fiscal de la ley se dijo que cuando quede aprobada nos sentamos con los gobiernos provinciales para analizar todo el paquete en su conjunto, todo el sistema tributario y ver de qué manera reducimos la enorme cantidad de impuestos y cargas”.

“El Gobierno nacional entiende la situación, pero cree también que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto. Pretendemos avanzar con esta ley y después avanzar con el paquete fiscal”, insistió.

Consultado sobre si está satisfecho con cómo quedó el proyecto, resaltó que “la parte central de la ley” referida a “la desregulación de la economía, el tema energético e hidrocarburífero, y todo lo que hace a inversiones y desarrollo son parte esencial que se ha mantenido”.

Por otro lado, respecto de cómo ve el panorama en el Senado, Francos expresó: “Tenemos pocos senadores, pero hay un grupo que tiene la vocación por apoyar al gobierno del presidente Milei para que obtenga los instrumentos que muchos otros gobiernos, por no decir todos, desde el inicio de la democracia han obtenido. La delegación de facultades y las emergencias no son temas nuevos. Esperamos conseguir el mismo apoyo que se obtuvo para instalar las autoridades del Senado”.

La economía política del impuesto PAIS

Cobra destacada relevancia la discusión parlamentaria de los próximos días, ya que el gobierno propone un cambio en la distribución de lo recaudado por este gravamen.

Por Alejandro “Topo” Rodríguez

La semana próxima continuará el tratamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso, ahora con una novedad que le agregará tensión a la puja de intereses.

Sucede que, en medio de la discusión parlamentaria, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha revelado datos que le sumarán una enorme presión a la disputa política desatada en torno al Impuesto PAIS.

Un informe oficial del organismo recaudador, informa que ese tributo recaudó 469.199 millones de pesos durante enero de este año.

Eso significa que ya recauda más que, por ejemplo, el mismísimo Impuesto al Cheque (463.278 millones de pesos).

Pero además, y aquí el dato de estratégica relevancia política, el PAIS aumentó su recaudación interanual en 1252,6% (comparación entre enero de 2024 y el mismo mes de 2023).

No hay tributo que haya elevado más su recaudación interanual que el Impuesto PAIS. La recaudación del IVA aumentó 291%, la de Ganancias 117%, la del Impuesto al Cheque 197%.

De hecho, el crecimiento de lo producido por el Impuesto PAIS significa un salto que está más de cinco veces por encima de la evolución promedio de la recaudación general (de todos los impuestos), que aumentó 239,8%.

Tamaña subida se explica por el aumento de alícuotas aplicado por Javier Milei y Toto Caputo en diciembre pasado, llevándolas de 7,5% a 17,5%; junto con el salto significativo del factor multiplicador de ese impuesto, que es el valor del dólar oficial, cuya devaluación lo llevó de menos de 400 a más de 800 pesos.

En este contexto, cobra destacada relevancia la discusión parlamentaria de los próximos días, ya que el gobierno propone un cambio en la distribución de lo recaudado por el Impuesto PAIS, que hoy se reparte así:

– El 42% se destina a la ANSeS y 28% al PAMI (total 70%).

– El 9% se asigna al financiamiento de obras de vivienda social, bajo administración del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

– El 19,5% se destina a Obras de Infraestructura Económica, mientras que el 1,5% restante financia actividades de fomento del turismo nacional.

Esa es la nueva distribución que impuso el Decreto 184/2020, dos meses después de aprobada la Ley 27.541 que originó el Impuesto PAIS.

Así, en la distribución de enero de 2024 ($469.199 millones) de acuerdo a la norma vigente, los destinos y montos son los siguientes:

– La ANSeS más el PAMI reciben 328.439 millones de pesos.

– Para el financiamiento de obras de vivienda social, a cargo del FISU, se destinan 42.228 millones de pesos.

– Van 91.494 millones de pesos a Obras de Infraestructura Económica y 7.038 millones a financiar el fomento del turismo nacional.

Sin embargo, la propuesta que Milei y Caputo pretenden incorporar mediante el artículo 179 del proyecto de Ley Ómnibus, establece que el 100% de lo recaudado por PAIS se destine a la ANSeS y al PAMI, que antes sólo recibían el 70%.

De aprobarse la iniciativa oficial, el financiamiento para obras de vivienda social del FISU, con fondos del Impuesto PAIS, caería a “cero pesos”, al igual que las obras de infraestructura económica y el fomento del turismo.

En este contexto, la discusión que se avecina por el destino de la recaudación del Impuesto PAIS, tendrá a estos actores con sus correspondientes objetivos:

– El Gobierno Nacional: pretende conservar el manejo del 100% de los recursos para el gobierno central, concentrados ahora sólo en ANSeS y PAMI. Cuenta con el impulso del FMI para hacerlo. Tiene una discreta fuerza legislativa propia, pero suma aliados en la votación.

– Gobernadores de distintos signos políticos: pretenden que se copartícipe el 30% de lo recaudado por el Impuesto PAIS. Cuentan con una base de diputados y senadores nacionales con importante incidencia, que pueden incidir en el resultado final de cualquier votación.

– Movimientos Sociales: se plantarán frente a la amenaza real de que Milei y eventuales aliados desfinancien los programas de vivienda social en todo el país. Cuentan con algunos legisladores propios y una cantidad importante de aliados, además de su clásica capacidad de movilización popular.

El funcionamiento de las instituciones democráticas tiene siempre un sentido social y las decisiones públicas generan consecuencias que afectan intereses en disputa. Por eso, lo que se viene no es una simple discusión parlamentaria.

Alejandro “Topo” Rodríguez es director Instituto Consenso Federal

El Gobierno insiste en desentenderse de una coparticipación del impuesto PAIS

Así lo hizo el vocero presidencial en su conferencia de prensa diaria, en la que negó que el tema hubiera formado parte de lo conversado entre los gobernadores y el ministro del Interior.

Sin vueltas y en el mismo sentido que había expresado el día anterior la Oficina del Presidente en la red social X, donde se contradijo lo que había trascendido respecto de un acuerdo para coparticipar el impuesto PAIS con las provincias, el vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo este martes que “jamás se puso en discusión” tal posibilidad.

En efecto, en su conferencia de prensa diaria, el vocero desmintió entonces cualquier tipo de acuerdo sobre ese tributo con los gobernadores no peronistas en el seno del CFI este lunes. “Jamás existió en la conversación la coparticipación del impuesto PAIS”, enfatizó Adorni, contrariando así la versión que se había conocido al cabo de la reunión de la que tomaron parte gobernadores elegidos por las listas de Juntos  por el Cambio y diputados nacionales de los bloques dialoguistas con el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Precisamente con el titular de la cartera política acababa de reunirse Adorni, según contó, para hablar sobre lo conversado con los gobernadores. Así las cosas, culpó a los medios  por haber difundido semejante especie. “No solo que no se habló en la reunión, sino que no está en discusión. Fueron versiones que, por alguna misteriosa razón, llegaron a los medios y que revisten de total falsedad”, comentó el funcionario.

Con vistas a la sesión prevista para este miércoles a las 10, el vocero presidencial dijo que, a su juicio, no debería haber “trabas” para la aprobación del proyecto, luego de que se quitara el capítulo impositivo.

El Colegio de Abogados de CABA reiteró un pedido a la AFIP

La entidad cuestionó la reglamentación del Impuesto País y explicaron que hay medidas que “propician y acrecientan un clima constante de inseguridad jurídica y afectación del Estado de Derecho”.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires reiteró el pedido que le hizo al Poder Ejecutivo y a la Administración Federal de Ingresos Públicos respecto de prácticas que “resultan violatorias de los derechos y garantías constitucionales en materia tributaria”.

La entidad sostuvo que “mediante el dictado de la Resolución General N° 5391 (B.O. 21.07.2023) la AFIP implementó un nuevo pago a cuenta del impuesto a las ganancias para empresas que en el ejercicio anterior hayan tenido una ganancia impositiva (antes del cómputo de quebrantos) igual o superior a $600.000.000, y no hayan determinado impuesto”.

“Los parámetros establecidos no permiten, razonablemente, inferir que se trate de contribuyentes que tendrán ganancias imponibles al cierre del ejercicio fiscal, y por ende, que determinarán impuesto a las ganancias contra el cual computar el pago a cuenta. De este modo, la AFIP desconoce que la Ley de Impuesto a las Ganancias admite el cómputo de quebrantos para determinar el resultado alcanzado por el impuesto”, siguieron.

Además, expresaron que “la RG 5391 constituye un nuevo uso desmedido y abusivo de la facultad conferida por la Ley N° 11.683 de establecer anticipos o pagos a cuenta, la cual debe ejercerse sobre la base de indicios razonables de permitan presumir, conforme a las reglas de la sana crítica, que el hecho imponible finalmente llegará a verificarse”.

Además, manifestaron que “lo indicado en el apartado anterior resulta de mayor gravedad y preocupación en contextos de muy alta inflación como el que atraviesa el país, más aún si las normas impositivas no permiten la actualización de los anticipos y pagos a cuenta”.

Por otra parte, expusieron que “el reciente Decreto N° 377/2023 estableció nuevos hechos imponibles alcanzados por el denominado “Impuesto País” implementado en diciembre del 2019 mediante la Ley N° 27.541 por el término de 5 (cinco) períodos fiscales desde su entrada en vigencia”.

“El artículo 76 de la Constitución Nacional establece que para que la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo sea válida, ésta debe establecerse con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca, aspectos que resultan cuestionables en el caso comentado, toda vez que el artículo 1° de la Ley N° 27.541 fijó el día 31 de diciembre de 2020, como fecha límite para el ejercicio de las facultades delegadas comprendidas en la misma, indicaron desde el Colegio de Abogados porteño.

Siguiendo con el “Impuesto País”, consideraron que “implementó un mecanismo de pagos a cuenta para la importación de mercaderías, que deberán efectuarse antes de que se produzca el hecho imponible. Este mecanismo no cuenta con la debida autorización legislativa, ya que la facultad conferida a la AFIP para establecer el pago a cuenta no surge de la ley sino del recientemente sancionado Decreto 377/2023. Se trata de otro claro exceso de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo que invade, una vez más, atribuciones exclusivas del Poder Legislativo”.

Del mismo modo, sugirieron que “corresponde enfatizar que medidas como las mencionadas en la presente, propician y acrecientan un clima constante de inseguridad jurídica y afectación del Estado de Derecho, lo que a su vez conspira contra los intereses de la sociedad en la búsqueda de la tan ansiada estabilidad y progreso que nuestro país merece”.

Por último, explicaron que “se debe tener presente que es el Poder Judicial el encargado y quien tiene el mandato de velar por la supremacía de nuestra Carta Magna y los derechos y garantías en ella consagrados”.