El senador nacional Marcelo Lewandowski (UP – Santa Fe) rechazó el decreto que publicó este lunes el Gobierno Nacional, mediante el cual se reduce al 1% el reparto de la recaudación del impuesto PAIS, el cual era del 30% y financiaba al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) para la urbanización de barrios populares.

“Primero se llevaron los gendarmes de Rosario y ahora le quitan recursos que están destinados a las necesidades más básicas de la gente”, cuestionó el senador santafesino, quien señaló que “estamos hablando de que quitaron los fondos que se destinaban mayor contención social en los barrios más postergados”.

Del mismo modo, planteó que “es una herramienta fundamental para el combate contra el narcotráfico en Rosario ya que la violencia y el delito no solo se combate con mayor presencia policial”.

También, explicó que “son fondos para hacer viviendas, alumbrado, abrir calles, quitar esos pasillos que surgen en las zonas más precarias”. “También para la parte social como construcción de jardines, centros maternales. Es presencia del Estado donde más se lo necesita”, agregó.

Y siguió: “El lugar que el Estado nacional, provincial o municipal abandona es un lugar que las organizaciones criminales van a intentar ocupar”.

A su vez, consideró que “nosotros (UP) no nos oponemos a que se maneje de otra forma o a través de otro organismo, pero que nos den una alternativa”, y cerró: “No que desfinancien un fondo destinado a cuestiones muy esenciales y básicas para la gente que más lo necesita”.

En medio del reclamo de los gobernadores por los recursos, el ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que si los diputados de la oposición lograran incorporar en la discusión en particular de la ley ómnibus un artículo para que el impuesto PAIS se coparticipe, el presidente Javier Milei podría eventualmente vetarlo.

“Si se establece de esa manera, por supuesto. El veto es una facultad presidencial y el presidente ha sido claro en el sentido de que no coparticipa el impuesto PAIS”, sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia.

El funcionario explicó que esta decisión se debe a que este impuesto “es muy transitorio, se termina cuando se termina el cepo, y no se puede generar una carga para el Estado nacional sobre un impuesto que tiende a desaparecer (se estableció en diciembre de 2019 por cinco períodos fiscales) y que después genere que la Nación tenga que suplantar a las provincias con otros impuestos. La transitoriedad hace que no sea factible coparticiparlo”.

Francos reveló que “hubo una serie de malos entendidos” durante las negociaciones del Ejecutivo con las provincias, “negociaciones en las que se discuten intereses legítimos”. A los distritos, “se les han cortado recursos coparticipables y están en una situación de estrés”, señaló y recordó la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias como “una decisión política que tenía que ver con la campaña electoral”.

El ministro del Interior afirmó que “cuando se retiró el paquete fiscal de la ley se dijo que cuando quede aprobada nos sentamos con los gobiernos provinciales para analizar todo el paquete en su conjunto, todo el sistema tributario y ver de qué manera reducimos la enorme cantidad de impuestos y cargas”.

“El Gobierno nacional entiende la situación, pero cree también que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto. Pretendemos avanzar con esta ley y después avanzar con el paquete fiscal”, insistió.

Consultado sobre si está satisfecho con cómo quedó el proyecto, resaltó que “la parte central de la ley” referida a “la desregulación de la economía, el tema energético e hidrocarburífero, y todo lo que hace a inversiones y desarrollo son parte esencial que se ha mantenido”.

Por otro lado, respecto de cómo ve el panorama en el Senado, Francos expresó: “Tenemos pocos senadores, pero hay un grupo que tiene la vocación por apoyar al gobierno del presidente Milei para que obtenga los instrumentos que muchos otros gobiernos, por no decir todos, desde el inicio de la democracia han obtenido. La delegación de facultades y las emergencias no son temas nuevos. Esperamos conseguir el mismo apoyo que se obtuvo para instalar las autoridades del Senado”.

La semana próxima continuará el tratamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso, ahora con una novedad que le agregará tensión a la puja de intereses.

Sucede que, en medio de la discusión parlamentaria, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha revelado datos que le sumarán una enorme presión a la disputa política desatada en torno al Impuesto PAIS.

Un informe oficial del organismo recaudador, informa que ese tributo recaudó 469.199 millones de pesos durante enero de este año.

Eso significa que ya recauda más que, por ejemplo, el mismísimo Impuesto al Cheque (463.278 millones de pesos).

Pero además, y aquí el dato de estratégica relevancia política, el PAIS aumentó su recaudación interanual en 1252,6% (comparación entre enero de 2024 y el mismo mes de 2023).

No hay tributo que haya elevado más su recaudación interanual que el Impuesto PAIS. La recaudación del IVA aumentó 291%, la de Ganancias 117%, la del Impuesto al Cheque 197%.

De hecho, el crecimiento de lo producido por el Impuesto PAIS significa un salto que está más de cinco veces por encima de la evolución promedio de la recaudación general (de todos los impuestos), que aumentó 239,8%.

Tamaña subida se explica por el aumento de alícuotas aplicado por Javier Milei y Toto Caputo en diciembre pasado, llevándolas de 7,5% a 17,5%; junto con el salto significativo del factor multiplicador de ese impuesto, que es el valor del dólar oficial, cuya devaluación lo llevó de menos de 400 a más de 800 pesos.

En este contexto, cobra destacada relevancia la discusión parlamentaria de los próximos días, ya que el gobierno propone un cambio en la distribución de lo recaudado por el Impuesto PAIS, que hoy se reparte así:

– El 42% se destina a la ANSeS y 28% al PAMI (total 70%).

– El 9% se asigna al financiamiento de obras de vivienda social, bajo administración del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

– El 19,5% se destina a Obras de Infraestructura Económica, mientras que el 1,5% restante financia actividades de fomento del turismo nacional.

Esa es la nueva distribución que impuso el Decreto 184/2020, dos meses después de aprobada la Ley 27.541 que originó el Impuesto PAIS.

Así, en la distribución de enero de 2024 ($469.199 millones) de acuerdo a la norma vigente, los destinos y montos son los siguientes:

– La ANSeS más el PAMI reciben 328.439 millones de pesos.

– Para el financiamiento de obras de vivienda social, a cargo del FISU, se destinan 42.228 millones de pesos.

– Van 91.494 millones de pesos a Obras de Infraestructura Económica y 7.038 millones a financiar el fomento del turismo nacional.

Sin embargo, la propuesta que Milei y Caputo pretenden incorporar mediante el artículo 179 del proyecto de Ley Ómnibus, establece que el 100% de lo recaudado por PAIS se destine a la ANSeS y al PAMI, que antes sólo recibían el 70%.

De aprobarse la iniciativa oficial, el financiamiento para obras de vivienda social del FISU, con fondos del Impuesto PAIS, caería a “cero pesos”, al igual que las obras de infraestructura económica y el fomento del turismo.

En este contexto, la discusión que se avecina por el destino de la recaudación del Impuesto PAIS, tendrá a estos actores con sus correspondientes objetivos:

– El Gobierno Nacional: pretende conservar el manejo del 100% de los recursos para el gobierno central, concentrados ahora sólo en ANSeS y PAMI. Cuenta con el impulso del FMI para hacerlo. Tiene una discreta fuerza legislativa propia, pero suma aliados en la votación.

– Gobernadores de distintos signos políticos: pretenden que se copartícipe el 30% de lo recaudado por el Impuesto PAIS. Cuentan con una base de diputados y senadores nacionales con importante incidencia, que pueden incidir en el resultado final de cualquier votación.

– Movimientos Sociales: se plantarán frente a la amenaza real de que Milei y eventuales aliados desfinancien los programas de vivienda social en todo el país. Cuentan con algunos legisladores propios y una cantidad importante de aliados, además de su clásica capacidad de movilización popular.

El funcionamiento de las instituciones democráticas tiene siempre un sentido social y las decisiones públicas generan consecuencias que afectan intereses en disputa. Por eso, lo que se viene no es una simple discusión parlamentaria.

Alejandro “Topo” Rodríguez es director Instituto Consenso Federal

Sin vueltas y en el mismo sentido que había expresado el día anterior la Oficina del Presidente en la red social X, donde se contradijo lo que había trascendido respecto de un acuerdo para coparticipar el impuesto PAIS con las provincias, el vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo este martes que “jamás se puso en discusión” tal posibilidad.

En efecto, en su conferencia de prensa diaria, el vocero desmintió entonces cualquier tipo de acuerdo sobre ese tributo con los gobernadores no peronistas en el seno del CFI este lunes. “Jamás existió en la conversación la coparticipación del impuesto PAIS”, enfatizó Adorni, contrariando así la versión que se había conocido al cabo de la reunión de la que tomaron parte gobernadores elegidos por las listas de Juntos  por el Cambio y diputados nacionales de los bloques dialoguistas con el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Precisamente con el titular de la cartera política acababa de reunirse Adorni, según contó, para hablar sobre lo conversado con los gobernadores. Así las cosas, culpó a los medios  por haber difundido semejante especie. “No solo que no se habló en la reunión, sino que no está en discusión. Fueron versiones que, por alguna misteriosa razón, llegaron a los medios y que revisten de total falsedad”, comentó el funcionario.

Con vistas a la sesión prevista para este miércoles a las 10, el vocero presidencial dijo que, a su juicio, no debería haber “trabas” para la aprobación del proyecto, luego de que se quitara el capítulo impositivo.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires reiteró el pedido que le hizo al Poder Ejecutivo y a la Administración Federal de Ingresos Públicos respecto de prácticas que “resultan violatorias de los derechos y garantías constitucionales en materia tributaria”.

La entidad sostuvo que “mediante el dictado de la Resolución General N° 5391 (B.O. 21.07.2023) la AFIP implementó un nuevo pago a cuenta del impuesto a las ganancias para empresas que en el ejercicio anterior hayan tenido una ganancia impositiva (antes del cómputo de quebrantos) igual o superior a $600.000.000, y no hayan determinado impuesto”.

“Los parámetros establecidos no permiten, razonablemente, inferir que se trate de contribuyentes que tendrán ganancias imponibles al cierre del ejercicio fiscal, y por ende, que determinarán impuesto a las ganancias contra el cual computar el pago a cuenta. De este modo, la AFIP desconoce que la Ley de Impuesto a las Ganancias admite el cómputo de quebrantos para determinar el resultado alcanzado por el impuesto”, siguieron.

Además, expresaron que “la RG 5391 constituye un nuevo uso desmedido y abusivo de la facultad conferida por la Ley N° 11.683 de establecer anticipos o pagos a cuenta, la cual debe ejercerse sobre la base de indicios razonables de permitan presumir, conforme a las reglas de la sana crítica, que el hecho imponible finalmente llegará a verificarse”.

Además, manifestaron que “lo indicado en el apartado anterior resulta de mayor gravedad y preocupación en contextos de muy alta inflación como el que atraviesa el país, más aún si las normas impositivas no permiten la actualización de los anticipos y pagos a cuenta”.

Por otra parte, expusieron que “el reciente Decreto N° 377/2023 estableció nuevos hechos imponibles alcanzados por el denominado “Impuesto País” implementado en diciembre del 2019 mediante la Ley N° 27.541 por el término de 5 (cinco) períodos fiscales desde su entrada en vigencia”.

“El artículo 76 de la Constitución Nacional establece que para que la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo sea válida, ésta debe establecerse con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca, aspectos que resultan cuestionables en el caso comentado, toda vez que el artículo 1° de la Ley N° 27.541 fijó el día 31 de diciembre de 2020, como fecha límite para el ejercicio de las facultades delegadas comprendidas en la misma, indicaron desde el Colegio de Abogados porteño.

Siguiendo con el “Impuesto País”, consideraron que “implementó un mecanismo de pagos a cuenta para la importación de mercaderías, que deberán efectuarse antes de que se produzca el hecho imponible. Este mecanismo no cuenta con la debida autorización legislativa, ya que la facultad conferida a la AFIP para establecer el pago a cuenta no surge de la ley sino del recientemente sancionado Decreto 377/2023. Se trata de otro claro exceso de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo que invade, una vez más, atribuciones exclusivas del Poder Legislativo”.

Del mismo modo, sugirieron que “corresponde enfatizar que medidas como las mencionadas en la presente, propician y acrecientan un clima constante de inseguridad jurídica y afectación del Estado de Derecho, lo que a su vez conspira contra los intereses de la sociedad en la búsqueda de la tan ansiada estabilidad y progreso que nuestro país merece”.

Por último, explicaron que “se debe tener presente que es el Poder Judicial el encargado y quien tiene el mandato de velar por la supremacía de nuestra Carta Magna y los derechos y garantías en ella consagrados”.