El diputado nacional del bloque Encuentro Federal Oscar Agost Carreño (Córdoba) presentó un pedido de informe al Poder Ejecutivo Nacional respecto a los incendios ocurridos entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre de 2024 en la provincia de Córdoba para determinar si hubo responsabilidades del Ejército.

Según fundamentó en la iniciativa, el diputado señaló que estos incendios “afectaron gravemente” la región de La Calera, alcanzando el polígono de tiro “Quebrada de la Cancha”, una reserva contigua y la zona conocida como “La Mezquita”, áreas bajo jurisdicción del Ejército Argentino.

Agost Carreño se hizo eco de trascendidos que indican que el Ejército habría iniciado investigaciones internas para determinar si las actividades militares en la zona fueron el factor desencadenante de los incendios. “Es imprescindible que se esclarezcan las causas de estos incendios y si hubo responsabilidades por parte del personal militar”, expresó el legislador.

El foco inicial comenzó el 28 de agosto en el polígono de tiro, donde bomberos locales habrían señalado que se realizaron entrenamientos militares con municiones ese mismo día, lo que podría haber contribuido al origen del fuego. Hubo una segunda ignición el 5 de septiembre, cuando la utilización de fumígenos durante un entrenamiento de paracaidismo habría provocado otro incendio en la zona militar de La Mezquita.

El diputado solicitó que el Ministerio de Defensa brinde detalles sobre las investigaciones administrativas o judiciales en curso, las medidas adoptadas, y que se informe sobre los protocolos seguidos en situaciones de riesgo extremo de incendio. “Ante la gravedad de lo sucedido, es necesario esclarecer si hubo negligencia o incumplimiento de los protocolos de seguridad por parte del Ejército”, afirmó.

El informe también busca determinar los daños causados por los incendios y los motivos que llevaron a la realización de ejercicios militares en un contexto de alerta extrema por riesgo de incendios forestales en la zona. “Este Congreso debe tener toda la información necesaria para evaluar las responsabilidades y garantizar que hechos como estos no se repitan”, concluyó Agost Carreño.

Por los intensos incendios forestales en Córdoba, el diputado nacional Oscar Agost Carreño, (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley ante el Congreso de la Nación para declarar el estado de desastre y emergencia ambiental, económica, social y productiva en los departamentos de Colón, Santa María, Calamuchita y Pocho, que han sido devastados desde agosto de este año por las llamas.

La iniciativa legislativa surge como respuesta a la gravedad de la situación, en la que “los factores climáticos han exacerbado la propagación de los incendios”, explicó Agost Carreño en los fundamentos del proyecto.

“Con temperaturas superiores a los 30°C, fuertes vientos del norte y una vegetación extremadamente seca, la provincia de Córdoba enfrenta un panorama crítico, donde los focos de fuego han arrasado bosques, viviendas y hasta barrios enteros, afectando severamente tanto a las personas como al ambiente”, explicó.

El proyecto plantea una declaración de emergencia por 180 días, prorrogables, durante los cuales el Poder Ejecutivo Nacional deberá destinar fondos especiales para asistir a los damnificados y restaurar las áreas afectadas. Además, se prevén medidas específicas para brindar asistencia financiera a las actividades productivas, con bonificaciones en las tasas de interés y facilidades impositivas para los contribuyentes afectados.

Agost Carreño destacó que la situación no solo amenaza la biodiversidad y los ecosistemas locales, sino que también pone en riesgo “las actividades productivas, especialmente el turismo, la agricultura y la ganadería, que son pilares económicos de la provincia”.

Además, cuestionó que “la falta de recursos para enfrentar esta catástrofe ha obligado a evacuar numerosas localidades, cerrar rutas y autopistas, y mantener en alerta a bomberos y voluntarios que luchan contra un fuego incontrolable”.

“Es imperioso que el Estado esté presente, proporcionando soluciones rápidas y eficaces. No podemos permitir que estas familias, que lo han perdido todo, queden desamparadas”, remarcó el diputado. La propuesta incluye, además de la asistencia financiera, la construcción urgente de viviendas y la rehabilitación de infraestructuras clave.

La magnitud de los incendios ha generado un llamado de atención sobre la necesidad de medidas preventivas más robustas y una mayor inversión en infraestructura de combate contra incendios. Para Agost Carreño, este tipo de catástrofes “requiere de un Estado eficiente, capaz de garantizar tanto la extinción del fuego como la recuperación económica y ambiental de las áreas afectadas”.

Con la urgencia de la situación sobre la mesa, el diputado espera que el proyecto sea tratado con celeridad en el Congreso, y que las herramientas necesarias lleguen a Córdoba antes de que los daños sean irreparables.

Confirmado el veto total a la Ley de Movilidad Previsional, el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño consideró que “estamos ante un nuevo error del presidente, de no tomar caminos alternativos, no dialogar, y no encontrar una salida política en un tema tan delicado como es cuánto ganan los jubilados”.

Al referirse al trámite legislativo que puede comenzar el Congreso para revertir la decisión del Ejecutivo, aseguró que se deberá salir “a conseguir votos, y salir a buscar diputados que estén dispuestos a dar quórum”.

No obstante, consciente de los dos tercios de los votos (de los presentes) que se requieren para volver a aprobar el proyecto, el cordobés observó que “hay una encrucijada con los gobernadores, que siempre han trabajado en conjunto con el Gobierno en todo lo que tenga que ver con ordenar las cuentas y bajar el déficit, y no entrar en muchas leyes, pero acá está en juego lo que son las cajas previsionales de las provincias”.

Además, el legislador señaló que la pronta discusión por el Presupuesto 2025 “va a hacer que muchos gobernadores y diputados quieran discutir el orden de prioridades, que en definitiva es lo que estamos discutiendo acá. El Congreso ha planteado que la prioridad sean los jubilados, mientras el Gobierno prefería que la prioridad fueran los espías o los viajes al extranjero para recibir premios por cuestiones personales”.

En diálogo con CNN Radio, el diputado del bloque liderado por Miguel Pichetto subrayó que “de cada 100 pesos que ajustó (Javier) Milei desde que llegó al poder, 40 fue con el cuero de los jubilados. Mientras los directores de YPF, del Gobierno y funcionarios de la AFIP ganan cifras estrambóticas”.

“Está bien ordenar las cuentas, bajar la inflación y desarmar la herencia que dejó el kirchnerismo, incluso Milei fue cómplice en bajar Ganancias, que nosotros tuvimos que volver a colocar en el recibo de sueldo de muchísimos argentinos para que no haya un problema económico en Argentina”, agregó.

Agost Carreño insistió en que “la fórmula de los jubilados es un tema prioritario, y además es lo que pide la Corte Suprema de Justicia de la Nación; (la ley) nos permite además saldar las deudas con las provincias que no han transferido sus cajas en los ’90, nos permite que los jubilados lleguen a un número razonable y tengan previsibilidad sobre sus ingresos. También damos seguridad jurídica porque hoy tenemos 300 mil juicios pendientes más 90 mil sentencias, que con esta ley se corregiría y o empezaría a priorizarse la solución a los jubilados”.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal – Córdoba) le solicitó al Poder Ejecutivo un pedido de informes para que brinde detalles sobre la reducción en la cobertura del 100% de medicamentos para los afiliados del PAMI anunciada en la resolución 2431/2024, que ha generado una gran preocupación entre jubilados y pensionados. “Es una medida arbitraria e injusta que restringe de manera desproporcionada los derechos de uno de los sectores más vulnerables de la población”, señaló.

Según el legislador, la modificación en los criterios de acceso a la cobertura del 100% de los medicamentos “representa un retroceso en materia de protección social”, y afirmó: “El cambio de condiciones por decisión arbitraria y sin sustento suficiente amplía los requisitos excluyentes para el acceso a los servicios prestados por el instituto”.

Además, subrayó su preocupación por el aumento del 200% en el porcentaje de ingresos que se requiere para acceder al mecanismo de excepción que permite la cobertura total de los medicamentos: “Este incremento no compone un criterio razonablemente fundado y no se justifica en la necesidad de racionalizar recursos, sino en la exclusión, lo que demuestra una insensibilidad alarmante hacia quienes más lo necesitan”.

También, resaltó que “los haberes previsionales han sido licuados frente al fuerte incremento en los costos de los medicamentos”, lo que, a su criterio, impone, la necesidad de mantener y ampliar la cobertura de medicamentos. “Esta resolución representa una clara violación de los derechos de los jubilados y pensionados”, concluyó.

A través de un proyecto de resolución, el diputado exige informes de los antecedentes jurídicos a efectos de propiciar el cambio de criterio de cobertura del 100% de los medicamentos a los afiliados; conocer los tiempos que insumiría la aprobación del procedimiento; cantidad de beneficiarios que accedían a la cobertura del 100% de los medicamentos mediante INSSJP antes de la referida norma; cuantos afiliados dejarían de percibir la cobertura al 100%; si habrá otro tipo de descuento; porcentaje del presupuesto anual; y la relación porcentual habida entre la evolución de los haberes previsionales y el gasto efectuado por cobertura al 100% de medicamentos.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal – Córdoba) presentó un proyecto de ley para extinguir las acciones penales contra quienes fueron imputados por violar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) durante la pandemia de COVID-19.

“Mientras la población cumplía con el confinamiento, enfrentando dificultades emocionales, económicas y sociales, vimos cómo desde el poder político se cometían excesos y se burlaban de las mismas normas que imponían”, explicó el legislador con relación a los hechos que se dieron a conocer durante los últimos días vinculados al expresidente Alberto Fernández.

El proyecto establece que se extinguirán las acciones penales iniciadas bajo el artículo 205 del Código Penal, que sanciona a quienes violan las medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia. Esta extinción aplicará únicamente a aquellas personas que no estén prófugas, en rebeldía o que no hayan sido citadas a declarar antes de los 60 días desde la promulgación de la ley.

Además, se especifica que las acciones civiles seguirán su curso normal y que no se verán beneficiadas por esta ley aquellas personas imputadas por delitos de mayor gravedad, como la propagación intencional de enfermedades. También excluye expresamente a los funcionarios públicos que cometieron infracciones mientras estaban en ejercicio de sus funciones.

Según el cordobés, la iniciativa “está motivada por el profundo malestar que persiste en la sociedad argentina tras las duras medidas de confinamiento que, aunque necesarias en su momento, generaron situaciones de desigualdad e injusticia”. “Hay que poner un punto final, cerrar esa difícil etapa para todos los argentinos y avanzar hacia la reconciliación social”, consideró.

Basado en informaciones periodísticas, agregó que se iniciaron más de 55 mil causas judiciales en la Justicia federal desde abril de 2020 hasta octubre de 2021 por violaciones al ASPO, la mayoría de las cuales están vinculadas a ciudadanos que simplemente circularon en la vía pública.

El proyecto cuenta con el apoyo del jefe de bancada Miguel Ángel Pichetto y Ricardo López Murphy, Margarita Stolbizer, Carlos Fernández, Mónica Fein y Esteban Paulón, de EF; Mónica Frade, Juan Manuel López y Paula Oliveto de la Coalición Cívica; y Agustín Domingo de Innovación Federal.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Hacemos Coalición Federal) planteó la necesidad de debatir en el Congreso el uso de la inteligencia artificial en seguridad y recordó el proyecto de ley Turing que presentó en la Cámara baja a fin de readecuar el marco normativo argentino al impacto de la inteligencia artificial.

Fue tras la publicación del DNU 710/2024 este lunes en el Boletín Oficial que hizo el Gobierno nacional que crea una unidad de IA aplicada a la Seguridad para prevenir, detectar e investigar ciberdelitos.

“A través de la Resolución 710, se creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad. Esta unidad tiene como objetivo prevenir, detectar, investigar y perseguir delitos mediante el uso de inteligencia artificial”, escribió el legislador en su red social “X”.

Así, consideró que “el uso de IA en seguridad debe ser debatido en el Congreso, con un marco legal urgente y prioritario basado en los proyectos que hemos presentado. Las nuevas regulaciones implementadas sin el debido proceso legislativo aumentan la opacidad de sus objetivos. Es fundamental garantizar que la IA no se utilice como método de vigilancia”.

A través de la Resolución 710, se creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad. Esta unidad tiene como objetivo prevenir, detectar, investigar y perseguir delitos mediante el uso de inteligencia artificial.

🚨 Consideramos que el uso de IA en seguridad debe…

— Oscar Agost Carreño (@oagost) July 29, 2024

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Hacemos Coalición Federal) presentó un proyecto de ley que busca modificar la actual Ley de Salud Mental para abordar las numerosas deficiencias que enfrenta el sistema en Argentina.

La iniciativa recibió el respaldo de los diputados Miguel Ángel Pichetto, Ricardo López Murphy, Florencio Randazzo, Nicolás Massot, Margarita Stolbizer, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Francisco Morchio, Ignacio García Aresca y Jorge Ávila, quienes sumaron sus firmas.

El proyecto de ley propone la incorporación de mecanismos de control profesional y alertas tempranas para el manejo de enfermedades psiquiátricas y adicciones, así como un acompañamiento efectivo a los familiares de los pacientes. De esta manera, se busca ofrecer una red de apoyo más sólida y efectiva, mejorando significativamente la calidad de vida de los afectados y sus familias. “La inclusión de estos mecanismos en la legislación no solo apunta a una intervención temprana, sino también a la prevención de crisis severas”, explicó.

Además, se plantea la modernización de las internaciones y tratamientos, promoviendo su realización en instituciones intermedias que ofrezcan un ambiente adecuado y respetuoso de los derechos de los pacientes. “Estas instituciones, como hogares de día y casas de medio camino, proporcionarán terapias avanzadas y un entorno propicio para la recuperación, alejándose de los modelos tradicionales que han demostrado ser ineficaces e incluso perjudiciales”, precisó.

Otro aspecto fundamental es la revisión y mejora del proceso judicial para la declaración de incapacidad o restricción de capacidad. La nueva legislación exigirá que los jueces y equipos interdisciplinarios realicen visitas a los lugares de residencia o internación de los pacientes, asegurando una evaluación más humana y precisa. Asimismo, se busca que los procesos judiciales sean más ágiles y menos burocráticos, con el juez tomando un rol activo en la renovación de las declaraciones de incapacidad, liberando a las familias de trámites engorrosos.

También se contempla la creación de una página web y un canal de atención para asistir a personas en crisis y a sus familiares, facilitando el acceso a información y apoyo inmediato en situaciones de urgencia.

Asimismo, establece que los costos de los tratamientos sean cubiertos por las instituciones tratantes para aquellos pacientes que no cuenten con obra social o medios económicos. En estos casos, se podrá solicitar judicialmente que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (I.N.S.S.J.P.) u otras instituciones públicas brinden la cobertura necesaria, asegurando así que todos los pacientes tengan acceso a los cuidados que necesitan sin importar su situación económica.

Para financiar estas importantes reformas, se propone un adicional extraordinario al Impuesto a las Ganancias para empresas que ofrecen servicios de juegos de azar y apuestas, tanto en línea como presenciales. Esta medida garantiza los recursos necesarios sin desestabilizar el equilibrio fiscal del país.

Por último, Carreño destacó la “urgencia de visibilizar y priorizar la salud mental en la agenda política y social. Con una población donde uno de cada tres argentinos enfrenta problemas psiquiátricos, la reforma se presenta como un paso crucial hacia un sistema de salud mental más inclusivo, efectivo y humano”.

El diputado nacional de Hacemos Coalición Federal Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de ley que busca eliminar la presunción de delito en el traslado de dinero en efectivo dentro del territorio argentino.

La iniciativa, respaldada por los diputados Carlos Fernández, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres, propone la incorporación del artículo 304 bis al Código Penal Argentino.

El nuevo artículo establece que la tenencia o traslado de efectivo hasta 50 salarios mínimos no debe considerarse indicio de delito, ni requerirá probar el origen lícito de los fondos, salvo que existan otros elementos objetivos que sugieran actividad ilícita. Si el monto supera dicho límite, la autoridad competente podrá solicitar pruebas del origen lícito del dinero, pero solo si existen sospechas razonables de su ilicitud.

El diputado Agost Carreño argumentó que esta medida es necesaria debido a la alta inflación y la devaluación de la moneda, que han obligado a los ciudadanos a manejar grandes volúmenes de efectivo para realizar transacciones cotidianas. Además, destacó que la actual normativa, que exige la bancarización de operaciones superiores a mil pesos, no refleja la realidad económica del país y genera inconvenientes injustificados para los ciudadanos.

El proyecto también busca aliviar la carga sobre los ciudadanos que, al ser detenidos en controles rutinarios con dinero en efectivo, enfrentan la posibilidad de ser imputados injustamente por delitos como lavado de activos o evasión tributaria. Sin embargo, el espíritu del mismo no radica en convalidar la circulación indiscriminada de efectivo ni menoscabar las atribuciones de los organismos competentes para investigar evasiones tributarias o delitos financieros. La propuesta apunta a brindar mayor claridad y certidumbre tanto a la ciudadanía como a las fuerzas de seguridad y a las autoridades judiciales sobre cómo actuar en estas situaciones.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Hacemos Coalición Federal – Córdoba) presentó un proyecto de ley que busca establecer un piso mínimo para las cuotas alimentarias en favor de los hijos y sancionar a quienes incumplan con sus obligaciones.

El proyecto, que cuenta con el respaldo de los diputados Nicolás Massot, Alejandra Torres, Margarita Stolbizer, Ignacio José García Aresca, Carlos Gutiérrez, Emilio Monzó y Juan Manuel López, introduce varias medidas para garantizar el cumplimiento efectivo de estas cuotas.

El texto propone que la cuota alimentaria no sea inferior al 50% del índice de crianza de la primera infancia, niñez y adolescencia que publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para hijos de hasta los doce años. Para los mayores de esta edad, se fija un piso mínimo equivalente al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Además, se modifica el artículo 551 del Código Civil y Comercial de la Nación para incluir una multa del 50% de la suma retenida y no depositada por el empleador, además de la responsabilidad solidaria ya existente. También introduce una modificación al artículo 553, estableciendo que, en los casos donde no sea posible afectar sumas líquidas, las medidas se deben disponer de inmediato.

Carreño destacó que estas medidas “buscan garantizar el derecho alimentario de los hijos, protegiendo su vida, salud y dignidad, en línea con los derechos humanos reconocidos tanto en normativas nacionales como internacionales”.

La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 18, establece la obligación de ambos padres de participar en la crianza y desarrollo del niño y, en el artículo 27, reconoce el derecho alimentario de los niños, niñas y adolescentes.

El proyecto también aborda la problemática de la informalidad laboral, que dificulta la determinación del caudal económico del alimentante y la eficacia de las sentencias judiciales. Con la implementación de un piso mínimo, se busca establecer un parámetro objetivo para la determinación de la cuota alimentaria, sin alterar las normas vigentes en materia alimentaria y de procesos de familia.

El endurecimiento de sanciones para empleadores que no retienen ni depositan las cuotas descontadas, así como la imposición de medidas adicionales para garantizar el cumplimiento de las sentencias, son algunas de las acciones propuestas para mejorar la tutela judicial efectiva y proteger el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

En definitiva, el proyecto de ley apunta a reforzar la protección de los derechos alimentarios de los menores y asegurar que las resoluciones judiciales se cumplan de manera oportuna y efectiva, en un esfuerzo conjunto de todos los poderes del Estado para garantizar la igualdad real de oportunidades y el pleno goce de los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño, del bloque Hacemos Coalición Federal, presentó un proyecto para modificar la Ley N°24.240 de Defensa del Consumidor en Argentina. Esta propuesta busca introducir importantes cambios para fortalecer la protección de los derechos de los consumidores en diversas situaciones.

Uno de los puntos clave del proyecto es establecer que los proveedores que ofrezcan canales de comunicación telefónica, a distancia o por medios telemáticos deben ofrecer atención humana en el primer menú de opciones para reclamos, gestiones y tramitaciones de los consumidores. Se permitiría la gestión automatizada si el consumidor lo elige, excepto para consultas que puedan ser respondidas automáticamente de forma unívoca.

Además, se propone establecer una multa para los proveedores que, luego de una sentencia judicial favorable al consumidor, no hayan brindado una respuesta eficaz y adecuada. La multa equivale a tres canastas básicas totales para el hogar tipo 3 según el INDEC, y se suma al capital de condena a favor del consumidor. Entre otras cuestiones, dicha sanción busca evitar cualquier especulación relacionada con la insignificancia del reclamo que pudiera desalentar al consumidor a acceder a la justicia en defensa de sus derechos.

Otro aspecto importante es que, en caso de apelación de una sentencia favorable al consumidor, la apelación se concederá previo depósito del capital, intereses y costas, excepto los honorarios de los profesionales que representan a la parte recurrente, que se abonarán al efecto devolutivo.

El proyecto también prohíbe a los proveedores de bienes y servicios incluir al consumidor en bases de datos de información comercial hasta que no obtengan una resolución administrativa o sentencia judicial favorable a su reclamo.

Acompañaron con su firma los diputados Alejandra Torres, Francisco Morchio, Mónica Fein y Margarita Stolbizer.

“Sería bueno que el presidente no utilice Twitter hasta la sesión, porque estaría bueno que no ponga en riesgo la verdadera aprobación de esta ley”, recomendó este jueves el diputado Oscar Agost Carreño, atento de las “salidas” que suele tener Javier Milei hacia el Congreso y, horas después de lo que expresó en la cena de la Fundación Libertad, cuando lanzó: “Tiren la ley Bases, hagan lo que quieran, total con esto, digamos con el programa, vamos a lograr todo esto a pesar de la política”.

Durante el plenario de comisiones en el que se avanzó con el dictamen de la nueva ley ómnibus, el cordobés mencionó que en las negociaciones entre el Gobierno y los bloques dialoguistas, “salvo (Luis) Caputo vinieron funcionarios de mucha jerarquía a negociar, hablar y discutir; tuvieron mucha predisposición para mejorar la ley”.

“¿Con quién discutieron?”, tiró ofuscada fuera de micrófono Myriam Bregman, jefa del Frente de Izquierda. “Con nosotros”, respondió el legislador de Hacemos Coalición Federal, el bloque que preside Miguel Pichetto.

Y continuó: “Resulta extraño que el presidente pida un pacto (por el Pacto de Mayo), que mande a sus funcionarios a que negocien con tanto esfuerzo y que después diga en un discurso que no le importa que tiren la ley. La verdad que es raro, porque los funcionarios vienen, discuten y se los ve muy preocupados para que esta ley no se caiga. No sé si se refería a sus funcionarios o a nosotros”.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Hacemos Coalición Federal – Córdoba) presentó un proyecto de ley que tiene por objeto la concientización de la ciudadanía sobre la importancia de la donación de médula ósea y promover la incorporación de donantes al Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) creado por Ley N° 25.392.

“La donación de médula reviste carácter de acto voluntario, anónimo, altruista, gratuito y solidario”, señaló el diputado.

En la iniciativa establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud y busca instituir el 1ro de abril como el “Día del Donante de Médula Ósea” para dar “mayor difusión a la importancia de donar”.

“Así mismo se establece el mes de abril como ‘Mes de la donación de la médula ósea’ durante el cual la autoridad de aplicación deberá arbitrar las medidas pertinentes para incrementar la disponibilidad de centros de donación habilitados y ampliar las campañas de colectas externas que permitan facilitar la donación de sangre e inscripción de donantes de CPH en el territorio de la República Argentina”.

También establece que se realicen campañas educativas y de difusión sobre la importancia de donar médula ósea, el procedimiento para ser donante y sus requisitos. “Las campañas deberán divulgarse por distintos medios de comunicación, sitios webs y plataformas digitales oficiales, y por todos los medios que disponga la autoridad de aplicación y durante al menos una semana por trimestre”, explica.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Hacemos Coalición Federal – Córdoba) presentó un proyecto de ley que busca adaptar el sistema legal argentino al impacto de la Inteligencia Artificial, evitando controversias legales y protegiendo los derechos de los ciudadanos.

La iniciativa se denomina “Ley Turing” y establece el principio de autoría humana en la ley de derechos de autor, requiriendo la asistencia de la IA para el registro de obras.

El proyecto del diputado cordobés busca proteger la imagen personal de los habitantes en el Código Civil y Comercial, evitando producciones artificiales que afecten su honra.

A través de su iniciativa, se introduce como delito en el Código Penal el uso de IA para crear imágenes de desnudos sin consentimiento, con agravantes en casos de menores o extorsión.

Se amplía además la protección de datos personales en la ley de datos personales, incluyendo datos inferidos por inteligencia artificial.

El nombre del proyecto remite a Alan Mathison Turing, un matemático, lógico, informático teórico, criptógrafo, filósofo y biólogo teórico británico, quien e​​s considerado como uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna.

El proyecto tiene como cofirmantes a Esteban Paulon, Mónica Fein, Margarita Stolbizer y Francisco Morchio, y señala que desde el nacimiento de la computación, uno de los puntos de llegada esperados, fue efectivamente crear una máquina que pudiera pensar por sí misma, hoy es una realidad. “Desde la Z1, aquella primera computadora programable de más de una tonelada de peso, hasta la era de los smartphones, los sistemas utilizados eran comparables con un libro. A éste, era posible encontrarlo ya escrito o también podría escribirlo uno mismo, hoy nos encontramos con que el libro se puede escribir solo y también se puede leerse a sí mismo. Hoy nos toca responder entre otras interrogantes: ¿Quién tiene los derechos sobre lo escrito en el libro en ese caso? ¿El dueño del libro? ¿Quien lo fabrica? ¿Es correcto asignar derechos de autor a una persona sobre lo que no nace del intelecto humano?”.

Para el diputado Agost Carreño, el derecho argentino se tiene que adaptar a este paradigma naciente de manera proactiva para buscar evitar vulneraciones sobre los derechos de los habitantes argentinos. “Sin embargo, también es necesario que como cuerpo legislativo actuemos con precaución para evitar dañar una industria naciente que promete ser muy beneficiosa para la República Argentina”, aclara.

En el ámbito civil y comercial, el diputado propone una reforma para salvaguardar el derecho a la imagen de las personas. Son muchos los casos en los que de manera negligente o maliciosa en muchos casos se utilizan las IA para producir imágenes de personas sin su consentimiento. Entre los más conocidos se encuentran el del actor  Tom Hanks, quien denunció públicamente que se utilizó su imagen para la promoción de planes dentales, o Scarlett Johansson, quien demandó a una empresa de IA por clonar su imagen para promocionar la aplicación sin mediar consentimiento ni el pago de las respectivas regalías. La protección de la imagen se consagra como un derecho personalísimo que resguarda también la honra personal de los ciudadanos, sostiene el diputado en sus fundamentos. Este derecho que se encuentra garantizado por el vigente código civil y comercial por lo que incluir esta modificación resulta imperioso para asegurar el normal ejercicio de derechos ya asegurados por el marco normativo y evitar futuras vulneraciones.

“Las herramientas basadas en IA tienen la potencialidad de generar grandes beneficios en todas las materias de uso. En este último tiempo surgieron avances en este sentido para aplicar esta tecnología en la medicina para la detección temprana y tratamiento de diversas enfermedades. También ya surgieron empresas que utilizan la IA con motivos académicos como es el caso de ‘Evaluados IA’ en mi provincia -plantea el diputado cordobés-. No se puede discutir que las mismas llegaron para quedarse”.

En este sentido Agost Carreño considera necesario trabajar para detectar los riesgos existentes y fomentar el uso responsable de la misma. A su juicio, “los riesgos expuestos y las reformas propuestas en su iniciativa fueron formuladas con “la mayor celeridad posible para evitar perjuicios innecesarios sobre una materia sobre la que aún la sociedad está aprendiendo. Considero que la presente es una discusión que nos corresponde dar como representantes de los habitantes de la Argentina para evitar vicios en la legislación vigente”.

Los diputados nacionales Oscar Agost Carreño y Ricardo López Murphy, ambos del bloque de Hacemos Coalición Federal, dieron una conferencia de prensa en el Salón Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, donde brindaron detalles respecto a una serie de proyectos sobre reformas fiscales, en el empleo y en la coparticipación federal que presentarán en los próximos días.

En el inicio, el referente de Republicanos Unidos explicó que fueron tomadas como referencia muchas de las medidas redactadas en el DNU 70/2023 y en la trunca ley Bases. “Queremos colaborar, no confrontar”, añadió Agost Carreño.

Respecto a los proyectos de reformas fiscales, López Murphy anticipó que serán 12 puntos compuestos por ideas propias y algunas copiadas del oficialismo. De este modo, inició la conferencia al anticipar que habrá una reforma moratoria diferente a la de La Libertad Avanza con beneficios para los cumplidores.

Con relación a la modificación de la Ley de Blanqueo, señaló que será “un proyecto espejo” del texto del oficialismo, donde agregó que también habrá beneficios para quienes cumplan con los pagos en tiempo y forma.

Brevemente, remarcó que la modificación a la Ley de Bienes Personales se mantiene como en el DNU y anunció una “reducción progresiva” de los impuestos internos que faciliten el acceso a computadoras y teléfonos móviles, con la AFIP como entidad valuadora. En este punto, López Murphy se mostró optimista y afirmó que “se podrán bajar impuestos y aumentar la recaudación”.

Por otro lado, mencionó un artículo referido a la transparencia fiscal y amplió que implementará que “lo que se paga en materia impositiva esté separado de la factura” para que cada quien conozca el valor del impuesto.

Otro punto explicado por el diputado de HCF refirió a una serie de cambios en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que permitan disminuciones a las tasas de productores agropecuarios. En tal sentido, consideró que “esto mejora los mecanismos de recaudación y reduce el daño”. También, habrá una modificación en la Ley de Ingresos Personales.

Así las cosas, lamentó el auge de la ludopatía y afirmó que “es un gran problema que crece en la actualidad”. En este caso, anunció la incorporación de un adicional de 25% al impuesto determinado en el Impuesto a las Ganancias para servicios de juegos de azar, apuestas, quiniela, lotería y similares.

En noveno lugar, mencionó una modificación al Régimen Interjurisdiccional con la creación de una “caja compensadora”. Y luego, ratificó la eliminación de los derechos de exportación sobres teléfonos móviles y computadoras.

Finalmente, anunció que el punto referido al empleo registrado se mantendrá como en el decreto y anticipó que propondrá la eliminación de las retenciones a las exportaciones. Este último punto, difiere totalmente de lo presentado por el oficialismo.

Culminada la presentación, el diputado nacional Ricardo López Murphy afirmó que en caso de que este proyecto avance, “vamos a dar un salto cualitativo ante la incertidumbre”.

Modificaciones al empleo y a la coparticipación

Llegado el turno del diputado nacional Agost Carreño, éste aportó los detalles del paquete de leyes referidos al empleo y a la coparticipación federal, y manifestó que “queremos ayudar a corregir con ánimos colaborativos”. Al igual que su compañero de bloque, sostuvo que algunos puntos se tomaron de la base del DNU 70/2023.

Agost Carreño explicó que esta serie de textos buscan “un shock en la creación de empleo” y enumeró los diferentes puntos que propondrán: La suspensión de las multas al trabajo no registrado por dos años; y  la división del período de prueba en un año para las pequeñas y medianas empresas, y de seis meses para las grandes, fueron los primeros en ser explicados.

Asimismo, señaló la presencia de medidas que faciliten el ingreso de nuevos empleados “simplificando los trámites burocráticos”, y la minimización de conflictos laborales a la Justicia. Este artículo es muy similar al propuesto por el oficialismo que busca “terminar con la industria del juicio”.

Además, proponen un régimen simplificado para los trabajadores independientes y toman del decreto presidencial las reformas a trabajadores agrarios y domésticos. “Es igual al del DNU”, señaló Agost Carreño.

Por último, el diputado de HCF anunció que habrá un punto referido a la prohibición de la toma de plantas y/o medios de producción.

Respecto a la coparticipación federal, el diputado recordó el contexto actual que transita el Gobierno Nacional con algunas provincias y cuestionó que “es un problema que se prometió resolver en 1996 luego de la reforma constitucional”.

Para esto, afirmó que “venimos de años de parches” y propuso que sea creada una comisión bicameral para sancionar una ley convenio que luego, será ratificada en cada legislatura provincial. “Estas discusiones tenemos que darlas y lo hacemos con un perfil social”, concluyó.

Para terminar, Ricardo López Murphy anunció que el próximo martes presentará junto a la diputada nacional Alejandra Torres (HCF – Córdoba) el paquete de leyes que contemplan las reformas previsionales.

al responder las preguntas de los periodistas presentes, López Murphy fue consultado por su posición respecto al aumento de las dietas de diputados y senadores, y contestó que “ser honoríficos es una mala idea”. Por último, cerró que “hay otras dependencias en otros poderes que tienen aumentos mucho mayores. La demonización de los cuerpos no es sana”.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño se refirió este lunes a la actualidad del Pro y consideró que “hace bien Mauricio (Macri) de retomar la posta e intentar reconstruir a nuestro partido, dado que yo creo que nuestro partido se va a convertir en la UCeDé de (Carlos) Menem si a (Javier) Milei le va bien. Que ojalá le vaya bien, porque eso significa que le irá bien a los argentinos. Y si le va mal, no va a poder despegarse. Por lo tanto es importante que haya un líder de peso”.

Para el cordobés, que hoy integra el bloque Hacemos Coalición Federal presidido por Miguel Pichetto y no la bancada que conduce Cristian Ritondo, es importante la reconstrucción “y tener una identidad que los votantes valoren en las próximas elecciones. Desde que perdimos las elecciones y no entramos al balotaje nadie puede salir con un tornasol a ver quién es amarillo oscuro y amarillo más claro”.

“Si nos ponemos finos con el tornasol, el partido va a quedar desmembrado en tres formas, donde van a quedar cuatro o cinco de Recoleta, y es un partido federal que llegó a la presidencia, que tenemos gobernadores, intendentes y legisladores”, resaltó.

En ese sentido, insistió que “ponernos a mirar quién es un amarillo parecido a Los Simpsons y quién es un amarillo más desteñido, no tiene ningún sentido”. “Hay que volver a encontrar la razón del enamoramiento en algún momento de muchos argentinos con nuestro espacio, nuestros valores y nuestros candidatos”, añadió.

Por otro lado, sobre el discurso del presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa, Agost Carreño observó: “Terminó yendo al lugar que el Congreso le venía pidiendo desde el primer día, que había que construir un plan económico, social y político para la Argentina que se viene, que es con diálogo, él lo llamó pacto, le puso una fecha y condiciones, pero en definitiva está entrando en un canal de diálogo que celebro que ocurra”.

El legislador de HCF dijo que “con ley de ómnibus ha pretendido que sea una adhesión”, pero había “funcionarios que se sentaban en una mesa a discutir y negociar cómo construir la ley, sacar capítulos, poner nuevos. Si bien el presidente hace política diciendo que no negocia nada, los funcionarios venían y negociaban”.

“Es todo un show lo que pasó el viernes a la noche en el prime time. Él se muestra a la sociedad y a la clase política de una forma, pero después empieza un proceso, que espero que sea más saludable que el de la ley ómnibus; él puede poner todas las condiciones que quiera pero ya hemos probado tantas veces que el presidente pone muchas condiciones y después termina siendo como lógicamente se hace política hace dos mil años”, expresó.

El diputado de Córdoba, provincia a la que convocó el presidente para la firma del “Pacto del 25 de Mayo”, agregó: “Como él (Milei) se dice anticasta, pero hoy es un político más, tiene que hacer un show, un metaverso, una construcción narrativa de algo distinto, de que no está cediendo, que finalmente lo hizo. Fue al Congreso, habló de pacto, que es lo mismo que consenso y acordar, y además le va a terminar otorgando a las provincias ciertas cosas en medida que él pueda hacer su revolución cultural”. No obstante, tras valorar “el camino del diálogo”, afirmó que descree que “esto sea lineal y salga fácil”.

Con el anuncio del presidente sobre la penalización a los funcionarios que emitan pesos para financiar el déficit fiscal, para el diputado nacional Oscar Agost Carreño “es el momento perfecto para hablar de nuestro proyecto superador”.

“Proponemos que el Banco Central sea independiente del Poder Ejecutivo, siguiendo el ejemplo de lo que ha funcionado en otros países para frenar la inflación y evitar emisiones irresponsables”, sostuvo el legislador que integra el bloque Hacemos Coalición Federal. Para el diputado cordobés, “la solución está en dotar al Banco Central de autonomía, algo que ningún gobierno, tampoco el actual, ha intentado hacer”.

“La Constitución Nacional le otorga al Congreso Nacional la competencia exclusiva en el régimen de la moneda, por lo tanto, no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando el Banco Central no cumple con sus obligaciones o cuando la moneda se devalúa”, sostuvo el legislador de HCF, que agregó: “Nuestro proyecto establece un trámite de censura y destitución de los integrantes del directorio por parte del Congreso de la Nación en casos de mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

“Es hora de darle al Banco Central la independencia que necesita para asegurar una economía estable y próspera”, concluyó el legislador.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (HCF – Córdoba) brindó su parecer sobre los pros y contras respecto al proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y anticipó “no voy a firmar un cheque en blanco al presidente”.

A través de X, el diputado que integra el bloque opositor “dialoguista” que preside Miguel Ángel Pichetto señaló que está dispuesto a acompañar las mejoras en la seguridad, la promoción del empleo en blanco, la modernización del Estado y delegaciones al presidente Javier Milei, pero “limitadas con alcance y control del Congreso”.

También, acompañará la revisión de los regímenes sobre moratoria impositiva y reforma a bienes personales, con foco en quienes cumplen para premiarlos; y prometió trabajar en regularizar los activos, coparticipando lo recaudado y haciéndolo de manera transparente.

Sin embargo, Agost Carreño hizo énfasis en aquellos puntos en los que se opone: Al igual que la mayoría de los bloques provinciales y la UCR, no acompañará retenciones a las economías regionales ni la suba a las retenciones existentes; tampoco, lo que “atente” contra la jubilación, y no signifique una actualización por inflación mensual.

Finalmente, anunció que opondrá a se privatice cualquier empresa del estado, y que lo hagan sin consultar al Congreso; reformar el régimen de biocombustible si afecta al campo; y contras las reformas a la pesca en nuestras costas “sin escuchar” a las provincias y los especialistas.

En última instancia, Agost Carreño se opone al “avasallamiento” a la cultura sin dar una discusión sería, y a desfinanciar a las provincias para sostener al Estado Nacional sin acuerdo entre las partes.

El diputado nacional por Córdoba Oscar Agost Carreño hizo hincapié este sábado en la necesidad de dejar atrás el modelo kirchnerista, destacando los esfuerzos de su bloque Hacemos Coalición Federal para aportar experiencia, orden y propuestas superadoras a la ley ómnibus presentada por el Gobierno.

El legislador resaltó la importancia del consenso en el Congreso para asegurar cambios reales y duraderos, que eviten posibles cuestionamientos judiciales. “Para facilitar este proceso, el bloque ha organizado sus propuestas en un sistema denominado ‘semáforo’, clasificando medidas urgentes y no urgentes en verde, amarillo y rojo, respectivamente”, explicó.

Entre las iniciativas consideradas positivas o verdes se encuentran “cambios en la actividad política, desregulación económica y otras que podrían contar con el respaldo de la mayoría de los diputados”. Las medidas en el ámbito de la reforma electoral o que permitan que extranjeros pesquen recursos naturales del país sin control, biocombustibles y retenciones a economías regionales se catalogan en rojo. Y en amarillo, que podrían ser aprobadas en la medida que se acuerden cambios importantes, figuran la delegación de facultades legislativas y el control de privatizaciones.

Agost Carreño también subrayó la importancia de priorizar aquellos temas que eviten bloqueos en las sesiones extraordinarias, “como que los jueces deban usar toga y martillo en lugar de traje”.

En relación con la reforma de la ley de salud mental, el diputado instó a “profundizar el debate parlamentario y encontrar mecanismos eficaces para abordar temas complejos y urgentes”.

Finalmente, Agost Carreño expresó su convicción de que, mediante la adopción “de una hoja de ruta consensuada, será posible aprobar rápidamente las herramientas necesarias para superar la crisis heredada del kirchnerismo, apoyando así las necesidades del Gobierno en este contexto”.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Hacemos Coalición Federal) cuestionó la suba de retenciones prevista en el proyecto de ley de bases y principios para la libertad de los argentinos, más conocida como ley ómnibus, enviada por el Poder Ejecutivo.

El cordobés observó que “la imposición del 15% de retenciones a las exportaciones de proteínas vegetales, incluido para el debate en el Congreso en la ley ómnibus, es un error estratégico”.

En ese sentido, el legislador aseguró que esa imposición “disminuye la inversión y la competitividad, generando incertidumbre entre las PyMEs, que impulsan un sector de alto valor agregado y contribuyen al crecimiento económico regional”.

“Se vería gravemente afectada la actividad manisera de Córdoba, que ha posicionado al maní en el mundo y volviéndose competitiva por desarrollar una industria altamente tecnificada, generadora de empleo y una pujante economía, sostén de muchos pueblos del interior”, agregó.

Y continuó: “Datos relevantes subrayan la importancia de esta industria en Argentina, que representa más de 12.000 puestos de trabajo, mayoritariamente en Córdoba. El 90% de la producción de maní se exporta a más de 106 países, destacando su contribución significativa a la economía nacional”.

En ese sentido, Agost Carreño resaltó la necesidad de reconsiderar estas retenciones para preservar la vitalidad de estos sectores clave para el país.

Durante un encuentro organizado en el Anexo de la Cámara baja, los diputados nacionales Patricia Vásquez (Pro), Oscar Agost Carreño (CF) y Martín Tetaz (UCR) presentaron sus proyectos de ley para transformar el régimen de transferencia automotor hacia un sistema más moderno, eficaz y menos costoso.

En el encuentro se enfatizó que comprar o vender un auto hoy en la Argentina es difícil y costoso: se necesitan 12 trámites y el valor puede llegar a representar un 6% del precio del vehículo, el más caro de toda la región. Cada año, lo padecen más de 4 millones de personas que deben presentarse en registros, pagar formularios y luchar con un sistema burocrático.

Tetaz fue el primero en exponer su iniciativa, la cual sostiene que a la hora de transferir un auto se pueda optar por hacerlo de manera presencial en un Registro Automotor o a través de una plataforma digital que permita resolver el trámite en forma gratuita y online. “Transferir un auto tiene que ser un trámite simple, digital y gratuito. Necesitamos bajar gastos y acabar con la burocracia inútil”, afirmó el porteño.

Luego, explicó cómo fue el origen de su propuesta: “Hicimos un concurso el año pasado por redes sociales preguntando cuál era el trámite más inútil. En ese concurso salió número uno la renovación del Certificado Único de Discapacidad. El segundo que aparecía eran los trámites vinculados al registro automotor, por los costos y los trámites innecesarios”.

Su proyecto propone la creación de la “Plataforma Digital para el Registro Nacional del Automotor” en el ámbito de la DNRPA, llamada RENDA, para digitalizar y para simplificar los trámites de inscripción de dominio, modificaciones, extinción, gravámenes, embargos y otras cautelares, además de denuncias por robo. La iniciativa contempla que el trámite pueda efectuarse en cinco minutos, al igual que sucede en Nueva Zelanda, país que tomó como modelo.

Por su parte, Agost Carreño, también hace foco en la digitalización del sistema. “A más de 60 años de su implementación, el formularismo del sistema no ha sufrido modificaciones. Es por ello que propongo modificar la ley madre del sistema, a los efectos de modernizarlo y ajustarlo a las necesidades que imperan en la sociedad moderna donde Internet y los teléfonos inteligentes son el canal de casi todos los trámites y gestiones públicas y privadas”, señaló.

“Con esta modificación se habilitaría al Registro Nacional de la Propiedad Automotor a disponer de trámites absolutamente digitales, rápidos e intuitivos, sin con ello afectar la seguridad jurídica que se ha consolidado a lo largo de los años”, detalló el legislador cordobés.

En tanto, Vásquez sostuvo: “Queremos terminar con el robo de los registros automotores. Otro de los inventos de la política para saquearnos con impuestos, burocracia y trámites. Mi propuesta es terminar con esa intermediación que al ciudadano de a pie lo vuelve loco y le genera un costo injustificado. Proponemos crear un registro único nacional digital que centralice todo con un arancel único no ligado al valor del auto y una patente única de por vida vinculada a la persona y no al vehículo”.

La exposición contó con la moderación del periodista Matías Antico, quien estuvo de acuerdo con los diputados nacionales en que el objetivo del encuentro y de los proyectos es “bregar por un sistema más simple y digital que acá no se implementa por una traba más cultural que por otro impedimento”.

En la misma línea, Daiana Fernández Molero, diputada nacional por CABA y quien acompaña el proyecto presentado por Vásquez, analizó que “hay un problema más complejo y estructural: necesitamos un capitalismo de reglas. Su ausencia es un drama para Argentina en general y los registros son un ejemplo de cómo deslegitimar y perjudicar al consumidor. No tenemos competencia, hay exceso de regulación en todos los órdenes y eso genera privilegios concentrados en pocos y costos diluidos entre todos los consumidores que tienen menos capacidad de organizarse para que se quiten esas trabas”.

En síntesis, los legisladores coincidieron en la urgente necesidad de transformar el sistema poniendo el foco en los usuarios a partir de: una total digitalización de los trámites; alternativas para los usuarios incorporando competencia; reducción de costos en cada una de las instancias; y mayor transparencia en los procesos y la administración de los recursos.

El diputado nacional Martín Yeza (Pro) salió con los tapones de punta días atrás cuando el cordobés Oscar Agost Carreño decidió dejar la bancada macrista para pasar a ser parte de Cambio Federal, el bloque liderado por Miguel Pichetto que integran, entre otros, Emilio Monzó y Nicolás Massot.

En una situación similar a que ocurrió hace cuatro años atrás con Pablo Ansoloni, Antonio Carambia y Beatriz Ávila, el exintendente de Pinamar salió a pedirle que “devuelva la banca”.

“La semana pasada el presidente del Pro Córdoba, Agost Carreño, diputado nacional, decidió irse de nuestro bloque. Es por eso que solicité al consejo nacional del @proargentina que se lo expulse del partido, se renueve el partido provincial, pero que también tenga el compromiso ético de devolver la banca”, publicó en su perfil de la red social X.

Yeza expresó que entiende que “hay gente que dice ‘hay que hacer una ley para que la banca sea de los partidos’, pero no creo que todos los problemas se resuelvan con leyes: cuando las personas se deciden a romper un sistema de normas, creencias y de buena fe se rompe todo y no hay ley que lo salve”.

“Además nuestro partido atraviesa una crisis y creo que para todas las personas que creen en nosotros y que han trabajado para que personas como Agost Carreño lleguen a una banca para representarlos se les parte el corazón, primero cuando hacen algo como lo que hizo y segundo cuando encima no tiene ninguna consecuencia”, disparó.

El diputado nacional Agost Carreño (Pro – Córdoba) presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 2 de la Ley N° 25.761 de desarmado de automotores, estableciendo que todo propietario del automotor que proceda al desarmado de autopartes deberá solicitar la baja ante el registro seccional que le corresponda y propone que las autopartes legalmente extraídas sean identificadas con un stiker de seguridad.

La iniciativa propone que el artículo 2 establezca: “Todo propietario de un automotor que proceda a su desarmado con el objeto de utilizar sus autopartes, deberá solicitar su baja ante el registro seccional del automotor que corresponda. En el caso de desear recuperar alguna pieza, deberá acompañar un listado preciso y detallado de aquellas que sean pasibles de recuperación, con la identificación numérica de aquellas que la posean o lo que disponga la reglamentación de la presente ley”.

Y agrega: “El mismo trámite deberá ser realizado por la autoridad pública que proceda al desarmado de vehículos abandonados, perdidos, decomisados o secuestrados, a los efectos de poder utilizar sus autopartes. En el caso de las autopartes de seguridad es de aplicación lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley Nº 24.449, su decreto reglamentario 779/95 y modificaciones”.

Carreño recuerdo que el Congreso Nacional “ha creado, mediante el dictado de la Ley N° 25.761, el trámite de baja de automotor con recuperación de piezas, el que busca principalmente eliminar el mercado negro de compraventa de autopartes robadas”.

En ese sentido, plantea que “se debe identificar con un sticker de seguridad cada pieza recuperada para que, en caso de que la policía allane desarmaderos y otros lugares propensos a tener stock de autopartes usadas, pueda identificar aquellas legalmente extraídas de un vehículo dado de baja, pudiendo el propietario de las mismas acreditar un lícito origen”.

También propone que “se permita expresamente que la autoridad pública que secuestró o decomisó un vehículo, y siempre que cumpla con su normativa específica, que además de afectar su uso, inscribirlo a su favor, subastarlo o transferirlo, pueda optar por realizar su baja y recuperar las piezas de utilidad para usarlas como repuesto en las flotas estatales o bien para comercializarlas e incrementar los ingresos públicos (lo que solo podría hacerse a través de un desarmadero habilitado y controlado por el RUDAC). De no permitir esto, los vehículos pierden valor por su abandono, e incluso terminan generando costos económicos y ambientales que terminan afrontando los vecinos”.

Lo que busca es proceder a la “descontaminación, compactación y disposición final de automotores, pudiendo reutilizar el Estado, aquellas piezas que sea posible recuperar. Con esta modificación legal estaríamos fomentando la economía circular en una tarea estatal como es el contralor del tránsito”.

En el marco del conflicto que atraviesan las farmacias y los laboratorios por la mora en los pagos, el diputado nacional Oscar Agost Carreño (Pro – Córdoba) presentó un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo que, a través del  del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), regularice de manera inmediata la deuda con entidades farmacéuticas, e informe sobre los motivos relacionados con la demora en los pagos de los medicamentos a las farmacias, incumpliendo los plazos de pagos previstos en el acuerdo 2023 suscrito con entidades farmacéuticas y laboratorios.

El cordobés señala que PAMI fija el precio de venta de medicamentos mediante un acuerdo entre el Gobierno y la industria farmacéutica y explica que “la diferencia entre el precio de venta establecido por PAMI y el precio de venta de mercado deba ser asumida por la farmacia prestadora”.

“Al costo que recae sobre la farmacia debe sumarse el complejo proceso de pago establecido por convenio entre la industria farmacéutica y la obra social. Del 100% del valor del medicamento fijado en el Precio de Venta PAMI, la entidad estatal abona un 75% a la farmacia prestadora en efectivo (teniendo un plazo de 15 días para pagar el 55% del valor, y 45 días para el 45% faltante) y el restante 25% lo hace mediante Notas de Crédito a droguerías”, detalla en la iniciativa.

Al respecto, indica que “este proceso de pago a las entidades farmacéuticas no sólo presenta dificultades por los plazos fijados, altamente ineficiente en un contexto de elevada inflación, sino también por la demora”.

“Desde la Confederación Farmacéutica Argentina, que representa a seis mil farmacias en todo el territorio nacional y el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, vienen informando desde el mes agosto sobre la crítica situación financiera que atraviesan como consecuencia de los plazos de pagos establecidos por convenio”, planteó el diputado del Pro.

La iniciativa fue suscripta por los diputados Alfredo Schiavoni, Gerardo Cipolini, Laura Rodríguez Machado, Héctor “Tito” Stefani, Adriana Ruarte, Carlos Zapata, Gabriela Lena, Karina Bachey, Germana Figueroa Casas, Mario Barletta, Laura Castets, Pablo Torello y Marcela Campagnoli.