La violencia contra el personal educativo se ha convertido en una preocupación creciente en Argentina. En este contexto, el diputado nacional Oscar Agost Carreño impulsa un proyecto de ley que introduce cambios sustanciales en el Código Penal para otorgar una protección reforzada a docentes, directivos y auxiliares de establecimientos educativos, tanto públicos como privados.

La iniciativa, denominada “Ley de Protección del Personal Docente y No Docente”, incorpora un nuevo artículo 25 bis que establece la prohibición de acercamiento al establecimiento educativo por hasta cinco años como medida accesoria obligatoria para quienes cometan delitos graves contra personal escolar. Además, agrega un inciso al artículo 80 para considerar agravante el homicidio cometido contra docentes y autoridades educativas, y modifica el artículo 149 bis para aumentar en un tercio las penas por amenazas o coacciones dirigidas a este sector.

El proyecto del diputado de Encuentro Federal también reforma el artículo 237 del Código Penal, extendiendo el tipo penal de atentado contra la autoridad a los casos en que se ejerza intimidación o fuerza contra personal educativo en ejercicio de sus funciones.

En los fundamentos, Agost Carreño advierte que los episodios de agresión, amenazas y hostigamiento hacia docentes se han multiplicado, alimentados por factores culturales, sociales y económicos: “La escuela, como institución fundamental del Estado, está expuesta a situaciones impensadas hace algunas décadas. Proteger a los educadores es proteger el derecho a la educación y la estabilidad institucional”, señala.

El texto subraya que la propuesta no busca criminalizar conflictos menores propios de la dinámica escolar, sino actuar frente a conductas violentas que afectan gravemente el normal desarrollo educativo. También destaca experiencias internacionales, como España, Francia e Italia, que han adoptado normas similares para reconocer la autoridad pública de los docentes y agravar las penas por agresiones.

Finalmente, el proyecto plantea que estas modificaciones son necesarias para restablecer el respeto a la autoridad pedagógica, prevenir la reiteración de conductas violentas y garantizar un entorno seguro para la comunidad educativa.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto que propone endurecer las penas por amenazas y agresiones contra docentes, directivos y personal no docente de establecimientos educativos públicos y privados. La iniciativa incorpora agravantes específicos al Código Penal y crea una prohibición de acercamiento obligatoria de hasta cinco años para quienes ejerzan violencia dentro del ámbito escolar.

La propuesta llega en un contexto marcado por episodios de extrema gravedad en distintos puntos del país. Para el legislador, estos casos ilustran un fenómeno que “hace apenas algunas décadas hubiera resultado impensable” y que hoy exige una “respuesta normativa clara, proporcionada y eficaz”.

El proyecto incorpora un nuevo inciso al artículo 80 del Código Penal que agrava las penas cuando la víctima sea un docente o personal escolar y prevé un aumento de un tercio en las escalas penales para amenazas y coacciones cometidas contra ellos. Además, modifica el artículo 237 para que la violencia ejercida contra educadores sea considerada atentado a la autoridad. Según sostiene el diputado cordobés, la escuela, como institución central del Estado, “se encuentra hoy expuesta a situaciones de agresión” que ponen en riesgo su funcionamiento.

Agost Carreño destacó que el deterioro de la convivencia escolar no puede analizarse de manera aislada. “Los episodios de amenazas, coacciones, lesiones y agresiones pueden provenir tanto de alumnos como de padres, madres o tutores”, señaló, y advirtió que esto evidencia “un deterioro profundo en el respeto a la autoridad educativa”.

El legislador aclaró que la iniciativa no busca "criminalizar" conflictos escolares cotidianos ni intervenir en desacuerdos institucionales, sino actuar sobre hechos que superan ese umbral. “La violencia contra educadores no puede ser tratada como un conflicto escolar más, sino como una amenaza al sistema educativo y al orden social”, afirmó. En esa línea, subrayó que estos episodios no sólo dañan a la víctima directa: "erosionan la disciplina, deterioran el clima institucional, desalientan la vocación docente y afectan el aprendizaje de toda la comunidad educativa".

Con la violencia escolar instalada como tema urgente en la agenda pública, el diputado sostuvo que proteger a los docentes es proteger el derecho a la educación. Por eso, concluyó que "reforzar la protección penal es una condición necesaria para recuperar la convivencia y garantizar la estabilidad de una de las instituciones más importantes de la República”.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de ley que apunta a modificar el Código Penal Argentino para evitar que el simple traslado de dinero en efectivo sea considerado indicio de delito. La propuesta incorpora el artículo 304 bis, que establece que la tenencia o traslado de efectivo por montos inferiores a 50 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM) no podrá ser motivo de sospecha ni requerirá acreditar el origen lícito de los fondos, salvo que existan elementos objetivos que indiquen la comisión de un ilícito.

En caso de superar ese límite, la autoridad competente podrá solicitar documentación que pruebe la licitud del dinero, pero solo si hay indicios concretos. El secuestro de fondos quedará restringido a situaciones donde se cumplan esas condiciones.

Agost Carreño argumenta que la iniciativa responde a la realidad económica argentina, marcada por una inflación acumulada del 7.652% entre 2017 y 2025, que pulverizó el poder adquisitivo de los billetes. “Hoy, el billete de mayor denominación apenas alcanza para comprar dos kilos de carne o diez litros de leche”, señala el legislador, quien advierte que esta situación obliga a los ciudadanos a trasladar grandes cantidades de billetes para operaciones cotidianas.

El diputado también cuestiona la vigencia de normas como la Ley 25.345, que exige bancarizar operaciones superiores a mil pesos, monto que no se actualizó pese al contexto inflacionario. “Esto genera problemas para la vida diaria y expone a ciudadanos comunes a imputaciones por lavado de activos o evasión tributaria”, subraya.

Casos judiciales y antecedentes

El proyecto cita fallos como el de la Cámara de Casación Penal en la causa “Plehm”, donde se cuestionó el secuestro de dinero sin indicios previos de delito. Además, especialistas en derecho penal sostienen que la mera posesión de efectivo no configura ilícito y que exigir demostrar su origen sin causa concreta vulnera principios legales.

La propuesta busca dar certeza jurídica tanto a ciudadanos como a fuerzas de seguridad y magistrados, estableciendo un criterio claro: trasladar dinero no es delito per se. “Se trata de garantizar derechos y evitar excesos, sin limitar las facultades para investigar operaciones sospechosas”, concluye Agost Carreño.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo y al Banco Central de la República Argentina la modificación del diseño del billete de $2.000, con el objetivo de evitar confusiones con el recientemente emitido billete de $10.000.

Ambas denominaciones comparten tonos rosados y rojizos, además de presentar dos figuras históricas en lugar de una, como ocurre en el resto de los billetes. Esta similitud, advierte el legislador, genera dificultades en operaciones cotidianas como pagos, cobros o cálculo de vueltos, afectando a comerciantes, usuarios y entidades financieras.

El proyecto pone especial énfasis en los problemas que enfrentan las personas adultas mayores, quienes suelen tener dificultades visuales y son, además, el grupo que más utiliza dinero en efectivo por su menor vinculación con medios digitales. También se menciona el impacto en personas con discapacidad visual o baja visión, para quienes la diferenciación clara de los billetes es una cuestión de accesibilidad.

Agost Carreño propone que no es necesario rediseñar el billete por completo, sino que bastaría con ajustar la gama cromática, aumentar el contraste o incorporar elementos visuales fácilmente distinguibles. Cita experiencias internacionales que aplican paletas de colores diferenciadas para cada denominación, práctica que también ha sido habitual en la Argentina.

“El efectivo sigue siendo central en la economía cotidiana, y ante la incorporación de nuevas denominaciones, la seguridad y accesibilidad para los usuarios debe ser prioritaria”, concluye el texto.

Con el objetivo de fortalecer la competencia leal y la protección de la propiedad intelectual en Argentina, el diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley para modernizar la Ley de Marcas y designaciones.

El diputado cordobés fundamentó que las multas actuales “quedaron obsoletas por la inflación”, por eso establece en su proyecto que se calculen según el Salario Mínimo Vital y móvil. De esta manera, plantea multas de 50 a 3 mil SMVM al que use indebidamente una marca registrada; falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada; venda, ofrezca en venta o ponga en circulación productos o servicios con marca falsificada o fraudulentamente imitada; reproduzca o haga reproducir una marca registrada sin autorización de su titular, aun cuando se agreguen expresiones como ‘tipo’, ‘género’, ‘sistema’, ‘clase’ u otras
semejantes; ponga en circulación, a sabiendas, productos o servicios con marca ajena alterada,
suprimida o modificada.

Además, plantea que "en caso de reincidencia dentro del plazo de cinco (5) años desde la sanción firme, la
multa podrá elevarse hasta el doble del máximo previsto. Asimismo, podrá disponerse como accesoria la inhabilitación temporal de uno (1) a cinco (5) años para ejercer el comercio o industria vinculada con los productos o servicios objeto de infracción".

“Esta reforma busca frenar la falsificación, cuidar a los consumidores y garantizar reglas claras para quienes producen y emprenden porque hoy, las marcas argentinas están desprotegidas frente a la falsificación y el uso indebido”, sumó.

La ley N° 22.362 fue modificada por la Ley 27.444 de Simplificación y Desburocratización en 2018. Posteriormente, la reglamentación de esta ley y sus modificaciones fue actualizada en 2019 mediante el Decreto 242/2019.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (EF) presentó un pedido de informes respecto de la "crítica" situación de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (FAdeA), tema por el cual funcionarios del Ministerio de Defensa fueron consultados en el marco del debate del Presupuesto 2026.

"La única planta aeronáutica del país atraviesa un proceso de desfinanciamiento que pone en riesgo su operatividad, el empleo de cientos de técnicos e ingenieros y la soberanía industrial de la Argentina", advirtió el cordobés.

La iniciativa fue acompañada además por el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, y el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos.

Entre las consultas planteadas en el proyecto de resolución, se busca conocer "por qué se reemplazó el esquema de contratación habitual, provocando la paralización de la planta; cuál es el monto real de la deuda del Estado, que se estima en $3.800 millones; y qué medidas se adoptarán para garantizar su funcionamiento y preservar sus capacidades estratégicas".

"FAdeA no puede quedar a la deriva. Su parálisis compromete la defensa nacional y el desarrollo tecnológico argentino", afirmó Agost Carreño, quien agregó que "la transparencia y la rendición de cuentas son el primer paso para cuidar lo que el país construyó con tanto esfuerzo".

En el pedido de informes se solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa, que "describa los motivos por los cuales se resolvió reemplazar la modalidad tradicional de contratación interadministrativa por una nueva modalidad de contratación directa que no se enmarca en la plataforma Comp.AR y que produjera la paralización de la planta".

"Informe la cantidad de contratos instrumentados con FAdeA en los años 2024 y 2025; indique el motivo por el cual solo se contrata con FAdeA bajo la figura del 'reconocimiento de gasto'; y remita informes técnicos respecto de la situación financiera de FAdeA", son otras de las consultas.

También, los legisladores buscan saber si se "ha efectuado un plan de impacto sobre cómo la situación actual de la fábrica afectará la capacidad operativa de la Fuerza Aérea Argentina así como sobre la soberanía industrial nacional".

Con el objetivo de perfeccionar el sistema de boleta única de papel implementado en las elecciones nacionales, el diputado nacional Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de ley que propone modificaciones puntuales al Código Electoral. La iniciativa surge a partir de la experiencia recogida en la primera aplicación del nuevo instrumento, que fue valorado por su transparencia y eficiencia, pero también dejó en evidencia aspectos perfectibles.

El proyecto plantea incorporar numeración visible y correlativa en cada casillero de la boleta, lo que facilitaría tanto la identificación por parte del votante como el conteo durante el escrutinio. Además, propone ampliar el tamaño de las fotografías y los nombres de los candidatos principales, para garantizar una mejor legibilidad y reconocimiento visual, especialmente en distritos con muchas listas y para personas con dificultades visuales.

La Cámara Nacional Electoral deberá actualizar el artículo 62 ter del Código Electoral y sus anexos técnicos en un plazo de 90 días desde la promulgación de la ley, en consulta con las autoridades provinciales, asegurando criterios uniformes de diseño y accesibilidad.

Según el legislador, estas mejoras no alteran la esencia del sistema adoptado, sino que refuerzan su propósito de simplificar y transparentar el proceso electoral. De cara a las elecciones presidenciales de 2027, el proyecto busca garantizar un ejercicio del voto más claro, inclusivo y eficiente.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley que fomentar la oferta y el consumo voluntario de biodiésel en mezclas superiores a las establecidas por la normativa vigente, promoviendo la instalación de surtidores específicos o bocas diferenciadas en estaciones de servicio de todo el país, a fin de estimular la transición energética, reducir emisiones y fortalecer la producción regional de biocombustibles.

La iniciativa posee una serie de beneficios para quienes instalen surtidores de expendio para biodiésel o mezclas superiores al corte obligatorio vigente, incorporen tanques y equipamiento de almacenamiento habilitado para tales combustibles, cumplan con las normas técnicas, ambientales y de seguridad dictadas por la autoridad de aplicación.

Así, los beneficiarios tendrán derecho a una amortización acelerada y devolución anticipada del IVA, crédito fiscal del 10% de la inversión y créditos blandos del Banco Nación y BICE, exención de derechos de importación cuando se trate de bienes para realizar la conversión y los mismos, no se fabriquen en el país, en las condiciones que establezca la reglamentación.

Además, la iniciativa propone la creación de un Fondo de Incentivo a la Movilidad Sustentable que será administrado por la Secretaría de Energía y se integrará con partidas del Presupuesto General para la Administración Nacional, Aportes del Tesoro Nacional, Recursos del Fondo Fiduciario para la Transición Energética y Créditos internacionales orientados a energías limpias, ello sin perjuicio de fuentes adicionales que pudieran establecerse en el futuro.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) expresó este lunes que desde la oposición esperan que la Cámara Federal habilite la posibilidad de que funcionarios sean traídos por la fuerza pública a la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, lo que coloca a la hermana del presidente y secretaria General, Karina Milei, más cerca de esa posibilidad.

"Desde los '80 en adelante siempre la justicia ha ayudado al Congreso en este proceso. Esperamos que la Cámara revierta la decisión del juez, atento a todos los antecedentes", dijo el cordobés y señaló: "No queremos dejar de lado la máxima garantía de los derechos constitucionales de los citados".

La semana pasada, Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión Investigadora, apeló la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien consideró "improcedente" el pedido de los legisladores a la justicia, requerido ante las inasistencias constantes del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y la extitular de la Unidad de Tareas de Investigación, Florencia Zicavo.

Ahora, la Cámara Federal fijó para el 27 de octubre la audiencia para resolver al respecto.

Agost Carreño reveló que días atrás, un puñado de legisladores se reunió con el procurador General, Eduardo Casal, y el juez De Giorgi y "comenzaron a peritarse celulares que estaban secuestrados hace tres meses" y "comenzó a tomar otro ímpetu la causa". No obstante, aclaró que fue "un intercambio razonable sin que nos inmiscuyamos en la investigación" judicial.

Respecto a las medidas de prueba requeridas por la comisión, el legislador afirmó: "Estamos recibiendo mucha información. Ya estamos viendo que hay operaciones y transferencias directas entre Hayden Davis y (Mauricio) Novelli". "Queremos saber quién fue la persona que recibió dinero del propio Hayden Davis estando reunido con el presidente o media hora después", agregó.

En declaraciones a Radio 10, el diputado también opinó sobre la resolución de la jueza Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, quien concluyó que los fondos obtenidos por la operación $LIBRA podrían pertenecer al presidente Javier Milei, su hermana e impulsores del token, como Davis.

"La jueza se juega un poco y dice que los beneficiarios serían el propio Javier Milei, su hermana Karina o el empresario Hayden Davis, entre otros, y que este dinero, que es el botín que obtuvo la estafa de $LIBRA, fue retenido por el propio Hayden Davis para un negocio personal, que involucraría al presidente de Argentina, a su hermana y que no serían fondos del Estado nacional, sino que el involucramiento ha sido a título personal, lo que no quiere decir que no haya ningún tipo de responsabilidad", sostuvo Agost Carreño.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño del bloque Encuentro Federal presentó un proyecto de ley que propone la creación de una comisión bicameral que elabore en el plazo de 180 días los principales lineamientos de una reforma laboral, previsional, fiscal, y, además, una modifiación a la Ley de Coparticipación Federal.

“La Comisión tendrá por finalidad redactar los anteproyectos de Ley y elevarlos a consideración del Congreso junto con sus respectivos dictámenes”, quien además se refirió a los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo: “Justo hoy vuelve a estar en agenda el tema, a partir de las declaraciones del ministro, por lo que tal vez sea de su interés”.

La propuesta del cordobés menciona a una comisión bicameral integrada por 32 legisladores (16 de cada cámara) que serán designados por los titulares de cada cuerpo, pero respetando la proporcionalidad de las bancadas y un criterio de representación federal. La misma tendrá un presidente, dos vicepresidentes y un secretario.

El plazo será de 180 días (seis meses) para elevar sus dictámenes, pudiendo ser prorrogado por única vez por otros 90 días, mediante resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras. Una vez que el tratamiento de las reformas esté listo, la bicameral será disuelta.

“La Argentina enfrenta una triple crisis estructural: un sistema laboral que no logra generar empleo formal en el sector privado; un régimen previsional crecientemente deficitario e inequitativo; y una estructura tributaria compleja, ineficiente y regresiva, que desalienta la inversión y fragmenta la competitividad regional”, explicó Agost Carreño.

Luego, agregó esto se suma a “la necesidad impostergable de una nueva Ley de Coparticipación Federal, pendiente desde la reforma constitucional de 1994, que garantice una distribución más justa y transparente de los recursos entre la Nación y las provincias”. “La magnitud y transversalidad de estas reformas exige un espacio institucional de diálogo parlamentario federal, donde diputados y senadores puedan trabajar en conjunto, con el aporte de especialistas, universidades, organizaciones sindicales, empresariales y de la sociedad civil”, concluyó.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) le envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la que solicita que se adopten las medidas necesarias para garantizar la promulgación y publicación de las leyes sancionadas por insistencia de ambas cámaras-en particular, la de Financiamiento Universitario y la de Emergencia Pediátrica (Garrahan)-, ante una eventual omisión del Poder Ejecutivo.

El texto plantea fundamentos constitucionales que respaldan la obligación de promulgarlas, y advierte sobre el precedente institucional que implicaría que el Gobierno ignore "una decisión perfeccionada del Congreso".

En la misiva, el cordobés le solicita a Menem que "se proceda a constatar y a dejar debidamente documentada la fecha de comunicación hecha por el Senado al Poder Ejecutivo de las leyes sancionadas por insistencia" en la sesión del pasado 2 de octubre en la Cámara alta.

Además, pide que "se arbitren los medios necesarios a los fines de controlar el cumplimiento del plazo 10 días a contar desde la comunicación aludida" y que "vencido dicho término sin promulgación ni publicación por parte del Poder Ejecutivo, arbitre los medios necesarios para que se proceda sin demora a la publicación en el Boletín Oficial, habiendo sido las mismas promulgadas tácitamente".

En la nota, Agost Carreño explicó que "una vez producida la doble insistencia, el proyecto adquiere fuerza de ley, restando únicamente el cumplimiento del deber constitucional previsto en el artículo 99 inciso 3, que impone al Poder Ejecutivo promulgar y hacer publicar las leyes".

"Si bien el texto del artículo 83 no establece un plazo ni prevé un mecanismo supletorio, la doctrina constitucional sostiene, por analogía con lo dispuesto por el artículo 80, que el Poder Ejecutivo dispone de diez días para cumplir con su obligación de promulgar. Transcurrido ese plazo sin acto formal, el Poder Legislativo debe tomar a las leyes como promulgadas tácitamente a fin de evitar que la omisión del Ejecutivo frustre la eficacia de una decisión legislativa perfeccionada constitucionalmente", argumentó.

En ese sentido, el legislador remarcó que "una vez perfeccionada la ley por insistencia, el Ejecutivo no puede impedir su vigencia por falta de promulgación. Ante su omisión, debe considerarse que operó la promulgación táctica, en defensa del principio republicano".

Al traer un "antecedente grave reciente", el diputado hizo referencia a la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), que fue promulgada por el decreto 681/25, sin embargo el Ejecutivo suspendió su aplicación.

"Si bien ese acto fue formalmente presentado como promulgación, en los hechos condicionó la eficacia de una ley sancionada por insistencia, contrariando el deber de promulgación plena e inmediata previsto en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional", apuntó.

Y añadió que "tal antecedente pone de manifiesto la necesidad de que el Congreso adopte medidas preventivas que impidan que una decisión legislativa perfeccionada sea desnaturalizada mediante la omisión o manipulación de la promulgación, comprometiendo así la división de poderes, pilar fundamental, de nuestro sistema democrático".

Cinco son los proyectos que buscan sentar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos en el banquillo de los acusados de la Cámara baja, a partir de la decisión de su Gobierno de promulgar la Ley de Emergencia en Discapacidad, mas suspender su aplicación mediante el Decreto 681/2025, alegando que el Congreso no especificó las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación. Ante ello, la Cámara baja emplazó a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones Poderes y Reglamento para debatir cómo salir de la encerrona armada por el Gobierno.

El emplazamiento lo pidió el diputado Oscar Agost Carreño, quien reconoció a Francos como “una persona dialoguista que da la cara, pero el principal valor es que cumpla la ley. Si tiene las dos, mucho mejor. Pero tiene que cumplir la ley siempre”.

El emplazamiento es para las comisiones de, para el martes 14 a las 13 horas, a fin de dictaminar los expedientes puestos a consideración.

Los proyectos en cuestión van desde la moción de censura contra Francos, a la interpelación del funcionario, o -algo más suave- un pedido de informes del mismo.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó una denuncia penal contra funcionarios del Poder Ejecutivo por el decreto 682/2025, que eliminó de forma transitoria las retenciones a granos y subproductos.

En el escrito, el cordobés sostuvo que la medida permitió que un grupo reducido de cerealeras concentrara exportaciones por 7.000 millones de dólares en 72 horas (lo que representa una quita del 9% en la recaudación de septiembre), dejando afuera a la mayoría de los productores.

El legislador resaltó, además, que hubo declaraciones sin respaldo físico de mercadería y posibles acuerdos previos con el ministro de Economía, Luis Caputo.

De acuerdo a la denuncia, el dirigente del Pro de Córdoba pide que se investiguen los presuntos delitos de administración fraudulenta, defraudación a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público e información privilegiada.

"El día 22 de septiembre de 2025, tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y en un contexto de extrema fragilidad política y financiera, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 682/2025, mediante el cual se eliminaron transitoriamente los derechos de exportación (retenciones) sobre granos y subproductos, hasta el 31 de octubre o hasta alcanzarse un cupo de U$S 7.000 millones", relató en el escrito.

Agost Carreño señaló que "en apenas 72 horas, el cupo quedó agotado, lo que reveló que un reducido grupo de grandes cerealeras y exportadoras había logrado inscribir operaciones millonarias en tiempo récord, mientras que la mayoría de los productores quedaron excluidos de la ventana de excepción".

Sobre esto, mencionó que "diversas entidades rurales denunciaron que varias empresas declararon exportaciones sin contar con la tenencia física de los granos, lo que violaría la normativa vigente, que exige la existencia efectiva de la mercadería". "El propio titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, admitió públicamente esta circunstancia", agregó.

El diputado opositor aseveró que "la operatoria que se denuncia pudo significar un pago adelantado con descuento usurario, asegurando divisas de corto plazo a costa de un perjuicio fiscal grave y arbitrario, daño que se extiende en sobremanera a los productores agropecuarios, y realizado al mismo tiempo que se decidió no aplicar una ley vigente sobre discapacidad 'que rompería el déficit cero' pretendido por el mismo Gobierno".

"Con esta presentación no se pretende judicializar la política económica y aduanera del Gobierno, sino por el contrario lo que se pide es una investigación preliminar ante la posibilidad de que existieran ilícitos penales en una extraña maniobra de generación de divisas", completó en la denuncia.

En línea con los avances internacionales en materia de bienestar animal, el diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley que propone una profunda reforma de la Ley 14.346, vigente desde hace más de 70 años. La iniciativa busca actualizar el marco normativo argentino, endureciendo las penas por maltrato y crueldad contra los animales, e incorporando medidas complementarias para prevenir y sancionar estas conductas.

El proyecto del diputado cordobés eleva las penas de prisión a uno a tres años por maltrato, y dos a cinco años por actos de crueldad, además de establecer inhabilitaciones especiales de hasta diez años para la tenencia de animales y el ejercicio de actividades vinculadas a su cuidado, guarda, cría, transporte o comercialización.

Entre las conductas que se consideran maltrato, se incluyen:

• ● No alimentar adecuadamente a animales domésticos o cautivos.
• ● Azuzarlos para el trabajo con instrumentos que provoquen dolor.
• ● Emplearlos en tareas para las que no están físicamente aptos.
• ● Estimularlos con drogas sin fines terapéuticos.
• ● Someterlos a jornadas excesivas o condiciones laborales inadecuadas.
• ● Usarlos en el tiro de vehículos cuando su estado físico no lo permite.

Por su parte, los actos de crueldad abarcan:

• ● Vivisección sin fines científicos o médicos demostrables.
• ● Mutilaciones injustificadas.
• ● Cirugías sin anestesia realizadas por personas no habilitadas.
• ● Abandono en condiciones que pongan en riesgo su vida o integridad.
• ● Riñas de animales, corridas de toros, peleas de perros y espectáculos similares.
• ● Experimentación sin regulaciones éticas.
• ● Prácticas sexuales o de explotación incompatibles con su bienestar.
• ● Torturas, atropellos intencionales o muertes por perversidad.

Además, el proyecto incorpora penas accesorias como:

• ● El decomiso de los animales afectados, que serán entregados a organizaciones de protección animal.
• ● La obligación de asistir a programas educativos sobre tenencia responsable.
• ● La publicación de la sentencia condenatoria en medios locales, a cargo del condenado.

En los fundamentos, Agost Carreño destaca que las sanciones actuales —de apenas 15 días a un año de prisión— resultan insuficientes para prevenir hechos graves. Cita ejemplos de países como España, Alemania, Chile, Colombia y Uruguay, que han avanzado en legislaciones más severas y en el reconocimiento de los animales como seres sintientes.

“El objetivo es brindar al Estado y al Poder Judicial herramientas modernas y eficaces para desalentar y castigar el maltrato animal, en línea con los compromisos internacionales”, sostiene el diputado, quien solicita el acompañamiento de sus pares para la aprobación del proyecto.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de ley que propone modificar la Ley de Administración Financiera para establecer la obligación de que el ministro de Economía comparezca personalmente ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda del Congreso, dentro de un plazo de entre 10 y 30 días hábiles desde la presentación del proyecto de Presupuesto General de la Nación.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo de legisladores de distintos bloques —entre ellos Miguel Ángel Pichetto, Margarita Stolbizer, Nicolás Massot y Mónica Fein— apunta a fortalecer el diálogo institucional y agilizar el proceso de sanción de la llamada “ley de leyes”, que en los últimos años ha sido prorrogada por el Poder Ejecutivo sin pasar por el debate parlamentario.

“Cada vez que fracasa la sanción del presupuesto, el mensaje que damos al mundo es que la Argentina administra los recursos públicos de manera discrecional”, advierte Agost Carreño en los fundamentos del proyecto.

La propuesta busca recuperar el espíritu republicano de control y colaboración entre poderes, y dotar de previsibilidad al sistema económico argentino, en momentos en que el país intenta atraer inversiones de largo plazo. Según el legislador, la falta de un presupuesto aprobado desalienta a los capitales serios y favorece la especulación financiera.

El proyecto establece que el ministro —o el área que en el futuro lo reemplace— deberá detallar los lineamientos del presupuesto y responder en el acto a las preguntas y observaciones de los legisladores. El objetivo es facilitar la emisión de dictámenes y evitar que el Congreso quede al margen de decisiones clave sobre la asignación de recursos.

La iniciativa toma especial relevancia en el contexto actual, en el que el gobierno nacional ha prorrogado el presupuesto 2023 sin presentar uno nuevo, lo que ha generado críticas por la falta de transparencia y control legislativo.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de ley para establecer en todo el país un Régimen de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de las Personas Humanas, con el objetivo de dar una salida ordenada y equitativa a quienes enfrentan deudas imposibles de pagar. La iniciativa está dirigida exclusivamente a consumidores y familias trabajadoras, dejando fuera a empresas y actividades comerciales.

El texto propone medidas de prevención, como la obligación de bancos, tarjetas de crédito, billeteras digitales, mutuales y cooperativas de realizar evaluaciones objetivas de solvencia antes de otorgar créditos. También establece una instancia de mediación administrativa gratuita y optativa, previa a un juicio, para facilitar acuerdos con los acreedores. Allí se podrán negociar planes de reestructuración de hasta cinco años, con intereses limitados a la tasa activa del Banco Nación y sin capitalización.

En caso de no alcanzarse un acuerdo, el deudor podrá acudir a la justicia civil, comercial o de consumo, donde se abrirá un procedimiento especial. La sola apertura del proceso implicará la suspensión de ejecuciones, acumulación de juicios y freno a intereses punitorios, salvo en deudas alimentarias, laborales o tributarias.

El régimen prevé que el juez pueda aprobar planes de pago con quitas, reordenamientos y topes de hasta el 35% de los ingresos netos del deudor, con la posibilidad de imponerlos a los acreedores si resultan equitativos. Si el plan se cumple, o tras cinco años de iniciado el procedimiento, el deudor será declarado rehabilitado y los saldos remanentes quedarán extinguidos, salvo obligaciones alimentarias, laborales, tributarias o penales.

El proyecto también incorpora un capítulo de educación financiera obligatoria, con programas en escuelas secundarias y campañas públicas para adultos, en coordinación entre el Ministerio de Capital Humano, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores.

En los fundamentos, Agost Carreño subraya que “el 91% de los argentinos está endeudado de algún modo y un porcentaje significativo lo está por cubrir gastos esenciales”, citando datos oficiales que muestran un fuerte aumento de la morosidad en tarjetas de crédito y préstamos personales. A su juicio, “no existe un procedimiento nacional que garantice un camino ordenado de rehabilitación para los deudores de buena fe”, y el proyecto busca cubrir ese vacío legal.

En medio de causas resonantes donde los teléfonos son piezas clave, como la investigación por presuntas coimas en la ANDIS, en la que la Justicia realizó una copia forense de uno de los celulares de Diego Spagnuolo y luego confirmó que gran parte de los mensajes borrados no podrán recuperarse, el diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley de “Acceso y Preservación de Evidencia Digital en el Proceso Penal”.

La iniciativa obliga, con orden judicial fundada, a entregar dispositivos cuando una persona esté investigada, habilita medidas urgentes para evitar borrados o alteraciones, y permite exigir huella o rostro para el desbloqueo, preservando la prohibición de forzar contraseñas, patrones o PIN.

“El proyecto parte de un dato obvio pero ignorado: la evidencia digital es hoy uno de los insumos probatorios más relevantes. Su carácter efímero y manipulable exige reglas claras para preservarla y acceder sin vulnerar derechos”, afirmó Agost Carreño.

El cordobés agregó que no se buscan “atajos punitivos” sino que “dotamos a la investigación de herramientas eficaces con órdenes judiciales fundadas, alcance limitado y cadena de custodia auditables”.

La propuesta instala tres pilares. Primero, la preservación inmediata: los jueces podrán ordenar -sin dilaciones- que por hasta 90 días no se borren ni alteren datos específicos y que se registren todos los accesos (hashes, logs, software y peritos) para resguardar la cadena de custodia.

Segundo, el acceso y la entrega: frente a una investigación, el magistrado podrá disponer la entrega del dispositivo o requerir asistencia técnica de terceros para ingresar de modo acotado (por cuentas, fechas, palabras clave).

Y tercero, la biometría con garantías: se autoriza huella o reconocimiento facial para desbloquear, pero queda prohibido compeler a revelar contraseñas, patrones o PIN por afectar la garantía de no autoincriminación. “No se podrá compeler al imputado a revelar credenciales memorizadas. Sí se admite, con orden fundada y en condiciones dignas, el uso de datos biométricos estrictamente para el desbloqueo”, explicó el legislador.

En un guiño a estándares internacionales, el texto toma como referencia el fallo Halabi sobre privacidad y antecedentes como Riley v. California y Carpenter v. United States, además del Convenio de Budapest sobre ciberdelito, con criterios de minimización (delimitar dispositivos, cuentas, intervalos y categorías de datos). “Equilibramos eficacia investigativa y tutela de derechos para anticiparnos a impugnaciones de inconstitucionalidad”, remarcó Agost Carreño.

La norma también penaliza la destrucción o alteración dolosa de evidencia digital y el incumplimiento de órdenes de entrega o de asistencia técnica. Para proveedores de servicios que desoigan decisiones judiciales se prevén multas en salarios mínimos e incluso inhabilitación en casos graves.

“Apuntamos a evitar la impunidad que genera el borrado o la reticencia en la entrega de pruebas, con escalas proporcionales y agravantes cuando haya funcionarios o delitos especialmente sensibles”, dijo el diputado de EF.

La iniciativa se presenta en medio de la causa ANDIS, donde los peritajes confirmaron la centralidad de los celulares y las dificultades cuando hubo borrados irrecuperables; y en el caso $LIBRA, donde se dispusieron allanamientos y secuestros de dispositivos, incluso el teléfono de Mauricio Novelli.

“La agenda judicial viene girando justamente alrededor del acceso a comunicaciones y metadatos. Si un juez ordena preservar o acceder, el Estado debe poder hacerlo rápido y bien. Este proyecto blinda la evidencia digital para que ninguna investigación -por corrupción o cualquier otro delito- dependa de que un teléfono llegue limpio”, cerró Agost Carreño.

El avance de la tecnología y la velocidad con la que circula la información en redes sociales han generado nuevos desafíos para la protección de la intimidad y la reputación de las personas. En ese contexto, el diputado nacional Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de ley que propone modificar el artículo 1770 del Código Civil y Comercial de la Nación, incorporando un párrafo específico sobre publicaciones falsas en medios digitales.

La iniciativa establece que, cuando se difundan datos falsos en redes sociales, el responsable deberá rectificar la información en el mismo soporte digital y con igual nivel de difusión, en un plazo no mayor a diez días. Además, se le exigirá suprimir el rastro digital de la publicación original. En caso de incumplimiento, el juez podrá considerar esta omisión como un agravante indemnizatorio.

“El objetivo es dotar de eficacia práctica a la responsabilidad por publicaciones falsas”, señala Agost Carreño en los fundamentos del proyecto. Según el legislador, una reparación que se limite a una indemnización tardía pierde sentido frente a la velocidad con la que se propaga el daño en redes sociales.

El proyecto aclara que la medida no afecta la libertad de expresión, ya que se limita a ordenar la rectificación de datos falsos acreditados fehacientemente, sin intervenir en contenidos vinculados a opiniones.

La propuesta busca actualizar el marco legal vigente, que ya contempla sanciones por intromisión arbitraria en la vida privada, pero no especifica mecanismos de reparación en el entorno digital. De aprobarse, la reforma podría convertirse en una herramienta clave para combatir la difamación online y proteger los derechos de los ciudadanos en el ecosistema digital.

La Corte Suprema de Justicia exhortó recientemente al Congreso a que designe un defensor del Pueblo, un cargo vacante desde hace 16 años. A raíz de ello, el diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) recordó dos proyectos que ya presentó para atender esta situación institucional.

El primero de ellos propone modificaciones a la Ley 24.284 con el objetivo de agilizar los mecanismos de designación y garantizar la cobertura de la vacancia. “Debemos arbitrar los medios a efectos de subsanar dicha falencia, ya que la designación del defensor del Pueblo resulta en definitiva el resultado de un acuerdo político, pero no podemos permitir que siga vacante un órgano de control que la Constitución consagró expresamente en 1994”, advirtió.

La iniciativa también incorpora la figura de un defensor Adjunto por Vacancia Prolongada, que asumiría provisoriamente las funciones por un plazo máximo de un año, a fin de evitar la parálisis del organismo.

El segundo proyecto busca reconocer la legitimación procesal activa de los defensores del pueblo provinciales y municipales para que puedan litigar ante la justicia federal en defensa de derechos colectivos y difusos.

“Nos encontramos ante un aspecto de suma trascendencia que debe ser normado atento el vacío normativo actual”, fundamentó Agost Carreño y explicó: “La propuesta contribuye al fortalecimiento institucional por cuanto el reconocimiento de esta facultad potencia a las defensorías como garantes de la legalidad y protectores de derechos fundamentales, en línea con los estándares internacionales de protección de derechos humanos y con la propia jurisprudencia de la Corte Suprema”.

De esta manera, el legislador cordobés plantea no sólo saldar la deuda de designar un defensor del Pueblo de la Nación, sino también dotar a las defensorías locales de herramientas para garantizar la plena vigencia de los derechos colectivos.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) cuestionó este martes la "gestión" del Gobierno de Javier Milei sobre el Registro Automotor, al asegurar que desde las nuevas medidas implementadas en el sistema, "nada mejoró, nada se digitalizó, nada se hizo más barato, nada es más transparente y no se facilitó nada a comerciantes ni a los ciudadanos".

El cordobés observó que se "dejó al país sin chapas" y se "abandonó la empresa pública y contrató una privada que no da abasto". "Eliminó concursos públicos y en los Registros nombra interventores a dedo, ya ni son profesionales", agregó.

Además, esta gestión "sacó la ventanilla única de impuestos y generó un caos: provincias impusieron sistemas privados obligatorios, onerosos y de dudosa legalidad por resoluciones de sus direcciones de rentas", señaló.

Sobre esto, dijo que "hay una causa penal en curso en Comodoro Py", mientras que "ahora, con la Res. 572/25, vuelven a inventar otra 'ventanilla única' (VUPRA) ¿Ese servicio lo pagará el usuario o será gratis?", se preguntó.

"Cobra millones en formularios, cédulas y chapas (que no entrega) y los gasta discrecionalmente, no moderniza el sistema ni reduce déficit enviándolos al Tesoro. Propusimos que fueran para mejorar jubilaciones, pero lo vetó", sumó el legislador.

Finalmente, Agost Carreño criticó que el Gobierno "prometió en los medios un plan canje" cuando "el único real es un proyecto de ley de mi autoría, que está en un cajón del Congreso listo para ser tratado".

El diputado nacional Oscar Agost Carreño presentó proyecto de ley que propone incorporar un nuevo párrafo al artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. El objetivo trata de garantizar que los trabajadores con más de un año de antigüedad en empresas que superen los cien empleados puedan percibir su salario durante un período mínimo de seis meses en casos de enfermedad o accidente inculpable.

Actualmente, la ley contempla plazos de tres a seis meses según la antigüedad y las cargas de familia del trabajador. Sin embargo, el proyecto advierte que muchas enfermedades graves requieren tratamientos prolongados que exceden esos tiempos. “Una cirugía traumatológica o un tratamiento oncológico difícilmente demanden menos de seis meses de recuperación”, refirió el legislador cordobés.

El cordobés Agost Carreño propuso una iniciativa de modificación a la Ley de Contrato de Trabajo.

La propuesta excluye a las pequeñas y medianas empresas porque consideró que “una licencia extendida podría afectar su funcionamiento”. Así las cosas, el diputado que integra el bloque Encuentro Federal explicó en los fundamentos que “la medida está pensada para empleadores con más de 100 trabajadores, que cuentan con estructura y recursos para afrontar estas contingencias sin comprometer su operatividad”.

El legislador también fundamentó la iniciativa en la jurisprudencia de la Corte Suprema, que avala distinciones razonables en la legislación laboral. “El principio de igualdad no impide establecer diferencias cuando se basan en criterios objetivos y persiguen fines legítimos”, amplió.

El escándalo en torno a la política de discapacidad sumó un nuevo capítulo en el Congreso. El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de resolución para que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Salud, Mario Lugones, sean interpelados en la Cámara baja a raíz de la difusión de audios que dan cuenta de presuntos pedidos de coimas vinculados a la tramitación de prestaciones y contrataciones en el área.

En paralelo, el legislador cuestionó con dureza al presidente Javier Milei por haber vetado la ley de emergencia en discapacidad, medida que la oposición logró revertir en el recinto esta semana, aunque resta ahora que el Senado cumpla esa tarea. “Primero veta la emergencia, como si no fuera necesario proteger a quienes más lo necesitan. Y ahora estallan audios que revelan pedidos de coimas. Una vergüenza”, escribió en su cuenta de X.

El proyecto detalla un amplio cuestionario que deberán responder los funcionarios, que va desde la eventual presentación de denuncias penales y la autenticidad de los audios, hasta la identificación de funcionarios involucrados, los procedimientos administrativos para otorgar el Certificado Único de Discapacidad, los circuitos de pago a prestadores, la existencia de manuales de procedimiento y mecanismos de control, así como los protocolos de integridad y canales de denuncia internos.

También exige explicaciones sobre la ejecución presupuestaria del área, la deuda acumulada con prestadores, las medidas de resguardo de documentación y sistemas, y un eventual plan de reformas para garantizar transparencia y continuidad en las prestaciones.

“El acceso oportuno y transparente a los apoyos y servicios para personas con discapacidad es un mandato jurídico y ético que el Estado no puede desatender. La difusión de un audio que asigna conductas ilícitas exige verificación inmediata, identificación de responsables y medidas correctivas”, argumenta Agost Carreño en los fundamentos.

El pedido de interpelación fue acompañado por legisladores de distintos bloques opositores, entre ellos Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot, Margarita Stolbizer, Esteban Paulón, Mónica Fein, Juan Fernando Brügge, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres.

La polémica se enmarca en un contexto de fuertes reclamos de beneficiarios y prestadores por demoras y trabas en la cobertura de prestaciones, sumado a un creciente malestar social por el veto presidencial. Ahora, la oposición busca que el Gobierno dé explicaciones públicas en el Congreso sobre lo que podría transformarse en uno de los mayores escándalos de la gestión en un área especialmente sensible.

La Cámara baja avanzó este miércoles con una modificación a la Ley 24.769, de Régimen Penal Tributario, actualizando los montos por el delito de evasión tributaria.

Se consensuaron sendos proyectos presentados por los diputados Oscar Agost Carreño y Ricardo López Murphy, reflotados cuando el Gobierno presentó un proyecto en el mismo sentido para respaldar la iniciativa endiente a utilizar los “dólares bajo del colchón” que no comenzó a ser tratada siquiera en comisiones.

El proyecto consiguió media sanción con 226 votos favorables, ninguno en contra y 6 abstenciones, y permite actualizar los montos que determinan la tipificación de delitos tributarios, reemplazando valores fijos en pesos por una unidad de medida variable basada en el precio de la nafta súper.

El diputado Agost Carreño defendió la iniciativa señalando que se trata de una ley que “trasciende la coyuntura” y cuya idea le surgió en 2023, cuando conoció la experiencia de una heladería de barrio en crisis, que no pudo pagar una deuda y el problema devino en una causa penal. “La justicia está sobrepasada de este tipo de causas que se trataban como faltas tributarias, no delitos. López Murphy presentó un proyecto similar en 2024.

“Esto le  cambia la vida a la gente -aseguró Agost Carreño-, pero sobre todo a muchas PyMEs y MicroPyMEs. La inflación avanza y el Congreso no actualiza los montos. Si no aprobamos esto, la justicia no se puede abocar a problemas más serios como son el lavado de dinero, el narcotráfico o la trata de personas”.

A su turno, López Murphy consideró el proyecto como “sencillo y razonable, que busca actualizar los montos y establecer un mecanismo automático de actualización, de modo de no requerir la intervención del Congreso en el futuro. Con esto restablecemos los principios de equidad, eficiencia y previsibilidad. Lo que hacemos es algo que ya se previó en 2017, con la unidad de valor tributario, pero nunca se aplicó”.

Miembro informante fue la diputada del Pro Laura Rodríguez Machado, quien valoró que hubieran encontrado “un punto, o varios, de coincidencia”, lo que a su juicio demuestra que “es posible ponernos de acuerdo en votar un proyecto que no implique carga fiscal, ni creación de tributos”. Y cerró considerando “un muy buen augurio que esta cámara encuentre en este tipo de proyectos la posibilidad de unanimidad”.

Unanimidad que no se alcanzó por las abstenciones que hubo, en especial de toda la izquierda.

El proyecto

Volviendo al proyecto, en cuanto a la actualización de montos, se reemplazan los valores fijos en pesos por “unidades fijas” (UF), equivalentes al precio de 2.000 litros de nafta súper en YPF ACA.

La Procuración General de la Nación actualizará y publicará el valor semestralmente.

En cuanto a las modificaciones penales, se endurecen las penas por evasión simple y agravada, fraude en beneficios fiscales, uso de facturas falsas, y apropiación indebida de reintegros o subsidios.

Las penas van de 2 a 9 años de prisión, según el monto evadido y la modalidad del delito.

Asimismo se penaliza con prisión el no depósito de aportes retenidos a empleados o recursos de la seguridad social, si el monto supera 5 UF por mes. Se obliga a AFIP y organismos provinciales a habilitar el pago separado de aportes retenidos.

Con esta iniciativa se busca evitar el colapso de los tribunales federales y mejorar la proporcionalidad en la persecución penal tributaria. Se toma como antecedente el sistema de unidades fijas ya aplicado en la Ley de Narcotráfico (Ley 23.737).

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles un emplazamiento a la Comisión de Legislación General para modificar el huso horario en la República Argentina. El visto bueno fue conseguido con 151 votos positivos, 66 negativos y 8 abstenciones.

El tema fue incluido en el temario de esta sesión a través de tres proyectos presentados sobre el tema, correspondientes a los diputados Julio Cobos (UCR), Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) y Gisela Marziotta (Unión por la Patria).

Impulsor del tratamiento de este tema, el mendocino Julio Cobos intervino en el inicio del breve tratamiento que tuvo el tema para sumar a los proyectos puestos a consideración uno similar de la salteña Pamela Calletti, presidenta del bloque Innovación Federal.

Cobos admitió que el tema carecía de dictamen, pero no porque hubiera sido presentado recientemente, pues llevaba año y medio esperando un tratamiento que sus impulsores solicitaron dos veces en Legislación General, sin que ese reclamo fuera atendido. El mendocino aclaró que habían consensuado la iniciativa en un dictamen unificado y si se lograba el consenso para tener los dos tercios podría ser sancionado a continuación. De lo contrario, pediría un emplazamiento, cosa que no fue necesaria porque los dos tercios se alcanzaron, con 151 votos afirmativos, 69 negativos y 2 abstenciones.

Suscintamente Cobos aclaró que la propuesta pretende “empalmar la verdadera hora oficial con la hora solar, ya que el oeste argentino padece este problema. Niños y trabajadores tienen afectado el rendimiento educativo y productivo por este tema”.

La propuesta prevé que la hora oficial pase a ceñirse en el huso horario 4 horas, en concordancia con la que le corresponde a la Argentina. Asimismo piden establecer la hora de 3 horas al oeste del meridiano en el período estival.

El período invernal estará comprendido entre el primer domingo de abril a las 0 horas y el 1 de septiembre de cada año, a las 0.

Los proyectos en líneas generales proponen derogar o modificar la Ley 26.350 y establecer como hora oficial en todo el país el huso horario de cuatro horas al oeste del meridiano de Greenwich.

Las exposiciones

En el rol de miembro informante del dictamen de mayoría, el diputado nacional Oscar Agost Carreño amplió que “estamos proponiendo aprobar modificaciones para destrabar la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA”. Respecto a la causa, sumó que “hay secretos de sumario en la causa a nivel nacional que no puede ser revelados”, pero reiteró que “necesitamos una explicación pública que el presidente no supo dar”.

Titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, habló en representación de oficialismo y cargó que “la resolución es absolutamente nula porque es inconstitucional”. En ese punto, señaló que “modifican la representación y el quórum, y es una novedad que no puede ser admitida”. Y concluyó con una crítica contra el kirchnerismo: “No tienen autoridad moral para señalar al presidente de la Nación en su conducta”.

En representación de la Coalición Cívica, el diputado nacional Maximiliano Ferraro manifestó que “volvemos acá porque hubo un camino plagado de obstáculos por el oficialismo y el propio presidente para que no haya investigación”. Luego, remarcó que “no vamos a renunciar a ese poder que tiene el Parlamento”.

“No existe comisión alguna sin presidente, sin autoridades, sin días de reunión y sin reglamento de función para cumplir los objetivos de investigación”, explicó el legislador al contestarle a La Libertad Avanza por la postura de que el plazo venció. “Estamos acá para que una mayoría resuelva el bloqueo que le hicieron a la investigación del Caso $LIBRA”, destacó.

En el final de su intervención, Ferraro consideró: “Desde la Coalición Cívica tenemos autoridad moral y política para poder decirlo porque el funcionamiento republicano de la división e independencia de los poderes nos exige que nosotros podamos establecer la verdad y las responsabilidades políticas más allá de lo que investiga la justicia en la Argentina y en los Estados Unidos”.

Desde la bancada de Democracia para Siempre, el diputado formoseño Fernando Carbajal sostuvo que "nuestro bloque tiene el mérito de haber planteado crear esta comisión”, y agregó: “Hoy ratificamos que la comisión debe funcionar, pero hay catorce diputados que están en la comisión para encubrir y generar impunidad”.

Del mismo modo, señaló: “Son los que responden a La Libertad Avanza y a los bloques vasallos. Desde el punto de vista político no se entiende por qué no quieren que funcione esta comisión. Eligen el camino del impedimento. Nosotros vamos a hacer funcionar la comisión y por eso vamos a modificar la resolución en este pleno".

Elegida por el flanco opositor para ser la presidenta de la Comisión Investigadora, la diputada massista Sabrina Selva señaló que “fueron los artilugios del presidente de la Cámara de Diputados los que no trajeron hasta acá”. Asimismo, añadió que “una vez más se nota que la única respuesta que da el oficialismo es seguir intentando bloquear”.

Se refirió a la Criptomoneda $LIBRA como “un caso que en el mundo fue un escándalo”, y apuntó contra el Poder Ejecutivo Nacional por la postura adoptada tras el suceso: “Tienen un relato que intentó sostener el Gobierno y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuando vino acá dejó más preguntas que respuestas”.

SE TERMINÓ EL BLOQUEO DE LA COMISIÓN $LIBRA

Ahora vamos a la Comisión a definir las autoridades, un reglamento, un plan de trabajo y a buscar las respuestas a las preguntas que hasta ahora NADIE nos dio. pic.twitter.com/DFEZM2s5oM

— Sabrina Selva (@SabriSelva) August 21, 2025

“¿Quién le pasó a Milei ese contrato que promocionaba $LIBRA? Hasta ahora no lo hizo”, cuestionó Selva, quien también aseveró que “Hayden Davis, que está siendo investigado en los Estados Unidos, se dio a conocer en un tuit en Casa Rosada con el presidente”. “42 minutos después de haberse reunido con Milei y estando en Rosada hizo una transferencia millonaria y a una billetera virtual. Queremos saber a quién”, agregó.

Por último, la diputada nacional de Unión por la Patria manifestó: “Hayden Davis acusó a Karina Milei de haber recibido dinero para que el presidente tuiteara”, y cerró: “Si no tuiteó como presidente de la Nación, eso no lo deslinda de la investigación sobre una posible estafa”.

Culminaron el tratamiento de este tema, los diputados libertarios Álvaro Martínez (Mendoza) y Nadia Márquez (Neuquén).

El hallazgo en un terreno de Coghlan del cuerpo de Diego Fernández Lima, desaparecido hace 41 años, conmocionó a la opinión pública y dejó al descubierto un problema jurídico que amenaza con dejar el caso impune. Aunque la víctima fue identificada gracias a un peritaje forense de alta precisión, la persecución penal podría frustrarse por la prescripción de la acción, ya que el tiempo transcurrido excede los plazos legales.

Para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse, el diputado nacional de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de ley que modifica el artículo 67 del Código Penal. La propuesta —denominada “Ley Diego”— incorpora como causal de suspensión de la prescripción de la acción penal “los delitos de homicidio (arts. 79 y 80 del Código Penal) en los que el cuerpo de la víctima hubiere permanecido oculto, inidentificable o irreconocible, impidiendo el inicio o la prosecución de la acción penal”.

La reforma plantea que la suspensión cesará “a partir de la medianoche del día en que el cuerpo sea hallado o identificado, según sea el caso”. Según el texto, se trata de un mecanismo técnico y objetivo, con plazos definidos, que evita la manipulación de la prescripción mediante el ocultamiento del cadáver.

En sus fundamentos, Agost Carreño señala que la ley actual genera “una paradoja jurídica”: permite que quien logre ocultar un cuerpo el tiempo suficiente quede impune, “beneficiándose del propio accionar ilícito”. Esta situación, advierte, vulnera el principio general nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nadie puede beneficiarse de su propio ilícito), reconocido por la Corte Suprema de Justicia.

El legislador recuerda que el padre de Fernández Lima murió en un accidente mientras investigaba por su cuenta qué había ocurrido con su hijo, y que ahora la familia, aunque conoce la verdad, “no tendrá derecho a un juicio que determine quién lo asesinó”.

El proyecto cita antecedentes normativos como la “Ley Piazza” (26.705) y su reforma por la 27.706, que suspenden la prescripción en delitos contra la integridad sexual de menores hasta que la víctima pueda denunciar. También menciona ejemplos de derecho comparado, como el Código Penal español o la legislación chilena, que contemplan supuestos especiales de suspensión ante impedimentos objetivos.

El autor defiende que la medida no afecta la seguridad jurídica, ya que no se trata de plazos indefinidos ni arbitrarios, sino de un supuesto concreto y tipificado que cesa con el hallazgo o identificación del cuerpo. “La justicia no debe premiar la astucia criminal, sino garantizar el derecho a la verdad y la sanción del culpable”, concluye Agost Carreño.

En un comunicado conjunto, los catorce diputados opositores que integran la Comisión Especial Investigadora sobre el criptoactivo $LIBRA reafirmaron que el cuerpo parlamentario “no está caído ni extinguido”, y denunciaron un “bloqueo sistemático” por parte del oficialismo y sus aliados para impedir su funcionamiento.

La comisión fue creada con el objetivo de investigar la posible participación de funcionarios del Gobierno nacional en la promoción y desarrollo del criptoactivo $LIBRA, que habría afectado a miles de personas en todo el mundo. Sin embargo, los legisladores opositores aseguran que desde su conformación, el oficialismo ha obstaculizado su puesta en marcha, evitando la designación de autoridades, bloqueando convocatorias y frenando cualquier intento de avanzar en la agenda investigativa.

“Pretender dar por concluida una comisión que nunca fue habilitada a trabajar representa una burla institucional y un acto de encubrimiento frente a hechos gravísimos que comprometen al propio presidente de la Nación”, afirmaron los firmantes.

Durante los tres meses de vigencia, la comisión solo logró reunirse en tres ocasiones, y apenas una de ellas fue informativa, con la participación de especialistas, periodistas y damnificados. Ningún funcionario implicado asistió a declarar, a pesar de haber sido convocado.

Los diputados remarcaron que el mandato de la comisión sigue vigente y que el deber de investigar “no prescribe”. Además, advirtieron que insistirán en el recinto para destrabar su funcionamiento y retomar el trabajo que la sociedad reclama.

El comunicado fue firmado por Oscar Agost Carreño, Fernando Carbajal, Pablo Carro, Christian Castillo, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Carolina Gaillard, Itaí Hagman, Juan Marino, Nicolás Massot, Sabrina Selva, Julia Strada, Rodolfo Tailhade y Danya Tavela.

Esta semana se cumplieron 90 días desde que la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA se reunió por primera vez y, según interpreta La Libertad Avanza y sus aliados del Pro, se venció así el plazo que ese cuerpo tenía para llevar a cabo sus tareas e iniciar posteriormente un informe final.

Sin embargo, para la oposición esos tiempos deben correr desde la designación de sus autoridades, algo que nunca pudo concretarse por el empate entre los diputados que impulsaron la creación de la comisión y los oficialistas junto a sus aliados, resistentes a que funcione.

Integrada por 28 miembros, de un lado y el otro quedaron 14 legisladores. El intento por colocar un presidente, entre las opciones de la massista Sabrina Selva y el libertario -jefe de la bancada de LLA- Gabriel Bornoroni, fracasó en dos oportunidades.

Según el artículo 10 del proyecto de resolución por el cual se creó, la Comisión Investigadora tenía "un plazo de tres meses, a contar desde la constitución de la misma, para la producción de sus informes, dictámenes y conclusiones". "Una vez agotado el objeto de la investigación, o transcurrido el plazo máximo fijado, y dentro de los 30 días corridos, debe elevar un informe final a la Cámara de Diputados de la Nación detallando los hechos investigados y los resultados obtenidos", agregaba.

A raíz de la paridad en la comisión, desde la Coalición Cívica presentaron un proyecto para modificar la resolución en cuanto a la elección del presidente, el quórum y la mayoría, y el plazo de funcionamiento. Sin embargo, no se pudo tratar.

El empate 14 a 14 producido el 30 de abril, en la primera reunión, se repitió el 10 de junio, cuando la comisión estuvo coordinada por el secretario Parlamentario, Adrián Pagán, tras ser emplazada.

La siguiente reunión se dio el 25 de junio, también por emplazamiento, cuando por más de 10 horas asistieron a exponer periodistas, especialistas informáticos y damnificados por la operación $LIBRA, que el presidente Javier Milei promocionó en su cuenta de la red social X el pasado 14 de febrero. Los funcionados citados -entre ellos el propio Milei y su hermana Karina Milei- no asistieron.

En la jornada del 10 de junio, la cívica Mónica Frade y el radical díscolo Fernando Carbajal, de bloques que en un principio no habían adherido a las propuestas de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda de ir directamente a la Comisión de Juicio Político por este tema, advirtieron que podían llegar a cambiar de posición y apoyar una investigación en ese ámbito ante el intento de LLA por "obstaculizar".

Esto fue algo a lo que se refirió este jueves el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, quien manifestó que "el Congreso tiene que seguir intentando desbloquear la comisión", ante el avance que muestra la causa que tramita en la justicia de Estados Unidos, y sobre la cual él mismo viajó a ese país para interiorizarse.

El legislador no descartó que "esto termine en un juicio político, para lo cual ya hay una comisión". "Nosotros desde los bloques del centro creíamos que no estaban dadas las condiciones al principio para un juicio político, pero si bloquean tanto una comisión legítimamente votada para que se haga una investigación, y bueno, naturalmente esto termina cayendo en ese lugar, porque no nos permiten ir a un lugar más racional", sostuvo durante una entrevista en el streaming Gelatina.

Agost Carreño admitió que "no dan los números" para eventualmente aprobar un juicio político contra el presidente, pero sí para investigar en esa comisión. Respecto de la controversia sobre dicha comisión, donde el año pasado la oposición reconoce haber votado como presidenta a la oficialista Marcela Pagano, algo que desconoce el titular de la Cámara baja, Martín Menem (con quien la experiodista está más que enfrentada), el cordobés respondió: "Para mí tiene presidencia y también ilegalmente las autoridades de la cámara sostienen que no funciona".

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley para establecer un marco regulatorio para la utilización de los términos “Nacional” y “Argentina” en la denominación y el objeto social de las asociaciones civiles.

La iniciativa tiene por objeto establecer una serie requisitos que deberán cumplir las organizaciones ante la Inspección General de Justicia, con el fin de asegurar que aquellas que utilicen esos términos -o similares- en su nombre "tengan un carácter representativo federal efectivo y no se limiten a una representación local o regional".

De acuerdo al texto, "la denominación social deberá reflejar de manera clara y precisa su carácter representativo nacional", mientras que "el objeto social deberá especificar de manera inequívoca su carácter representativo nacional".

Además, la entidad deberá demostrar que su estructura organizativa, membresía y actividades están distribuidas equitativamente en al menos tres regiones geográficas del país (por ejemplo, Norte, Centro y Sur), con representación activa en cada una de ellas.

El proyecto agrega que, independientemente de la ubicación de la sede social, la entidad deberá contar con filiales o representaciones operativas en al menos tres provincias y/o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La IGJ será responsable de verificar que las asociaciones civiles inscriptas cumplan con los requisitos establecidos, además podrá intimar a las organizaciones que incumplan a modificar su nombre y hasta sancionarlas si no lo hacen.

El texto contempla modificaciones en los artículos 168 y 174 del Código Civil y Comercial de la Nación.

"En Argentina existen casos donde asociaciones civiles que se presentan como representantes nacionales de ciertos sectores, actividades o intereses, en realidad sólo representan a actores locales o de una única región", señaló Agost Carreño en los fundamentos.

Para el diputado cordobés, esta propuesta "es crucial para evitar que entidades locales se beneficien de la connotación de ser representativas a nivel nacional, sin cumplir con la responsabilidad y compromiso que ello implica".

"En muchos países se han adoptado regulaciones similares para controlar las denominaciones y funciones de las organizaciones, buscando asegurar que las representaciones nacionales no se utilicen de manera inapropiada. En la legislación comparada, la regulación de la denominación y el objeto social de las organizaciones es una práctica común para evitar que una entidad limite su influencia geográfica, pero siga operando bajo una denominación que sugiera lo contrario", sostuvo.

En medio de la traba que pesa sobre la comisión investigadora creada en la Cámara de Diputados por el caso $LIBRA -la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei que se derrumbó a minutos de su lanzamiento, dejando miles de afectados en distintos puntos del mundo-, el legislador de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño viajó a los Estados Unidos para interiorizarse sobre la causa judicial que se tramita allí.

El cordobés contó este martes que mantuvo "reuniones muy esclarecedoras" y "fue muy importante ver cómo está avanzando la Justicia". Además, aseguró que la información recopilada es "para que lo que no podamos saber nosotros desde el Congreso, lo pueda averiguar tanto la Justicia argentina como la de Estados Unidos, frente al bloqueo constante que nos produce el Gobierno".

"Ahora, están hasta fondos ingleses dentro de la causa reclamando que la plata que le debe Argentina se la pague (Hayden) Davis", señaló y resaltó que "hay muchísimos actores que están reclamando de la Argentina las respuestas que el presidente no dio".

En declaraciones a Radio 10, Agost Carreño reveló que otro de los diputados que viajó fue Itaí Hagman, de Unión por la Patria; mientras que también destacó las acciones de los cívicos Maximiliano Ferraro y Mónica Frade en cuanto a lo "reglamentario" y a otros legisladores que están acompañando a damnificados en Argentina. "Hay una gran división de tareas que nos ha permitido tener mayor información", dijo sobre las acciones de quienes integran la comisión por la oposición.

El diputado apuntó que "según la normativa que hay en Estados Unidos, es viable conocer quiénes inyectaron primero los fondos y luego los retiraron ese 14 de febrero". Al especificar que "todavía hoy se pueden mover fondos" por parte de sociedades múltiples -integradas por varias personas-, es posible "saber quiénes están detrás y podemos conocer si el entorno de Milei está involucrado".

Agost Carreño detalló, además, que el 30 de enero, minutos después de la primera foto pública entre Milei y Davis, el empresario cripto "hizo una transferencia a un usuario desconocido por 507 millones de dólares". "A los dos días, por 2 millones de dólares más; y al día siguiente aparece (Mauricio) Novelli abriendo cajas de seguridad con su familia y depositando el contenido de dos mochilas, que después es retirado a primera hora del primer día hábil después de la caída de $LIBRA", agregó.

"Vamos a intentar trabajar para desbloquear la comisión. Y vamos a trabajar un informe; si lo hacemos en dictamen o en conferencia de prensa lo vamos a determinar según cómo esté bloqueado o no el Congreso", concluyó.

En un contexto donde la conectividad digital se ha vuelto esencial para la vida cotidiana, el diputado nacional por Córdoba Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley que propone garantizar el acceso a Wi-Fi gratuito a bordo de todos los vuelos comerciales de pasajeros en Argentina.

La iniciativa establece que tanto las aerolíneas nacionales como extranjeras que operen rutas dentro del país deberán ofrecer, como mínimo, un servicio básico de conectividad inalámbrica durante el vuelo. En el caso de las compañías argentinas, la obligación también se extendería a sus vuelos internacionales.

El proyecto contempla que el servicio gratuito permita el uso de mensajería instantánea y correo electrónico, sin cargo adicional para los pasajeros. “Volar no debe implicar desconectarse del mundo”, argumentó Agost Carreño, quien considera que la conectividad es un derecho funcional vinculado a otros derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación social y económica.

La autoridad de aplicación será la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que deberá establecer los parámetros técnicos mínimos —como velocidad, latencia, seguridad y disponibilidad— y controlar el cumplimiento de la norma. Las aerolíneas tendrán un plazo de hasta dos años para adecuarse, aunque se prevén plazos diferenciados para operadores regionales o de menor escala.

El legislador también destacó que muchas aerolíneas internacionales ya ofrecen este tipo de servicios, y que Europa avanza hacia la inclusión del derecho a la conectividad como parte del estándar mínimo de atención al pasajero. “Argentina no puede quedarse atrás”, concluyó.

El diputado nacional de Córdoba Oscar Agost Carreño presentó un proyecto para crear un “Régimen Regulatorio de Criopreservación de Embriones Humanos”, con el objetivo de garantizar “un acceso seguro, gratuito y con las debidas garantías jurídicas y bioéticas” a las técnicas de congelamiento de embriones producto de fertilización in vitro.

“Es objeto de la presente ley declarar de orden público nacional el acceso a la criopreservación de embriones como parte integral de los tratamientos de reproducción humana asistida”, establece el artículo 1° de la iniciativa.

El texto regula el destino de los embriones criopreservados, que “podrán destinarse únicamente a su implantación con fines de gestación, a la donación a terceros o con fines de investigación científica, o a su disposición final luego de cumplidos los plazos máximos”. En este punto, el proyecto fija un plazo de diez años desde la criopreservación, tras el cual los titulares deberán prestar un nuevo consentimiento sobre la disposición de los embriones. El congelamiento podría renovarse sucesivamente hasta que la mujer cumpliera 51 años.

También se incorpora un marco para resolver conflictos entre los titulares de los embriones, estableciendo que “se priorizará la postura del titular que sostuviera la negativa a la implantación, a la donación y a la suspensión de la conservación”, con resolución judicial en los casos de desacuerdo.

Entre las novedades, se propone la creación del Registro Nacional de Embriones Criopreservados, destinado a “garantizar la trazabilidad de los embriones, resguardando la confidencialidad de la información”. La autoridad de aplicación deberá implementar este registro en un plazo de 90 días desde la publicación de la ley.

En los fundamentos, el diputado de Encuentro Federal sostuvo que la norma “responde a una demanda creciente de la sociedad” y busca dar respuestas claras a situaciones no contempladas por la ley vigente. “La posibilidad de preservar embriones generados por fecundación in vitro es una herramienta clave en los tratamientos modernos, permite mayor eficacia médica, menor riesgo para las pacientes, y opciones reproductivas reales para quienes desean tener hijos en el futuro, sin importar su condición social, orientación sexual o lugar de residencia”, argumentó.

El legislador también reconoció que el proyecto plantea cuestiones que no estarán exentas de debate, como la filiación post mortem y la autorización a los centros de salud para detener la criopreservación. “Lo hacemos con la férrea convicción de que resulta necesario actualizar el marco normativo para evitar la judicialización, que además de mayores tiempos y costos puede implicar prolongar la angustia de aquellos que tienen la voluntad de ser progenitores”, advirtió.

La propuesta se presenta como complementaria de otra iniciativa de su autoría sobre gestación por sustitución, con la premisa de que “los avances científicos deben estar al servicio de los derechos reproductivos de las personas, garantizando su ejercicio igualitario en todo el territorio nacional”.

En la primera parte de la sesión del miércoles pasado, cuando durante las cuestiones de privilegio surgió el tema de YPF, el diputado Miguel Pichetto anticipó que con su bloque plantearía la ratificación del artículo 10 de la ley de expropiación en defensa de las acciones de YPF que están en la Argentina.

“Para hacer uso por parte de la jueza y los acreedores, se requiere una ley de este Congreso y se necesitan los dos tercios de los representantes del Congreso -señaló-. Es lo que está estipulado en la ley de expropiación que hemos votado”.

Y acaba de presentar el proyecto que había anunciado, que redactó junto a su compañero de bloque Oscar Agost Carreño: un proyecto de resolución para ratificar el artículo 10 de la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera.

La iniciativa reafirma que cualquier intento de ceder, transferir o disponer de acciones de YPF SA por parte del Estado Nacional debe contar con la aprobación previa de las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso. Además, declara nula de nulidad absoluta cualquier acción que se realice sin esa autorización legislativa.

“El objetivo es dejar en claro que el control estatal sobre YPF no puede ser negociado ni entregado sin el aval del Congreso. Es una cuestión de soberanía energética y de respeto al marco legal vigente”, señalaron los autores del proyecto.

El texto también insta al Poder Ejecutivo y a la Procuración del Tesoro a abstenerse de realizar cualquier acto jurídico que implique la pérdida total o parcial del control estatal sobre la petrolera, sin la expresa aprobación del Parlamento.

En los fundamentos, los legisladores advierten que el reciente fallo del tribunal estadounidense, en el marco del litigio iniciado por el Grupo Petersen y el fondo Burford Capital, podría abrir la puerta a negociaciones que incluyan acciones de YPF como forma de compensación. Frente a ese escenario, consideran urgente reafirmar la vigencia del artículo 10 como una herramienta de defensa jurídica y diplomática.

“La preservación de YPF como activo estratégico del Estado argentino no puede quedar sujeta a decisiones unilaterales ni a presiones externas. Esta resolución es un mensaje claro: nuestras leyes se respetan y el Congreso tiene la última palabra”, concluyeron.

Gran expectativa hay en torno a la posibilidad de que la oposición pueda alcanzar este miércoles el quórum para alguna de las dos sesiones pedidas en la Cámara de Diputados. En la primera, solicitada por el bloque Democracia para Siempre y los radicales Julio Cobos, Natalia Sarapura y Mario Barletta, hay un amplio menú de temas pero sobresalen la cuestión del financiamiento universitario y la crisis en el Hospital Garrahan.

La posibilidad de que haya sesión crecía, conforme se aproximaba la hora de la sesión. Costó, pero finalmente hubo acuerdo en Labor Parlamentario para una sesión corta que comenzará con el emplazamiento para el tema financiamiento universitario. Luego vendrá la cuestión del Garrahan y la emergencia pediátrica.

A continuación será el turno del emplazamiento por un proyecto que crea un régimen de promoción de la salud cerebral; luego el proyecto denominado Crecer con Salud; los proyectos sobre PyMEs; huso horario y retenciones.

Luego de una tanda de cuestiones de privilegio se abordarían los temas que tienen dictamen: juicio por jurados y la reforma de la ley que rige los DNU.

Esta sesión tiene el aditamento de que la situación en el hospital pediátrico se ha agravado. Precisamente a partir de ello, Democracia para Siempre insistió con la necesidad “imprescindible de que todos los bloques den quórum a la sesión” convocada para este miércoles al mediodía. “El Garrahan se defiende en las bancas”, remarcó el bloque presidido por Pablo Juliano, que advirtió sobre “la decisión de ir a fondo con la crueldad del Gobierno nacional contra el principal hospital pediátrico del país”.

Se suma a esa situación complicada el anuncio del cierre de la residencia de pediatría del Garraham decidida por el Ministerio de Salud. “Lo hizo por la puerta de atrás: transformándolo en una beca precarizada”, explicaron este miércoles los jueves. ¿Qué significa esto? “Que los residentes dejaremos de cobrar un sueldo en blanco, no tendremos obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias y antigüedad en el hospital. A cambio, recibiremos un ‘estipendio’. No es salario. No hay derechos laborales. No hay futuro. La solución no puede ser el retroceso”, plantearon los residentes.

A través de la red social X señalaron que “desde el Ministerio nos aseguran que con ‘el sello Garrahan’ es suficiente. Como si el prestigio pudiera pagar alquiler, comida o salud. Como si los cuatro años de formación, guardias interminables y responsabilidades clínicas pudieran pagarse con palmaditas en la espalda. Sin residentes, el Garrahan no funciona”.

“Esto no es solo un ataque a los médicos en formación: es un intento de destruir el sistema de residencias como lo conocemos, de precarizar aún más la salud pública”, advirtieron a través de un posteo en las redes sociales que los diputados que convocan a la sesión de este miércoles utilizaron para tratar de garantizar el quórum este mediodía.

Un quórum que se complica tanto para la sesión del  mediodía. Para la misma los temas son bien diversos y tienen en su mayoría un mismo hilo conductor que hace difícil -sino imposible- su tratamiento este miércoles: carecen de dictamen. Por eso el objetivo fundamental de esta sesión es emplazar a las comisiones para apurar el tratamiento de esos temas que la oposición quiere instalar como agenda.

Dos de esos proyectos sobresalen sobre el resto: el proyecto de financiamiento universitario y el de emergencia en pediatría, elaborado a imagen y semejanza de la crisis que atraviesa el Hospital Garrahan.

Son varios los proyectos que hay sobre el tema y la idea es emplazar a la Comisión de Presupuesto para que se avenga a dar dictamen y luego sean tratados en el recinto en plazo perentorio.

El temario incluye un proyecto que crea un régimen de promoción de la salud cerebral -que tiene despacho de la Comisión de Salud-; una serie de proyectos para el impulso y desarrollo de las PyMEs; y uno sobre modificación del huso horario (un tema fetiche para el mendocino Cobos.

Pero en este temario hay dos temas que sí están en condiciones de tener media sanción en caso de aprobarse, por contar con los dictámenes necesarios. Una es la orden del día firmada en octubre de año pasado sobre la implementación a nivel nacional del juicio por jurados. Se había firmado con un amplio consenso, que incluyó a La Libertad Avanza, Unión por la Patria y bloques dialoguistas.

El otro tema tiene que ver con la modificación de la Ley 26.122, que regula el trámite de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso. La iniciativa intentó llevarse a una sesión en noviembre de 2024 que fracasó.

La otra sesión

Una parte más numerosa de la oposición sorprendió este lunes pidiendo su propia sesión para el mismo miércoles 2 de julio, en este caso para las 14.30. En este caso el pedido fue formulado por diputados de la bancada más numerosa, la de Unión por la Patria y Encuentro Federal, más la diputada Danya Tavela, de Democracia para Siempre.

En este caso, el temario incluye el rechazo a diferentes decretos de necesidad y urgencia: el 340 que aprobó el nuevo régimen de la Marina Mercante; rl 344 sobre organismos fusionados de la órbita del Ministerio de Justicia; el 345 que cerró organismos que dependen de la Secretaría de Cultura; y el 351 que dispuso la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos.

Asimismo fue incluido un proyecto de ley que modifica a la Ley 24.769 y establece un nuevo Régimen Penal Tributario sobre actualización de montos por el delito de evasión tributaria, impulsado por el diputado cordobés Oscar Agost Carreño. El texto tiene dictamen unificado y está listo para votarse en el recinto desde noviembre de 2024.

Al respecto, cabe recordar que el pasado 5 de junio el Gobierno nacional, con José Luis Espert como orador, presentó el proyecto de ley de principio de inocencia fiscal. La iniciativa del Poder Ejecutivo propone incrementar el monto mínimo considerado como delito de $1.500.000 a $100.000.000. Desde que el texto ingresó por la mesa de entradas de la Cámara de Diputados, jamás hubo anuncios, ni convocatoria a debate en comisiones. Según supo parlamentario.com, el plan original de La Libertad Avanza era el de avanzar con la sanción de la ley antes del receso invernal (del 21 de julio al 4 de agosto), pero con el correr de los días esa meta se fue desvaneciendo y el tratamiento jamás comenzó.

En este caso, la sesión fue pedida por Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Pablo Carro, Carolina Gaillard, Silvana Ginocchio, Gustavo González, Ramiro Gutiérrez, Blanca Osuna, Lorena Pokoik, Agustina Propato, Vanesa Siley, Martín Soria, Julia Strada y Hugo Yasky, de Unión por la Patria; Emilio Monzó, Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño, Natalia de la Sota, Mónica Fein, Esteban Paulón y Margarita Stolbizer de Encuentro Federal; y Danya Tavela de Democracia para Siempre.

El destino de la convocatoria a rechazar los decretos de necesidad y urgencia mencionados y el tratamiento del nuevo Régimen Penal Tributario está directamente ligado a la suerte de la sesión especial de las 12. Las miradas estarán puestas en el quórum, que a estas horas se presenta como muy difícil.

La apuesta que hacen los diputados opositores tiene a los gobernadores en la mira. Precisamente para captar la atención de varios de esos gobernadores, especialmente el cordobés, Democracia Cobos Sarapura y Barletta presentaron el lunes una ampliación de temario de la sesión de las 12. Se agregan los proyectos de retenciones que no han sido dictaminados ni por Agricultura ni Presupuesto. Es a pedido de los cordobeses Martín Llaryora y Juan Schiaretti, y como contrapartida aseguraría la presencia de diputados con los que se podrían acercar al quórum.

Se trata de seis expedientes vinculados con los derechos de importación, cuando el Gobierno de Javier Milei restableció las retenciones más altas a las exportaciones de soja, maíz, sorgo y girasol, luego de haberlas reducido temporalmente desde enero. Esta decisión fue oficializada mediante el decreto 439/2025, publicado en el Boletín Oficial.

Tras la polémica generada por el jefe del bloque UCR en Diputados, Rodrigo de Loredo, quien difundió un video del gobernador cordobés, Martín Llaryora, realizado con inteligencia artificial, su par en la Cámara baja Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley que "busca proteger la integridad de las elecciones frente al uso indebido de la IA en las campañas políticas".

La iniciativa propone incorporar al Código Electoral Nacional una cláusula de inhabilitación que impida oficializar como precandidatos o candidatos a las personas que participen en maniobras de manipulación digital mediante IA, ya sea creando, difundiendo o financiando contenidos falsos que simulen expresiones o actos de terceros con fines electorales. El proyecto también establece un procedimiento sumarísimo para determinar responsabilidades en forma rápida durante el desarrollo de las campañas.

“La inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosa al servicio del bien común, pero también puede convertirse en un arma de manipulación masiva cuando se la usa para fabricar discursos, imágenes o audios falsos que alteran la voluntad popular. No podemos permitir que las elecciones se definan por mentiras sintéticas viralizadas en redes sociales”, afirmó Agost Carreño.

Entre los antecedentes que motivaron la propuesta se destacan casos recientes como la falsificación de un video del expresidente Mauricio Macri en plena campaña electoral porteña, viralizado por militantes libertarios; la difusión de un discurso manipulado atribuido al gobernador de Córdoba, precisamente por De Loredo; y el uso no autorizado de la voz del cantante “La Mona” Jiménez en jingles proselitistas generados con síntesis digital.

La propuesta prevé que, si se confirma la responsabilidad de un candidato, no solo quedará inhabilitado para asumir el cargo, sino que la sanción se extenderá al resto de los integrantes de su lista. Además, otorga a la Cámara Nacional Electoral la facultad de reglamentar la norma, establecer estándares técnicos y actuar de oficio frente a posibles violaciones.

“Esta ley no busca limitar la libertad de expresión ni el uso legítimo de nuevas tecnologías, sino garantizar que los ciudadanos puedan votar informados, sin ser engañados por estrategias digitales sofisticadas que distorsionan la realidad”, subrayó el legislador cordobés.

En el arranque de la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, la oposición intentó -sin éxito- elegir las autoridades de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA dentro del recinto, en la cual no pudo elegirse un presidente el pasado 30 de abril, por quedar empatados 14 a 14 los legisladores que están de un lado y del otro.

Luego de dos horas de una extensa discusión reglamentaria y de un cuarto intermedio de media hora, los jefes de bloques y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, acordaron “dejar en stand by” una moción que había sido planteada por el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, la que provocó todo el debate.

Con un temario de proyectos de impacto social que se encontraba en espera, se resolvió empezar a tratar la cuestión previsional y dejar para más adelante de la sesión la votación de un emplazamiento a la Comisión Investigadora para la semana próxima y un segundo encuentro posterior, con el fin de destrabar la situación y poner en marcha un plan de trabajo.

Finalmente eso se concretó a las 2.06 de la madrugada. Germán Martínez había intentado hacer la moción antes, pero el presidente de la Cámara se lo negó, invocando que tenían que cumplir lo acordado y eso sería inmediatamente después de que concluyera la votación por la emergencia en discapacidad.

Y cumplió. Oscar Agost Carreño mocionó entonces convocar a la Comisión Investigadora de la criptomoneda $LIBRA el martes 10 de junio a las 16, y luego citar a una informativa para el miércoles 25 de junio a las 16, facultándose al secretario Parlamentario a que oficie como coordinador para llevar adelante las referidas reuniones, como así también recepte de cada bloque hasta tres propuestas de invitaciones para el 25 de junio.

La moción se votó (y aprobó) a mano alzada, pero previamente Maximiliano Ferraro intervino para aclarar que ellos votarían en contra. Es que admitió las buenas intenciones de los jefes de bloques, pero dijo que la Coalición Cívica no había acompañado, insistiendo en que “si no resolvemos el fondo de la cuestión, que es que este Congreso no renuncie al poder de contralor de la investigación, a esta altura de la situación, no vamos a acompañar esta decisión que tomó una mayoría calificada”.

El origen de la discusión

En el inicio de la sesión, el diputado Agost Carreño puso a consideración un tema que no figuraba en el temario del día y que ya habían anticipado en cierta forma en la reunión de Labor Parlamentaria. Aclaró que no tenía ánimo de desordenar la sesión, pero proponía poner a consideración la moción para resolver las autoridades de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA, basándose en el artículo 228 del reglamento.

Y, atento a que el oficialismo se resistiría a hacerlo, trajo a consideración tres antecedentes sobre mociones de interpretación basadas en eses artículo del reglamento. En dos se remontaba al año 2010, cuando la conformación del recordado Grupo A, para la integración de las comisiones; más otro de 2015, cuando arrancó la modalidad de los emplazamientos que inauguró, recordó el cordobés, la diputada del Pro Silvana Giudici. Entre los antecedentes citados, se encontraba una moción hecha en 2010 por la entonces diputada Patricia Bullrich.

El legislador de Encuentro Federal justificó su pedido en la situación de bloqueo que se da en la comisión investigadora, que de tal manera no puede cumplir con una orden que votó el recinto. Cuando sucede así, expresó, “lo tiene que resolver el Cuerpo y eso es porque usted tiene que ser el primer intérprete del reglamento”. Entonces propuso una moción de interpretación del artículo 106 del reglamento, de acuerdo con lo que establece el 228, que interpreta que en el caso de que no sea posible la instalación de autoridades en una comisión, corresponde al pleno elegir autoridades a pluralidad de votos. “Pido una mera interpretación del 106, por lo que dice el 228”, resumió.

Antes de darle la palabra a la diputada Giudici, Menem advirtió que Agost Carreño estaba planteando una modificación del reglamento, por lo que no tendrían ninguna duda respecto de cómo resolver.

A continuación, la secretaria parlamentaria del Pro sostuvo que la Cámara tenía, por el artículo 29, delegada la conformación de comisiones especiales, mientras que el artículo 107 dice que los miembros no se pueden remover hasta finalizar el período ordinario, en el caso de las comisiones permanentes, o hasta que terminen su cometido, en el caso de las especiales.

Según Giudici, “la Comisión $LIBRA fue constituida, está formalmente funcionando. Por otra parte, está claro, y hay mucha jurisprudencia que plantea en varias causas una doctrina de interpretación constitucional según la cual se deben respetar los derechos adquiridos”. La diputada insistió en que la Comisión $LIBRA está funcionando y que las autoridades deben elegirse por la mayoría de sus miembros. “No hay posibilidad de cambiarlo en el recinto, ni por mayoría simple, ni por dos tercios, porque eso vulneraría la institucionalidad”, enfatizó.

A juicio de la aliada del oficialismo, la comisión investigadora fue conformada, está funcionando, “pero como no se ponen de acuerdo intentan ahora vulnerar el reglamento y la autonomía del resto de los bloques que la integramos y de este recinto”. Y a continuación sorprendió trayendo a colación la constitución de una nueva comisión. “Nada dicen del escándalo del fentanilo adulterado”, advirtió, hablando de vinculaciones del intendente peronista Mario Ishii y algunos diputados de UP con mandato vigente, que tendrían que explicar su vinculación con el tema que involucra a laboratorios vinculados con el kirchnerismo. Habló de las 34 muertes ya registradas, y le reclamó a la oposición acompañar el proyecto que sobre el tema acababan de presentar diputados de su bancada.

“Nuestra posición es siempre a favor de la transparencia, la justicia y la división de poderes. Dejen de montar un show… ¿Por qué nadie de ningún bloque habló de las 34 muertes que nos sigue costando el kirchnerismo con cada escándalo?”, concluyó.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro ahondó en los argumentos que había dado Agost Carreño, e insistió en que el reglamento establece que “cualquier diputado puede solicitar en este recinto la interpretación del reglamento”. Y le advirtió a Menem y a Giudici que, si tenían alguna duda, correspondía al Cuerpo hacer una votación para definir y resolver la interpretación que corresponde al reglamento en virtud del 228, que a continuación pidió leer.

Antes de que el secretario Parlamentario leyera ese artículo, el presidente de la Cámara le pidió que también leyera el 227, y adelantó que el 228 habla de la interpretación y no de la modificación del reglamento, en caso de que haya alguna laguna. “La vía que corresponde es presentar en la Comisión de Peticiones un proyecto que modifique el reglamento. Esa es la postura de la presidencia”, señaló Menem.

¿Qué dicen los artículos puestos a consideración?

Artículo 227. Ninguna disposición de este reglamento  podrá  ser  alterada  ni  derogada  por  resolución  sobre tablas, sino únicamente por medio de un proyecto en forma que seguirá la misma tramitación que cualquier otro y que no podrá considerarse en la misma sesión en que hubiere sido presentado.

Artículo 228. Si ocurriese alguna duda sobre la inteligencia de alguno de los artículos de este reglamento, deberá resolverse inmediatamente por una votación de la Cámara, previa la discusión correspondiente

Y, a pedido de Menem, el secretario Parlamentario leyó también la primera parte del artículo 106, que dice que “las comisiones se instalarán inmediatamente después de nombradas, y elegirán a pluralidad de votos un presidente”.

Desde el oficialismo, la diputada Nadia Márquez explicó a continuación que el proyecto por el cual se constituyó la comisión investigadora había establecido que ellos elegirían por mayoría de votos a su presidente. “Es muy clara la redacción, quizá no hicieron los números antes. Al artículo 228 dice que tiene que haber una duda sobre la inteligencia de alguno de los artículos de ese reglamento”, inidcó la neuquina, para quien quedaba claro que no hay ninguna duda. “No hay duda, lo que no tienen son los votos para instalar la presidencia”, resumió.

Para el diputado de izquierda Christian Castillo, lo que se estaba discutiendo era “si se sostiene una política de bloqueo o si se puede avanzar en la investigación. Eso es lo que se está discutiendo”, y concluyó advirtiendo que el presidente Javier Milei estaba yendo a España “a promover un evento cripto, a seguir estafando”.

Por su parte, la diputada de Democracia para Siempre Carla Carrizo alertó que “hace tiempo que tenemos problemas reglamentarios” y aseguró que “hace dos años que el Congreso no funciona, entonces lo que nos parece normal es extraordinario”. La radical sostuvo que lo que se planteó era una moción, y que lo que debían resolver no era una cuestión reglamentaria: “Es una cuestión política; es un empate político, estamos garantizando el funcionamiento de una comisión que se votó por mayoría. Estamos interpretando cómo salir de un empate político".

“Es un tema de mayorías, votemos, que lo resuelva el pleno. No puede ni usted, ni ningún gobierno limitar el pleno”, asevró, para citar más antecedentes que justificaban la postura de la oposición. Menem le contestó diciendo que todas las interpretaciones presentadas se tratan de dudas reglamentarias. “Acá hubo un empate; no confundamos dudas reglamentarias con un empate netamente político, que tiene que resolver la comisión”, devolvió el riojano.

Fue el turno luego de la secretaria parlamentaria de UP, Paula Pennaca, quien sostuvo que una moción debe ser puesta a consideración. Y le dijo a Menem que “lo que usted tiene que hacer es poner a consideración la moción de Agost Carreño. Me parece que es importante que podamos tener una moción clara”, y remarcó que “la facultad de interpretar está en el Cuerpo, no es del presidente. Deje de distraer el inicio de una sesión que es muy importante. Usted no tiene que resolver nada, tiene que poner a votación. La interpretación del reglamento la lleva adelante el Cuerpo, no quien lo preside”.

Pennaca enumeró las irregularidades que le atribuía al presidente de la Cámara. “Primero, construyeron una comisión que quedó empatada; no hay ninguna comisión que tenga número par, salvo las bicamerales. Después el oficialismo quiso nombrar al presidente (de la comisión), cosa que no tiene sentido, tratándose de investigar al presidente. Y finalmente arrogarse la facultad de definir qué va en el temario o no, cuando quisimos incluir este tema, usted se arrogó la facultad de quitarlo”, mencionó. “Así llegamos hasta acá. Dejen de garantizar la impunidad del Gobierno, queremos investigar, porque si se confirmara que Milei fue parte de una estafa millonaria sería gravísimo”, finalizó.

El presidente de la Cámara volvió a intervenir para afirmar que “hay un mecanismo para solucionar este tema”, y se quejó porque no se cumpliera con lo acordado en Labor Parlamentaria. Insistió en que no había ninguna duda reglamentaria, sino una situación política que tenía que resolver la comisión. “El pleno es soberano, pero tiene que respetar el reglamento que hemos creado. Si hay una necesidad de modificar el proyecto, tienen que presentar un proyecto, ir a la comisión y listo. Acá se trata de una mala praxis política en un apuro de determinar la situación. La presidencia no dispuso que las diputadas (Mónica) Macha y (Julia) Strada abandonaran su bloque para crear otro. No hay antecedentes, el caso más cercano se dio en la bicameral de DNU, que lo resolvieron ellos mismos”.

Por su parte, el diputado Fernando Carbajal le reclamo a Menem que “los que han quebrantado las reglas de convivencia han sido ustedes y lo peor que lo han hecho es para encubrir un negocio millonario hecho por el presidente de la Nación y sus allegados, por la complicidad de muchos otros que lo que están defendiendo no es un gobierno sino justificando dinero que seguramente han cobrado para encubrir esa estafa”.

Además, el formoseño le leyó el artículo 40 del reglamento a Menem para marcar que debía bajar a su banca y no usar el estrado para hacer la defensa política sobre un tema. Menem le contestó: “Soy árbitro”, y Carbajal replicó: “Acá el único árbitro es la coneja (Héctor) Baldassi”.

Más adelante, la diputada de UP Cecilia Moreau enfatizó que “$LIBRA fue una estafa, $LIBRA es un escándalo que la justicia debe investigar. Y no deben ocultar lo que pasó si no tienen nada para ocultar”. Directamente dirigiéndose a Menem, la expresidenta de la Cámara baja en la gestión anterior le recordó a su sucesor que las facultades que tiene “no son eternas, no son delegadas y son permanentemente revisadas por este Cuerpo en las cosas que hacemos”.

“Usted no es árbitro, no es príncipe, es uno más de nosotros y debe cumplir con determinadas reglas que la Constitución y el reglamento exigen, y no lo está haciendo”, le reprochó y agregó: “Usted está incumpliendo con los deberes de funcionario público, está haciendo abuso de autoridad”. Pero, en el final, sumó que considera que Menem debe “correrse a un lado” porque “la estafa de $LIBRA lo involucra”.

A continuación, el jefe de UP, Germán Martínez, le cuestionó a Menem actuar “como si fuera presidente de un bloque y no de la Cámara. Usted tiene derecho a defender a su Gobierno, pero no puede imponer su mirada en las reglas de funcionamiento del Congreso para llevar agua al molino propio”.

“El Cuerpo debe definir la interpretación del artículo 228”, dijo sobre lo que planteó Agost Carreño. “Los problemas de interpretación reglamentaria los resuelve el Cuerpo cuando aparecen”, remarcó, luego de recordar un antecedente de la exdiputada Elisa Carrió.

El santafesino añadió que “cuando se instala la arbitrariedad desde la presidencia de la Nación y de esta Cámara” lo que tienen que hacer “los propios diputados y diputadas” es “revalorizar las atribuciones de este Cuerpo”.

Cuando iban casi dos horas de discusión, el jefe del Pro, Cristian Ritondo, cuestionó “el oportunismo de siempre que lo que quiere hacer cuando se sienta acá es un golpe parlamentario. Le quiere sacar las facultades, le quiere sacar las funciones, lo quiere censurar en la palabra (al presidente)”. “Usted explicó el reglamento, lo que hay que hacer y prefieren no escucharlo”, siguió y acusó de querer hacer un “golpe parlamentario” a “los acostumbrados de siempre más los oportunistas nuevos”.

El bonaerense coincidió en que la discusión “vaya a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento” o que se convoque a la comisión investigadora “y ver si podemos saldar la presidencia como en cualquier comisión”. Para el aliado de LLA, “empezó la campaña electoral y el éxito del Gobierno les molesta a muchos” quieren “ver cómo desestabilizan al Gobierno”.

Tras ello, Menem sentenció: “Es un apartamiento del reglamento para esta Presidencia, así que vamos a votar”. Sin embargo, volvió a abrirse la discusión y finalmente se pasó a un cuarto intermedio que duró 35 minutos, donde se acordó la salida de votar un emplazamiento.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal - Córdoba) presentó un proyecto de ley para modificar el huso horario argentino. La propuesta propone cambios en la Ley 26.351 y pasar a cuatro horas al oeste del Meridiano de Greenwich (UTC -4) en forma permanente.

“Esta modificación no solo se sustenta en criterios científicos, históricos y energéticos, sino también en razones productivas, laborales y sociales        que resultan claves para el desarrollo del país con un enfoque de equidad federal funcional, según la cual las decisiones del Estado nacional deben minimizar las asimetrías geográficas y sociales”, explicó el cordobés.

Asimismo, propuso en segundo artículo a modificar que “se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a modificar el huso a tres horas al oeste (UTC -3) en todo o parte del territorio nacional, en determinadas épocas del año y atendiendo a razones debidamente justificadas que así lo aconsejen”.

Esta medida fue utilizada en los primeros dos veranos de la primera presidencia de Cristina Kirchner (2008 y 2009), pero nunca más se volvió a modificar el huso.

En el final del texto, Agost Carreño señaló que “la modificación propuesta representa un ajuste lógico y necesario a la hora oficial argentina. Alinear el huso horario con nuestra posición geográfica no solo es una corrección técnica, sino una medida de eficiencia económica, salud pública y federalismo funcional”.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley que busca reducir el desperdicio de alimentos en Argentina a través de su donación, reutilización y aprovechamiento sustentable.

La iniciativa apunta a transformar una realidad alarmante: cada año se tiran más de 16 millones de toneladas de comida mientras millones de personas sufren hambre y malnutrición.

“La paradoja es inaceptable. Somos uno de los mayores productores de alimentos del mundo, pero aún no tenemos una legislación que fomente el aprovechamiento de los excedentes”, advirtió Agost Carreño, quien remarcó la urgencia de construir una cultura de la solidaridad y la responsabilidad social en torno a los alimentos.

El proyecto contempla incentivos fiscales para las empresas que donen sus excedentes, una plataforma nacional para articular la redistribución con organizaciones sociales y bancos de alimentos, y campañas de concientización para reducir el descarte en todos los eslabones de la cadena alimentaria. También promueve el uso sustentable de lo que no es apto para consumo humano, como la producción de compost, biogás o alimentos para animales.

“La idea no es solo evitar el desperdicio. Es impulsar una economía circular y reconocer a quienes se comprometen con una forma más responsable de producir, vender y consumir”, explicó el diputado cordobés. En esa línea, el proyecto incluye un sello distintivo para las empresas que adopten buenas prácticas, con beneficios concretos como prioridad en contrataciones estatales o acceso a créditos con tasas preferenciales.

Según Agost Carreño, se trata de una política pública que puede tener beneficios económicos indirectos al reducir el impacto ambiental y amortiguar los efectos sociales del hambre. “Donar no puede ser más costoso que tirar. Esta ley busca revertir esa lógica”, afirmó.

Inspirado en experiencias exitosas como las de Francia, España o Dinamarca, el legislador destacó la necesidad de que el Estado asuma un rol activo como facilitador, y de que tanto el sector privado como los consumidores comprendan el valor de cada alimento que se produce. “Tenemos la oportunidad de transformar un problema estructural en una solución colectiva. Solo hace falta voluntad para hacerlo realidad”, enfatizó para concluir.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley que tiene como fin proteger el acceso a información confiable y promover la verificación de datos como herramienta ciudadana, en medio de un año electoral donde las “fake news” están a la orden del día.

“Vivimos rodeados de desinformación que confunde, genera miedo y erosiona nuestra convivencia democrática. Una democracia sólida necesita debate, sí. Pero también necesita hechos. Sin datos confiables, no hay decisiones libres”, argumentó el diputado cordobés y precisó que “más del 50% de los argentinos se encuentra con noticias falsas todos los días”.

Por ese motivo, su propuesta busca incentivar y proteger el acceso a la información veraz, a través de los distintos medios de comunicación y redes sociales. Además, promover la práctica de un periodismo “serio y comprobable, mediante la implementación de sistemas de Verificación de Datos y Hechos”.

“Aportar mayor seriedad a la información que circula en los distintos medios, procurando que la verificación de datos se consolide como un pilar fundamental para fortalecer la democracia. Arbitrar la detección sencilla de las noticias falsas como herramienta para contrarrestar su propagación”, suma.

También propone concientizar a la ciudadanía sobre la existencia del fenómeno y “despertar en ellos un espíritu crítico a la hora de consumir y replicar esa información y desarrollar recursos necesarios para verificar información de origen dudoso”.

A su vez, plantea la ceración de un Consejo Nacional de Verificadores de Datos y Hechos (CNVDH) como                organismo autó nomo, cuyo objetivo es evaluar y acreditar los sistemas de verificación de hechos implementados por empresas de comunicación de medios y periodistas, garantizando que éstos funcionen de manera seria y eficaz.  “El CNVDH deberá tener un enlace con el Ente Nacional de Comunicaciones que, a su vez, deberá instruir y resolver los recursos administrativos que determine la reglamentación que fueran interpuestos contra las decisiones del CNVDH”.

Dicho Consejo estará compuesto por representantes de la sociedad civil, expertos académicos y técnicos, miembros designados por la fuerza política de la oposición, miembros de asociaciones de periodistas, miembros de la ENACOM.

Además, propone una serie de beneficios e incentivos para los medios, redes, periodistas, comunicadores y creadores de contenido que implementen sistemas de verificación de datos, tales como deducciones impositivas en el impuesto a las ganancias e IVA hasta un 30%; asignación de fondos especiales; código de verificación.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal – Córdoba) presentó un proyecto de ley para declarar obligatoria la educación financiera en los establecimientos educativos de gestión estatal y privada a partir del nivel secundario del sistema educativo nacional, al que cuestionó: “Sigue repitiendo esquemas, modalidades y planes de estudios que remiten a comienzos del siglo XX”.

En segunda instancia, explicó que educación financiera es “el proceso de aprendizaje y comprensión de los conceptos y productos financieros para tomar decisiones informadas sobre el manejo del dinero y el bienestar financiero, a través de la adquisición de conocimientos sobre presupuestos, ahorros, inversiones, administración de deudas, activos digitales y otros aspectos relacionados a las finanzas”.

Para ello propone incorporar una modificación a la a Ley de Educación Nacional (26.206). “Creo que es de vital importancia que los jóvenes que terminan el colegio secundario cuenten con algunas herramientas básicas en términos de formación financiera, que les permitan partir de una mejor posición de cara al mercado laboral del futuro o, simplemente, poder tomar decisiones con mayor sustento respecto de cómo desenvolverse con relación a su realidad económico-financiera”, consideró el cordobés.

El proyecto presentado por Agost Carreño propone un tiempo de aplicación gradual de seis a 24 meses.

Luego, explicó que los cuatro preceptos básicos de esa nueva asignatura serán el conocimiento y comprensión; los riesgos y beneficios; la responsabilidad y la administración; y los activos digitales que operan en el mundo tales como, criptomonedas, stable coins, meme coins, nfts y las variantes de activos tokenizados.

Así las cosas, definió que cada jurisdicción deberá arbitrar los medios necesarios para la realización, a lo largo del ciclo lectivo de los educandos de nivel secundario en adelante, de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares, para el efectivo cumplimiento de las previsiones de esta iniciativa.

En el último artículo, propuso una aplicación gradual y progresiva, acorde al desarrollo de las acciones preparatorias en aspectos curriculares y de capacitación docente. Sugirió que la autoridad de aplicación establezca un plazo de 180 días hasta dos años para el cumplimiento, en caso de que se apruebe.

“Veo como la falta de conocimientos financieros básicos deja a la ciudadanía expuesta y vulnerable a los distintos modelos de estafas disfrazadas de oportunidad de inversión, teniendo en cuenta que en los últimos tiempos ha ido en aumento el número de víctimas estas estafas, sin ir más lejos el año pasado la ciudad de Pergamino sufrió una “mega estafa” que afectó a gran parte de su población”, manifestó en los fundamentos.

En el final, Oscar Agost Carreño señaló que “el proyecto prevé que cada comunidad educativa pueda incluir en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, así como a su desarrollo económico, financiero, industrial y tecnológico”.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal – Córdoba) solicitó, a través de un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional, información detallada sobre a los controles que ha llevado adelante sobre la empresa Flybondi y otras aerolíneas low cost que operan en el país en medio de una acumulación de denuncias por cancelaciones, demoras y reprogramaciones de vuelos.

“Los usuarios tienen derecho a saber si están siendo protegidos”, reclamó el cordobés, quien además, cuestionó: “Queremos saber si las empresas que incumplen con sus obligaciones están siendo sancionadas como corresponde, y si existen mecanismos eficaces para que los pasajeros damnificados puedan reclamar”.

Oscar Agost Carreño remarcó que hubo gran cantidad de denuncias sobre vuelos cancelados.

Este proyecto está dirigido a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y a la Secretaría de Transporte. El propósito de Agost Carreño es poner el foco en la situación de la aerolínea de bajo costo que concentra buena parte de su operación en el Aeropuerto Internacional de Córdoba. “En los últimos días, una serie de demandas judiciales presentadas en juzgados federales de la provincia reavivaron las críticas contra la compañía, que según los denunciantes ha causado graves perjuicios económicos y personales sin ofrecer respuestas adecuadas”, relató.

El legislador también reclamó información sobre posibles sanciones aplicadas, mecanismos de monitoreo, y la evaluación oficial respecto a los efectos de la llamada “Revolución de los Aviones”, impulsada en años anteriores.

El proyecto advierte que, pese a que el Gobierno nacional reconoció el problema en 2023 e intimó a Flybondi a presentar un plan correctivo, los conflictos persisten. Para Agost Carreño, “es hora de determinar si el sistema de transporte aéreo en Argentina está a la altura de los estándares de previsibilidad, seguridad y respeto al consumidor que la ciudadanía merece”.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley que busca establecer un régimen específico de protección para quienes adquieren inmuebles en desarrollo, una modalidad cada vez más común y muchas veces riesgosa para los consumidores.

La iniciativa propone crear un marco legal que garantice mayor transparencia, control estatal y sanciones efectivas para los desarrolladores que no cumplan con sus compromisos. Entre otros puntos, establece que los fondos aportados por los compradores solo podrán destinarse a la obra comprometida, obliga a publicar balances y avances de obra, y prohíbe iniciar nuevas ventas si existen incumplimientos previos. También contempla la creación de un Registro Nacional de Desarrolladores Inmobiliarios y sanciones penales más severas para quienes incurran en estafas.

“El caso de Márquez & Asociados, que dejó a más de 4.000 familias afectadas, mostró lo grave que puede ser operar sin controles claros. No se trata de demonizar esta modalidad, sino de establecer reglas que den mayor seguridad a quienes deciden ahorrar e invertir en su casa propia”, explicó el legislador en los fundamentos del proyecto.

La propuesta se inspira en experiencias internacionales como las de España, México y Estados Unidos, y se presenta como complementaria de la Ley de Defensa del Consumidor. “El objetivo es que quienes compran en pozo estén amparados desde el primer momento por un sistema transparente, previsible y justo”, agregó el cordobés.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo Nacional brinde información urgente y detallada sobre la situación de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” S.A. (FAdeA), tras el cierre temporal de la planta y los reclamos salariales del personal.

El legislador exige conocer las razones que motivaron el cierre de FAdeA por 72 horas, iniciado el lunes 12 de mayo, así como las condiciones laborales actuales de sus trabajadores. Según advirtió Agost Carreño, “el cierre se produjo en un contexto de tensiones internas y conflictos laborales relacionados con el pago de salarios, y hubo incluso protestas dentro de la fábrica y participación policial”, contó.

“Es una empresa estratégica para la defensa nacional y el desarrollo tecnológico del país, y no puede operar en condiciones de incertidumbre”, sostuvo el diputado por Córdoba, quien remarcó que parte del personal habría cobrado solo el 30% de su salario y recibido una suma fija de $500.000 como pago parcial del mes de abril.

Además de solicitar explicaciones por el retraso salarial, el proyecto requiere que se informe el plan de negocios vigente, los contratos activos y futuros —tanto nacionales como internacionales—, y las acciones previstas para garantizar la continuidad operativa de FAdeA y la estabilidad laboral de sus empleados.

“Existen contratos frenados y aviones sin reparar en la fábrica. Este cuadro no solo afecta a los trabajadores, sino que pone en riesgo la capacidad operativa de una empresa clave para la industria aeronáutica nacional”, advirtió Agost Carreño y concluyó: “El Congreso debe ejercer su rol de control y exigir transparencia en la gestión de una empresa pública de esta magnitud”.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal – Córdoba) presentó un proyecto de ley para prohibir la exhibición de animales en espacios comerciales del territorio de la República Argentina dentro de jaulas, contenedores, vidrieras, escaparates, vitrinas o espacios similares de exhibición al público con el objetivo de proteger su bienestar.

El texto aclara que sí se permitirá el uso de medios digitales para la exhibición no presencial de animales. Además, los establecimientos deberán garantizar higiene, ventilación, espacio y alimentación adecuada para los animales; y se establecen una serie de sanciones por incumplimiento, que incluyen multas y clausura de establecimientos. ​

De todos modos, el legislador cordobés aclaró en la iniciativa que se permiten excepciones para animales que requieren condiciones específicas de alojamiento, como peces y aves. ​

En otro punto, le sugiere a las provincias la posibilidad de dictar normas complementarias para exigir y garantizar el bienestar animal en todos los casos.

En los fundamentos, Agost Carreño explicó que “la normativa vigente en nuestro país, encabezada por la Ley 14.346 — conocida como "Ley Sarmiento"— ya establece que serán reprimidos aquellos que inflijan malos tratos o actos de crueldad a los animales”.  “Este proyecto complementa y actualiza dicho marco legal, incorporando criterios modernos de bienestar animal y adaptación tecnológica”, explicó.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un pedido para interpelar al ministro de Defensa, Luis Petri, ante la grave crisis que atraviesa el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que brinda cobertura médica a más de 600.000 personas. Acompañaron como cofirmantes Ricardo López Murphy (RU) -presidente de la Comisión de Defensa-, Julio Cobos (UCR) y Agustina Propato (UP).

“La crisis del IOSFA no es solo un problema burocrático: está afectando directamente la calidad de vida de quienes integran las fuerzas de defensa y seguridad”, advirtió el legislador, quien además denunció una deuda creciente, demoras en pagos a prestadores y un deterioro generalizado en la atención médica.

También, el cordobés alertó sobre “gastos injustificados”, “falta de transparencia” y una conducción marcada por renuncias sucesivas.

La iniciativa, a su vez, exige explicaciones no solo sobre la situación del IOSFA, sino también sobre la relación con COVIARA, la desarrolladora inmobiliaria del Ministerio de Defensa, ante rumores de una posible liquidación.

"La salud de quienes sirven a la Patria no puede quedar a la deriva por desidia o desmanejo”, añadió Agost Carreño.

En los fundamentos del proyecto, el diputado remarcó que "las sombras de sospechas de desmanejos y una burocracia ineficiente se ciernen sobre la gestión del IOSFA. Las denuncias sobre un incremento injustificado en gastos de viajes y comisiones de servicio, sumado a la incorporación de personal sin la experiencia necesaria para administrar una obra social de tal envergadura, alimentan la desconfianza y la preocupación sobre el destino de los fondos públicos".

"La falta de transparencia en la gestión de los recursos no solo socava la credibilidad de la institución, sino que también podría estar contribuyendo directamente a la crisis financiera que la aqueja", dijo.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal – Córdoba) presentó un proyecto de ley para establecer un marco normativo que regule la actividad de “lobby” en los asuntos públicos. El objetivo planteado está relacionada a ordenar y visibilizar una práctica que en Argentina “opera desde hace años en una zona gris”, consideró.

La iniciativa contempla la creación de un registro nacional de gestión de intereses, de carácter público, digital y obligatorio, donde los gestores deberán inscribirse y declarar periódicamente sus actividades, reuniones y vínculos con funcionarios.

El diputado de Encuentro Federal expresó que “la influencia sobre decisiones del Estado no puede seguir ocurriendo en la opacidad”, y afirmó que “necesitamos saber quién gestiona intereses, ante quién, con qué fines y con qué recursos”.

Con el criptogate en agenda parlamentaria, el cordobés vinculó: “La necesidad de una regulación específica se volvió evidente tras el escándalo de Libra, la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei desde sus redes personales, luego de mantener reuniones con supuestos empresarios vinculados al mundo cripto”.

También, sostuvo que “lo de Libra dejó al desnudo los peligros de no tener normas claras. Una sola publicación presidencial, hecha tras esos encuentros con figuras del ecosistema Fintech, disparó el valor de una moneda sin respaldo y, con ello, benefició a algunos pocos y perjudicó a miles de pequeños ahorristas que confiaron en una supuesta legitimidad institucional”.

“Este proyecto no demoniza el lobby. Lo ordena, lo documenta y lo vuelve visible. Porque en una democracia sana, la ciudadanía tiene derecho a saber quién influye, con qué medios y para qué”, concluyó Agost Carreño.

Una sorpresa desagradable se encontraron este lunes los miembros del bloque Encuentro Federal. Es que al llegar, advirtieron que durante el fin de semana de Semana Santa, la oficina del bloque Encuentro Federal fue violentada.

Personas ajenas al equipo forzaron la puerta y provocaron daños en las instalaciones, sin llevarse ningún objeto de valor. Fue el único piso que sufrió este tipo de infortunio en todo el edificio, señalaron las autoridades del bloque a través de un comunicado.

El presidente del bloque, Miguel Angel Pichetto, y el secretario Parlamentario, Oscar Agost Carreño, informó que hicieron la denuncia correspondiente y notificaron a las autoridades de la Cámara de Diputados. “Esperamos una pronta respuesta por parte de las autoridades para que se identifique a los responsables del hecho y el mismo se esclarezca pronto”, agregaron las autoridades de Encuentro Federal.

El diputado nacional de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de ley para que los establecimientos gastronómicos del país estén obligados a ofrecer edulcorantes no nutritivos aprobados por la autoridad sanitaria y sin riesgos para la salud.

La iniciativa busca combatir el consumo excesivo de azúcar, una de las principales causas de obesidad y diabetes en Argentina. "Estos edulcorantes deberán suministrarse envasados y estar aprobados por la
autoridad sanitaria competente y no presentar riesgos conocidos para la salud según las disposiciones del Código Alimentario Argentino, Ley N° 18.248, así como la evidencia científica disponible", plantea.

“Muchos de los edulcorantes que encontramos en bares y restaurantes contienen azúcar en proporciones predominantes, engañando al consumidor y atentando contra la reducción de su ingesta. Es hora de garantizar que las opciones disponibles sean realmente saludables”, afirmó el legislador.

El proyecto también plantea que las sanciones por incumplimiento se actualicen automáticamente en función del valor de la canasta básica alimentaria, evitando que pierdan efectividad con el tiempo.

Según Agost Carreño, la propuesta se alinea con experiencias internacionales como la de la Unión Europea, que prohibió el uso de porciones individuales de azúcar en restaurantes, o la de Nueva York, donde se exige advertir sobre los alimentos con alto contenido de azúcar añadido. “La alimentación saludable no puede depender solo de la voluntad de cada persona; el Estado debe garantizar que haya alternativas reales para elegir mejor”, concluyó.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal – Córdoba) presentó un proyecto de ley para incentivar una mejor gestión de los envases vacíos de fitosanitarios. La iniciativa va dirigida a productores agropecuarios con un esquema de beneficios económicos y fiscales.

Explicó, en el texto, que se generan en Argentina “cerca de 20 millones de estos envases, lo que equivale a 17.000 toneladas de residuos plásticos”. “La ley actual impone una obligación sin incentivos, lo que hace que su cumplimiento sea casi imposible de controlar”, detectó el cordobés.

“Nuestra propuesta cambia el enfoque: en lugar de sumar burocracia y sanciones difíciles de fiscalizar, premiamos a quienes hagan las cosas bien”, agregó Agost Carreño, quien indicó que “en otros países, los incentivos funcionan mejor que las multas. En Brasil, por ejemplo, el programa Campo Limpo logró recuperar más del 90% de los envases con un esquema de descuentos”.

El proyecto establece que los productores que acrediten la devolución del 100% de sus envases podrán acceder a una deducción del Impuesto a las Ganancias, beneficios en el IVA y bonos de crédito fiscal intransferibles. Además, se creará un Fondo Nacional para la Gestión Sustentable de Envases, que otorgará descuentos en la compra de agroquímicos, financiamiento para infraestructura de reciclaje y un sistema de pago por retorno.

Otro punto clave del proyecto es la creación del Sello de Producción Sustentable en la Gestión de Envases, una certificación que permitirá a los productores acceder a créditos preferenciales, beneficios en compras públicas y bonificaciones en seguros agropecuarios.

En el final, el diputado de Encuentro Federal afirmó que “la sustentabilidad no puede ser solo un eslogan. Si queremos que el campo cuide el ambiente, tenemos que darle herramientas para que lo haga sin poner en riesgo su rentabilidad”.

Concluida la sesión de una manera caótica, el bloque oficialista emitió un comunicado detallando lo que se había acordado en la misma sesión y lo que intentaron hacer algunos sectores cuando ese plan de labor se había agotado.

Allí reseñaron que la Presidencia había propuesto en Labor Parlamentaria un plan de sesiones ordenado, pero no hubo acuerdo. Razón por la cual luego en plena sesión se aprobó el plan propuesto por el diputado cordobés de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, de modo tal de ordenar la sesión.

Así es que se votó la habilitación del debate en el recinto de los proyectos de pedidos de informes para su tratamiento, que necesitaban 2/3 de los presentes, siendo el resultado negativo. Luego se votaron los emplazamientos a las comisiones con competencia, para crear la comisión investigadora y para el tratamiento de los diversos pedidos de informe e interpelaciones, que resultaron afirmativas.

A continuación, se votó el emplazamiento para pedir juicio político al Poder Ejecutivo, cosa que fue rechazada.

La declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional para la ciudad de Bahía Blanca resultó con 230 votos afirmativos, con lo que, expresa el comunicado de LLA, “se agota el plan de labor, solo quedando cuestiones de privilegio”.

“Sorpresivamente, mientras se trataban estas últimas cuestiones, en una maniobra coordinada entre algunos sectores de Unión por la Patria y aliados, se pretende introducir un apartamiento del reglamento para derogar las facultades de emergencia al Poder Ejecutivo aprobadas por este Congreso en la Ley Bases”, señaló el comunicado de La Libertad Avanza, que hizo referencia a los disturbios que entonces se advirtieron en el recinto”, por lo cual la presidencia solicitó un cuarto intermedio que no fue acatado.

Acto seguido, la diputada Victoria Tolosa Paz pidió la votación del apartamiento y “cuando la presidencia se dispone a ponerlo a votación, no había quórum en el recinto y se procede a levantar la sesión, según ordena el reglamento”, concluye el comunicado.

La sesión de este miércoles arrancó a las 12.19 y concluyó casi seis horas más tarde, a las 18.08. Para el quórum aportaron los bloques de Unión por la Patria (incluidos santiagueños y catamarqueños), el grueso de Democracia para Siempre, más de la mitad de Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, y Álvaro González, del Pro, quien se había sumado al pedido de sesión. También los aliados habituales del oficialismo del MID, bloque que conduce Oscar Zago.

A pesar de que en la previa se esperaba que una mayoría de la UCR bajara al recinto, sólo lo terminaron haciendo los dos bonaerenses Karina Banfi (oriunda de Bahía Blanca) y Fabio Quetglas. También se sentaron en sus bancas los monobloquistas Roberto Mirabella (DSF), Mario Barletta (Unidos) y Lourdes Arrieta (EF-FC).

Impulsor de la sesión especial para tratar el caso $Libra, el presidente del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, dio este miércoles el puntapié inicial de ese debate, celebrando que se hubiera logrado haber las puertas de la Cámara baja, “porque creemos que el Congreso de la Nación tiene que cumplir su rol jurisdiccional”.

“Queremos saber si el 14 de febrero se  empezó a escribir un capítulo oscuro”, expresó el legislador radical, que a continuación pidió un apartamiento para tratar los proyectos de creación de una comisión investigadora sobre “la conducta del presidente Javier Milei en la promoción de una criptomoneda sea tratado y aprobado por este Congreso”.

Por no contar con los dictámenes correspondientes, la moción necesitaba 2/3 que no se consiguieron (la votación resultó con 144 votos afirmativos, y 87 negativos), por lo que el diputado Oscar Agost Carreño pasó a la siguiente instancia, que era plantear dos emplazamientos. Uno, a las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Finanzas y de Justicia, para tratar los proyectos de resolución sobre pedidos de informes e interpelaciones sobre el cripto escándalo, para el martes próximo a las 13 y dictamen el miércoles próximo a la misma hora.

El otro emplazamiento era a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, para el martes 18 a las 16 y el miércoles 19 a las 16, para dictaminar sobre la creación de una comisión investigadora. Ambos resultaron aprobados.

Sin embargo, previamente intervino el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Nicolás Mayoraz, que planteó su disidencia, advirtiendo que no procedía la moción de emplazamiento, pues se estaban “salteando pasos”. Es que, a su juicio, “no ha habido demora en tratar estos proyectos”. Invocó el artículo 106 del reglamento de la Cámara, recordando que el emplazamiento corresponde “cuando hay demora”, cosa que no hay en este caso, a su saber y entender.

Explicó que los proyectos datan del 5 de marzo (en rigor, fueron re-presentados ese día). Ni siquiera había recibido un pedido para poner los temas en el temario, dijo. “No hay demora de ninguna de las comisiones, ni de la Cámara en la discusión de estos proyectos, en todo caso lo que hay que hacer es el pedido a la comisión para que se lo trate, y sino modificar el reglamento”, sostuvo, rechazando de antemano los precedentes que pudieran exponerse, pues eran distintos los casos. “De ninguna manera aceptamos que haya un emplazamiento en estos términos”.

A continuación, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro dijo que podía entender “los artilugios en términos de interpretación del reglamento. Hay una voluntad mayoritaria en este pleno que está tomando la decisión de emplazar a ciertas comisiones. Es verdad que otras veces se ha emplazado a comisiones sin solicitar lo que mencionan en relación al artículo 109”.

Aclaró también que no era verdad que los proyectos se hubieran presentado en el mes de marzo. “La mayoría son del 17 de febrero”, señaló, resaltando que desde esas comisiones “nadie desde el 14 de febrero se comunicó con autores de los proyectos, y no tiene nada que ver con que no estuviéramos en sesiones ordinarias”.

A su turno, Nicolás Del Caño retrucó con que “hay una demora enorme, porque hay una estafa mundial que hizo el presidente de la Nación, es clarísimo. Se está discutiendo un pedido de interpelación, la creación de una comisión investigadora… ¿Qué tienen para esconder en la estafa Libra, que no quieren que interpelen a un funcionario. Se la pasaron discutiendo de ficha limpia y no quieren venir a dar la cara”.

Por su parte, el diputado Nicolás Massot se dirigió al presidente de la Cámara para decirle que “hay sobrados antecedentes y es una obviedad en esta Cámara que la mayoría subroga cualquier interpretación, pero a usted le toca laudar con la autoridad que le da el cargo, pero con criterio y oportunidad”. Aclaró que también “tenemos que defender la investidura presidencial, seamos o no oficialismo; no podemos acceder con facilidad a reacciones desmedidas. No estamos pidiendo ninguna cuestión fuera de la lógica institucional, habida cuenta de lo acontecido”.

Luego mencionó a aquellos que el 14 de febrero repostearon el famoso tuit presidencial. “Usted participó, ingenuamente tal vez; el vocero presidencial también (...) El diputado Mayoraz, de buena fe, pudo decir que abría la comisión, pero no pasó eso, ni se ofrece a hacerlo, ni usted parece estar facilitando esto”, señaló, e insistió: “Tiene la posibilidad de no seguir obturando esto”, a lo que Martín Menem le aclaró: “No falte a la verdad, porque no hay ningún tipo de obturación. Si el Congreso está trabajando”.

Por el Pro, el diputado Fernando Iglesias indicó que “sobre lo sucedido está en curso una investigación en la Justicia” argentina y también la estadounidense, además de que “rige el principio de inocencia”. “Me llama la atención tanta urgencia, por un delito supuesto, que la Justicia no ha sancionado y está siendo investigado”, dijo.

El porteño enfatizó que “en el año 2020 murieron 140 mil argentinos, en el medio de una serie de escándalos del manejo que hizo aquel gobierno con las vacunas” de Covid y “se cometieron además los peores crímenes y violaciones a los derechos humanos de la historia de la democracia”. Entonces, recordó que presentó un proyecto para crear una comisión bicameral investigadora que nunca se puso en tratamiento. “No hubo ninguna urgencia”, se quejó.

En línea con Mayoraz, la secretaria del bloque libertario, Nadia Márquez, aseguró que “se quiere usar un emplazamiento para un tema que no es emplazable” porque este método “es para comisiones en retardo” y los autores de los expedientes “ni siquiera pidieron el tratamiento de los proyectos en la comisión”. “No corresponde un emplazamiento porque no están dadas las comisiones para emplazar”, insistió.

El primer emplazamiento, a las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Finanzas, fue aprobado por 146 votos afirmativos, 81 negativos y cero abstenciones.

El segundo emplazamiento, a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, también fue aprobado por 134 votos afirmativos, 94 negativos, cero abstenciones.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley para modernizar la compra de traslados oficiales aéreos en el sector público y el Poder Legislativo, eliminando intermediarios y promoviendo la contratación directa y transparente.

“Así reduciremos costos y mejoraremos la eficiencia en los traslados oficiales. Esta medida impulsará la competencia abierta y garantizará un uso responsable de los recursos públicos. Propongo que todas las jurisdicciones utilicen canales de venta directa para adquirir servicios de transporte, con preferencia por aerolíneas argentinas, siempre que sus precios sean competitivos”, argumentó el cordobés.

La iniciativa establece optimizar y coordinar los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros en materia de adquisición de pasajes, para el traslado por vía aérea, terrestre o marítima, tanto dentro como fuera del país, de funcionarios, de empleados o asesores contratados bajo cualquier modalidad, así como de terceros.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal - Córdoba) presentó un proyecto de resolución dirigido al Poder Ejecutivo Nacional, en el cual exige respuestas por la falta de placas de identificación vehicular. Según el texto, hace más de seis meses que la problemática afecta a quienes adquieren un auto cero kilómetros.

A pesar del reclamo, el cordobés diferenció que “es positivo que haya más ventas de autos, pero si la gente no puede usarlos por falta de patentes por problemas de gestión de chapas es muy grave”. La iniciativa solicita información sobre las razones del desabastecimiento, las licitaciones realizadas y los plazos estimados para la normalización de la producción.

Hiciste el esfuerzo, juntaste el dinero, cambiaste el auto o compraste tu primer 0km. ¡Lo lograste! 🎉

Pero ahora… el verdadero desafío: patentarlo 🙄 Más difícil que pagarlo.

Por eso le pedí al Gobierno que explique qué está pasando con esta situación que, después de meses,… pic.twitter.com/IDkODodkCF

— Oscar Agost Carreño (@oagost) March 6, 2025

Así las cosas, el diputado nacional afirmó que0 “el problema no solo no fue resuelto, sino que se agravó con el tiempo”. También, alertó sobre la distribución desigual de las pocas chapas disponibles, lo que profundiza el problema en ciertas provincias. También cuestionó la implementación del nuevo Registro Único Nacional del Automotor (RUNA)

Y señaló: “Parece poco probable llevar adelante un sistema moderno cuando ni siquiera se puede garantizar algo tan básico como la provisión de patentes”. “La falta de patentes no solo afecta a los compradores, sino que también compromete la seguridad vial y la identificación de vehículos en casos de infracciones o delitos”, cargó.

En el final, relató: “Con solo caminar por cualquier ciudad del país vemos autos sin patente o con un papelito en el vidrio. ¿Cómo se identifica a un vehículo que comete una infracción o un delito? Esto atenta contra la seguridad pública”.

El texto presentado por Oscar Agost Carreño exige que el Gobierno informe qué medidas ha adoptado para solucionar el problema y garantice que la provisión de chapas no vuelva a ser interrumpida en el futuro. “Los ciudadanos merecen soluciones, no excusas”, concluyó.

La diputada del Pro Laura Rodríguez Machado sostuvo que “hoy el presidente Javier Milei nos dejó un mensaje claro sobre el futuro de nuestra Argentina. Como presidenta de la Comisión de Legislación Penal, celebro que las leyes de reincidencia, reiterancia y antimafia sean ya una realidad. Estas leyes terminan con la puerta giratoria en el sistema judicial y aseguran que los delincuentes no queden impunes, reafirmando que el orden público y la paz social deben ser la regla, no la excepción”.

“El presidente también destacó los avances en seguridad: con los homicidios más bajos de los últimos 25 años y la drástica reducción de crímenes en Rosario. Estas políticas están dando frutos, pero debemos recordar que ser tolerante con la delincuencia es castigar a las personas de bien. Agradezco al presidente y a la ministra Bullrich por devolvernos la paz”, agregó la legisladora, que consideró “un tema clave” el de la baja de edad de imputabilidad: “Es fundamental bajar la edad de imputabilidad para que aquellos que cometen crímenes graves, independientemente de su edad, enfrenten las consecuencias de sus actos”.

Para el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, “es positivo que el presidente celebre la reducción del déficit y la baja de la inflación, porque ordenar las cuentas después de la herencia K era un paso necesario para la estabilidad del país. Sin embargo, aún no explicó cómo esos logros se traducirán en mejoras concretas para los jubilados, los docentes universitarios y la gente de a pie. Los números pueden mejorar, pero, si el alivio no llega al bolsillo, la realidad sigue siendo la misma”.

Para el diputado cordobés, el presidente “tampoco dio explicaciones sobre la estafa de las criptomonedas. Los argentinos esperan respuestas y que el país recupere credibilidad. Este era el momento para aclarar por qué quedó involucrado en ese escándalo, pero eligió el silencio”.

“Tampoco se refirió al Presupuesto, que prorrogó por segunda vez sin permitir que este Congreso lo debata. Gobernar sin presupuesto aprobado es una forma de esquivar el control del Poder Legislativo y evitar dar explicaciones”, apuntó Agost, que aclaró que coincidía en que la Justicia debe funcionar bien, “pero es responsabilidad del Presidente buscar consensos para nombrar a los jueces de la Corte. Y, en lugar de hacerlo, eligió el atajo de romper las reglas y forzar los nombramientos por decreto”.

Cuestionó también que no presentara “ninguna propuesta concreta para atender demandas sociales urgentes, como garantizar un presupuesto adecuado y actualizado para las universidades o recuperar los haberes jubilatorios. Tampoco habló de proyectos que favorezcan el desarrollo, al sector productivo y energético. Su discurso fue una puesta en escena, un show para sus aplaudidores, con más gestos que soluciones. Apenas se refirió a un posible acuerdo con el FMI, pero sin dar detalles de su impacto en la economía real”.

Un honor que el Presidente @JMilei haya tenido el gesto de regalarme su discurso de apertura de las Sesiones Ordinarias 2025. Oficialmente dio inicio a otro gran año para las ideas de la libertad. ¡Vamos por más! VLLC 🇦🇷💪🏻 pic.twitter.com/FgT9FcBaHh

— José Luis Espert (@jlespert) March 2, 2025

Desde la izquierda, el diputado Nicolás del Caño opinó que “fue un discurso deslucido, con un recinto semivacío porque gran parte de la oposición le hemos dado la espalda. Nosotros dejamos nuestros carteles señalando que Milei es un estafador, que despide miles de trabajadores, reprime a los jubilados y a todos los sectores que salen a enfrentar a esta motosierra que no fue contra la casta política sino contra el pueblo trabajador”.

Consideró que “no habló de lo que habla el mundo y es que el presidente protagonizó una estafa con $LIBRA. Al mismo tiempo, su gobierno también es una estafa política por eso muchos han salido a las calles a hacer cacerolazos y repudiarlo. Esta apertura contó además con algo inédito que es la censura a los periodistas que no pudieron trabajar y realizar sus tareas. Tampoco los reporteros gráficos”.

Como respuesta a la crítica que Milei le hizo al Senado, Martín Lousteau advirtió que “demoraron 15 meses en enviar los pliegos del 40% de la justicia, pero acusan al Senado de haber demorado 6 meses en el tratamiento de los pliegos de la Corte Suprema”.

Palabras de @JMilei
Con o sin la oposición el cambio que votaron los argentinos va a seguir. #ElMejorPresidenteDeLaHistoria
La Libertad, Avanza. pic.twitter.com/Y7iguQCRdB

— Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) March 2, 2025

Maximiliano Ferraro, diputado nacional por la Coalición Cívica, expresó: “El presidente no dijo nada distinto de lo que viene diciendo. Fue un discurso insustancial y anodino. Lo único relevante es el anuncio del acuerdo con el FMI,  algo que era obvio que iba a decir, y de cómo va a acomodar la cuenta en el Banco Central. Sigue con un discurso violento y subido de tono que no es acorde al marco institucional. Un  tono electoral y de campaña”. Y cerró: “Se destaca las omisiones de Libra, Lijo, Presupuesto y casi nada de educación”.

La radical cordobesa Soledad Carrizo se refirió por su parte a la frase presidencial respecto de que “la motosierra no parará hasta encontrar el final del Estado”. Dijo al respecto que “las promesas mesiánicas no son el camino. Las verdaderas reformas y cambios que Argentina necesita  reclaman instituciones fuertes, y un compromiso con la participación ciudadana, y no solo titulares para los medios”. Y agregó: “Hoy no hemos escuchado propuestas para lograr estos cambios. No tuvo eufemismos en promover la intervención en el poder judicial. Redujo la obra pública a un mero negociado político cuando sabemos que es in motor fundamental de la economía real”.

“Todas sus proyecciones son dudosas si omite la necesidad de  aprobación del prepuesto nacional para este año”, agregó, y cerró: “Desde la UCR ratificamos nuestro compromiso con el diálogo, con el consenso, y con la búsqueda herramientas para un estado eficiente, pero no trabajaremos para su eliminación”.

El diputado nacional del bloque Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, anticipó que presentará al inicio del año parlamentario un proyecto que busca modificar el artículo 117 de la Ley 24.156, con el objetivo de garantizar que las empresas y sociedades con participación estatal, sin importar su tipo o forma societaria, estén sujetas al control externo de la Auditoría General de la Nación (AGN).

La iniciativa surge en respuesta a las recientes medidas del Poder Ejecutivo, que han impulsado la conversión de diversos organismos públicos, como el Banco Nación y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, en sociedades anónimas.

El diputado enfatizó que, más allá de la forma jurídica que adopten estas entidades, es fundamental que no se reduzca la injerencia de los organismos de control externo: "No se trata de cuestionar el encuadre jurídico que pretenda darle el gobierno a los organismos involucrados, pero, para justificar su decisión, deberá gestionarlos eficientemente".

"Por otra parte, resulta necesario garantizar que la transformación en sociedad anónima u otro tipo societario no implique una menor injerencia de los organismos de control externo, puesto que estas sociedades tienen una relevancia social que trasciende su aspecto económico", señaló Agost Carreño. Además, aclaró que el Decreto 116/2025 no implica una privatización, sino de una conversión a sociedad anónima manteniendo el control accionario en manos del Estado.

El diputado también recordó la firme postura de su bloque en contra de la privatización de organismos clave como Nucleoeléctrica, Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación. "Nuestro bloque fue enfático durante el tratamiento de la ley Bases en impedir la privatización de diversos organismos", afirmó, y destacó el modelo de privatización parcial aplicado en YPF como un ejemplo exitoso que podría replicarse en otras empresas estratégicas, como Aerolíneas Argentinas.

"Ese modelo ha demostrado que es posible combinar la gestión estatal con la inversión privada, logrando un equilibrio que beneficia tanto a la empresa como al país. Este enfoque podría aplicarse en Aerolíneas Argentinas, permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión y la inversión en tecnología y expansión de rutas, sin perder el control estatal sobre los intereses estratégicos", señaló el diputado.

El proyecto que presentará el diputado cordobés busca asegurar que, incluso en casos de gerenciamiento privado, el Estado mantenga el control mayoritario de las empresas y que estas sigan sujetas a los mecanismos de control externo. La iniciativa propone que remitan sus memorias, balances y estados contables anuales a la AGN dentro de los 30 días posteriores a su emisión, para su publicación en la página web del organismo, garantizando así la transparencia y el acceso público a la información.

Los diputados nacionales del bloque Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño y Ricardo López Murphy, presentaron un proyecto de declaración instando al Poder Ejecutivo que garantice la comparecencia de la República Argentina ante la justicia de los Estados Unidos de América en el marco del juicio por la expropiación de YPF S.A. a contestar el requerimiento efectuado por la jueza del caso Loretta Preska, cumpliendo con una adecuada y diligente defensa antes del vencimiento del plazo establecido.

Además, solicitan que se adopte todas las medidas necesarias para la adecuada defensa de los intereses de la República Argentina en el litigio mencionado, evitando sanciones procesales, costos adicionales o fallos adversos por incomparecencia.

“El fallo adverso, que condena al país a pagar 16.000 millones de dólares, podría revertirse gracias a una nueva instancia judicial abierta por la ONG RAFA, que denuncia irregularidades en el proceso de nacionalización”, señalaron.

Presta efectúo un requerimiento a las partes involucradas con motivo de la presentación efectuada la semana pasada por la ONG Republican Action for Argentina (RAFA), con el objetivo de que se revoque el fallo en el juicio por la expropiación de YPF. Dicho plazo vence el martes 25 de febrero. La presentación referida se basa en la supuesta existencia de presuntas irregularidades en el proceso de nacionalización de la petrolera, que finalmente terminó, años después, con la expropiación de la mayoría accionaria que estaba en manos de la española Repsol.

“De no cumplirse en el plazo requerido, se expone a consecuencias graves, incluyendo sanciones económicas adicionales y la imposibilidad de apelar futuras decisiones. La inacción del Gobierno en este contexto pone en riesgo el patrimonio nacional y la credibilidad del país en el ámbito internacional”, advirtieron.

Además, alertaron que el litigio por YPF “no solo afecta a la reputación de la Argentina en los mercados financieros internacionales, sino que también tiene impacto directo en la economía nacional”.

“La pérdida de este juicio podría traducirse en embargos sobre activos argentinos en el exterior y un deterioro de la confianza de los inversores. Adicionalmente, la magnitud del fallo puede generar presiones sobre las reservas internacionales y comprometer la estabilidad macroeconómica del país”, sumaron.

Los diputados nacionales de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño y Miguel Ángel Pichetto, junto a otros miembros del bloque, presentaron un pedido de informes que exige al Poder Ejecutivo Nacional aclarar los hechos vinculados a la promoción y posterior desplome del activo digital “$Libra”, difundido por el presidente Javier Milei en sus redes sociales. La iniciativa busca determinar qué funcionarios o asesores participaron en la estrategia de difusión, si existieron contactos previos entre los promotores del token y el entorno del Gobierno, y si allegados al oficialismo obtuvieron beneficios económicos.

“El propio presidente, en uso de su investidura y de su llegada masiva al público, promovió un activo financiero sin regulación ni respaldo, lo que pudo haber inducido a error a pequeños inversores”, señala el documento, que advierte que la caída del token habría provocado pérdidas de al menos 87 millones de dólares, perjudicando a numerosos ahorristas que confiaron en su recomendación.

Los legisladores preguntan si el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores detectaron irregularidades en la difusión de este activo y si se prevé la renuncia o el despido de funcionarios involucrados. También subrayan que este episodio no solo impacta en la confianza de los inversores, sino que también compromete la credibilidad de las instituciones nacionales y afecta la imagen del país en el exterior.

El pedido de informes cuestiona, además, la relación de Milei con Mauricio Novelli, Hayden Davies y Julian Peh, principales figuras detrás del activo digital, y consulta si estos empresarios accedieron a información privilegiada o si influyeron en la decisión del mandatario de promocionar la criptomoneda. Se exige, asimismo, información sobre quiénes fueron los beneficiarios y damnificados de la operatoria, incluyendo un listado detallado de personas y empresas involucradas en las transacciones. “Si el presidente fue inducido al engaño, como sugiere el Gobierno, se deben tomar medidas inmediatas para recuperar la confianza antes de que abran los mercados”, sostienen los diputados.

Otro de los puntos sensibles del pedido es el motivo por el cual las reuniones con asesores y empresarios vinculados a las criptomonedas se llevaron a cabo en el Hotel Libertador de la Ciudad de Buenos Aires, y si su propietario, Eduardo Elsztain, conocía la naturaleza de estos encuentros. También se consulta si el Ministerio de Justicia solicitará una investigación judicial para determinar responsabilidades, no solo de funcionarios, sino también de los operadores financieros que estuvieron detrás del colapso del activo.

El proyecto también busca esclarecer si el Gobierno prevé comunicarse con organismos internacionales como la GAFI o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para solicitar mayores investigaciones sobre lo ocurrido y determinar responsabilidades. Los diputados exigen conocer qué medidas adoptará el Ejecutivo para evitar que desde el Gobierno se vuelvan a promocionar activos financieros sin regulación ni respaldo. “Es imperioso y urgente que se investigue lo sucedido y que se tomen decisiones ejemplares para prevenir futuros escándalos que socaven la credibilidad de nuestras instituciones”, concluye la iniciativa.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) destacó el dato de que Aerolíneas Argentinas haya logrado en 2024 un superávit de 20,2 millones de dólares, según revelaron las autoridades de la empresa estatal que el Gobierno nacional buscó -hasta ahora sin éxito en el Congreso- privatizar.

"Celebro el reciente anuncio de que Aerolíneas Argentinas ha logrado un superávit récord en 2024. Este resultado demuestra que, cuando se quiere, se puede", escribió el cordobés en cuenta de la red social X.

Además, recordó que desde su bloque se opusieron "a la privatización de nuestra aerolínea de bandera, convencidos de que una gestión eficiente y comprometida podía revertir la situación".

"Si bien estamos dispuestos a seguir explorando y debatiendo alternativas para el futuro -como una venta parcial, una gestión privada o un modelo mixto-, siempre con el objetivo de fortalecer y preservar este patrimonio de todos los argentinos, este logro reafirma nuestra convicción en la capacidad de una administración pública bien gestionada", agregó.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) brindó detalles de la reunión que mantuvieron los bloques dialoguistas con el oficialismo este martes en el Congreso y afirmó que desde su espacio le insistieron al Gobierno para que trate el Presupuesto 2025, pero que “no nos dieron respuesta”.

“Celebramos que hayan mudado este tipo de reuniones al Congreso. Al principio nos habían invitado a Casa Rosada y le pedimos que estas discusiones sean con una reunión seria, profunda, que tenga una hoja de ruta y ordenada y no sea solamente una foto y que tiene que ser en el lugar donde se hacen las leyes”, expresó en declaraciones radiales.

Carreño contó: “Volvimos a insistir con la importancia de aprobar el Presupuesto y no abandonar esa discusión porque si no siempre la dejan pendiente. El Gobierno tiene que seguir tratando el tema y las extraordinarias eran la oportunidad para que se aprueben y si no tenemos que hacerlo apenas empiecen las ordinarias”.

“La reunión la llevó adelante el presidente de la Cámara y los vicejefes que eran la voz del Ejecutivo y nos dijeron que los gobernadores le pedían muchas cosas que podían romper con el equilibrio fiscal y es muy difícil y por eso se había caído el Presupuesto”, relató y afirmó: “Nosotros insistimos en que ellos abruptamente dieron de baja la reunión. Nosotros insistimos en que hay que seguir tocando el tema, pero el Gobierno no nos dio una respuesta de por qué lo dieron de baja”.

El diputado cordobés sostuvo: “Tiene sentido que el Presupuesto se apruebe en marzo o abril, la mayoría de los diputados creen que sí que es importante y hay antecedentes”, y señaló: “Es excepcional porque estamos hablando de una segunda prórroga, es absolutamente necesario y sería contraproducente tener dos presupuestos prorrogados y da discrecionalidad al presidente, no permite los controles del Congreso ni de los distintos órganos que tienen que intervenir y es un mal mensaje de quienes pretendemos que vengan a invertir al país o al FMI”.

“El presupuesto es una buena señal y hay que aggionarlo a que ya empezado el año fiscal y se resuelve con una cláusula transitoria. Pero estamos con un Gobierno que no nombró a los auditores generales de la nación, que no permitió el funcionamiento de comisiones bicamerales de control por lo tanto lo que me parece que buscan manejar la agenda y que sea el Gobierno el que tome todas las decisiones de forma discrecional”, criticó.

En su opinión consideró que “hay que acompañar aquellas cosas que son buenas y que van a de la mano con lo que siempre representó el Pro y no acompañar tontamente otras cosas y no como el kirchnerismo que en todo dice ‘no’. Hay que ser un árbitro en el mejor sentido para que las instituciones funcionen, para que el Gobierno le vaya bien, pero para obligarlo a que empiece a discriminar mejor la microeconomía”.

“Hay otros que prefieren estar totalmente alejados de lo que haga el Gobierno, y otros prefieren acompañar todo ciegamente porque si no capaz no van a tener lugar en las próximas listas electorales. Tenemos que defender un estado presente y eficiente”, cuestionó.

Suspensión de PASO

Consultado por el tema de las PASO, Carreño informó: “Se dio una discusión sobre los temas que el Gobierno plantea y dijeron que su prioridad del paquete de leyes es la reforma electoral”.

“Los diferentes bloques fueron planteando que si hablaban de eliminación de las PASO no estarían los votos y que si íbamos a discutir toda la reforma electoral que es mucho más allá de las PASO no iba a salir en extraordinarias por el tiempo que lleva esa discusión. La conclusión sería que el Gobierno entendió que la mayor factibilidad de hacerlo rápido y posible es la suspensión y no la eliminación sobre todo porque el Gobierno se durmió con el tema porque tendría que haberlo tratado en año no electoral”, resumió.

Mientras el presidente del Pro, Mauricio Macri, avanza en un posible acuerdo electoral con La Libertad Avanza tras la convocatoria de Javier Milei de “arrasar con el kirchnerismo” en los comicios legislativos de octubre, algunos dirigentes comenzaron a desmarcarse de esa decisión.

Tal es el caso del diputado cordobés Oscar Agost Carreño quien realizó un posteo en su cuenta de “X” mostrando cierta disconformidad con el anuncio de Macri.

“Nuestro compromiso debe ser construir una alternativa sólida que garantice un cambio real, responsable y federal para Argentina”, resaltó y apuntó: “Tampoco quiero que vuelvan los K, pero, antes de anunciar alianzas por redes sociales, debemos preguntarnos si es posible alcanzar un acuerdo político serio”.

El diputado cordobés señaló que “tras el debate sobre la movilidad jubilatoria y el financiamiento de las universidades, no podemos ignorar la necesidad de un Estado que no solo garantice esos temas, sino que también avance en otros fundamentales, como la eliminación de las retenciones”.

“En el Pro siempre defendimos un Estado eficiente, mientras que LLA propone desmantelarlo”, comparó de forma crítica. Así, reclamó: “Si logramos coincidencias con ellos, la discusión debe ser verdaderamente federal: no basta con la mirada centralista de Buenos Aires”.

Oscar Carreño planteó: “Esta es mi postura como dirigente del interior. Para construir un Pro genuinamente federal, las decisiones estratégicas deben incluir las voces de todo el país”.

Es en alusión al equipo de dirigentes que eligió Macri para dialogar con el oficialismo el acuerdo electoral que son: Cristian Ritondo, Ana Clara Romero, Silvia Lospennato, Hernán Lacunza y Soledad Martínez.

“Los negociadores designados son grandes dirigentes, pero, salvo una excepción –por Romero-, todos provienen de Buenos Aires”, cuestionó e insistió: “Es imprescindible que el interior tenga representación en este como en todos los debates”.

Cabe recordar, que Agost Carreño presidía el Pro cordobés, pero por orden de Macri fue intervenido. En esa ocasión, el diputado expresó: “No le debo la presidencia del Pro de Córdoba a Macri, porque se la debo a los afiliados que me han elegido. Puedo representar las banderas del Pro sin que Mauricio Macri esté de acuerdo conmigo en todas las votaciones”.

Cuando todo parecía resuelto y el Gobierno nacional se resignaba a postergar su reforma electoral para las elecciones de 2027, que son las que más le interesan, la actualidad vertiginosa metió a sus proyectos enviados para las extraordinarias “no natas” de nuevo en carrera. Para el mes de febrero, fecha en la cual finalmente volverán a abrirse las puertas de los recintos, según parece. Con el objeto de debatir la eliminación de las PASO y la reforma del régimen de financiamiento de los partidos políticos.

Ambos temas parecían fenecidos antes de ser tratados en comisiones; ahora, al menos el primero parecería tener luz verde.

Sucede que los tiempos apremian para todo tema electoral, atento a la premisa de no tratar modificaciones de ese tipo en años de elecciones. Pero hasta el mes de febrero, en tiempos de extraordinarias, se puede. Aunque pasada esa línea, nada debe descartarse, en una época como la actual, cuando los usos y costumbres tienen una gran flexibilidad.

Como sea, una de las bases en las que se asentaba hasta ahora la mayor resistencia a un cambio de índole electoral pareciera estar cediendo. Hablamos del Pro, eje central de la oposición dialoguista, que desalentaba fundamentalmente la eliminación de las PASO que propone el Gobierno nacional. Pero ya se sabe que la necesidad tiene cara de hereje y la prioridad del partido amarillo en tiempos tan volátiles pasa a ser la defensa del territorio fundacional de ese espacio: la Ciudad de Buenos Aires.

Allí el jefe de Gobierno acaba de lanzar el adelantamiento de las elecciones legislativas para el 6 de julio, propuesta consensuada con su primo Mauricio, mandamás partidario. La movida implica la suspensión de las elecciones primarias, para ahorrarle a los porteños ir a votar una vez más -cosa que podría llegar a resultar irritable-, pero sobre todo dinero a las arcas porteñas.

La movida impulsada por Jorge Macri causará un efecto dominó en el bloque Pro.

El argumento para suspender las PASO tuvo los mismos elementos que viene usando el Gobierno libertario para liquidar las primarias a nivel nacional. El viernes hablaba Jorge Macri, pero parecía en realidad estar escuchándose a Guillermo Francos: “Hoy decidimos desdoblar las elecciones legislativas de la Ciudad y conjuntamente vamos a enviar un proyecto y a convocar a la Legislatura a sesiones extraordinarias para tratar la suspensión de las PASO”, adelantó el jefe de Gobierno. Y destacó el diálogo con todos los espacios políticos y las coincidencias para dejar sin efecto las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Esto significa un ahorro para la Ciudad de 20 mil millones de pesos, especificó Jorge Macri, que en modo libertario agregó: “Queremos que ese dinero no salga del bolsillo de los porteños y podamos utilizarlo en otras prioridades. Que ellos puedan elegir a sus legisladores sin tener que pagar el costo de un mecanismo que la política tiene que poder resolver hacia adentro, construyendo sus propios consensos y acuerdos internos”.

Por eso, dijo haberle pedido al Gobierno nacional que también suspenda las PASO en todo el país. “Con el jefe del Gabinete nacional, Guillermo Francos, coincidimos en el ahorro de 200.000 mil millones de pesos que significaría eliminarlas. Los argentinos no podemos darnos el lujo de gastar ese dinero cuando hay otras prioridades más relevantes”, aseveró.

Más de un diputado del Pro leyó y releyó ese texto, para verificar si el que hablaba era alguien del Gobierno nacional, o realmente el primo del expresidente de la Nación. En efecto, era Jorge, seguramente con la anuencia de Mauricio, que ya en 2019 mandó a Pablo Tonelli a presentar un proyecto para eliminar las PASO, luego de perder él por amplio margen las de ese año. Comprobó entonces en carne propia los riesgos de tener con mucha antelación una elección que suele adelantar lo que sucederá luego en octubre, lo cual esa vez puso en graves aprietos al Gobierno de Cambiemos, que debió lidiar cuatro meses más sabiendo que estaba de salida. Más allá de la remontada notable posterior de Macri, que igual terminó perdiendo en primera vuelta y por 7 puntos.

Devuelto al llano, el Pro cambió de postura y junto al resto de Juntos por el Cambio planteó una fuerte resistencia para evitar que a fines de 2020 eliminaran las PASO… invocando precisamente ese proyecto de Tonelli, aun con estado parlamentario.

Entre los diputados del Pro no existe una mayoría favorable a la eliminación de las elecciones primarias a las que tanto jugo le sacaron, más allá de que terminaran resultando fratricidas en 2023. Aunque más allá de las consecuencias de entonces, lo cierto es que Juntos por el Cambio no encontraba otra alternativa para dirimir su interesantísima interna. Sí querían cambiarlas, eliminando por ejemplo su obligatoriedad. Ahora deberán ir por todo, o estarán contradiciendo lo que proponen en la Ciudad, aunque allí hablan de suspensión, no de derogar. Como sea será todo o nada.

Unidos con el Pro, como fue durante todo 2024, el oficialismo sumaría 66 votos, aunque como mínimo un par no se plegarían a esa reconvención. Sumarían de otras bancadas 18 votos más, entre ellos los de Innovación Federal y los tucumanos. Les estaría faltando al oficialismo 45 votos más -por tratarse de un tema electoral se necesita una mayoría especial-, que podrá encontrarlos en Unión por la Patria, donde nunca usaron demasiado esta ley impulsada por el kirchnerismo, y no pocos radicales. En ambos espacios ha habido proyectos para eliminarlas.

Proyectos con estado parlamentario

Más allá de los ya citados dos proyectos del Poder Ejecutivo que se pondrán a consideración, hay iniciativas individuales de los propios legisladores en ese sentido de todos los sectores.

La más reciente es del chaqueño Juan Manuel Pedrini, acompañado por sus comprovincianos María Luisa Chomiak y Aldo Leiva, presentada el 29 de noviembre pasado, para suspender las PASO de 2025. Invocan como argumento la escasa competencia real al interior de los partidos, lo que hace que las PASO sean “obligatorias para los ciudadanos, pero facultativas para los partidos”.

Juan Manuel Pedrini propone suspenderlas por única vez en 2025.

Aclaran que la suspensión debe ser “por única vez” y que el gasto público “no resulta motivo válido” para proponerlo. “De hacerse efectiva la suspensión, debe operar como un compromiso para tener una discusión seria e integral de nuestro sistema electoral, que sirva como ocasión para decidir si se modifica, se suprime o se mantiene intacta la legislación vigente desde el año 2009”, dicen los chaqueños, que sugieren que la eventual supresión debe hacerse con “un debate serio, profesional y comprometido con la ciudadanía”.

Decíamos que en el bloque radical anidan también propuestas a favor de la eliminación. Es lo que propuso el 8 de noviembre el correntino José Federico Tournier, alineado con su gobernador Gustavo Valdés.

También auspicia la derogación de las PASO el cordobés Juan Brügge, de Encuentro Federal, que propone restablecer en cambio el anterior sistema de internas de los partidos políticos. Piensa el constitucionalista cordobés que el objetivo fundacional de las elecciones primarias “se ha visto desvirtuado” y terminan siendo tan solo “una encuesta anticipada”. Además, sostiene que la posibilidad de que participen en estas elecciones los “no afiliados” debilita la estructura partidaria y puede llevar a “la imposición de candidatos que no reflejan fielmente las preferencias de los afiliados”.

De ese mismo bloque, otro cordobés, Oscar Agost Carreño, también ha presentado una propuesta en este caso para modificar las PASO, para que las fórmulas propuestas no sean cerradas y, por el contrario, el candidato a vicepresidente de la Nación sea elegido por el candidato presidencial dentro de las 48 horas posteriores a su proclamación.

Como dijimos, desde el Pro María Eugenia Vidal propuso el 12 de julio pasado un proyecto también para modificar el sistema, eliminando la obligatoriedad de ir a votar, como así también excusando a los partidos que lleven listas únicas a participar de las primarias.

María Eugenia Vidal propone que no sean obligatorias.

También la Coalición Cívica presentó propuestas. Lo hizo a través del presidente del bloque, Juan Manuel López, que el 13 de junio propuso entre otras cosas la no obligatoriedad para ir a votar, como así también que aquellos afiliados a un partido político puedan votar solo en la interna del partido al cual se encuentran afiliados, o de la alianza electoral que dicho partido integre. Y si el partido al que están afiliados no compite, no estarán habilitados para votar. En cambio, los ciudadanos que no registren afiliación partidaria, pueden votar en la interna de cualquiera de las agrupaciones. Asimismo participarán solo aquellas agrupaciones políticas que presenten más de una lista interna.

López es autor de otro proyecto relacionado con los montos a distribuir por el Estado entre las agrupaciones políticas.

El 15 de mayo, un grupo de diputados radicales encabezados por Carla Carrizo propusieron que los argentinos residentes en el exterior puedan participar en las PASO, en tanto que en otro proyecto presentado ese mismo día sugieren cambios en los plazos, financiamiento y competitividad. Por ejemplo, acortan los plazos, votándose en septiembre en lugar de agosto. Es lo que también sugirió otra radical, Mercedes Joury, en noviembre de 2023, al modificar los plazos, votando el segundo domingo de septiembre para achicar los tiempos hasta las generales.

La misionera Florencia Klipauca Lewtak propuso el 30 de noviembre de 2023 modificaciones al sistema modificando el número de avales necesarios para ser precandidatos y habilitando a las agrupaciones a designar a sus candidatos a vicepresidentes luego de las PASO.

Hay también propuestas de 2023 del exdiputado Pablo Tonelli y Silvia Lospennato, referidos al monto para distribuir entre las agrupaciones,

En el Senado el exgobernador radical de Mendoza Rodolfo Suárez impulsó  el 13 de marzo pasado la eliminación de las PASO. Un proyecto similar presentó un año antes la rionegrina Silvina García Larraburu.

Del año 2023, hay también un proyecto del exsenador misionero Maurice Closs, que elimina la obligatoriedad para votar, como así también la no participación de los partidos que presenten una sola lista.

Rodolfo Suárez y Mariana Juri presentaron un proyecto para derogar las PASO.

El líder del Pro y expresidente Mauricio Macri dispuso la intervención del partido amarillo en Córdoba, lo que despertó las duras críticas del diputado nacional Oscar Agost Carreño, quien hasta este viernes era el presidente de la filial en la provincia mediterránea.

Por decisión de Macri, la interventora será la exdiputada y extitular de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Cambiemos, Laura Alonso.

"@mauriciomacri decidió volver a ignorar el federalismo y la democracia para seguir matando el gran partido que fundó", disparó en su perfil de X Agost Carreño. Al mencionar la intervención del Pro Córdoba y sus autoridades, el legislador consideró que "lo hicieron por razones ideológicas y para evitar elecciones internas con el objeto de decidir en Buenos Aires las candidaturas cordobesas para 2025".

El diputado, que actualmente forma parte del bloque Encuentro Federal -lo que le valió en octubre pasado las críticas de Macri en la Bolsa de Comercio de Córdoba-, sostuvo que "no hay justificación para esta decisión arbitraria, y lamento profundamente que no se animaran a ir a las urnas, que son la base de la democracia".

"Voy a seguir peleando hasta las últimas consecuencias para defender la autonomía y, sobre todo, los derechos políticos de los afiliados del Pro Córdoba. El federalismo, la transparencia y la democracia no se declaman, se practican", agregó Agost Carreño, que había convocado a elecciones en el partido para el 22 de febrero próximo.

El presidente del Pro Córdoba, el diputado nacional Oscar Agost Carreño, firmó este lunes la convocatoria a elecciones internas partidarias, que se llevarán a cabo el próximo 22 de febrero de 2025. Este proceso tiene como objetivo renovar todas las autoridades del partido, cuyos mandatos concluyen el 7 de abril de 2025.

De acuerdo con lo establecido en la Carta Orgánica del Pro Córdoba, los plazos y procedimientos para esta convocatoria están regulados y garantizan el cumplimiento de los trámites necesarios para que las nuevas autoridades asuman en la fecha correspondiente. En este marco, las listas de candidatos deberán presentarse ante la Junta Electoral del partido antes del 1ro. de febrero de 2025, cumpliendo todos los recaudos previstos en las normativas internas. El proceso electoral estará a cargo de la Junta Electoral provincial, compuesta por tres afiliados cordobeses.

Al realizar la convocatoria a elecciones, Agost Carreño consideró que le corresponde tomar "las medidas que sean necesarias para defender acabadamente los derechos que tienen todos los afiliados del Pro Córdoba, en especial el derecho a elegir y ser elegidos autoridades partidarias en el marco de un proceso transparente que sea llevado a cabo por un Junta Electoral local". Ello se enmaró en el hecho de que los partidos políticos, y en especial el Pro, "deben dar señales claras de transparencia y democracia, en momentos en que una considerable parte de la sociedad pone en crisis a las instituciones políticas y a sus integrantes", señaló.

A través de un comunicado, el presidente del partido amarillo en la provincia mediterránea aseguró que el llamado a elecciones es "con la clara finalidad de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos que tienen los afiliados" y "para defender de manera contundente la autonomía legalmente reconocida a los partidos de distrito". "Esta convocatoria reafirma el compromiso del Pro Córdoba con el cumplimiento de su Carta Orgánica y con los principios democráticos y de transparencia que rigen la vida partidaria en Córdoba", se agregó.

Agost Carreño actualmente forma parte en la Cámara de Diputados del bloque Encuentro Federal, que preside Miguel Pichetto y también integran otros exCambiemos como Emilio Monzó y Nicolás Massot. En octubre pasado, durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el expresidente Mauricio Macri apuntó contra el titular del Pro Córdoba.

Al felicitar a sus diputados que a lo largo del año acompañaron al Gobierno, el líder del Pro dijo que lamentaba "mucho" que "el presidente de nuestro partido, Agost Carreño, vote sistemáticamente en contra de lo que vota su partido". "Es algo extraño que tenemos que resolver en algún momento porque no puede ser presidente de nuestro partido alguien que no comulga con nuestras ideas", añadió, sin darse por enterado que el legislador se encontraba allí mismo presente.

A través de un posteo en redes, Agost Carreño respondió diplomáticamente: "Sigo construyendo y creyendo en el Pro, que siempre ha luchado por la defensa de la educación pública, la calidad institucional y en la dignidad de nuestros adultos mayores. Siempre del mismo lado".

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que brinde explicaciones sobre las recientes modificaciones en la política de medicamentos del PAMI. Estas medidas, que endurecen los requisitos para acceder a la cobertura del 100%, han generado preocupación por su impacto negativo en los sectores más vulnerables de la población: jubilados y pensionados.

“Los jubilados y pensionados de nuestro país no pueden seguir siendo el sector al que se le exige más sacrificios. Estas modificaciones imponen una nueva carga burocrática y restrictiva que golpea directamente a quienes ya enfrentaron enormes ajustes en sus haberes”, enfatizó el legislador. 

La solicitud se centra en los cambios establecidos por la resolución 2431/2024, que, entre otras disposiciones, eleva los requisitos para acceder a medicamentos gratuitos. “Lo que no resulta tolerable es la utilización de ardides administrativos para evitar la prestación de servicios que el derecho le garantiza a los afiliados al PAMI”, señaló Agost Carreño. 

Además, advirtió que el precio de los medicamentos ha aumentado por encima de la inflación en el último año, representando una carga desproporcionada para quienes apenas logran cubrir sus necesidades básicas. “Este recorte es un golpe más a un grupo que debería estar protegido, no castigado. El Estado debe garantizar un sistema de salud accesible y digno para los adultos mayores, que merecen vivir con tranquilidad después de toda una vida de trabajo”, subrayó.

El diputado instó a que las decisiones del PAMI se fundamenten en la sostenibilidad del sistema sin afectar los derechos de los beneficiarios. “Minimizar costos no puede implicar una precarización aún mayor de los servicios”, expresó.

La presentación del pedido de informes “busca establecer un debate urgente sobre el acceso equitativo a los medicamentos y la calidad de vida de los jubilados, exigiendo respuestas claras y acciones concretas por parte de las autoridades”, concluyó. 

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto para exigir respuestas inmediatas al Poder Ejecutivo sobre el faltante y la calidad deficiente de las chapas patentes en Argentina.

“Este problema no solo afecta a quienes necesitan reemplazos, sino que también paraliza en muchas regiones del país el patentamiento de vehículos 0 km, lo que tiene consecuencias graves para el comercio automotor y la movilidad de los ciudadanos”, argumentó y sumó: “Denuncian que por falta de chapas patentes se complica el patentamiento de autos y motos nuevas, dejando unidades inmovilizadas en concesionarias. Además, se reportan problemas con chapas defectuosas que se deterioran rápidamente y con duplicados que demoran meses en entregarse”.

El legislador explicó que “la falta de chapas físicas es particularmente crítica en los autos y motos nuevas. Sin la chapa, no se puede asignar el dominio vehicular en el registro, lo que impide patentar el vehículo, cobrar impuestos y formalizar su circulación. Esto deja a las unidades inmovilizadas en las concesionarias, perjudicando tanto a los compradores como al mercado automotor”.

A esta situación se suma el drama de quienes deben reponer chapas por robo o extravío. “Pagás el trámite y te hacen esperar meses para recibir algo que muchas veces tiene una calidad inaceptable. Hay chapas que se despintan al primer lavado con hidrolavadora, una muestra clara de las falencias de fabricación”, criticó Agost Carreño en relación a la situación que enfrentan miles de usuarios.

El proyecto busca que el Poder Ejecutivo informe sobre las causas de este desabastecimiento, las medidas adoptadas para normalizar la provisión y los mecanismos de contingencia implementados. Además, busca esclarecer los criterios de distribución que, según el legislador, profundizan las desigualdades entre provincias.

El impacto de esta situación no se limita a la dificultad para circular, sino que puede complicar aún más el inicio de las vacaciones de verano, especialmente para quienes deben salir del país y enfrentan trabas burocráticas adicionales por permisos provisorios o cédulas digitales.

En línea con esta iniciativa, el diputado cordobés adelantó que la próxima semana presentará un nuevo proyecto orientado a resolver problemas similares en el uso de cédulas físicas, cédulas digitales y permisos provisorios, que también dependen de Casa de Moneda. “Nuestro objetivo es garantizar el despegue del comercio automotor, los derechos básicos como la movilidad y la seguridad jurídica para todos los argentinos”, concluyó.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal – Córdoba) presentó un proyecto de ley por el que propone regular la gestación por sustitución, una práctica que, si bien no está contemplada explícitamente en la legislación argentina, ha sido permitida en varios casos por la jurisprudencia.

Con esta iniciativa, el legislador cordobés propone la creación de un marco normativo transparente y equitativo que proteja tanto a la mujer gestante como al niño nacido bajo esta modalidad, así como a quienes deseen asumir el rol de padres y madres.

“No podemos seguir ignorando las dificultades que atraviesan quienes desean ser padres y se ven obligados a enfrentar largos procesos judiciales e incertidumbres legales para que se les permita el acceso a esta técnica”, agregó Agost Carreño.

Presenté un proyecto para regular la gestación por sustitución en Argentina. Actualmente, esta práctica no tiene un marco legal claro, aunque en algunos casos ha sido permitida por la justicia. Quiero que todas las partes involucradas tengan seguridad jurídica. 🇦🇷

— Oscar Agost Carreño (@oagost) November 5, 2024

La iniciativa es dirigida al interés superior del niño, asegurando que no quede en una situación de vacío legal. “La filiación del niño debe estar garantizada desde el nacimiento, evitando conflictos posteriores”, explicó Agost Carreño, quien también insistió en la necesidad de un procedimiento expedito y seguro.

Asimismo, el contenido del proyecto hace foco en resguardar los derechos de la mujer gestante, estipulando que en ningún caso el acuerdo pueda vulnerar su salud, libertad o integridad física. De igual manera, se incorpora la obligación de que la gestante cuente con contención y apoyo psicológico, además de una cobertura de salud completa durante el embarazo y hasta un año después del nacimiento.

En el proyecto se establece que la práctica puede realizarse tanto de forma altruista como con compensación económica, lo cual coloca a Argentina en una posición intermedia respecto de otras legislaciones internacionales. Agost Carreño destacó la importancia de reconocer la voluntad de quienes participan en el proceso de gestación subrogada: “Es fundamental proteger la autonomía y libertad de cada una de las partes, sin desatender la necesidad de evitar abusos y ofrecer garantías”.

Por medio de esta presentación, Agost Carreño considera que el inmediato tratamiento de este texto será beneficioso para la inclusión de una práctica cada vez más extendida en el mundo, asegurando así los derechos de las personas gestantes y de los futuros niños, que merecen nacer bajo un marco de total protección y amparo legal.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley destinado a proteger a millones de argentinos que padecen alergias alimentarias, mediante la implementación de un sistema de etiquetado claro y obligatorio para advertir sobre la presencia de alérgenos en los alimentos.

La propuesta tiene como objetivo garantizar el derecho a una alimentación segura, garantizando que la información sobre ingredientes peligrosos sea visible y fácilmente accesible para los consumidores.

“Es inaceptable que en pleno siglo XXI aún se exponga a las personas a reacciones graves por la falta de información clara sobre la composición de los alimentos”, señaló Agost Carreño.

El proyecto busca alinear las normativas locales con las mejores prácticas internacionales, estableciendo estándares para que los envases indiquen de forma visible la presencia de alérgenos comunes, como leche, huevo o gluten. Esta medida permitiría a los consumidores identificar rápidamente los productos que representan un riesgo para su salud y evitar exposiciones accidentales.

Además del etiquetado, la ley propone un relevamiento obligatorio para identificar y clasificar productos con alérgenos, con actualizaciones periódicas de la información para asegurar su precisión.

También fomenta la investigación en alergias alimentarias y promueve la capacitación médica en diagnóstico y tratamiento, declarando de interés nacional la atención y la difusión de información relacionada.

Agost Carreño destacó que la normativa no solo beneficia a los consumidores al brindarles información confiable, sino que también impulsa a la industria alimentaria a adoptar buenas prácticas, evitando confusiones y reduciendo riesgos legales asociados con el etiquetado incorrecto.

“Esta ley es un compromiso con la salud pública y con el derecho de todos los argentinos a saber qué consumen. El etiquetado debe ser un aliado en la prevención, no un obstáculo,” concluyó el diputado por Córdoba.

La iniciativa se presenta como una respuesta a la creciente demanda de información clara y confiable, garantizando una protección efectiva para las personas con alergias alimentarias en Argentina.

El expresidente de la Nación y actual titular del Pro a nivel nacional, Mauricio Macri, visitó este lunes la Bolsa de Comercio de Córdoba, en donde ratificó su postura de aliado al Gobierno de Javier Milei y mencionó la posibilidad de hacer una alianza entre el partido amarillo y los libertarios de cara a las elecciones del 2025.

Ante la atenta mirada del senador Pro Luis Juez, y el diputado radical Rodrigo de Loredo, ambos jefes de bancadas de sus bloques en sus respectivas cámaras, Macri señaló que “nos toca acompañar a quien ha tomado la posta de liderar el cambio, que es el presidente Milei”, y agregó: “Nos toca hacerlo con generosidad, con altura, con honestidad”.

Del mismo modo, explicó el ingreso de María Tettamanti a la Secretaría de Energía: “Para aquellos berretas que hablan de cargos, nosotros nunca fuimos por los cargos. El Pro vino a la política para hacer política de otra manera, para que el Estado esté al servicio de la gente y donde -por suerte- la gente nos dio la oportunidad de gobernar y en casi todos los aspectos mejoramos la calidad de vida de la gente”.

Asimismo, fustigó al diputado nacional Oscar Agost Carreño, quien actualmente está cargo del partido amarillo en Córdoba y estuvo presente en el evento: “Lamento mucho que el presidente de nuestro partido vote sistemáticamente en contra de lo que vota su partido. Es algo extraño que tenemos que resolver en algún momento”, y aseveró: “No puede ser presidente de nuestro partido alguien que no comulga con nuestras ideas”.

En relación a las elecciones de medio término, Mauricio Macri indicó: “La coalición golpeada que terminó en consolidarse en algo más juntos que cambio, abrió el camino a una propuesta rupturista como la de Javier. El cambio lo continúa él y nuestra tarea es, sin especular, acompañar los cambios. Hay cosas que no se pueden hacer más porque si no, no hay futuro”, y consideró: “Puede haber algún acuerdo entre el Pro y La Libertad Avanza”.

Además de los legisladores mencionados, presenciaron el evento las diputadas nacionales Belén Avico y Laura Rodríguez Machado, ambas del Pro; y la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero.

Pese a los cuestionamientos de Mauricio Macri, el diputado de Encuentro Federal se lo tomó con normalidad y publicó en X: “Sigo construyendo y creyendo en el PRO que siempre ha luchado por la defensa de la educación pública, la calidad institucional y en la dignidad de nuestros adultos mayores. Siempre del mismo lado”.

Acompañando la visita de @mauriciomacri a mi provincia. Gracias a la @BolsaCordoba por la invitación. Sigo construyento y creyendo en el PRO que siempre ha luchado por la defensa de la educación pública, la calidad institucional y en la dignidad de nuestra adultos mayores.… pic.twitter.com/m8haL2GLyw

— Oscar Agost Carreño (@oagost) October 21, 2024

Inmediatamente después de convalidado el veto presidencial contra la Ley de Financiamiento Universitario, la oposición intentó alcanzar al menos una módica victoria, elaborada cuando ya veían que no tenían los números para avanzar con el rechazo al veto. Así avanzó con algo con lo que no solo la oposición actual, sino también durante la gestión anterior, se impulsó varias veces: los emplazamientos a comisiones. Una estrategia que, bueno es decirlo, les ha permitido alcanzar no pocas aprobaciones de leyes.

En este caso se votaron dos cosas: una simplemente testimonial, la citación al ministro Luis Caputo para hablar del Presupuesto 2025. La otra, que es la que aquí nos ocupa, un intento por modificar la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia. Una norma que, de alcanzarse, generará un efecto de grandes consecuencias para los gobiernos futuros, pero en especial para este, de extrema minoría.

La movida, motorizada por el bloque Encuentro Federal a través del cordobés Oscar Agost Carreño, emplazó a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, para que de manera conjunta inicien el tratamiento de todos los proyectos de ley referidos a la modificación de la Ley 26.122 de Régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia.

Se pusieron las siguientes fechas: este miércoles 16 de octubre a las 17, el 23 de octubre en el mismo horario, y el 30 de octubre para dictaminar.

Quince son los proyectos que se pondrán a consideración. Esos son los que tienen estado parlamentario. Hay otros que Agost Carreño consideró importantes para tener “a la vista” como las de Silvia Lospennato o Patricia Bullrich. Fue una picardía que el presidente de la Cámara, Martín Menem, desechó sobre la marcha.

De 2023 son los proyectos de Graciela Camaño, Ricardo López Murphy, José Luis Gioja, Sebastián Salvador, Sergio Acevedo, Juan Manuel López, Roberto Mirabella y Fernando Carbajal. Y de 2024 hay de los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, de Pablo Juliano, Mónica Litza y Ramiro Gutiérrez, Oscar Agost Carreño y de Margarita Stolbizer. Hay también otro de Ricardo López Murphy, de 2023, presentado en este caso con diputados del Pro.

La ley vigente

Los decretos de necesidad y urgencia son un instrumento legal habilitado por la Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso 3º, que dice cuándo el Ejecutivo puede emitir decretos de necesidad y urgencia. ¿Qué es un decreto de necesidad y urgencia? Es el que emite el presidente o presidenta cuando existen circunstancias excepcionales que impiden seguir el procedimiento de sanción de las leyes establecido en la Constitución Nacional.

El régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia vigente se rige por la Ley 26.122. Fue sancionada en julio de 2006, a instancias de la entonces senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner. Según la norma, el jefe de Gabinete debe comunicar al Congreso de la Nación los decretos de necesidad y urgencia que se emiten, mientras que el Congreso debe controlar si se cumplieron los requisitos que establece la Constitución.

La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo tiene que expedirse y elevar el dictamen al plenario de cada una de las cámaras para su tratamiento.

La Bicameral tiene competencia para pronunciarse sobre los decretos de necesidad y urgencia, por delegación legislativa, y de promulgación parcial de leyes. Dicha comisión está integrada por 8 integrantes designados por el presidente de sus respectivas cámaras, a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas. Sus integrantes duran en sus funciones hasta la siguiente renovación de la Cámara a la que pertenecen.

Los dictámenes se conforman con la firma de la mayoría absoluta de sus miembros y en caso de que haya más de un dictamen con igual número de firmas, el dictamen de mayoría es el que lleva la firma del presidente.

El Poder Ejecutivo, dentro de los 10 días de dictado un decreto de delegación legislativa, lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente. La Bicameral debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.

En caso de que el jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a la Bicameral Permanente los decretos, dicha comisión se abocará de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de 10 días hábiles para dictaminar, se contará a partir del vencimiento del término establecido para la presentación del jefe de Gabinete.

Vencido el plazo a que hace referencia el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional.

Según establece el artículo 24 de la Ley 26.122, el rechazo por ambas cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.

Los proyectos en danza

El más reciente, de Margarita Stolbizer, establece una integración para la Bicameral Permanente de 12 senadores y 12 diputados, representando la proporción y las representaciones políticas.

El jefe de Gabinete debe presentar los DNU a los diez días corridos desde la fecha de su dictado, y a tal fin debe comparecer personalmente ante la comisión, para informar los motivos que justificaron su dictado y responder preguntas. Vencido el plazo previsto para que concurra el jefe de Gabinete a la comisión, se avocará de oficio a la consideración del decreto dictado.

El plazo para dictaminar es de 10 días corridos, contados desde la audiencia con el jefe de Gabinete. Producido el dictamen, el mismo será incorporado como primer punto del orden del día de la primera sesión que se realice, en cada una de las cámaras, sin necesidad de mayorías especiales. ¿Y si no hay dictamen? Dentro del plazo de diez días corridos desde la presencia del jefe de Gabinete, las cámaras deben abocarse al tratamiento del decreto de oficio, en forma inmediata.

El tema será incorporado directamente como primer punto del orden del día en la primera sesión que se realice en cada una de las cámaras. Si hay receso, habrá convocatoria automática a sesiones extraordinarias para su tratamiento.

Otro dato: pierde vigencia el DNU que no sea aprobado en forma expresa por ambas cámaras dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de su dictado.

El proyecto de Oscar Agost Carreño modifica la norma vigente elevando también la Bicameral Permanente a 12 diputados y 12 senadores. El Poder Ejecutivo debe someter el decreto de delegación legislativa a la Bicameral Permanente dentro de los diez días de dictado. Al día hábil siguiente a la receptación del decreto por parte del presidente de alguna de las cámaras, debe remitirse a la Comisión Bicameral para su tratamiento.

Las cámaras deberán pronunciarse por la aprobación, el rechazo o la modificación del decreto en el plazo de 60 días. Precisamente una de las prerrogativas que permite este proyecto es la modificación de un DNU. Pero eso puede suceder en la comisión, no en el recinto, donde deben circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma. Sí puede haber derogaciones parciales.

La Comisión Bicameral puede convocar al jefe de Gabinete personalmente para explicar los alcances y razones del decreto. Por otra parte, cuando vence el plazo sin que la Bicameral haya elevado el correspondiente despacho, las cámaras se abocarán dentro de los 3 días hábiles al expreso o inmediato tratamiento del decreto.

En el caso de vencimiento de los plazos previstos, sin que se haya avanzado en las etapas previstas, caducará la vigencia del decreto, “resultando nulo de nulidad absoluta     cualquier disposición de carácter legislativo que dicte el Poder Ejecutivo Nacional dentro de los siguientes seis meses, a        fin de regular la misma materia”.

En su último artículo, el proyecto de Agost Carreño aclara que rechazado un decreto, el Ejecutivo no puede dictar un decreto análogo al mismo, por un plazo de un año.

Tenemos también el proyecto de Mónica Litza y Ramiro Gutiérrez, que establece que para el caso de que el jefe de Gabinete no remita a la Bicameral los decretos reglamentados por esta ley la comisión se abocará de oficio a su tratamiento. Tiene diez días para dictaminar, contados a partir del vencimiento del término establecido por la presentación. Cuando el decreto sea dictado en período de receso del Congreso, se convoca automáticamente a sesiones extraordinarias para su tratamiento.

Las cámaras pueden introducirle modificaciones al texto del PEN. Si eso sucede, el decreto pierde vigencia como tal y su tratamiento continúa bajo el mismo procedimiento de los proyectos de ley.

Los decretos tienen vigencia por 30 días, salvo que sean expresamente ratificados por ambas cámaras y convertidos en ley. Vencido ese plazo sin que las cámaras se expidan, el decreto pierde vigencia, sin perjuicio de que continúe su tratamiento bajo el mismo procedimiento de los proyectos de ley.

Uno de los dos proyectos que presentó Ricardo López Murphy lo presentó con diputados del Pro como Alejandro Bongiovanni, Daiana Fernández Molero y Damián Arabia, más Marcela Campagnoli, de la CC. Lo presentaron el 22 de diciembre del año pasado, con Javier Milei ya en el poder. Y también conforma la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo con 12 diputados y 12 senadores.

En cuanto a los plazos, dan 10 días hábiles desde su dictado para la remisión del mismo desde la Jefatura de Gabinete. El día de su recepción en el Congreso debe ingresar a la Comisión Bicameral Permanente para su tratamiento. En caso de incumplimiento de la remisión por parte de la Jefatura de Gabinete, la Comisión Bicameral Permanente debe abocarse de oficio a su tratamiento disponiendo la presencia del jefe de Gabinete dentro de las siguientes 48 horas, bajo apercibimiento de dictaminar por el rechazo del decreto.

La Bicameral debe expedirse en un plazo de 10 días hábiles desde su ingreso, y hay un plazo de 60 días desde la expedición del dictamen emitido por la comisión, para su aprobación por parte de ambas cámaras.

En caso de vencimiento de cualquiera de los plazos previstos, caducará la vigencia del decreto, resultando nulo de nulidad absoluta cualquier disposición de carácter legislativo que dicte el Poder Ejecutivo Nacional dentro de los

siguientes 6 meses, a fin de regular la misma materia.

Hay también un proyecto de los radicales Fernando Carbajal, Ana Carla Carrizo y Danya Tavela, entre otros, que establece que dentro de los 10 días corridos de dictado un DNU, el Poder Ejecutivo lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente. Vencido dicho plazo sin que el decreto hubiere sido remitido, la comisión deberá considerarlo de oficio. Tiene 10 días corridos para dictaminar; vencido ese plazo sin que haya habido dictamen, las cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto.

La Comisión Bicameral Permanente o las cámaras podrán fragmentar el decreto, pudiendo expedirse separadamente sobre diferentes disposiciones del decreto.

El rechazo por ambas cámaras del Congreso del decreto que se trate implica su derogación. Rechazado un decreto, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro sustancialmente análogo, mientras no se modifiquen las circunstancias que tuvo en cuenta el Congreso para decidir el rechazo.

Perderán su vigencia aquellos decretos de necesidad y urgencia que no sean aceptados o rechazados por ambas cámaras dentro de los 60 días corridos contados de emitido.

La aprobación de una de las Cámaras dentro de dicho plazo genera automáticamente una extensión del plazo por otros 15 días corridos. Vencido este plazo sin haber sido aprobado por la otra cámara, perderá su vigencia.

El diputado nacional del bloque Encuentro Federal Oscar Agost Carreño (Córdoba) presentó un proyecto para solicitar al Poder Ejecutivo respuestas sobre la reciente decisión que afecta a las emisoras de Radio Nacional en el interior del país.

“Según la información que ha circulado en diversos medios, varias emisoras habrían sido instruidas para retransmitir exclusivamente la programación de LRA01 Radio Nacional Buenos Aires en frecuencia modulada, lo que ha generado preocupación por la cancelación de contenidos locales”, comentó. Entre las emisoras afectadas se encontrarían Radio Nacional Córdoba y otras estaciones en provincias como Jujuy, Santiago del Estero, San Juan, y Río Negro.

Agost Carreño explicó que la medida “cercena la libertad de expresión al imponer un contenido único, generado desde la Capital, acallando así las producciones locales y las voces regionales”. Además, el diputado advirtió que esta decisión: “Contraviene lo dispuesto por el artículo 1° de nuestra Constitución Nacional, que establece el federalismo como forma de gobierno”.

El proyecto de Agost Carreño busca que el Ejecutivo precise las causas detrás de esta decisión, si habrá más medidas similares, y si existe riesgo de despidos o cierre de emisoras. “El impacto sobre el derecho a la libertad de expresión es evidente, y no sabemos si fue evaluado adecuadamente”, subrayó el legislador. Asimismo, el pedido exige detalles sobre la duración de la medida y posibles incumplimientos de compromisos asumidos por el Estado.

El diputado de Encuentro Federal hizo un llamado a sus colegas para que acompañen la iniciativa, destacando la importancia de “mantener el federalismo en los medios de comunicación” y asegurar que las decisiones en materia de radiodifusión “respeten la diversidad cultural y la pluralidad de voces en todo el territorio argentino”.

Luego de que el oficialismo se alzara con el triunfo del blindaje al veto presidencial hacia la Ley de Financiamiento Universitario, la sesión se desmadró cuando, al momento de continuar con las cuestiones de privilegio y los homenajes tal como habían acordado en Labor Parlamentaria, el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño hizo una moción de emplazamiento a comisiones sobre los proyectos de modificación a la Ley que regula los DNU.

El cordobés dispuso leer el pedido: “De acuerdo a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 106 del reglamento esta Cámara formulo moción a fin de que se disponga el emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales; de Peticiones, Poderes y Reglamento para que, en forma conjunta y en trabajo plenario, inicien en el tratamiento de todos los proyectos de ley referidos a la modificación de la Ley 26.122 de Régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia”.

En tanto, propuso que se realicen reuniones informativas de estas dos comisiones el día miércoles 16 de octubre a las 17; la segunda el día 23 de octubre en el mismo horario y el día 30 de octubre estar en condiciones para dictaminar. Tras ello, la moción de emplazamiento resultó afirmativa con votación a mano alzada.

La propuesta que trajo conflicto

El cordobés respaldó su pedido en los términos del penúltimo párrafo del artículo 106 del reglamento interno de la Cámara respecto de los proyectos de ley que modifican la Ley 26.122 del régimen de los DNU. “El tema de los emplazamientos los vamos a hacer al final como hemos quedado. Primero las cuestiones de privilegio, homenajes. Es lo que acordamos en Labor Parlamentaria entre todos”, le aclaró el presidente del Cuerpo, Martín Menem.

Al darle la palabra al diputado de izquierda Alejandro Vilca para que realice una cuestión de privilegio, éste decidió cederle su tiempo al diputado Nicolás Massot, pero Menem le reiteró enojado: “Ya se la he dado, no es una moción del 127…  Lo hemos planteado en Labor Parlamentaria que venía el debate de la sesión, votábamos, Luego cuestiones de privilegio, homenajes y durante la sesión vinieron a pedirme un emplazamiento y lo vamos a hacer al final como hemos quedado porque estamos cumpliendo el plan que nos hemos trazado todo y no vamos a cambiar”.

“Retiro mi cuestión de privilegio para que tenga la oportunidad el diputado Massot”, reiteró Vilca, pero el titular del Cuerpo lo volvió a rechazar, aunque luego le cedió finalmente la palabra al diputado de Encuentro Federal.

Massot le planteó a Menem que no es la primera vez que, por cuestiones de la dinámica, se altere el plan de labor. “Tampoco va a ser la primera vez que para respetar el plan decidamos votar mociones de orden y, si resultan afirmativas, tratarlas al final. Quizás sea una solución y usted lo ha hecho en sesiones pasadas presidente...”. Atento que Menem no lo estaba mirando, lo chicaneó: “Si quiere le mando un mensaje de texto si lo va a leer desde el teléfono”. “Lo estoy escuchando diputado”, le retrucó el libertario, pero Massot le contestó: “No parece”.

“Estoy cumpliendo con lo que nos hemos comprometido todos en Labor Parlamentaria”, reiteró Menem, pero el diputado de Encuentro Federal insistió: “Entonces no me está escuchado, porque las mociones no atentan contra el plan de labor y se puede cumplir simplemente respetando las mociones, votándolas y si resultan afirmativas se votan al final. No está fácil el clima acá. Por favor tenga la prudencia de respetar las mociones”.

El titular del Cuerpo solicitó al secretario parlamentario dar lectura al artículo 127 del reglamento de la Cámara sobre las mociones de orden.

Se sumó al cruce el jefe del bloque de la CC, Juan Manuel López, quien le recordó a la Presidencia que el pasado 1 de octubre se aceptó una moción por el tema de los incendios en San Luis que alteró el plan. “Está claro en el reglamento, no lo violenten. El diputado Agost tiene que poder completar la moción que estaba haciendo y votarla inmediatamente, no veo por qué tensar y hacer decir algo que no dice el reglamento y por qué no podemos en los términos del 106 emplazar una facultad que circunstancialmente tiene usted”, le planteó López y le enrostró que hubo cinco antecedentes “pacíficos” sobre lo mismo.

Como titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Nicolás Mayoraz, comentó que le propuso a Agost Carreño, ante la posibilidad de pérdida de quórum en la sesión, la realización de una reunión de la comisión para tratar los 16 proyectos que hay de reforma de la Ley de DNU, teniendo en cuenta que es una ley que requiere de mayoría especial, para el miércoles siguiente y armar un plan de trabajo. “Pasaron 12 años sin tener ley de DNU y entendemos que hay que modificarla”, afirmó Mayoraz.

Menem lo interrumpió en tono enojado y le aclaró: “No se trata convocar o no. Las mociones de orden están en el 127 no es que no se van a tratar, solo estamos respetando el orden en el que hemos quedado… No se trata de no tratar algo, simplemente que al final se vota y se emplaza. No hay voluntad de no tratar algo”.

De la vereda de enfrente, el jefe de la bancada de UP, Germán Martínez, reafirmó que un emplazamiento en el recinto se puede hacer “en cualquier momento de la sesión”, y le advirtió: “Ya hizo todo lo que tenía que hacer y no nos va a voltear el quórum”, a lo que Menem reaccionó: “Diputado no se trata de voltear el quórum…si quieren votar lo van a hacer”, a lo que el santafecino le salió al cruce: “Lo que tiene que hacer es interpretar el reglamento porque la moción de emplazamiento no tiene nada que ver con las mociones del 127”, y le pidió votar la propuesta de Agost Carreño.

También se metió el diputado de izquierda Christian Castillo al debate quien le recordó a Memen que “se han hecho en las sesiones numerosas oportunidades donde se ha hecho mociones de orden que debían ser puestas a votar y no se votó. Se han modificado propuestas de moción que usted transformó en apartamientos. Apoyamos la propuesta del diputado Agost Carreño”.

Por el Pro, la diputada Silvana Giudici le tiró más leña al fuego y arremetió: “Me da escozor que el partido que defiende la institucionalidad y la república la que se siente con estas maniobras a querer torcer la voluntad de una mayoría. El plan de labor se cumple y el que se haga cargo que quiere llevarse puesto al Gobierno o la voluntad de la mayoría de los argentinos expresados en este Congreso decida de qué lado se queda. Queremos que se cumpla el plan de labor y no hay cuestión reglamentaria para que sea diferente”.

Tras ello y para poner paños fríos, el presidente de la Cámara invitó a los jefes de bloque a un breve cuarto intermedio de un minuto para “resolver el tema como corresponde. Nos tenemos que poner de acuerdo porque estamos incumpliendo”. Para dar cierre a la situación, pidió al diputado Agost Carreño que reitere la moción y pidió no volver a repetir lo ocurrió porque “damos un mal ejemplo”.

El diputado nacional del bloque Encuentro Federal Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de ley que busca implementar un control parental obligatorio sobre las transacciones bancarias y de billeteras virtuales de menores de edad. La propuesta plantea que los padres o tutores reciban alertas en tiempo real por cada pago o movimiento financiero realizado por adolescentes de entre 13 y 17 años, con el objetivo de prevenir situaciones como la ludopatía, la compra de drogas, alcohol o incluso la explotación sexual.

“Lo que al principio parecía un simple pasatiempo, como los juegos online, se ha convertido en un flagelo que puede condicionar la vida de los menores”, expresó el diputado. La iniciativa, según destacó, no pretende cercenar la autonomía progresiva de los jóvenes, sino establecer mecanismos que permitan a los adultos responsables monitorear y proteger a los adolescentes de conductas riesgosas.

El proyecto también toma en cuenta el creciente acceso de menores a plataformas de apuestas, muchas de las cuales son ilegales o tienen débiles restricciones. Según un informe de la consultora Sentimientos Públicos, 3 de cada 10 jóvenes de entre 16 y 29 años han considerado apostar online por necesidad económica, y estos números aumentan a 4 de cada 10 en el caso de los hombres, especialmente en los sectores de menores ingresos.

El diputado subrayó que, si bien algunos bancos ya ofrecen herramientas para controlar las transacciones de los menores, “es hora de que sea una exigencia obligatoria”. Para ello, el Banco Central sería el encargado de reglamentar y asegurar la implementación de la ley en las entidades financieras. “Con estos mecanismos, buscamos que los padres tengan la posibilidad de actuar ante cualquier señal de alerta”, concluyó.

Pasadas las 12.30 de la noche, al cabo de más de doce horas de sesión, la Cámara de Diputados aprobó la declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional en la provincia de Córdoba. La votación fue unánime, con 218 votos afirmativos.

Bien temprano se había pedido incorporar para el tratamiento sobre tablas del proyecto que declara la emergencia ambiental, económica y habitacional en Córdoba por los incendios que azotan la provincia desde los primeros días de agosto. La iniciativa fue puesta a consideración por el diputado Oscar Agost Carreño, y por no contar con dictamen de comisión necesitó que las 3/4 partes de la Cámara aprobara su tratamiento sobre tablas, como así también se puso a la Cámara en comisión.

El jefe del bloque radical, Rodrigo de Loredo, habló en ese contexto, advirtiendo que “Córdoba viene recibiendo incendios de esta magnitud en promedio 50 mil hectáreas por año”. Se han quemado, dijo, 1.600.000 hectáreas, “el 10% de la totalidad de la superficie de una de las provincias más grandes que tiene la Argentina, de uno de los países más grandes del mundo”.

Los diputados Gabriela Estévez, Laura Rodríguez Machado y Gabriel Bornoroni secundaron la propuesta. El jefe del bloque oficialista anticipó el acompañamiento de su bancada a la propuesta y destacó la preocupación del presidente Javier Milei y las más altas autoridades del Ejecutivo. “Se hizo un gran trabajo, pero lamentablemente todos los años Córdoba sufre estos incendios”, señaló, destacando que la emergencia es por 180 días y concluyó pidiendo un aplauso para los bomberos de su provincia.

Se trata de un proyecto que fue aprobado el jueves pasado en el Senado, también propuesta sobre tablas, con 55 votos afirmativos y la abstención de los senadores de La Libertad Avanza, que argumentaron ese día que no había partidas asignadas para tal fin y “hay cuestiones que no son claras”. Para este martes los diputados de La Libertad Avanza mostraron en cambio su disposición al tratamiento del tema.

Pasada la medianoche, este tema fue el último en ser votado. Y antes de eso se le dio la palabra a la cordobesa del MID María Cecilia Ibáñez, quien arrancó diciendo que su provincia “está en llamas”. Recordó que el proyecto establece una emergencia de 180 días, renovable por 180 días, y tras una larga exposición sostuvo que “el cordobés está pidiendo clemencia, ayuda humanitaria”.

Cuando Martín Menem le pidió que concluyera su discurso, Ibáñez replicó: “¡Mi provincia se está quemando, teneme paciencia un día!”.

Pidió una interrupción entonces el radical santafesino Mario Barletta, que tras aclarar que todos conocían ya cuál es la situación en Córdoba, hizo una moción de orden para pasar a votar el proyecto que venía del Senado, la cual fue aprobada.

La iniciativa fue presentada la semana pasada por los senadores cordobeses Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Alejandra Vigo, y contaba con la anuencia de todos los diputados cordobeses.

El dengue es una amenaza que resurge cada temporada estival en Argentina, con un impacto cada vez más grave. En el último verano, el país superó los 530 mil contagios, una cifra alarmante que puso en jaque al sistema sanitario. Frente a esta situación, el diputado nacional del bloque Encuentro Federal Oscar Agost Carreño (Córdoba) presentó dos proyectos para enfrentar este desafío de manera preventiva.

El primer proyecto apunta a facilitar la provisión de productos esenciales, como insecticidas y repelentes, que son fundamentales para prevenir la propagación del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del virus. La propuesta establece una serie de exenciones fiscales y aduaneras para la importación de estos productos durante seis meses, cubriendo el periodo de mayor riesgo, que se extiende desde octubre de 2024 hasta marzo de 2025.

Según explicó el diputado: “Se busca garantizar que, ante un eventual brote, no haya excusas de desabastecimiento ni trabas impositivas que limiten el acceso a los productos que pueden evitar miles de contagios".

El segundo proyecto se centra en la rendición de cuentas y la planificación a largo plazo. Agost Carreño solicitó al Poder Ejecutivo que informe sobre las medidas de prevención que se están implementando. Entre los puntos destacados, se incluyen las campañas de concientización, la adquisición de insumos médicos, y la provisión de vacunas.

"No podemos seguir improvisando ante una problemática que ya es estacional. El Estado debe actuar con antelación, asegurando los recursos y la logística necesaria para evitar otra crisis sanitaria", sostuvo el legislador.

Asimismo, el diputado remarcó la importancia de las políticas preventivas, señalando que la inversión en medidas de precaución podría reducir significativamente los costos en tratamientos y atención médica: "Si bien esta iniciativa implica una erogación adicional, se trata de una inversión inteligente. Cada peso que se destine a la prevención evitará que cientos de miles de argentinos necesiten atención médica por enfermedades que son completamente evitables".

Con estos dos proyectos, Agost Carreño busca no solo una respuesta inmediata, sino también un cambio en el enfoque del Estado frente a los problemas de salud pública recurrentes. "Debemos aprender de las experiencias pasadas y actuar con mayor responsabilidad y previsión. No podemos seguir enfrentando el dengue de manera reactiva", concluyó.

Los focos de incendio en varios puntos en la provincia de Córdoba no cesan y ante este hecho, el diputado nacional Oscar Agost Carreño presentó una nota ante las autoridades de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, y de Recursos Naturales, Carlos D’ Alessandro, para convocar un plenario urgente y tratar el proyecto que declara la emergencia ambiental por 180 días en las zonas afectadas por los incendios forestales.

Además, el proyecto establece declarar el lugar como zona de desastre. Explicó que la situación de los incendios forestales que arrasan Córdoba “ha avanzado a más departamentos de la provincia, devastando todo a su paso y llegando a quemar unas 40.000 hectáreas en lo que va del año”. Remarcó el deterioro que esto genera en la salud, el medio ambiente y los daños materiales.

Por último, reiteró que “los focos de los últimos treintas dias se estiman más de 11.000 hectáreas arrasadas, y que con pronósticos de viento y falta de lluvias en los próximos días, es estima se agravará enormemente la situación critica de la provincia”.

En el mismo sentido, la diputa nacional Vanina Biasi (Partido Obrero) también presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia nacional en Córdoba frente al avance de los incendios. "La emergencia que planteamos establece la asignación de fondos presupuestarios específicos para combatir el fuego y para recuperar el monte original en las zonas donde fue destruido por los focos incendiarios provocados", explicó.

Del mismo modo, cargó contra el Gobierno nacional: “En momentos en que arde la provincia de Córdoba, (Javier) Milei sigue insistiendo con su negacionismo de la destrucción y contaminación ambiental. Pero estos incendios no son casualidad ni tampoco consecuencia del clima, aunque el cambio climático es un factor agravante para la propagación del fuego".

El diputado nacional por Córdoba Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo brinde información detallada sobre el funcionamiento y la gestión del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), creado por el Decreto 725/2021. El legislador solicitó que se aclaren los montos erogados, los proyectos financiados y los resultados de las auditorías realizadas hasta la fecha.

“El Fondo fue creado con el objetivo de financiar proyectos productivos en Tierra del Fuego y mejorar la competitividad de la provincia, pero necesitamos conocer si ha cumplido con ese propósito”, expresó Agost Carreño.

Además, señaló la necesidad de transparentar el uso de los recursos: “Desde su creación, este fideicomiso ha manejado miles de millones de pesos, por lo que es indispensable saber a qué proyectos se destinaron los fondos y cuál fue el impacto real en la ampliación de la matriz productiva”.

El legislador también hizo hincapié en las críticas que el presidente Javier Milei realizó sobre este tipo de fondos fiduciarios, refiriéndose a ellos como “cajas negras de la política”. En este sentido, Agost Carreño resaltó que el pedido tiene el propósito de aclarar si se tomaron medidas para corregir las deficiencias señaladas por la Sindicatura General de la Nación en materia de control y rendición de cuentas.

“El control del FAMP está en manos del Ministerio de Economía, y es fundamental saber si han subsanado las debilidades en los procedimientos administrativos y de auditoría que la SIGEN advirtió en su informe”, añadió el diputado.

El proyecto de Agost Carreño fue acompañado con las firmas de los diputados Ricardo López Murphy, Alejandra Torres y el titular del bloque CC, Juan Manuel López.

El diputado nacional del bloque Encuentro Federal Oscar Agost Carreño (Córdoba) presentó un pedido de informe al Poder Ejecutivo Nacional respecto a los incendios ocurridos entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre de 2024 en la provincia de Córdoba para determinar si hubo responsabilidades del Ejército.

Según fundamentó en la iniciativa, el diputado señaló que estos incendios “afectaron gravemente” la región de La Calera, alcanzando el polígono de tiro "Quebrada de la Cancha", una reserva contigua y la zona conocida como "La Mezquita", áreas bajo jurisdicción del Ejército Argentino.

Agost Carreño se hizo eco de trascendidos que indican que el Ejército habría iniciado investigaciones internas para determinar si las actividades militares en la zona fueron el factor desencadenante de los incendios. “Es imprescindible que se esclarezcan las causas de estos incendios y si hubo responsabilidades por parte del personal militar”, expresó el legislador.

El foco inicial comenzó el 28 de agosto en el polígono de tiro, donde bomberos locales habrían señalado que se realizaron entrenamientos militares con municiones ese mismo día, lo que podría haber contribuido al origen del fuego. Hubo una segunda ignición el 5 de septiembre, cuando la utilización de fumígenos durante un entrenamiento de paracaidismo habría provocado otro incendio en la zona militar de La Mezquita.

El diputado solicitó que el Ministerio de Defensa brinde detalles sobre las investigaciones administrativas o judiciales en curso, las medidas adoptadas, y que se informe sobre los protocolos seguidos en situaciones de riesgo extremo de incendio. "Ante la gravedad de lo sucedido, es necesario esclarecer si hubo negligencia o incumplimiento de los protocolos de seguridad por parte del Ejército", afirmó.

El informe también busca determinar los daños causados por los incendios y los motivos que llevaron a la realización de ejercicios militares en un contexto de alerta extrema por riesgo de incendios forestales en la zona. “Este Congreso debe tener toda la información necesaria para evaluar las responsabilidades y garantizar que hechos como estos no se repitan”, concluyó Agost Carreño.

Por los intensos incendios forestales en Córdoba, el diputado nacional Oscar Agost Carreño, (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley ante el Congreso de la Nación para declarar el estado de desastre y emergencia ambiental, económica, social y productiva en los departamentos de Colón, Santa María, Calamuchita y Pocho, que han sido devastados desde agosto de este año por las llamas.

La iniciativa legislativa surge como respuesta a la gravedad de la situación, en la que “los factores climáticos han exacerbado la propagación de los incendios”, explicó Agost Carreño en los fundamentos del proyecto.

“Con temperaturas superiores a los 30°C, fuertes vientos del norte y una vegetación extremadamente seca, la provincia de Córdoba enfrenta un panorama crítico, donde los focos de fuego han arrasado bosques, viviendas y hasta barrios enteros, afectando severamente tanto a las personas como al ambiente”, explicó.

El proyecto plantea una declaración de emergencia por 180 días, prorrogables, durante los cuales el Poder Ejecutivo Nacional deberá destinar fondos especiales para asistir a los damnificados y restaurar las áreas afectadas. Además, se prevén medidas específicas para brindar asistencia financiera a las actividades productivas, con bonificaciones en las tasas de interés y facilidades impositivas para los contribuyentes afectados.

Agost Carreño destacó que la situación no solo amenaza la biodiversidad y los ecosistemas locales, sino que también pone en riesgo “las actividades productivas, especialmente el turismo, la agricultura y la ganadería, que son pilares económicos de la provincia”.

Además, cuestionó que “la falta de recursos para enfrentar esta catástrofe ha obligado a evacuar numerosas localidades, cerrar rutas y autopistas, y mantener en alerta a bomberos y voluntarios que luchan contra un fuego incontrolable”.

“Es imperioso que el Estado esté presente, proporcionando soluciones rápidas y eficaces. No podemos permitir que estas familias, que lo han perdido todo, queden desamparadas”, remarcó el diputado. La propuesta incluye, además de la asistencia financiera, la construcción urgente de viviendas y la rehabilitación de infraestructuras clave.

La magnitud de los incendios ha generado un llamado de atención sobre la necesidad de medidas preventivas más robustas y una mayor inversión en infraestructura de combate contra incendios. Para Agost Carreño, este tipo de catástrofes “requiere de un Estado eficiente, capaz de garantizar tanto la extinción del fuego como la recuperación económica y ambiental de las áreas afectadas”.

Con la urgencia de la situación sobre la mesa, el diputado espera que el proyecto sea tratado con celeridad en el Congreso, y que las herramientas necesarias lleguen a Córdoba antes de que los daños sean irreparables.

Confirmado el veto total a la Ley de Movilidad Previsional, el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño consideró que "estamos ante un nuevo error del presidente, de no tomar caminos alternativos, no dialogar, y no encontrar una salida política en un tema tan delicado como es cuánto ganan los jubilados".

Al referirse al trámite legislativo que puede comenzar el Congreso para revertir la decisión del Ejecutivo, aseguró que se deberá salir "a conseguir votos, y salir a buscar diputados que estén dispuestos a dar quórum".

No obstante, consciente de los dos tercios de los votos (de los presentes) que se requieren para volver a aprobar el proyecto, el cordobés observó que "hay una encrucijada con los gobernadores, que siempre han trabajado en conjunto con el Gobierno en todo lo que tenga que ver con ordenar las cuentas y bajar el déficit, y no entrar en muchas leyes, pero acá está en juego lo que son las cajas previsionales de las provincias".

Además, el legislador señaló que la pronta discusión por el Presupuesto 2025 "va a hacer que muchos gobernadores y diputados quieran discutir el orden de prioridades, que en definitiva es lo que estamos discutiendo acá. El Congreso ha planteado que la prioridad sean los jubilados, mientras el Gobierno prefería que la prioridad fueran los espías o los viajes al extranjero para recibir premios por cuestiones personales".

En diálogo con CNN Radio, el diputado del bloque liderado por Miguel Pichetto subrayó que "de cada 100 pesos que ajustó (Javier) Milei desde que llegó al poder, 40 fue con el cuero de los jubilados. Mientras los directores de YPF, del Gobierno y funcionarios de la AFIP ganan cifras estrambóticas".

"Está bien ordenar las cuentas, bajar la inflación y desarmar la herencia que dejó el kirchnerismo, incluso Milei fue cómplice en bajar Ganancias, que nosotros tuvimos que volver a colocar en el recibo de sueldo de muchísimos argentinos para que no haya un problema económico en Argentina", agregó.

Agost Carreño insistió en que "la fórmula de los jubilados es un tema prioritario, y además es lo que pide la Corte Suprema de Justicia de la Nación; (la ley) nos permite además saldar las deudas con las provincias que no han transferido sus cajas en los '90, nos permite que los jubilados lleguen a un número razonable y tengan previsibilidad sobre sus ingresos. También damos seguridad jurídica porque hoy tenemos 300 mil juicios pendientes más 90 mil sentencias, que con esta ley se corregiría y o empezaría a priorizarse la solución a los jubilados".

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal - Córdoba) le solicitó al Poder Ejecutivo un pedido de informes para que brinde detalles sobre la reducción en la cobertura del 100% de medicamentos para los afiliados del PAMI anunciada en la resolución 2431/2024, que ha generado una gran preocupación entre jubilados y pensionados. “Es una medida arbitraria e injusta que restringe de manera desproporcionada los derechos de uno de los sectores más vulnerables de la población”, señaló.

Según el legislador, la modificación en los criterios de acceso a la cobertura del 100% de los medicamentos “representa un retroceso en materia de protección social”, y afirmó: “El cambio de condiciones por decisión arbitraria y sin sustento suficiente amplía los requisitos excluyentes para el acceso a los servicios prestados por el instituto”.

Además, subrayó su preocupación por el aumento del 200% en el porcentaje de ingresos que se requiere para acceder al mecanismo de excepción que permite la cobertura total de los medicamentos: “Este incremento no compone un criterio razonablemente fundado y no se justifica en la necesidad de racionalizar recursos, sino en la exclusión, lo que demuestra una insensibilidad alarmante hacia quienes más lo necesitan”.

También, resaltó que “los haberes previsionales han sido licuados frente al fuerte incremento en los costos de los medicamentos”, lo que, a su criterio, impone, la necesidad de mantener y ampliar la cobertura de medicamentos. “Esta resolución representa una clara violación de los derechos de los jubilados y pensionados”, concluyó.

A través de un proyecto de resolución, el diputado exige informes de los antecedentes jurídicos a efectos de propiciar el cambio de criterio de cobertura del 100% de los medicamentos a los afiliados; conocer los tiempos que insumiría la aprobación del procedimiento; cantidad de beneficiarios que accedían a la cobertura del 100% de los medicamentos mediante INSSJP antes de la referida norma; cuantos afiliados dejarían de percibir la cobertura al 100%; si habrá otro tipo de descuento; porcentaje del presupuesto anual; y la relación porcentual habida entre la evolución de los haberes previsionales y el gasto efectuado por cobertura al 100% de medicamentos.