Ante el incremento de accidentes de tránsito, la diputada nacional Patricia Vásquez (Pro) presentó una iniciativa para que se declare por el término de un año la emergencia en materia de seguridad vial en todo el territorio nacional.

La iniciativa propone que se destinen recursos para generar un plan que reduzca la siniestralidad vial, fortaleciendo y reforzando los controles presenciales. También que se implemente en el plazo de un año máximo el sistema de scoring en todo el país que “lleva más de 16 años esperando”.

“Que la ley de tránsito sea de orden público para terminar con la dispersión de normas provinciales y municipales, manteniendo la unicidad y seguridad jurídica al ciudadano que esta ley impone”, agrega la propuesta.

Además, establece pasar de un esquema recaudatorio a “una verdadera política de prevención vial: las fotomultas dejan de ser el único elemento de constatación de faltas para pasar a ser sólo auxiliar y de apoyo al control que, como ya indica el artículo 70, debe ser presencial con el objetivo de hacer cesar al infractor en su conducta”.

“Coherencia en la prescripción de las multas. Lo establecido en la ley de tránsito va más allá del tiempo que el Código Penal dispone para la prescripción. Por eso, la modificación retoma la redacción original del artículo 89, sosteniendo un año para faltas leves y dos años para faltas graves”, plantea.

En tanto, propone “crear un fondo con el 100% de los montos recaudados para afectarlos a obras de infraestructura vial, educación vial y asistencia en siniestros viales para cortar con el curro de las universidades y las empresas intermediarias que se llevan el 50% -y en algunos casos aún más- de la recaudación por infracciones”.

En medio del debate sobre el financiamiento universitario, tras el veto a la ley del presidente Javier Milei y la insistencia que se buscará en el Congreso la próxima semana, una diputada que responde a Patricia Bullrich se sumó a las propuestas del Gobierno para arancelar la educación a extranjeros.

Al anuncio que salió de Casa Rosada, sobre que buscarán cobrarle a los extranjeros no residentes, la bonaerense Patricia Vásquez dijo: "No podemos como país que tiene más de 50% de pobreza darnos el lujo de sostener a más de 9.000 alumnos extranjeros que vienen a hacer su carrera y se van".

Y anticipó un proyecto de ley "para que se impongan aranceles a los extranjeros que estudian en nuestro país, o bien tengan la obligación firmando un convenio de pagar todos sus estudios al cabo de dos años de que comiencen con el ejercicio de su profesión".

La legisladora del Pro se quejó también de que "es ridículo que todo el pueblo argentino con sus impuestos siga sosteniendo alumnos crónicos de más de 10 años. Esto no da para más".

"Basta de confundir", enfatizó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien a través de la red social X le contestó: "La diputada Patricia Vázquez afirma que no se sabe el destino de los fondos de las universidades y que no hay logros significativos, en un contexto en el que el 50% de la población vive en la pobreza. Además, propone que los estudiantes extranjeros paguen, a lo cual le sugiero una relectura de los artículos 20 y 75, inciso 19, de la Constitución Nacional".

El porteño le recordó que "durante la discusión del proyecto de Ley de Financiamiento de las Universidades Nacionales, la diputada Vázquez votó en contra del artículo que incluía auditorías y también se opuso al artículo que establecía una fórmula polinómica con reglas claras y transparentes para la asignación de recursos a las universidades. Esta fórmula también estaba presente en el dictamen. Por lo tanto, al votar en contra de esos artículos, la diputada Vázquez se alineó con la postura de Unión por la Patria".

"Si su verdadero interés es establecer más controles que los que ya existen, podría solicitar al Gobierno nacional, dada su relación con él y la ministra de Seguridad, que pida a la Procuración del Tesoro que revierta el dictamen que excluyó a la Sindicatura General de la Nación de los procesos de control", desafió Ferraro.

Y cerró: "Si tanto le interesa la auditoría y la transparencia, la invito a que este próximo miércoles rechace el veto presidencial a la Ley 27.757. Esta ley es fundamental para garantizar la rendición de cuentas y la correcta utilización de los recursos públicos".

Durante un encuentro organizado en el Anexo de la Cámara baja, los diputados nacionales Patricia Vásquez (Pro), Oscar Agost Carreño (CF) y Martín Tetaz (UCR) presentaron sus proyectos de ley para transformar el régimen de transferencia automotor hacia un sistema más moderno, eficaz y menos costoso.

En el encuentro se enfatizó que comprar o vender un auto hoy en la Argentina es difícil y costoso: se necesitan 12 trámites y el valor puede llegar a representar un 6% del precio del vehículo, el más caro de toda la región. Cada año, lo padecen más de 4 millones de personas que deben presentarse en registros, pagar formularios y luchar con un sistema burocrático.

Tetaz fue el primero en exponer su iniciativa, la cual sostiene que a la hora de transferir un auto se pueda optar por hacerlo de manera presencial en un Registro Automotor o a través de una plataforma digital que permita resolver el trámite en forma gratuita y online. "Transferir un auto tiene que ser un trámite simple, digital y gratuito. Necesitamos bajar gastos y acabar con la burocracia inútil", afirmó el porteño.

Luego, explicó cómo fue el origen de su propuesta: “Hicimos un concurso el año pasado por redes sociales preguntando cuál era el trámite más inútil. En ese concurso salió número uno la renovación del Certificado Único de Discapacidad. El segundo que aparecía eran los trámites vinculados al registro automotor, por los costos y los trámites innecesarios”.

Su proyecto propone la creación de la "Plataforma Digital para el Registro Nacional del Automotor" en el ámbito de la DNRPA, llamada RENDA, para digitalizar y para simplificar los trámites de inscripción de dominio, modificaciones, extinción, gravámenes, embargos y otras cautelares, además de denuncias por robo. La iniciativa contempla que el trámite pueda efectuarse en cinco minutos, al igual que sucede en Nueva Zelanda, país que tomó como modelo.

Por su parte, Agost Carreño, también hace foco en la digitalización del sistema. “A más de 60 años de su implementación, el formularismo del sistema no ha sufrido modificaciones. Es por ello que propongo modificar la ley madre del sistema, a los efectos de modernizarlo y ajustarlo a las necesidades que imperan en la sociedad moderna donde Internet y los teléfonos inteligentes son el canal de casi todos los trámites y gestiones públicas y privadas”, señaló.

“Con esta modificación se habilitaría al Registro Nacional de la Propiedad Automotor a disponer de trámites absolutamente digitales, rápidos e intuitivos, sin con ello afectar la seguridad jurídica que se ha consolidado a lo largo de los años”, detalló el legislador cordobés.

En tanto, Vásquez sostuvo: “Queremos terminar con el robo de los registros automotores. Otro de los inventos de la política para saquearnos con impuestos, burocracia y trámites. Mi propuesta es terminar con esa intermediación que al ciudadano de a pie lo vuelve loco y le genera un costo injustificado. Proponemos crear un registro único nacional digital que centralice todo con un arancel único no ligado al valor del auto y una patente única de por vida vinculada a la persona y no al vehículo”.

La exposición contó con la moderación del periodista Matías Antico, quien estuvo de acuerdo con los diputados nacionales en que el objetivo del encuentro y de los proyectos es “bregar por un sistema más simple y digital que acá no se implementa por una traba más cultural que por otro impedimento”.

En la misma línea, Daiana Fernández Molero, diputada nacional por CABA y quien acompaña el proyecto presentado por Vásquez, analizó que “hay un problema más complejo y estructural: necesitamos un capitalismo de reglas. Su ausencia es un drama para Argentina en general y los registros son un ejemplo de cómo deslegitimar y perjudicar al consumidor. No tenemos competencia, hay exceso de regulación en todos los órdenes y eso genera privilegios concentrados en pocos y costos diluidos entre todos los consumidores que tienen menos capacidad de organizarse para que se quiten esas trabas”.

En síntesis, los legisladores coincidieron en la urgente necesidad de transformar el sistema poniendo el foco en los usuarios a partir de: una total digitalización de los trámites; alternativas para los usuarios incorporando competencia; reducción de costos en cada una de las instancias; y mayor transparencia en los procesos y la administración de los recursos.

La diputada nacional electa Patricia Vásquez (Pro – Buenos Aires) anticipó que, luego de asumir su banca en la Cámara baja este jueves, va a presentar un proyecto de ley para “terminar con el robo de los registros automotores”.

La legisladora de JxC propone “un registro nacional digital único con la base de datos conjunta de los bienes registrables embargados o denuncia de venta, y con un solo arancel que no deba pasar por empresas que llegaron allí por política”.

En diálogo por Radio Continental, la diputada electa atribuyó al registro automotor como “una caja política” que “es para amigos del poder, parientes, amantes, parejas, sobrinos y cuñados”. “Es un disparate que el 6% vaya a parar ahí porque el año pasado facturaron 60 mil millones de pesos y se quedaron con el 70 por ciento”, aseveró.

“La gente está harta, con razón, y no podemos seguir sosteniendo un sistema anacrónico que no existe en ningún lugar del mundo. Una intermediación entre pymes que nos exprimen con una burocracia infinita”, indicó Vásquez, quien además afirmó que “debemos terminar con esto”.

También, señaló que “hay más de 1550 registros Automotores en todo el país y más del 50% están intervenidas para hacer el cambio de línea política”. “Hubo 40 nuevos nombramientos en la recta final de su retirada están incluyendo el escandaloso caso de la hija de quien debe fiscalizarlos y controlarlos”, enfatizó la diputada de JxC.