La reciente publicación de “La Registración de Automotores: Una aproximación desde el Sistema Registral Argentino”, una obra de Alejandro Germano y Fabiana Cerruti, abogados y miembros de la Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor (AAERPA), añade valor al mundo del derecho administrativo argentino. Este libro, estructurado en tres partes, aborda desde sus fundamentos teóricos hasta su implementación práctica, destacando la relevancia de los registros automotores en el marco de la seguridad jurídica.

La obra se divide en tres partes bien diferenciadas. La primera, titulada “El Régimen Jurídico del Automotor”, comienza con un análisis sobre la seguridad jurídica como fundamento de la registración. En este apartado, se exploran los orígenes de los registros jurídicos, sus diversas clasificaciones y los sistemas registrales en el derecho comparado, incluyendo estudios sobre los sistemas alemán, francés, australiano, español y anglosajón. Posteriormente, se enfoca en el derecho registral en Argentina, describiendo la evolución y características del Registro del Automotor en el país, así como los principios registrales aplicables.

La segunda parte, “Naturaleza del Registro Automotor. El Diseño de la Oficina Registral”, examina el sistema registral del automotor argentino, sus antecedentes normativos y el rol de los encargados de registro. Además, se discute el régimen jurídico de estos encargados y las ventajas de la gestión privada de funciones públicas.

Finalmente, la tercera parte, “Transformación Digital de los Registros”, analiza el impacto de los avances tecnológicos en la modernización del registro del automotor.

El prólogo, a cargo del doctor Rodolfo Carlos Barra, destaca la relevancia y calidad de esta obra. Barra subraya: “Siempre es un motivo de gran satisfacción –y de orgullo– prologar un libro que represente un avance destacado en temas específicos del Derecho Administrativo”. Barra resalta que la registración pública implica la acreditación de datos que la norma jurídica exige conservar, encomendada a una organización pública o privada. Explica también la estructura orgánica y formal de los actos administrativos registrales y la importancia de la seguridad jurídica que estos registros aportan.

La conclusión del libro enfatiza la solvencia y eficiencia del sistema de registros del automotor en Argentina, destacando su independencia, autofinanciamiento y estabilidad. Germano y Cerruti subrayan que estos registros constituyen una garantía de seguridad jurídica para los propietarios y las inversiones económicas. “En definitiva, desde hace cerca de 60 años, el sistema registral brinda seguridad registral, dando certeza a quienes adquieren derechos u obligaciones respecto de un automotor, con un modelo desconcentrado de profunda raigambre federal con más de mil oficinas distribuidas en todo el territorio nacional a cargo de un profesional que además de estar capacitado técnicamente para la tarea registral, comparte con sus usuarios la problemática local porque está obligado a domiciliarse a menos de 100 km de la sede del registro, pudiendo transformar el concepto de seguridad jurídica en una solución concreta del caso que se le plantea”, explican los autores en el libro.

Los autores repasan las características esenciales del sistema registral del automotor, como su accesibilidad, rapidez, completitud, y la preeminencia de los derechos inscriptos. También se destaca la incorporación de herramientas tecnológicas que han permitido la informatización y modernización del registro.

“La seguridad jurídica es un valor relevante de todo sistema jurídico y un fin inmediato de la organización estatal, en tanto respuesta a la necesidad de previsibilidad y certeza requerida para el desarrollo de una comunidad”, afirman los autores y agregan: “La seguridad jurídica trasciende en la realidad extrarregistral con claras repercusiones en la economía. En Argentina, los efectos económicos de la inscripción del dominio de los automotores y de las garantías reales que se constituyen a su respecto ha sido de gran relevancia, pues ha significado dotar a los mercados automotriz y financiero de un basamento de solidez, certeza y estabilidad”.

Con esta obra, Alejandro Germano y Fabiana Cerruti ofrecen un recurso para profesionales del derecho, estudiantes y cualquier persona interesada en comprender el sistema registral automotor argentino.

Es difícil modificar un sesgo arraigado en el imaginario popular, y más cuando éste tuvo sus fundamentos, su raigambre, en el pasado político de nuestra historia.

Efectivamente, para ser designado Encargado de un Registro Automotor hasta el año 1997, la discrecionalidad del poder político era casi absoluta: pero -vale aclarar- nada diferente a la forma en que se designaba a los demás agentes y funcionarios en la mayoría de los otros cargos de la administración nacional, que en gran parte, debe decirse, continúa aún sin cambios.

Pero en un momento en esa historia, por resolución del Ministerio de Justicia 12/97, se inició un camino de profesionalización y transparencia en la designación de los Encargados, requiriendo en forma previa al nombramiento un examen de conocimientos teóricos ante un tribunal colegiado, y una “pasantía” previa en un Registro Seccional, a modo de acreditar conocimientos prácticos sobre la materia.

En el año 2000, a los exámenes públicos se agregaban los requisitos de poseer título habilitante de Abogado, Escribano o Contador Público Nacional, y acreditar experiencia profesional. Además, los postulantes (o sea, sólo por el hecho de acceder al concurso) deberían acompañar informes de antecedentes profesionales, comerciales, financieros, certificados de reincidencia y de aptitud psicofísica.

Finalmente, en el año 2003 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos perfeccionó el proceso, dictando la Resolución 238/03 que es la que actualmente rige los concursos para Encargados: estos son conducidos por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), cuentan con una certificación de normas de calidad ISO 9001 y con participación de la Escribanía General del Gobierno para acreditar la imparcialidad. En resumidas cuentas, el concurso –que se anuncia en el boletín oficial y en un medio público nacional- requiere al postulante al cargo: Poseer título de abogado, escribano, contador, licenciado en administración o economía; acreditar 2 años de experiencia profesional; no tener antecedentes disciplinarios en el Colegio o Consejo Profesional; no tener antecedentes negativos ante el Banco Central de la República Argentina; ausencia de antecedentes penales; y aprobar un examen teórico sobre la normativa nacional y local, en forma anónima ante un tribunal colegiado, con al menos 7 puntos sobre 10 para pasar a la siguiente etapa, entre otros requisitos.

La inscripción actualmente se realiza a través de la ventanilla digital TAD, facilitando el acceso a todos los interesados. Las decisiones del tribunal evaluador se toman por unanimidad y pueden ser objeto de impugnación, ante cualquier duda.  Satisfechos todos estos requisitos, los postulantes son clasificados en una lista según su orden de mérito. De entre los tres primeros, el director nacional de la DNRPA, propone a uno de ellos ante el Ministro de Justicia, que es quien finalmente evalúa el proceso, los antecedentes, la recomendación del director y en su caso decide si acepta o no la propuesta, designando al funcionario. Sin embargo, para el futuro Encargado, no terminan allí los requisitos, pues antes de asumir el cargo deberá: constituir una garantía económica para el ejercicio de la función (hipotecas, depósitos, seguros etc.) en favor de la DNRPA por un monto equivalente a cuatro veces el total de la recaudación mensual del Registro, renovable cada tres años. Presentar una declaración jurada patrimonial según la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública Nº 25.188. Y adquirir o alquilar un inmueble donde funcionará el Registro, habilitarlo, comprar el mobiliario, computadoras, insumos: contratar a su nombre personal calificado o formarlo. Todo ello con su patrimonio personal.

Hoy casi la mitad de los Registros están intervenidos, es decir, nombrados sus jefes en forma discrecional y temporaria. Visto el procedimiento que acabo de exponer, es claro que lo que hace falta son más concursos, no menos, para seguir garantizando la idoneidad, la transparencia y la profesionalización del sistema registral.

Hace ya más de dos décadas que el sistema de acceso al cargo cambió, para mejor. Puedo dar fe personal de la rigurosidad de todos estos procedimientos, porque los viví en carne propia. Fui nombrado encargado titular por Concurso Público en 2018, después de haberme capacitado académica y profesionalmente, y con el respaldo práctico de 25 años como empleado en un Registro –en el que empecé como cadete, mientras cursaba mi carrera-, además de otros empleos públicos y privados y del ejercicio de mi profesión de abogado.

Probablemente sea tedioso citar normas y reglamentos. O contar un caso en primera persona, que se repite en cientos de otros casos. Pero, aun así, es la única forma que considero honesta de aclarar conceptos, de contar una verdad y de tratar de combatir sesgos autoritarios y descalificadores, que no resuelven un tema, sino que sólo lo agitan.

Ulises Viviani es abogado y director de la revista Ámbito Registral

La diputada nacional electa Patricia Vásquez (Pro – Buenos Aires) anticipó que, luego de asumir su banca en la Cámara baja este jueves, va a presentar un proyecto de ley para “terminar con el robo de los registros automotores”.

La legisladora de JxC propone “un registro nacional digital único con la base de datos conjunta de los bienes registrables embargados o denuncia de venta, y con un solo arancel que no deba pasar por empresas que llegaron allí por política”.

En diálogo por Radio Continental, la diputada electa atribuyó al registro automotor como “una caja política” que “es para amigos del poder, parientes, amantes, parejas, sobrinos y cuñados”. “Es un disparate que el 6% vaya a parar ahí porque el año pasado facturaron 60 mil millones de pesos y se quedaron con el 70 por ciento”, aseveró.

“La gente está harta, con razón, y no podemos seguir sosteniendo un sistema anacrónico que no existe en ningún lugar del mundo. Una intermediación entre pymes que nos exprimen con una burocracia infinita”, indicó Vásquez, quien además afirmó que “debemos terminar con esto”.

También, señaló que “hay más de 1550 registros Automotores en todo el país y más del 50% están intervenidas para hacer el cambio de línea política”. “Hubo 40 nuevos nombramientos en la recta final de su retirada están incluyendo el escandaloso caso de la hija de quien debe fiscalizarlos y controlarlos”, enfatizó la diputada de JxC.