La iniciativa es impulsada por el correntino Manuel Aguirre la cual también plantea la implementación de certificados de libre disponibilidad pago de Derechos de Exportación de Soja y Maíz a fin de dar “impulso y fortalecer la producción nacional”.
El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR – Corrientes) presentó un proyecto de ley por el cual propone la eliminación de las retenciones al trigo y la implementación de certificados de libre disponibilidad pago de Derechos de Exportación de Soja y Maíz con el objetivo de dar “un impulso necesario para fortalecer la producción nacional y contribuir al desarrollo económico del país”.
La propuesta contempla la eliminación de los Derechos de Exportación para el trigo a partir del 1 de enero de 2024, así como la implementación de un Certificado de Libre Disponibilidad para la Soja y el Maíz, “lo cual ha despertado un gran interés y expectativa en la comunidad agroindustrial”.
El legislador resaltó la importancia de brindar certidumbre a los productores y de apoyar el crecimiento del sector agropecuario: “Es fundamental eliminar las retenciones en el trigo para mejorar los márgenes de los cultivos invernales y fomentar la inversión tecnológica, lo cual beneficiará a toda la cadena productiva”.
El proyecto también propone la creación de un mecanismo innovador a través del Certificado de Libre Disponibilidad, que permitirá a los contribuyentes utilizar el 50% de los montos recaudados por los Derechos de Exportación como saldos de libre disponibilidad para el pago de obligaciones impositivas.
Esta medida busca aliviar la carga fiscal sobre los productores y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, promoviendo así un ambiente más propicio para la inversión y el crecimiento sostenible del sector agropecuario.
“En un contexto donde la incertidumbre climática y los desafíos económicos han puesto a prueba la resiliencia del sector agropecuario, esta propuesta legislativa representa un paso significativo hacia la consolidación de un entorno favorable para el crecimiento y la prosperidad de los productores argentinos”, argumentó Aguirre.
Aseguran que el ex Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, favoreció con subsidios millonarios a una sola empresa molinera.
Los diputados de la Coalición Cívica, el legislador provincial Luciano Bugallo, y las diputadas nacionales Marcela Campagnoli y Victoria Borrego, presentaron una denuncia penal requiriendo la investigación de supuestas irregularidades en la administración del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino.
Pocas semanas antes de renunciar, Roberto Feletti anunció la creación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino que tenía como objetivo contener el alza de precios internacionales en el mercado local como consecuencia, explicaba el gobierno, de la invasión de Rusia a Ucrania.
En efecto, la propuesta incluía la creación de un fideicomiso que sería financiado con un aumento de impuestos a la harina y el aceite de soja.
En los hechos, la intervención impuesta por el Gobierno apuntó a reducir el precio de la bolsa de harina que se vende a las panaderías desde los $45.000 pesos por tonelada de harina de trigo en el mercado interno, a los $25.000 pesos, valor previo al inicio de la guerra en el este de Europa.
Para compensar la diferencia entre un precio y otro el fideicomiso subsidia con $20.000 pesos a los molinos para responder a la diferencia de precios.
De acuerdo a lo documentado por Campagnoli, Borrego y Bugallo en la denuncia, “de los más de 160 molinos existentes en el país, sólo tres adhirieron al fideicomiso para subsidiar la harina que va al mercado interno. De esos 3, dos pertenecen a la empresa Molinos Cañuelas, la cual se encuentra en convocatoria de acreedores por US$ 1.300 millones en deudas, de los cuales, unos $3.000 millones es deuda fiscal y previsional”.
“Un dato muy llamativo es que al resto de las empresas que quieren adherir al fideicomiso se les exige no tener deudas fiscales, pero la excepción es Cañuelas, la misma y única empresa que en tiempos de la ONCCA logró cobrar el 100% de los subsidios de compensaciones al trigo”, según consignaron los cívicos.
“La burocracia del sistema exige tener una estructura administrativa que los molinos pyme no tienen, la cual hoy les generaría costos que no pueden afrontar, menos aún, cuando los tiempos y formas de pago que acostumbra el Estado, se cuenta en meses. Excepto, claro, para Cañuelas”, explicó Bugallo.
En ese sentido, los legisladores que reconocen la conducción de Elisa Carrió se valieron de una investigación periodística y documentación oficial que incorporan como prueba adjunta a la de denuncia, mediante la cual asientan su acusación.
“No sólo la empresa seleccionada y la creación del fideicomiso resultan jurídicamente reprochables, sino de los $1.400 millones de pesos que Comercio Interior informó haber pagado a través de ese fideicomiso, más del 80% fue a parar a una cuenta de Molinos Cañuelas”, detallaron los legisladores.
Y agregaron “por lo menos en el sector agroalimentario argentino no se conocía una transferencia de semejante magnitud. Fueron exactamente $1.098.951.866,38 millones de pesos que cambiaron de manos: pasaron de la cuenta del Fideicomiso estatal, que se supone se financia con recursos del aumento de las retenciones a los derivados de la soja, a la cuenta corriente de Molinos Cañuelas en el Banco Supervielle”, describen en la denuncia.
Finalmente, para los legisladores de la oposición “el FETA (Fondo Estabilizador del Trigo Argentino) fue un traje a la medida de Molinos Cañuelas, al igual que lo fue en su momento la ONCCA, un festival de subsidios para las empresas preferidas del kirchnerismo; una caja impresionante de retornos, coimas y corrupción que estamos denunciando y pretendemos que se investigue a fondo caiga quien caiga”, concluyeron los diputados contreras.
El legislador radical tildó de “disparate” la medida porque cuando hay arbitrariedad y discrecionalidad en la administración, se fomenta la corrupción”.
El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR – Formosa), se refirió a la implementación de cupos a la exportación de trigo y maíz y aseguró que “las medidas que lanzó el Gobierno, como aumentos en los derechos de exportación, solo benefician a los grandes exportadores en detrimento de los productores y consumidores”.
Cabe recordar que a través de la resolución 276 publicada en el Boletín Oficial, con la firma del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se determinó que la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios de la cartera agrícola “publicará los volúmenes de equilibrio para cumplimentar la demanda del mercado argentino correspondientes a los productos de origen agrícola comprendidos dentro del régimen creado por la Ley N° 21.453 (norma que creó las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior -DJVE-…). Dicho de otra forma, los volúmenes por los cuales no puede haber mayor exportación.
En declaraciones televisivas, el exministro de Agroindustria afirmó que las decisiones tomadas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y por Domínguez: “Desalientan la inversión, quitan previsibilidad en el sector y fomentan la sojización del país”. “Son una “pésima medida”, remató.
Buryaile remarcó que “con la implementación de los cupos aparece la discrecionalidad. Y cuando hay arbitrariedad y discrecionalidad en la administración, se fomenta la corrupción”. Finalmente insistió en que “Argentina necesita dólares; y a productos como el trigo, el maíz y la carne, que generan aproximadamente 15 mil millones de dólares, les aplican este tipo de medidas. Es un disparate”.
