Los senadores nacionales de Unidad Federal, Alejandra Vigo (Córdoba), Carlos Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos), recibieron a Carlos Achetoni y Elvio Guia, presidente y vicepresidente primero de la Federación Agraria Argentina (FAA).

Los dirigentes rurales le acercaron a los legisladores un panorama del momento que atraviesa la producción agropecuaria, consecuencia en gran medida de la sequía. Además, plantearon, ante esta situación, la necesidad de que haya un salvataje para el sector.

En esa línea, los representantes de la FAA entregaron a los senadores un documento en el que se detalla la magnitud y especificidad de la crisis y en el que se proponen una serie de medidas divididas en tres líneas principales: alivio fiscal, financiamiento y baja de retenciones.

Por su parte, los senadores del bloque de Unidad Federal manifestaron su apoyo al reclamo y coincidieron que solicitarán al Estado Nacional que de manera urgente instrumente las medidas que lleven alivio a los productores. En este sentido, reafirmaron que “es fundamental para el conjunto de las economías de nuestras provincias asistir al sector primario, para que supere este difícil momento”.

La Federación Agraria Argentina remitió notas a los diputados de la Nación para solicitar que no aprueben el artículo 95° del dictamen de mayoría del Presupuesto, en el que se busca prorrogar hasta diciembre de 2023 la facultad del Poder Ejecutivo para modificar las alícuotas de los derechos de exportación. 

Al respecto, solicitaron que “no acompañen una norma inconstitucional, arbitraria y que favorece la concentración de capitales, en detrimento de la economía de desarrollo del interior argentino. Y proponemos mantenga el Poder Legislativo las facultades de legislar en materia de impuestos y de Derechos de Exportación”. 

Entre los motivos para sustentar dicho pedido, desde la FAA advierten: “En materia Tributaria, la delegación de facultades al Poder Ejecutivo se encuentra prohibida, atento los presupuestos Constitucionales y los antecedentes Jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia. Entre los fundamentos jurisprudenciales encontramos principalmente que rige el principio de legalidad o de reserva de ley, rígido y estricto en materia tributaria, y que los Derechos de Exportación tienen una naturaleza innegable de carácter tributaria, es decir se trata de impuestos. En este sentido, el Poder Legislativo, no puede bajo ningún concepto delegar tales facultades, de acuerdo al artículo 75° de nuestra Constitución Nacional. Por tanto, admitir la prórroga de la facultad al PEN para determinar derechos de exportación, sería admitir la delegación de dichas facultades, lo cual sería abiertamente contrario a nuestra Ley Suprema, que lo prohíbe”. 

Y continuó: “Agregamos, que, en la práctica contributiva, si bien el Derecho de Exportación es un impuesto que debe tributar el exportador, siempre es trasladado al productor agropecuario en materia agraria, lo cual afecta directamente el precio que percibe el productor. En resumidas palabras, es el productor agropecuario sobre quien repercute directamente el tributo, distorsionándose en la realidad el fundamento original del cobro de dicha tributación, perjudicando de manera directa la distribución de los esfuerzos y afectando a los más pequeños en beneficio de los más grandes exportadores de productos agropecuarios. Esta realidad desdibuja el rol de desarrollo productivo, económico y social del sujeto agrario que moviliza la economía argentina y sobre todo de las comunidades más pequeñas y postergadas”. 

Asimismo, la entidad aprovechó el contacto con los legisladores para señalarles: “Finalmente, y dada la enorme sequía que impacta fuertemente sobre vastas zonas de nuestro país, así como también diversas inclemencias climáticas como granizo y/o helada, que padecemos con más fuerza los productores más pequeños, les pedimos tengan a bien considerar la incorporación en el tratamiento legislativo de estos y tantos otros temas que atentan contra la producción y el desarrollo de nuestro país. En particular, en relación con este tema, desde hace años venimos solicitando desde FAA que se puedan actualizar los fondos previstos por la Ley de Emergencia y/o Desastre Agropecuario, así como también avanzar con la creación de un seguro multirriesgo, por citar algunas propuestas de varias. Muchas veces pareciera que la agenda del Congreso va por un sendero muy distinto al que transitamos los que vivimos y producimos en el campo. Por eso los invitamos a abordar estas problemáticas a la brevedad”. 

La Federación Agraria Argentina solicitó a los diputados nacionales que no aprueben el proyecto que llegó desde el Senado por el que se pretenden expropiar tierras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Catamarca.

Al respecto, señalaron: “Avanzar sobre bienes del INTA no sólo implicaría el despojo de las tierras en cuestión, sino también atentaría contra el aporte en investigación, desarrollo y apoyo que el Instituto hace a los pequeños y medianos productores de todo el país. Por eso les solicitamos a los diputados que no permitan que esta iniciativa prospere”.

Cabe recordar que Federación Agraria fue una de las primeras entidades en alzar la voz luego de que el Senado diera sanción al proyecto del senador Dalmacio Mera, para expropiar tierras en Sumalao, provincia de Catamarca. Posteriormente, diversas organizaciones, entidades y hasta el Consejo Regional del INTA se sumaron para rechazar la iniciativa.

“En los fundamentos del proyecto dicen querer urbanizar esos espacios. Desde la entidad estamos sumamente preocupados, porque si bien no desconocemos la importancia que puede tener el acceso a la tierra y/o la vivienda”, remarcaron desde la entidad.

Sin embargo, advirtieron que la problemática habitacional “no puede atentar contra el INTA ni sobre los productores que nos valemos de los conocimientos y desarrollos que llevan adelante”.

Por eso, “pedimos a los diputados que no sancionen este proyecto” porque “alarma pensar que para buscar una solución habitacional en el país se usen tierras del INTA”.

“¿Esa es la imagen que vamos a darle al mundo? ¿Para resolver un tema de vivienda desmantelamos al organismo que debiera ser el faro que nos oriente en materia de investigación y desarrollo?”, concluyeron desde Federación Agraria.

Hoy, se ven precios de alimentos que suben inexplicablemente y en forma abusiva, volviendo a las mismas prácticas tantas veces denunciadas por nuestra entidad, que toman de rehén y —como dijo el presidente de la Nación— de “bobo” al consumidor. Tal como expresamos cuando dijo eso en el inicio de sesiones del Congreso, el consumidor no es el único bobo o rehén de la cadena, porque el productor primario es el otro gran perdedor, ya que percibe por sus productos precios deprimidos, muchas veces por debajo de los costos de producción, mientras que el consumidor debe pagar abultados valores por esos mismos alimentos. Es evidente, entonces, que hay dos perdedores en la cadena alimenticia: el productor y el consumidor. 

Al mismo tiempo, surgen hechos que adquieren tanta relevancia mediática como han sido las compras públicas llevadas a cabo por funcionarios del Estado, con evidentes y sospechosos signos de distorsión de precios.  

Así las cosas, en este momento no deseo estar en un silencio connivente oficialista ni ser un activo denunciante opositor. 

Quiero en este caso, siendo parte del primer grupo de perjudicados de la cadena, los productores de alimentos, y también siendo consumidor y parte del pueblo argentino, repudiar de manera contundente este tipo de actos de torpeza o de corrupción (habrá que ver lo que la Justicia determine), que de un modo u otro avalan y afianzan la cadena parasitaria de comercialización. En este sentido, espero que de confirmarse estas sospechas que derivaron en despidos y pedidos de renuncias, que tengan una ejemplar sanción todos los implicados en este accionar, especialmente en la difícil situación que atraviesa nuestro país y el mundo.  

Cuando asistí a la Mesa en contra del hambre, dije con mucha claridad que representaba a productores agrícolas y ganaderos de la Agricultura Familiar, pequeños y medianos productores agropecuarios que, paradójicamente, producían alimentos y, por los ingresos que percibían, en muchos casos se ubicaban por debajo de la línea de la pobreza. También expresé en ese ámbito que, para crear un país mejor, debíamos poder sentarnos a pensar, debatir y consensuar entre quienes somos distintos. Como estábamos haciendo ese día, porque de eso precisamente se trata la creación de una Nación fuerte, libre y soberana; porque creo que es mentira que se debe separar y dividir a los que son diferentes para atenderlos de manera adecuada. 

Dije, además, que el aporte que podía hacer nuestro sector para enfrentar los problemas del país es fundamental. Porque, más allá de los impuestos que siempre hemos pagado, se puede hacer un gran aporte a la economía real si se hacen cambios urgentes y necesarios. Estoy convencido de que el camino debe ser corregir los desequilibrios en las cadenas, para terminar con el sometimiento y empobrecimiento de los productores, que muchas veces ven cómo se pierden sus producciones sin valor en sus fincas o chacras, mientras que a los consumidores de menor poder adquisitivo se los priva del acceso a los alimentos básicos. Este desequilibrio se puede corregir con circuitos cortos de comercialización y compras públicas del Estado. Estas acciones dignificarían los ingresos de los productores y asegurarían el acceso de los consumidores a los productos alimenticios con precios más justos y razonables. Además, permitirían preservar e impulsar el empleo en el interior del país, descomprimiendo el hacinamiento en los conos urbanos de las principales ciudades del país.  

Por todo eso, creo que debemos ser implacables al rechazar estas prácticas indebidas en la compra pública. Y dejar claro que debe existir una interacción virtuosa entre lo público y lo privado, desestimando tanto al libre mercado como a la regulación del Estado como términos absolutos.  

Dije con mucho énfasis que de la pobreza y el hambre se sale generando trabajo y devolviéndole la dignidad a las personas. Que se deben encontrar mecanismos para que no deban ser asistidas indefinidamente, porque eso se transforma en asistencialismo y se les anula la posibilidad de ser libres y valerse por sí mismos. 

Por último, pero no menos importante, dije que, en estos años de democracia, la mayor deuda con el pueblo era la del arco político en su conjunto. Considero que como sociedad aún esperamos un compromiso y esfuerzo que, todavía hoy no está en la mayoría de los políticos. De hecho, lamentablemente seguimos viendo hoy nuevos intentos obstinados y férreos en los que buscan aportantes que eviten los lógicos esfuerzos que debería hacer el sector político. Si ellos se dignaran a hacerlos, estarían haciendo un gesto que los reivindicaría. Por el contrario, seguimos viendo cómo cada día inspiran más al desaliento del esfuerzo y del sacrificio para obtener las cosas. Y eso apena.  

Por todo esto, y con este escenario a la vista, estoy convencido de que, hoy más que nunca, debemos reivindicar a los agricultores familiares y a los pequeños y medianos productores, que luchan día a día contra diferentes atropellos, desde precios desleales pagados a sus producciones, impuestos injustos y distorsivos, la falta de políticas específicas para el sector y hasta despojos de sus tierras. Y en el marco de la crisis sanitaria desatada por el Covid 19, en el que el cierre de las fronteras en el país y en el mundo demuestran que debemos poder ser autosuficientes como país, creo que tenemos una gran oportunidad como Nación para desarrollar políticas públicas a corto, mediano y largo plazo que nos permitan lograrlo, generando desarrollo sustentable, justo y sostenible, para asegurar los alimentos y la soberanía alimentaria para nosotros, para nuestros hijos, y para las generaciones futuras.