Con el objetivo de tener consensos a la ley ómnibus, el ministro del Interior, Guillermo Francos, recibió este lunes a funcionarios de cinco provincias para aclarar detalles del proyecto de ley “ómnibus” vinculados a las economías regionales, principalmente lo referido a los biocombustibles, tanto biodiesel como bioetanol y estarían dispuestos a hacer cambios en ese sentido.

El encuentro se llevó a cabo en Casa Rosada a la cual arribaron la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, y los ministros Sergio Busso (Bioagroindustria de Córdoba) y Guillermo Bernaudo (Desarrollo Económico, de Entre Ríos), Daniel Abad (Economía y Producción, de Tucumán); y el secretario de Desarrollo Industrial de Jujuy, Diego Suárez.

Junto a Francos estuvieron el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, Fernando Vilella, al secretario de Interior, Lisandro Catalán, y al subsecretario de Combustibles e Hidrocarburos, Luis de Ridder. También participó Mariela Beljansky, subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético.

El ministro del Interior indicó que durante el encuentro se pudieron “clarificar algunos temas que se habían comprendido mal del proyecto de Ley ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’ con relación al corte de bioetanol y de biodiesel, que tienen un fuerte impacto en la actividad de pequeñas y medianas empresas en cada distrito”.

“Clarificamos que el porcentaje de corte de biocombustibles establecido en el proyecto de ley es un piso del 12% que no va a reducirse y acordamos seguir conversando y analizando estos temas, que tienen impacto en las economías regionales de cada provincia”, aseguró el titular de la cartera de Interior.

Entre los principales cambios que propone el Gobierno en el capítulo de Biocombustibles en la denominada Ley Ómnibus, que contempla modificaciones a la Ley 27.640 que regula al sector, están la eliminación del sistema de cupos por empresa para abastecimiento interno y la puesta en marcha de un esquema de libre acuerdo de precios entre las partes, sin la intervención del Estado. El proyecto del Ejecutivo también permite la importación del biocombustible y que las petroleras puedan participar del negocio.

Tras la reunión, la vicegobernadora de Santa Fe en declaraciones realizadas señaló que “básicamente lo que vinimos a plantear son algunas modificaciones a la Ley Ómnibus, siempre con una mirada propositiva que nos permita sostener la industria nacional y sostener los derechos que hoy tienen adquiridos nuestras industrias de biocombustibles, que eso le permita seguir siendo jugadores en este momento que estamos viviendo”.

“Nos escucharon y respondieron que se va a analizar lo que nosotros trajimos como una propuesta concreta, nosotros entendemos que esta es la primera herramienta, después está el Congreso obviamente, y vamos a seguir trabajando con nuestros legisladores”, señaló Scaglia.

“Obviamente queremos ir hacia adelante y en el futuro aumentar ese corte, que nos permita tener una industria más sustentable, pero también defendiendo las producciones provinciales”, agregó y cerró: “Somos muy optimistas y sentimos que hemos sido escuchados que es lo que más nos importa, hay una propuesta que dejamos y vamos a tener un trabajo con los legisladores para una iniciativa conjunta entre todas las provincias”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, rescató “el espacio de diálogo que estamos teniendo con el gobierno” y la elaboración de “una propuesta conjunta, con una premisa que queremos defender, que nosotros estamos para acompañar al gobierno y que le vaya bien, porque el país sale adelante con más producción”.

Puccini sostuvo que “cada impuesto que se le pone la producción creemos que es un retroceso, por eso estamos mirando algunas de Economía regionales como tienen que ser. Nosotros ya sufrimos con el gobierno anterior y con el kirchnerismo fuimos perjudicados, por lo menos en lo que atañe a la provincia de Santa Fe en lo que fue el balance fiscal federal, y quedamos en el ranking número 20 de 24 provincias, eso también lo queremos cambiar”.

A su turno, el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, manifestó que “hay una interpretación del gobierno sobre lo que eran nuestras demandas en la parte de biocombustibles, que está atendida y que en temas de redacción habría que modificar”, y estimó que “es el mismo caso que pasó con pesca”.

Por su parte, el titular de la cartera de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, indicó que además del tema principal de la reunión, de los biocombustibles, se conversó sobre “algunos aspectos vinculados a las retenciones”.

Busso dijo que “las retenciones son un mal impuesto, la verdad que es el único país de la región y del mundo que tiene retenciones, por eso se naturaliza y se dice que el tipo de cambio resuelve los problemas, pero a nosotros es plata que se nos va de nuestras provincias”.

“Si bien queremos ser solidarios y los productores quieren ser solidarios, me parece que hay que plantear un tema y un escenario distinto, transitorio y obviamente las economías regionales no estamos absolutamente de acuerdo, creo que hay que ir un planteo de cero, por eso es algo que vamos a discutir”, expresó Busso.

En el caso de Santa Fe, acompañaron a la vicegobernadora el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, la secretaria Energía, Verónica Geese; la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada; y el subsecretario de Relaciones Institucionales, Juan Rodil.

Por parte de Córdoba, estuvieron presentes el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa; el ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso; el secretario de Planificación Energética, Sergio Mansur.

En representación de Tucumán, estuvieron presentes el ministro de Obras y Servicios Públicos, Santiago Yanotti, y el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, mientras que por parte de Entre Ríos, participaron el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; y la secretaria de Energía, Noelia Zapata; mientras que, de Jujuy, participó el secretario de Desarrollo Industrial y Comercial, Diego Suárez.

En el tramo final de la sesión, la Cámara de Senadores convirtió en ley el Régimen de Promoción de la Producción y/o Elaboración de Productos Orgánicos, en el marco de lo dispuesto por la ley 25.127 de Producción Ecológica, Biológica u Orgánica, con 54 votos a favor y 1 en contra (de Carmen Álvarez Rivero).

El proyecto prevé una serie de beneficios fiscales, entre ellos la reducción del 50% en el monto total del impuesto a las Ganancias determinado en cada ejercicio respecto de las actividades productivas.

Se trata de un régimen de promoción que se extiende por espacio de diez años, cuya autoridad de aplicación es la AFIP y que otorga un certificado promocional a los efectos de la operatividad de ese régimen. Prevé beneficios fiscales y por el mismo se crea un registro donde se inscriben empresas y los productores alcanzados por la ley.

Podrán acogerse al régimen de promoción los productores y/o elaboradores de productos que acrediten al menos un año de permanencia a contar desde el inicio del seguimiento. Los sujetos alcanzados por esta ley no podrán exceder los montos máximos de facturación para la totalidad de sus actividades establecidas.

Además, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tendrá la facultad de crear un certificado promocional a los efectos de la operatividad del presente régimen. También crea el Fondo de Promoción del Producto Orgánico. La autoridad de aplicación podrá financiar a través de este fondo programas de asistencia para aumentar el número de productores primarios, proyectos de investigación y desarrollo, fortalecimiento institucional, aportes no reembolsables para acceder a la certificación orgánica, programas educativos, etc.

A su vez, plantea que los beneficiarios del régimen de la presente ley podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible el 50% de la totalidad de las contribuciones patronales que hayan efectivamente abonado a partir de su incorporación al registro previsto en el artículo 10, sobre la nómina salarial de mano de obra empleada en la producción y/o elaboración de productos orgánicos con destino a los sistemas y subsistemas de seguridad social.

La Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Senado tuvo este miércoles su reunión constitutiva, en la que ratificó a tres senadoras al frente de la misma: Nora del Valle Giménez como presidenta; Mariana Juri, vicepresidenta y Clara Vega como secretaria. Tras lo cual, avanzaron con el tratamiento del proyecto de Producción Orgánica para las Economías Regionales, que viene con media sanción de Diputados, y al que se le dio dictamen.

El proyecto que prevé una serie de beneficios fiscales, entre ellos la reducción del 50% en el monto total del impuesto a las Ganancias determinado en cada ejercicio respecto de las actividades productivas, fue aprobado el 6 de julio pasado con 120 votos afirmativos, 6 negativos y 38 abstenciones.

Se trata de un régimen de promoción que se extiende por espacio de diez años, cuya autoridad de aplicación es la AFIP y que otorga un certificado promocional a los efectos de la operatividad de ese régimen. Prevé beneficios fiscales y por el mismo se crea un registro donde se inscriben empresas y los productores alcanzados por la ley.

Podrán acogerse al régimen de promoción los productores y/o elaboradores de productos que acrediten al menos un año de permanencia a contar desde el inicio del seguimiento. Los sujetos alcanzados por esta ley no podrán exceder los montos máximos de facturación para la totalidad de sus actividades establecidas.

Además, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tendrá la facultad de crear un certificado promocional a los efectos de la operatividad del presente régimen.

También plantea que los beneficiarios del régimen de la presente ley podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible el 50% de la totalidad de las contribuciones patronales que hayan efectivamente abonado a partir de su incorporación al registro previsto en el artículo 10, sobre la nómina salarial de mano de obra empleada en la producción y/o elaboración de productos orgánicos con destino a los sistemas y subsistemas de seguridad social.

Autor de la norma en Diputados, estuvo presente en la reunión del Senado el presidente de la Comisión de Economías Regionales de la Cámara baja, Ramiro Fernández Patri, que fue invitado a hablar de su proyecto. Al hacerlo, contó que el mismo prevé otorgarles “herramientas a nuestros productores, sobre todo de las economías regionales”. La producción orgánica, agregó, “tiene un equipo que viene militando este proyecto hace más de diez años. Se ha generado en la Secretaría de Agricultura una comisión asesora integrada por todas las provincias, universidades y asociaciones del sector, y lo que hemos hecho los diputados es trabajar en forma articulada con ellos”.

Recordó el diputado formoseño que un proyecto “no exacto, pero similar” había tenido media sanción en 2013, pero luego n pudo ser tratado en el Senado y perdió estado parlamentario”.

“Teníamos que darle impulso y estuvimos trabajando en el proyecto, porque hoy Argentina el 98% de lo que produce en producción orgánica lo termina exportando. (Esta actividad) no tiene asociada una importación que genere dólares a la Argentina, que hoy es el segundo país en el mundo en cantidad de hectáreas de producción orgánica”, apuntó el legislador oficialista, que admitió que “desde el Estado no contribuimos con los productores para que haya fondos específicos” destinados al sector.

Fernández Patri puntualizó que “esta ley lo que hace es crear un fondo especial para poder pagar a una certificadora que haga la trazabilidad de todo el proceso de producción”. Destacó además los beneficios que tiene la producción orgánica, no solo a nivel salud, sino también para mitigar el calentamiento global, pues se produce sin utilizar fertilizantes químicos; y genera entonces beneficios sociales, ambientales, económicos y en materia de salud. “Argentina tiene todavía un gran potencial por descubrir, sobre todo el mercado interno, porque todavía no tenemos la conciencia de lo que significa ese producto por el que estamos pagando de más”.

Recordó que el proyecto establece un monto de cien millones de pesos para distribuir entre todas las asociaciones que quieran trabajar en ese sentido.

Mientras comenzaba a circular el dictamen para la firma, la presidenta de la comisión, Nora del Valle Giménez, contó que habían recibido el ofrecimiento de participar de una exposición conjunta de la producción orgánica en las economías regionales, y aprovechó la presencia de Fernández Patri para comprometer a las comisiones de ambas cámaras a tomar parte de esa muestra, en el marco de la necesidad de atender permanentemente políticas públicas de apoyo, sostenimiento y asistencia del Estado para ese sector.

El fin de semana pasado, el ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció que a partir del primero de septiembre del 2023 ninguna economía regional va a pagar retenciones en la Argentina.

Tras ello, desde Bodegas de Argentina Asociación Civil emitieron un comunicado en favor de la medida: “Luego de largos años de gestiones frente a las autoridades nacionales, comunica a la comunidad la posibilidad de eliminación de retenciones y derechos de exportación a partir del 1 de Setiembre. Agradece el trabajo realizado junto al resto de las cámaras vitivinícolas que nos acompañaron en ese sentido”.

“La quita de retenciones a las exportaciones, representa un paso muy importante para la inserción internacional de nuestros productos no obstante lo cual, seguiremos trabajando a fin de mejorar la competitividad del sector”, agregaron.

“Por último, manifestaron que “continuaremos peticionando para alcanzar políticas de estado para el sector exportador, acompañadas por los acuerdos internacionales largamente solicitados y el apoyo en la promoción de nuestros productos en el mundo”.

Un centenar de mujeres dirigentes de las principales entidades gremiales empresarias de todo el país celebraron este miércoles el Día Internacional de las PyMes, en una jornada organizada en el Senado de la Nación por la presidenta de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y Pymes de la Cámara Alta, Nora del Valle Giménez.

La jornada contó con la participación del subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Tomás Canosa, y disertaron mujeres empresarias de las principales entidades que agrupan a las pymes en el país: Unión Industrial Argentina, Cámara Argentina de Comercio, CAME, CGERA, Confederación Federal PyMes Argentina, Fundación Observatorio PyMes y ENAC.

En la apertura, la senadora salteña destacó que “nuestra estructura productiva está atravesada por 3 grandes desigualdades: las territoriales, los ingresos y las de género. La participación de las mujeres en el tejido productivo es muy diferente a la de los varones, ya que tiene que ver con tradiciones culturales y roles asignados en la división del trabajo”.

En ese sentido repasó que “más del 30% de las empresas integradas por personas jóvenes son lideradas por mujeres. En Educación más del 70% de las PyMes del sector están lideradas por mujeres. Sin embargo, en los sectores de alta tecnología, los sectores exportadores, y las proveedoras de grandes empresas son las que registran los menores porcentajes de los liderazgos femeninos”.

A partir de ello planteó que desde la Comisión Pyme del Senado “estamos dispuestas a dar el debate necesario para impulsar las políticas públicas y los marcos normativos que consoliden el liderazgo de las mujeres empresarias pyme en toda la Nación. Porque queremos a las pymes como motor de un modelo de desarrollo productivo inclusivo y sustentable, que nos permita avanzar en la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria y federal”.

Por su parte, el subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Tomás Canosa, enumeró que “más del 90% de las empresas en Argentina son MiPymes, generan el 60% del empleo en el país, y el año pasado exportaron por 13.000 millones de dólares. Son un actor central de la economía argentina”.

Marta Gaitán, del Comité de Género de COOPERAR, fue la encargada de abrir el panel de emprendedoras, comentando que “las cooperativas y las Pymes tienen una identidad compartida, por el hacer y transitar en el escenario económico nacional y de las economías regionales. Además, compartimos los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible”. Luego, al hablar de cuestiones de género, planteó que “las mujeres estamos en la base de la productividad, pero faltamos en los cargos de conducción”. 

A continuación, la presidenta de la Comisión de Género de la UIA, Irini Wentinck, planteó como primer desafío crear nuevas empresas, y contó que “una investigación del Observatorio Pyme reveló que antes de la pandemia en Argentina se creaba una empresa cada 2.400 habitantes, cuando en Brasil una cada 326 y en Chile una cada 145”. Y enfatizó que “crear empresas es el único camino que tenemos para salir adelante. Necesitamos crear no sólo pymes, sino además pequeñas y medianas industrias, que son las más pujantes”.

La representante de la Confederación Federal Pyme Argentina, Maricel Benítez, expresó su preocupación por las asimetrías que enfrentan las PYMES en el país. En ese sentido repasó que “el 45% de las empresas está liderado por mujeres; pero el 29% de ese porcentaje está integrado por mujeres que ni siquiera están bancarizadas”. Advirtió que las asimetrías afectan principalmente a las provincias del Norte; y no sólo es de desarrollo productivo sino también de desarrollo humano.

Ornella Calvette, de la Confederación General Empresaria Mujeres, reflexionó que “la presencia de líderes empresariales mujeres promueve a otros actores del sistema a animarse a romper las barreras culturales y estereotipos de género”.  Por ello planteó que hay que “avanzar en una política transversal de equidad de género en todas nuestras acciones”.

Finalmente, Brenda Ríos, de la Comisión de Género de ENAC, comentó que la última encuesta de ENAC refleja que las empresas lideradas por hombres tienen en su plantel un 20% de mujeres, mientras que las empresas lideradas por mujeres tienen un 53% de mujeres en el plantel, e invitó a otras entidades a revisar lo que ocurre en sus sectores.

Durante el acto, también se realizó un minuto de silencio en homenaje al ex presidente de CAME, Fabián Tarrío quien fue un reconocido empresario impulsor de centros comerciales a cielo abierto en todo el país.

Sobre el final, Del Valle Giménez entregó una mención de honor del Senado de la Nación a Julita Maristany por su lucha en pos de la incorporación de las mujeres en las pymes y gremios, siendo la primera directora mujer en la Cámara Argentina de Comercio. Tras recibir la distinción, la dirigente expresó que “las mujeres no tenemos un techo de cristal, tenemos un techo de cemento, pero lo hacemos nosotros”, e invitó a las mujeres a romper ese techo.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a cargo del oficialista Carlos Heller –quien no pudo estar presente por un tema de salud y fue reemplazado por Sergio Palazzo vicepresidente de la comisión-, se reunió este miércoles en el Anexo “C” con invitados y pasaron a la firma el proyecto que establece el Régimen de refinanciación de deudas a cargo de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos respecto a Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).

Sobre 32 presentes, el dictamen obtuvo 27 firmas y hubo disidencia parcial sobre uno de los artículos.

Además, con críticas por parte de JxC dictaminaron sobre el Régimen de promoción de la producción orgánica para economías regionales que había sido tratado previamente en la comisión cabecera. También pasó a la firma el proyecto para declarar Monumento Histórico nacional al conjunto Parque de la Constitución Nacional, sito en la ciudad de Santa Fe, provincia Santa Fe.

Al comienzo de la reunión, hizo uso de la palabra el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, quien aclaró que la reunión había sido convocada para “tratar expedientes, no es informativa” y solicitó que al debatir el proyecto sobre ENOHSA alguno de los directos presentes pudiera “explayarse” sobre el texto en cuestión.

Régimen de refinanciación de deudas con ENOHSA

El primero en abrir el tema fue el subadministrador del Ente, Néstor Álvarez, sostuvo que es un tema “importante”, ya que ENOHSA es el “único ente federal que se encarga de hacer aguas y cloacas en todo el país”.

Al respecto, contó que el 12 de septiembre de 2019 cuando “nos tocó ingresar con el exadministrador a ENOHSA a los pocos días empezamos a recibir a diferentes actores de la política que nos vinieron a plantear una necesidad que había deudas contraídas desde hacía 25 y 30 años atrás, deudas en dólares de créditos BID que el Estado había tomado y los había pasado a las provincias y las provincias a las cooperativas. Que esas deudas no habían sido pesificadas y que hoy estaban siendo impagables”.

Al respecto, ejemplificó que una cooperativa de una localidad de Buenos Aires paga de ese crédito 6.000 dólares por mes y pierde más de un millón. “Es una cooperativa que brinda servicios a toda la localidad y lo que paga con ENHOSA es lo mismo de lo que pierde por mes. Lo mismo pasaba con la cooperativa de Azul. Las deudas equivalían a lo que gasta un municipio por mes. Son obras y créditos contraídos entre el 94 y el 95”, precisó.

Álvarez contó que, junto a su equipo de trabajo y el ministro Gabriel Katopodis, encontraron ocho proyectos a lo largo de los años que planteaban esta necesidad. “Creo que tiene que ver con la coyuntura económica del hoy y lo que significa que las obras estén dolarizadas”.

“Que de una provincia vengan todos los actores políticos esto habla de la importancia que tiene y estamos contentos de exigir de cobrar la deuda. Vinieron desde Córdoba y consensuamos un proyecto que, en tantos momentos de grietas que se vive en la política, esto me parece que es un ejemplo de que cuando hay una necesidad o problemática que no tiene una solución desde el Ejecutivo, el Legislativo permite con este dictamen, si es que se aprueba, la obligación de recuperar esa inversión, cobrarla, pero sabiendo que no estamos fundiendo a municipios, cooperativas o a algunas provincias”.

“La deuda hoy es de aproximadamente 85 millones de dólares. No estamos hablando de condonación, sino que los entes ejecutores de las obras quieren pagar, pero montos que pueden ser pagables”, cerró Álvarez.

En una breve interrupción, el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical) preguntó si la deuda con el BID fue pagada y si han estudiado el comportamiento en materia de gestión de las cooperativas y municipios que solicitan la facilidad para pagar porque “no vaya a ser que se termine de pagar sueldos para una actividad política de cada municipio”. Al respecto, el subadministrador contestó: “Hay cooperativas que hoy cumplen, refinanciaron y cumple, la situación es dispar. Las cooperativas en su mayoría son buenas y nos ocupamos de ver eso y vamos a hacer un análisis”.

Como autor del proyecto, el oficialista Eduardo Fernández (Córdoba) hizo hincapié en que es una refinanciación que se les hace a las provincias, a los municipios o al ente prestador del servicio público porque “son garantes con coparticipación”. Ratificó lo dicho por Álvarez de que los préstamos fueron tomados, en su mayoría, entre el 94 y el 98’ y “luego vinieron decretos como el del 2003 que post convertibilidad que estableció cuáles eran las operaciones que se pesificaban y una de las que quedó excluida fue las que el ENOHSA que es un represtamista”.

“Este proyecto tiende a solucionar una clara inconsistencia que es la imposibilidad de afrontar por parte de municipios y provincias que están implicadas 13 provincias. Quizás es Córdoba la que tiene el mayor problema porque fueron de las operatorias que se hicieron y fueron imposibilitadas de negociar o tramitar”, precisó Fernández.

Además, explicó que fue incluido la condonación de la carga que son los intereses punitorios y resarcitorios que significaban que “es imposible de pagar”. “Hay distintas situaciones de incumplimiento, hay una clara inequidad de exigir deuda en dólares y lo que tratamos de solucionar no es algo nuevo”.

“Hubo más de 11 proyectos con firmas de distintos bloques que tuvieron dictamen de comisión y por distintas situaciones no llegaron al recinto. Tenemos la oportunidad de dar tranquilidad y permitirle al ENOHSA de recuperar esos créditos y habilitar a los municipios que están en mora hoy y precisan de créditos para obras de saneamiento y agua”, cerró el cordobés al presentar el proyecto.

Al hacer uso de la palabra, el titular del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense) sostuvo que “estamos frente a la posibilidad cierta de una solución razonable y equilibrada”.

“Es razonable ponerle exigencias, pero posibilidad de cumplimientos a organizaciones públicas que han quedado dentro de ese nicho de compromiso dolarizado. Con esta decisión también vamos a estar poniendo una cuota de responsabilidad para que los municipios puedan cumplir en más de la mitad de las provincias. Es un proyecto federal”, manifestó.

El radical Víctor Romero (Córdoba) subrayó que se trata de una situación de hace 20 años. “En 2003 se pesificaron las deudas en dólares por un decreto especial varias operaciones financieras quedaron excluidas y ahí vino el gran problema porque no es que los municipios no pagaron nunca, sino que fueron amortizando la deuda hasta que le fue imposible pagar”. En una breve aclaración, remarcó que estamos hablando de 28 años de gestión de todos los partidos políticos “no podemos venir, más allá de las diferencias, es un producto de 28 años”.

“Estamos tratando de adecuar una deuda a un problema que afecta a los vecinos que viven en ese municipio”, indicó el cordobés y sostuvo que “es una obligación nuestra en este Parlamento encontrarle una solución definitiva, no condonando deuda en capital, sino dando la posibilidad de que este dinero que ya lo pagó el Estado tenga la posibilidad de que los vecinos que lo deben lo devuelvan en condiciones accesibles que lo puedan pagar que no impliquen incremento de impuestos o resignación de obra pública”.

Por otro lado, celebró el artículo 3 del texto que plantea: “Se condonan los conceptos de intereses”.

Además, propuso una modificación al artículo 4 respecto al modo de actualización tomando el equivalente al 15% que sea una tasa ajustable por inflación equivalente a la Badlar. “Eso lo saco de los acuerdos que hacen las provincias con Nación en 2017 cuando le devolvieron el 15% de coparticipación y que no habían hecho demanda judicial”, explicó el radical. También pidió modificar el artículo 5 sobre la capacidad contributiva de la recaudación que toma un tope de la cuota inicial establece el 10% de coparticipación anual y 8% del total de los ingresos. “Es un tema de despropósito porque habría una gran injusticia”, planteó y propuso bajarlas al 5 y 4% cada una.

Por último, propuso llevar las actualizaciones de 15 años como plantea el proyecto- a 20 años para que “de esa forma se compense el capital actualizado”.

Régimen de promoción de la producción orgánica para economías regionales

La iniciativa, que prevé una serie de beneficios fiscales, fue presentada por un grupo de diputados oficialistas encabezados por el formoseño Ramiro Fernández Patri, presidente de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional, quien destacó el tratamiento reciente en dicha comisión y el giro del dictamen a Presupuesto y Hacienda.

En esa línea, el formoseño explicó que “estamos promoviendo un régimen de fomento de este tipo de producción que tiene beneficios integrales para la sociedad. Se promueve la alimentación saludable, pero sabemos que eso significa cuidar el ambiente, el suelo, el agua, no usar fertilizantes químicos. Significa arraigo para muchos productores, más mano de obra intensiva y profesionalización de la agricultura. También genera divisas en un momento tan duro para el país”.

Así, el legislador detalló que en el país hay “casi cuatro millones de hectáreas en las que se está trabajando en certificación orgánica. Unas 100 mil hectáreas se cosecharon en el último año. Hoy se exporta el 98% de la producción, en un 45% a los Estados Unidos y un 40% a la Unión Europea, el consumo interno es bajo”.

En esa línea, Fernández Patri sostuvo que el proyecto busca “generar un bono fiscal que esté representado por el 70% de todo lo que paguen de masa salarial aquellas empresas que se dediquen a la producción orgánica”.

Al hacer nuevamente uso de la palabra, Martínez aclaró que se realizaron “cambios importantes” en el dictamen que se firmó en la Comisión de Economías Regionales “en algunos elementos que permiten focalizar el instrumento en aquellas empresas medianas que permiten valores razonables sobre el porcentaje de los tributos, estimular y promocionar la actividad y también el piso de presupuesto sujeto a los módulos que son de 8 mil pesos. estaríamos hablando de 12.500 módulos que equivalen a 100 millones de pesos”.

A continuación, el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical) preguntó si esos 100 millones de monto que se autorizarían: “¿Contemplan el gasto fiscal producido por la reducción de impuestos que estamos generando o solo es para financiar el tipo de programa que aparecen en los capítulos siguientes? ¿Los 100 millones son para financiar los programas y esta institucionalidad nueva que creamos ahora o incluye el gasto fiscal? ¿Cuánto sería el gasto fiscal estimado? ¿Cuál es la elasticidad que esperan que tenga este tipo de incentivos respecto de la actividad?

“Podría tener un gasto fiscal contrafactual que alguien me diga ‘si, claro esta actividad pagaría más impuestos si se hiciera, pero con el esquema de incentivos no se hace’. Podría ser perfectamente que alguien me explique que hay una alta elasticidad, hay muchos proyectos esperando en cola que con esta sanción aparentemente se harían. Entonces el 30% que queda de las cargas patronales o el 40% que queda del impuesto a las ganancias es más que el 0”, planteó Tetaz.

Además, comentó: “Me hace un poco de ruido esta idea de que hay una actividad que agrega valor, pero que nosotros tenemos que sostenerla porque choca con el principio básico de agregación de valor, es decir, que estamos produciendo un bien que cuesta menos que lo que lo valora la sociedad. Sino no estamos agregando valor, estamos agregando costos que lo tiene que pagar otro que no está dispuesto a pagarlo”.

“No estoy seguro de que estén agregando valor. Hay una teoría de valor nueva acá por lo cual la definición de valor la empieza a dar el Congreso. Si vamos a reemplazar sistema de precios para definir qué es valor estamos en un problema que conduce al subdesarrollo y no estoy de acuerdo con ese cambio en la regla de juego y no lo voy a acompañar”, anticipó el economista.

Por último, remarcó que “no es la primera vez que hicimos esto. Estamos convirtiendo en una gran pantomima al funcionamiento del Estado porque le pone un montón de impuestos y trabas burocráticas a las actividades y nosotros y después venimos y llamemos promoción a la remoción de algunas de esas trabas. Eso no es promoción, es el propio Estado que pone los impuestos.  Deberíamos estar debatiendo cómo hacemos para eliminar más impuestos a la producción porque si no favorecen el subdesarrollo”.

“Ustedes asumen en el proyecto que los impuestos frenan ese tipo de desarrollo de las actividades que están queriendo promover. A punto tal que están convencidos que si eliminan impuestos promueven actividades. ¿Por qué no eliminamos los impuestos a la producción?”, cerró Tetaz.

También se expresó el mendocino Lisandro Nieri (UCR) propuso que trabajar las inversiones porque “las cargas impositivas en el país son elevadísimas”, y cuestionó: “Me parece muy poco serio que estemos dando tratamientos particulares a cada uno de los sectores. Son alivios ante la alta carga impositiva. No creo que sea razonable ir por cada uno de los sectores”.

“Tomémosno un tiempo para discutir cuáles son todos los sectores económicos que tenemos voluntad de promocionar y demos tratamiento a una ley única, sino estamos haciendo la misma ley para cada una de los sectores que nos interesan”, planteó.

A su vez, criticó: “No veo que sea para proyectos de escala pequeña como se está presentando. Igual, corresponde indicar cuál es el costo fiscal en materia de beneficios impositivos. El fondo de promoción no me parece que sea un piso si hubo una modificación. Es muy parecido a otros proyectos, pero el capítulo de Régimen sancionatorio no está definidas las faltas leves. Si están definidas las faltas graves. Se estable las sanciones ante faltas leves, pero no ante una grave. Lo mas delicado que de encontrarse faltas leves la autoridad de aplicación podría aplicar multas cosa que me parece que no corresponde porque si encuentra irregularidades debe multarlo. Este capítulo queda desfasado”.

De la vereda de enfrente, Martínez respaldó la iniciativa y recordó que “ya tuvo una media sanción de Diputados hace una década. Aquellas iniciativas que buscan promover una actividad son todos muy parecidos”.

Al respecto, destacó el trabajo “sistemático” de quienes están organizados alrededor de la producción orgánica porque “no han bajado los brazos ante la necesidad de promover la actividad”. “Nosotros creemos en la promoción de las actividades y lo hemos hecho a lo largo de los años y creemos que cuando estamos hablando de agregar valor este tipo de herramientas sirven”, manifestó el santafecino.

En tanto, sostuvo que “siempre nos quedan cosas por hacer y entramos en una especie de inconformismo permanente que nos deja atados de pies y manos. Sabemos que la cuestión impositiva se habla como una cuestión de cliché. No nos cabe la menor duda de que este proyecto beneficia claramente”.

Ante la duda de Nieri, el jefe oficialista explicó que agregaron un párrafo en el artículo 3 que “justamente enfoca mucho más en lo que son los montos máximos de facturación planteando el tope de las empresas medianas tramo 1”. Asimismo, Martínez lamentó que no se pudo realizar un plenario de comisiones para tratar el tema porque “hubiese permitido hacer un análisis más integral”. Sin embargo, subrayó que se incorporaron “varios aspectos presupuestarios” en la discusión en la comisión anterior “para acelerar el tratamiento”.

Y se comprometió a “que si hay elementos a revisar en el capítulo 5 lo hacemos y lo incorporamos en el recinto. No hay ninguna dificultad. Lejos está que no podamos tener un régimen sancionatorio”.

Sobre el costo fiscal, recordó que en la reunión informativa dijo que “en lugar de ponernos a pensar tanto en el presupuesto que contamos para poner en marcha la ley, no nos olvidemos que en Diputados tenemos que la posibilidad de discutir todos los años la ley de presupuesto y allí podemos agregar en función del cumplimiento de una determinada ley”.

“Estos montos apuntan a poner en marcha la ley bajo todos los objetivos de la ley y hay que tener en cuenta cuándo se pone en funcionamiento. Lo vamos a actualizar porque hemos hecho cambios”, expresó Martínez e informó que le pedirán a un organismo especializado en producción orgánica que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Economía.

En síntesis, destacó que el proyecto “mejora”, es claramente “un paso respecto a lo que veníamos teniendo. Es un estímulo a aquellos que ven en la producción orgánica un desarrollo territorial inclusivo para promover el arraigo y que se produzca empleo local. Es un proyecto federal”.

En su intervención, el jefe del bloque CC-ARI, Juan Manuel López, cuestionó que en el sector de producción de alimentos orgánicos la “tasa de asistencia del Estado es negativa del -25%, es una ridiculez”. “El presupuesto que rige este año tenía una separata que hablaba del gasto tributario, algo que nunca se discute, que Argentina tiene del más del 2%. El Congreso tendría que revisar todos los gastos tributarios y que esos números estén disponibles siempre, sino estamos legislando sobre un tema sin saber, a ciegas”.

“Nuestra economía asiste a un montón de sectores distintos, no solo con gasto tributario, sino con otras medidas como arancelarias. En estas condiciones no puedo acompañar el dictamen”, anticipó López.

De forma breve, el entrerriano Pedro Galimberti (UCR) solicitó, a los efectos de ver el alcance de la promoción que se tiene en el proyecto, ver la redacción final del artículo 3 al ser modificado a los efectos de tener una real magnitud de quién se pretende ir porque “más allá de los módulos de 100 millones que es lo de menos, tenemos que ver que en la conjugación con la Ley 25.127 hay un beneficio impositivo que está disponible para cualquiera con la redacción que hay en la norma”.

La catamarqueña Silvana Ginocchio (FdT) ponderó la iniciativa porque “cuando se habla de producción orgánica también se habla de los conocimientos que tienen las poblaciones donde se necesita innovación. Teníamos que agregar un marco regulatorio y también crea un fondo. Es un sector de gran potencial para las economías regionales. Son pequeños productores que le estamos dando un beneficio que estaban solicitando”.

Y enumeró que en su provincia hay producción orgánica en miel, naranja, vid, soja, pasas de uva, arándanos. “Es todo una economía importante, trascendente e incipiente que sin estas políticas es muy difícil”, planteó.

En el mismo sentido se expresó la rionegrina Susana Landriscini al destacar que se trata de una política pública que “favorece a un sector diferenciado, a determinados territorios que buscan una especialización e innovación. Van en la misma línea con la Ley de etiquetado frontal por el tipo producción”.

“Cuando se cuestiona a una política pública orientada específicamente a una rama o sector de actividad quiere señalar que el estado esta para hacer esas políticas específica cuando quiere orientar una región y tiene la legitimidad de diseñarlo con un costo fiscal y con ingresos complementarios de una producción que tiene la mejor cotización de mercados internacionales”, respaldó la oficialista.

Por último, Martínez respaldó la propuesta de López respecto de que la Oficina de Presupuesto del Congreso para ver con qué nivel de actualización se puede hacer el informe. Al cerrar el tratamiento del proyecto, Palazzo informó que de los 32 miembros presentes de la comisión firmaron el dictamen 24 y giró a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Con el objetivo de aumentar las reservas del Banco Central (BCRA) en un contexto atravesado por las sequías que impactaron en el campo, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, se reunió este miércoles con un grupo de ejecutivos del sector y anunció el dólar agro para la soja y las economías regionales.

Será a través del Programa de Incremento Exportador que regirá para la soja del 8 del actual al 31 de mayo con un tipo de cambio diferencial a $300. De acuerdo con las estimaciones del mercado, con este dólar agro se podrían vender entre 8 y 9 millones de toneladas.

Para las economías regionales, el plazo del dólar agro que se liquidará en los mismos valores será hasta el 30 de agosto, en lo que desde el Ministerio mencionaron antes de las medidas como “una suerte de ventana temporal para ambas que se abre y se cierra”. Habrá actividades contempladas que deberán cumplir con condiciones de elegibilidad.

Las medidas

“Nos toca enfrentar la peor sequía de la historia argentina. Cuando uno mira los registros, encuentra los últimos registros en 1922 y no encuentra desde el punto de vista del impacto climático y productivo comparativos que nos puedan mostrar situaciones similares a la que estamos viviendo”, lamentó Massa.

En ese marco, sostuvo que “hay más de 69.000 productores en la Argentina golpeados, dañados, con pérdidas en algunos casos irreparables”.

Así, anunció que “lo primero que hacemos con uno de los tres decretos que ponemos en marcha es establecer la automaticidad de los beneficios de la Emergencia para todos los productores de la Argentina”.

Y explicó que “pretendemos que se suspendan con esta norma ejecuciones fiscales, bancarias, que se suspendan mientras dure la emergencia las percepciones de adelanto o anticipo de impuestos que cobra el Estado y que esos 69.000 productores sientan que el Estado argentino no solamente los asiste con algún aporte no reintegrable sino les facilita y viabiliza el mantenerse con acceso al mercado de crédito para encarar lo que aspiramos sea una mejor etapa a partir de mayo con las llegadas de las lluvias”.

“La primera medida está enfocada en que parte de los recursos que va a generar la segunda medida que vamos a anunciar, estén volcados para que el campo, que puede sostener exportaciones le dé una mano al campo que perdió todo. El campo es uno de los grandes generadores de divisas y trabajo en la Argentina”, informó el ministro.

En lo que respecta a la segunda medida, precisó que “está orientada al programa de incremento exportador”, y detalló: “A lo largo del 2022, con el complejo agroindustrial oleaginoso vinculado a la soja hemos podido fortalecer en el segundo semestre las reservas de la Argentina encontrando un mecanismo de incentivo mutuo que llegó al productor agropecuario, fortaleció la capacidad industrial del sector oleaginoso argentino, mantuvo mercados en la agenda de seguridad alimentaria global de la que Argentina participa, pero quedó ceñido a lo que representaba el sector soja y sus derivados”.

La soja y las economías regionales

“Hemos decidido avanzar no solamente con soja sino también con las economías regionales. El programa que para el caso del complejo soja va a empezar el lunes 8 de abril y va a terminar el 31 de mayo prevé un tipo de cambio fijo de 300 pesos que lo que hace es mejorar el precio para el productor, que hoy tiene menos volumen por la sequía, para paliar pérdidas, pero además incentivar las exportaciones argentinas y fortalecer las reservas”, planteó Massa.

Además, el funcionario destacó que las economías regionales “son unos de los mayores empleadores de la economía argentina. Entendemos que la sostenibilidad y el aumento del empleo es uno de los factores de elegibilidad para participar del programa. El segundo factor de elegibilidad es el mercado interno. Queremos que el volumen de yerba que exportamos aumente, pero la que consumen los argentinos tenga un precio previsible mientras dure el programa”.

“Queremos que esa ganancia mayor y esa recuperación de competitividad se vea reflejada en los precios de mercado interno. Desde mañana y hasta el próximo viernes vamos a ir incorporando una a una a las economías regionales que como les decía tienen tres condiciones para acceder a esta rueda especial de tipo de cambio exportador. Primero participar del programa de precios, segundo mantener empleo, y tercero garantizar volumen y abastecimiento de los productos que se comprometen en el programa de precios”, propuso.

Para el funcionario “esos son tres temas centrales para que abramos nuevos mercados, para que aumentemos el volumen de exportaciones, para que tengamos mayor acumulación de reservas, pero para que también tengamos garantizado que los y las argentinos y argentinas consuman a un precio justo los alimentos que son generados en Argentina. Más exportaciones argentinas, mayor exportación de trabajo argentino, pero también de alguna manera, precios más justos para el mercado interno”.

“En el caso de las economías regionales va a funcionar desde el 8 de abril hasta el 30 de agosto. Aspiramos a que cada una de las economías amplíe las exportaciones argentinas y vamos a estar al lado ayudándolos, pero también aspiramos a que de alguna manera garanticemos precios en el mercado interno”, bregó.

En esa línea, anticipó que el tercer decreto que va a tomar estado público en las próximas horas “está enfocado en aquellos que no hacen, no juegan limpio como pretendemos que jueguen estos sectores exportadores”.

“Desgraciadamente en el sistema de liquidaciones de las exportaciones argentinas, cada uno de ustedes tiene un plazo de 180 días, y hay muchos que hacen el esfuerzo, acumulan reservas, traen lo producido por el trabajo argentino, ayudan en la programación de la política de fortalecimiento de reservas mientras que ese esfuerzo que hacen la gran mayoría de ustedes hoy acá, se ve desdibujado por hay otros que especulan y que le hacen trampa al Estado”, manifestó el tigrense.

La tercera medida explicó que “está enfocada a esos más de 3.700 millones de dólares de empresas argentinas exportadores que no han cumplido con la liquidación de los dólares que exportaron. En ese caso vamos a ser muy duros, vamos a activar un mecanismo de suspensión del CUIT vencidos los plazos establecidos en el decreto. Aspiramos a que aquellos que evadieron su obligación con el BCRA por 3700 millones de dólares de alguna manera se trasformen en personas no hábiles comercialmente, porque les hacen daño no solamente a las empresas argentinas y a las economías que trabajan, producen y exportan, sino también a la credibilidad y la fortaleza de la moneda argentina”.

También adelantó que impulsarán dentro de la misma medida “no solamente la baja del CUIT de cada una de esas empresas y de sus directores, sino también en paralelo la imposibilidad de acceder al mercado de cambio para todas esas empresas. Les damos 30 días para que hagan simplemente lo que la ley les manda a hacer”.

“La Argentina perdió en la sequía gran parte de sus mercados tradicionales, y de alguna manera lo que intentamos es sostener el cumplimiento de contratos esforzando al máximo el trabajo conjunto entre CIARA y el Estado argentino, pero además abrir nuevos mercados y aumentar volumen a partir de abrirle a las economías regionales la posibilidad de exportar de una manera más competitiva”, afirmó el titular de Economía.

Por último, consideró que “vender trabajo argentino al mundo es lo único que va a cambiar esa recurrente idea de que cada diez años entramos en crisis, y ese vender trabajo argentino al mundo necesita del talento, de la inversión de nuestras empresas, pero también de un Estado activo que ponga por delante medidas que promuevan esas exportaciones para que Argentina gane todos los días un poquito más de posiciones de mercado frente al mundo”.

“Estas tres medidas pretenden fortalecer por un lado al sector agroexportador argentino y con ese fortalecimiento, fortalecer nuestras reservas y nuestra moneda, que es tan importante en momentos de tanta incertidumbre y volatilidad a nivel global y a nivel local”, resumió.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, se presentó este miércoles en la Comisión homónima del Senado, que preside el rionegrino Alberto Weretilneck, ante la cual brindó una presentación respecto a la labor llevado a cabo por la cartera y sostuvo que “nuestro país tiene que ser el líder mundial en la producción de alimentos”. También, destacó la importancia de las economías regionales.

Al inicio de la reunión, que se llevó a cabo en el Salón Arturo Illia, el titular de la Comisión manifestó su “satisfacción” por recibir al funcionario a quien le agradeció su participación en el “ámbito más federal de la representación en el Congreso porque cada senador representamos distintas provincias y algo sumamente importante son las economías regionales porque necesitamos no solamente que el país son los granos, sino otros temas como la pesca, ganadería”.

En su ponencia, Bahillo sostuvo que “se debe dar un diálogo comunicacional constructivo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo que permita construir una agenda de las decisiones de las políticas publicas y dar las respuestas que la sociedad demanda”.

“Nuestro país tiene que ser el líder mundial en la producción de alimentos, es una decisión que tenemos. Tenemos una matriz productiva diversificada que es muy rica y diversa, coproductores muy eficientes con mucha tecnología que podemos integrar en dos grandes vectores en lo que es la región pampeana- la región centro y lo que son las economías regionales. para nosotros son todas de igual importancia”, expresó el funcionario.

Además, contó que tanto el ministro de Economía como el presidente les han dado indicaciones de “trabajar con igual intensidad, responsabilidad y prioridad en todas las economías que hacen al nivel primario de actividad productiva”.

Por otro lado, informó que “tenemos la mayor cuenca fotosintética del planeta por lo cual nos permite partir de condiciones objetivas muy competitivas en lo que es agricultura y ganadería. Tenemos productores con un buen nivel de eficiencia y tecnología que son de lo más avanzado del mundo que nos permite tener en la región centro un volumen de producción importante y un ingreso de divisas significativo”.

Respecto a las economías regionales, Bahillo sostuvo que “no tienen la visibilidad y el reconocimiento que nos gustaría que tengan por la importancia que tienen las mismas en todos los rincones del país”. Asimismo, comparó que “no generan el mismo volumen que generan   la región centro en cuanto dólares, pero genera una ocupación y una cantidad importantísima en cuanto a jornadas, mano de obra, trabajadores, que hacen que sean tan importantes como las otras actividades de la región centro”.

A continuación, compartió datos para “mostrar la significancia” en términos productivos que tiene el país dividido en dos cuestiones: por un lado, la cuestión agrícola de la región centro y, por el otro lado, las economías regionales.

Región centro

“Los principales cereales y oleaginosas cuando vamos al volumen producido y la superficie sembrada cuando tomamos trigo, maíz, soja, cebada tenemos 35 millones de hectáreas sembradas, 71.300 productores, con una producción de 134 millones de toneladas, con un volumen de exportación en dólares de 39 mil millones en la campaña 2021-2022”, detalló el funcionario y sumó: “A esto hay que agregarle lo que se destina al mercado interno el consumo a través de las moliendas, el trigo, o la proteína vegetal que se transforma en animal”.

En cuanto a la producción de soja que “es el cultivo más extensivo” que hay explicó: “Se siembran 16,1 millones de hectáreas, 6.300 productores, la producción son 44 millones de toneladas y 23.800 millones de dólares de exportación”.

“Hay una concepción errónea de que nuestro país tiene una economía primerizada” cuestionó Bahillo y precisó: “Si bien en maíz se exporta el 66%, en soja se exporta el 90% y con un grado de agregado de valor, pero es muy poco el poroto de soja y mucha la harina y demás subproductos”. “Aún cuando exportamos un grano de maíz deberíamos repensar si está tan primerizada esa economía porque detrás de ese grano de maíz hay un desarrollo muy importante en genética, en eventos para llegar a esa tecnología para tener agricultura de precisión, ene l desarrollo de maquinaria agrícola”, sumó.

Sobre el maíz detalló que hay 8 millones de hectáreas, 48.700 productores, la producción es de 59 millones de toneladas y la exportación es por 9.295 millones de dólares y “ahí tenemos las provincias con mayor superficie sembrada”. En cuanto al girasol contó: “Tenemos 2 millones de hectáreas sembradas, 11.600 productores, 4 millones de toneladas y 1334 millones de dólares en exportación”.

“En cebada, que es un cultivo casi exclusivo de la provincia de Buenos Aires viene creciendo, tenemos 1.600.000 hectáreas sembradas, 8.700 productores, con un volumen de 5,3 millones de toneladas, y se exportan por 943 millones”, agregó en otro pasaje de su informe y afirmó: “Cuando hacemos la sumatoria de lo que invierte el sector primario en estos cinco cultivos en capital de trabajo más la tecnología y todo lo que invierten año a año andan alrededor de los 35 mil millones de dólares.

En ese sentido, informó que “el paquete tecnológico para poder sembrar una hectárea de maíz anda alrededor de los 1.200 dólares por hectárea”, y resaltó: “Esa es la importancia de dinamizar las economías y a los pueblos del interior”.

Economías Regionales

En este eje, Bahillo explicó: “Cuando dividimos por región y hacemos la sumatoria son cerca de 40, vemos la importancia de las mismas. Algunas de ellas con un grado de desarrollo en la cadena de valor muy importante como es la vitivinicultura, el limón en Tucumán, la avicultura en Entre Ríos”.

Sobre la mano de obra en las economías regionales ejemplificó: “Si tomamos los cítricos dulces como mandarina, naranja y arándanos en Entre Ríos nada más la mano de obra que ocupa es de 20 mil personas por año”. “Esto permite visibilizar la importancia de las económicas regionales en cuanto a la ocupación y el trabajo que generan”, destacó Bahillo.

“Argentina produce al año 7,5 millones de toneladas anuales de frutas que se distribuyen en 500 mil hectáreas. Se generan 200.000 puestos de trabajos directo y exportaciones por 2.200 millones de dólares. En hortalizas se producen 7 millones de toneladas anuales en más de 700 mil hectáreas que va al mercado interno. El sector demanda 10 millones de jornales por año y exporta 420 millones de dólares”, explayó.

También, precisó que “hay 2 mil productores de peras y manzanas que generan entre 50 mil y 60 mil empleos directos e indirectos. Se industrializa el 10% de la producción que va a jugos. En frutales cítricos, que es una cadena de valor muy importante, tenemos limón, mandarina, pomelo y naranja. Nuestro país ha tenido una fuerte agenda en los últimos tiempos que ha sido el ingreso de cítricos dulces a Estados Unidos, pero los del NEA no pueden ingresas por cuestiones políticas. Algunas provincias han llevado gestiones importantes en los últimos 10 años para poder ingresar”.

“Es un tema que ha estado en la agenda de los acuerdos comerciales bilaterales. En la visita que va a hacer el ministro de Economía en los próximos días le hemos introducido este tema como prioritario”, adelantó Bahillo.

En suma, detalló que “la vid es otra de las cadenas de valor más importantes porque es la que más integrada y desarrollada está con una superficie de 15 mil hectáreas”. “El ajo es una de las economías que no tiene la visibilidad y la importancia que merecen, pero tiene un impacto local fuerte. Se exporta el 66%, el 28% es de consumo interno y la semilla el 10%”, agregó.

“La cebolla 1.500 productores, 2.500 puestos de trabajo permanente. Esto no sale en los grandes títulos de la prensa, por lo general no tiene mucha visibilidad, pero creo que mi responsabilidad por lo menos es visibilizar estas economías regionales por el impacto que tienen.  La producción de papa tiene entre 500 y 700 productores, 240 mil productores temporales, 2.150 empleados, exportaciones por 265.000 millones de dólares consumo interno 72%”, explayó.

Sector ganadero

Al respecto, el funcionario precisó que “el sector porcino es uno de los que más ha crecido en los últimos años tiene un grado de integración importante como el sector avícola. En ganadería bobina, lo que es de cría y engorde tenemos una con mucha tecnología y productores muy eficientes, con una conversión e índice productivo muy bueno”, pero lamentó que hay “una ganadería de segunda que no tiene el grado de tecnificación ni los indicadores productivos que deberíamos tener”.

“Ahí hay que trabajar en fondos rotatorios provinciales que atiendan a la capacitación de los productores para que mejoren el manejo del rodeo y hacer un seguimiento cercano con los productores. Todo es para mejorar sus establecimientos y mejorar técnicas de manejo”, consideró el secretario.

En suma, opinó que con respecto al sector ovino “hay que analizar algunas cuestiones que tienen que ver con la rentabilidad y con la posibilidad de atender estas economías regionales con políticas directas porque no están pasando por un buen momento”.

“Vamos a un año récord de exportación de carne bobina alrededor de las 900 mil toneladas al año con el 27% de la faena que se va a exportación. Es un muy buen número”, adelantó el funcionario de Agricultura.

Por último, comentó: “Queremos incorporar en esta reconfiguración del ministerio de Economía una mirada acerca del sector primario porque queramos trabajar la cadena de valor porque no podemos mirar al sector productivo deteniéndonos solamente en el nivel primario. Tenemos que ver el grado de industrialización y de participación que tienen en cada uno de los sectores porque también es un rol del Estado ordenar la cadena cuando es muy distorsionada”.

“El grado de industrialización es una obligación del Estado trabajar en ese sentido. Vamos por más producción, por más exportaciones. Entendemos que todo esto debe hacerse con sostenibilidad ambiental porque tenemos que sumar a la agenda productiva el ambiente y la sostenibilidad del mismo. Estamos convencidos que hay que salir de esas discusiones que nos inmovilizan, siempre y cuando se cuide el ambiente”, remarcó Bahillo y cerró: “Tenemos que ir por más con sostenibilidad ambiental, incorporando ciencia y técnica, políticas del Estado como programas de riego. Tenemos que tener políticas de crecimiento para tener la capacidad de resolver tensiones sin que afecten los niveles de producción. Todo esto lo tenemos que hacer con políticas públicas que incluyan la oferta laboral”.

Los diputados nacionales por Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo -presidente del interbloque Provincias Unidas- y Agustín Domingo, presentaron un proyecto de ley de “Promoción y Fomento de Economías Regionales Argentinas”, con el cual pretenden garantizar el acceso a un tipo de cambio competitivo e introducir beneficios tributarios para las diferentes regiones productivas.

“Entendemos que el fomento y estímulo de las economías regionales debe darse como una política integral, que permita su crecimiento y desarrollo. Tanto en beneficio del sector exportador, como del mercado interno, que también brinda y genera empleo genuino e intensivo”, comentó Di Giacomo, coautor del proyecto.

Por su parte, Domingo destacó que “las economías regionales de Río Negro que exportan, como la fruticultura o la lana, puedan acceder al mismo valor del dólar que se dispuso para la soja”, y agregó que el proyecto “propone otros beneficios como la disminución en cargas patronales”.

Según el texto de la iniciativa, busca promover “un régimen de promoción para los sectores del área extrapampeana, que presentan condiciones de competitividad y crecimiento desigualitarias frente a las economías de la Pampa Húmeda”, y también “el avance tecnológico y el nivel de empleo”.

En su artículo 5 establece la aplicación de un tipo de cambio competitivo y sostenible. Por lo cual se fija la cotización más alta para liquidar las exportaciones, tal como se aplicó con el cambio “mejorado” para la industria sojera.

Además, prevé una reducción de las cargas patronales y del costo energético. Establece bonificaciones en las tasas por trámites de exportación para las empresas en su primer año de vinculación con el exterior y una exención total del pago por derecho de exportación.

Por último, brinda la posibilidad a las empresas de hacer frente al pago de impuestos y obligaciones de la seguridad social con saldos a favor previstos por la ley del Impuesto al Valor Agregado. Y dispone planes de pago con tasas bajas y un plazo no menor a 48 cuotas para saldar deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El proyecto coloca al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca como autoridad de aplicación. Organismo que deberá promover y difundir los beneficios de los productos generados por estas economías regionales, para fomentar así su consumo.

“Se inicia ahora un largo proceso de discusión con el fin de garantizar un apoyo sostenido por parte del Estado que podría proporcionar amplios beneficios para las frutas del Alto Valle, la lana de la meseta patagónica, entre otras industrias”, expresaron en el proyecto.

PDL-ECONOMIAS-REGIONALES-v2

La Mesa Nacional y Federal de Juntos por el Cambio se reunió por segunda vez este viernes en la Sociedad Rural en Rio Cuarto en donde abordaron la situación de la agroindustria y las economías regionales, en el marco del desarrollo de un acuerdo programático de gestión para las elecciones del próximo año. En esta ocasión estuvieron ausentes el expresidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Tras el encuentro, el presidente del bloque UCR en Diputados, Mario Negri, explicó: “Hemos estado escuchando a los que no bajan los brazos aún frente a la enorme presión tributaria, a los que no se resignan frente a la inflación, a los que tienen una visión de futuro para la Argentina, que, si hacemos las cosas, aunque hay que trepar una montaña muy difícil, estamos hablando de mucho futuro”.

“El sector agroindustrial representa una economía totalmente diversificada, que incluye economía del conocimiento, la incorporación de tecnología a la matriz productiva. En los paneles hemos escuchado un país que exige respuestas para producir más. Esta es una lección muy grande para la política”, agregó.

Y cerró: “Si la sociedad da la confianza nuevamente a JxC, tiene que saber que hay que subir el Himalaya, que no va a ser sencillo y que hay que pensar un país para muchas décadas, convertirnos en un país previsible, recobrar inversiones y sumar valor agregado a nuestra producción. Hay que reunirse con los que producen, con los que laburan, con los que invierten y lo vamos a seguir haciendo”.

Documentos de @juntoscambioar tras la reunión en Río Cuarto para analizar la agenda agroindustrial y de innovación.
Somos una coalición de partidos comprometidos con el desarrollo productivo y la construcción de oportunidades para todos los argentinos. 🇦🇷 pic.twitter.com/jbrrieKYgJ

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) June 24, 2022

Tras la reunión el interbloque emitió un comunicado que reza: “Ante las graves circunstancias que provocan los enfrentamientos públicos de las máximas autoridades nacionales que no aciertan a ofrecer un horizonte previsible a la sociedad argentina, la mesa de Juntos por el Cambio ratifica su compromiso de representar las aspiraciones de paz y progreso de toda la ciudadanía poniéndonos al lado de todos los sectores castigados por la irracionalidad de las políticas oficiales”.

“La territorialidad y federalismo alcanzados se demuestra por la participación de este encuentro de parte de siete provincias”, expresaron y sumaron: “La importancia de programar un seminario en el que lo principal sea la voz de los sectores productivos quedó una vez más, claramente evidenciada en esta oportunidad”.

Participaron el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; la presidente del Pro, Patricia Bullrich; el miembro de la Auditoría General de la nación, el peronista Miguel Ángel Pichetto; la diputada y exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el diputado nacional, Luis Juez; el presidente de la Convención Nacional de la UCR, Gastón Manes

El primer encuentro se celebró el mes pasado en San Justo, La Matanza, donde se analizaron las políticas sociales y se pactó que en un eventual futuro Gobierno de Cambiemos la ayuda social se canalizará desde el Estado, sin intermediación de organizaciones sociales ni piqueteras.

Empresarios y productores de la industria del limón se reunieron este miércoles en el Senado, convocados por el senador Pablo Yedlin, a partir del pedido del presidente del interbloque Frente de Todos, José Mayans, para continuar la agenda federal que se inició recientemente con la visita de los senadores oficialistas a Tucumán.

Al finalizar la reunión, Yedlin explicó que se constituyó “una mesa de trabajo con los principales productores de limón de Tucumán, autoridades del Gobierno nacional y representantes legislativos para extender el uso del jugo de limón concentrado en vez de importar ácido cítrico”.

“Esta gira federal empezó por Tucumán y hoy tiene una agenda para los próximos meses cuyo objetivo es generar una mesa de trabajo sobre las problemáticas reales de la región. La idea es mejorar nuestra producción, ingresos, balanza comercial y la vida de todos los argentinos en cada una de las provincias”, señaló el tucumano.

En el encuentro estuvieron presentes los senadores Sandra Mendoza, Guillermo Andrada y Carlos “Camau” Espínola; el vicejefe de Gabinete de la Nación, Jorge Neme; Roberto Arias, secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía de la Nación; María Sol Pascualini, subsecretaria de Políticas Tributarias; y Mariana Pereyra, subsecretaria de Política y Gestión Comercial del Ministerio de Desarrollo Productivo, entre otros funcionarios. Además, participaron el presidente de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA), Pablo Padilla; Fernando Carrera, de Citromax SA; Lucas Méndez, de SA San Miguel y los empresarios Eduardo Nougués (Lesdesma) y Jorge Acosta (Citrus SA).

Durante su exposición, el presidente de ACNOA destacó que “la Argentina es el productor más grande del mundo de limones”. “Con los senadores y diputados de las provincias empezamos a buscar normativas que nos permitan sostener el crecimiento y esa posición de liderazgo a nivel mundial”, afirmó Padilla. 

Por su parte, Neme sostuvo que “esta iniciativa surgió de un diálogo entre los senadores interesados por las economías regionales y los industriales que tienen un rol fundamental para el desarrollo argentino”. “Creo que ha sido un gran acierto de los gobernadores y de los senadores, que de alguna manera están acompañando este proceso, en poner la problemática federal al tope de la agenda política”, agregó.

Por último, el senador Mayans destacó el rol de los sectores citrícola y el azucarero del país y la importancia de “acompañar el crecimiento de las economías regionales, porque gobernar es crear trabajo”. “Asumimos el compromiso de convertir a nuestro país en una economía de producción y no de especulación y de usura”, concluyó.

La senadora nacional Clara Vega (Hay Futuro Argentina – La Rioja) se reunió con el titular del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, con quien conversó sobre el problema el combustible para las economías regionales. También acordaron trabajar de forma conjunta en una agenda en torno al tema.

La riojana contó a través de sus redes sociales que mantuvo un encuentro con el dirigente gremial y dialogaron sobre “el problema del combustible para las economías regionales y las dificultades actuales del transporte, en particular el de larga distancia”.

Además, la legisladora por La Rioja le comentó los proyectos que presentó: “Cerca del 1 de mayo, conversamos sobre la situación de los afiliados al Sindicato y también de los trabajadores en general. Coincidimos en la necesidad de recuperar trabajo en blanco e impulsar la cultura del trabajo”, y acordaron en “trabajar de forma conjunta en esta agenda”.

Cuatro comisiones del Senado ratificaron este martes a sus autoridades y acordaron la agenda de trabajo para el año legislativo, que incluye entre otros temas los proyectos para incorporar los delitos ambientales al Código Penal.

En la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa fueron ratificados Nora del Valle Giménez (Frente de Todos-Salta) como presidenta, Pablo Blanco (UCR-Tierra del Fuego) como vice y Roberto Mirabella (Frente de Todos-Santa Fe) como secretario.

“Ha sido un año particularmente muy complicado, porque con la pandemia y las pymes que se cerraban de a miles, plantear cualquier línea alternativa o reforma de fondo era imposible, porque todo el año hubo que asistir las urgencias, las emergencias”, explicó Giménez al reasumir la conducción.

De todos modos, destacó que se abrió “un canal de diálogo muy importante con la Secretaría de Pymes de la Nación” para realizar aportes sobre las medidas que tomó el Poder Ejecutivo en el marco de la emergencia sanitaria.

La legisladora informó que para las primeras reuniones de la comisión se citará a las nuevas autoridades del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), donde asumió Alexandre Roig en reemplazo de Mario Cafiero, fallecido el año pasado. También se convocará al secretario de Pymes y Emprendedores, Guillermo Merediz.

Quiero agradecer a mis pares miembros de la 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶́𝗮𝘀 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀, 𝗣𝘆𝗺𝗲𝘀 𝘆 𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶́𝗮 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 del @SenadoArgentina, que me honraron nuevamente con la designación como presidenta. pic.twitter.com/tryq9WNYen

— Nora del Valle Giménez (@noragimenezok) March 16, 2021

Luego fue el turno de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, donde fue reelecta por un nuevo año Gladys González (Pro-Buenos Aires), quien seguirá secundada por el oficialista chaqueño Antonio Rodas.

Entre los proyectos a ser tratados por la comisión, González mencionó una iniciativa suya y otra del chubutense Alfredo Luenzo para incorporar los delitos ambientales al Código Penal, en el contexto de los incendios que azotan a la Comarca Andina.

“Es muy bueno que tanto el oficialismo como la oposición tengan la voluntad de avanzar en este sentido. Todos sabemos que los incendios son recurrentes por el cambio climático, por las sequías y las temperaturas extremas, pero también sabemos que en algunos casos hay intencionalidad, y no debiera existir ese vacío legal. El Congreso debe completar esto que es una necesidad”, afirmó la legisladora del Pro, y también llamó a “trabajar con las provincias en darle recursos para la prevención”.

En tanto, Luenzo confirmó que insistirán en “tener esta ley de delitos ambientales que nos debemos hace muchos años”, y complementariamente pidió tratar otro proyecto suyo para crear un fuero ambiental donde se tramiten ese tipo de causas.

Respecto de los incendios de los últimos días, señaló que “la solidaridad de toda la Argentina es enorme, y el dolor también. Cuando uno ve el panorama es desgarrador: la gente, para no perder su lugar, está viviendo en carpas. Doscientas cincuenta y nueve familias han perdido su hogar, sus sueños y su historia, porque lo simbólico no se puede reparar”.

Luenzo ponderó el apoyo del Gobierno nacional “en casi 800 millones de pesos” y la visita del presidente Alberto Fernández el fin de semana a pesar de que “algunas piedras la opacaron”.

“Va a pasar mucho tiempo para la reconstrucción. No hay energía eléctrica y el agua potable faltará por al menos dos meses”, describió Luenzo, e informó que en las últimas horas se produjeron nuevos focos en las zonas de Epuyén y El Correntoso.

La rionegrina Silvina García Larraburu también elogió el compromiso gubernamental para atender las consecuencias de los incendios, en los que -aseguró- se combinan “condiciones de sequías extremas” con “manos negras”.

Lea también: Senadores se cruzaron por el “vacunatorio VIP” y la citación a Vizzotti

La última comisión en ratificar autoridades fue la de Salud, donde el radical jujeño Mario Fiad seguirá como titular, secundado por el oficialista santiagueño José Neder, y el rionegrino Alberto Weretilneck como secretario.

Fiad resaltó el trabajo realizado en la comisión el año pasado en el marco de la pandemia. “El 70% de los proyectos ingresados en los primeros seis meses tuvieron paso por la Comisión de Salud. Más allá de las leyes que se pudieron sancionar, muchas otras pasaron a Diputados y esperamos que pronto sean ley”, dijo.

El legislador sostuvo que “la pandemia ha recuperado la centralidad de la salud” y agregó que ese tema “nunca tendría que haber dejado de ser algo prioritario en la agenda. Es importante que mantengamos ese compromiso desde nuestras bancas”.

Además, Fiad informó que en función de la ley sancionada el año pasado, llegaron a sus manos seis informes sobre los diferentes contratos que firmó la Nación con distintos laboratorios para la adquisición de vacunas contra el Covid-19, pero debido a las cláusulas de confidencialidad deberán ser abordados de modo presencial.

Por las dudas sobre el proceso de vacunación, la radical Silvia Elías de Pérez pidió convocar a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, pero el oficialista Luenzo le salió al cruce y aseguró que “la información que proporciona el Ministerio de Salud es cierta”, y su par Nancy González acusó a la oposición de intentar hacer un “circo”.

Tras un cruce entre los senadores, que incluyó el tema del “vacunatorio VIP”, Fiad confirmó que se convocará a Vizzotti para “aportar claridad y transparencia”.

Más temprano se constituyó la Comisión de Economía Nacional e Inversión, donde fueron ratificados Elías de Pérez como presidenta y Roberto Mirabella (Frente de Todos-Santa Fe) como vice.

El senador nacional por Juntos Somos Río Negro Alberto Weretilneck solicitó al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la supresión arancelaria del jugo concentrado de pera y aromas, con el objetivo de fortalecer las economías regionales, crear valor agregado y potenciar la creación de empleo.

Explicó que si bien la reducción de los derechos de exportación incide favorablemente sobre la competitividad del sector frente al exterior, la industria juguera rionegrina no se vio beneficiada por estas medidas, respecto de productos similares que sí fueron beneficiados.

“En el caso de la pera entendemos que el derecho de exportación debería ser del 0% ya que, de no ser así, solo se beneficiaría al Jugo de Manzana, gravando las demás posiciones con una alícuota muy superior a otros jugos concentrados de economías regionales similares a los cuales se les eliminan las retenciones llevándolas a cero, debiendo también tener en cuenta que la exportación en fresco de las mismas especies no tiene retenciones”, sostuvo.

El exgobernador rionegrino fundamentó que el jugo concentrado de pera y los aromas se exportan en un 99% y su producción juega un rol muy importante en la cadena productiva regional, ya que es el destino de aquella fruta que, por razones de falta de calidad el pequeño y mediano productor, no se puede destinar a la comercialización en fresco.

“Internacionalmente el mercado del jugo concentrado de pera es muy reducido, competitivo y con niveles de precio muy ajustados para nuestros costos de producción, habiendo logrado que nuestro país mejorara nuestra  posición en este mercado luego de años de arduo trabajo”, agregó.

En tanto, Weretilneck pidió la supresión de aranceles de exportación para el sector ovino en todos sus productos: lana sucia, lavada, peinada, Blousse, Sub Proutos y Grasa.

Remarcó el daño que ocasionó la pandemia de Covid-19 junto con las intensas nevadas durante el crudo invierno, que dejaron al sector en una delicada situación. A esto se sumó el derrumbe de los precios y mercados nacionales e internacionales de todas las lanas y de la carne ovina, industrias paradas, ventas casi nulas, dificultades propias del coronavirus para el trabajo y la logística.

“Quiero transmitir mi enorme preocupación por el sector lanero, que en Río Negro nuclea a más de 2.200 productores, siendo una de las principales actividades realizadas en el sur de la provincia. Estas medidas tomadas no solo no estimulan la producción si no que, en este tan duro año por el que está pasando, agrava y profundiza la crisis”, finalizó.

En Entre Ríos se reunió de manera virtual la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente, presidida por el diputado Sergio Castrillón (bloque Frente Justicialista Creer), para continuar con el abordaje del proyecto de ley con media sanción, formulado por los senadores mandato cumplido Ángel Giano y Mario Torres, que apunta a fomentar, incentivar y desarrollar Sistemas de Producción Agroecológica. 

Al igual que en el encuentro anterior, fueron invitados distintos representantes de sectores vinculados a la temática, con el fin de que se expresen y realicen sus respectivos aportes a la Comisión. 

El presidente del Colegio de Veterinarios de Entre Ríos, Sebastián Vittone, se puso a disposición de la Cámara de Diputados para cuando se requiera su participación y, respecto al proyecto de ley, pidió que “se tratan de procesos a largo plazo, por lo que se debe atender a cómo se migraría del sistema actual hacia un tipo de producción agroecológica”. 

“Estamos de acuerdo en que, además de lo productivo, se necesita de lo social y lo ambiental para avanzar como sociedad”, afirmó Américo González, quien integra el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER. Además, el ingeniero agrónomo dijo que “la ley contempla una producción orgánica, se debería tener una definición más amplia que involucre a los profesionales de la agronomía”. 

Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación Cauce, Valeria Enderle, contextualizó históricamente el tema y consideró que “esta ley es una necesidad y una demanda. La agroecología es la base para la evolución de los sistemas alimentarios, mostrando lo urgente de las dimensiones de la vida en lo social, ambiental, económico y agroproductivo”. 

Tras las exposiciones, la diputada Mariana Farfán resaltó la importancia de cambiar el actual sistema de producción y afirmó que “en este proyecto se deben volcar políticas y recursos para hacer la transición, dependiendo de la voluntad del Estado para que sea un sostén real”. 

“No debemos quedarnos sólo con la mirada productiva, sino también integrar la de transporte, profesionales y mercados, para que todo el sistema pueda adaptarse al cambio de paradigma”, aseguró el diputado Nicolás Mattiauda (bloque Pro), quien además fue coautor de la iniciativa.  

Diputados coincidieron en seguir escuchando a distintos representantes involucrados con el proyecto de ley para enriquecerlo y garantizar su aplicabilidad. 

La reunión de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente, presidida por el diputado Sergio Castrillón, contó con la presencia de las diputadas Mariana Farfán, Gracia Jaroslavsky, Carina Ramos, Carmen Toller y Lucía Varisco y los diputados Néstor Loggio, Nicolás Mattiauda y Eduardo Solari.