Desde la bancada que conduce el diputado Mario Negri consideran que el presidente “desobedece” el fallo de la Corte Suprema con un “ardid malicioso: querer pagar la coparticipación porteña con bonos”.
Pese a que desde el bloque de Diputados de la UCR habían decidido no realizar -por el momento- el pedido de juicio político contra Alberto Fernández, tras informar que pagará parte de la sentencia con bonos a CABA y cumplirá así parcialmente con el fallo de la Corte Suprema, finalmente este martes por la tarde pusieron en marcha la presentación de un proyecto de pedido de juicio político contra el presidente de la Nación.
“Este nuevo pedido de remoción tiene como marco la decisión del Gobierno nacional de no acatar de forma acabada el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó que se le devuelva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un 2,95% de la coparticipación”, explicaron.
El proyecto presentado por los diputados radicales, que encabeza el presidente del bloque Mario Negri y está acompañado por el resto de los integrantes, estipula en su único artículo: “Promover juicio político contra el Señor presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, por mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.
En los fundamentos, los 33 legisladores radicales sostienen que la decisión del Gobierno nacional de querer pagar con bonos de deuda pública el monto de coparticipación que la Corte Suprema ordenó transferir diariamente a CABA “es un ardid malicioso orientado a solapar la desobediencia del fallo del Máximo Tribunal”.
En el proyecto, recuerdan que “el día lunes 26 de diciembre, luego de que el Estado Nacional fuera notificado de la medida cautelar otorgada por la Corte Suprema de Justicia a favor de la CABA, el presidente informó que iba a acatar la orden judicial, a pesar de seguir considerándola inapropiada y que lo iba a hacer con bonos, a 90 días. Ello a pesar de que la sentencia recaída en autos era clarísima en el sentido que expresaba: ‘…II. Disponer que las transferencias correspondientes lo dispuesto en el punto resolutivo anterior se realizarán en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina’”.
“En este sentido consideramos que la falta de acatamiento a lo ordenado por la sentencia de la Corte Suprema persiste pese al dictado de la Decisión Administrativa N° 1.282/2022 de la Jefatura de Gabinete de ministros, ya que de la misma se desprende que pretende girarse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el porcentaje de coparticipación federal de impuestos que como medida cautelar ordenó el Máximo Tribunal con títulos de la deuda pública (Bonos del Tesoro TX31)”, argumentan.
En ese sentido, plantean que “implica un apartamiento manifiesto de lo resuelto toda vez que el decisorio no versa sobre el reconocimiento de deuda devengada –el punto será materia de resolución cuando se emita pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión- sino de una medida cautelar que dispuso que durante la tramitación del proceso debe reintegrarse una porción del índice de coparticipación detraído por las normas impugnadas, en forma diaria y por la misma vía que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reciben las remesas correspondientes al régimen de coparticipación federal de impuestos”.
“En rigor, la DA N° 1.282/2022 constituye un ardid malicioso orientado a solapar la desobediencia del fallo de la Corte convenida previamente entre el presidente de la Nación y catorce gobernadores, ante la repercusión negativa que tuvo ese alzamiento contra la cabeza de uno de los poderes del Estado y la interposición de denuncias penales, denunciaron.
Y explicaron: “Como legisladores debemos delimitar la responsabilidad política del funcionario que incumple con lo establecido en el texto fundamental y además lo hacemos en el convencimiento de que tales acciones conllevan indefectiblemente al deterioro institucional, con consecuencias económicas y sociales gravísimas”.
La iniciativa lleva las firmas de Mario Negri, Manuel Aguirre, Martín Arjol, Lidia Ascárate, Karina Banfi, Mario Barletta, Miguel Bazze, Gustavo Bohuid, Ricardo Buryaile, Marcos Carasso, Fernando Carbajal, Soledad Carrizo, Gerardo Cipolini, Julio Cobos, Marcela Coli, Pedro Galimberti, Ximena García, Jimena Latorre, Gabriela Lena, Facundo Manes, Juan Martín, Francisco Monti, Miguel Nanni, Lisandro Nieri, Juan Carlos Polini, Fabio Quetglas, Roxana Reyes, Jorge Rizotti, Víctor Hugo Romero, Sebastián Salvador, Roberto Sánchez, Jorge Vara y Pamela Verasay.
El diputado liberal aseguró que el presidente cometió “desacato y desobediencia”. Tras el anuncio del Gobierno, le advirtió que “los fallos de la CSJN se cumplen, cueste lo que cueste”.
A diferencia del bloque de la UCR, que dio marcha atrás con su proyecto después del giro del Gobierno, el diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) presentó un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández por mal desempeño y por la comisión de posibles delitos en el ejercicio de sus funciones.
El proyecto de resolución ingresó este lunes por la Mesa de Entradas de la Cámara baja, previo a que el mandatario anunciara el pago al distrito porteño mediante bonos.
En alusión a la decisión que había tomado el mandatario de no acatar el fallo de la Corte Suprema en relación a la restitución de coparticipación para la Ciudad, el legislador le imputó los cargos de “desacato y desobediencia”.
“El presidente Alberto Fernández, apoyado por los gobernadores, decidieron y le comunicaron a la población que no se iba acatar dicho fallo y así es como se perpetra un nuevo golpe al sistema constitucional y democrático, porque ahora, los integrantes del partido gobernante con posiciones relevantes de poder en los destinos de la República no sólo desconocen los derechos de los partidos opositores, sino que también desconocen las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostiene el texto.
En ese sentido, señala que “dichos desconocimientos en los hechos se traducen en la asunción arrogante de facto el poder total sobre los destinos del país, debido a que no reconocen a los demás estamentos de poder diseñados por la Constitución para limitar el poder de las mayorías momentáneas”, lo cual “constituye un claro ataque al sistema representativo, republicano y federal”.
“El presidente merece la destitución. Por lo que ya hicieron en la pandemia, y por lo que están haciendo ahora al sistema democrático. El desconocimiento de este fallo configura un delito contra la Constitución, en el artículo 36, arrogarse la suma del poder público. Al presidente se lo puede catalogar como un delincuente contra la Constitución”, concluye Espert.
El liberal recordó que además de este pedido de juicio político, él denunció por los mismos motivos en la Justicia a la vicepresidenta Cristina Kirchner y la presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, por lo acontecido en torno a las designaciones del Consejo de la Magistratura.
La bancada que conduce Mario Negri anunció que por ahora no presentará el proyecto de resolución luego del anuncio de que el Gobierno “cumplirá parcialmente con el fallo de la Corte Suprema”.
El bloque de diputados nacionales de la UCR decidió no presentar -por ahora- el pedido de juicio político contra Alberto Fernández, luego del giro del presidente en su decisión original de no acatar el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.
El viernes pasado la bancada que conduce Mario Negri había anunciado que entre este lunes o martes presentaría el proyecto de resolución en la Cámara baja.
Sin embargo, este lunes revirtieron esa decisión “dado que el presidente anunció que pagará parte de la sentencia con bonos a CABA y cumplirá así parcialmente con el fallo de la Corte Suprema” y retrotrajeron la decisión de presentar un texto que ya tenía 33 firmas.
En ese sentido, los legisladores radicales señalaron que ese pedido “estaba fundado en la desobediencia de un fallo de última instancia”.
Con todo, fuentes del bloque aclararon que se está analizando cómo se desarrollan los hechos, si se configura finalmente el incumplimiento o no del fallo de la Corte.
Si bien el pedido de juicio político es un gesto significativo, es muy difícil que se convoque a tratar el proyecto en la comisión homónima, pues siempre está en manos del oficialismo. Actualmente es presidida por la entrerriana Carolina Gaillard. Además, para poder destituir al acusado se requieren los dos tercios de cada Cámara del Congreso.
Durante los tres años de gestión, desde Juntos por el Cambio han presentado pedidos de juicio político contra el jefe de Estado: en el caso del “Olivos Gate” y, más recientemente, por declaraciones que Fernández tuvo para con el fiscal Diego Luciani, quien acusó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
La bancada que conduce Mario Negri prepara el proyecto de resolución que se conocerá entre este lunes o martes, a raíz de la decisión del Gobierno de no acatar el fallo de la Corte.
El bloque de diputados nacionales de la UCR, encabezado por sus autoridades, pedirá el juicio político contra el presidente Alberto Fernández por incumplimiento de los deberes de funcionario público, tras la decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema en relación a la restitución de fondos a la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación.
Según pudo saber parlamentario.com, los legisladores se encuentran redactando el proyecto de resolución que se presentará este lunes por la tarde o, a más tardar, este martes a primera hora.
No será la primera vez que desde Juntos por el Cambio pidan el juicio político contra el jefe de Estado: ha sucedido en el caso del “Olivos Gate” y, más recientemente, por declaraciones que Fernández tuvo para con el fiscal Diego Luciani, quien acusó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
Este viernes, en conferencia de prensa, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo en conferencia de prensa que el interbloque de JxC iba a avanzar en el Congreso con todas las acciones que pudiera.
Si bien el pedido de juicio político es un gesto significativo, es muy difícil que se convoque a tratar el proyecto en la comisión homónima, pues siempre está en manos del oficialismo. Actualmente es presidida por la entrerriana Carolina Gaillard. Además, para poder destituir al acusado se requieren los dos tercios de cada Cámara del Congreso.
Este miércoles la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en su reclamo por la quita de coparticipación que tuvo hace dos años atrás.
En septiembre de 2020, mediante decreto, el presidente bajó de 3,5% a 2,32% la coparticipación de la Ciudad para atender el reclamo de la policía de la provincia de Buenos Aires.
Tres meses después, en diciembre de ese mismo año, se aprobó una ley en el Congreso para llevar a 1,4% la coparticipación para el territorio porteño, en concepto de los gastos en seguridad por el traspaso de la Policía Federal al distrito durante el gobierno de Cambiemos.
Luego de la decisión del máximo tribunal, el presidente se reunió con más de una docena de gobernadores y anunció que no cumplirá el fallo, al que calificó de “imposible cumplimiento”, además de afirmar que recusaría a los miembros de la Corte.
La iniciativa es encabezada por la diputada Mónica Frade en motivo de “las acciones, omisiones y negligencias configuradas por el ministro de Seguridad, en el ejercicio de sus funciones, en relación con el fracasado atentado que tuvo por blanco móvil a la vicepresidenta de la Nación”.
El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, encabezados por Mónica Frade, presentó este jueves un proyecto de pedido de juicio político contra el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por mal desempeño en sus funciones tras el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Acompañaron con su firma los diputados por Pro Ingrid Jetter, Soher El Sukaria y Gustavo Hein.
“Quien no está en condiciones de garantizar la integridad física de las máximas autoridades de la Nación, mal puede garantizar la seguridad de los habitantes de nuestro país”, afirmaron en la iniciativa.
En otro pasaje, mencionan que “el Juez Roberto Gallardo había resuelto que la custodia de la vicepresidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner quedara a cargo de las autoridades de seguridad federales, por lo que le dio intervención al ministro de Seguridad Aníbal Fernández. También estableció que ´la fuerza federal encargada de la custodia presidencial sería la habilitada para determinar, en función de las eventualidades específicas, el radio territorial de cobertura y las modalidades que asuman los operativos de prevención y/o contención en su caso´”.
“La manda judicial le asignó al ministro de Seguridad toda la cobertura de seguridad del sitio donde aconteció el ataque contra la vicepresidente y, por lo mismo, de la propia funcionaria, con prescindencia de su custodia personal”, señala el proyecto presentado por los legisladores.
En ese sentido, plantean: “Las imágenes reflejaron el instante del atentado, pero también los momentos posteriores. Es aquí, por tanto, donde podemos comenzar a evaluar el comportamiento de la red de seguridad federal, responsabilidad y competencia del denunciado”.
“El atentado se produjo en medio de la multitud, momento en el que el agresor, sin obstáculo alguno, empuñó un arma cargada contra la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. Las imágenes muestran a la vicepresidente y a su custodia, sin registro de la tentativa de homicidio y la gresca posterior. No existió intervención alguna de efectivos de seguridad. No los había”, agregan.
En tanto, explican: “Se observó una muchedumbre rodeando a la vicepresidente y a su vehículo, ausencia de uniformados de la Policía Federal, ausencia de ´adelantados´ o custodios civiles. No se activó el protocolo previsto para ese tipo de hipótesis”.
“La actuación del Ministerio continúa en la etapa judicial, en la que situaciones confusas atribuyen al quiebre de la cadena de custodia del aparato de telefonía celular del agresor a la propia Policía Federal, a cargo de Fernández, quien declaró ‘la Policía Federal lo que hizo fue recogerlo, ponerlo en una bolsa Faraday y enviarlo al Juzgado’. Lo cierto es que el aparato llegó al Juzgado reseteado, lo que impidió, hasta la fecha, extraer la información e imágenes contenidos en su memoria. Información que resulta vital para la averiguación de los hechos. La verificación del reseteado del celular fue constatada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria”, se destaca en el proyecto.
Por último, argumentan que “el mal desempeño del ministro es inocultable e ineludible” motivo por el que solicitan el pedido de juicio político porque “quien no está en condiciones de garantizar la integridad física de las máximas autoridades de la Nación y, como corolario, quien no puede controlar la eventual impericia del personal a su cargo, mal puede garantizar la seguridad de los habitantes de la Nación Argentina”.
jp-AFTras su decisión de no acompañar el pedido de juicio político que JxC presentó contra Alberto Fernández, Facundo Manes salió a responderle a la presidenta del Pro.
Tras su decisión de no acompañar el pedido de juicio político que sus pares de Juntos por el Cambio presentaron contra el presidente Alberto Fernández, por sus dichos sobre el fiscal Diego Luciani, el diputado radical Facundo Manes salió este viernes a responderle a Patricia Bullrich.
Fue luego que la presidenta del Pro dijera que “si él no está de acuerdo con las fuerzas políticas a las que pertenece, tendrá que pensar qué es lo que le pasa”.
“Hubo prácticamente unanimidad para firmarlo y tener una posición institucional”, sostuvo la dirigente en diálogo con radio La Red y agregó que “es una decisión que lo pone a él en un lugar de tomar distancia de su coalición y su partido”.
A través de la misma radio, Manes contestó le contestó: “Tengo una mala noticia para Patricia Bullrich, porque voy a seguir en la coalición opositora y como hice el año pasado, voy a ampliar la coalición”.
El legislador, que se encuentra trabajando para ser precandidato presidencial dentro del radicalismo, señaló que en las elecciones del año pasado “me decían lo mismo, venís a ser funcional al kirchnerismo, venís a romper la coalición”.
“Yo vengo a ser parte de una empresa, soy un dirigente de un partido político”, resaltó y remató: “Escuché que la señora Bullrich dijo que yo era irresponsable. Para mí irresponsable es echar leña al fuego en un país que tiene una crisis profunda, que no tenemos rumbo, que tenemos hambre, mal nutrición y que ha gobernado el Pro y le ha ido mal”.
Incluso, el diputado reveló que lo llamaron “muchísimos” de sus pares para manifestarles que también estaban en contra de ese pedido.
“Es un error sacar esta discusión del plano de la Justicia y llevarla a la política”, consideró, pero apuntó que “a muchos les conviene esta estrategia porque sigue apelando a la grieta”. “Tenemos que dejar de lado la especulación política. Ni un sector es una víctima, ni el otro un paladín de la Justicia”, continuó.
Manes subrayó que “está claro que los dichos del presidente son irresponsables, muy preocupantes” pero “no ameritan un juicio político, que es una medida extrema para el funcionamiento institucional del sistema democrático que no debe banalizarse”.
El interbloque opositor convocó a la prensa al Salón Pasos Perdidos este jueves a las 16, a raíz de los dichos del presidente sobre el fiscal Diego Luciani.
Diputados del interbloque de Juntos por el Cambio convocaron para este jueves, a las 16, a una conferencia de prensa que realizarán en el Salón Pasos Perdidos del Congreso.
En ese marco anunciarán el pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández, a raíz de sus “amenazas públicas contra el fiscal Diego Luciani“, quien acusa en el juicio por la obra pública a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Entrevistado en el canal TN, el jefe de Estado dijo este miércoles que el fiscal Alberto Nisman “se suicidó” y que él espera que “no haga algo así Luciani”, lo que provocó una ola de repudios y hasta el adelanto de denuncias penales por parte de la Coalición Cívica.
En tanto, este jueves, en diálogo con El Destape Radio, Fernández consideró que hubo “una enorme tergiversación” de sus declaraciones y señaló: “Apareció el nombre de Nisman porque fue parte de la pregunta concreta. ‘¿No tiene miedo de que le pase lo mismo?’, me preguntaron y me sorprendió. ¿Qué tiene que ver Nisman con todo esto? Pero bueno: no, yo no tengo ningún temor que pueda pasar esto”.
Para el precandidato a senador nacional, la dirigencia de JxC debería “explicar muchas cosas que hizo cuando gobernó”.
El precandidato a senador nacional por una de las listas del Frente de Todos en la provincia de Santa Fe Agustín Rossi salió en defensa del presidente Alberto Fernández en el marco de la polémica generada en torno a la difusión de la fotografía del festejo de cumpleaños en la quinta presidencial de Olivos. Y como no hay mejor defensa que un buen ataque, lo hizo cruzando a la oposición, que anunció su decisión de impulsar el juicio político contra el primer mandatario.
A su juicio, los dirigentes de la oposición “todavía deben explicar muchas cosas que hicieron cuando gobernaron”, y para él critican a Fernández por una foto “cuando nunca les interesaron las políticas de cuidado” en el marco de esta pandemia.
El exministro de Defensa rechazó enfáticamente por radio La Red el pedido de juicio político. Para él es “una barbaridad, algo inadmisible que alguien le pida el juicio político al presidente por ese hecho, que fue un error y por el cual ya pidió disculpas”.
“Está claro que la oposición utiliza la foto para tratar de descalificar al Gobierno nacional por algunas políticas que a ellos no les gustan”, expresó el exfuncionario, aclarando que “en el marco de la campaña no voy a discutir con la oposición de la foto, porque a ellos no les interesa la foto ni la pandemia, sino que la oposición discute a través de la foto otras políticas que han sido acertadas como la campaña de vacunación contra el Covid-19, que viene incesantemente creciendo”.
En otro pasaje, Rossi afirmó que “la oposición en Argentina tiene mucho que explicar porque hace solo un año y medio atrás que estuvieron gobernando”.
Lo hizo el diputado radical Alvaro de Lamadrid, que les atribuye “mal desempeño” en sus funciones, debido al proyecto de ley de Emergencia Covid.
Siempre áspero con el oficialismo y polémico como de costumbre, el diputado nacional del radicalismo Alvaro de Lamadrid presentó un pedido de juicio político contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y su vice, Cristina Fernández de Kirchner, por “mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 de la Constitución Nacional.
El proyecto de resolución es acompañado por sus pares de Juntos por el Cambio Federico Zamarbide, Mónica Frade, Gonzalo del Cerro, Héctor Stefani, Pablo Torello y Francisco Sánchez, y tiene en consideración la firma por parte de los representantes del Poder Ejecutivo de Decretos de Necesidad y Urgencia y algunos discursos que van contra el Poder Legislativo y Judicial, hechos que consideran “graves” y que “atentan contra el sistema de división de poderes que imperan en la Argentina”.
“El problema no es solo lo que dice, sino quién lo dice: son el presidente y la vicepresidente de la Nación argentina, que a esta altura están incursos en delitos constitucionales, como el atentado al orden democrático”, señala De Lamadrid en el texto. A su juicio, “su conducta desde su asunción ha demostrado que su gestión se ha caracterizado por atentar contra la independencia del Poder Legislativo y Judicial para someterlo a los intereses personales y políticos en especial a los de su vicepresidente- menoscabando el normal funcionamiento de nuestro sistema democrático”.
El legislador radical cita puntualmente el proyecto que cuenta con media sanción del Senado denominado de Emergencia Covid, que a su juicio “busca concentrar en el presidente la suma del poder público”.
Enumera los decretos publicados en pandemia, pero también alude a la escalada judicial contra el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta en torno a las clases presenciales, que considera el origen de ese proyecto de ley que espera ser tratado en Diputados.
