Tras el cierre de la Dirección de Vialidad Nacional, anunciado por el Gobierno, el diputado Eduardo Toniolli (UP) presentó un proyecto de ley que propone declarar “la emergencia pública en materia vial, para todo el trazado de la Red Vial Nacional correspondiente a la provincia de Santa Fe” por el plazo de dos años, prorrogable por igual término a decisión del Poder Ejecutivo.

En la iniciativa se consideran los tramos de las rutas 2, 7, 8, 9, 11, 19, 33, 34, 95, 98, 168, 173, 175, 177, 178, A007, A008 y A012.

De acuerdo al texto, la autoridad de aplicación deberá adoptar “todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad de todas las obras públicas” que “se encontraban en estado de ejecución durante el año 2023”.

El proyecto, acompañado por legisladores de UP como Germán Martínez, Florencia Carignano y Diego Giuliano -también santafesinos-, entre otros, establece que durante el plazo de la emergencia el Estado Nacional deberá relevar el estado de las rutas nacionales de Santa Fe; e implementar obras de rehabilitación y mantenimiento en tramos de rutas cuya evaluación de estado sea malo a muy malo.

Además, ejecutar obras de mantenimiento por administración, por contratos o por convenios para casos puntuales; ejecutar obras de conversión a rutas de terceros carriles para vías de tránsito mediano; y garantizar el cumplimiento efectivo de todas las obligaciones asumidas por los concesionarios viales.

Otro artículo indica que deberán priorizarse los tramos de alta transitabilidad vehicular y de acceso a localidades; los tramos nodales para el tránsito productivo, comercial y turístico; y los tramos nodales de interconexión provincial y regional.

Asimismo, se busca prohibir durante el período de emergencia “los despidos, las suspensiones o cesantías del personal de la Dirección Nacional de Vialidad, cualquiera fuera su modalidad de contratación”.

“Para el financiamiento de la emergencia vial se utilizarán los recursos disponibles no ejecutados a la fecha y los que se recauden a futuro con destino al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte”, en virtud de que el 50% de dichos recursos se deben destinar al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), de acuerdo al marco normativo vigente”, reza el texto y faculta al jefe de Gabinete a “efectuar las modificaciones presupuestarias que correspondan”.

En los argumentos, Toniolli señaló que “el Gobierno nacional ha producido desde su asunción un enorme, inequitativo e innecesario ajuste del gasto público” y “ha paralizado casi todas las obras en curso sobre la red vial nacional”. “Se trata de una situación grave que afecta a todas las provincias del país. Esto acarrea serios problemas de seguridad vial de los ciudadanos y afecta la conectividad y logística de toda la extensa geografía nacional”, advirtió.

Y agregó que, en el caso de su provincia, “las rutas 11, 33 y 34 por mencionar las más significativas, sufren un deterioro ostensible debido a la falta de inversión en obras y de mantenimiento adecuado”.

Ante el desfinanciamiento en la obra pública por parte del Gobierno nacional, los senadores nacionales del bloque Convicción Federal presentaron dos proyectos de ley que proponen declarar la emergencia en el sistema vial nacional por el término de dos años y, además, proteger a la Dirección Nacional de Vialidad ante una amenaza de disolución, privatización o modificaciones en su estructura que perjudiquen a los trabajadores.

“El Gobierno nacional está jugando con la seguridad vial y el desarrollo del país”, resaltaron los legisladores, quienes afirmaron que "con inversión en infraestructura vial se evitan pérdidas de vidas humanas y se bajan los costos logísticos del transporte, entre otros beneficios".

Fernando Salino, Carolina Moisés, Fernando Rejal y Guillermo Andrada mantuvieron un encuentro con representantes de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) y de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional.

Durante la reunión, los referentes gremiales expusieron un diagnóstico alarmante sobre la situación actual de la Dirección Nacional de Vialidad, señalando no sólo un impacto directo en las fuentes laborales, sino también un riesgo concreto para la seguridad de millones de personas que circulan diariamente por las rutas del país.

El objetivo de las iniciativas es "garantizar la continuidad de todas las obras públicas en la red vial nacional y mitigar el deterioro causado por la falta de inversión del Gobierno nacional, mediante la ejecución de los fondos de infraestructura de transporte", apuntaron.

“Es impostergable abordar esta situación con responsabilidad y compromiso federal. La red vial es un componente clave para el desarrollo, la conectividad y la seguridad de todos los argentinos”, sostuvieron desde la bancada que integra el interbloque Unión por la Patria.

Según un informe elaborado por FEPEVINA, más del 60% de la red vial argentina se encuentra en estado malo o regular, lo que confirma la existencia de una emergencia vial a nivel nacional. El estado crítico de las rutas afecta la seguridad vial, incrementa los riesgos de siniestros, eleva los costos logísticos y reduce la eficiencia del transporte, generando consecuencias negativas en múltiples niveles de la vida económica y social.

Los senadores expresaron su profunda preocupación por "la postura del Gobierno nacional, que sostiene una política de desfinanciamiento de la obra pública y ha anunciado la eventual eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad. De concretarse, esta medida implicaría la pérdida de trabajadores altamente calificados y comprometería aún más la seguridad de millones de ciudadanos".

En el inicio de la sesión del Senado de este miércoles, el senador salteño Sergio Leavy (UP) planteó una cuestión de privilegio en contra del presidente Javier Milei por el “desastre en el que se encuentran” las rutas nacionales en todo el país “poniendo en riesgo la vida de los argentinos”.

“Hago civil y penalmente responsable al presidente de la Nación por los daños que pudiera ocasionar en las personas o en los bienes de todos los argentinos que transitan sobre rutas nacionales”, afirmó y argumentó: “Por el desastre y abandono que esta teniendo toda la red carretera”.

Leavy contó que ha presentado 15 intimaciones al presidente de la Nación con fecha 10 de marzo de 2025 donde “le advierto esta situación que está atravesando toda la república. Cualquier provincia que uno transite se da cuenta que la carretera e infraestructura está siendo deteriorada”.

“¿Cuántas muertes hay que tener para que el Gobierno reaccione? ¿cuántas vidas tienen que perderse para que el presidente, el ministro, usen los fondos que han sido destinados?”, se preguntó.

Así, criticó: “Dicen que no hay plata, pero es mentira porque en 2024 se presupuestó para vialidad nacional 609 mil millones se ejecutaron solo 332 mil millones… ¿dónde está el resto para mantener las rutas y cuidar la vida?”.

Leavy comentó que, según un informe del Sistema Vial, dice que el 60 % de las rutas nacionales se encuentra en estado crítico, el 23% en condiciones malas y el 21,2% regular. “Esta situación empeora día a día y cuando el Estado no está presente en obras de infraestructura queda la tragedia”, sostuvo.

“No mejoraron ni avanzaron ninguna de las obras que mintieron que dijeron que iban a hacer. Si Milei y su Gobierno siguen con esta indiferencia criminal, cada muerte en nuestras rutas no será un accidente, será una condena impuesta por su abandono. Vamos a hacerlos responsables”, concluyó.

La diputada nacional Sofía Brambilla (Pro) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo a fin de que se aclare “el manejo, destino y beneficiarios del fideicomiso creado por el decreto 976/2001, financiado con el impuesto al gasoil y destinado al desarrollo de infraestructura vial y ferroviaria”.

La solicitud cobra especial relevancia en el marco de la emergencia declarada sobre las rutas nacionales 12 y 14, cuestión por la que Brambilla había presentado un proyecto de ley a fines del año pasado. “No puede haber rutas destruidas si hubo recursos disponibles. Exigimos saber qué pasó con esos fondos”, reclamó la correntina.

A través del pedido se busca conocer el patrimonio total del fideicomiso al día de la fecha; la recaudación del impuesto desde 2023 a abril de 2025; los beneficiarios y montos percibidos durante ese período por cada uno de ellos; y las obras que se realizaron con esos fondos y las que se proyectan realizar a futuro.

Brambilla manifestó que este fideicomiso es “una zona gris en términos de control público y rendición de cuentas”. Según reveló la legisladora, a pesar de haber realizado un pedido formal de acceso a la información pública al Ministerio de Economía, éste derivó la responsabilidad sin entregar los datos requeridos, “en una clara contradicción con lo establecido por la Ley 27.275, resaltando además que dicho organismo resulta ser el fiduciante”.

Como respuesta de ese pedido, el 5 de marzo pasado se respondió que la “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” se encargaría de la remisión al Banco de la Nación Argentina (el administrador del fideicomiso) y, si lo consideraban, iban a brindar la información solicitada. “La ciudadanía merece saber en qué se gastan los recursos que aporta", enfatizó la diputada del Pro.

El pedido también hace foco en la situación actual de ambas rutas, cuyo mantenimiento se encuentra hoy a cargo exclusivamente de Vialidad Nacional, incluyendo los tramos sujetos a concesión como los no concesionados.

"No sólo reclamamos información: pedimos responsabilidad. Si los fideicomisos no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, deben reformularse o eliminarse. No podemos seguir cargando a los argentinos con estructuras desgastadas que no mejoran su vida cotidiana", subrayó Brambilla.

Y concluyó: “Este pedido de informes representa hacer uso de las facultades de control parlamentario y un aporte a la construcción de un Estado más transparente y eficiente, acorde a lo que el Gobierno nacional tanto pregona”.

El diputado nacional Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe) presentó un proyecto de resolución para expresar su rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de cancelar todos los contratos vinculados al mantenimiento y construcción de rutas nacionales.

“Por Santa Fe pasan más de 15 rutas nacionales: la 7, 8, 9, 11, 19, 33, 34, 95, 98, 168, 173, 174, 175, 177, 178, A007, A008, A009 y A012. Esta medida afecta directamente la infraestructura clave para nuestra producción y conectividad”, señaló el diputado Mirabella.

El legislador rafaelino subrayó el deterioro de tres arterias fundamentales: la Ruta 11, que une Rosario con el Puente Internacional San Ignacio de Loyola (Paraguay), atravesando Santa Fe, Chaco y Formosa; la Ruta 33, que conecta el suroeste provincial con el puerto de Rosario; y la Ruta 34, esencial para el transporte agroindustrial a lo largo del corazón productivo santafesino.

“Milei está abandonando a Santa Fe. Estas rutas no solo conectan localidades: son vitales para el desarrollo, el empleo, la seguridad vial y el acceso a los puertos”, afirmó. Además, Mirabella advirtió: “Lo que debería hacer el Gobierno Nacional, como el puente Santa Fe–Santo Tomé, ahora lo tiene que asumir la provincia. Cada recorte significa menos infraestructura y más trabas para el desarrollo de nuestra provincia”.

Por último, el diputado rafaelino concluyó: "Lo más grosero y obsceno es que en el año 2024, el gobierno de Milei destinó USD 2.213 millones para compensar el transporte público (colectivos y trenes) del AMBA. Y peor aún: en la estimación del Presupuesto 2025 que enviaron al Congreso, se prevén USD 3.958 millones en subsidios al transporte público, con una distribución escandalosamente concentrada en el AMBA. Una humillación para Santa Fe. Estamos anexados a la Argentina. Nos tratan como a una colonia."

Al ser consultado por la paralización de obras en diferentes rutas nacionales de distintas provincias, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, alertó ante el Senado que “el estado de la infraestructura caminera del país es desastroso”.

“El estado de la infraestructura caminera del país es desastrosa, yo diría que imposible encararlo en este año que termina o imposible”, expresó el funcionario.

Así, informó que han hecho “algunos acuerdos para ver cómo nos distribuíamos las cargas. Si he hablado con varios gobernadores para tratar de ver cómo podíamos transferir a las provincias algunas rutas nacionales en los tramos que abarca cada provincia para delegar un poco esta tarea en las provincias”.

“Creo que este año seguramente va a ser que podamos avanzar algo más. Trataremos de acelerar todos los plazos y, sobre todo, de encarar aquellas rutas que hoy no solamente generan problemas en la utilización para la producción cerealera fundamentalmente e Industrial. También en muchos casos cuesta vidas humanas”, insistió.

Sobre la ruta 25 también señaló que el estado “es desastroso” y que está en análisis “cuáles son los trabajos faltantes que están en conjunto con la empresa y se están planificando cuáles son las obras principales a realizar”.

“La autovía 158 por supuesto que la pretensión del Gobierno es poder concluir las obras con el contrato vigente. En el caso particular de la ruta 158 no pertenecía a las obras del contrato actual y se está trabajando en el proyecto y realizando el análisis integral de la obra. Hay una intervención continua en toda la traza para garantizar condiciones de transitabilidad y seguridad para el usuario”, cerró.

Al ser consultado por varios senadores nacionales por el estado de las obras públicas en relación a las rutas nacionales, el jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, explicó que “hay una gran cantidad de obras que se encontraban paradas o con demoras de pagos y actualización de precios de muchos meses”, pero afirmó que están trabajando en “ordenar el tema lo más rápido posible”.

“Las rutas que están neutralizadas es porque hay actos administrativos de neutralización de plazos y obligaciones contractuales acordadas entre las partes hasta que se resuelva su reinicio. Tiene que ver con no disponer con los fondos necesarios y dejar las obras en revisión tanto de su prioridad como su posibilidad de ejecución”, le contestó a la chubutense Edith Terenzi.

También explicó que “una gran cantidad de las obras están paralizadas por demoras en los pagos y actualización de precios. Todo el sistema está en revisión de prioridades con los interlocutores de cada una de las provincias”, e informó que “hay obras que se van a rescindir, otras están en conversación para transferirlas a jurisdicciones provinciales o municipales y el resto se encuentran en un proceso de reinicio o neutralización”.

Sobre las rutas nacionales de Entre Ríos la 12 y 14 detalló que allí “se trabaja con la concesionaria Caminos del Río Uruguay S.A que tiene a cargo distintos tramos de las rutas. El contrato fue prorrogado en abril esto debería tender a una normalización y en un nuevo llamado a licitación se incorporará los planes de obras para las mejoras de la traza que sean necesarios. Buena parte del sistema de rutas de concesiones no podía pagar el mantenimiento. Ha habido un desfasaje que atrasó todo el sistema”.

“Una gran cantidad de obras se encontraban paradas y ralentizadas o con inconvenientes de demoras de pagos y actualización de precios de muchos meses lo cual hace inviable la ejecución. Estamos trabajando en ordenar este tema lo más rápido posible”, afirmó.

Ante una consulta de la senadora radical Carolina Losada sobre el estado de las rutas 33, 178 y 11, Posse expresó: “Estamos escuchando este tema como un tema común, esto muestra el estado en el cual recibimos el país. Que el 40% solamente de las rutas estén en condiciones, se imaginan que no ocurrió en estos últimos cinco meses. El estado de la infraestructura es muy malo, son años de desatención, desfinanciamiento y falta de mantenimiento. Poner esto en orden nos va a llevar tiempo”.

Y precisó que “las obras de mantenimiento contratadas se encuentran priorizadas, en particular están previstas las obras en las rutas 33, 11 y 178”, además de que “se iniciará un proceso de transferencia actualizada con las autoridades provinciales para su culminación”.

Los diputados nacionales de la UCR Manuel Aguirre (Corrientes) y Pedro Galimberti (Entre Ríos) presentaron un proyecto de resolución en el Congreso de la Nación con el propósito de evaluar detalladamente el estado de las Rutas Nacionales 12, 14 y 174, así como la situación de la concesionaria CRUSA.

“Este proyecto surge como respuesta a la necesidad imperante de garantizar la transparencia en la gestión de las vías de comunicación terrestre y de asegurar un mantenimiento adecuado que responda a las demandas de los ciudadanos que transitan diariamente por estas importantes arterias viales”, explicó Aguirre.

En la iniciativa, el correntino resaltó “la importancia estratégica de las rutas nacionales en la conectividad del país y en el desarrollo del comercio internacional, subrayando la necesidad urgente de mejorar la infraestructura vial para beneficio de todos los ciudadanos”.

Así, expresó preocupación por el estado actual de la calzada en varios tramos de las rutas mencionadas, lo cual requiere una “revisión inmediata y acciones concretas para garantizar la seguridad y eficiencia del transporte terrestre en la región”.

El proyecto de resolución también busca obtener información detallada sobre las acciones y negociaciones realizadas con la concesionaria CRUSA, así como el listado de imputaciones y sanciones recibidas por parte de la Dirección Nacional de Vialidad.

Aguirre enfatizó la importancia de conocer el estado actual de las obras de mejora incorporadas al Plan Económico Financiero de la Concesión, financiadas con el "Recurso de Afectación de Obras", con el objetivo de evaluar su ejecución y efectividad en la mejora de las condiciones de las rutas.

Además, el diputado destacó la necesidad de establecer acuerdos “claros y transparentes para el traspaso de la responsabilidad de la administración de las rutas en caso de que la continuidad de la concesión no sea viable”.

“Esta medida se presenta como fundamental para garantizar la continuidad de las labores de mantenimiento y mejora de las vías de comunicación, así como para asegurar la eficiencia en la prestación de servicios a los usuarios que dependen de estas rutas para sus desplazamientos diarios”, remarcó.

En el mes de febrero, la diputada Sofía Brambilla (Pro) solicitó al Gobierno nacional la repavimentación de un tramo de la Ruta Nacional 12, entre el municipio de Carolina y la ruta provincial N°24, para lograr mejorar la conectividad entre ciudades de Corrientes, dado el estado de abandono en que se encontraba ese trayecto.

La legisladora de Juntos por el Cambio recordó que luego de ello se realizaron obras, pero ahora pidió informes al Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, sobre la licitación, obras de mantenimiento y repavimentación de dicha obra sobre la ruta.

"Este nuevo pedido de informes lo hacemos por los innumerables casos que me han llegado reclamando que los trabajos realizados hace un par de meses, ya se están deteriorando", explicó la macrista.

Si bien celebró que "la Nación invierta en nuestra provincia", consideró que "es fundamental ahondar en las particularidades propias de la licitación, a fin de transparentar y, en todo caso, impulsar a que se ejecuten los mecanismos necesarios para responsabilizar a las empresas a cargo de los arreglos y a quienes cuentan con las obligaciones de control”.

El proyecto de resolución consulta: cuál es el estado de la licitación de las obras; que se indique la razón social de la empresa adjudicataria elevando un informe sobre el Plan de Control de Calidad que define el Pliego de Especificaciones Técnicas acerca del programa que debe cumplir el contratista para el control de calidad de los materiales; y el proceso de elaboración y de la unidad terminada, entre otros puntos relevantes.

En momentos en que la Patagonia sufre las más fuertes nevadas en las últimas dos décadas, el senador nacional por Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, realizó gestiones ante el Gobierno nacional para remediar el importante congestionamiento de vehículos de carga, varados a causa de la gran cantidad de nieve caída en las rutas nacionales en territorio rionegrino. Lo hizo a través de un proyecto de comunicación presentado en la Cámara alta del Congreso.

“La falta de despeje en varias rutas federales no permite que cientos de camiones puedan avanzar y no solo trae complicaciones para los transportistas, sino también al normal abastecimiento de diferentes centros urbanos. La situación es más compleja teniendo en cuenta los obstáculos que impone el coronavirus”, explicó el exgobernador rionegrino.

Weretilneck solicitó al Poder Ejecutivo Nacional  -a través de la Dirección Nacional de Vialidad-, proceda urgentemente a la implementación de medidas y despeje de nieve para destrabar la situación de los camiones varados a causa de las intensas nevadas en las rutas nacionales 237 y 23, en los tramos precordilleranos con llegada a diferentes centros urbanos de Río Negro.

Asimismo, pidió resolver la situación en la Ruta Nacional 151, entre Sargento Vidal-Catriel; en la RN 40 en el tramo Bariloche-El Bolsón; y en la ex Ruta 40 en el tramo Pilcaniyeu-El Maitén, que une Río Negro con Chubut.

Camiones varados a la intemperie, peligrosas e interminables filas de vehículos de carga en la banquina, y ciudades que no reciben alimentos e insumos, son algunas de las complicaciones por falta de mantenimiento.

“La situación es delicada: esta semana por ejemplo en Piedra del Águila, en la Ruta 237 quedaron varados más de 60 camiones y los transportistas buscaban un lugar donde alojarse para resguardarse de la gran helada. A eso se suman otros 80 vehículos de carga esperando en Arroyito y el resto en otros puntos del tramo hasta Bariloche, sin que Vialidad Nacional despeje la nieve. La hilera de camiones varados que abastecen con mercadería a las ciudades cordilleranas se hacía interminable sobre una de las banquinas de la ruta nacional cargada de nieve”, explicó Weretilneck.