La diputada nacional Sofía Brambilla (Pro) presentó un proyecto en el que expresa su “preocupación” por la paralización en la construcción de la Autopista Urbana de Corrientes y reclama la urgente finalización de esta obra vital para la región.

“La paralización de la obra representa un riesgo para todos los argentinos que transitan por esta vía. El estado de la ruta a medio terminar y los desvíos sin señalización adecuada ponen en peligro la vida de las personas y hace ya cinco años que estamos lamentando accidentes de tránsito y pérdidas millonarias para el sector productivo y empresarial, ubicado en ambos márgenes de los 13 kilómetros afectados”, señaló la legisladora. 

La macrista, quien reafirmó su compromiso de velar por la pronta conclusión de esta importante autopista, resaltó que “para lograr que esta obra sea concluida necesitamos del apoyo de todos los actores sociales, dado que la misma afecta a miles de correntinos”.

Por otra parte, la correntina inició una serie de visitas a diferentes empresas que se encuentran establecidas a la vera de la ruta nacional, invitándolas a acompañar una nota que será presentada ante el nuevo administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Edgardo Bértola, a quien la diputada le pidió una reunión para entregarle el reclamo conjunto.

Durante la gestión anterior, Brambilla presentó tres veces una iniciativa en este sentido, solicitando al Ejecutivo nacional que garantice la continuidad y finalización de la autovía. Además, ha solicitado pedidos de informes sobre el porcentaje de avance y las razones técnicas que han demorado su terminación.

“La culminación de esta obra tiene que ser una causa de todos, y para eso tenemos que agotar todas las instancias necesarias para lograr el objetivo. Corrientes ya tuvo muchos años de discriminación, es hora de que nuestra provincia sea colocada con prioridad en la agenda nacional”, completó la legisladora. 

La diputada nacional Sofía Brambilla (Pro – Corrientes) presentó un proyecto de resolución para exigirle al Poder Ejecutivo una serie de informes respecto a la compra y entrega de medicamentos o insumos médicos; a cargo de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), destinado a personas que no cuentan con cobertura médica y se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa nace a partir de que la asistencia a pacientes con cáncer, enfermedades crónicas y autoinmunes, que realizaba la DADSE, se vio interrumpida mientras se readecuen los sistemas y procedimientos y se revisen las gestiones realizadas por el organismo. La decisión fue adoptada por Pablo de la Torre, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación.

En tal sentido, la diputada correntina expresó: “El derecho de acceso a la salud de los beneficiarios no se puede interrumpir, se debe garantizar la continuidad de los tratamientos y la entrega de insumos mientras dure la investigación”.

En los primeros días de su gestión, el Ministerio de Capital Humano indicó que estas investigaciones se habían iniciado tras detectarse irregularidades en el procedimiento de selección de proveedores durante la gestión anterior, que habría violado las leyes vigentes para la adquisición de bienes por parte del Estado.

Por ello, en fecha 2 de febrero de 2024, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, (dependiente del Ministerio de Capital Humano), resolvió la suspensión de la Disposición Directa Nro. 1 del año 2016 de DADSE, hasta tanto se revisen los circuitos administrativos que garanticen transparencia, igualdad y legalidad en la gestión de esa Dirección.

Sin embargo, Brambilla cuestionó que “no se comunicó cuál es plan de contingencia que, mientras dure esta revisión, garantice las prestaciones de salud de este sector vulnerable de la población”.

En el final, Brambilla agregó que “el Pro siempre promovió la lucha contra la corrupción y acordamos en que la administración de los recursos públicos debe ser con transparencia y legalidad, pero esta batalla no puede ser obstáculo para continuar ejerciendo una de las funciones básicas del Estado como es la salud de sus ciudadanos”.

Ante la denuncia formulada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, la diputada nacional Sofía Brambilla (Pro) solicitó al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Capital Humano, un pedido de informes respecto al programa “Potenciar Trabajo”.

En el documento se solicita información sobre cantidad de adjudicados, incompatibilidades entre dicha ayuda social y los beneficiarios, como así también las medidas a adoptarse frente a este escenario.

“Conforme surge de la investigación del fiscal, se acreditó que 8 mil personas que cobran el plan tienen relación laboral con alguna de las dependencias del Estado y que al menos que 160 mil beneficiarios tenían el plan de manera ilegítima”, señaló la correntina y criticó: “Estas discrecionalidades son propias de gobiernos populistas”.

En esa línea, la legisladora expresó que “estas irregularidades generan un perjuicio enorme al patrimonio público”. “Los argentinos decidieron cambiar, pero para cambiar hay que confiar y para confiar hay que hacer las cosas bien”, dijo.

El pedido de informes apunta a promover un marco regulatorio general para el otorgamiento de programas y beneficios sociales que sean financiados con la contribución de todos los argentinos.

Por otra parte, Brambilla recordó que para el ingreso y permanencia en el programa, “resulta incompatible para aquellas personas que posean empleo formal; sean prófugos de la justicia; quienes perciban subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgado por el Estado Nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sean empleados provinciales, municipales o de ONG’s y sean personas con empleo formal registrado”.

El proyecto fue acompañado por sus pares Sabrina Ajmechet, Martin Ardohaín, Héctor Stefani, José Núñez, Marilú Quiroz, Sergio Eduardo Capozzi, Germana Figueroa Casas y Aníbal Tortoriello.

Posterior a la denuncia presentada por el gobernador Gustavo Valdés este lunes en conferencia de prensa y para ratificar la soberanía argentina, la diputada nacional Sofia Brambilla (Pro – Corrientes) presentó un proyecto que tiene como objetivo repudiar las agresiones sufridas por los pescadores correntinos de parte de oficiales de la Prefectura General Naval del Paraguay.

El hecho ocurrió este domingo 25 de junio, en Ituzaingó, Corrientes, en inmediaciones de las islas Apipé Grande, Apipé Chico y San Martín, en la zona de Punta Ñaro donde efectivos de la Prefectura paraguaya abordaron a una embarcación de pescadores correntinos, con intención de detenerlos en aguas y territorio nacional.

 En tal sentido, agregó: “Como legisladora debo manifestar extrema preocupación ante un claro hecho de violación de la soberanía nacional poniendo en riesgo la seguridad y los derechos de los ciudadanos argentinos”.

“Es mi tarea visibilizar estas cuestiones y llevarlas al recinto para que se tome conocimiento público y se arbitren los medios necesarios para que cese este avasallamiento, que si bien no es la primera vez que tenemos un conflicto jurisdiccional con el país vecino, si es el caso de mayor gravedad e invasión de libre circulación”, señaló.

Además, sostuvo que “debemos actuar rápidamente y por ello elevamos formalmente ante la Nación y la cancillería esta situación que estamos viviendo, donde vemos que nuestros derechos como argentinos se ven cercenados y se incumplen acuerdos internacionales”.

El proyecto es acompañada de varios legisladores nacionales, entre ellos:  Ricardo Buryaile, Marilu Quiroz, Alberto Assef, Gustavo Hein, Jorge Vara, Gerardo Cipolini, Fabián Borda, Francisco Sánchez y Florencia Klipauka.

La diputada nacional Sofia Brambilla visitó la Fundación La Colmena ubicada en la capital correntina, donde destacó que “el trabajo con la sociedad civil es fundamental para generar proyectos de impacto en la provincia, tanto que sean tratados en trabajos de comisión o en las diferentes sesiones, como así también en distintos pedidos de informe que surgen en el diálogo cercano con cada correntino en la Cámara de Diputados”.

Durante su visita a la fundación que busca canalizar todos los impulsos solidarios en acciones concretas trabajando por los derechos de las personas en situaciones de discapacidad,  produciendo accesibilidad y oportunidades, Brambilla agregó: “Vengo visitando todas las semanas a vecinos en sus casas particulares, emprendedores, pymes, empresas, comerciantes, ONGs y distintos clubes deportivos porque creo firmemente en este trabajo conjunto”.

En la visita, la diputada fue recibida por Natalia, María Inés y Constanza, autoridades de la asociación civil, a quienes agradeció “el despliegue de sus actividades solidarias que reúne a más de 50 familias de toda la región”.

La Fundación La Colmena, nace formalmente en julio de 2018, como un espacio de reflexión y un instrumento de cooperación para el cambio de mirada de la comunidad en la cual se desenvuelve, sobre el valor de la diferencia y la diversidad como enriquecedora de las relaciones humanas y la convivencia armónica. Basándose en el concepto de discapacidad que según la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (aprobada por la Asamblea General ONU, 2006) define esta como producto de la interacción entre la persona, sus características, el medio físico y social no habilitado para la diversidad propia de la naturaleza humana, es que tiene como propósito mejorar esta interacción para lograr mayor equidad.