La diputada nacional Sofía Brambilla (Pro – Corrientes) presentó un proyecto de resolución para exigirle al Poder Ejecutivo una serie de informes respecto a la compra y entrega de medicamentos o insumos médicos; a cargo de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), destinado a personas que no cuentan con cobertura médica y se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa nace a partir de que la asistencia a pacientes con cáncer, enfermedades crónicas y autoinmunes, que realizaba la DADSE, se vio interrumpida mientras se readecuen los sistemas y procedimientos y se revisen las gestiones realizadas por el organismo. La decisión fue adoptada por Pablo de la Torre, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación.

En tal sentido, la diputada correntina expresó: “El derecho de acceso a la salud de los beneficiarios no se puede interrumpir, se debe garantizar la continuidad de los tratamientos y la entrega de insumos mientras dure la investigación”.

En los primeros días de su gestión, el Ministerio de Capital Humano indicó que estas investigaciones se habían iniciado tras detectarse irregularidades en el procedimiento de selección de proveedores durante la gestión anterior, que habría violado las leyes vigentes para la adquisición de bienes por parte del Estado.

Por ello, en fecha 2 de febrero de 2024, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, (dependiente del Ministerio de Capital Humano), resolvió la suspensión de la Disposición Directa Nro. 1 del año 2016 de DADSE, hasta tanto se revisen los circuitos administrativos que garanticen transparencia, igualdad y legalidad en la gestión de esa Dirección.

Sin embargo, Brambilla cuestionó que “no se comunicó cuál es plan de contingencia que, mientras dure esta revisión, garantice las prestaciones de salud de este sector vulnerable de la población”.

En el final, Brambilla agregó que “el Pro siempre promovió la lucha contra la corrupción y acordamos en que la administración de los recursos públicos debe ser con transparencia y legalidad, pero esta batalla no puede ser obstáculo para continuar ejerciendo una de las funciones básicas del Estado como es la salud de sus ciudadanos”.