Hasta último momento no se sabía si funcionarios del Poder Ejecutivo iban a asistir este jueves a la reunión informativa de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados, cuando finalmente, entre los primeros expositores, se hizo presente el titular de la ANSeS, Mariano de los Heros.

El funcionario defendió el cambio de la fórmula de movilidad por DNU y afirmó que “acá no nos estamos ahorrando nada”. En ese sentido, precisó que los aumentos estipulados para abril, mayo y junio, antes que el cálculo comience a regir plenamente en julio por IPC, rondan alrededor de los 2 billones de pesos.

Si bien varios diputados se mostraron a favor, como contemplan la mayoría de los proyectos presentados, en que la fórmula contenga el índice de inflación, el cuestionamiento pasó por el “empalme” y el porcentaje tomado para la recomposición. Mientras desde un sector de la oposición insisten con que sea de un 20,6% -número de enero-, De los Heros defendió que se haya tomado un adicional de 12,5% como “la situación inflacionaria más cercana”.

En el arranque de su exposición, el director Ejecutivo de la ANSeS mencionó que con la fórmula que se acaba de anular (votada en 2021 bajo el gobierno del Frente de Todos), el aumento para junio hubiese sido de 34,1%. “Con los adelantos que se van a dar durante este período, de abril, mayo y junio, como adelanto a la movilidad que va a entrar en pleno vigor a partir de julio, se va a estar otorgando a los jubilados un 63,1%. Este es el esfuerzo fiscal que hace el Gobierno al establecer esta nueva movilidad”, señaló.

“La urgencia del DNU es justamente mejorar la situación de nuestra clase pasiva, con un costo fiscal que llega casi al billón novecientos mil pesos durante estos tres meses”, detalló y defendió que “las decisiones políticas del Gobierno no exponen solamente una preocupación sobre la situación de nuestros jubilados, sino también la convicción de otorgarles fondos públicos que son escasos, para tratar de resolver parcialmente la situación desastrosa que dejó la ley de movilidad anterior”.

Por otra parte, De los Heros aprovechó para cuestionar las jubilaciones por moratoria. “Una cuestión que quiero también poner sobre la mesa es la cantidad de jubilaciones mínimas que tenemos; siempre hay una tendencia de ver a los jubilados como titulares de jubilaciones mínimas y en realidad no debería ser así. ¿Por qué llegamos a esto? El 87% de todas las jubilaciones otorgadas con moratoria están en la mínima. Este achatamiento no es producto de la movilidad sino de las políticas adoptadas”.

“De las jubilaciones y pensiones 100% contributivas, que fueron adquiridas por los trabajadores con 30 o más años de aporte, solamente el 6% tiene jubilaciones mínimas”, precisó y continuó: “Evidentemente este proceso de achatamiento de la pirámide, que tanto se habla, no es producto de la movilidad, es producto de ciertas políticas que se han adoptado desde 2005, otorgando moratorias que ponen en una situación de igualdad situaciones totalmente distintas”.

El funcionario cuestionó que “hemos incorporado dentro de este universo a cinco millones de personas que no cumplieron con la ley previsional que establecía los 30 años de aporte”.

Si bien indicó que en el mundo “no hay un consenso absoluto acerca de cuál es el mejor sistema previsional”, algo que sí sucede es que “los regímenes previsionales son de largo plazo, no se los puede estar interviniendo, toqueteando o modificando permanentemente . Lamentablemente Argentina esta actitud no la ha mantenido”.

Al recordar la ley de moratoria que está vigente, que permite comprar aportes no efectivamente realizados, informó que “en el caso de las mujeres el promedio de aportes efectivos es de cinco años, y en el caso de los hombres tienen nueve años de aportes efectivos”.

“De 45.000 jubilaciones promedio que otorga el ANSeS, 30.000 corresponden a trabajadores que compran sus aportes por moratoria, sólo 15.000 son trabajadores que cumplen con los 30 años de aporte y la edad requerida”, apuntó.

Finalmente, pidió “buscar un acuerdo y consenso para no caer en injusticias” ya que “la Corte ha dicho que el principio de igualdad es para situaciones iguales, y deja de ser igualdad cuando a situaciones diferentes se les da el mismo tratamiento”.

Al momento de las preguntas de los legisladores, el radical Martín Tetaz remarcó que “el año pasado hubo 210% de inflación y las jubilaciones sacaron 110%”, con lo cual perdieron 100 puntos. “Ustedes están congelando la diferencia que se generó entre la inflación y las jubilaciones hacia adelante. ¿Usted sacó la cuenta de cuánto tiene que ser la compensación para que los jubilados perciban de bolsillo la misma jubilación que percibían a principio de 2023?“, consultó.

De los Heros insistió que con la fórmula anterior, los jubilados en abril y mayo iban a percibir 135 mi pesos y en junio 170 mil. “La diferencia que ya estamos obteniendo es del 34% al 63%”, reiteró y expresó: “Acá no nos estamos ahorrando nada, sino que estamos poniendo casi dos mil millones de dólares en estos meses para mejorar la situación de los jubilados. Si dejáramos las cosas como estaban, las víctimas serían los jubilados”.

Desde Unión por la Patria, Itaí Hagman cuestionó que “la recomposición del 12,5% está muy por debajo de la pérdida de estos últimos meses”. “Lo que ustedes proponen es, en el nivel más bajo (desde 2002), congelar las jubilaciones, ponerles un piso y techo”, observó y rechazó la “filosofía de que la movilidad es para mantener”, lo que iría en contra de que los jubilados puedan en el futuro “participar de una mejora” de la economía. Además, el porteño le preguntó a De los Heros “de qué piensa que deberían vivir los 3,8 millones de personas” que se jubilaron por moratoria.

Sobre esto último, el titular de la ANSeS aseguró que “el Gobierno no tiene insensibilidad social, de hecho la movilidad social es una demostración de eso. Que haya situaciones de necesidad que generan derechos y programas de asistencia por parte del Estado, como la AUH, la PUAM y pensiones por discapacidad, están dentro de los regímenes de seguridad social, pero el sistema previsional es un subsistema de la seguridad social, no es todo lo mismo, ni está todo dedicado hacia lo mismo”.

“No se le puede cargar el financiamiento a los trabajadores que pagaron los aportes, porque ahí está la injusticia. Se lo obliga indirectamente a financiar una situación asistencial, no previsional. La injusticia está en los mecanismos utilizados. El Gobierno está comprometido en asistir a todas las necesidades, pero utilizando los medios e instrumentos correctos, sin afectar los derechos de los demás”, sostuvo.

La cordobesa Alejandra Torres consultó a De los Heros “por qué no hacemos el empalme con enero” y que explique el desdoblamiento del pago en abril. “La idea del Gobierno fue cubrir lo más cercano la situación inflacionaria”, respondió y sobre el segundo tema dijo que “el problema es las fechas en que salieron los decretos” para las correspondientes liquidaciones.

La diputada de Hacemos Coalición Federal, esposa del extitular de la ANSeS, Osvaldo Giordano, indagó además respecto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que “tiene una importante cantidad de recursos y lamentablemente no se utiliza para pagar juicios, jubilaciones o transferencias a las cajas previsiones provinciales”.

“El FGS fue modificado en su utilización por ley”, recordó De los Heros y señaló que “se acordaron más de un billón y medio de pesos a créditos no solamente de pasivos, sino a titulares de sistemas asistenciales y trabajadores activos del SIPA y con tasas rondando el 48%”. “Tiene que tener otra configuración, pero en eso deberían ponerse ustedes de acuerdo; tiene que estar destinado a los jubilados y pensionados”, agregó.

Consultado por diversos temas, el funcionario afirmó que “no se han afectado de ninguna manera las prestaciones de los servicios que brindan la ANSeS con los despidos que se han realizado. La ANSeS sigue funcionando como funcionaba cuando esos agentes no estaban, eran ingresos recientes”.

También aclaró que las jubilaciones otorgadas por moratoria “son derechos adquiridos y eso no se puede cambiar. El daño que se le provocó al sistema previsional ya está provocado”; al tiempo que “la reforma previsional que ustedes vayan a sacar tiene que durar 30 años”, sugirió.

 

El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR) presentó un proyecto con el objetivo de esclarecer las presuntas irregularidades denunciadas en relación al contrato de seguros de la ANSeS con Nación Seguros S.A.

“Es necesario esclarecer por qué Nación Seguros S.A. estableció una alícuota mayor al promedio del mercado y por qué la ANSeS aceptó esta diferencia. Debemos asegurarnos que los recursos de los jubilados y pensionados sean utilizados de manera responsable y en beneficio de ellos. Es nuestro deber como representantes del pueblo investigar a fondo estas presuntas irregularidades y, en caso de confirmarse, tomar las medidas necesarias para establecer responsabilidades”, señaló el legislador.

A través de un proyecto de resolución, el correntino requiere una copia fiel del contrato y una explicación clara de cómo se llevó a cabo su adjudicación. Al mismo tiempo busca obtener información detallada sobre el contrato en cuestión y las posibles anomalías asociadas.

El radical destacó que el objetivo principal de esta solicitud “es garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y proteger los intereses de los ciudadanos más vulnerables”. Se requieren detalles sobre los términos y condiciones del contrato suscripto entre la ANSeS y Nación Seguros S.A. para evaluar su legalidad y transparencia; y explicaciones sobre las comisiones abonadas y los productores involucrados en el proceso de contratación.

Aguirre expresó su preocupación por la posible afectación de los recursos destinados a los jubilados y pensionados, y subrayó la importancia de investigar a fondo estas denuncias. “Es nuestro deber salvaguardar los fondos de los ciudadanos más vulnerables y garantizar que se utilicen de manera transparente y eficiente. No podemos permitir que presuntas irregularidades pongan en riesgo su bienestar”, subrayó.

Finalmente, la diputada nacional Carolina Píparo (Buenos Aires Libre), quien al comienzo de esta semana con el reciente triunfo de Javier Milei en el balotaje había sido nombrada para ser la titular de ANSeS, no irá al órgano estatal y el lugar quedaría para Osvaldo Giordano, actual ministro de Economía de Córdoba, del gobierno de Juan Schiaretti.

La candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires y diputada nacional había confirmado en X que se iba a reunir con Fernanda Raverta (actual titular de ANSeS) el próximo lunes 27 de noviembre para “iniciar la transición”.

Incluso, Píparo le había expresado a los trabajadores en un tuit que quienes “cumplen con sus tareas les quiero comunicar que no se dejen atemorizar por las campañas del miedo ni trascendidos”. “Gracias Javier Milei, es un gran honor seguir acompañándote”, había agregado.

La diputada nacional Gabriela Lena (UCR – Entre Ríos) presentó un proyecto de resolución en el que solicita al Poder Ejecutivo la apertura y construcción de una Unidad de Atención Integral de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) en la ciudad de Federación en su provincia.

La legisladora se hizo eco de reclamos similares presentados en 2020 por la Municipalidad de Federación como así también por el Honorable Concejo Deliberante, que no tuvieron ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades nacionales.

“En las oficinas de Anses no solo se tramitan el otorgamiento de jubilaciones y pensiones o asignaciones familiares, sino también las prestaciones por desempleo o las que se relacionan con la protección social”, indicó Lena, y agregó: “También los programas que cubren necesidades especiales, tales como el Procrear, Progresar, Conectar Igualdad o créditos para jubilados y pensionados”.

Por último, la diputada destacó la importancia “de que Federación cuente con una oficina específica de la Anses, atendida por personal idóneo, para que los vecinos no tengan que trasladarse a otras ciudades para realizar ese tipo de trámite”.

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, junto a la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta, informaron que, por la Ley de Movilidad, las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentan un 23,3 por ciento.

Será el tercer aumento en lo que va del año y el organismo prevé 27 mil pesos más durante septiembre, octubre y noviembre. De ese modo, el jubilado o pensionado cobrará al menos 114.460 pesos a fin de año. Asimismo, el haber de los jubilados de la mínima que se jubilaron con los 30 años de aportes efectivos quedará en 123.760 pesos.

La movilidad, que regirá desde el próximo mes, impactará en todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES, y alcanzará a más de 17 millones de beneficiarios.

En cuanto al refuerzo de 27 mil pesos para quienes cobran el haber mínimo, alcanzará a 5,1 millones de personas, alrededor del 70 por ciento de los jubilados y pensionados.

De esta forma, la jubilación mínima habrá tenido un incremento interanual del 127,3 por ciento. Este crecimiento “representa una recuperación del poder adquisitivo del 12,2 por ciento con respecto a diciembre de 2019”, expresaron desde el organismo.

A su vez, con este nuevo aumento por movilidad, la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo pasarán a ser de 17.093 pesos.

Tras el anuncio, Raverta expresó: “Este aumento correspondiente a la Ley de Movilidad alcanza a 17 millones de argentinos permitiendo que, a partir de septiembre, ningún jubilado o pensionado cobre menos de 114 mil pesos”.

Por su parte, Massa agregó: “De esta manera, con el programa de refuerzos del Tesoro a la seguridad social, no solo podemos seguir recorriendo un camino de mejora y actualización de las jubilaciones y pensiones, sino también de consolidación del resto de las prestaciones de la seguridad social”.

Tras el anuncio del Gobierno Nacional, el diputado del Partido Obrero (PO) y pre candidato a presidente, Gabriel Solano, cargó con dureza contra Alberto Fernández; el ministro de Economía, Sergio Massa; y la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, por la decisión de canjear los bonos de ese organismo.

En ese sentido, el legislador aseveró que “el canje de Massa, Alberto Fernández, Raverta y todos los firmantes es un robo total a los recursos de los jubilados” y remarcó que “es una estafa contra el sistema previsional forzando a la ANSES a actuar contra sus propios intereses. No hay ninguna ganancia para el fondo de garantías sino todo lo contrario, es una enorme estafa”.

Al mismo tiempo que advirtió que “los únicos ganadores de esta situación son los bancos que compran los bonos de ANSES a precios regalados y así dolarizar sus carteras”.

“Acompañamos a los jubilados y presentamos una denuncia judicial contra Massa, Alberto y Raverta porque este vaciamiento explícito a quienes aportan toda su vida para acceder a una jubilación no se puede dejar pasar. El Gobierno Nacional tiene que hacerse cargo y dar marcha atrás con esta estafa”, completó.

El diputado nacional Alejandro Cacace (Evolución Radical – San Luis) encabezó otro pedido para rechazar los Decretos de Necesidad y Urgencia 163/2023 y 164/2023 dictados por el Poder Ejecutivo nacional que obliga a los organismos públicos, en particular al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, a pesificar los activos que tengan nominados en dólares.

La iniciativa fue acompañada por los diputados nacionales: Pablo Torello, Graciela Ocaña, Silvia Lospennato, Paula Oliveto, Dina Rezinovsky, Camila Crescimbeni, Gabriela Lena, Ana Carla Carrizo, Marcela Campagnoli, Laura Rodríguez Machado, Soher El Sukaria, Gabriela Brouwer de Koning, Marcela Antola, Lisandro Nieri, Gerardo Cipolini, Pamela Verasay, Victoria Tejeda, Rubén Manzi, Lidia Ascarate, Ingrid Jetter y Claudio Poggi.

El 22 de marzo pasado fueron publicados en el Boletín Oficial los Decretos de Necesidad y Urgencia n° 163/2023 y 164/2022. Por un lado, el decreto 164  “viola flagrantemente la Ley de Administración Financiera al abstraer expresamente de su ámbito una operación que está claramente alcanzada por el artículo 65 de esa norma”, explicaron en la iniciativa.

Además, manifestaron: “En el caso de ambas disposiciones del Ejecutivo, además, al obligar a los organismos públicos, en particular al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, a pesificar los activos que tengan nominados en dólares está estafando a los verdaderos destinatarios de ese Fondo. El FGS tiene una alta composición en su cartera de los títulos que son objeto de esta operatoria forzosa, por lo cual la valuación de sus activos se vería seriamente afectada”.

“Esto es relevante porque de acuerdo con el marco normativo del FGS en su norma fundante, uno de sus principales fines es atender insuficiencias para el pago de haberes previsionales en situaciones de contingencia y en los fundamentos de esa norma dice que el objeto del Fondo será asegurar que el sistema previsional no se constituya en variable de ajuste de la economía cuando los ciclos económicos se encuentren en fases desfavorables”.

Esta iniciativa se suma a la presentada por el bloque radical, presidido por Mario Negri, este lunes en rechazo a los Decretos de Necesidad y Urgencia publicados en el Boletín Oficial.

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Este lunes los dirigentes del Partido Obrero/Frente de Izquierda, Romina Del Plá, Gabriel Solano y Néstor Pitrola, presentaron una denuncia judicial “por administración fraudulenta, malversación de caudales públicos y estafa” contra el ministro de Economía, Sergio Massa, y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y demás firmantes del DNU que establece el canje de bonos de la ANSES y otros organismos públicos.

Además, anunciaron que este martes 28 de marzo a las 13 participarán junto a agrupaciones de jubilados en un acto frente a la ANSeS ubicada en la calle Córdoba 720. “Llamamos al pueblo a rechazar masivamente esta estafa. Mañana estaremos en las calles denunciando el vaciamiento”, comunicaron.

Solano, precandidato a presidente del PO/FIT, sostuvo: “Denunciamos a Massa, Raverta y el resto de los firmantes del DNU que fuerza a la venta de bonos en dólares de la ANSeS por administración fraudulenta, malversación de caudales públicos y estafa. Deben responder frente al pueblo y también en la justicia por esta maniobra de vaciamiento que constituye uno de los mayores golpes de la historia al sistema previsional”.

“Con este remate Massa coloca la ANSeS al borde de una quiebra que después querrán trasladarla a los jubilados con nuevos golpes contra sus haberes, en la línea de las reformas anti jubilatorias como la de Macri en 2017 y la del propio Alberto Fernández al asumir en 2020”, alertó.

Además, argumentaron que “el canje es a todas luces de una estafa contra el sistema previsional puesto que se fuerza a la ANSeS a desprenderse de bonos que están cotizando a la cuarta parte de su valor nominal. La venta incluso va a mantener bajo este valor con lo cual se fuerza a la ANSES a actuar contra sus propios intereses. El Estado que le colocó estos títulos a la ANSES tiene que hacerse cargo de pagar el capital en su totalidad, no puede condenar los bonos del sistema previsional al default. Es un principio elemental de la sostenibilidad de la caja que tiene que solventar las jubilaciones”.

“La idea de que el Fondo de Garantía gana con este canje es una enorme estafa. Puesto que se compara el valor nominal de los nuevos bonos que el Estado va a entregarle a la ANSES, con el valor de mercado de los bonos que la ANSES va a vender,  y que hoy cotizan a la cuarta parte de su valor original. Además, el Estado emite nuevos títulos y privatiza los que hoy están en manos de la ANSES. Por lo tanto, queda doblemente endeudado. No es sólo una maniobra contra la ANSES sino también contra el tesoro. Como contrapartida los únicos ganadores van a ser los bancos, que van a comprar los bonos de la ANSES a precios de remate para dolarizar sus carteras. Cuando venzan, los capitales que estén en posesión de estos activos van a reclamar el pago completo del capital, consumando una verdadera estafa contra el país”, explayaron.

En la denuncia, plantearon que la ejecución del decreto “no sólo viola la autonomía establecida por la Ley, sino que vulnera los objetivos del ANSES e implica un desfalco financiero perjudicial al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”.

“Constituye un acto delincuencial de privatización de deuda pública a precios de default, de desvalorización del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de ANSeS, de aumento del endeudamiento del Estado a tasas astronómicas y de uso de las tenencias de los jubilados para financiar la fuga de capitales abaratando el dólar financiero llamados Contado con Liquidación y el Mercado Electrónico de Pagos”, sumaron.

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El senador nacional por La Rioja Ricardo Guerra opinó favorablemente sobre la decisión del ministerio de Economía de la Nación de impulsar un canje de bonos en dólares de los organismos públicos.

Al respecto, Guerra destacó: “Considero que la operatoria es beneficiosa para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES”, en tanto que luego explicó que “el canje representa un ordenamiento en el manejo de la deuda pública del Estado. Para ello, deberán canjear todos los entes públicos”.

Además, el presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado de la Nación resaltó que “el objetivo principal es reducir deuda externa, controlar la suba de los dólares financieros y obtener financiamiento”.

En este contexto, Guerra se refirió al impacto que la iniciativa tendrá respecto de la ANSeS: “Lo considero beneficioso ya que su Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) se incrementará en 2.000 millones de dólares”, y detalló que “hay dos tipos de bonos en dólares: los regidos por la ley Argentina y los que les rige la ley de Nueva York”.

En el mismo sentido, Guerra explicó que “los bonos ley Argentina serán vendidos en el mercado gradualmente. El 30% de lo recaudado ($400 mil millones) queda en el FGS y se destinarán a préstamos a jubilados y productivos. El 70% restante irá al Tesoro Nacional quién entregará a cambio bonos Dual. En tanto que los bonos ley Nueva York serán entregados al Tesoro Nacional y recibirá a cambio bonos Dual”.

Guerra señaló además que “ANSeS canjea el 70% de lo recaudado por la venta de bonos ley Argentina más los bonos ley Nueva York, por bonos Dual. En el caso del canje del 70% de lo recaudado por la venta de bonos ley Argentina, recibirá los bonos Dual al 60% de su valor técnico. Es decir que por cada 60 pesos recibirá un bono de 100 pesos de valor nominal. Esta diferencia provoca que el FGS aumente en 2.000 millones de dólares”.

Para terminar, el senador riojano argumentó que “el Bono Dual es un bono en pesos que se actualiza por inflación o devaluación del peso contra el dólar, lo que más convenga, con más un interés. Es decir que si la inflación es mayor que la devaluación es más beneficioso que un bono en dólares, y si la devaluación es mayor, será igual. Y al ser en pesos, es de bajo riesgo por su poca probabilidad de default”.

El diputado nacional Ricardo López Murphy rechazó la decisión del Ministerio de Economía de pesificar los fondos de la ANSeS señalando que “malvender los bonos del Fondo de Garantía de la Anses es un pésimo negocio y por eso generó ese nivel de protesta que ha generado”.

El legislador de Republicanos Unidos sostuvo que “Argentina no tiene que colocar más deuda. Hay que corregir los desequilibrios que han generado con el atraso cambiario. Todas estas alquimias son para sostener un tipo de cambio fuera de línea”.

En diálogo con CNN Radio, López Murphy acusó al ministro Sergio Massa de hacer “trampa” y advirtió que “ya devaluó con el Plan Soja y el Dólar Malbec. No es de una política sana hacer estas alquimias y quiere pasarle los problemas al próximo gobierno”.

En este punto, subrayó que el país pierde dólares “a un ritmo extraordinario y todos los días” y que deberíamos haber tenido una política de reconstruir las reservas del Banco Central en dólares. “Han hecho un negocio explosivo con la deuda del Banco Central”, criticó.

A su vez sentenció que el gobierno está “rascando la olla” y que todas sus operaciones fueron equivocadas, como “la de los canjes, la compra de la deuda en dólares con las reservas del Banco Central y las pretensiones de cambiar la deuda ahora”. Y sumó: “Son inescrupulosos hasta en sus propios argumentos”.

En otro orden, López Murphy aseguró que “si Cristina se presenta será una mala elección”, y agregó que el pedido desde los distintos sectores del oficialismo hacia su candidatura corresponde “a una pantomina que forma parte de la liturgia kirchnerista”.

El exministro ratificó su apoyo a la candidatura presidencial de Patricia Bullrich, ya que el país “va a necesitar un gran coraje, determinación y convicción para un cambio profundo”.

Y con relación a su posible candidatura a jefe de Gobierno porteño, López Murphy adelantó su voluntad de competir, pero tampoco descarta ocupar otro lugar desde donde hacer una “mejor construcción”.

Por último, el diputado nacional se refirió a la posible candidatura de Mauricio Macri: “Me parece que los ex presidentes deberían estar promoviendo buenas causas para los países y haciendo tribuna de doctrina, a perfilar políticas sostenibles, generar empleo y traer inversiones. Lo mejor es que haga ese rol, pero él tiene la libertad y el derecho de tomar la decisión que le parezca”.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Marcela Coli, presentaron un proyecto a través del cual solicitan que se cite de manera urgente a la directora Ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Fernanda Raverta, en su calidad de administradora del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, así como a los integrantes del Comité Ejecutivo del organismo, para que expliquen y detallen las medidas dispuestas por los Decretos 163 y 164/23 que disponen el canje de bonos en dólares estadounidenses por títulos públicos en pesos, así como la venta o subasta de las tenencias de los mismos.

Además de Coli, acompañan con su firma la citación los diputados Ricardo Buryaile, Julio Cobos, Martín Berhongaray, Gabriela Lena, Lisandro Nieri, Pedro Galimberti, Pamela Verasay, Lidia Ascarate, Jorge Rizzotti, Manuel Aguirre, Marcos Carasso, Ximena García, Soledad Carrizo y Hugo Romero.

“Los DNU 163/23 y 164/23 contienen una medida que puede traducirse en una obligación de canje de bonos en dólares bajo legislación extranjera por títulos públicos en pesos. Esto no es más ni menos que una maniobra de contención del dólar donde se ha pensado en los bancos, pero no se ha tenido el más mínimo reparo en cuestiones que se tornan graves a futuro como son las reservas, los derechos de los jubilados y pensionados y mucho menos en el futuro de todos los trabajadores argentinos”, explicó Coli.

La diputada pampeana agregó que “esta política ataca directamente lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley N° 26.425 que sostiene que ‘los recursos podrán ser utilizados únicamente para pagos de los beneficios del Sistema Previsional Argentino (SIPA) y para las operaciones permitidas por el artículo 77, segundo párrafo, de la ley 24.241 y sus modificaciones’”.

A horas de tratarse la Ley de Plan de Pago de Deuda Previsional en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso nacional, la ANSeS detalló el impacto que tendría su aprobación en todo el país.

Según un informe que difundió este lunes ese organismo, en el ámbito nacional, 800 mil argentinos podrían acceder a su jubilación este año gracias a la sanción de esta ley.

En tanto, a nivel provincial los beneficiados por esta ley se dividen en: 268 mil en Buenos Aires; 91 mil en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 54 mil en Córdoba; 48 mil en Santa Fe; 29 mil en Mendoza; 23 mil en Tucumán; 22 mil en Misiones; 22 mil en Chaco; 21 mil en Salta; 21 mil en Corrientes; 17 mil en Entre Ríos; 17 mil en Formosa; 15 mil en Santiago del Estero; 10 mil en Jujuy; 10 mil en San Juan; 10 mil en Chubut; 10 mil en Neuquén; 10 mil en Río Negro; 9 mil en Santa Cruz; 8 mil en San Luis; 4 mil en La Pampa; 4 mil en La Rioja; 4 mil en Catamarca y 2 mil en Tierra del Fuego.

“Tengo esperanza de que mañana (por este martes) los diputados bajen al recinto, puedan discutir esta ley y construir esta herramienta, que no es ni para ANSeS ni para el Gobierno, sino para 800 mil argentinas y argentinos que la están esperando”, expresó la directora ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta.

La directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, y el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunciaron este jueves la incorporación de 900 mil niñas, niños y adolescentes al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), beneficiando a más de 600 mil trabajadores argentinos.

Desde el mes de marzo, se igualará el tope de ingresos para percibir las Asignaciones Familiares con el piso del Impuesto a las Ganancias. De este modo, el nuevo tope pasará de 158 mil pesos a 404 mil pesos.

Esta medida es de carácter permanente. Es decir que, ante cada actualización que tenga el piso por el cual comienza a tributarse el Impuesto a las Ganancias, también se actualizará el tope hasta el cual se perciben las Asignaciones Familiares. Así, logramos que todas las hijas e hijos de los trabajadores registrados estén cubiertos por el sistema de asignaciones.

Con esta medida, la cobertura de las Asignaciones Familiares se amplía a más de 4,4 millones de niñas, niños y adolescentes y a 2,9 millones de trabajadores registrados.

Durante el anuncio, Raverta destacó que “con esta medida, a partir de marzo 900 mil chicos van a tener su Asignación Familiar, como las hijas e hijos del resto de los trabajadores de la Argentina”.

“Este anuncio es muy importante, ya que pone en valor el esfuerzo de 600 mil trabajadores. Esta medida quedará de forma permanente ya que, de ahora en adelante, cada vez que aumente el piso de Impuesto a las Ganancias también se asimilará el tope hasta el cual se percibirán las Asignaciones Familiares”.

En tanto, Massa sostuvo que “es muy importante que tengamos fortaleza en el Sistema de Seguridad Social”.

En ese marco, agregó: “La Argentina recorre un enorme desafío. Por un lado, el de recuperar el ingreso y, por el otro, garantizar la estabilidad macroeconómica. Ambos son importantes a los efectos de garantizar un desafío que tenemos como gobierno que es la recuperación del ingreso en la Argentina y la mejora en su distribución”.

La ampliación de esta cobertura implica un esfuerzo fiscal aproximado de 4000 millones de pesos mensuales.

La directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raverta, manifestó este lunes que la falta de sanción del Plan de Pago de Deuda Previsional afecta en mayor medida a la provincia de Buenos Aires respecto del resto del país, en ese sentido, la provincia cuenta con 268 mil bonaerenses, el 37 por ciento del total país, que este año cumplirán la edad para jubilarse y no podrán hacerlo por no contar con los 30 años de aportes.

Al respecto, Raverta cuestionó que “la ley de Pago de Deuda Previsional estaba para tratarse en diciembre para que justamente no tengamos este bache y los diputados de Juntos por el Cambio y de la oposición decidieron no ir a trabajar, no sentarse en el recinto y nos quedamos sin ley”.

Además, afirmó que “las argentinas y argentinos merecen que los diputados bajen a sesionar y que nos den esta herramienta que no es para el gobierno ni es para ANSES, sino para la enorme cantidad de 800 mil argentinas y argentinos que durante este año cumplen la edad de jubilarse y necesitan saldar la deuda de esos años de aportes. En Buenos Aires la cifra es alarmante, están impidiendo que jubilemos a 268 mil bonaerenses”.

En cuanto a la distribución por municipio de la provincia es de, aproximadamente, 25 mil personas en La Matanza; 13 mil en General Pueyrredón; 12 mil en Lomas de Zamora; 12 mil en La Plata; 10 mil en Quilmes; 9 mil en Almirante Brown; 9 mil en Lanús; 8 mil en Merlo; 8 mil en San Isidro; 8 mil en 3 de Febrero; 8 mil en San Martín; 7 mil en Moreno; 7 mil en Tigre; 7 mil en Avellaneda; 6 mil en Vicente López; 6 mil en Esteban Echeverría; 6 mil en Florencio Varela; 6 mil en Morón; 6 mil Pilar; 5 mil en Berazategui; 5 mil en Malvinas Argentinas; 5 mil en San Miguel; 4 mil en Bahía Blanca; 4 mil en José C. Paz; 3 mil en Hurlingham; 3 mil en San Fernando; 3 mil en Escobar; 3 mil en Ituzaingó; 2 mil en San Nicolás; 2 mil en Necochea; 2 mil en Tandil; y mil en los municipios de La Costa; Zárate; Pergamino; Campana; Ezeiza; Luján; General Rodríguez; Olavarría; Junín; San Vicente; Berisso y Chivilcoy.

La directora ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta, pidió a los diputados de la oposición que permitan el tratamiento de la nueva ley de Pago de Deuda Previsional ya que, si no lo hacen, aproximadamente 800 mil personas no podrán acceder a su jubilación.

“La ley de Pago de Deuda Previsional estaba para tratarse en diciembre para que justamente no tengamos este bache y los diputados de Juntos por el Cambio y de la oposición decidieron no ir a trabajar, no sentarse en el recinto y nos quedamos sin ley”, cuestionó Raverta tras inaugurar junto a la directora del PAMI, Luana Volnovich, el nuevo edificio de la obra social de los jubilados y pensionados en Mar del Plata.

“Desde el 2004 y después en 2014 contábamos con una ley que permitía jubilarse aquellos hombres y mujeres a los que les faltaban algunos años de aporte pagando su deuda y esa ley venció a principios de año”, explicó en declaraciones a la señal A24.

“Las argentinas y argentinos merecen que los diputados bajen a sesionar y que nos den esta herramienta que no es para el gobierno ni es para ANSeS, sino para la enorme cantidad de 800 mil argentinas y argentinos que durante este año cumplen la edad de jubilarse y necesitan saldar la deuda de esos años de aportes”, indicó.

Por esta razón, destacó: “Desde ANSeS esperamos que en estas sesiones extraordinarias los diputados de la oposición nos den esta oportunidad de discutir esta ley para poder contar con la herramienta que permita a las argentinas y argentinos acceder a una jubilación”.

La directora ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta, advirtió que, si la oposición no da quórum para tratar el proyecto de ley de Plan de Pago de Deuda Previsional, solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones podrán jubilarse en 2023.

“Es un derecho que en la Argentina existe desde el 2004, cuando el gobierno de Néstor Kirchner implementó la primera moratoria, y que continuó durante el gobierno de Cristina, permitiéndonos contar con un instrumento para que las personas que alcanzan la edad, pero no cuentan con los aportes necesarios, puedan acceder a una jubilación y pagar esa deuda con el Estado”, indicó en declaraciones a Radio 10.

“En diciembre estábamos esperando discutir este Plan de Pago, que permitirá que más de 800 mil personas en la Argentina puedan jubilarse, y las diputadas y diputados de la oposición no nos dieron esa posibilidad. Por eso, ahora, en las próximas sesiones necesitamos que se apruebe esta nueva ley porque si no nueve de cada diez mujeres no podrán jubilarse. Hoy, solo una de cada diez tiene los 30 años de aportes y cuenta con la edad requerida”, resaltó la titular de ANSeS.

Raverta cuestionó el rol de la oposición ya que al no dar quórum para tratar la ley “deja muy expuestos a miles de argentinas y argentinos sin distinciones, simpatías o ideologías políticas”.

“Por eso, esperamos que las diputadas y los diputados hagan su trabajo y bajen a sesionar”, remarcó Raverta al precisar que la oposición no tiene excusas para no tratar la ley ya que “en el presupuesto que ya aprobaron está contemplado que las argentinas y argentinos se jubilen”, finalizó.

Los diputados la Coalición Cívica-ARI presentaron un proyecto de ley para que el déficit de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), referido al pago de las políticas universales, sea financiado por el Estado Nacional y las provincias.

La iniciativa busca el reordenamiento de las asignaciones específicas a la ANSES, incrementando el porcentaje de afectación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para garantizar el sostenimiento de las políticas universales, promover su carácter federal, y equilibrar los esfuerzos entre la nación y las provincias minimizando uno de los principales factores de desequilibrio de las cuentas públicas nacionales.

En tal sentido, la Coalición aseguró que “la respuesta más eficiente y justa a las contingencias sociales es la prestación de servicios previsionales de manera unificada y uniforme para todo el territorio de la Nación y, en nuestro país, dicha cuestión solamente puede ser atendida por el estado federal con fondos recaudados por la Nación, previamente a su coparticipación”.

El presidente del bloque de la Coalición Cívica – ARI, Juan Manuel López, se manifestó al respecto: “Sin subir impuestos y compartiendo esfuerzo con provincias superavitarias. La idea de Elisa Carrió (líder de la CC) que las políticas universales las pague la Federación previo la coparticipación debe ser llevada adelante incluso antes de que se dicte la ley convenio prevista en la Constitución”.

Proyecto de reordenamiento de las asignaciones específicas a ANSES para garantizar las políticas universales.
Hay que equilibrar los esfuerzos entre nación y provincias minimizando los principales factores de desequilibrio de las cuentas públicas👇https://t.co/Ga1APIu1R4

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) December 30, 2022

“Hasta tanto se sancione un nuevo régimen de coparticipación que dé una solución definitiva, hemos optado por hacer uso del remedio constitucional de las asignaciones específicas para que tanto la Nación como las provincias concurran en el financiamiento de las políticas universales y resulte asegurada su continuidad, evitando cualquier incertidumbre que pudiera existir en los beneficiarios con relación a si las prestaciones podrán mantenerse”, sostuvieron.

En la redacción del proyecto, se describe que la ANSeS “tiene un déficit del 1,6 por ciento del PBI” que el Estado Nacional financia con transferencias, sin la colaboración de las provincias. Sin embargo, en todas y cada una de las provincias viven beneficiarios de las políticas universales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Desde la CC-ARI aseguraron que “hasta que tengamos un nuevo régimen de coparticipación que lo resuelva definitivamente, proponemos un reordenamiento de las asignaciones específicas de impuestos coparticipables que permita al Estado nacional compartir el costo de las políticas universales con las provincias”.

Además, agregaron que con el proyecto “incrementan la asignación específica del IVA a la ANSES hasta el 63 por ciento y eliminamos la de los demás impuestos que hoy están afectados”.

De este modo, las políticas universales serán plenamente garantizadas mediante la asignación específica de un solo impuesto. Los impuestos, como el del cheque, que ya no estarán más afectados a la ANSES podrán ser reducidos o eliminados sin afectar los recursos de los beneficiarios; y se terminan las transferencias del Tesoro Nacional a la ANSES y la carga previsional se distribuye con las provincias.

Respecto a la situación financiera de la ANSES, según la coalición de JxC “el organismo tiene ingresos por recursos propios del 4,6 por ciento del PBI”.  A su vez, “debe afrontar gastos por 8,9 por ciento del PBI”, y el resultado entre ingresos por recursos propios y gastos “es de un déficit del 4,3 por ciento del PBI”.

“Este desfasaje es suplido -en parte- con la asignación específica de impuestos nacionales por un 2,7 por ciento del PBI (100 del impuesto al cheque, 10,3 del IVA, 70 del impuesto PAÍS, 28,7 del impuesto a los combustibles líquidos e internos unificados, 70 del impuesto integrado del monotributo y 100 del impuesto adicional a los cigarrillos)”, informaron.

6874-D-2022

Del mismo modo agregaron: “Sumados los recursos tributarios asignados, el déficit queda en 1,6 por ciento del PBI que se financia con transferencias del Tesoro Nacional. Esto pone en riesgo la continuidad de las políticas universales en nuestro país y profundiza el déficit del estado nacional”.

“Por tales motivos y habida cuenta que la dispersión de la asignación de fondos a la ANSES en múltiples impuestos, constituye un obstáculo para poder avanzar en rebajas impositivas sin afectar los recursos de la ANSES, es que proponemos una reconfiguración de las asignaciones específicas destinadas a su financiamiento incrementando el porcentaje de afectación del IVA y derogando la asignación de los demás impuestos, de modo tal de cubrir con la totalidad de las necesidades presupuestarias para el sostenimiento de las prestaciones previsionales, de manera unificada en un solo impuesto y sin la necesidad de recurrir a transferencias del Tesoro nacional que agraven la situación de las finanzas públicas nacionales”, detalló la CC – ARI en el proyecto.

La directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, se refirió a la falta de quórum de la Cámara de Diputados de la Nación para discutir el Plan de Pago de Deuda Previsional para que hombres y mujeres que tienen la edad jubilatoria pero no cuentan con los 30 años de aportes realizados, puedan regularizarlos. 

“Este mes se termina la vigencia de la moratoria y habrá que esperar hasta marzo del año que viene para volver a discutir este Plan de pago de deuda previsional que hubiera dado respuesta a una necesidad urgente. La oposición retrasa una ley que están esperando casi 800 mil argentinos y argentinas. Las más afectadas serán las mujeres porque, al cumplir los 60 años sin los 30 de aportes, deberán esperar sin cobertura hasta los 65 años para poder solicitar la PUAM”, expresó Raverta. 

“El plan de pago tiene efectos muy positivos y es novedoso en cuanto a que genera previsibilidad al permitir adelantar cuotas antes de cumplir la edad jubilatoria, afianzando la cultura previsional. Además, es beneficioso en términos de recaudación para el sistema, por lo que no hay motivo para que la oposición no quiera, al menos, sentarse a discutirlo. Dejar sin esta posibilidad a las argentinas y los argentinos, en lo inmediato, perjudica a casi 800 mil personas”, agregó la titular de ANSES. 

El Plan de Pago de Deuda Previsional alcanza a dos grupos: por un lado, a quienes ya cumplieron la edad jubilatoria pero no cuentan con los 30 años de aportes realizados. Estas personas podrán cancelar la deuda de aportes en cuotas descontadas de su jubilación. Por el otro, quienes están a menos de 10 años de cumplir la edad jubilatoria y no alcanzarán los 30 años de aportes. En este caso, podrán identificar y cancelar períodos pasados de aportes, lo que les otorgará derecho a acumular períodos para su futura jubilación. 

Otro de los nombres que pasaron este miércoles por la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a cargo de Carlos Heller (FdT), fue la directora ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta, quien detalló los objetivos centrales del organismo y resaltó que “este presupuesto prevé que para las jubilaciones y pensiones haya un 74% más de la proyección de cierre del 2022”. A su vez, comparó que en la gestión anterior “las jubilaciones y pensiones perdieron un 19.5 y hoy recuperamos un 4.7”.

En su presentación, Raverta recordó que “cuando llegamos a la gestión nos hicimos cargo del organismo en un contexto muy difícil atravesando la primera ola, la curva de contagios por las nubes, pandemia, crisis humanitaria mundial, nos propusimos dos grandes objetivos además de la urgencia de la pandemia, creíamos que teníamos que cumplir con objetivos estructurales porque para eso nos habían votado, para resolver los problemas reales y buscar soluciones definitivitas”.

“Los dos objetivos fueron recuperar tiempo perdido en relación al alcance a la cobertura de nuestras prestaciones, de los derechos que cada argentino recibe por parte del organismo mes a mes y, por el otro lado, recuperar tiempo perdido en relación al poder adquisitivo a la capacidad de compra, al valor de esas asignaciones”, precisó.

En esa línea, indicó que “volver a construir un organismo empático e inteligente nos puso a trabajar con mucho compromiso y muchas horas para asistir los 7,5 millones de jubilados y pensionados, los 8,7 millones de niños y adolescentes de los que 4,4 son de AUH y 4,3 millones de AAFF de chicos cuyos padres no tienen trabajo; 1 millón de personas con otro tipo de prestaciones”.

En ese sentido, sostuvo que “instrumentar la capacidad diaria del organismo puso como objetivo estar a la altura de un tiempo de emergencia”, y detalló: “Asistimos a 9 millones de personas con el IFE aquellas personas que tenían sus ingresos informalizados, también nos ocupamos de trabajadores en relación de dependencia achicando un aporte al sector privado y a las empresas en donde allí trabajaban pagando la mitad del salario a más de 1,8 millones de personas; REPRO II”.

Y siguió: “Bonos de Salud; había que acompañar a los trabajadores de la salud que ponían el cuerpo como todos, pero de manera especial porque era un tiempo en donde quienes trabajan en salud se sacrificaban y se exponían; el Bono de Cultura de 50 mil, porque es una Argentina que atiende a todos porque los trabajadores de la cultura no pudieron trabajar durante la pandemia se instrumentó una política de asistencia económica; bonos a jubilados y pensionados: en nueve oportunidades salimos a poner más dinero en el bolsillo, además de la instrumentación de los aumentos de la fórmula que fue votada en este Cuerpo;  el Refuerzo de Ingresos a trabajadores informales más de 7,5 millones de personas alcanzadas”.

“Estas medidas son medidas excepcionales, hubo que tomarlas en función de garantizar la cotidianeidad de un organismo que asiste, que dialoga prestacionalmente con 17 millones de personas esto sobrecarga nuestra capacidad, pero hemos podido estar a la altura de ese tiempo haciendo lo que había que hacer”, destacó Raverta.

A su vez, señaló que para garantizar esa afluencia diaria “son muchos los millones de ciudadanos que todos los días asistimos, estamos hablando de 90 mil personas por día que asistimos en las oficinas, realizamos 110 trámites por día, es decir, 2 millones de personas por mes y 2.3 millones de trámites mensuales”.

“Además de las más de 200 oficinas que teníamos, construimos 50 oficinas nuevas. Cuando nosotros llegamos en ANSeS eran 13.761 trabajadores, en 2022 estamos trabajando con 13.580 personas (-1,3%). Esto es algo que tenemos que atender porque tenemos más oficinas, más trabajo, más personas por atender, pero con menos empleados”, precisó la funcionaria.

Por otro lado, resaltó que “ANSeS llega a las familias argentinas dos grandes universos: a los chicos adolescentes, niños y niñas y a las personas mayores”. Sobre las personas mayores describió que “el alcance del sistema previsional argentino nos tiene que poner sumamente orgullosos como tenemos a una población en condiciones de obtener una jubilación asistida. El 95% de las personas que están en edad de estar jubiladas reciben una jubilación o pensión mensual”.

“Personas mayores de 60 años ¿qué hubiera sucedido si en pandemia no tenían la posibilidad de contar con una jubilación en ese contexto? Es la posibilidad de que hombres y mujeres en edad de riesgo que no son población económicamente activa, el sistema previsional garantiza que esas personas mayores tengan un plato de comida”, destacó Raverta.

En ese sentido, precisó: “Actualmente hay 8,8 millones de beneficiarios previsionales de los cuales más de 7 millones contributivos y 1,8 millones no contributivos. Este nivel de cobertura y de alcance es producto de dos decisiones políticas homologadas en este Cuerpo la Ley del año 2005 y otra el 2014 en donde los argentinos tuvieron la posibilidad de pagar su deuda con el Estado a través de una moratoria para poder tener la jubilación que otros con 30 años aportados tenían esa posibilidad”.

“Las jubilaciones de quienes tienen una moratoria son más bajas y las jubilaciones de quienes no tiene una moratoria y han tenido 30 años aportados tienen una jubilación más alta. El sistema previsional sigue garantizando ser un sistema solidario”, agregó.

Otro de los objetivos que se propusieron fue que “había que seguir garantizando el alcance para que todas las mujeres que tuvieran más de 60 años pudieran alcanzar una jubilación  y el tiempo que está vigente para pagar esa moratoria es muy chiquito para que se puedan poner al día , por lo tanto instrumentamos una política que tiene que ver con reconocer los años de aporte por las tareas de cuidado, es decir un año de aporte por cada hijo porque el Estado reconoce que ese tiempo invertido en la familia es tiempo que dedicaron a construir una Argentina mejor”, y resaltó: “Esa política permite que más de 207.000 mujeres accedan a una jubilación”.

“También nos teníamos que hacer cargo de hombres y mujeres que tenían los años aportados y no le debían nada al Estado, pero les faltaba edad y conseguir trabajo cuando sos más grande es más difícil. Con un decreto el 674/2021 se logró instrumentar una política que tenía un antecedente en el 2005 que es la jubilación anticipada para personas que a cierta fecha que se encontraran desocupados y de esta manera poder acceder a una jubilación. Son 20 mil jubilaciones anticipadas, iniciadas 16500 en el bolsillo”, explayó la titular de ANSES.

En suma, destacó que “todos los meses estamos mejorando nuestro funcionamiento, el rendimiento jubilando más gente”, y precisó que de los últimos 6 años en el mes de septiembre fue el mes donde más jubilaciones se tramitaron que fueron “556.992 nuevos beneficios previsionales en los primeros 9 meses del año”.

 “Cuando venimos a discutir un presupuesto, venimos a contarles para qué necesitamos el presupuesto y por qué necesitamos que aumente. Podemos mostrar que nuestro ejercicio cotidiano es mejorar la calidad de vida de los argentinos”, manifestó la funcionaria y retomó lo planteado al comienzo sobre “recuperar el tiempo perdido” explicando que apuntan a “mejorar el sistema previsional”.

Y cuestionó: “Arrancamos la gestión con una jubilación que había perdido 19.5 en los últimos dos años del gobierno anterior, hoy ya llevamos recuperado 4.7”, pero reconoció que “no es suficiente”, anquen señaló que “estamos en el camino correcto con una fórmula de movilidad que se votó en este Congreso para poder seguir recuperando capacidad de compra. No es fácil porque no arrancamos de cero, arrancamos de -19.5 por eso celebramos cada aumento trimestral porque nos permite seguir construyendo ese horizonte de mayor capacidad de compra con las prestaciones, con las jubilaciones y pensiones”.

“Este presupuesto prevé que para las jubilaciones y pensiones haya un 74% más de la proyección de cierre del 2022. Cuando crece el salario de los trabajadores, y la economía argentina, crece el bolsillo de los jubilados porque el presupuesto prevé que se mejore en un 79% la recaudación y un 63% los salarios y por eso necesitamos esa proyección, ese aumento”, explicó Raverta.

En otro tramo de su exposición se refirió a la seguridad social para las niñas y adolescentes que “también tenía que recuperar el alcance de la cobertura”, y enumeró la Ley 1mil días, el Programa Alimentar, el Complemento Mensual al Salario Familiar, el Refuerzo en las Asignaciones Familiares, la ampliación del PROGESAR. Son 8.7 millones de nenes a los que les llega todos los meses una asistencia que permite hace 13 años que los hijos de trabajadores tienen un plato de comida y de quienes no tienen trabajo”.

“La Asignación Universal es un esfuerzo enorme en términos presupuestarios para llegar a los hijos de los trabajadores del pueblo, desocupados, informalizados, pero también el salario familiar es un esfuerzo muy grande en términos presupuestarios”, resaltó la funcionaria.

Sobre la Ley 1000 días precisó que “teníamos 6 meses de asignación por embarazo ahora son 9, eso habla de equiparar a las embarazadas que tiene trabajo con las que no lo tienen. Son 80 mil mujeres”.

Otro de los Programas que explicó es el Alimentar, sostuvo que “son 9 mil pesos además de las AUH para los chicos menores de 14 años, $13.500 para las familias que tienen dos nenes de esa edad, y $18.000 para quienes tienen más de tres chicos. Es una erogación presupuestaria importante que es trascendente en momentos económicos complejos, prever el estimado presupuesto 2023 en $342.066 millones nos preocupa que los chicos del país puedan tener el alimento que necesitan. Además, vamos a invertir lo que sea necesaria para que ese alimento este”.

“La AUH más el Programa Alimentar garantizan un piso de ingresos para las familias más pobres de la Argentina. Recuperamos un 54.5 ese ingreso”, subrayó Raverta y remarcó que “la AUH es una política indispensable que nos pone en el mejor de los mundos en el país donde los hijos de todos tienen la misma oportunidad de ser alimentados. De esa manera construimos un lugar mejor. Va a aumentar en un 71% respecto del crédito vigente lo que representa $684.360 millones”.

Al hablar del Complemento Mensual al Salario Familiar, señaló que en octubre de 2021 duplicaron el valor de las asignaciones de Rango I y II para los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas categorías A, B, C Y D; y prestación por desempleo. “Esto alcanza a 2 millones de chicos”, detalló.

“Hace un mes decidimos aumentar a $20.000 las AAFF para el tramo 1 aumentos para los trabajadores con menos aumentos salariales. El presupuesto tiene que apuntar hacia ese lugar”, contó y comparó: “Cuando llegamos era del 83% y ahora es del 101%”.

Y cerró pidiendo que voten el Presupuesto 2023 porque “tenemos que seguir en este contexto ayudando a las familias de quienes son tiene trabajo registrado y a las familias de los trabajadores y reconocer el esfuerzo que hacen los trabajadores para llevar el país adelante”.

Luego de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, extendiera por decreto la moratoria previsional que vence el próximo sábado 23 de julio hasta tanto salga la ley del Congreso, la titular del ANSeS, Fernanda Raverta, celebró dicha decisión y remarcó: “Queremos que haya una nueva ley que permita regularizar aportes”.

En el marco de declaraciones radiales, la directora ejecutiva de ANSES señaló que la extensión del plazo de la moratoria vigente será “hasta la sanción en el Congreso de una nueva ley de pago de deuda previsional”.

De este modo, resaltó que “con esta prórroga garantizamos que las mujeres de entre 60 y 64 años inclusive puedan continuar jubilándose con las condiciones vigentes”.

Asimismo, Raverta indicó: “Queremos que haya una nueva ley que permita regularizar aportes porque son muchas las argentinas y argentinos que necesitan que el Estado les dé la posibilidad de pagar esa deuda previsional para jubilarse”.

Finalmente, la funcionaria afirmó que “vamos a seguir trabajando para que en nuestro país no haya ninguna persona mayor sin un ingreso”.

La senadora nacional Lucía Corpacci y el intendente Sebastián Noblega recibieron en la ciudad de Tinogasta a la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, para concretar la inauguración de la Unidad de Atención Integral (UDAI) seccional Tinogasta, ubicada en la calle Juan Domingo Perón 475. 

Acompañando a la titular de la cartera de ANSES estuvo presente Juan Manuel Tignanelli, subdirector ejecutivo de Prestaciones y la directora general de Proyectos Paula Ferro. Además, participó el ministro de Gobierno de Catamarca, Jorge Moreno, el gerente de ANSES de Catamarca Enzo Carrizo, funcionarios municipales, provinciales y legisladores.     

Durante la apertura, Raverta destacó que “cada vez que abrimos las puertas de una oficina nueva sentimos una enorme emoción porque sabemos que implica el acceso a los derechos de la seguridad social en distintas etapas de la vida. Es una alegría abrir esta nueva delegación de ANSES con la que reforzamos nuestro compromiso de llegar de forma ágil y moderna a cada rincón de nuestro país. Seguimos construyendo un organismo cada día más empático y cercano al servicio de las y los argentinos”. 

A su turno, el intendente Noblega expresó: “Es un hecho histórico para nuestro futuro, para el progreso y desarrollo del departamento. Este es un compromiso para seguir fortaleciendo la presencia del Estado Nacional en nuestra provincia y en el interior para que cada vecino y vecina viva mejor”. 

Corpacci, en tanto, señaló: “Todos los días escuchamos en las noticias que la política es mala, que el Estado no sirve para nada, etc. Que la directora de ANSES este hoy aquí, que se haya decidido abrir una oficina en Tinogasta es política. Son las diferentes miradas que tienen los diferentes espacios políticos sobre los ciudadanos y ciudadanas argentinas lo que hace la diferencia, para algunos los ojos siempre están puestos en las grandes ciudades, para nosotros todos y todas tienen los mismos derechos”. 

Al concluir la inauguración, y junto a la Unión de Prestadores de Servicios Turísticos y la Cámara Económica de Tinogasta, se llevó a cabo una reunión en la iglesia Nuestra Señora de Andacollo, punto emblemático en la Ruta del Adobe a los efectos de dar a conocer la puesta en valor del monumento histórico catamarqueño.   

Antes de cerrar la visita en Tinogasta, los presentes compartieron un momento con adultos mayores residentes del hogar de ancianos. Allí Raverta sostuvo: “Para nosotros es fundamental hablar a diario con las jubiladas y jubilados, que nos cuenten sus historias, sus miradas y proyectos que tanto nos guían a la hora de pensar nuevas políticas para consolidar derechos”. 

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, realizó un fuerte descargo en sus redes sociales luego de que un informe periodístico denunciara que en La Casa de Todos, una sede de La Cámpora en el distrito, “se utilizan recursos del Estado” para hacer política partidaria. 

“Voy a exigir que se esclarezca lo sucedido y se determinen responsables. Le pido a la directora de Anses, Fernanda Raverta, que tome decisiones urgentes para detener estas prácticas nefastas y cortar los vínculos de la oficina de Caseros con toda acción partidaria en nuestro Municipio”, expresó el jefe comunal. 

Además, Valenzuela remarcó que utilizar los recursos que pertenecen a toda la comunidad “a favor del Frente de Todos y para la gestión de los punteros es alejarse de la sociedad y de los problemas reales que tienen hoy los argentinos. Desde que asumí como Intendente encaré un cambio cultural profundo, decidimos sacar a todos tramitólogos para transparentar todos los trámites y servicios municipales”. Y agregó “No podemos tolerar que se abusen los derechos de los que menos tienen y que los manipulen para beneficiar sus intereses políticos”. 

“Para nosotros el Estado no puede representar los intereses de la política. Solo haciendo las cosas bien se mejora la vida de los vecinos. Nada nos va a detener para construir el Tres de Febrero que soñamos desde 2015”, concluyó el intendente. 

Innumerables fueron los saludos hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner este sábado, con motivo de su cumpleaños. Pero también hubo mensajes críticos, como el de la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli, quien tuiteó: “Hoy es el cumple @CFKArgentina, un feliz cumpleaños no se le niega a nadie. Fiestón se mandará con los más de 2.500.000 de pesos de jubilación que cobra por mes y que Fernanda Raverta le empezó a pagar antes del fallo judicial q se la otorgó y que ANSeS nunca apeló. Pobres los jubilados de a pie”.

Hoy es el cumple @CFKArgentina,un feliz cumpleaños no se le niega a nadie. Fieston se mandará con los mas de 2.500.000$ de jubilación q cobra por mes y q @FerRaverta le empezo a pagar antes del fallo judicial q se la otorgó y q @ansesgob nunca apeló. Pobres los jubilados de a pie

— Marcela Campagnoli (@M_Campagnoli) February 19, 2022

La diputada nacional Graciela Ocaña (Pro) se presentó ante la Cámara Federal de la Seguridad Social con el objeto de que se declare la nulidad del desistimiento efectuado por ANSeS en el caso de las dos pensiones vitalicias de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Solicito nuevamente se me autorice a intervenir como tercero,  ya que el orden público está obviamente comprometido, generándose una situación de gravedad institucional, en tanto aquí se cuestionan circunstancias que exceden el mero interés individual de las partes y afectan de modo directo a la comunidad”, sostuvo la legisladora de Juntos por el Cambio.

En el escrito presentado, con el patrocinio del exdiputado Lucas Incicco, la compañera de fórmula de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires señaló que “resulta más evidente y necesaria que nunca la protección de los intereses de la sociedad y de los ciudadanos, especialmente los jubilados, en nuestro carácter de representantes del pueblo”.

Para Ocaña, por parte de la ANSeS, organismo dirigido por Fernanda Raverta, existió “un vicio en la voluntad de la Administración”. “Asimismo, destaco que el desistimiento del organismo produce un enorme perjuicio al erario público, que es el dinero recaudado con el esfuerzo de todos los argentinos, que en nuestro carácter de representantes del pueblo nos vemos obligados a defender, ante la escandalosa actitud de los funcionarios que deberían ocuparse de ello”, enfatizó.

Y apuntó que esta decisión “viene a coronar una cadena de hechos que configurarían un delito por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y principalmente por mala administración de los fondos públicos, que será objeto de la denuncia penal pertinente”.

Días atrás, la ANSeS presentó un escrito en la Justicia en el que desistió de apelar el fallo que ordenó devolverle la doble pensión a la vicepresidenta.

“La primera deuda que tenemos que afrontar es con nuestra sociedad”, expresó este jueves Máximo Kirchner en el marco de la inauguración de las oficinas de la ANSeS en Derqui, donde el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados pidió un minuto de silencio  para recordar a todas las vecinas y vecinos “que la pandemia nos arrebató”.

El jefe del bloque de diputados oficialistas agradeció el “acompañamiento permanente del pueblo de Derqui y el compromiso cotidiano para transformar la vida de las familias por parte de las autoridades”, a quienes instó a seguir trabajando sin descanso para darle indicios a la sociedad sobre los resultados del esfuerzo. Lo hizo acompañado del intendente Federico Achaval, la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, y Lucía Portos, subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires.

Además, estaban presentes Santiago Laurent y Eva Molina quienes integran la lista a concejales del Frente de Todos en la localidad.

“Creo que cuando uno mira este tipo de cosas, muchas veces parece menor ante la magnitud de algunas obras que uno puede ver por diferentes lugares que se hacen. Pero la llegada del Estado, la presencia del Estado es la que también nos hace entender y empezar a comprender que no somos invisibles”, expresó Kirchner.

En este sentido agregó: “Esto lo digo muchas veces pensando como un patagónico. Hemos vivido a 3000 kilómetros de la Capital. Muchas veces invisibles pero, también día a día en nuestro país vamos descubriendo como hay invisibles también muy cerca de la Ciudad de Buenos Aires. No sólo lejos”.

El legislador nacional destacó el rol del Estado. “Este lugar va a servir para mejorar la calidad de vida de cada vecino y de cada vecina de Derqui. Que al fin y al cabo se trata de eso. Nosotros lo entendemos desde ese lugar. Siempre entendimos esto desde ese lugar”, agregó.

Además recordó que cuando se deja de lado a las personas, se genera mucho daño. “No sólo hay un daño que se hace en el momento donde se toman mal las decisiones cuando se gestiona el Estado. Hay daños que perduran, como el del Fondo Monetario”.

“La pregunta que nos tenemos que hacer todos los días, argentinos y argentinas, cuando nos levantamos, nos guste o no nos guste la política, nos parezcan buenos malos, más aquí o más allá es: ¿en qué país nos queremos desarrollar? ¿En qué país queremos vivir y a dónde queremos conducir a nuestra sociedad? Cada dólar que se destina al Fondo Monetario son muchos pesos menos que se invierten en el desarrollo humano de un pueblo. Y el pueblo argentino siempre se ha hecho cargo de sus deudas. Incluso, ustedes recordarán allá a finales del 2005, supimos cancelar 10 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional con un enorme esfuerzo de la gente”.

En este punto, Máximo sostuvo que “la gente se esforzó siempre, se esfuerza siempre y se va a esforzar siempre. Y siempre le van a venir a pedir un sacrificio más pero hay presidentes y presidentas que cuando les piden un sacrificio… ustedes después ven los resultados del sacrificio. No fue esa la situación durante el macrismo, ¿no?; que nos prometieron que algún día la vida sería hermosa y esa vida nunca llegó”.

“Tenemos paciencia y la gente tiene paciencia, obviamente. Pero quiere pistas, quiere resultados, quiere indicios, como este edificio en este barrio, de que la vida va a ser mejor. Como recién decía con ese hospital que también se abrió, pistas, indicios donde la sociedad percibe que es tenida en cuenta por su dirigencia y de eso se trata”, agregó.

“Han sido dos años dificilísimos. Tras la pandemia de esas viejas ideas económicas que volvieron a atraer a la Argentina allá por el 2016, vino ésta, global que puso el mundo patas para arriba en pocos segundos”, expresó el presidente del bloque oficialista en Diputados.

Y le recordó a quienes cuestionaron la extensión de la cuarentena que la misma “fue indispensable para ganar tiempo”, porque “la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no tenía la cantidad de camas suficientes para afrontar una pandemia de estas características y hubo que ponerse a trabajar y a ponerla de pie, y no sólo construir los hospitales modulares que hicieron la provincia, la Nación, con los intendentes, sino también de que nosotros comprendiéramos cuáles eran las tareas de cuidado que teníamos que tener”.

Además, puso en valor el esfuerzo durante la pandemia la sociedad argentina. “Ha sido enorme el sacrificio que ha hecho nuestro pueblo. Creo que nos falta un pasito más, un empujón más para empezar a salir. En unos días más, muchas de estas ramas desnudas que vemos hoy, van a empezar a tener de vuelta hojas porque va a venir la primavera y con ella también tiene que venir las ganas y la voluntad de superar esto que nos ha sucedido como sociedad. Entre todos y todas, lejos de cualquier factura política que muchas veces uno ve, se revolean por el aire, mientras tenemos que poner de pie a nuestra Argentina”.

“Entonces, con la llegada de esta primavera, por más que estemos atravesando un proceso electoral, yo les pido que confíen y tenemos toda la voluntad de dar todas las peleas que haya que dar y sentarnos a hablar y explicar todo lo que le sucede a nuestro país en todas las mesas que tengamos que explicarle a cualquier tecnócrata del Fondo Monetario o funcionario internacional, en las condiciones que nos dejaron en este país y de la paciencia que tiene nuestra gente”, afirmó Máximo.

 “Entendemos, como Patria, que tenemos que afrontar nuestras deudas pero la primera que tenemos que afrontar es la que tenemos con nuestra propia sociedad, con nuestros ciudadanos y con nuestras ciudadanas y eso es lo que nos vamos a encargar de hacer”, agregó.

Máximo llamó a todos a acompañarse en este tiempo difícil donde la pandemia afecta no solo a la salud y expresó: “Uno de los síntomas que anuncia el Covid es la pérdida del olfato, ¿no? Perder, dejar de sentirlo… bueno. Hay síntomas de algunas enfermedades que se anuncian de otra manera también, cuando uno empieza a perder la empatía con el otro, cuando empieza a no tener ese grado de comprensión con el que sufre, con el que le pasan cosas, cuando nos volvemos muy individualistas, cuando estamos todo el día con un celular mirando para abajo. Y hasta ahí, ¿no? Mirar para abajo, a nosotros nos gusta mirar de frente”.

“Es muy linda la tecnología, pero en realidad lo que nos gusta a los argentinos es poder compartir muchas cosas: nuestros cumpleaños, nuestras fiestas, poder vernos, tocarnos y abrazarnos. Y a esa Argentina queremos volver y a esa Argentina vamos a volver, por eso este Gobierno se puso al frente de la pandemia, lo está sacando adelante y tengo la plena certeza de que en poco tiempo cuando se vuelvan a vestir las ramas de estos árboles también vamos a estar en las calles nuevamente para volver a construir la Argentina que queremos”, concluyó.

A través del DNU 475/21, el Gobierno nacional estableció que las mujeres podrán sumar de uno a tres años de servicios computables para su jubilación por cada hijo, tal como lo anunció días atrás el presidente Alberto Fernández, junto a la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta.

La norma, publicada en el Boletín Oficial este lunes, modifica la Ley 24.241 -que rige el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones- de modo que “al único fin de acreditar el mínimo de servicios necesarios para el logro de la Prestación Básica Universal (PBU), las mujeres y/o personas gestantes podrán computar un año de servicio por cada hijo y/o hija que haya nacido con vida”.

Asimismo, el decreto dispone que “en caso de adopción de personas menores de edad, la mujer adoptante computará dos años de servicios por cada hijo y/o hija adoptado y/o adoptada”.

Además, se reconocerá “un año de servicio adicional por cada hijo y/o hija con discapacidad, que haya nacido con vida o haya sido adoptado y/o adoptada que sea menor de edad”.

La norma extiende el beneficio a “aquellas personas que hayan accedido a la Asignación Universal por Hijo para Protección Social por el período de, al menos, doce meses continuos o discontinuos”, quienes “podrán computar, además, otros dos años adicionales de servicio por cada hijo y/o hija que haya nacido con vida o haya sido adoptado y/o adoptada que sea menor de edad, en la medida en que por este se haya computado el tiempo previsto en el presente apartado”.

En otro artículo, que se suma a la ley de jubilaciones, se incluye el período de licencia por maternidad para el cómputo de “las prestaciones de retiro transitorio por invalidez o de la pensión por fallecimiento del afiliado o de la afiliada en actividad”.

En el DNU se aclara que los beneficios regirán “sólo para las prestaciones que se soliciten a partir de la vigencia del mismo”.

Desde ANSeS se informó que los turnos estarán disponibles a partir del 1ro. de agosto y que la atención será únicamente con turno previo, DNI y las partidas de nacimiento de las hijas y/o hijos, consignó la agencia Télam.

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que “el reconocimiento de años de aporte por hijo y/o hija genera un efecto inmediato en las mujeres que siguen sufriendo las consecuencias de una sociedad pasada, en la que la brecha de género era aún más pronunciada que en la actualidad y que, en tal sentido, se trata de una medida del presente que puede reparar parte de las inequidades acumuladas a lo largo de 30 años”.

En el Aeroparque Internacional Jorge Newbery, y en el marco del programa ANSES va a tu trabajo, la directora ejecutiva del organismo previsional, Fernanda Raverta, firmó un convenio con el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, para que los empleados de la empresa aérea realicen gestiones de la seguridad social en su propia sede.  

Durante la firma, Raverta expresó: “Este acuerdo es muy importante en términos institucionales para poder acercar el organismo previsional a los trabajadores y trabajadoras de nuestra aerolínea de bandera para que puedan hacer sus trámites de manera directa y sin intermediarios”.  

En tanto, Ceriani sostuvo que “este acuerdo es de mucha utilidad para nuestros empleados y significa una modernización en la atención ya que van a poder realizar trámites sin pérdida de tiempo ni tener que trasladarse, lo cual en este contexto evita, además, la circulación innecesaria”. 

En el acto también estuvieron presentes el director general de Prestaciones Centralizadas de la ANSES, Juan Manuel Tignanelli; el secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano; y el secretario general Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró.  

Detalles del acuerdo 

El convenio prevé que trabajadores y trabajadoras efectúen la Clave de la Seguridad Social y del CUIL, gestionen Asignaciones Familiares, Ayuda Escolar Anual, Obra Social, registro de huella, inicio de jubilaciones y tengan asesoramiento previsional totalmente gratuito. 

ANSES va a tu trabajo es un programa de atención personalizada a empresas, sindicatos y organismos públicos, para que las personas que allí se desempeñan realicen trámites de la ANSES en su espacio laboral, acelerando los tiempos de resolución. 

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, renunció este miércoles a percibir los haberes correspondientes al cargo para el que fue electa junto al presidente Alberto Fernández.

Según reza la nota enviada al secretario general de la Presidencia de la Nación, Julio Vitobello, dicha renuncia debe entrar en vigencia a partir del 1 de abril próximo.

De acuerdo con lo expresado en la nota, Cristina fundamenta su decisión en que este martes fue notificada de la resolución de la ANSeS fechada el 3 de marzo pasado, por la cual se le restituye la asignación mensual vitalicia en mi carácter de expresidenta de la Nación durante los períodos 2007-20011 y 2011-2015, de la cual, expresa la misiva, “había sido ilegítimamente privada durante la administración de Mauricio Macri tal como surge de la respectiva sentencia judicial de fecha 29 de diciembre de 2020”.

La vicepresidenta deja constancia además que, según la normativa vigente, ella tiene “legítimo derecho a percibir mis haberes como vicepresidenta de la Nación”. No obstante lo cual, aclara, “es mi decisión renunciar al mismo”. Y concluye con una referencia al Tribunal Superior de Justicia que no se iba a privar de hacer: “De la misma manera que lo hice con aquel que se me otorgó por sentencia judicial para que el impuesto a las Ganancias no fuera descontado de mis dos asignaciones vitalicias, por asimilación legal de dichas asignaciones a las que perciben los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes como todos y todas sabemos, no pagan impuesto a las Ganancias”.

El juez subrogante del Juzgado de la Seguridad Social Nº 10 aceptó este jueves la intervención de los diputados de Juntos por el Cambio en la causa por la cual se le otorga doble pensión honorífica a Cristina Fernández de Kirchner y concedió los recursos de apelación planteados por éstos y por ANSeS.

Este jueves por la mañana, los diputados Alfredo Cornejo y Alejandro Cacace, realizaron una presentación judicial junto a otros diputados de Juntos por el Cambio, para intervenir como terceros y apelar la resolución judicial por la cual se le otorgó –a juicio de los demandantes “indebidamente”- a la vicepresidente de la Nación una doble asignación vitalicia.

Justo sobre el límite de la posibilidad de apelar -vencía este viernes-, el organismo que conduce Fernanda Raverta también apeló el fallo que le permite a la vicepresidenta cobrar dos pensiones.

Cacace destacó que “mientras que el 80% de los jubilados cobra el haber mínimo, de $19.035, la vicepresidente obtuvo una resolución favorable para cobrar dos asignaciones mensuales vitalicias -una propia por haber sido presidente y otra como pensión derivada de su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner-, por las cuales no pagará ganancias. Además, claro, del salario que cobra como vicepresidente”.

“Cristina Fernández de Kirchner va a cobrar 2 millones de pesos por mes, y 100 millones de retroactivo mientras los ingresos de la gran mayoría de los jubilados depende de una fórmula pensada y diseñada por el gobierno para desfavorecerlos”, advirtió Cornejo.

Y agregó que “la justicia resolvió del modo en que lo hizo, en gran parte porque la ANSeS no defendió los intereses del Estado como debía hacerlo durante el proceso judicial. La única jubilada favorecida por este Gobierno es la vicepresidenta”.

“Ante esta brutal inequidad y la inacción del Estado en favor de la vicepresidente, presentamos un escrito para apelar la resolución del juez Nami y defender a todos los jubilados y ciudadanos que se ven perjudicados por tener que soportar la carga de dos haberes para Cristina Fernández, cuando de acuerdo al artículo 5° de la Ley 24.018 solo le corresponde uno”, explicaron los legisladores.

Cacace dijo que “si bien bajo la legislación actual la vicepresidente tiene derecho a percibir una asignación vitalicia, esta es incompatible con todo otro haber, jubilación, pensión o prestación del Estado. El verdadero espíritu de las asignaciones mensuales vitalicias a presidentes y vicepresidentes, constituida por primera vez hace 80 años, fue asegurar en ese momento que aquellos que habían sacrificado su vida por el ejercicio de la función pública pudieran continuar luego teniendo una vida digna”.

Acompañan esta presentación los diputados Luis Petri, Graciela Ocaña, Jimena Latorre y Dolores Martínez, con el patrocinio letrado del abogado previsionalista Federico Despoulis Netri.

El diputado Alfredo Cornejo, presidente de la UCR, y el diputado Alejandro Cacace, vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, realizaron junto a otros diputados de Juntos por el Cambio una presentación judicial para intervenir como terceros apelando la resolución judicial por la cual se le otorgó a la vicepresidente una doble asignación vitalicia.

Si bien para los demandantes no resulta novedoso que existan fallos judiciales a favor del cobro o reliquidación de un haber, sí estimaron que es casi inédito que el Estado, a través de la ANSeS, no recurra estas resoluciones. Cabe recordar que en el caso del expresidente Fernando de la Rúa, la resolución favorable para el cobro de su asignación vitalicia fue apelada por ANSeS hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, que la confirmó cuando este ya había fallecido.

Así lo expresaron los legisladores antes de que, justo sobre el límite de la posibilidad de apelar -vencía este viernes-, el organismo que conduce Fernanda Raverta apelara este jueves el fallo que le permite a la vicepresidenta cobrar dos pensiones.

El diputado radical Alejandro Cacace manifestó que “mientras que el 80% de los jubilados cobra el haber mínimo, de $19.035, la vicepresidente obtuvo una resolución favorable para cobrar dos asignaciones mensuales vitalicias -una propia por haber sido presidente y otra como pensión derivada de su esposo, el expresidente Néstor Kirchner-, por las cuales no pagará ganancias. Además, claro, del salario que cobra como vicepresidente”.

En tanto, Cornejo advirtió que “Cristina Fernández de Kirchner va a cobrar 2 millones de pesos por mes, y 100 millones de retroactivo mientras los ingresos la gran mayoría de los jubilados depende de una fórmula pensada y diseñada por el gobierno para desfavorecerlos”.

“La justicia resolvió del modo que lo hizo en gran parte porque la ANSeS no defendió los intereses del Estado como debía hacerlo durante el proceso judicial. La única jubilada favorecida por este gobierno es la vicepresidenta.”, remató Cornejo.

El escrito apela la resolución del juez Nanni con la intención de “defender a todos los jubilados y ciudadanos que se ven perjudicados por tener que soportar la carga de dos haberes para Cristina Fernández, cuando de acuerdo al artículo 5° de la Ley 24.018 solo le corresponde uno”.

En este sentido, Cacace dijo que “si bien bajo la legislación actual la vicepresidente tiene derecho a percibir una asignación vitalicia, esta es incompatible con todo otro haber, jubilación, pensión o prestación del Estado. El verdadero espíritu de las asignaciones mensuales vitalicias a presidentes y vicepresidentes, constituida por primera vez hace 80 años, fue asegurar en ese momento que aquellos que habían sacrificado su vida por el ejercicio de la función pública pudieran continuar luego teniendo una vida digna”.

También acompañaron la presentación los diputados Luis Petri, Graciela Ocaña, Jimena Latorre y Dolores Martínez, con el patrocinio letrado del abogado previsionalista Federico Despoulis Netri.

Los jubilados pierden y CFK gana. De haberse aplicado la fórmula vigente desde 2017, los haberes hubieran aumentado un 42%. Pero no, congelaron la movilidad jubilatoria por un año y aumentaron por decreto, mientras CFK doble jubilación de privilegio https://t.co/Bebqc4xfCf

— Luis Petri (@luispetri) February 4, 2021

La senadora nacional Silvia Elías de Pérez anunció este domingo que utilizaron sus datos personales para crear una cuenta falsa a través de la cual pudieran cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Para ello utilizaron su mismo nombre y casi el mismo número de DNI (solo difiere en un número), y los datos de su domicilio.

“Usaron mi nombre y apellido y alteraron mis datos personales (el DNI difiere sólo en un número) para cobrar un IFE. No se trata únicamente de una estafa al Estado nacional. Es una clara maniobra para enlodarme. Exijo que la Justicia investigue este hecho”, tuiteó la legisldora de Juntos por el Cambio.

Según publicó el diario La Gaceta, de Tucumán, ella tomó conocimiento de que lleó a la sucursal del Banco Macro de Juan Bautista Alberdi “una tarjeta para el cobro del IFE emitido a nombre de Silvia Beatriz Elías, y con un número de documento que difiere en solo un dígito del mío, y con una fecha de nacimiento similar, solo modificando el año, pero registrando como domicilio legal mi casa de San Miguel de Tucumán”.

“Demasiadas similitudes para ser casualidad”, advirtió.

Elías de Pérez piensa que tal solicitud no podría haberse canalizado de no contar con la complicidad de algún funcionario. A su juicio, “se trata de una estafa al Estado nacional, porque alguien está cobrando con datos truchos. Por otra parte, no tengo dudas de que con esto también se busca atacarme”. Y agregó que “ANSeS tiene todos mis datos como senadora nacional. Se trata, claramente, de una maniobra llevada a cabo con la intención de desacreditarme”.

Asimismo, la senadora anticipó que presentará una denuncia ante la Justicia federal para determinar los responsables de la estafa, como así también hará una presentación en el Senado Nacional.

El presidente Alberto Fernández firmó este domingo el decreto de promulgación de la Ley de Movilidad Jubilatoria al encabezar por la mañana el acto de lanzamiento del operativo Verano de ANSeS en el Complejo Chapadmalal, ubicado en el Partido de General Pueyrredón.

“Para nosotros la Argentina es un país muy desigual y para equilibrarla tenemos que distribuir el ingreso de otra manera. Y eso debemos hacerlo entre todas y todos, con toda la firmeza que corresponda, sin agredir a nadie, esto no es, como diría el Martín Fierro, para el mal de nadie sino para el bien de todos”, reflexionó Fernández.

“Estoy muy contento de empezar este año 2021, de que el decreto número uno sea para los jubilados, porque cuando asumí en diciembre de 2019 les dije a todos los argentinos, yo tengo una prioridad, prestarle más atención a los que más necesitaban”, recordó el mandatario.

“Y entre los que peor estaban en 2019, estaban los jubilados que venían de tener una caída en sus ingresos reales del orden del 19 por ciento, con una formula jubilatoria que sirvió en su momento para sacarle plata a los jubilados y que después nadie podía cumplir”, señaló el presidente.

La Ley 27.609 de Movilidad Jubilatoria fue aprobada el 29 de diciembre último en la Cámara de Diputados. La norma incluye una nueva fórmula previsional que implicará una actualización trimestral y que combina en un 50 por ciento la recaudación de la ANSeS y en otro 50 por ciento la variación salarial, surgida de la que resulte más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).

Participaron también de la actividad el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta.

Kicillof sostuvo que, con la promulgación, el Jefe del Estado “modifica e instaura esta fórmula jubilatoria que la experiencia mostró, más allá del pizarrón y los análisis, que es efectiva y contribuyó a mejorar el poder adquisitivo a los jubilados de la Argentina”.

Por su parte, Raverta aseveró que “necesitábamos una nueva fórmula de movilidad que nos permitiera construir en la certeza y la previsibilidad de un aumento trimestral que lleve tranquilidad a esta enorme cantidad de argentinos”.

La titular de ANSeS destacó la decisión política del Presidente de tomar las “decisiones de protección y cuidado para la totalidad de los ciudadanos argentinos” durante la pandemia de Covid-19, al destinar “más de 600 mil millones de pesos, solo de nuestro organismo, en transferencias directas para que argentinos pudieran transitar la pandemia”.

El Operativo de Verano de la ANSeS consiste en que el organismo despliega puntos móviles en centros turísticos de todo el país, para adelantar los trámites de quienes se hayan podido tomar unos días de descanso.

Al respecto, el presidente Fernández destacó el compromiso de los trabajadores que forman parte del operativo, y dijo: “En el Estado hay gente como nosotros, como ustedes, que entienden que hay que dignificar la vida del otro, y no bajan los brazos ni siquiera en el verano y están aquí para ayudar a abuelos y abuelas que debieron jubilarse y por consecuencia de la pandemia y la complejidad del trámite no pudieron hacerlo. Acá están todos ellos y muchos más prestando este servicio”.

La directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, sostuvo este lunes que la fórmula de movilidad propuesta por el Poder Ejecutivo da “certeza, tranquilidad y previsibilidad a los jubilados”, y aseguró que “no hay que hacer muchos pronósticos para ver que ha funcionado”.

Raverta participó del plenario de comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que debate el proyecto. La funcionaria se conectó desde Río Grande, Tierra del Fuego, donde viajó para acompañar al presidente Alberto Fernández con motivo de una reunión del Gabinete en esa provincia.

“Venimos de un año donde hemos hecho un gran esfuerzo desde el Poder Ejecutivo”, dijo Raverta, y añadió: “Hemos logrado que los jubilados puedan tener, en sus aumentos trimestrales por decreto, la garantía de no perder en el año de la pandemia”.

En ese sentido, recordó que el aumento anual, a partir de los distintos aumentos trimestrales, fue del 35,3%.

“Esta es una fórmula que puede otorgar certeza, tranquilidad y previsibilidad a los jubilados, y ofrece una estrategia virtuosa porque ya ha actualizado los haberes entre 2008 y 2017”, enfatizó la titular de la ANSES, y agregó: “No hay que hacer muchos pronósticos para ver que ha funcionado”.

Desde la sede de la ANSES, el secretario general, Santiago Fraschina, puntualizó que con la fórmula aplicada en el kirchnerismo la recomposición de los haberes previsionales en términos reales fue de casi el 26%, mientras que con la fórmula del macrismo -que combinaba en un 70% el IPC y en un 30% la variación salarial- hubo una caída del 19,5%.

“Si la fórmula de 2017 se hubiese aplicado en el período 2009-2017, los jubilados hubieran perdido poder de compra”, analizó.

Asimismo, destacó que la fórmula propuesta por este gobierno está vinculada a los recursos de la seguridad social, mientras que con la implementada durante la gestión de Cambiemos “se alcanzó un déficit récord de 250.000 millones de pesos”.

Fraschina coincidió con Raverta en que a pesar de la pandemia, gracias a los cuatro aumentos por decreto -en marzo, junio, septiembre y diciembre- y los tres bonos otorgados, termina el año con un “35,3%” de aumento en el haber mínimo, y “el 70% de los jubilados mantienen su poder de compra”.

Además de eso, el funcionario ponderó los ingresos indirectos, como la suspensión del cobro de las cuotas de los créditos ANSES, el congelamiento de tarifas de servicios públicos y la provisión de medicamentos gratuitos a afiliados del PAMI.

El secretario general de la ANSES informó que la fórmula impactará en 16,8 millones de beneficiarios, incluyendo 4,4 millones de personas que reciben la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo; 4,4 millones que reciben asignaciones familiares por hijo; 7,2 millones de jubilados y pensionados, y 0,8% receptores de asignaciones por cónyuge.

Las jubilaciones y el FMI

Al responder preguntas de los diputados, Fraschina se refirió a la supuesta incidencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el nuevo cálculo de los haberes.

“Si analizan los distintos comunicados del FMI, siempre criticó la fórmula de 2008 porque justamente implicaba un aumento de la jubilación real. La crítica del FMI a la fórmula de 2008, que es la que estamos promoviendo, era porque querían un criterio mucho más fiscalista”, aclaró el secretario general de la ANSES.

Y amplió: “Justamente el FMI es el que siempre insiste en que las jubilaciones se tienen que aumentar por inflación, porque el objetivo del FMI es que la jubilación no aumente en términos reales, sino que, como mucho, la empate, y tratar de congelar la situación que heredamos”.

“Si le haríamos caso al FMI, estaríamos congelando la situación de caída del 19,5% en los haberes de los jubilados”, dijo Fraschina, en alusión al resultado que dejó la fórmula macrista.

El Poder Ejecutivo promulgó este jueves la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (N° 27.574), que establece una modificación en el esquema de financiamiento del programa de Reparación Histórica y, además, habilita a que las provincias puedan renegociar las deudas que mantienen con la ANSeS.

A través de la norma, 21 de las 24 jurisdicciones -las excepciones son Córdoba, San Luis y Santa Fe- podrán rediscutir sus deudas con el organismo en un plazo de ocho meses, de cara a la firma de un bono donde se establecerán los vencimientos y se tendrá en cuenta la suma del capital adeudado e intereses devengados y exigibles a la fecha de suscribirse el acuerdo de refinanciación.

En cuanto a la Reparación Histórica, el programa será financiado a través de recursos propios de la ANSeS y del Tesoro. En la ley que había sido sancionada durante el gobierno de Cambiemos se ponía como fuente de recursos al blanqueo de capitales y, en segunda instancia, al FGS.

Por otro lado, respecto a los créditos otorgados a jubilados, se determina que la ANSeS no podrá realizar una capitalización de intereses en los préstamos vigentes cuyos cobros hayan sido suspendidos a partir del 1ro. de enero de 2020.

También, la ley establece que la reanudación del cobro de las cuotas se hará desde la cuota siguiente que correspondía abonar al tomador del crédito cuando quedó suspendido el pago, respetando las condiciones financieras originales en las que el crédito fue otorgado, con las modificaciones acordadas que hubieran favorecido al deudor.

Otro de los aspectos que prevé es la creación de un Fondo Fiduciario Público “Programa de Inversiones Estratégicas”, que tendrá como meta invertir en sectores estratégicos del Estado para generar empleo.

La ley se sancionó el pasado 30 de octubre en el Senado por unanimidad (67 votos positivos).

La directora ejecutiva de la ANSeS, Fernanda Raverta, se refirió a la aprobación de la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS): “La ley plantea soluciones para una serie de problemas que afectaban el normal funcionamiento del Fondo, con el objetivo principal de restablecer su capacidad de financiar programas vinculados al fomento de la inversión y el consumo. En relación con los Créditos ANSeS, la ley autoriza que se condonen los intereses acumulados desde la suspensión de las cuotas y además la ANSeS dispondrá de una baja de tasas adicional a la instrumentada en diciembre de 2019. Así, las familias endeudadas bajo el programa de Créditos ANSeS habrán gozado de casi un año de financiamiento a tasa cero en conjunto con una reducción en las cuotas a pagar”.

“El Fondo le pertenece a los 7 millones de jubiladas y jubilados. Esta ley es una herramienta para defender sus activos, porque logramos mantener esa garantía para las generaciones futuras, para los jubilados del mañana”, agregó Raverta. Estas declaraciones fueron realizadas este lunes en el marco de la entrega de viviendas del Procrear en San Martín, provincia de Buenos Aires.

Con respecto a la Asignación Universal por Hijo (AUH) Raverta planteó que ya se identificaron a más de 700 mil niñas, niños y adolescentes que no la estaban recibiendo. Además remarcó que “el presidente de la Nación firmó un decreto para poder ir a buscar a más de 1 millón de chicas y chicos que no tienen Asignación Universal, ni Salario Familiar por distintas cuestiones. En este contexto tan complejo que le toca vivir a las argentinas y los argentinos somos un gobierno que no niega la realidad y que va en busca de mejorar la calidad de vida”.

“Queremos estar cerca y que cada ciudadano tenga el derecho que le corresponde. De este millón de niños, 723 mil ya los tenemos localizados y en poco tiempo, en pocos días, van a tener su Asignación Universal y vamos a hacer de la Argentina un lugar más justo”, finalizó la directora ejecutiva de la ANSeS.

El Senado convirtió en ley este viernes, por unanimidad (67 votos positivos), el proyecto que establece una modificación en el esquema de financiamiento del programa de Reparación Histórica con el objetivo de proteger los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y, además, habilita a que las provincias puedan renegociar las deudas que mantienen con la ANSeS.

A través de la norma, 21 de las 24 jurisdicciones -las excepciones son Córdoba, San Luis y Santa Fe- podrán rediscutir sus deudas con el organismo en un plazo de ocho meses, de cara a la firma de un bono donde se establecerán los vencimientos y se tendrá en cuenta la suma del capital adeudado e intereses devengados y exigibles a la fecha de suscribirse el acuerdo de refinanciación.

En cuanto a la Reparación Histórica, el programa será financiado a través de recursos propios de la ANSeS y del Tesoro. En la ley sancionada durante el gobierno de Cambiemos se ponía como fuente de recursos al blanqueo de capitales y, en segunda instancia, al FGS.

Por otro lado, respecto a los créditos otorgados a jubilados, se determina que la ANSeS no podrá realizar una capitalización de intereses en los préstamos vigentes cuyos cobros hayan sido suspendidos a partir del 1ro. de enero de 2020.

También, la ley establece que la reanudación del cobro de las cuotas se hará desde la cuota siguiente que correspondía abonar al tomador del crédito cuando quedó suspendido el pago, respetando las condiciones financieras originales en las que el crédito fue otorgado, con las modificaciones acordadas que hubieran favorecido al deudor.

Otro de los aspectos que prevé la norma enviada por el Poder Ejecutivo es la creación de un Fondo Fiduciario Público “Programa de Inversiones Estratégicas”, que tendrá como meta invertir en sectores estratégicos del Estado para generar empleo.

En el comienzo del debate, el pampeano Daniel Lovera destacó que la iniciativa apunta a “reestablecer el objetivo original que tenía el FGS cuando fue creado”. “Es un paso necesario, ineludible e importante para lograr un sistema previsional fuerte y solidario”, opinó, más allá de que afirmó que “Argentina necesita dar un debate de una reforma seria y estructural del sistema previsional”.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social explicó que si se sigue financiando a la Reparación Histórica con los activos del FGS, éste “entre 7 y 10 años desaparecería y sin siquiera haber abonado el 50%”. Por otra parte, el oficialista celebró “el fortalecimiento del federalismo” al crearse “un beneficioso plan de refinanciación de deuda que tienen las provincias” con el organismo.

Por el bloque de la UCR, el chaqueño Víctor Zimmermann ponderó lo referido a la regularización de los créditos con la ANSeS, al sostener que “es una gran medida, porque tiende una mano a los que menos tienen y fundamentalmente a aquellos que están endeudados” con el organismo.

Con algunos pedidos de modificación, el legislador propuso que en la refinanciación de las deudas se “ayude” también a los intendentes, y, por otro lado, que el comité ejecutivo del Fondo Fiduaciario Público que se crea por la ley cuente con “la representación de los gobernadores y de nuestros intendentes”.

A su turno, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, resaltó que el objetivo del proyecto es “dejar de lado el uso que se le dio a este Fondo para situaciones especulativas” durante la gestión anterior; y “tratar de que nuestras PyMEs y el aparato productivo puedan, por medio de este Fondo, dar garantías de crecimiento del país y además fomentar el trabajo que es lo más importante que podemos tener”.

El oficialista valoró “la decisión de que este Fondo financie la pérdida de recaudación que ha tenido el sistema previsional por la pandemia”, la cual “ha afectado en los ingresos del organismo”. Además, mencionó que la creación del Fondo Fiduciario Público, que tendrá una duración de 20 años, tiene “una mirada federal” que tenderá a “integrar el sistema productivo y regional”.

Para el senador Esteban Bullrich, este proyecto “debe ser parte de una discusión más profunda”. “Debemos defenderlos a los activos del Fondo porque hoy son básicamente títulos de deuda”, señaló y remarcó que los mismos “fueron afectados en la negociación de la deuda” que hace poco realizó el Gobierno.

“El Fondo sigue la tendencia de la Argentina. Está directamente relacionado al vaivén de la Argentina. Si a Argentina le va bien, al Fondo le va bien. Si a Argentina le va mal, al Fondo le va mal”, expresó el macrista, al tiempo que consideró que “esta ley no basta”. “Tenemos que pensar, como dijo el senador Lovera, que estamos frente a un sistema que es deficitario y esa condición debe ser atendida porque si no el Fondo nunca va a alcanzar”, advirtió.

Contra el gobierno anterior cargó el kirchnerista Oscar Parrilli, quien aseguró: “Hoy estamos solucionando un problema que fue generado en los últimos cuatros años”. “La Ley de Reparación Histórica fue una exigencia de la OCDE y de varios de los organismos internacionales”, apuntó y recordó que se blanquearon “120 mil millones de dólares” en “un blanqueo muy generoso” que permitió que quienes tenían dinero en negro en el exterior, siguieran teniéndolo, y además se estableció “un impuesto que era muy bajo”.

Por ese tributo se recaudaron unos “10 mil millones de dólares”, precisó el neuquino, que acusó que “lo hicieron conscientes que no alcanzaba la plata”. “No hubo ninguna reparación histórica para los jubilados, hubo claramente una acción de blanquear dinero negro en el exterior para muchos de los amigos del Gobierno. La familia del presidente, entre hermanos y ‘amigos del alma’, tenían más de 100 mil millones de dólares por blanquear”, agregó.

Siguió en la lista de oradores el salteño Juan Carlos Romero, que dijo estar “cansado de escuchar los planes de venganza” y enfatizó que “el sistema previsional tiene una crisis de décadas”, por lo cual deber convertirse en “una política de Estado”.

A pesar de anticipar su voto a favor, el jefe del interbloque Parlamentario Federal opinó que “las provincias no deberían recibir un peso en préstamos si no tuvieran una disciplina fiscal garantizada”, en referencia a la posibilidad de renegociación. “Miren cómo será que le sobra dinero a la provincia de Buenos Aires que ahora hizo un plan no solo para pagarle a los presos, sino a los ocupas”, lanzó y criticó “al genial gobernador (Axel Kicillof) que se le ocurrió dar un subsidio preventivo a la delincuencia”.

En la recta final del debate, el presidente de la bancada de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, defendió que la Reparación Histórica fue “una buena decisión política”, al igual que destinar lo recaudado del blanqueo para financiar ese programa.

El formoseño subrayó que “desde el 2002 al 2016 se actualizó la (jubilación) mínima, pero… a ver, los que aportaron por 30 años al sistema quedaron en el camino”. Y entonces destacó que gracias a la Reparación “hay 540 mil jubilados que lograron salir del haber mínimo”. “No fue suficiente. Falta mucho más y faltaba mucha más, pero no había revancha” para esos jubilados, manifestó.

Por último, el titular del bloque Frente de Todos, José Mayans, mencionó que cuando Cristina Fernández de Kirchner dejó el poder “el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tenía un valor de 65 mil millones de dólares”. “Llega (Mauricio) Macri, y la primera decisión que toma es la devaluación, ese fue (Alfonso) Prat Gay”, afirmó y señalo que “devaluó el 40%, haciéndonos 40% más pobres a los argentinos y eso incluye al Fondo. Porque de 65 mil millones de dólares, rápidamente se fue a 51 mil millones”.

Finalmente, al concluir la gestión de Cambiemos “lo entregan con 35 mil millones de dólares; por el camino se le cayeron 30 mil millones de dólares. ¡Imagínense si esto hubiera pasado en una administración peronista!”, exclamó. Y criticó los discursos de Romero y Naidenoff porque “no aceptan lo que hicieron, no aceptan el fracaso que dejaron”.

“Hay que ser mago para arreglar lo que hicieron estos tipos en cuatro años de gobierno”, sumó el formoseño y aseguró que a partir de ahora los activos “los vamos a usar para los planes estratégicos que tiene el país, no para la especulación”.

El Senado sesionará esta semana por partida doble, jueves y viernes, para aprobar los proyectos de protección de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), adquisición de vacunas contra el Covid-19, etiquetado frontal de alimentos y prórroga del Régimen de Promoción de Biocombustibles.

Los temarios fueron acordados este martes en una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, de la que participaron José Mayans, Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos), Luis Naidenoff (UCR), Humberto Schiavoni (Pro) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).

La sesión del jueves, convocada para las 14, iniciará con un homenaje a diez años del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, y a continuación se aprobarán numerosos pliegos de diplomáticos que tienen acuerdo.

También se votarán las nominaciones de Roberto Carlés y José Carlos Ramos como embajadores en Roma y Paraguay, respectivamente.

Luego el Senado se abocará al debate del proyecto que declara de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas contra el Covid-19.

La iniciativa establece condiciones en los futuros contratos a firmar con la industria farmacéutica, habilitando cláusulas de indemnidad, prórroga de jurisdicción o confidencialidad.

Por otra parte, se votará el proyecto que establece la obligatoriedad del etiquetado frontal de alimentos con exceso de sodio, azúcares o grasas, con el objetivo de promover una alimentación saludable.

Por último, se aprobará la transferencia de distintos inmuebles ubicados en las provincias de Chubut, La Rioja, Río Negro, Santa Cruz y Misiones.

Para la sesión del viernes -también citada para las 14- se acordó que el Senado trate la prórroga, por cuatro años, de la Ley 26.093 de Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles, que vence en mayo del 2021.

Asimismo, se discutirá el proyecto que busca proteger los activos del FGS, estableciendo que el programa de Reparación Histórica podrá financiarse con recursos propios de la ANSES y del Tesoro.

Paralelamente, con la sanción de la ley, las provincias podrán rediscutir las deudas que mantienen con la ANSES en un plazo de ocho meses, de cara a la firma de un bono donde se establecerán las condiciones del pago.

La bicameral encargada de la redacción del proyecto de ley sobre una nueva fórmula de movilidad jubilatoria avanzaría este mes con la presentación de la iniciativa, que deberá ser aprobada antes de diciembre, según lo estimado por el Poder Ejecutivo.

Según transcendió, el nuevo esquema para el ajuste de los haberes del régimen general y otros beneficios, como la Asignación Universal por Hijo, estaría compuesto en un 70% por la variación de los salarios (RIPTE) y en un 30% por la recaudación de los recursos de la seguridad social.

De esta manera, la nueva fórmula será similar a la utilizada entre 2009 y 2017. Sin embargo, los aumentos serán trimestrales y, además, la ANSeS podrá otorgar un bono extraordinario en caso que la inflación supere la variación de la Recaudación Total (RT) del organismo.

La bicameral, que finalizó hace semanas atrás las reuniones informativas con especialistas, se conformó por legisladores del oficialismo y la oposición y funcionarios del Ejecutivo, según lo dispuesto por la Ley de Solidaridad Social.

De acuerdo a esa norma sancionada en el comienzo del gobierno de Alberto Fernández, se suspendió la fórmula establecida en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, y a lo largo de este año todas las actualizaciones se realizaron por decreto.

La intención es que el nuevo índice comience a regir desde enero, aunque el primer aumento se aplicaría en marzo del año próximo.

Días atrás, en declaraciones a la agencia Télam, la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, había hablado de “una fórmula que tenga en cuenta la evolución de los salarios y los ingresos totales de la ANSeS y la recaudación tributaria”.

“Nuestro objetivo es que los jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas tengan un haber justo, y que su fórmula de ajuste sea fruto del aporte y discusión de los distintos bloques políticos, sindicatos, especialistas y organizaciones que defienden los intereses de los jubilados. Eso es lo que estamos haciendo en el Congreso”, agregó.

Tras un debate cruzado por el escándalo del diputado Juan Ameri, quien protagonizó una escena íntima en plena sesión virtual, la Cámara baja aprobó este jueves el proyecto que habilita la renegociación de las deudas de las provincias con la ANSES y, paralelamente, modifica el financiamiento de la Reparación Histórica para proteger los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

La iniciativa del Poder Ejecutivo recibió 245 votos a favor, tres en contra -del Frente de Izquierda y José Luis Patiño, del Pro- y una abstención, de Héctor Stefani, también del Pro.

Con la futura ley, 21 de los 24 distritos -las excepciones son Córdoba, San Luis y Santa Fe- podrán rediscutir sus deudas con la ANSES en un plazo de ocho meses, de cara a la firma de un bono donde se establecerán las condiciones del pago.

Para no afectar fondos de los jubilados, el proyecto aprobado indica que el programa de Reparación Histórica será financiado a través de recursos propios de la ANSES y del Tesoro, ya que la ley sancionada en la gestión anterior ponía como fuente de recursos al blanqueo de capitales y, en segunda instancia, el FGS.

A pesar de algunas objeciones, Juntos por el Cambio acompañó la votación del proyecto, al igual que el Interbloque Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, las bancadas de José Luis Ramón y Eduardo “Bali” Bucca.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, defendió el proyecto del Poder Ejecutivo y recordó que el FGS, al momento de su creación, “tenía el objetivo de ser un garante ante la posibilidad de contingencias que hicieran que los recursos regulares de la seguridad social no alcanzaran” para afrontar el pago de beneficios previsionales.

Sin embargo, recordó el diputado, “la intangibilidad del Fondo fue modificada en la gestión anterior, estableciendo que el FGS podía llegar a utilizarse para atender la Reparación Histórica”, sancionada en 2016.

“En este proyecto venimos a restituir la situación original”, sintetizó Heller, y agregó que el objetivo del proyecto es “volver a poner este patrimonio del sistema previsional como garante del conjunto y no de una pequeña porción” que adhirió a la Reparación Histórica, aproximadamente 900.000 jubilados.

El legislador del Frente de Todos explicó que el pago de ese beneficio se afrontará ahora a través del Tesoro y de partidas presupuestarias específicas, y “debe ser cubierto en su totalidad, sin poder fijarse límites a los pagos”, según consta en el artículo segundo del proyecto.

Heller añadió que se elimina la posibilidad de la venta de activos del FGS, y por otra parte, se establece que ese Fondo “asistirá financieramente para el pago de beneficios del SIPA con el fin de compensar el impacto eventual de los recursos previsionales ocasionados por la pandemia del Covid-19 durante el ejercicio 2020”.

El diputado también resaltó la constitución de un fondo fiduciario público denominado Programa de Inversiones Estratégicas, cuyo objeto será “invertir en sectores estratégicos para el Estado nacional fomentando la generación de empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real”.

En cuanto a las deudas de las provincias, la iniciativa establece un plazo de ocho meses para acordar con el Poder Ejecutivo Nacional, y agrega que se aplicará la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos, de 30 a 35 días (Badlar Bancos Privados).

El oficialista Marcelo Casaretto destacó el acompañamiento de la oposición y recordó que próximamente se debatirá en el Congreso la nueva fórmula de actualización de los haberes jubilatorios.

Desde Juntos por el Cambio, el radical Luis Pastori se refirió a las deudas de las provincias e informó que totalizan 25.000 millones de pesos que vencieron, en su gran mayoría, en agosto.

La ANSES detrajo ese monto de la coparticipación que le corresponde a las provincias, “causándoles un grave perjuicio financiero”, y luego, tras un acuerdo con la Nación, “se suspendió por 45 días el plazo del vencimiento”, que será a lo largo de la primera quincena de octubre.

Ante este panorama, Pastori marcó “la urgencia de tener esta ley aprobada para que no vuelva a vencer ese plazo” y las provincias no vuelvan a verse afectadas.

Por su parte, Luciano Laspina (Pro), advirtió que el Gobierno puso a consideración la ley de protección del FGS “al mismo tiempo que suspendió la fórmula de actualización para los actuales jubilados”.

“¿Cómo se explica esta paradoja jurídica de que por un lado queremos proteger los fondos de los jubilados y al mismo tiempo les estamos defaulteando a los actuales jubilados suspendiendo una fórmula que, de haberse cumplido, hubiese sido mejor que los ajustes por decreto?”, se preguntó Laspina.

Jorge Sarghini, de Consenso Federal, celebró que las reformas se harán “sin quitar garantías a los jubilados que adhirieron a la Reparación Histórica, garantías que no estaban en el proyecto original y que en el debate en comisión se pudieron corregir”.

De todos modos, advirtió que “salvo el título y el enunciado de buena voluntad del capítulo primero, no tenemos ninguna garantía ni certeza que nos haga creer que esta ley por sí sola defienda el patrimonio del FGS”, que “es un fondo extraño, porque estamos bajo un sistema de reparto y ese fondo viene extraído de un sistema privado de capitalización”.

En tanto, el mendocino Ramón destacó el “reenfoque del FGS” y señaló que “los dos frentes mayoritarios lograron un consenso cuando las arcas de los estados provinciales se encuentran en una profunda crisis”.

El titular de Unidad Federal para el Desarrollo consideró que “un punto que no tuvo relevancia en la comisión fue el relacionado con los créditos de la ANSES”, y en ese sentido dijo que “no se discutió el sobreendeudamiento de las familias”.

En contra del proyecto, Nicolás Del Caño (PTS-FIT) opinó que “se pretende ocultar la política que durante muchos años tuvieron todos los gobiernos, de saqueo de los recursos de la ANSES”.

En ese sentido, recordó que los recursos del FGS llegaron “a rondar los 67.000 millones de dólares y en la actualidad está apenas en torno a los 32.000 millones de dólares”.

El legislador de la izquierda criticó la reforma previsional de 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, y también el “ajuste” a los jubilados por parte del gobierno de Alberto Fernández con la suspensión de la fórmula de movilidad.

Además, dijo que el proyecto es “contradictorio” en lo referido al refinanciamiento de deuda de las provincias, las cuales “fueron parte del festival del endeudamiento beneficiando a los especuladores bajo el gobierno de Macri”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, defendió en la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Poder Ejecutivo que busca “blindar” el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) modificando el modo de financiamiento del programa de Reparación Histórica.

Heller recordó los orígenes del FGS, creado en 2007, y destacó que en su composición accionaria participan “muchas empresas líderes”, por lo que en ese momento se buscó proteger esos activos y además “mantener la participación efectiva del Estado en el funcionamiento de esas empresas”.

“Como su nombre lo indica, el FGS tenía el objetivo de ser un garante ante la posibilidad de contingencias que hicieran que los recursos regulares de la seguridad social no alcanzaran” para afrontar el pago de beneficios previsionales, explicó Heller.

Sin embargo, recordó el diputado, “la intangibilidad del Fondo fue modificada en la gestión anterior estableciendo que el FGS podía llegar a utilizarse para atender la Reparación Histórica”, sancionada en 2016.

“En este proyecto venimos a restituir la situación original”, sintetizó Heller, y agregó que el objetivo del proyecto es “volver a poner este patrimonio del sistema previsional como garante del conjunto y no de una pequeña porción” que adhirió a la Reparación Histórica, aproximadamente 900.000 jubilados.

El legislador del Frente de Todos puntualizó que el pago de la Reparación Histórica se afrontará entonces a través del Tesoro y de partidas presupuestarias específicas, y “debe ser cubierto en su totalidad, sin poder fijarse límites a los pagos”, según consta en el artículo segundo del proyecto.

Heller añadió que se elimina la posibilidad de la venta de activos del FGS, y por otra parte, se establece que el FGS “asistirá financieramente para el pago de beneficios del SIPA con el fin de compensar el impacto eventual de los recursos previsionales ocasionados por la pandemia del Covid-19 durante el ejercicio 2020”.

El diputado también resaltó la constitución de un fondo fiduciario público denominado Programa de Inversiones Estratégicas, cuyo objeto será “invertir en sectores estratégicos para el Estado nacional fomentando la generación de empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real”.

En cuanto a las deudas de las provincias, la iniciativa establece un plazo de ocho meses para acordar con el Poder Ejecutivo Nacional, y agrega que se aplicará la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos, de 30 a 35 días (Badlar Bancos Privados).

El proyecto de ley que busca refinanciar la deuda de las provincias con la ANSES y, paralelamente, modificar el financiamiento de la Reparación Histórica para proteger los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), recibió dictamen favorable este martes en la Cámara de Diputados.

A pedido de la oposición, el Frente de Todos aceptó modificaciones que fueron acordadas en un cuarto intermedio con la ANSES, aunque Juntos por el Cambio pidió tiempo hasta este miércoles para definir si acompañará con su firma, tras un debate interno.

El debate se dio en un plenario virtual de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social, que contó con la participación de la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, y el responsable del FGS, Lisandro Cleri.

Al inicio de la presentación, Raverta explicó que este proyecto viene a traer “soluciones” sobre cinco “problemas”: el financiamiento de la Reparación Histórica; los préstamos con las provincias; las inversiones productivas del FGS; la regularización de los créditos ANSES; y los derechos políticos de las acciones de las sociedades en cartera del FGS.

La funcionaria recordó que el programa de Reparación Histórica, sancionado durante la gestión anterior, “se iba a pagar con el dinero que se incorporara a partir del blanqueo de capitales”, mientras que “la segunda fuente de financiamiento iba a ser los activos del FGS”.

Lo que se busca, explicó Lisandro Cleri, es “cambiar el orden de estos pagos”, es decir, “poner a la Reparación Histórica en igualdad con el resto de los programas”, con una financiación a través de recursos del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) en primer lugar, “y en caso de que haya un déficit transitorio, pasaría a cubrirlo el FGS”.

Raverta agregó que “el FGS es para los más de 7 millones de jubilados y pensionadas, y la Reparación Histórica es únicamente para un colectivo de 900.000” jubilados que adhirieron a ese programa, y que ahora recibirán el beneficio “a partir del Ministerio de Economía, del Tesoro, para que podamos resolver esa obligación sin afectar una garantía para el 100% de los jubilados” como es el FGS.

“Volvemos a la idea de que el FGS le pertenece a la totalidad de los jubilados”, puntualizó la directora ejecutiva de la ANSES.

El diputado radical Alejandro Cacace planteó dudas respecto al cambio en la modalidad de financiamiento de la Reparación Histórica, ante la posibilidad de que “una vez agotadas las partidas” del Presupuesto, los pagos corran riesgo.

Por eso, Cacace pidió a los funcionarios que garanticen que “se van a pagar integralmente los beneficios más allá de los límites que pueda imponer una partida presupuestaria”.

En el mismo sentido, Graciela Camaño (Consenso Federal) advirtió que “sabiendo que tenemos una manta muy corta, debemos tener un claro mensaje respecto a que bajo ningún punto de vista la Reparación Histórica va a estar atada a los recursos del Presupuesto. Es lo mínimo que podemos hacer para que el sistema tenga algún viso de credibilidad para nuestros jubilados, a los cuales cada vez que hay un problema económico les manoteamos sus fondos”.

Ante este planteo, el oficialismo aceptó modificar la redacción del artículo 2, agregando que el programa de Reparación Histórica “será cubierto en su totalidad” con las partidas presupuestarias “sin poder fijarse límites a los pagos”.

Por su parte, el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, consideró que “el proyecto es superador en materia de protección del FGS”, pero sugirió modificaciones en materia de créditos de ANSES “en defensa de los consumidores”.

El proyecto también establece que el FGS “asistirá financieramente para el pago de beneficios del SIPA con el fin de compensar el impacto eventual de los recursos previsionales ocasionados por la pandemia del Covid-19 durante el ejercicio 2020”.

Así, se establece que el Ministerio de Economía y la ANSES “deberán calcular dicho impacto y determinar el monto total de la asistencia financiera”.

Sobre este punto, Nicolás Del Caño (PTS-FIT) preguntó “en qué medida estos recursos del SIPA se ven afectados por la pérdida de recaudación por la caída actividad económica, y en qué medida a causa de las propias medidas del Poder Ejecutivo”, como “la reducción del pago de contribuciones patronales de las grandes empresas”.

Al responder, Cleri aclaró: “No vamos a cubrir la asistencia por decisiones o políticas del Estado, sino por todo aquello que haya impactado por el Covid”.

De todos modos, para no dejar lugar a dudas, el Frente de Todos incorporó un párrafo al artículo 4, indicando que “a los efectos de determinar este impacto, se considerarán los efectos de la pandemia del Covid-19 sobre la recaudación de los recursos tributarios que forman parte de los ingresos de la ANSES”.

En cuanto a la deuda de las provincias con la ANSES -a excepción de Córdoba, Santa Fe y San Luis-, Raverta señaló que “es un año muy particular y para las provincias es muy difícil cumplir esa obligación que tienen para con el FGS, por eso proponemos una forma nueva de financiar esa deuda”.

El proyecto, en su artículo 8 -que también fue mejorado a pedido de la oposición- establece que “en un plazo de ocho meses se pueda rediscutir provincia por provincia la deuda”, informó Raverta.

En tanto, Heller aclaró: “Algunos interpretan que los ocho meses son el plazo para pagar. Los ocho meses son un plazo para negociar con las provincias y llegar a un acuerdo, y ese acuerdo consistirá en la emisión de un bono de largo plazo en las condiciones que se acuerden”.

Se trata de un pedido de informe presentado por la diputada de Juntos por el Cambio, María Luján Rey. En el mismo se solicita al Gobierno nacional, a través de ANSeS, que vuelva a informar los nombres de los beneficiarios del IFE. Esto ocurre después de la denuncia periodística de que en Salta más de 52 funcionarios habían sido beneficiados por el programa.

“Con asombro vimos que en Salta funcionarios provinciales habían cobrado el IFE, que busca proteger a los ciudadanos más postergados en esta crisis que trajo el Covid-19. Después que se descubrió, la página de ANSeS retiró los nombres de los beneficiarios de la web. Entendemos que es muy grave y le pedimos al Gobierno, mediante ANSeS, que vuelva a publicar los datos para que todo sea transparente”, indicó Rey.

Del mismo modo, la diputada explicó que “después de la denuncia se cambió la página de internet y para acceder a la información hoy debe emplearse la clave de seguridad social del beneficiario. La consecuencia directa es el ocultamiento deliberado de la información que era y debía continuar siendo pública”.

La senadora nacional Stella Olalla (UCR) presentó un proyecto de comunicación, a través del cual le solicitó al presidente Alberto Fernández que se tomen medidas respecto a “los problemas que están denunciando los ciudadanos que se ven imposibilitados de iniciar y finalizar el trámite jubilatorio o de pensiones en la ANSES”, el contexto de la pandemia de coronavirus.

En la iniciativa, la radical pidió que se informe sobre “la cantidad de expedientes jubilatorios ingresados mediante la web de ANSES”, y si “con esta opción se cumple con la totalidad del trámite”. Es necesario conocer, “si se ha implementado algún operativo para dar celeridad a los expedientes detenidos sin resolución”, consideró.

La entrerriana también alertó por “la falta de otorgamiento de turnos y la reprogramación de los previamente adquiridos”. “Hoy son alarmantes las demoras que siguen padeciendo nuestros adultos mayores, e incluso muchos de los que han podido ingresar su trámite de forma online, aún no han recibido respuesta y, en general, la evolución de dicho expediente se ha vuelto más lenta que de costumbre”, señaló.

Olalla opinó que “tampoco es opción el sistema ‘reclamos’ de la página oficial del organismo, ya que en la misma aparece la leyenda ‘el sistema de reclamos de ANSES ha alcanzado el límite diario. Te pedimos disculpas y te solicitamos que intentes nuevamente en el día de mañana'”.

“En consecuencia, después de cinco meses desde el inicio de la pandemia, ANSES debería estar en condiciones de dar alguna respuesta”, agregó.

El diputado nacional Luis Pastori (UCR) presentó un proyecto por el que solicitó a las autoridades de la AFIP y la ANSeS que “resuelvan la falta de pago de asignaciones familiares a aquellas personas adheridas al monotributo especial para pequeños productores de la caña de azúcar, yerba mate, té y tabaco”.

El radical señaló que “por falta de coordinación entre la AFIP y la ANSeS, hay pequeños productores adheridos al monotributo especial que han dejado de cobrar las asignaciones familiares; entonces, muchos quieren darse de baja de este régimen que tiene muchos beneficios, pero que una vez dado de baja, solamente podrán volver a reingresar a este régimen luego de tres años”.

El legislador de Juntos por el Cambio expresó que este régimen fue “un logro” de la gestión anterior, y explicó que “para cobrar esta asignación familiar, los monotributistas tienen que estar siempre al día, y seguramente como el pago de este régimen no es mensual, la ANSES no está liberando los pagos de las asignaciones familiares”.

“Por eso pedimos a las autoridades una pronta coordinación y respuesta positiva, para evitar que más pequeños productores abandonen el monotributo especial que tantos beneficios les genera”, insistió Pastori.

El misionero recordó que la ley fue sancionada en 2018, reglamentada en 2019 y “se trata de un régimen optativo que brinda facilidades para el pequeño productor, como la eximición del pago del componente impositivo del monotributo, y el pago de un 50% del componente previsional y de la obra social. Además, tiene otra gran ventaja, que es que el pago de dichos componentes se realiza no de manera mensual, sino en el momento donde el pequeño productor vende su producción. Recién allí se le retiene el 5% para abonar los componentes previsionales y de obra social”.

Más de una treintena de diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto solicitando que ANSeS retome la atención y la prestación de sus servicios, los que se encuentran limitados desde el inicio de la cuarentena, “perjudicando especialmente a los sectores de mayor vulnerabilidad social en medio de la actual emergencia, que es cuando más contención por parte del Estado se requiere”, remarcaron.

Fue el 20 de marzo que se excluyó del aislamiento a trabajadores de diversos sectores considerados esenciales, pero no fue sino hasta el 4 de mayo pasado, que se incluyó entre los servicios esenciales a algunas actividades de la ANSeS, estableciendo así un funcionamiento parcial e irregular que aún no logra cubrir las demandas de los ciudadanos.

La iniciativa elaborada por el puntano Alejandro Cacace (UCR) le exige al Gobierno que brinde explicaciones del alcance y los perjuicios ocasionados a todos aquellos que no han podido realizar sus trámites ante la ANSeS. En ese sentido se expresó: “Debe regularizarse inmediatamente el funcionamiento y la atención al público de ANSeS. Se está afectando a los sectores más vulnerables que no pueden realizar sus trámites para obtener el seguro de desempleo, las asignaciones familiares y las asignaciones universales. Además esto ha perjudicado desproporcionadamente a los adultos mayores, que se encuentran limitados en la posibilidad de realizar gestiones en persona para obtener sus beneficios previsionales”.

La iniciativa cuenta con el aval del presidente de la Unión Cívica Radical, el mendocino Alfredo Cornejo, y los diputados Graciela Ocaña, Gisela Scaglia, Alfredo Schiavoni, Dina Rezinovsky, Federico Zamarbide, Alberto Asseff, Ezequiel Fernandez Langan, Luis Petri, Soledad Carrizo, Lidia Ascárate, Jorge Rizzotti, Mario Arce, José Cano, Gabriela Burgos, Ingrid Jetter, Diego Mestre, Virginia Cornejo, Martin Grande, Sebastián García de Luca, Gerardo Cipolini, Gustavo Menna, Ricardo Buryaile, Jorge Enríquez, Alicia Terada, Hugo Romero, Dolores Martínez, Gonzalo del Cerro y Julio Sahad, entre otros.

La comisión mixta que debe elaborar una nueva fórmula previsional se reunió este lunes y acordó requerir  informes a organismos públicos y convocar a especialistas, luego de haber prorrogado la semana pasada el plazo original para proponer el nuevo cálculo de las jubilaciones.

En la reunión, realizada de manera virtual, se aprobó por unanimidad el reglamento de la comisión y una metodología de trabajo para que, previo a cada encuentro, los temas sean abordados por los asesores técnicos de los integrantes.

Participaron los diputados Marcelo Casaretto (presidente), Carlos Heller, Hilda Aguirre, Luciano Laspina, Alejandro Cacace y Luis Pastori; los senadores Belén Tapia, Carlos Caserio, Daniel Lovera y Esteban Bullrich; los secretarios de Políticas Tributarias, Roberto Arias, y de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y el jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Miguel Baelo.

En la reunión pasada, el oficialismo impuso su mayoría y, por ocho votos contra cuatro de Juntos por el Cambio, se aprobó un dictamen para solicitar la prórroga, hasta el 31 de diciembre, del plazo para elaborar la nueva fórmula previsional.

La decisión se tomó “en atención a la situación de crisis que diera lugar a la sanción de la Ley 27.541, que se ha visto agravada por la pandemia del Covid-19,  y en tanto ello torna imposible contar con elementos, índices o indicadores técnicos adecuados para llevar adelante el cometido”.

Juntos por el Cambio insistió en rechazar esta medida. “Debe recobrar vigencia la ley de movilidad hasta tanto se sancione una nueva, pero no es esta la voluntad del oficialismo, que ha solicitado el PEN y al Congreso que se continúe con la suspensión de la movilidad por seis meses más”, advirtió Cacace.

“En los próximos días seguramente veremos el envío de un proyecto de ley al Congreso para prorrogar la emergencia por 180 días o el dictado del DNU en el mismo sentido, todo esto antes del 20 de junio que es la fecha en que expira el plazo de trabajo para la comisión”, agregó el radical.

A pesar de las críticas, el oficialismo avaló este lunes el acta de la última reunión y convalidó así el dictamen.

Por otra parte, se incorporó a la comisión la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, y se acordó requerir informes al organismo sobre la situación de los distintos regímenes especiales, para poder evaluar su sustentabilidad financiera.

Asimismo, Cacace y Laspina propusieron convocar a representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), CIPPEC, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

Bulit Goñi expresó el apoyo del Poder Ejecutivo y finalmente se acordó elaborar un listado de invitados propuestos por oficialismo y oposición, para comenzar con la ronda de exposiciones.

Legisladoras del oficialismo celebraron en las redes sociales la designación como directora de la ANSeS de Fernanda Raverta, exdiputada nacional y quien era hasta ahora ministra de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires.

“Ella siempre da todo por los demás. Es una enorme compañera. Éxitos en esta nueva etapa @FerRaverta!!”, escribió la vicepresidenta del bloque Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.

Ella siempre da todo por los demás.
Es una enorme compañera.
Exitos en esta nueva etapa @FerRaverta !! 💪🏼💜🇦🇷 pic.twitter.com/XZu5OUEbGm

— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) April 30, 2020

Por su parte, Mónica Macha felicitó a la flamante titular del organismo y sostuvo: “Sé de tu compromiso, tu sensibilidad y tu capacidad de trabajo. Tu designación frente al @ansesgob me genera mucho orgullo y felicidad”.

“Felicitaciones y un gran abrazo a la compañera @FerRaverta por su designación como titular de la Anses. Conocemos tu enorme capacidad de trabajo y de tu compromiso. Es un orgullo ver tantas compañeras en lugares protagonistas en este momento trascendental para el país”, destacó la misionera Cristina Britez.

Al compartir la publicación de Alberto Fernández, la porteña Paula Penacca llamó a Raverta “la mejor de las mejores”, mientras que la cordobesa Gabriela Estévez publicó: “Felicitamos a @FerRaverta, una compañera con una capacidad de trabajo sobresaliente y, sobre todo, con un corazón enorme al servicio de lxs demás”.

“Gran decisión de @alferdez designar a @FerRaverta al frente de @ansesgob por su formación, su capacidad pero por sobre todas las cosas su sensibilidad y compromiso con los sectores más vulnerables. Grosa!!!”, manifestó la entrerriana Carolina Gaillard.

Felicitaciones @FerRaverta por este nuevo desafío al frente de @ansesgob. En este tiempo tan especial es fundamental el trabajo de compañeras tan comprometidas como vos. pic.twitter.com/HA6QXJMkI5

— Rosana Bertone (@RosanaBertone) April 30, 2020

Por su parte, la fueguina Rosana Bertone la felicitó “por este nuevo desafío al frente de @ansesgob. En este tiempo tan especial es fundamental el trabajo de compañeras tan comprometidas como vos”. “Con esta decisión el presidente @alferdez designó a una mujer con una importante trayectoria política y social para este cargo de enorme responsabilidad en nuestro país”, resaltó.

En tanto, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta del bloque Frente de Todos en el Senado, tuiteó: “Felicitaciones compañera @FerRaverta. Conozco la dedicación y el amor que ponés en tu trabajo, estoy segura de que vas a cumplir tu nueva función con mucha responsabilidad”.

Felicitaciones compañera @FerRaverta.

Conozco la dedicación y el amor que ponés en tu trabajo, estoy segura de que vas a cumplir tu nueva función con mucha responsabilidad. https://t.co/EbAiwK7Z0p

— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) April 30, 2020

Luego de que el Gobierno Nacional publicara en el Boletín Oficial una resolución que flexibilizó el trámite para que las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) puedan acceder a la ayuda escolar 2020. La medida en cuestión elimina la obligación de que se presente el certificado de alumno regular y eso provocó severas críticas por parte de una auditora de la Ciudad y un diputado porteño.

En ese sentido, la auditora general de la Ciudad, María Raquel Herrero, aseguró que “es inconcebible, debemos garantizar una educación genuina a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables controlado que los recursos del Estado lleguen a quien más lo necesiten” y remarcó que “la no presentación del certificado escolar en tiempo y forma por parte de los padres no tiene explicación ni se justifica”.

Asimismo explicó que “es un requisito sencillo que garantiza que el Estado sepa a quien ayuda, que además con la ayuda de la tecnología ni siquiera es necesario ir a una oficina” y sentenció que “con esta medida, el Gobierno Nacional elimina un requisito importante para el Estado cuente con información importante sobre las niñas y niños que reciben la cobertura del Estado, que es una política de Estado. Por ese motivo, pido por favor que revean la medida”.

En tanto el legislador de UCR-Evolución Ariel Álvarez Palma aseveró que “el cambio de la ANSES respecto a la eliminación del requisito para recibir la asignación por Ayuda Escolar, es inconcebible Debemos garantizar una educación genuina  a los niños más vulnerables controlando que los recursos del Estado lleguen a quienes más lo necesiten”.

El diputado nacional Luis Petri, junto a otros legisladores, solicitaron dejar sin efecto la medida dispuesta por Resolución 28/20 que elimina el requisito de la presentación del certificado de alumno regular del año anterior para el cobro de asignaciones por ayuda escolar en forma automática.

“No hay herramienta que genere más movilidad social que la Educación. La decisión de la ANSeS va a repercutir negativamente en la deserción escolar y en la baja de la matrícula. Esta asignación fue creada como un estímulo para continuar estudiando”, expuso el legislador mendocino en twitter.

La resolución 28/20 en uno de sus considerandos argumenta: “Que en función del contexto económico y social de emergencia y ante el inminente inicio del ciclo lectivo, corresponde derogar el punto 5, del Apartado ‘Asignaciones De Pago Mensual’….con el fin de garantizar que los niños, niñas y adolescentes de CUATRO (4) a DIECISIETE (17) años inclusive, que presenten el certificado correspondiente hasta el 31 de diciembre, perciban en forma masiva, al inicio del ciclo lectivo, la Asignación por Ayuda Escolar”.

En la resolución 203/19 anterior, la ANSeS establecía: “cuando la acreditación de la escolaridad no se efectuara en el plazo conferido en el artículo 2° del Decreto N° 433/2015, la Asignación por Ayuda Escolar del ciclo lectivo siguiente no se pagará en forma masiva, sino cuando se acredite la escolaridad”

Petri consideró que “es incomprensible la decisión de eliminar el requisito del certificado de alumno regular, ya que el objetivo es promover la educación y garantizar la permanencia en el sistema, eliminando todos los obstáculos que puedan impedir ese cometido”

Cabe aclarar que desde el Gobierno salieron a desmentir este martes que la ANSeS haya eliminado el requisito de presentación del certificado de alumno regular para el cobro de la ayuda escolar, aclarando que lo que se decidió, atendiendo “a la emergencia social”, fue prorrogar su presentación hasta diciembre de este año. “Esta medida permitirá que, muchas chicas y chicos, reciban la ayuda que necesitan para comenzar las clases. El derecho a la educación y a la seguridad social es una de nuestras prioridades”, sostuvo el titular de la Anses, Alejandro Vanoli.

No obstante, Petri, a quien acompañan con sus firmas en esta iniciativa los diputados Alfredo Cornejo, Graciela Ocaña, Pablo Torello, Gustavo Menna, Estela Regidor, Roxana Reyes, Atillio Benedetti, entre otros, insistió en que “la ayuda escolar, como su nombre lo indica, está directamente vinculada a la trayectoria escolar de los alumnos, y tiene por finalidad establecer una asignación de recursos en el momento de mayores gastos vinculados con la escuela que es al comienzo de cada ciclo y, para ello, es necesario que el Estado verifique la condición de alumno del beneficiario”.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff también criticó duramente la decisión del Gobierno de eliminar por resolución el requisito de la presentación del certificado de alumno regular del año anterior para el cobro de asignaciones por ayuda escolar en forma automática, y sostuvo que “la ANSeS parece que ha asumido definitivamente la gerencia de la pobreza para todos como un objetivo político electoral”. 

“La decisión de pagar la ayuda escolar sin exigir la certificación de alumno regular es eso, envilecer a nuestros niños y adolescentes y garantizarles que su futuro es la marginación y la pobreza”, expresó el legislador en este sentido en una entrevista radial. 

Cabe señalar que diputados de JxC, encabezados por Luis Petri, ya solicitaron dejar sin efecto la medida, advirtiendo que “no hay herramienta que genere más movilidad social que la educación. La decisión de la ANSeS va a repercutir negativamente en la deserción escolar y en la baja de la matrícula. Esta asignación fue creada como un estímulo para continuar estudiando”. 

Por esto, para Asseff esta resolución de ANSeS “muestra con crudeza cuán canceroso es el populismo. Todos sabemos que la educación es un blindaje efectivo contra los contratiempos que ofrece la vida. Lo que se lleva adentro no te lo saca nadie ni nada. En contraste, si estas insuficientemente formado tu condición es vulnerable aún en un escenario de prosperidad del país. Este gobierno está dominado por la cultura facilista. El facilismo conduce inexorablemente a más decadencia. Desde nuestro Frente rechazamos esta decisión de ANSES que ni siquiera es demagógica ya que la inmensa mayoría de la población sabe que así vamos para atrás”, concluyó.

Desde el Gobierno, advierten que no eliminaron el requisito, “sino que prorrogamos su presentación hasta diciembre de este año”.

Desde @ansesgob no eliminamos el requisito de presentación del certificado de escolaridad para el cobro de la #AyudaEscolar sino que prorrogamos su presentación hasta diciembre de este año.

— Alejandro Vanoli (@avanoliok) February 11, 2020

Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por el radical Luis Petri, solicitaron dejar sin efecto la medida dispuesta por resolución 28/20 que elimina el requisito de la presentación del certificado de alumno regular del año anterior para el cobro de asignaciones por ayuda escolar en forma automática.

“No hay herramienta que genere más movilidad social que la educación. La decisión de la ANSeS va a repercutir negativamente en la deserción escolar y en la baja de la matrícula. Esta asignación fue creada como un estímulo para continuar estudiando”, expresó el legislador mendocino.

En la reciente resolución, el Gobierno argumentó la derogación de este requisito en virtud “del contexto económico y social de emergencia y ante el inminente inicio del ciclo lectivo”, para que niños de cuatro hasta adolescentes de 17 años “presenten el certificado correspondiente hasta el 31 de diciembre” y “perciban en forma masiva, al inicio del ciclo lectivo, la Asignación por Ayuda Escolar”.

En la resolución 203/19, dictada por la gestión anterior, se establecía que la ayuda económica “no se pagará en forma masiva, sino cuando se acredite la escolaridad”.

Petri consideró que “es incomprensible la decisión de eliminar el requisito del certificado de alumno regular, ya que el objetivo es promover la educación y garantizar la permanencia en el sistema, eliminando todos los obstáculos que puedan impedir ese cometido”.

“Es importante dimensionar el impacto de esta medida y tener en cuenta que actualmente la asignación es percibida por 6,3 millones de beneficiarios, según cifras de ANSeS”, señaló.

Además, el legislador aseguró que “la ayuda escolar, como su nombre lo indica, está directamente vinculada a la trayectoria escolar de los alumnos, y tiene por finalidad establecer una asignación de recursos en el momento de mayores gastos vinculados con la escuela que es al comienzo de cada ciclo y, para ello, es necesario que el Estado verifique la condición de alumno del beneficiario”.

El proyecto fue acompañado por los diputados Alfredo Cornejo, Graciela Ocaña, Pablo Torello, Gustavo Menna, Estela Regidor, Roxana Reyes, Atillio Benedetti, entre otros.

Diputados nacionales de la UCR reaccionaron ante la decisión de la ANSeS de eliminar el requisito de presentación del certificado de alumno regular para el cobro de las asignaciones por ayuda escolar durante este año.

José Riccardo, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara baja hasta diciembre pasado, señaló que “el Gobierno tiene la obligación de crear las condiciones para que las niñas, niños y jóvenes concurran a la escuela y finalicen sus estudios. Es la única llave que los hará libres. Desentenderse de esa responsabilidad en es un error. Es al revés: cuanto más vulnerable es una familia pronto y más cerca tiene que estar el estado para asegurar que los hijos están escolarizados”.

En este sentido, el vicepresidente segundo del bloque, José Cano, recordó que “esas asignaciones son, justamente, para los chicos que estudian. La medida de la ANSeS favorece el clientelismo y el uso arbitrario de los recursos del Estado”.

Por su parte, el diputado Luis Petri afirmó que “no hay herramienta que genere más movilidad social que la Educación. La decisión del ANSES va a repercutir negativamente en la deserción escolar y en la baja de la matrícula. Esta asignación fue creada como un estímulo para continuar estudiando”.

La diputada Roxana Reyes también se refirió al tema: “Promover la educación y fomentar la terminalidad educativa genera sociedades e individuos con futuro y posibilidades de progreso, esta medida elimina la razón de ser y naturaleza de la asignación”.