Constituirán las de Familias, Defensa Nacional, Economías, Desarrollo Regional y Seguridad Interior, y la de Mujeres.
Continúa el proceso de activación de comisiones en la Cámara baja. En el verano se habían conformado solo cuatro, tres de ellas para debatir la ley de Bases, la semana pasada se conformó la de Previsión y esta semana se avanzó con la constitución de una decena más.
Este miércoles fue el turno de cinco, ahora serán otras cinco comisiones más, a saber:
A las 10 de este jueves, en el Anexo C, 2do piso, se constituirá la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que hasta el 10 de diciembre pasado presidía la radical Roxana Reyes.
A las 12 será el turno de la Comisión de Defensa Nacional, que se constituirá en la Sala 4 (327). Esta es otra de las comisiones que conducía la oposición durante la gestión anterior, en este caso en manos del exdiputado Alberto Asseff. Ahora se espera que sea designado al frente de la misma el diputado de Hacemos Coalición Federal Ricardo López Murphy, quien precisamente fue ministro de ese área durante el Gobierno de la Alianza.
A las 15 se reúne Economías y Desarrollo Regional, que según pudo saber parlamentario.com seguirá estando en manos de Unión por la Patria. Es de imaginar entonces que el formoseño Ramiro Fernández Patri siga al frente de la misma. La cita es en el 2° piso del Anexo C.
Una hora más tarde, a las 16, en el mismo ámbito se reunirá la Comisión de Seguridad Interior, que tal cual pudo saber parlamentario.com, presidirá el diputado del Pro Diego Santilli, quien fuera ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el 10 de diciembre era presidida por Ramiro Gutiérrez (UP).
La última reunión de las comisiones convocadas para este jueves es Mujeres y Diversidad. Será a las 18, también en el 2° del Anexo C, y la presidencia de la misma será para Unión por la Patria. Con lo cual, se descuenta que Mónica Macha seguirá conduciéndola.
Así las cosas, el jueves a última hora estarán conformadas 15 de las 46 comisiones permanentes de la Cámara de Diputados.
El evento fue organizado por la senadora Mónica Silva, con la participación de mujeres empresarias.
La senadora de la Nación Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) encabezó este viernes en el Senado de la Nación el Conversatorio “Mujeres de Río Negro: rompiendo barreras y abriendo caminos” con la presencia de funcionarias y empresarias de diferentes sectores productivos de la Provincia, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Del encuentro que tuvo lugar en el Salón Eva Perón participaron Julia Fernández (Parque Tecnológico Bariloche), Jenny Tamara Potes (Jugos SA), Mariana Barrera (Sidras Pülku) y Julieta Rimoldi (Alliance SAS), quienes intercambiaron ideas mediante la moderación que estuvo a cargo de Valeria Zoratti.
En un mensaje por el Día de la Mujer, Silva expresó “todo mi reconocimiento a la lucha de las mujeres que es ancestral y que desde mediados del siglo XX hasta acá ha registrado un avance enorme”.
Además, enfatizó que “las mujeres hemos sabido aprovechar las oportunidades para distinguirnos, diferenciarnos, y hacer que la sociedad entienda que queremos un punto de igualdad en todos los aspectos que tengan que ver con el trabajo”, pero aclaró que dentro de “ese punto de igualdad”, aún está pendiente la equiparación del salario entre hombres y mujeres.
Respecto a la convocatoria realizada dijo: “hoy las mujeres empresarias mostraron de qué manera derraman su esfuerzo y cuál es su mirada de empatía hacia el resto de la sociedad, expresando cómo generan puestos de trabajo y de qué manera se arreglan para ser mujeres fuertes y empresarias en una sociedad que es muy difícil para todos”, explicó la legisladora.
Durante la reunión las expositoras hablaron sobre la “revalorización” de la economía de Río Negro a partir del desarrollo de los distintos sectores productivos.
La Senadora destacó que las emprendedoras rionegrinas “mostraron los desafíos pendientes”, y en ese sentido aseguró que “hay mucho para hacer desde el Congreso al sostener que, desde el ámbito legislativo se puede dar lugar a “distintas normativas que ayuden a mejorar lo que las empresarias están realizando”.
La reunión contó con la presencia de los senadores Sonia Rojas Decut y Vilma Bedia, el senador Martín Doñate, y la presencia del secretario Parlamentario, Agustín Giustinian y la prosecretaria Parlamentaria, Dolores Martínez.
La senadora Silva, consideró que los funcionarios del Senado marcaron con su presencia lo mucho que hay por hacer “en cuanto a mejorar la normativa que ampara las actividades económicas y el desarrollo” tanto en Río Negro como en el resto de las provincias.
También estuvo presente la diputada provincial Lorena Matzen, el director de la Casa de Río Negro, Luis Di Giacomo y la secretaria de Investigación de la Universidad de Río Negro, Marta Borda, entre otros invitados al encuentro.
El Senado le dio media sanción al proyecto con 52 votos a favor que incorpora una serie de modificaciones a la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, pero debe regresar a la Cámara baja por la incorporación de una frase.
En el tramo final de la sesión del Senado, el proyecto que incorpora la violencia digital como una modalidad dentro de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (N°26.485) -que había recibido la media sanción el pasado 5 de julio- fue aprobado por 52 votos afirmativos, pero recibió modificaciones en su redacción por lo que vuelve a Diputados.
La iniciativa está inspirada en la “Ley Olimpia”, una normativa mexicana que aborda los delitos que violan la intimidad de las mujeres a través de medios digitales, y que se sancionó en ese país a partir del activismo de Olimpia Coral Melo -quien estuvo presente en el palco-, víctima de difusión de material con contenido sexual, sin su consentimiento, por parte de una expareja.
Ante el acuerdo de que ningún senador expusiera, la puntana María Eugenia Catalfamo (UF) cuestionó que “cuando se trata de violencia hacia las mujeres empezamos a callar las voces”. “Hay una chica, Olimpia Coral Melo, que viajó desde México para ver cómo se aprobaba esta ley”, señaló e informó que “Argentina es el segundo país que va a sancionar esto. No me parece callar cuando se va a tratar esta ley”.
“No me parece censurar voces cuando vamos a incorporar modificaciones a la ley de erradicación de violencia digital contra las mujeres y si bien es una media sanción, vamos a devolverlo a la Cámara de Diputados porque se omitió el término ‘participación política’”, concluyó.
Mediante el proyecto se incorpora una serie de modificaciones a la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Entre ellos, se establece como objetivo garantizar “los derechos y bienes digitales de las mujeres, así como su desenvolvimiento y permanencia en el espacio digital”. Asimismo, se deberán respetar “su dignidad, reputación e identidad en los espacios digitales”.
En el artículo 6 de la 26.485 se incorpora la modalidad de “violencia digital o telemática” definida como “toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar”.
“En especial conductas que atenten contra su integridad, dignidad, identidad, reputación, libertad, y contra el acceso, permanencia y desenvolvimiento en el ámbito digital o que impliquen la obtención, reproducción y difusión, sin consentimiento de material digital real o editado, íntimo o de desnudez, que se le atribuya a la mujer, o la reproducción en el ámbito digital de discursos de odio misóginos y patrones estereotipados sexistas o situaciones de acoso, amenaza, extorsión, control o espionaje de la actividad virtual, accesos no autorizados a dispositivos electrónicos o cuentas en línea, robo y difusión no consentida de datos personales”, agrega.
Además, se dispone que se deberá “implementar un servicio multisoporte, telefónico y digital gratuito y accesible” destinado “a dar contención, información y brindar asesoramiento” sobre la violencia digital.
Otra de las modificaciones establece que se tendrán que “promover programas de alfabetización digital, buenas prácticas en el uso de las TIC’s y la comunicación y de identificación de las violencias digitales, en las clases de Educación Sexual Integral como en el resto de los contenidos en el ámbito educativo y en la formación docente”.
Sobre los derechos que se les deberán garantizar a las mujeres en procedimientos judiciales, se incorpora el “resguardo diligente y expeditivo de la evidencia en soportes digitales por cuerpos de investigación especializados u organismos públicos correspondientes”.
Respecto a las medidas preventivas urgentes, el juez podrá “ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer, tanto en el espacio analógico como en el digital”.
También, “ordenar la prohibición de contacto del presunto agresor hacia la mujer que padece violencia por intermedio de cualquier tecnología de la información y la comunicación, aplicación de mensajería instantánea o canal de comunicación digital”.
Y tendrá la competencia para “ordenar por auto fundado, a las empresas de plataformas digitales, redes sociales, o páginas electrónicas, de manera escrita o electrónica la supresión de contenidos que constituyan un ejercicio de la violencia de género digital”.
El evento, bajo el lema “Hecho x Ellas”, será encabezado por la diputada radical Carla Carrizo y tendrá lugar este sábado 5 de agosto en el Centro Cultural San Martín. Habrá distintos tipos de talleres y capacitaciones.
La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical), autora del proyecto de Ventanilla Única para Mujeres Emprendedoras, y la “Asociación Civil Emprende por Barrios” encabezarán la presentación de la Red de Mujeres Emprendedoras de CABA “Hecho x Ellas”.
El evento se realizará este sábado 5 de agosto desde las 13 en el Centro Cultural San Martín y contará con talleres y paneles de especialistas destinados a las mujeres que busquen emprender y tendrá una feria abierta con más de 80 puestos donde ofrecerán sus productos.
“Se trata de una oportunidad de visibilizar al sector e informar sobre el acceso a créditos y políticas públicas destinadas a la construcción de autonomía económica de las mujeres de la Ciudad”, expresaron. Durante los meses de mayo, junio y julio se realizaron 8 encuentros de emprendedoras, por comuna, en toda la Ciudad, donde participaron más de 200 referentes.
Los paneles estarán integrados por la diputada Carrizo, Guadalupe González de “Rosa de Boedo Emprende”; Diego Berardo, director del Centro Cultural San Martín; Sergio Monzón, Club de Microemprendedores; Camilo Vedia, presidente de la “Asociación Civil Emprende x Barrios”.
Además, el encuentro contará con la palabra de emprendedoras que compartirán su experiencia como Silvina Riveros, emprendedora gastronómica; María Gabriela Tomassoni (Mamá construye); Janis Pujol (Mamá al mando), Ariana Onega (Empretienda) y María Noel Giménez (Noe al volante).
Por otro lado, se presentarán recursos y herramientas disponibles para emprendedoras, con la participación de representantes del Banco Ciudad, de la Dirección General de Inserción Laboral de la Mujer del GCBA, de la Dirección General de Emprendedores del GCBA, de Hecho en UBA, del Centro de Estudios y Gestión de la Economía Personal y Negocios (CEGEPyN) y de la Federación de Comercio e Industria de CABA.
Asimismo, habrá distintos talleres y conversatorios sobre voluntariado, planificación financiera, desarrollo emprendedor, entre otros.
“El compromiso es construir una agenda de trabajo y un empoderamiento para las mujeres “, afirmó la diputada provincial.
Entre las presentes se encontraban trabajadoras, empresarias, emprendedoras, deportistas, dirigentes sociales, políticas, sindicales, funcionarias y ciudadanas.
La diputada provincial de Unión por la Patria, Natalia Sánchez Jauregui, mantuvo un encuentro con más de 50 mujeres de distintos sectores de Necochea, con quienes conversó sobre la necesidad de construir una agenda de trabajo en el distrito.
Una gran diversidad de mujeres trabajadoras, emprendedoras, empresarias, deportistas, dirigentes sociales, políticas, sindicales, funcionarias y ciudadanas, participaron de la propuesta que se llevó a cabo en un café céntrico de Necochea.
“El objetivo principal es conocer sus experiencias, escuchar sus expectativas y conocer los sueños que reflejan en cada uno de sus proyectos”, aseguró Sánchez Jauregui y agregó que “estos espacios de encuentro son fundamentales para escuchar y además contar las propuestas para el distrito y el trabajo que venimos realizando desde la provincia”.
Durante la charla, cada una de las mujeres presentes tuvo la oportunidad de explicar cuál era su profesión, por qué participaba de la reunión, sus ideas y proyectos para el futuro.
En este sentido, la diputada provincial añadió que es necesaria “una agenda para hacer una transformación y se tiene que construir con participación ciudadana. Por este motivo las convoco a ustedes para que sean parte de esta agenda que es lo que está faltando”.
Y agregó: “El futuro está en la participación, el compromiso y cada una de nosotras desde nuestro lugar como profesional; ya sea del ámbito de la salud, municipal o social puede aportar ejerciendo nuestros derechos como ciudadanas y la participación es la herramienta fundamental para transformar la vida diaria de las y los vecinos.”
En este contexto, Sánchez Jauregui remarcó que “debemos demostrar con hechos que nos interesa una transformación y trabajar para este distrito que está bendecido por la naturaleza y que se puede recuperar todo lo que tenemos”, expresó la legisladora provincial.
Además, hizo una reflexión y recordó los años donde “había trabajo en la ciudad y tantas otras cosas que hemos perdido y tenemos que recuperar como el sector de la pesca y el Casino”.
También, estuvieron presentes las integrantes de la Lista N° 2 de Unión por la Patria, que encabeza Marcelo “Chelo” Rivero, como Evangelina Almada, Lucrecia Rivero, Agustina Iglesias, Ayelén Romanni, Valeria López, Graciela Tugores y la delegada del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Natalia Steffen.
“Tenemos que trabajar no por una elección, sino por Necochea como distrito”, sentenció Sánchez Jauregui, y aseguró que “cada una de nosotras, quienes me acompañan y forman parte de la lista estamos a disposición para acompañar y resolver lo que necesiten, siempre pensando en construir un mejor distrito para todos y todas”.
La iniciativa, que obtuvo 191 votos afirmativos incorpora esta modalidad a la Ley de Protección Integral. Pasa al Senado.
Por 191 votos afirmativos, 2 negativos y 1 abstención, la Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles al proyecto que incorpora la violencia digital como una modalidad dentro de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (N°26.485).
La iniciativa está inspirada en la “Ley Olimpia”, una normativa mexicana que aborda los delitos que violan la intimidad de las mujeres a través de medios digitales, y que se sancionó en ese país a partir del activismo de Olimpia Coral Melo, víctima de difusión de material con contenido sexual, sin su consentimiento, por parte de una expareja.
La iniciativa, que fue consensuada entre propuestas de las diputadas Mónica Macha (FdT) y Danya Tavela (UCR), deberá tratarse ahora en el Senado.
El primer expositor fue el oficialista Pablo Carro (Córdoba) quien explicó que se viene a modificar la Ley de Protección Integral a las Mujeres sobre la base de la idea de incorporar una definición de lo que significa la violencia digital contra las mujeres.
“Tiene que ver con que la violencia digital o en entornos digitales o virtuales es igual o incluso peor que la que ocurre en el mundo analógico, es decir, el mundo virtual hoy es tan real como el analógico o el mundo real”, planteó.
El cordobés recordó que durante el debate de la Ley del Aborto “hubo muchísima violencia digital contra las mujeres”, y contó que AMNISTÍA Internacional realizó un estudio en el que reconoció que 1 de cada 3 mujeres sufrió violencia digital en redes sociales, el 59% de las mujeres durante este tiempo fue objeto de mensajes sexuales o misóginos; un 36% de esas mujeres sufrió ataques de pánico, estrés o ansiedad o se retiró de las redes producto de la violencia que recibió.
Así, procedió a leer la definición de violencia digital que va a dejar “muy en claro por qué tan importante avanzar en este aspecto y remarcó que son “todas esas acciones que realizan los varones contra las mujeres cuando deciden resolver su independencia y usar su cuerpo como mejor les parece”.
“Este proyecto de ley no modifica el código penal”, aclaró, pero resaltó que “es tan importante que va a permitir no solo definir con claridad qué es la violencia digital, sino también, el desarrollo de políticas públicas, que haya estadísticas oficiales, que haya capacitación de los agentes estatales, que haya protocolos de actuación para la justicia, que haya una línea telefónica gratuita a través de cualquier soporte y, sobre todo, que pueda haber notificación electrónica”.
Al respecto, explicó: “La mayoría de las empresas son transnacionales en aquellos lugares donde se ejerce esta violencia son redes que no tienen domicilio en Argentina, sino que son transnacionales, por lo tanto, es importante por lo que vienen luchando las mujeres y tiene que ver con la Ley Olimpia sobre una mujer mexicana que sufrió este tipo de violencia y, a partir de este hecho, se están impulsando este tipo de leyes en todo el mundo”.
1 de cada 3 mujeres sufrió violencia digital en redes sociales, el 59% de las mujeres durante este tiempo fue objeto de mensajes sexuales o misóginos; un 36% de esas mujeres sufrió ataques de pánico, estrés o ansiedad o se retiró de las redes producto de la violencia que recibió.
“Todo el mundo sabe lo difícil que es establecer regulaciones al modo en que trabajan las grandes plataformas que son grandes empresas transnacionales y, sin embargo, quiero reconocer que las mujeres lo han hecho porque están permitiendo que la justicia argentina pueda notificar a estas plataformas para que contenidos de este tipo puedan ser removidos y conservados y utilizados para pruebas en favor de las mujeres. Es un proyecto trabajado con consenso, tenemos un acuerdo completo”, cerró y adelantó que introducirá modificaciones por “errores” que cometieron en la redacción previo al dictamen.
Autora de una de las iniciativas, la diputada Danya Tavela (Evolución Radical) destacó la importancia del tema para “todas las mujeres que estamos presentes, pero fundamentalmente para todas las mujeres, niñas y adolescentes del país que son víctimas de los distintos tipos de violencia en este paso, en este avance”.
“Esta es una ley de época porque tiene que ver con el crecimiento de este tipo de violencia, de acosos, de hostigamiento que ocurren a partir de los espacios digitales, de redes sociales, del uso del internet”, señaló Tavela.
En esa línea, destacó la importancia a que “logremos un proyecto unificado entre los distintos interbloques” y reconoció a la diputada mandato cumplido Josefina Mendoza y a la diputada Alejandra Martínez quienes “fueron las que comenzaron con el debate hace años en esta Cámara y nos fueron muchas de las ideas que hoy se plasman en esta modificación”.
“Este proyecto busca definir que el espacio digital es un ambiente donde se puede generar violencia al igual que el espacio analógico y por supuesto que queremos garantizar el derecho de las usuarias, libre de violencias, libre de desigualdades”, manifestó la diputada radical y agregó: “La posibilidad de reconocer ese espacio nos lleva a la necesidad que esta norma tipifique lo que se va a denominar violencia digital que repercute en la generación de daños físicos, psicológicos, sociales y económicos”.
Además, planteó que “es importante la incorporación a los servicios de asistencia a la víctima, a los servicios de atención que ya existen de este tipo de violencia”. “La necesidad de promover la alfabetización en el uso de las redes sociales, en el uso adecuado y en las buenas prácticas de las TICS”.
“También llevando a que los niños, niñas y adolescentes comprendan lo que significa la violencia digital. No solo en las clases de ESI, sino en los diferentes espacios curriculares donde asisten, en los procesos educativos y en formación docente”, añadió y destacó la gratuidad de toda diligencia e instancia de las actuaciones judiciales, así como el resguardo de pruebas, el ordenamiento al presunto agresor del cese de las actuaciones y la prohibición de contacto.
Tavela contó: “Para muchas mujeres de nuestro país esto no es reconocido en los ámbitos de la justicia y de denuncia. Me ha tocado conversar con madres cuyas hijas se han quitado la vida, familias dañadas, muchas mujeres que han abandonado sus trabajos, sus pueblos, han tenido que cambiar su vida por el abuso, acoso y hostigamiento a partir de alguna publicación sin su consentimiento en una red social”.
“Entender que lo que hacemos en redes sociales forma parte de nuestra intimidad, forma parte de nuestros derechos de la información y de nuestra integridad y de nuestra capacidad y persona como seres humanos. Es importante para seguir avanzando en procesos de prevención y tipificación de violencia digital y las penas que deben contemplase para sancionar a quienes ejercen este tipo de violencia”, precisó la radical.
Y cerró: “Este proyecto incorpora la obligación por orden fundando a las empresas administradoras de plataformas de retirar este tipo de material de las mismas. El 70% de las mujeres que sufrió violencia digital ha cambiado su forma de interactuar en las redes, esto significa una restricción a la libertad de las personas. La violencia siempre es violencia, pero es más violencia cuando afecta a las personas más vulnerables”.
Por el contrario, el salteño Carlos Zapata (Ahora Patria) dio los motivos por los que no acompañó la iniciativa y se abstuvo. El diputado planteó que “está entre los derechos humanos el derecho a una vida libre de violencia”, y remarcó que la violencia digital es un tema “relativamente nuevo” que “ha tenido un crecimiento exponencial, generando perjuicios y consecuencias negativas a quienes las sufren”. Así precisó que, entre las consecuencias, “tenemos hasta víctimas fatales, personas que afectadas por la violencia digital por el atropello y la vulneración de su actividad han tomado una decisión drástica”.
“Las víctimas de la violencia digital necesitan un marco normativo que las reconozcan, contenga, proteja de todo tipo de violencia y, en este momento, estamos tratando violencia digital”, planteó Zapata y cuestionó: “La Ley de Protección Integral contra al Violencia de Género es una ley que tiene sus años, que va produciendo resultados, pero no esta a la altura de las expectativas que se al momento de su sanción”.
“Se han creado observatorios de violencia contra las mujeres, pero la tasa de femicidio se ha incrementado. La voluntad del legislador no está teniendo una aplicación concreta a través de los órganos de aplicación y responsables que lleven a que las acciones desde el Gobierno lleven a cumplir la finalidad de la ley de proteger a las mujeres, evitar los femicidios”, cuestionó.
Y siguió: “Se ha creado el Ministerio de la Mujer con las cuestiones que están pasando en Chaco con Cecilia la vemos con total y absolutamente ausente. Lamentablemente todas las legislaciones de protección de las mujeres pueden tener la buena intención, apuntar a un marco de progreso, pero si el Poder Ejecutivo y los órganos de aplicación miran para otro lado, o son selectivos a la hora de atender los problemas de violencia de género, evidentemente algo está funcionando mal”.
“En materia de violencia digital podemos clasificar los distintos hechos como fake news, campañas de desprestigio, violaciones e intimidad, incitación al odio, mecanismos que a través de publicaciones en redes sociales buscan hacer un daño. Se tratan de conductas antisociales que generan perjuicios hacia las personas y vulneran muchos derechos y garantías, si no existe un marco jurídico adecuado, esa vulneración va a seguir ocurriendo”.
“Las mujeres particularmente están afectadas, pero no son las únicas afectadas de la violencia digital y de este tipo de campañas, es necesario que se tipifiquen como delitos. Con el procedimiento que se pretende en esta modificación a la Ley van a tener un mecanismo expedito para que cesen las publicaciones o buscar procedimientos más agiles, pero en la medida que no se tipifique como delito la persecución del responsable y el uso de los organismos estatales para buscar justicia y equidad, va a estar ausente”, sugirió Zapata.
Además, planteó que es necesario “estudiar cuando se consideran este tipo de proyectos porque el principio contenido en el artículo 16 de la Constitución Nacional es el principio de igualdad ante la ley. La igualdad es un derecho en sí mismo y habilita a los sujetos a oponerse a normas o actos discriminatorios. La existencia de la vulneración de la igualdad ante la ley es algo que restringe a la libertad de los individuos”, y cerró que la violencia digital “no solo abarca a las mujeres, sino también a los hombres, necesitamos que el marco normativo llegue a alcanzarlos para respetar el principio de igualdad ante la ley. Considero que este proyecto es violatorio al artículo 16”.
La vicejefa de bancada radical, Karina Banfi, expuso sus ideas respecto a la modificación sobre violencia digital en la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres en el recinto. “Tenemos dos vidas, una la real y otra la de internet. Ponemos en foco la alfabetización digital y debemos saber las alertas que tenemos que tener en cuenta”, señaló.
Así también, expresó: “Las distintas exposiciones que he escuchado las acompaño y con ello, conocimos el valor que tiene esta ley”. Además, mencionó el caso de la joven Olimpia, a quien sin su consentimiento le viralizaron n video privado: “Le arruinaron la vida”. Afirmó.
Sin embargo, Banfi manifestó que “hace años que trabajo sobre derechos digitales y celebró que hablemos estos temas en el Congreso porque el futuro es internet”, y agregó: “Los delitos de extorsión y acosos son los mismos, y la digitalización amplifica el alcance y perdemos el control”.
Y siguió: “Lo primero que debemos hacer es entender de que hablamos y
debemos poner el revés del porno-extorsión”. “Debemos ir por los tipos penales porque estos delitos no están penalizados en el Código Penal, está permitida. Conceptualicemos a donde debe ir la realidad virtual y vayamos a lo concreto”, cerró.
Por último, la diputada nacional Mónica Macha (FdT- Buenos Aires) consideró que “estamos en un momento importante con consenso entre ambas comisiones” y “avanzamos en una legislación necesaria para nuestro país por los delitos perpetuados a través de la digitalización”, añadió.
“Hay líneas de mercado sexual de fotos de mujeres sin su consentimiento y este tipo de violencia contamina la vida de las personas”, mencionó, y finalizó: “La llamamos ley Olimpia por la joven mexicana víctima de un video privado viralizado sin su consentimiento que cuando denunció le dijeron que no estaba penalizado y que se relaciona con la ley Belén, una chica que se suicidó por la violencia en las redes digitales”.
Antes de la votación, Carro y Banfi acordaron modificar el artículo 5 y agregar al inciso “o” del artículo 9 que “la información recaba por las denuncias debe ser recopiladas y sistematizada para elaborar estadísticas confiables para la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres”. Del mismo modo, mencionaron dos errores gramaticales que fueron corregidos.
Mediante el proyecto se incorpora una serie de modificaciones a la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Entre ellos, se establece como objetivo garantizar “los derechos y bienes digitales de las mujeres, así como su desenvolvimiento y permanencia en el espacio digital”. Asimismo, se deberán respetar “su dignidad, reputación e identidad en los espacios digitales”.
En el artículo 6 de la 26.485 se incorpora la modalidad de “violencia digital o telemática” definida como “toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar”.
“En especial conductas que atenten contra su integridad, dignidad, identidad, reputación, libertad, y contra el acceso, permanencia y desenvolvimiento en el ámbito digital o que impliquen la obtención, reproducción y difusión, sin consentimiento de material digital real o editado, íntimo o de desnudez, que se le atribuya a la mujer, o la reproducción en el ámbito digital de discursos de odio misóginos y patrones estereotipados sexistas o situaciones de acoso, amenaza, extorsión, control o espionaje de la actividad virtual, accesos no autorizados a dispositivos electrónicos o cuentas en línea, robo y difusión no consentida de datos personales”, agrega.
Además, se dispone que se deberá “implementar un servicio multisoporte, telefónico y digital gratuito y accesible” destinado “a dar contención, información y brindar asesoramiento” sobre la violencia digital.
Otra de las modificaciones establece que se tendrán que “promover programas de alfabetización digital, buenas prácticas en el uso de las TIC’s y la comunicación y de identificación de las violencias digitales, en las clases de Educación Sexual Integral como en el resto de los contenidos en el ámbito educativo y en la formación docente”.
Sobre los derechos que se les deberán garantizar a las mujeres en procedimientos judiciales, se incorpora el “resguardo diligente y expeditivo de la evidencia en soportes digitales por cuerpos de investigación especializados u organismos públicos correspondientes”.
Respecto a las medidas preventivas urgentes, el juez podrá “ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer, tanto en el espacio analógico como en el digital”.
También, “ordenar la prohibición de contacto del presunto agresor hacia la mujer que padece violencia por intermedio de cualquier tecnología de la información y la comunicación, aplicación de mensajería instantánea o canal de comunicación digital”.
Y tendrá la competencia para “ordenar por auto fundado, a las empresas de plataformas digitales, redes sociales, o páginas electrónicas, de manera escrita o electrónica la supresión de contenidos que constituyan un ejercicio de la violencia de género digital”.
Se realizará entre el 19 y 20 de mayo bajo el lema “Mujeres y Niñas protagonistas necesarias del desarrollo de América Latina y el Caribe”.
Bajo el lema “Mujeres y Niñas protagonistas necesarias del desarrollo de América Latina y el Caribe”, se llevará a cabo entre este viernes 19 y sábado 20 de mayo la XXXVII Sesión Ordinaria del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) centrando sus debates durante estas jornadas en el rol protagónico de mujeres y niñas en el desarrollo de la región.
La inauguración de las sesiones del órgano legislativo, con sede en Panamá, estuvo a cargo de su presidenta, la senadora argentina, Silvia Giacoppo, quien presentó un informe de gestión en el último año de la institución.
Giacoppo inició su discurso agradeciendo “a todos por estar acá, en la casa de la democracia, la casa de las leyes de América Latina y el Caribe. Es para nosotros un honor poder abrir las puertas de nuestra sede para escucharnos, compartir y afianzar la integración que es uno de nuestros principales objetivos como institución”.
La presidenta del parlamento regional destacó las iniciativas que generadas desde febrero de 2022 que asumió el cargo de presidenta, “ha sido un año y tres meses de intenso trabajo, pero que reconforta ver que todo el esfuerzo está fortaleciendo nuestra institucionalidad y nuestro rol de liderazgo en la región y el mundo. Y avanzamos con la firme convicción de que todo lo que hacemos, lo hacemos con el propósito de mejorar la calidad de vida de todos los latinoamericanos y caribeños”.
“Agradezco por ello a los demás miembros de la Mesa Directiva y en especial el del secretario ejecutivo, Elías Castillo, que nos permite materializar todas nuestras iniciativas”, señaló.
Una de las cuestiones que resaltó Giacoppo es que se ha constituido la Oficina de la Mujer “con el fin de poder integrar el enfoque de género en todos los ámbitos organizativos internos, así como en los proyectos, iniciativas y acciones de nuestra institución”.
“Estamos convencidos que la mujer es un verdadero factor de cambio y de allí el lema de nuestra Asamblea “Mujeres y niñas, protagonistas necesarias para el desarrollo de América Latina y el Caribe”, agregó.
También destacó, entre muchas otras iniciativas, la creación de la Oficina del Futuro “en alianza con las principales universidades de la región y el mundo, una iniciativa que permita pensar en clave política y parlamentaria los temas emergentes que marcarán el futuro de nuestra sociedad. O el Comité Interinstitucional Público-Privado De Lucha Y Prevención Del Crimen Transnacional Organizado, para asesorar en el diseño e implementación de normativas y políticas públicas que prevengan y combatan este flagelo, con el apoyo de nuestro aliado CRIME STOPPERS”.
Giacoppo puso énfasis en que se ha desarrollado junto a la Asociación Panameña de Debate, el Instituto Republicano y la Fundación Konrad Adenauer la iniciativa PARLATINO JOVEN “que me gratifica enormemente ya que es el acercamiento del Parlatino estudiantes a nivel escolar y universitario que representando a los países miembros” y que se ha iniciado el PARLATINO VERDE para “remarcar nuestro trabajo en pos de la electromovilidad y nuestro firme compromiso de protección del medio ambiente”.
Para finalizar, invitó a “sumarse a todos estos espacios y todos los espacios que desde Parlatino ponemos a disposición”.
La Asamblea es el máximo órgano representativo y deliberativo de la Institución y se integra por las delegaciones nacionales acreditadas. La Asamblea se reúne de manera ordinaria una vez al año en la Sede Permanente del PARLATINO.
Según explicaron desde Parlatino que históricamente, el papel de las mujeres en nuestra región ha sido limitado; en realidad muy limitado lo que ha hecho que sus condiciones de superación y desarrollo se han visto truncadas o, que sus posibilidades de mejoramiento se han tenido que ejercer con mucho mayor esfuerzo que las de los hombres.
“Las mujeres en América Latina y el Caribe soportan una carga desproporcionada de trabajo, que abarcan las responsabilidades domésticas de atención a la familia y al hogar, usualmente no remuneradas”, plantearon. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las mujeres de la región dedican el doble de tiempo que los hombres al trabajo hogareño y familiar no remunerado, lo que limita sus oportunidades de empleo remunerado y desarrollo profesional.
Un reciente informe de la CEPAL (noviembre 2022) indica que: “Un 37,8% de las mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años y un 22,5% de los hombres en el mismo rango de edad no estudian ni trabajan por una remuneración económica. Mientras que para las mujeres la razón más importante para no tener vínculo con los principales ejes de inclusión social —el mercado laboral y el sistema educativo— se vincula con la necesidad de atender responsabilidades de cuidado (51,1%), para los hombres la principal razón es la desocupación (44,8%)”.
Las mujeres en América Latina y el Caribe a menudo continúan enfrentando barreras para acceder al crédito y el financiamiento para iniciar o expandir negocios. El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) informa que las mujeres emprendedoras en la región enfrentan mayores niveles de miedo al fracaso, redes comerciales limitadas y acceso restringido al capital en comparación con los hombres.
Acerca de las brechas de género en posiciones de liderazgo, las mujeres están subrepresentadas en dichas posiciones y en roles de toma de decisiones en todos los sectores en América Latina. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informa que solo el 15% de los miembros de las juntas directivas de las empresas latinoamericanas son mujeres. De manera similar, la representación de las mujeres en el liderazgo político sigue siendo baja, se sitúa en torno al 30% (excepto en el caso de las alcaldías, que presentan una cifra inferior al 16%). Este porcentaje está muy lejos de representar apropiadamente a la mayoría de la población de la región.
En lo que respecta a la seguridad, las mujeres de la región suelen tener un acceso limitado a los sistemas de protección social, incluidos los permisos de maternidad, los servicios de guardería y los planes de pensiones. Esta falta de apoyo obstaculiza la seguridad económica de las mujeres, de los hogares y perpetúa las desigualdades de género.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) alertó que “en 2021, al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de femicidio o feminicidio en 29 países y territorios de la región, según los últimos datos oficiales informados por los países al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la CEPAL. Esto representa al menos 12 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día en la región…”.
Con respecto a la migración irregular de mujeres y niñas, según varias mediciones el número oscila entre el 40% y 50% de las personas que emigran en nuestra región. La emigración irregular puede tener impactos significativos en las mujeres y las niñas con efectos adversos en la vulnerabilidad a la explotación y el abuso. Las mujeres y las niñas que migran irregularmente pueden enfrentar un mayor riesgo de explotación, incluida la trata de personas, la violencia sexual, el trabajo forzoso, el trabajo infantil y el contrabando. La separación familiar, desafíos económicos, desafíos legales e inseguridad, riesgos a su salud, son consecuencias sociales entre muchos otras.
Es por ello por lo que, en el Parlatino estamos convencidos de que debemos reforzar nuestros esfuerzos enfocados en la promoción de normativas y políticas públicas hacia la igualdad sustantiva, la protección de los derechos y el pleno empoderamiento de las mujeres y niñas de América Latina y el Caribe.
La XXXVII Asamblea del Parlatino se presenta como una gran oportunidad para que el discurso de distinguidas mujeres líderes inspire y ayude a los más de 200 parlamentarios de la región e invitados del mundo entero que participarán, a tomar conciencia de la necesidad de abordar estos desafíos de manera inmediata y efectiva.
El acto fue encabezado por la presidenta de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y Pymes de la Cámara alta, Nora Giménez; junto a autoridades de la CAME.
“Hoy tenemos una participación efectiva de las mujeres en las Pymes del 30%, el 70% restante es el largo camino que nos queda por recorrer”, sostuvo ayer la senadora nacional Nora Giménez, presidenta de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y PyMES del Senado de la Nación, durante el acto de presentación del Indicador de la Participación de las Mujeres en las Pymes, que elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En la oportunidad, y en compañía de directivos de esa institución, distinguieron también a emprendedoras y empresarias de todo el país. La actividad tuvo lugar en el salón Emar Acosta del edificio Anexo del Senado de la Nación, adonde se acercaron más de 200 dirigentes de cámaras y federaciones empresarias, representando a todas las provincias.
La investigación, desarrollada por la comisión de Mujeres Empresarias de CAME (MECAME), reveló que en el 50,3% de la pequeñas y medianas empresas relevadas, al menos una mujer participa en la toma de decisiones, aunque con grandes diferencias entre la industria (44,4%) y el comercio (56,3%). Respecto de la participación de las mujeres en la nómina de empleados, el estudio determinó que en las industrias es de apenas el 25%; mientras que en el Comercio trepa hasta el 35%.
En cuanto a la propiedad, el 42% de las industrias relevadas identificaron al menos a una mujer como propietaria, mientras que la participación femenina alcanzó el 51% en el comercio, mostrando en ambos casos un incremento respecto al año anterior. Pero el mayor impacto surgió con la pregunta acerca de si las mujeres se sintieron alguna vez discriminadas por cuestiones de género. El 45% respondió que “Sí” en las industrias y el 35% lo sufrió en el rubro comercio.
Al reflexionar sobre estas cifras, la senadora Giménez afirmó que “los hombres tienen que estar tranquilos, porque cuando las mujeres planteamos equidad o igualdad, no estamos planteando desplazamientos, estamos proponiendo integración”. Agregó que “cuando una mujer avanza ningún hombre retrocede”, y aclaró que “esto quiere decir que las mujeres, como motor de desarrollo, buscamos, tenemos en mente, concebimos y nos comprometemos con un modelo de desarrollo integral que genere oportunidades, mejor calidad de vida, que amplíe derechos, que defienda libertades. Ese es el modelo de sociedad y de Nación al que aspiramos y por eso, en el plano de la producción, tenemos mucho para hacer”, destacó.
Luego el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González; y Laura Teruel, directora de MECAME, insistieron en la importancia de que las mujeres participen en las entidades empresarias de cada localidad. “El objetivo nuestro es visualizarlas y que cada una de ustedes ocupen lugares de decisión”, sostuvieron.
Luego de la presentación del indicador, la senadora Giménez junto con los directivos de CAME; la directora nacional de Economía, Igualdad y Género, Sol Prieto; el senador nacional de La Rioja Ricardo Guerra; y la diputada nacional por Chaco, María Luis Chomiak, entregaron los premios Mujeres Empresarias 2023 de MECAME, que reconoce a empresarias y emprendedoras de todo el país.
La ganadora de la categoría “Pequeña Empresa” resultó Beatriz Zalazar de “Sentidos Ecoparques” de la provincia de Córdoba. Como “Mediana Empresa” fue premiada Marilin Giraudo, de la firma XIMA SRL de Chaco, mientras que Eugenia Batista Lima de “Turberas Aires del Sur” de la provincia de Tierra del Fuego, fue distinguida como “Mujer Inspiradora”. Visiblemente emocionada, esta última ganadora agradeció el reconocimiento “en nombre de todas las mujeres que luchan por salir adelante, que luchan por una familia, que luchan por una empresa y que no se dan por vencidas”.
#EsConNosotras, es la consigna con la cual las cordobesas piden saldar las deudas de representación, al menos en el espacio opositor.
“Las mujeres hemos transitado un largo pero angosto camino de participación política y liderazgo en la vida pública a lo largo de las últimas décadas. La representación es aún insuficiente en todos los niveles de toma de decisiones y está muy lejos de expresar una verdadera democracia paritaria”, señalaron este domingo las mujeres de Juntos por el Cambio de la provincia de Córdoba.
A través de un documento publicado al cabo de la semana en la que se conmemoró el Día de la Mujer, ellas señalaron que “a 40 años de democracia es tiempo de saldar esas deudas de representación”.
Por ello, las mujeres de Juntos por el Cambio en Córdoba, integrantes de los partidos que conforman la coalición y de diversos puntos de nuestra provincia, afirmaron que “se necesitan más mujeres líderes y candidatas, con diferentes experiencias y sentadas en el centro de la toma de decisiones, para construir agendas que representen las demandas de toda la ciudadanía y no sólo de una parte de ella. La complejidad de los problemas que atraviesa Córdoba y el país requieren de ideas, aportes y propuestas que incluyan la voz de todas las personas. No sin mujeres”.
Agregaron que “somos parte de la fuerza productiva de Córdoba, la mitad de su población y por tanto del padrón electoral. Debemos ocupar por igual los espacios que JxC lleve en su propuesta electoral, integrando el 50% de los cargos de representación en las listas de candidatos/as que lideren el proyecto político que le devuelva a Córdoba su presente y su futuro”.
El documento concluye señalando que “nuestro objetivo es aportar a la pluralidad de voces y a la diversidad de miradas en cada una de las instituciones y ámbitos de la vida política, con la convicción de que esto redunda en la construcción de una sociedad más democrática, diversa e igualitaria”.
“El 2023 será en Córdoba, si #EsConNosotras”, cerraron el documento.
La diputada escuchó la problemática de discriminación y violencia sufrida por las mujeres en los ámbitos deportivos con la intención de generar nuevas políticas públicas para dicho sector. Además, presentó dos proyectos al respecto.
La diputada nacional Natalia Souto (Frente de Todos – Buenos Aires) se reunió este viernes con más de 50 mujeres de las comisiones de género de los clubes más importantes de la Argentina, para debatir sobre los problemas que afectan el día a día de su actividad deportiva.
Entre otros clubes, participaron San Lorenzo, Belgrano Córdoba, River, Estudiantes de la Plata, Argentinos Juniors, Huracán, Gimnasia de La Plata, Atlético Tucumán, Atlanta, All Boys, Vélez y Banfield.
En la reunión la diputada escuchó la problemática de discriminación y violencia sufrida por las mujeres en los ámbitos deportivos con la intención de generar nuevas políticas públicas para dicho sector.
En el encuentro, la legisladora manifestó: “Nos encontramos hoy reunidas mujeres representantes de más de 50 clubes deportivos para trabajar sobre el impacto de la violencia de género en el ámbito del deporte donde se encuentra totalmente naturalizada y ocultada. Hoy es el comienzo de lo que ansiamos sea un gran espacio de trabajo colectivo de donde surjan políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia de género en el deporte”.
Por su parte, Paula Ojeda, gerente de género y diversidad AFA, expresó: “Festejo este encuentro donde me cruzo con tantas compañeras para poder contar nuestras experiencias y así poder brindarles a las legisladoras lo necesario para generar leyes que tanto necesitamos para poder hacer el cambio cultural dentro de nuestros clubes por un deporte donde no haya violencia de género”.
A su vez, Lucía Barbuto, expresidenta de Banfield, sostuvo: “Vengo a aportar mi experiencia de ser 3 años presidenta de un club de futbol, que como sabemos, son lugares donde existe mucho machismo todavía. Y celebro que nos juntemos para trabajar en elaborar leyes que tanto necesitamos para que nos amparen y ayuden en nuestro trabajo cotidiano de luchar contra la violencia de género en el deporte”.
Por otro lado, la legisladora dio a conocer dos proyectos de su autoría que tienen relación directa con estos temas: el primero, de modificación de la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; incorporando al deporte como otro lugar en el que se pueda ejercer violencia contra las mujeres.
El segundo, de creación del Programa Nacional de Capacitación hacia un Deporte Inclusivo y Libre de Violencias en el ámbito de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.
A 40 años de la gesta de Malvinas, la diputada Natalia Souto presentó un proyecto para renombrar el “Anexo C” de la Cámara baja como “Anexo C Heroínas de Malvinas”.
La diputada nacional Natalia Souto (Frente de Todos – Buenos Aires) y referente de SOMOS/ Barrios de Pie, presentó un proyecto para renombrar el Anexo “C” con el nombre “Anexo C Heroínas de Malvinas”, con motivo de la conmemoración del 40° aniversario de la guerra de Malvinas y en virtud de reconocer la labor de las mujeres participantes de aquel proceso e invisibilizadas a lo largo de la historia.
“El 2 de abril de 2022 se conmemoran 40 años del inicio de la guerra de Malvinas. Es una fecha en la que todo el pueblo argentino reconoce a quienes dieron su vida luchando por recuperar las Islas, ocupadas hace casi 200 años por los ingleses, violando la soberanía argentina sobre dicho territorio”, sostuvo la legisladora.
En ese sentido, describió: “Estas mujeres se desempeñaron como enfermeras, como instrumentadoras quirúrgicas, radio operadoras y en diversas tareas logísticas. Asistieron a los heridos durante el conflicto bélico en terapia intensiva, quirófanos, terapia general, sala de quemados y de radiología; también en las trincheras lavando y vendando heridas”.
“Muchas de ellas eran quienes viajaban en helicópteros los sanitarios o alcanzaban a los soldados con pesqueros y con las redes los subían a bordo en camillas. Sus tareas las realizaron a bordo del buque argentino Irízar, otras en un símil hospital ambulante en la ciudad patagónica de Comodoro Rivadavia y otras en centros militares. Destaco además que la mayoría de ellas tenían solo entre 15 y 25 años”, manifestó la diputada del Frente de Todos.
El diputado liberal apuntó contra la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, por sus dichos sobre la violación en manada a una joven de 20 años en Palermo.
Luego de que la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, expresara sobre los responsables de la violación grupal a una joven de 20 años en Palermo que “no son monstruos, son varones socializados en esta sociedad”, el diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad – Buenos Aires) repudió sus dichos en redes sociales y propuso que “hay que cerrar los Ministerios y dejar de estafar a las mujeres con falsas promesas”.
“Son monstruos de una sociedad caníbal en la que Argentina se ha convertido. No puedo creer que alguien razone como Gómez Alcorta”, cuestionó el legislador liberal en su cuenta de Twitter y reiteró: “Propongo bala directamente para esos animales violadores hijos de… Pero también como diputado y servidor del pueblo, estoy harto que les mientan a las mujeres y les roben la plata a los contribuyentes con burocracia sin sentido. La violencia contra las mujeres no cede”.
A su vez, apuntó: “Hay Ministerio de la Mujer en Nación, en PBA, etc. y los femicidios no bajan. Solo son antros para acomodar a parientes y amigotes. De proteger a las víctimas nada”, y consideró: “Hay que cerrarlos a todos y dejar de estafar a las mujeres con falsas promesas y a los contribuyentes robados”.
Habrá 7 nuevas diputadas y una sola senadora más. En estas elecciones fue la segunda vez que se aplicó la paridad de género en las listas, pero éstas estuvieron encabezadas solo en un 35% por mujeres.
Por Melisa Jofré
Pese a que en las elecciones de este domingo se aplicó por segunda vez la Ley de Paridad, que establece el 50/50 en las candidaturas de varones y mujeres, en la nueva conformación del Congreso -de acuerdo al escrutinio provisorio- sólo ingresarán ocho legisladoras más: siete en la Cámara de Diputados y una en el Senado.
En lo que respecta a la Cámara baja, actualmente hay 109 diputadas y 148 diputados, lo que representa un 42,21% de cupo femenino. A partir del 10 de diciembre, ese número se incrementará de 116 mujeres a 141 varones, lo que significará un 45,14%, siendo igualmente la cifra más alta desde 1983, cuando la representación femenina era apenas de un 3,93%.
Este año culminan sus mandatos 53 diputadas y en la renovación entrarán 60, dentro de las cuales hay legisladoras que fueron candidatas y lograron ser reelectas.
En lo que respecta al Senado la situación es más adversa para la paridad: hoy hay 30 senadoras sobre 42 senadores, lo que es el 41,67%. Y, a partir del 10 de diciembre, ese número casi no se moverá, ya que pasarán a ser 31 senadoras y 41 senadores, que da un 43,06% de cupo femenino.
De acuerdo a los resultados de las legislativas, sólo por dos provincias ingresarán dos mujeres a la Cámara alta, dado que las listas que accedieron a la banca por la minoría estuvieron encabezadas por Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Alejandra Vigo (Córdoba).
En menos de un mes culminan sus mandatos 9 senadoras y en el recambio arribarán 10, dentro de las que Fernández Sagasti fue la única que renovó.
No obstante, al resultar electo diputado nacional, el puntano Claudio Poggi aseguró que en su reemplazo asumirá en el Senado Gabriela González Riollo. Si se da esa incorporación, pasarían a ser 32 senadoras sobre 40 senadores, un 44,44%.
El pasado 6 de noviembre se cumplieron 30 años de la aprobación de la Ley de Cupo Femenino, mientras que el próximo 23 de noviembre será el cuarto aniversario de la Ley de Paridad, que permitió abrir el proceso hacia una mayor igualdad de género en el Parlamento.
A pesar de que se cumplió con la proporcionalidad de candidaturas en las listas, al intercalar un varón y una mujer, el hecho que resultó fundamental fue quiénes encabezaron esas nóminas y, en estas elecciones, sólo un 35% tuvieron como primeras candidatas a mujeres.
De las 134 boletas que compitieron, 86 estuvieron lideradas por varones y 48 por mujeres. En las provincias donde mayor cantidad de listas lideradas por mujeres hubo fue en Tucumán, Chubut y La Pampa. Por el contrario, en Formosa y Chaco directamente no hubo listas encabezadas por mujeres.
La iniciativa obtuvo el aval de todos los bloques parlamentarios de la Cámara baja en 3 comisiones. Deroga la ley 11.317 de 1924.
“Tuvieron que pasar 100 años para que nos demos cuenta de cuantas normativas hay que modificar dentro de la ley de Contrato de Trabajo”.
Así lo consideró la diputada santafesina Patricia Mounier (Frente de Todos) y graficó la situación de lo que se debatió y consiguió el aval de todos los espacios políticos en la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara baja.
Con esta última firma, el proyecto que deroga la ley 11.317 de 1924 está listo para llegar al recinto de Diputados.
En esta misma jornada obtuvo el respaldo en las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad.
En este cambio, lo que se hace es sustituir la denominación de “infracciones y sanciones en el trabajo de mujeres y el trabajo de menores de la ley 11.317” por “infracciones y sanciones en el trabajo de personas menores de 18 años”.
También en la Ley de Contrato de Trabajo – Ley 20.744 – se realizan modificaciones sobre discriminaciones por razones de género y equidad laboral.
Todos a favor
La presidenta de la Comisión de Familia, Roxana Reyes (JxC), argumentó que esta ley es “para que las mujeres podamos avanzar, y toda la sociedad en su conjunto, es nuestro deber romper estos techos de cristal y eliminar, derogar, estas herramientas legislativas que claramente generar discriminación en el acceso de la mujer al mercado laboral”.
En tanto, la dirigente gremial y diputada santafesina señaló que “el trabajo no tiene género y por eso no hablamos ni de hombres ni de mujeres sino de personas. Aunque se aclara en el proyecto de ley de que no está permitido el trabajo en menores a 18 años”.
“Estamos reformando una ley de 1924 en la que se prohibía el trabajo pesado a las mujeres, pero también vender bebidas alcohólicas, por ejemplo”, explicó.
Y luego remató: “Tuvieron que pasar 100 años para que nos demos cuenta de cuantas normativas hay que modificar dentro de la ley de Contrato de Trabajo”.
Mounier concluyó que “es un reconocimiento y ampliación de derechos para todas las mujeres”.
Por su parte, la diputada bonaerense Silvina Lospenato (JxC) manifestó que “esta ley pone en parte del foco en el debate que todavía tenemos que dar en esta comisión y es sin dudas sobre las tareas de cuidado como parte de la incorporación de las mujeres al sector de la población económicamente activa”.
“Esta ley que vamos a sancionar quita una rémora en nuestra legislación del Trabajo que imposibilita que las mujeres ingresen a ciertos empleos porque hay sectores que utilizan esta normativa para discriminar a las mujeres en trabajos calificados anteriormente insalubres”, fundamentó.
Oficialismo y oposición en la Cámara baja coincidieron en avanzar en una iniciativa para dejar sin efecto la Ley 11.317, que rige desde 1924. Se aclara que se mantienen las prohibiciones sobre el trabajo infantil.
“Tuvieron que pasar 100 años para que nos demos cuenta de cuantas normativas hay que modificar dentro de la ley de Contrato de Trabajo”.
Así lo consideró la diputada santafesina Patricia Mounier (Frente de Todos) y graficó la situación de lo que se debatió y consiguió el aval de todos los espacios políticos en la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara baja.
Con esta última firma, el proyecto que deroga la ley 11.317 de 1924 está listo para llegar al recinto de Diputados.
En esta misma jornada obtuvo el respaldo en las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad.
En este cambio, lo que se hace es sustituir la denominación de “infracciones y sanciones en el trabajo de mujeres y el trabajo de menores de la ley 11.317” por “infracciones y sanciones en el trabajo de personas menores de 18 años”.
También en la Ley de Contrato de Trabajo – Ley 20.744 – se realizan modificaciones sobre discriminaciones por razones de género y equidad laboral.
Todos a favor
La presidenta de la Comisión de Familia, Roxana Reyes (JxC), argumentó que esta ley es “para que las mujeres podamos avanzar, y toda la sociedad en su conjunto, es nuestro deber romper estos techos de cristal y eliminar, derogar, estas herramientas legislativas que claramente generar discriminación en el acceso de la mujer al mercado laboral”.
En tanto, la dirigente gremial y diputada santafesina señaló que “el trabajo no tiene género y por eso no hablamos ni de hombres ni de mujeres sino de personas. Aunque se aclara en el proyecto de ley de que no está permitido el trabajo en menores a 18 años”.
“Estamos reformando una ley de 1924 en la que se prohibía el trabajo pesado a las mujeres, pero también vender bebidas alcohólicas, por ejemplo”, explicó.
Y luego remató: “Tuvieron que pasar 100 años para que nos demos cuenta de cuantas normativas hay que modificar dentro de la ley de Contrato de Trabajo”.
Mounier concluyó que “es un reconocimiento y ampliación de derechos para todas las mujeres”.
Por su parte, la diputada bonaerense Silvina Lospenato (JxC) manifestó que “esta ley pone en parte del foco en el debate que todavía tenemos que dar en esta comisión y es sin dudas sobre las tareas de cuidado como parte de la incorporación de las mujeres al sector de la población económicamente activa”.
“Esta ley que vamos a sancionar quita una rémora en nuestra legislación del Trabajo que imposibilita que las mujeres ingresen a ciertos empleos porque hay sectores que utilizan esta normativa para discriminar a las mujeres en trabajos calificados anteriormente insalubres”, fundamentó.
La primera comisión
La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados avanzó este lunes con el dictamen de un proyecto que deroga la Ley 11.317, que rige desde el año 1924, con el objetivo de terminar con las prohibiciones para la contratación de mujeres en ciertas actividades y promover la equidad laboral.
El texto -unificado entre iniciativas de Vanesa Siley, Lucila Masin (FdT) y Silvia Lospennato (Pro)- aclara que se deroga la norma pero sin perjuicio de la legislación posterior que se sancionó para evitar y castigar el trabajo infantil en tareas peligrosas o insalubres -el otro sector que incluía la ley centenaria, titulada como Régimen Legal del Trabajo de Niños y Mujeres.
Al comienzo de la reunión, la diputada Vanesa Siley (FdT) destacó: “Es importante que sepamos todos que estamos hablando de una ley que impide el trabajo de mujeres en diversas actividades. Una norma que tiene 28 artículos, de los cuales subsisten solo 8 porque fueron derogados a lo largo del tiempo, incluso muchos de ellos devinieron abstractos”.
“En 1924 tal vez era una ley justa, pero a lo largo del tiempo devino en una norma discriminatoria para acceder al trabajo con libertad y también para contratar con libertad”, sostuvo la presidenta de la comisión y mencionó algunas de las actividades que estaban y están prohibidas, como “destilación del alcohol y la fabricación o mezcla de licores; fabricación de colorantes tóxicos, explosivos; carga y descarga de navíos; canteras o trabajos subterráneos; maquinistas; engrasado o limpieza de maquinaria; fundición de metales”, entre otras.
La legisladora oficialista explicó que “en muchas actividades estas prohibiciones han devenido en abstracto por el solo hecho de la práctica, pero en muchísimas otras, como la industria pesada, metalmecánica, actividad portuaria o ferroviaria, todavía siguen siendo lugares a los que las mujeres todavía no pueden acceder”.
Incluso, en el sector portuario, “sigue siendo alegada esta ley para impedir la contratación de trabajadoras mujeres”. Y, en ese sentido, Siley explicó que se trata de tareas de las “mejores remuneradas”, por lo que hace a la reducción de la brecha salarial la derogación de esta norma.
“Es un tema que se viene trabajando en consenso y en una armonía muy buena entre todos los bloques”, celebró.
Por su parte, el diputado Albor Cantard (UCR), vicepresidente de la comisión, valoró la ley sancionada en su momento al comparar los diferentes contextos. “No es lo mismo los ojos con los que se la ve hoy, casi 100 años después, con los que se la vio en su sanción”, manifestó.
En esa línea, el radical dijo que si bien la modificación se debe a que la sociedad ha avanzado “en todos los temas vinculados a la cuestión de género, las condiciones laborales no eran las mismas que tenemos hoy”.
“Por más que nos falte mucho por trabajar y hacer, hemos evolucionado muchísimo en estos aspectos”, señaló y recordó que esa norma “tenía lógicamente un carácter netamente proteccionista, que tuvo un valor” para esa época.
A su turno, la diputada Silvia Lospennato (Pro) remarcó que los artículos que continúan vigentes “siguen siendo utilizados para discriminar a mujeres en algunas actividades”. “Tenemos que volver a ponernos como uno de los objetivos centrales como país la necesidad de aumentar la cantidad de mujeres en la población económicamente activa”, planteó.
La macrista detalló que durante la pandemia se profundizó la desigualdad laboral, ya que “más de 1.200 millones de mujeres dejaron de trabajar” y son las mujeres las que ocupan puestos en “sectores informales, sectores de menor remuneración y nos cuesta mucho atravesar el techo de cristal para insertarnos en los lugares dirigenciales de empleo”.
Sobre las cifras de brecha salarial, la legisladora indicó que es de un 30%, pero “eso no es comparando las mismas ocupaciones”. “Hay tareas feminizadas en el mercado laboral que son siempre las tareas de menor remuneración y menor reconocimiento”, agregó.
Durante la reunión, realizada en el Anexo “C” de la Cámara baja, la diputada Lucila Masin aseguró que “es oportuno, necesario y urgente derogar esta ley” porque con esta legislación se “acentúan la discriminación, la estigmatización y, sobre todo, la asignación de tareas en base al género que nos autopercibimos”. También convocó a debatir leyes que hagan a “mayores oportunidades” en el mercado laboral y terminen con “las asimetrías”.
La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial. Días atrás el presidente Alberto Fernández había realizado el anuncio.
A través del DNU 475/21, el Gobierno nacional estableció que las mujeres podrán sumar de uno a tres años de servicios computables para su jubilación por cada hijo, tal como lo anunció días atrás el presidente Alberto Fernández, junto a la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta.
La norma, publicada en el Boletín Oficial este lunes, modifica la Ley 24.241 -que rige el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones- de modo que “al único fin de acreditar el mínimo de servicios necesarios para el logro de la Prestación Básica Universal (PBU), las mujeres y/o personas gestantes podrán computar un año de servicio por cada hijo y/o hija que haya nacido con vida”.
Asimismo, el decreto dispone que “en caso de adopción de personas menores de edad, la mujer adoptante computará dos años de servicios por cada hijo y/o hija adoptado y/o adoptada”.
Además, se reconocerá “un año de servicio adicional por cada hijo y/o hija con discapacidad, que haya nacido con vida o haya sido adoptado y/o adoptada que sea menor de edad”.
La norma extiende el beneficio a “aquellas personas que hayan accedido a la Asignación Universal por Hijo para Protección Social por el período de, al menos, doce meses continuos o discontinuos”, quienes “podrán computar, además, otros dos años adicionales de servicio por cada hijo y/o hija que haya nacido con vida o haya sido adoptado y/o adoptada que sea menor de edad, en la medida en que por este se haya computado el tiempo previsto en el presente apartado”.
En otro artículo, que se suma a la ley de jubilaciones, se incluye el período de licencia por maternidad para el cómputo de “las prestaciones de retiro transitorio por invalidez o de la pensión por fallecimiento del afiliado o de la afiliada en actividad”.
En el DNU se aclara que los beneficios regirán “sólo para las prestaciones que se soliciten a partir de la vigencia del mismo”.
Desde ANSeS se informó que los turnos estarán disponibles a partir del 1ro. de agosto y que la atención será únicamente con turno previo, DNI y las partidas de nacimiento de las hijas y/o hijos, consignó la agencia Télam.
En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que “el reconocimiento de años de aporte por hijo y/o hija genera un efecto inmediato en las mujeres que siguen sufriendo las consecuencias de una sociedad pasada, en la que la brecha de género era aún más pronunciada que en la actualidad y que, en tal sentido, se trata de una medida del presente que puede reparar parte de las inequidades acumuladas a lo largo de 30 años”.
La diputada correntina Sofía Brambilla propone crear el organismo, que deberá ser comandado por una mujer, designada por el Congreso.
La diputada nacional Sofía Brambilla (Pro) presentó un proyecto de ley que propone la creación de una Defensoría de los Derechos de las Mujeres, para asegurar la efectiva protección de los derechos vigentes en la Constitución Nacional y los Convenios de la CEDAW y Belém do Pará.
“En un país tan grande, federal y con diferencias entre cada provincia, necesitamos un resguardo de que las necesidades de las mujeres reciban la atención que corresponde, que sea independiente de los gobiernos -para evitar condicionamientos ideológicos- y que permita revisar que ninguna institución quede en falta”, sostuvo la legisladora correntina.
La iniciativa establece que la Defensoría deberá ser un órgano unipersonal e independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, estableciendo la suficiente libertad de acción como para que los casos en los que intervenga no sean teñidos de alguna tendencia partidaria o de los gobiernos de turno, buscando darle imparcialidad a las sentencias a las que arribe.
El cargo de defensora, que sólo podrá ser ocupado por una mujer, duraría 5 años con la posibilidad de ser reelecta una sola vez; y será propuesta, designada y removida por el Congreso Nacional.
A su vez, podrá nombrar 5 adjuntos que le ayuden a potenciar su labor. Dentro de sus tareas se destaca la necesidad de un informe anual o la posibilidad de presentar un informe especial en tanto se trata de gravedad o urgencia, que deberán ser después publicados en el Boletín Oficial.
En la presentación del proyecto, la macrista reafirmó su “vocación y compromiso” con la agenda de las mujeres, espacio que lidera dentro del Pro.
“Podemos hacer lo que nos proponemos, hay que enfocarse y seguir abriendo puertas a las mujeres, este proyecto permite que las instituciones y las prácticas de poder que se desarrollan en ellas no limiten a ninguna mujer, ni el ámbito privado, ni en el público”, completó.
“Ahora que sí nos vean”, es una iniciativa que tiene la finalidad de “revertir la desigualdad y visibilizar la historia de las mujeres y personas LGBTIQ+ dentro las salas y espacios comunes de la Cámara baja”.
La Cámara de Diputados, junto a los Ministerios de Cultura, de Mujeres, Géneros y Diversidad y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, instaló el primer cuadro de una mujer dentro de la Cámara en homenaje a María Remedios del Valle, capitana del Ejército del Norte en las batallas de la independencia.
Luego de un relevamiento que hicieron las áreas de género en los edificios de la Cámara baja presidida por el diputado Sergio Massa, detectaron que los cuadros y obras de arte “representan y valoran a las masculinidades hegemónicas”.
La actividad dio inicio al proyecto “Ahora que sí nos vean” impulsado por la Dirección General de Igualdad y el Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de Diputados en articulación con la Dirección General de Cultura, la Dirección de Obras y Mantenimiento y la Oficina de Comunicación Interna.
El objetivo, según explicaron desde Diputados a través de un comunicado, es “revertir la desigualdad y visibilizar la historia de las mujeres y personas LGBTIQ+ dentro las salas y espacios comunes de la Cámara de Diputados para seguir trabajando por un espacio libre de todo tipo de violencias de género”.
El acto de este martes estuvo encabezado por Tristán Bauer, ministro de Cultura; Cecilia Merchán, secretaria de Igualdad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad; Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos; y Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres Géneros y Diversidad.
Al respecto, Bauer consideró que se trata de “un acto de reparación, justicia y celebración”.
“María Remedios del Valle fue injustamente borrada, negada y olvidada por la historia. Por eso, es hermoso lo que estamos haciendo”, remarcó el titular de Cultura.
En relación a la figura histórica conmemorada, Merchán remarcó que la “prioridad es poner en el centro de la política pública la realidad de las personas afrodescendientes y afroargentinas que hoy viven en nuestra tierra”.
También estuvieron presentes las diputadas Jimena López, Cristina Álvarez Rodríguez, Silvia Lospenato, Karina Banfi, autoridades de los ministerios y de la Cámara y referentes de la comunidad afrodescendiente.
En el marco de un nuevo aniversario por la Independencia de nuestra Nación, la primera figura reconocida es la de María Remedios del Valle, una mujer afrodescendiente que nació en 1766 en la capital del Virreinato del Río de la Plata y el General Manuel Belgrano le confirió el grado de Capitana por su protagonismo, lucha y valor en el campo de batalla.
Existen en la Cámara muchos proyectos parlamentarios que buscar resaltar y poner en valor esta figura. También, existe la Ley 26.852 que fue sancionada en 2013 e instituye el 8 de noviembre como el “Día Nacional de las/as afro argentinos/as y de la cultura afro” y conmemora a la figura de María Remedios del Valle.
El Ministerio de Cultura de la Nación cedió la imagen para que pueda quedar presente en la Sala 1 del Anexo A, un espacio clave en el debate parlamentario.
“Esta acción además de reivindicar la figura de una mujer de nuestra historia, también permite promover un mayor conocimiento de la diversidad de la herencia y los aportes de las y los afrodescendientes y de su contribución al desarrollo de nuestro país”, consignaron.
La iniciativa se aprobó en la sesión de este jueves en la Cámara alta. Prevé beneficios impositivos para las empresas y programas de capacitación. Pasa a Diputados.
En la sesión de este jueves, el Senado aprobó por 52 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones -de los senadores de Juntos por el Cambio Roberto Basualdo, Esteban Bullrich y Laura Rodríguez Machado- un proyecto de ley que tiene por objeto la promoción en la participación de mujeres, travestis y trans en el sector pesquero.
La impulsora de la iniciativa, la chubutense Nancy González (FdT), fue la única oradora y explicó los puntos de la iniciativa. Señaló que llevará aproximadamente cinco años alcanzar la totalidad de la vigencia de la ley.
La oficialista reveló que el proyecto se presentó luego de mantener un año de reuniones con distintas mujeres del sector, que “son discriminadas permanentemente por su condición de género”. “Este proyecto pretende visibilizar el rol y la presencia de las mujeres en el sector marítimo”, destacó.
Pero además, “compensarlas por la discriminación que sufren actualmente por materia de género”. Sobre ello, explicó que se les señala no responder “físicamente al trabajo que se produce en un buque pesquero”. González remarcó que hoy día la tecnología ha avanzado y “es muy distinto el trabajo que se realizaba hace muchos años”.
La legisladora apuntó que existe “un gran número de mujeres formadas para estas tareas, pero siempre son las últimas en subir a los barcos”. De acuerdo a datos de la Organización Marítima Internacional, un 2% de mujeres “están en la flota”, pero de ese porcentaje, “el 92% están en los cruceros, no están en la flota pesquera”.
Qué prevé la iniciativa
El proyecto tiene por objeto “promover y garantizar la participación, el acceso, la conservación y el progreso de las mujeres y de las personas travestis, transexuales y transgéneros en el empleo en la flota pesquera nacional”.
El texto modifica el artículo 40 de la Ley 24.922, de Régimen Federal de Pesca, referido a cómo deben estar constituidas las tripulaciones de los buques, incorporando dos incisos.
Uno de ellos indica que “como mínimo el 30% del personal de la tripulación de los buques pesqueros deberá estar constituida por mujeres”; y otro que estima que “como mínimo el 1% del personal de la tripulación de los buques pesqueros deberá estar constituida por personas travestis, transexuales y transgéneros”. Y se subraya que “bajo ningún aspecto este porcentaje será limitante de un número mayor para el acceso de las personas protegidas” por la ley.
Para acceder al Régimen de Promoción, los/as empleadores deberán acreditar haber cumplido con los porcentajes establecidos, los cuales son progresivos: 20% del cupo para el primer año de entrada en vigencia de la ley; 60% del cupo para el tercer año; y 100% para el quinto año.
Las empresas que acrediten el cumplimiento de esas metas establecidas podrán acceder a beneficios fiscales: estarán obligadas únicamente al pago del 50% de las contribuciones patronales; y podrán realizar una deducción especial en la determinación del impuesto a las Ganancias o sobre los capitales, equivalente al 70% de las retribuciones correspondientes del personal mujeres, travesti, transexual o transgénero embarcado en cada período fiscal.
La iniciativa también prevé que “el régimen de promoción es para todos los puestos y/o tareas que puedan darse dentro del buque pesquero, quedando especialmente incluidas aquellas que sean de jerarquía como capitanías”.
“Los armadores que cuenten con personal jerárquico mujeres, travesti, transexual o transgénero tendrán derecho al cómputo, a opción del contribuyente, de una deducción especial en la determinación del impuesto a las Ganancias o sobre los capitales, equivalente al 100% de las retribuciones correspondientes a ese personal”, agrega.
Además, se establece un programa de capacitación para todo el personal marítimo que deberá dictar la Prefectura Naval Argentina en articulación con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad; se prevén multas para quienes no cumplan con la norma; y se crea la Oficina de Consejería de las Mujeres y de las Diversidades en el Ámbito Marítimo, bajo la órbita del Consejo Federal Pesquero.
El proyecto, presentado por la diputada correntina Sofía Brambilla, proponen la creación de protocolos en las distintas áreas del Estado.
La diputada nacional Sofía Brambilla (Pro) presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo “un marco de protección para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política hacia las mujeres”, mediante la creación de protocolos internos en las diferentes órbitas del Estado Nacional.
La iniciativa persigue “como fin supremo la eliminación de toda discriminación de las mujeres basada en su género, y propicia el pleno ejercicio de los derechos políticos en los espacios y actividades que se desarrollen en torno a la función pública”.
En la propuesta de la presidenta del Pro Corrientes, se define por “violencia política” a “cualquier conducta que, por acción u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres; y que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos, restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia o con derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones”.
“Este proyecto nace de la necesidad de seguir trabajando en la visibilización de esta problemática tan grave, y de brindar un tratamiento, identificando las responsabilidades particulares e instaurar un procedimiento para que las mujeres accedan a denunciar cuando sus derechos son vulnerados”, señaló la legisladora macrista.
Además, la correntina enfatizó que se reclama una “mayor participación de las mujeres en política y muchas veces los obstáculos que enfrentamos en esta participación activa están vinculados directamente con situaciones de violencia”.
“Es fundamental entender que la eliminación de la violencia contra las mujeres en la vida política es condición esencial para la democracia y la gobernabilidad, no solo en Argentina sino en el resto del mundo”, finalizó Brambilla.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad se refirió a la valoración de la perspectiva de género en los concursos e informó sobre la baja cantidad de mujeres en juzgados y fiscalías.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, destacó este martes la perspectiva de género en el proyecto de reforma judicial en lo que hace a la selección de jueces y magistrados, y advirtió sobre la baja cantidad de mujeres en la administración de Justicia.
En primer lugar, Gómez Alcorta sostuvo, al exponer ante el plenario de comisiones del Senado, que “hay un diagnóstico común sobre el funcionamiento de la administración de Justicia, en particular de la Justicia Federal”, con “respuestas de baja calidad, poca independencia, poca transparencia y lentitud”, lo que deriva en “una credibilidad muy escasa en los jueces”.
A eso sumó los “vínculos promiscuos del Poder Judicial Federal de la Ciudad con los servicios de Inteligencia y el poder político”.
Al referirse al proyecto de ley, resaltó “la autolimitación del Poder Ejecutivo para el envío de las ternas una vez que llegan del Consejo de la Magistratura”, teniendo en cuenta la diversidad de géneros y la valoración de la perspectiva de género en los concursos de oposición y antecedentes.
En ese sentido, Gómez Alcorta advirtió que “los procesos de selección están fuertemente sesgados en función de género y no permiten el acceso a los cargos en igualdad de condiciones”, lo que produce como resultado que “las sentencias desconocen derechos fundamentales de las mujeres y diversidades”.
La ministra aportó cifras: informó que en los juzgados federales de todo el país, incluyendo los de la Ciudad de Buenos Aires, los titulares son en un 79% varones, y solo un 21% son mujeres.
Precisó que hay cifras similares en los tribunales orales federales y en las defensorías, mientras que en las cámaras federales la brecha es “un poco menor” y en las fiscalías es mayor, con un 79,8% de hombres y un 20,2% de mujeres.
Gómez Alcorta puso como ejemplo extremo la Cámara Federal de La Plata, donde “hay 20 jueces varones y ni una sola jueza mujer”, y agregó que en Salta “hay 11 fiscales varones y ni una sola mujer”.
“Esta información nos demuestra la existencia de barreras institucionales y culturales que dificultan la participación de mujeres en los espacios de decisión”, señaló, y definió esta situación como un “techo de cristal”.
Si bien reconoció que “no alcanza con la incorporación de mujeres” en el Poder Judicial, destacó que “es una de las herramientas” para mejorar el sistema, acompañada por la Ley Micaela y la mencionada valoración del género en los concursos.
Al finalizar, Gómez Alcorta sostuvo que “se deben transformar algunos aspectos estructurales” de la Justicia, y en ese sentido habló de superar la “cultura institucional androcéntrica”.
En una nueva reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad, diputados escucharon a activistas de la comunidad que relataron las múltiples dificultades que atraviesan.
Representantes varones del colectivo travesti/trans volvieron a reclamar por una ley de cupo laboral en la Administración Nacional, en el marco de una nueva reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, presidida por Mónica Macha (Frente de Todos).
La legisladora informó sobre la voluntad de dictaminar un proyecto consensuado sobre el tema “lo más pronto posible” y resaltó que el debate de este martes coincidió con la conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad No Binaria.
Al inicio del encuentro, Gabi Díaz Villa, del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, remarcó que la ley de inclusión laboral es “un instrumento legislativo que logrará transformar las vidas hoy vulnerabilizadas de nuestros compañeres”.
Díaz Villa advirtió que “solo el 5% de nuestro colectivo accede al trabajo formal” y agregó: “Si esta es la situación actual es porque venimos de una historia de violencia, persecución y hostigamiento, sobre todo policial, y que a lo largo de los gobiernos no se ha logrado modificar”.
Al referirse al denominado “techo de cristal”, el activista trans lo calificó como “un verdadero paredón de hormigón que nos separa del mercado laboral formal”. “Es hora de que el Estado haga este gesto real de reparación”, insistió.
A su turno, Lautaro Lucas Cruz, de Transargentinxs, sostuvo que “esto es más que tener un sueldo: significa un cambio radical de poder pensar en la conformación de una familia y en la casa propia”.
Desde ATTTA Nacional, Patricio Alejandro Salto coincidió en que esta población “no accede a los mismos derechos” que el resto, y pidió que “tengan las mismas posibilidades de tener una vida plena”. “Nuestro trabajo no es reconocido ni remunerado de la misma manera y eso también es violencia”, dijo.
En ese sentido, Salto reclamó que el debate no se acote al cupo laboral sino que se avance en una ley integral. “No queremos una ley de mínima. No somos una estadística. Somos personas”, afirmó, y propuso además que la inclusión laboral “no sea solo en el Estado, sino también en empresas privadas y cooperativas, y tener el derecho a elegir dónde queremos trabajar”.
Por otra parte, Eugenio Tabot Wright (Convocatoria Federal Travesti y Trans Argentina) manifestó: “Seguimos siendo víctimas de los códigos de faltas y contravenciones heredados de la dictadura. Todos los años perdemos a decenas de compañeres, ya sea por travesticidios, transfemicidos o por abandono del Estado. Por eso las organizaciones hablamos de un transgenocidio social que ha tenido continuidad en democracia”.
Thiago Galván, de la Liga LGBTIQ+ de las provincias, denunció que “la sociedad que no se hace eco de nuestros valores porque históricamente no le dio valor a nuestras vidas”.
“¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para elegir la vida que queremos vivir? ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para sentir que nosotres también podemos ser felices? Lohana Berkins decía que el amor que nos negaron es el impulso para cambiar el mundo. Yo les digo que dejen de negarnos amor”, expresó.
También expusieron Tomas Máscolo, periodista especializado en género y sexualidades; Alan Otto Prieto, de Capicua Diversidad; Mariano Galeano, de Red Diversa Positiva (Chaco); Anthuan Darío Aranda, del Frente Federal de Transmasculinidades por la Ley de Cupo; Santiago Nahuel Quizamas, de Varones Trans Santa Fe; y Sebastián Ignacio Medrano, del Movimiento Trans Nadie Echazú, entre otros.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad expuso en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y Mujeres y Diversidad. Sostuvo que hay que pensar al derecho penal como “como reproductor de la desigualdad”.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo este lunes que “el derecho penal está pensado y hecho por varones” y advirtió que “el sistema judicial está claramente verticalizado y con enormes rasgos machistas”, al exponer en una reunión conjunta de comisiones en la Cámara de Diputados.
La funcionaria habló por videoconferencia ante las comisiones de Legislación Penal y Mujeres y Diversidad, presididas respectivamente por Carolina Gaillard y Mónica Macha, a pocos días de que el Gobierno anunciara el Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género para los próximos dos años.
Al abrir el encuentro, Gaillard destacó el trabajo coordinado de ambas comisiones “para elaborar mejores herramientas, miradas integrales y unificar criterios”, y agregó: “Estos encuentros pusieron en evidencia la estructura binaria y heteropatriarcal con la que se piensan las leyes y sobre todo las leyes penales y desmitificaron la voluntad punitivista del feminismo”.
En el mismo sentido, Macha consideró “central” esta tarea de “poder articular estos dos mundos como son el pensamiento penal y las cuestiones que venimos militando y trabajando las mujeres, lesbianas, no binaries, travestis y trans”.
Gómez Alcorta señaló que “al momento no hay ninguna prueba de que el derecho penal previene conductas delictivas” y en ese sentido “el aumento de las penas en sí mismo no va a posibilitar un mejor abordaje” de la problemática.
Por eso, llamó a “salir de la lógica de que la creación de nuevos tipos penales va a mejorar la situación de las personas que sufren este tipo de violencia”, y pidió generar “no más penas o más delitos, sino mayores capacidades para intervenir con la especificidad que tienen estos delitos”.
De todos modos, consideró necesaria una revisión integral del Código Penal por los “parches” que sufrió a lo largo de los años.
La ministra explicó que “el derecho penal tiene un impacto diferencial en mujeres y diversidades” y advirtió que según estudios, la tasa de comisión de femicidios y travesticidios “se mantiene bastante estable en el tiempo”, con entre 200 y 300 muertes anuales.
También indicó que “la desigualdad estructural en todos los ámbitos de nuestra vida impacta en la autonomía económica, física y política de las mujeres y personas LGBT”.
Asimismo, se refirió a los “obstáculos reales para acceder a la garantía de acceso a la justicia”, no solo a la hora de contar con un abogado, sino también al momento del cumplimiento de las decisiones judiciales.
Gómez Alcorta enfatizó que “el derecho penal está pensado y hecho por varones” y que “pensar el derecho como reproductor de la desigualdad es una tarea urgente”. “El sistema judicial está claramente verticalizado y con enormes rasgos machistas”, añadió.
Por otra parte, aseguró que “hay una falta de coordinación federal en materia de delitos de violencia de género” porque “a excepción de la trata de personas, que es un delito federal, todos los otros delitos tramitan en las administraciones de Justicia provinciales” y esto además “dificulta la posibilidad de contar con estadísticas unificadas sobre estos delitos”.
En tanto, lamentó la “falta de implementación del sistema acusatorio, que puede facilitar el abordaje de muchos de estos hechos”, y por otro lado advirtió que muchas mujeres víctimas de femicidios no formularon antes la denuncia porque creen que “el Estado no las representa como un lugar de ayuda”, y pidió trabajar para revertir esa situación.
Asimismo, alertó que “cuando la Justicia se enfoca en la investigación de la vida de las mujeres que denuncian en lugar de investigar al imputado de violencia , se está desplazando la responsabilidad hacia ellas”.
La iniciativa, presentada por la oficialista Cristina Alvarez Rodríguez, apunta a “mejorar la seguridad frente a posibles situaciones de acoso por razones de género”.
La diputada nacional Cristina Alvarez Rodríguez (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley para que las mujeres, en horarios nocturnos, puedan descender de los colectivos o micros en donde les resulte más seguro, más allá de las paradas oficiales. La iniciativa busca dar a las mujeres una herramienta para prevenir situaciones de inseguridad o acoso por motivos de género.
“Con frecuencia, las usuarias que utilizan las líneas de colectivos para dirigirse a sus trabajos o para volver a sus hogares en horarios nocturnos encuentran las paradas a grandes distancias de su punto de destino. Transitar solas por calles con poca luminosidad puede generar situaciones de peligro, dentro de una sociedad patriarcal”, señaló la legisladora.
La iniciativa establece la obligación por parte de las compañías prestadoras de los servicios de transporte automotor público de carácter urbano y suburbano de jurisdicción nacional, de incorporar paradas a demanda respetando la ruta oficial, sin entorpecer la prestación del servicio, ni suponer un peligro en el tránsito, debiendo esa alternativa indicarse al conductor al subir al transporte.
En los argumentos del proyecto, la secretaria parlamentaria del FdT mencionó que “medidas como esta son utilizadas en España, en ciudades como Sevilla, Gijón, Bilbao, Granada y Vigo”.
“La implementación de esta iniciativa no requiere grandes aportes de recursos ya que se establece la creación de una parada intermedia a demanda entre dos paradas reglamentarias que permite a las mujeres descender en el punto más próximo a sus hogares”, agregó Alvarez Rodríguez.
Funcionarias y especialistas expusieron en una nueva reunión informativa de las comisiones de Legislación Penal y Mujeres de Diputados.
Las comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados llevaron a cabo este jueves la tercera reunión informativa conjunta sobre justicia penal y género, con la participación de funcionarias y especialistas en la temática.
“El Estado en sus tres poderes debe estar presente, y por ello desde el Legislativo estamos para aportar y mejorar las leyes al respecto”, dijo Carolina Gaillard, titular de la Comisión de Legislación Penal, al abrir la videoconferencia.
En tanto, Mónica Macha, de la Comisión de Mujeres, explicó que esta “línea de trabajo conjunto” apunta a “generar una legislación que tenga perspectiva de género, una mirada feminista y transfeminista”.
La abogada feminista Soledad Deza, quien llevó adelante el caso Belén, advirtió que “el derecho penal nunca ha sido un lugar habitable para nosotras ni para ninguna disidencia sexual, al contrario”, ya que se han utilizado “tipos penales para criminalizar decisiones”, como por ejemplo “utilizar la figura del homicidio para castigar abortos”.
Por eso, Deza llamó a ejercer una “crítica feminista acerca de la contradicción que supone apelar al derecho penal, que no solamente es androcéntrico en sus estructura, sino que en la práctica es un fuerte reproductor de estereotipos y subalternidad”.
Sin embargo, Gaillard aclaró que “el derecho penal no necesariamente está para aumentar penas” y que los proyectos presentados en las comisiones en realidad buscan “mejorar dispositivos y herramientas” con perspectiva de género.
Por su parte, María Luisa Storani, parlamentaria del Mercosur y exdiputada nacional de la UCR, consideró que el proceso de acceso a la Justicia muchas veces se transforma en “un campo de espinas”, y se refirió al impacto diferenciado de la pandemia del Covid-19 sobre las mujeres.
Storani indicó que a pesar de que hoy existe un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y de la inversión que se hizo en la línea 144, además de la habilitación de tres líneas de WhatsApp y denuncias por Internet, “siguen los femicidios”.
La radical informó que, según la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema “han disminuido las denuncias e incluso han disminuido las consultas, y esto da un mensaje muy fuerte, porque todas las redes de contención que había fuera de la casa están rotas por la cuarentena”.
Por otra parte, llamó a “denunciar los hospitales que no permiten el acceso a la ILE (Interrupción Legal del Embarazo)” durante el aislamiento social.
Gabriela Carpineti, directora nacional de Promoción y Fortalecimiento del Acceso a la Justicia, sostuvo que hay “dos grandes desafíos en las medidas reglamentadas sobre violencia de género y en las que estamos discutiendo en materia penal y de género: cómo reducir la sobreintervención y cómo lograr la territorialización de las políticas de género”.
En tanto, la directora ejecutiva de la Asociación de Familiares de Detenidos (ACIFaD), Andrea Casamento, señaló que “cuando hay una persona detenida en sus familias, el rol que cumplen las mujeres familiares de detenidos es muy pesado, porque nos transformamos en sostén del hogar y de la persona que está presa”.
También expusieron en la reunión Mariana Broggi, secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad de Entre Ríos, y Ana Laura Ruffini, de la Fiscalía de Delitos de Violencia Familiar y de Género de La Pampa.
Se trata del Convenio 190, adoptado en junio de 2019, sobre eliminación de la violencia de género en el mundo laboral. Fue aprobado por unanimidad.
Sin la presencia de la oposición, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados este miércoles un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo.
La iniciativa recibió 42 votos afirmativos, del bloque oficialista, dado que Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal no participaron de la votación por tratarse de un tema que, según consideraron, es ajeno a la pandemia del Covid-19.
El documento, adoptado el 21 de junio de 2019, busca prevenir y erradicar la violencia laboral, y reconoce el impacto especial de este flagelo sobre las mujeres.
“Esta es la primera convención que la OIT aprueba desde 2011. Hace nueve años que no aprobaba una”, explicó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, y añadió que el tratado “tiene una gran importancia grande porque busca que haya cero violencia en el mundo del trabajo”.
El legislador señaló que la convención “tiene que ver con todos los trabajadores, pero no solo con lo que sucede en el lugar de trabajo sino también con lo que sucede en el transporte, si es que es un transporte vinculado a la empresa”.
Además, expresó: “Todos sabemos que es en los mecanismos de selección del personal donde muchas veces comienza el acoso y la violencia contra las mujeres en el mundo del trabajo”.
El senador del Frente de Todos resaltó también que el convenio “reconoce que la violencia y el acoso en el ámbito familiar” porque “destaca en uno de sus articulados que la violencia doméstica afecta la seguridad, la salud y la productividad de la persona afectada”.
Por su parte, el titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera, indicó que “las figuras de la violencia y el acoso laboral son merecedoras de una especial atención de los Estados y la sociedad”.
“Cuando hablamos de violencia y acoso laboral no hablamos de un mero hostigamiento a la trabajadora: hablamos de un crítico fenómeno que nos lleva aparejados comportamientos y conductas que afectan directa y devastadoramente en la vida de cada víctima y de sus familiares”, sostuvo.
El pampeano aseveró que “la violencia y el acoso laboral no conocen género ni edades, impacta y socava absolutamente todo, pero es cierto que especialmente lo sufren las trabajadoras. Si revisamos el último informe estadístico del primer trimestre del 2019 de la Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral, el 62% de las personas que denuncia la violencia laboral son mujeres”.
“Ante este crítico escenario, resulta imprescindible la adopción de medidas por parte del Estado, que se deben llevar a cabo junto a los trabajadores y las empresas, que permitan desarrollar ambientes saludables”, subrayó Lovera.
También celebró la iniciativa la titular de la Banca de la Mujer, Norma Durango, quien destacó que “este es el primer instrumento internacional que aborda la violencia de género, por lo tanto es doblemente importante para las mujeres”.
“Es un nuevo consenso a nivel mundial al que llegaron los Estados, los empresarios y los organismos que representan a los trabajadores, en el que se reconoce por primera vez el derecho a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso”, explicó la integrante del Frente de Todos.
Según Durango, “se reconoce que la violencia y el acoso afecta de manera desproporcionada a las mujeres, obstaculizando su acceso al mercado del trabajo, su permanencia en el mismo y su desarrollo profesional. De acuerdo a ese informe Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral, un 86% de los trabajadores denunció violencia psicológica, un 8% violencia sexual y un 6% violencia física, en su gran mayoría por parte de los varones”.
La senadora concluyó que “para prevenir la violencia y el acoso, el convenio le pide a los Estados que adopten un enfoque integrado e inclusivo que tenga en cuenta las desigualdades de género, las discriminaciones, entre otras cuestiones. Son múltiples los obstáculos que afrontamos las mujeres en todos los ámbitos laborales, que afectan nuestro desarrollo personal, familiar y profesional”.
El convenio considera a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una “violación o abuso de los derechos humanos” incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente, enmarcando la situación dentro de los derechos fundamentales.
Asimismo, reconoce la incidencia negativa de la violencia laboral en la calidad de los servicios públicos y privados, a la vez que la considera incompatible con la promoción de empresas sostenibles, dado que afecta no solo las relaciones de trabajo, sino también la reputación de las empresas y la productividad.
Se define como “violencia y acoso” en el mundo del trabajo a “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.
También considera como un factor de riesgo a los estereotipos de género y contempla la incidencia que la violencia doméstica tiene en el empleo.
El Senado también aprobó un tratado de extradición con Rumania, que según señaló Taiana “busca, sobre todo, evitar la impunidad y atacar el delito transnacional”. “Este tratado ya fue aprobado por el Congreso rumano y está bueno que le demos aquí una media sanción, para que pronto pueda ser aprobado y entrar pronto en vigencia”, dijo.
Paralelamente, se avaló otro tratado con Brasil en el mismo sentido. “Es un país limítrofe con el que tenemos una larga tradición con los tratados. El que estaba vigente hasta ahora es de 1961 pero entró en vigencia en 1968 por la Ley 17.262. Ese tratado buscó superarse y por eso en 2010 se hizo un acuerdo cuadrilateral entre Argentina, Brasil, España y Portugal, por lo cual los cuatro países acordaron simplificar los mecanismos de extradición”, detalló Taiana.
El titular de la Comisión de Relaciones Exteriores continuó: “En enero de 2019 se firmó un nuevo tratado de extradición con Brasil, que supone una simplificación y agilización de los mecanismos para lograr la extradición”.
Según el senador, el tratado “tiene varios componentes fundamentales: uno de ellos es que eleva de uno a dos años el tiempo mínimo y máximo punible por el que se solicita la extradición; el segundo es que tiene elementos claros de protección de los derechos humanos de la persona que puede ser extraditada; y tercero, en el caso de los países contempla la posibilidad de que sea extraditado un nacional”.
Fue en la Comisión de Mujeres y Diversidad. Expusieron referentes del colectivo que denunciaron una discriminación histórica y pidieron una reparación por parte del Estado.
La Cámara de Diputados comenzó a debatir este martes sobre la inclusión laboral de travestis y personas trans, en el marco de una reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad, que preside Mónica Macha (Frente de Todos), donde participaron representantes de asociaciones civiles que luchan por un reconocimiento de este colectivo.
Al abrir la reunión virtual, que fue moderada por la periodista parlamentaria Amanda Alma, la diputada Macha destacó que “hay un compromiso” en la comisión para avanzar con un proyecto unificado sobre cupo laboral para personas trans y travestis, que “necesitan estas leyes para lograr empleo formal”.
A su vez, Vanesa Siley, titular de la Comisión de Legislación del Trabajo, sostuvo que “siempre que se combinan temas en las comisiones de Mujer y de Trabajo, estamos hablando de igualdad real de oportunidades”.
La primera en exponer fue Marcela Tobaldi, de la asociación La Rosa Naranja, quien se refirió a la difícil situación que deben atravesar durante la pandemia los travestis y personas trans, cuyo promedio de vida no supera los 40 años.
“En estas épocas donde no se puede ejercer el sistema prostituyente, todas las personas trans y travestis tienen que estar aisladas en un cuarto de hotel, casi siempre pobre, en los barrios más vulnerables de la Ciudad”, lamentó Tobaldi.
Y agregó: “Esta situación ha dejado al desnudo uno de los sectores más destruidos de nuestra sociedad. Entonces nos preguntamos cómo queremos vivir nuestra democracia: con derechos. ¿Y quiénes son los responsables de que la democracia sostenga los derechos humanos necesarios? Es la política”.
La integrante de La Rosa Naranja sostuvo que “fueron muchos años de reclamar y no tener resultados” y habló de una “discriminación histórica y estructural del Estado, no solo en Argentina, sino en todo el mundo occidental capitalista” que “siempre tuvo arrodillados” a los travestis y trans “a expensas de la prostitución, porque esas son las fantasías del hombre capitalista”.
También participó de la reunión Say Sacayán, referente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación y hermana de Diana Sacayán, la activista asesinada en octubre de 2015 en un crimen calificado por el colectivo como “travesticidio”.
Say Sacayán señaló que la demanda de la inclusión laboral “ya tiene muchos años” y que “nació a partir de la experiencia del trabajo territorial”, donde su hermana Diana fue una referente.
“(Diana) fue una de las militantes que más aportes hizo a nuestra comunidad, y ha dejado la vida en la lucha”, destacó Say, al recordar que “un mes antes de su asesinato fue aprobada la ley de cupo travesti/trans en la provincia de Buenos Aires”.
“El acceso al mercado laboral es algo que a veces no podemos ni imaginar”, confesó, y explicó que lo que se busca es implementar un cupo del 1% en la planta del Estado Nacional, “una medida mínima y paliativa para el nivel de desamparo en que nos encontramos”.
En tanto, Daniela Candelaria Sajama (ATTTA Córdoba) consideró “necesario que haya una ley y que también hayan herramientas territoriales para trabajar estas leyes” y que éstas no se transformen en “letra muerta”.
“Distintas organizaciones hemos puesto nuestro granito de arena para esta ley. Mi deseo es que haya un debate serio y voluntad política”, manifestó Sajama, al advertir que “siempre este tema avanza hasta cierto punto y después retrocede”.
Desde la Federación Argentina LGBT, Ornella Infante destacó que “hoy tenemos la posibilidad histórica de exteriorizar y dejar plasmadas las necesidades que tenemos, aprovechando el contexto histórico en el que nos encontramos, donde nuevamente tenemos un gobierno popular”.
“No es casual que en un gobierno peronista, nacional, popular, inclusivo, feminista y diverso se den estos debates, que lamentablemente quedaron de lado en la gestión del presidente (Mauricio) Macri, donde decían que los Derechos Humanos eran un curro”, aseveró.
Marcela Romero, directora de Casa Trans) y expresidenta de la Federación Argentina LGBT, consideró que “hay que ir por algo más abarcativo, una ley integral trans donde se trabaje con todas las generaciones de personas trans y donde ninguno quede afuera”.
También disertaron en la reunión informativa Victoria Castro (100% Diversidad y derechos de Tierra del Fuego), Paula Arraigada (asesora trans en la Cámara de Diputados), Karin Tuma (Identidades Trans, Travestis, Intersex y No Binaries LGBTIQ) y Claudia Vázquez Haro (Convocatoria Federal Trans y Travesti de Argentina), entre otras.
El dato, que corresponde a la línea 144, fue aportado por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, en una reunión informativa de comisión.
Por Carolina Ramos
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, informó este lunes que entre el 20 de marzo y el 20 de abril “aumentó un 40%” la cantidad de llamados telefónicos a la línea 144 por motivo de violencia género, con un promedio de 334 consultas diarias.
Gómez Alcorta brindó esos datos durante una reunión informativa virtual de la Comisión de Mujeres y Diversidad, que preside Mónica Macha (Frente de Todos).
La funcionaria explicó que la línea 144 “no es una línea de denuncia” sino que busca orientar y asesorar a las víctimas, y a la vez realizar un seguimiento de los casos.
A diferencia del aumento en estas consultas, las denuncias por violencia de género -es decir aquellas que requieren intervención policial y del Poder Judicial- “bajaron en todo el país”, aunque “eso no indica que haya menos situaciones de violencia”, aclaró Gómez Alcorta.
En ese sentido, apuntó que más allá de los relevamientos realizados por observatorios de medios, “el único registro de información oficial nacional que tiene la Argentina es el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia, que nació en 2015 a raíz del primer Ni Una Menos”.
La ministra advirtió que el fenómeno de los femicidios “es persistente y se mantiene con guarismos muy similares a través de los años”, por lo que los datos “son casi idénticos a los del año pasado en la misma época”.
“Este fenómeno no baja porque el ámbito, el lugar y las condiciones para que se cometan los femicidios siguen igual o se empeoran en el marco de la emergencia”, observó Gómez Alcorta, y reconocidó: “No logramos bajar la tasa de femicidios”.
También señaló que “el 80% de las mujeres víctimas de femicidios nunca acudieron al Poder Judicial”, lo cual deja entrever que “muchas veces ni siquiera confiamos en el Estado” para solicitar protección.
En cuanto al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, detalló que la nómina de empleados es de 386 y recordó que, dado que actualmente rige una prórroga del Presupuesto anterior y que en 2019 no existía esta cartera, se le otorgó inicialmente el mismo monto que tenía asignado el INAM (Instituto Nacional de la Mujer), que es de 273 millones de pesos, que luego se duplicaron.
Al principio de su exposición, Gómez Alcorta señaló que, cuando se declaró la pandemia, desde su Ministerio se pidió considerar como “esencial” el trabajo de esta línea 144 para que pudiera “seguir funcionando”, ya que en el marco del aislamiento social “los hogares son un lugar inseguro para muchas mujeres”.
“En un momento donde los dispositivos presenciales iban a ser reducidos, los dispositivos que no requieren presencia no solo debían ser reguardados, sino potenciados”, consideró Gómez Alcorta.
Asimismo, se habilitaron nuevos canales de consulta, como un correo electrónico y tres números para ingresos de consultas vía WhatsApp, a lo que se sumó un spot publicitario de difusión de la línea 144.
Gómez Alcorta también apuntó que su Ministerio “decidió incorporar 20 operadores más a la línea”, llegando a más de 136 en total, y además incorporaron cuatro personas como “data entry” para poder sistematizar mejor los casos.
En ese marco, informó Gómez Alcorta, las consultas por violencia de género aumentaron en promedio un 40% entre el 20 de marzo y el 20 de abril, en relación al mes previo a la emergencia.
La ministra precisó que el promedio fue de 334 consultas diarias, y agregó que el 97% corresponden a violencia doméstica.
Asimismo, “casi la totalidad de las consultas estaban vinculadas a violencia psicológica”, mientras que otro tanto fueron por violencia física y, en menor medida, por violencia económica.
En tanto, el 48% de los llamados fueron por situaciones donde el agresor era la expareja de la denunciante, mientras que el 44% correspondían a la actual pareja.
En otro pasaje de su exposición, informó que se ordenó que ninguno de los trabajadores de la línea 144 viajen en transporte público durante la emergencia sanitaria, para lo cual se pusieron a disposición “los pocos autos disponibles”.
Por otra parte, Gómez Alcorta aclaró que la iniciativa del barbijo rojo “no fue pensada en una clave secreta, sino con la idea de que cualquier mujer pudiera, en la farmacia, encontrar ahí un lugar donde poder pedir ayuda”.
En ese sentido, aclaró que, según el protocolo implementado, “el único rol que tiene el farmacéutico es llamar al 144 o al 911” o en algunos casos, como se verificó, “prestar el teléfono” a la mujer que lo requería.
En el plano judicial, puntualizó que “hoy por hoy todas las provincias salvo Corrientes prorrogaron automáticamente las medidas cautelares”, algunas por 30 días, otras por 60 y otras por 90.
También indicó que provincias como Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Formosa, Salta, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires implementaron “medidas vinculadas a la posibilidad de denuncias virtuales, por mail, por distintas apps, por WhatsApp, intentando achicar la distancia que existe entre aquella persona que está requiriendo la protección de derechos y quienes tienen la obligación de darlos”.
En cuanto a los refugios y hogares para mujeres en situación de violencia, destacó la tarea de articulación con siete sindicatos que pusieron sus hoteles a disposición, así como el trabajo conjunto con el Ministerio de Turismo para garantizar que haya sitios disponibles, aunque aclaró que “hasta hoy no utilizaron esos recursos”.
Las empleadas domésticas representan el 25% de los puestos de trabajo no registrado, los más golpeados por la emergencia sanitaria. El análisis es de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Por Carolina Ramos
Los efectos económicos de la pandemia del Covid-19 en nuestro país ya pueden palparse, con una caída evidente de todas las variables. Pero en el marco de este derrumbe de la actividad, hay un indicador solapado que también golpea con fuerza: la emergencia sanitaria por el coronavirus profundiza la desigualdad económica de género.
Como en toda crisis, el impacto es distinto en hombres y mujeres, en función de la posición diferenciada que ocupan. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) se propuso analizar esa arista de la pandemia y concluyó que serán las mujeres las más afectadas como consecuencia de la caída del sector informal, el más expuesto a la pérdida de empleo y de ingresos.
Efectos Económicos de La Cr… by Parlamentario on Scribd
Según este documento, basado en estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC del tercer trimestre de 2019, el servicio doméstico concentra alrededor de 1,7 millones de puestos de trabajo, una cifra similar a la de la construcción. Las trabajadoras de casas particulares representan nada menos que el 25% de los puestos de trabajo no registrado.
Es por eso que la caída en la actividad de este sector, producto de las medidas de distanciamiento social, aqueja de manera directa a las mujeres: casi el 17% de la mano de obra femenina se emplea en el servicio doméstico, uno de los principales rubros, junto con el comercio. En conjunto, estas dos ramas concentran más de un tercio de las mujeres ocupadas.
En el caso del personal de casas particulares, el 76% son trabajadoras informales, y además casi el 42% son jefas de hogar -es decir, sus ingresos son el principal sustento económico de la familia-. De esas mujeres, cerca de la mitad son madres.
“La pandemia impacta más en las mujeres en términos económicos porque hay una mayor proporción de mujeres con trabajos informales en relación a los varones. Eso ya da una diferencia”, reconoció la diputada Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad.
En diálogo con parlamentario.com, la legisladora del Frente de Todos agregó que “hay un porcentaje importante de mujeres cuya tarea está vinculada al trabajo en casas particulares, y aun teniendo sindicato y teniendo leyes que las protegen y las resguardan, hay una situación de mucha hipocresía en nuestra sociedad, que es que no todas están formalizadas como corresponde”.
“Hay muchísimas compañeras en un contexto de trabajo informal y precario que hoy en este contexto de aislamiento tienen que estar en sus casas, y no tienen cómo sostener esa circunstancia en términos económicos porque muchos de esos empleadores han dejado de cubrir ese salario”, advirtió.
Por eso, para Macha, “este es un punto que la pandemia deja al descubierto: cuánto impacta la precariedad laboral en las tareas de cuidado y en el ámbito doméstico”.
La OPC precisó en su informe que el 95% de las empleadas de casas particulares están en condiciones de acceder al “Ingreso Familiar de Emergencia”, el bono de 10.000 pesos establecido en el decreto 310/20 del Poder Ejecutivo para atender al sector de la economía informal en el marco de la emergencia sanitaria.
De esto se desprende que hay un 5% de mujeres que no están en condiciones de solicitar el IFE; el dato allí es que de ese total, casi el 90% no podrá cobrar el bono porque cumple el requisito de la edad, por ser mayores de 65 años, y de ellas, más de la mitad -el 67%- son jefas de hogar.
Si bien la OPC señala que la Ley 26.488 de Régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares “significó un importante avance” en esta materia, “continuar avanzando en la formalización del sector del servicio doméstico garantizaría mejores condiciones laborales y acceso a la protección social para la trabajadora y su familia”.
