El objetivo central de esta Mesa es “generar un trabajo conjunto acerca de las distintas temáticas que hacen a la diversidad”.
Buscando el resguardo de la pluralidad de identidades, que enriquece a las sociedades, se presentó la Mesa de Juntos por el Cambio Diversidad que reúne al Pro Diversidad, Unión Cívica Radical Diversidad y al Movimiento Social Entrerriano (MSE). El encuentro de los distintos representantes se dio en Paraná, en el Comité Provincial de la UCR.
La oportunidad también fue propicia para trabajar sobre un proyecto de ley que pretende instituir en el ámbito educativo una “Jornada contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género”, iniciativa que será puesta a consideración de los representantes de la Cámara baja entrerriana en las próximas semanas.
El objetivo central de esta Mesa es el de generar un trabajo conjunto acerca de las distintas temáticas que hacen a la Diversidad y quedó integrada por 5 representantes: Matías Gabriel Ferreyra (presidente de UCR Diversidad Provincial), Claribel García (Secretaria General de UCR Diversidad Provincial); Gabriel Emmanuel Leguizamón (Vocal del Pro Diversidad Entre Ríos), Mauricio Páez Tortual (Pro Paraná); y Angélica Altamirano (Concejal de Colonia Avellaneda y representante del Movimiento Social Entrerriano).
“La iniciativa legislativa sobre la que se trabajó en la jornada busca dar solución al problema de la discriminación, considerando especialmente el ámbito escolar. Los objetivos centrales son: promover el respeto de la diversidad sexual, concientizar sobre la no discriminación de ningún tipo, atender y orientar las dudas de los y las estudiantes respecto a las diversidades sexuales y trabajar y solucionar aquellos problemas que surjan sobre esta temática en los establecimientos educativos, ya que muchas veces son causa de deserción”, contaron.
En instancias de la presentación de la Mesa de Juntos por el Cambio Diversidad, Matías Ferreyra versó sobre sus fundamentos y declaró que “éste es un espacio que busca visibilizar que la diversidad es una realidad que nos atraviesa e interpela a todos. Creemos que son necesarias políticas públicas que no usen a la comunidad LGBTQ+ como un trofeo o bandera, sino que sean de verdadera inclusión. Quienes pertenecemos a la Mesa queremos cambiar la realidad que nos rodea, hacia el seno de nuestros partidos y también hacia afuera, para poder vivir en una sociedad que viva con respeto, de inclusión y equidad”.
Por su parte, Claribel García consideró importante destacar que “tenemos muchos desafíos por delante, pero sobre todo el de construir desde la intersectorialidad con todos los partidos políticos, las organizaciones y movimientos sociales. Mujeres, jóvenes, diversidades y discapacidades históricamente han quedado por fuera de la agenda política; hoy es momento de atrevernos a ser protagonistas del presente, porque es la única forma de construir un futuro distinto y salir del ostracismo”.
“La escucha, el diálogo y el consenso son los pilares desde los que estamos seguros que podremos dar más y mejores respuestas a la sociedad”, expresó Emmanuel Leguizamón, al tiempo que comentó que “con la conformación de esta Mesa no sólo buscamos comenzar a discutir y brindar respuestas a la sociedad en torno a la diversidad, sino también fortalecer nuestro espacio de coalición -JxC Entre Ríos-, trabajando desde una mirada positiva y propositiva.
Por su parte, Mauricio Páez destacó: “Sueño con una juventud inclusiva, sin prejuicios y libre de homofobia, pero para ello necesitamos una juventud más interesada y que participe activamente de la vida política y tenga un gran compromiso por el desarrollo de la sociedad”,
“Buscando este objetivo me planteo ser la conexión entre esta Mesa de trabajo y los niños, niñas y jóvenes excluidas; quiero llevarles el mensaje de que podemos cambiar, que se puede y merecemos vivir mejor y que la política bien entendida es una gran herramienta para la evolución y la conciencia social”, agregó.
También tomó la palabra Angelica Altamirano, representante del Movimiento Social Entrerriano, quien manifestó que “necesitamos reconocer la diversidad como un valor positivo, promoviendo políticas públicas para una infancia, adolescencia y adultez libres, rompiendo estereotipos. Es nuestro deber aportar a la reflexión social para que no se oculte la diversidad en sus múltiples formas, expresiones y prácticas. Nuestra tarea será fundamental en la promoción de herramientas de participación política, fundamentalmente con una mirada de género”.
En el lanzamiento se hicieron presentes autoridades nacionales partidarias de la UCR, como Nicolás Giri, presidente de la UCR Diversidad Nacional; y autoridades provinciales: Flavia Pamberger (vice intendente de Ramírez y vicepresidente del comité provincial de la UCR), Valentina Gotte (vicepresidente del Pro Provincial), Silvia Campos (presidente del Pro Paraná), Cinthya Cabrol (presidente del Congreso del MSE), Nicolás Marote (representando la JR), Bruno Hernández (presidente de la JR Paraná),así como también acompañaron legisladores, Esteban Vitor (presidente del bloque Pro) y Eduardo Solari (diputado provincial), y Walter Rolandelli (concejal de la ciudad de Paraná UCR).
Las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Legislación del Trabajo de Diputados avalaron la iniciativa que establece la incorporación del 1% del personal en el sector público y promueve incentivos para el sector privado.
Tras varios años de reclamo por parte de las organizaciones LGBTIQ, el proyecto de ley para establecer un cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgéneros obtuvo dictamen este jueves durante un plenario de las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, que culminó con aplausos.
La iniciativa logró un amplio acompañamiento, aunque fue firmado con disidencias parciales por los diputados radicales Albor Cantard, Soledad Carrizo, Fabio Quetglas, Dolores Martínez y Estela Regidor; la macrista Natalia Villa; y la legisladora de la izquierda Romina Del Plá.
En tanto, Mario Arce, Estela Regidor (UCR); Alicia Terada, Mónica Frade (CC-ARI); y Alejandro García (Pro) se abstuvieron en la votación, realizada a viva voz en el final del encuentro.
En primer término, la titular de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha (FdT), destacó que el dictamen es “producto de un trabajo muy intenso” que reunió aspectos de “15 proyectos presentados”. Asimismo, avisó que la iniciativa es “el primer punto” de un “paquete de leyes” de la agenda en pos de ampliar derechos para el colectivo trans.
La bonaerense remarcó que “la incorporación al ámbito laboral formal” es fundamental para que muchos puedan “dejar de lado la prostitución como actividad de sobrevivencia”. Además, valoró la militancia de las organizaciones de la diversidad y reconoció las figuras de Diana Sacayán y Lohana Berkins.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley (FdT), señaló que “el puntapié a este avance no se puede negar que lo ha dado el Poder Ejecutivo y también el Senado”, al tiempo que agradeció a sus “compañeras que han luchado para que esto se concrete”. Agregó que “sin dudas para que este derecho se convierta en una realidad efectiva es fundamental el rol de las organizaciones sindicales”, y aseguró que los gremios “se deben este debate” de incorporación de personas trans y travestis.
A su turno, el santafesino Albor Cantard (UCR) lamentó que la Comisión de Legislación del Trabajo no haya tenido la oportunidad de debatir el proyecto, ya que esta fue la única reunión conjunta, más allá de las varias reuniones informativas que llevó a cabo la Comisión de Mujeres y Diversidad.
En ese sentido, el legislador expresó que hubiera sido bueno discutir sobre “qué se entiende por antecedentes penales relevantes o no; si las personas que han cometido delitos contra la administración pública entran a la ley o no; si está bien el 1% para el cupo o el 0,5% era suficiente”, entre otros aspectos.
En consonancia con su par de Juntos por el Cambio, el porteño Alejandro García (Pro) consideró que la iniciativa “toca un montón de puntos que hace ni más ni menos que a la competencia específica de nuestra comisión”. “No entiendo ninguna explicación razonable para que este proyecto no haya sido debatido una sola vez en la comisión que usted preside y que yo integro”, le reclamó a Vanesa Siley.
El legislador apuntó que “no son temas menores” las reformas previstas a la Ley de Empleo Público e insistió que “hay muchas materias en las que se podría haber mejorado la redacción”. “No lo podemos acompañar responsablemente”, completó.
Siley le respondió que receptaba la crítica y la iba a tener en cuenta para “la próxima oportunidad”, pero argumentó que “las reuniones informativas son públicas”, además de que mientras se realizaban en la Comisión de Mujeres y Diversidad “nosotros estábamos abocándonos a discusiones de la Ley de Teletrabajo y la ratificación del Convenio 190 OIT”.
“Cuando las luchas son largas y llevan muchos años, el momento de conquistar derechos también se analiza en la oportunidad, mérito y conveniencia, y había un impulso muy grande a raíz del avance del Poder Ejecutivo y el Senado”, justificó la oficialista.
Durante el debate, la diputada Flavia Morales (Frente de la Concordia Misionero) opinó que con el proyecto se está “sanando un poquito en todo lo que se vieron limitados (los miembros del colectivo) y totalmente excluidos, tanto al trabajo, la salud y la educación”.
La misionera pidió no hablar de cupo, sino de “inclusión”, porque “con esta legislación estamos tratando de dignificar”. También llamó a “acompañar la lucha en el día después de la sanción de la ley” para “que se cumpla en cada una de las provincias”.
“Rescato los pedidos que han hecho los compañeros de nuestro interbloque, en torno a que hubiera facilitado el proceso de debate las informativas conjuntas; pero también quiero decir que esto tiene una larga historia en nuestra Cámara, que se remonta mucho más allá de 2016”, dijo Brenda Austin (UCR).
La cordobesa añadió que “las condiciones de la Cámara están dadas para que avancemos con una ley integral”. “Nos debemos una reparación mucho más profunda”, continuó y, en esa línea, se refirió a la niñez trans, de modo de “buscar respuestas y soluciones para todo el proceso” de la vida.
Avanzada la discusión, la diputada Romina Del Plá (FIT) propuso una serie de modificaciones, entre ellas que la ley sea de orden público y de aplicación inmediata -ya que se prevé su entrada en vigencia 60 días después de su aprobación-, al tiempo de rechazar los incentivos para el sector privado. “A las patronales no hay que subsidiarlas más”, aseveró.
Desde el oficialismo, el legislador Facundo Moyano (FdT) ratificó su aval a la iniciativa, pero también enumeró varias propuestas de cambios al texto -antes de su llegada al recinto- para “estar sólidos en el argumento político y legislativo”. “Tenemos que tratar de mejorar el proyecto en cuanto a la técnica legislativa”, subrayó, entre ellos “ser específicos en los antecedentes penales”, algo planteado por Cantard y García.
El jefe del bloque CC-ARI, Maximiliano Ferraro, enfatizó que la iniciativa es para beneficiar a “una población que sinceramente no es un sector vulnerable, sino un sector que ha sido vulnerado en su derecho a ser, en su libertad y en su vida”. “Es una ley que reconoce y amplía derechos”, ponderó, además de manifestar que “tiene que ver como un acto reparatorio por parte del Estado”.
Finalmente, la cordobesa Gabriela Estévez (FdT) resaltó que esto es parte de “una lucha que se viene dando desde hace tanto años” y “una deuda pendiente enorme que tiene el Estado”. La oficialista sostuvo que el proyecto tiene “una enorme legitimidad”, al contar con “el respaldo de 200 organizaciones” de todo el país.
La iniciativa permite que las personas del colectivo trans “puedan comenzar a tomar decisiones y desarrollar su propio proyecto de vida”, destacó la legisladora, y celebró: “No creo que sea una casualidad que se trate hoy, que se conmemora el 125° aniversario del nacimiento de Juan Domingo Perón”.
Puntos centrales del proyecto
El proyecto de ley tiene por objeto “establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina”.
Se establece que “el Estado Nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, deben ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.
La iniciativa indica que los organismos tendrán que “establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero” y “asimismo, reservar las vacantes que se produzcan en los puestos correspondientes a los agentes que hayan ingresado” bajo el régimen de esta ley. No obstante, aclara que el cumplimiento de la norma “en ningún caso debe implicar el cese de las relaciones laborales existentes al momento de su sanción”.
Al igual que había dispuesto el Ejecutivo el pasado 4 de septiembre, el proyecto prevé que “el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo”. En caso que los aspirantes no hayan completado sus estudios, se les “permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos requeridos y finalizarlos”, para lo cual la autoridad de aplicación deberá garantizar el acceso.
Algo no contemplado por el decreto 721/20 pero que sí incorpora la iniciativa legislativa es que “los antecedentes penales de las/os postulantes, que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo”.
“Toda persona travesti, transexual o transgénero tiene derecho al trabajo formal digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género y/o su expresión”, agrega el artículo 7.
Por otra parte, se establece que tendrán prioridad en las contrataciones del Estado aquellas empresas que cumplan con el cupo trans; en tanto se estipulan incentivos para el sector privado, tales como que “las contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales”.
Dicho beneficio tendrá la duración de un año y, en el caso de micro, pequeñas y medianas empresas el plazo se extenderá a dos años. En tanto, el Banco de la Nación promoverá “líneas de crédito con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, individuales o asociativos, destinados específicamente a personas solicitantes travestis, transexuales y transgénero”.
El proyecto contempla la creación del Registro Único de Aspirantes y, por otro lado, de una Unidad de Coordinación interministerial para garantizar la implementación integral y coordinada de la norma.
“El incumplimiento total o parcial de la ley por parte de las funcionarias y los funcionarios públicos responsables, constituye mal desempeño en sus funciones o falta grave, según corresponda”, agrega.
Además de invitar a adherir a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, también se invita a adoptar la norma a las Universidades Públicas.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad se refirió a la valoración de la perspectiva de género en los concursos e informó sobre la baja cantidad de mujeres en juzgados y fiscalías.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, destacó este martes la perspectiva de género en el proyecto de reforma judicial en lo que hace a la selección de jueces y magistrados, y advirtió sobre la baja cantidad de mujeres en la administración de Justicia.
En primer lugar, Gómez Alcorta sostuvo, al exponer ante el plenario de comisiones del Senado, que “hay un diagnóstico común sobre el funcionamiento de la administración de Justicia, en particular de la Justicia Federal”, con “respuestas de baja calidad, poca independencia, poca transparencia y lentitud”, lo que deriva en “una credibilidad muy escasa en los jueces”.
A eso sumó los “vínculos promiscuos del Poder Judicial Federal de la Ciudad con los servicios de Inteligencia y el poder político”.
Al referirse al proyecto de ley, resaltó “la autolimitación del Poder Ejecutivo para el envío de las ternas una vez que llegan del Consejo de la Magistratura”, teniendo en cuenta la diversidad de géneros y la valoración de la perspectiva de género en los concursos de oposición y antecedentes.
En ese sentido, Gómez Alcorta advirtió que “los procesos de selección están fuertemente sesgados en función de género y no permiten el acceso a los cargos en igualdad de condiciones”, lo que produce como resultado que “las sentencias desconocen derechos fundamentales de las mujeres y diversidades”.
La ministra aportó cifras: informó que en los juzgados federales de todo el país, incluyendo los de la Ciudad de Buenos Aires, los titulares son en un 79% varones, y solo un 21% son mujeres.
Precisó que hay cifras similares en los tribunales orales federales y en las defensorías, mientras que en las cámaras federales la brecha es “un poco menor” y en las fiscalías es mayor, con un 79,8% de hombres y un 20,2% de mujeres.
Gómez Alcorta puso como ejemplo extremo la Cámara Federal de La Plata, donde “hay 20 jueces varones y ni una sola jueza mujer”, y agregó que en Salta “hay 11 fiscales varones y ni una sola mujer”.
“Esta información nos demuestra la existencia de barreras institucionales y culturales que dificultan la participación de mujeres en los espacios de decisión”, señaló, y definió esta situación como un “techo de cristal”.
Si bien reconoció que “no alcanza con la incorporación de mujeres” en el Poder Judicial, destacó que “es una de las herramientas” para mejorar el sistema, acompañada por la Ley Micaela y la mencionada valoración del género en los concursos.
Al finalizar, Gómez Alcorta sostuvo que “se deben transformar algunos aspectos estructurales” de la Justicia, y en ese sentido habló de superar la “cultura institucional androcéntrica”.
Esa fue una de las definiciones que surgieron a lo largo de un debate virtual realizado por el oficialismo en el marco de los 10 años del Matrimonio Igualitario.
Al cumplirse el décimo aniversario de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, se llevó a cabo un encuentro virtual organizado por IgualAr, en el que participó Carmela Moreau, asesora de la Jefatura de Gabinete nacional y dirigente del partido, junto a referentes del colectivo LGTBI+. Durante la conversación se tocaron temas relativos a los derechos de las diversidades y disidencias.
Abrió el encuentro Carmela Moreau diciendo que “para nosotros es muy importante en todos los aspectos de la vida social terminar con la hipocresía, porque nos hace mucho daño. Es el caso del trabajo sexual y del aborto, es decir, de realidades que pretenden invisibilizarse. En cuanto no afectemos a nadie, tenemos que vivir con plena libertad y el Estado debe estar ahí para legislar. Por eso celebro y estoy muy contenta en este aniversario”.
En este sentido, propuso que “tenemos que apuntar a que todas las políticas e instituciones tengan una mirada de género y de diversidad: en las escuelas, en los clubes, en el estado mismo, para terminar con la discriminación y la desigualdad” y agregó: “La libertad primero tiene que ser libertad económica, sino no la hay del todo. A veces se cae en un feminismo de clase política, pero yo siempre digo que tenemos que hacer un feminismo popular, que tenga en cuenta la diferencia de clase y económica”.
Concluyó aclarando que “estamos construyendo un partido político nacional que tiene muy presente esta situación. Pueden contar con nuestro espacio para acompañarlos con las medidas que fueran necesarias para garantizar el respeto a la diversidad. Tenemos que ver, también, cómo implementar estos cambios en todo el territorio nacional para que tenga una lógica verdaderamente federal. Voy a promover una iniciativa para hacer del Congreso de la Nación un espacio que cumpla la Ley de Cupo Trans”.
Silvia Augsburger, coautora de la Ley de Matrimonio Igualitario, dijo: “Somos una sociedad mucho mejor de la que éramos hace 10 años. Cada uno de nosotros somos mejores personas. Esta ley nos dio la posibilidad de reflexionar sobre nuestras propias acciones. Las parejas homosexuales existían antes de la ley, eran una realidad que el Estado pasó a reconocer y a conceder derechos”.
A su vez, Leonardo Grosso, diputado nacional por el Frente de Todos, sostuvo que “hay que aprovechar estos 10 años de matrimonio para celebrar y poner en valor esa organización que permitió la sanción de la ley. Y recordar que siempre estos derechos se terminan conquistando con gobiernos populares”.
Carolina Padelacq, concejala del partido de General San Martín se preocupó por “poder complejizar un poco la agenda feminista y de diversidad. Hoy tenemos legislación, pero falta para hacer que estos derechos sean efectivos y palpables en toda la sociedad”.
Para concluir, Ximena Martínez, psicóloga feminista aportó: “Estas luchas por el reconocimiento y la igualdad las podemos llevar a cabo nosotros que no tenemos que pensar en la supervivencia inmediata. Hay gente que no puede pensar en esto, porque tienen que pensar en comer; y esto es profundamente desigual”.
Fue la manera del Poder Legislativo de recordar los 10 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario en argentina, que se cumplen este 15 de julio.
Al cumplirse 10 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario en el país, el Parlamento nacional iluminó su cúpula y fachada con los colores de la diversidad, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y púrpura, en conmemoración a la sanción de la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario, hito histórico nacional e internacional.
Desde este martes a las 23.59, el Congreso de la Nación luce su esplendor con los colores que representan la Diversidad. Así también, se coloreará simbólicamente con los mismos tonos las sendas peatonales sobre av. Entre Ríos, en las esquinas con Rivadavia e Yrigoyen.
Al aprobarse el matrimonio civil entre personas del mismo sexo el 15 de julio de 2010, Argentina se posicionó como el primer país de América Latina en reconocer este derecho.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad expuso en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y Mujeres y Diversidad. Sostuvo que hay que pensar al derecho penal como “como reproductor de la desigualdad”.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo este lunes que “el derecho penal está pensado y hecho por varones” y advirtió que “el sistema judicial está claramente verticalizado y con enormes rasgos machistas”, al exponer en una reunión conjunta de comisiones en la Cámara de Diputados.
La funcionaria habló por videoconferencia ante las comisiones de Legislación Penal y Mujeres y Diversidad, presididas respectivamente por Carolina Gaillard y Mónica Macha, a pocos días de que el Gobierno anunciara el Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género para los próximos dos años.
Al abrir el encuentro, Gaillard destacó el trabajo coordinado de ambas comisiones “para elaborar mejores herramientas, miradas integrales y unificar criterios”, y agregó: “Estos encuentros pusieron en evidencia la estructura binaria y heteropatriarcal con la que se piensan las leyes y sobre todo las leyes penales y desmitificaron la voluntad punitivista del feminismo”.
En el mismo sentido, Macha consideró “central” esta tarea de “poder articular estos dos mundos como son el pensamiento penal y las cuestiones que venimos militando y trabajando las mujeres, lesbianas, no binaries, travestis y trans”.
Gómez Alcorta señaló que “al momento no hay ninguna prueba de que el derecho penal previene conductas delictivas” y en ese sentido “el aumento de las penas en sí mismo no va a posibilitar un mejor abordaje” de la problemática.
Por eso, llamó a “salir de la lógica de que la creación de nuevos tipos penales va a mejorar la situación de las personas que sufren este tipo de violencia”, y pidió generar “no más penas o más delitos, sino mayores capacidades para intervenir con la especificidad que tienen estos delitos”.
De todos modos, consideró necesaria una revisión integral del Código Penal por los “parches” que sufrió a lo largo de los años.
La ministra explicó que “el derecho penal tiene un impacto diferencial en mujeres y diversidades” y advirtió que según estudios, la tasa de comisión de femicidios y travesticidios “se mantiene bastante estable en el tiempo”, con entre 200 y 300 muertes anuales.
También indicó que “la desigualdad estructural en todos los ámbitos de nuestra vida impacta en la autonomía económica, física y política de las mujeres y personas LGBT”.
Asimismo, se refirió a los “obstáculos reales para acceder a la garantía de acceso a la justicia”, no solo a la hora de contar con un abogado, sino también al momento del cumplimiento de las decisiones judiciales.
Gómez Alcorta enfatizó que “el derecho penal está pensado y hecho por varones” y que “pensar el derecho como reproductor de la desigualdad es una tarea urgente”. “El sistema judicial está claramente verticalizado y con enormes rasgos machistas”, añadió.
Por otra parte, aseguró que “hay una falta de coordinación federal en materia de delitos de violencia de género” porque “a excepción de la trata de personas, que es un delito federal, todos los otros delitos tramitan en las administraciones de Justicia provinciales” y esto además “dificulta la posibilidad de contar con estadísticas unificadas sobre estos delitos”.
En tanto, lamentó la “falta de implementación del sistema acusatorio, que puede facilitar el abordaje de muchos de estos hechos”, y por otro lado advirtió que muchas mujeres víctimas de femicidios no formularon antes la denuncia porque creen que “el Estado no las representa como un lugar de ayuda”, y pidió trabajar para revertir esa situación.
Asimismo, alertó que “cuando la Justicia se enfoca en la investigación de la vida de las mujeres que denuncian en lugar de investigar al imputado de violencia , se está desplazando la responsabilidad hacia ellas”.
Se llevó adelante en el marco de la Comisión de Mujeres y Diversidad. Funcionarias de distintas provincias defendieron la necesidad de una ley.
La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, que preside Mónica Macha (Frente de Todos) realizó este martes la segunda jornada de debate sobre el cupo laboral para travestis y personas trans en el sector público nacional.
El encuentro, moderado por la periodista Amanda Alma, contó con la participación de funcionarias del área de género y diversidad de diferentes provincias que defendieron la necesidad de una ley, mientras diputados de distintos bloques avanzan en un consenso.
Macha adelantó que se buscará un dictamen unificado entre propuestas de Cristina Álvarez Rodríguez, Gabriela Estévez, Leonardo Grosso (Frente de Todos), Brenda Austin (UCR) y Nicolás Del Caño y Romina Del Plá (Frente de Izquierda), entre otros.
“La idea es generar el mejor proyecto, el más eficaz, el que genere la posibilidad de inclusión más rápida para que verdaderamente quien siga en una instancia de prostitución, sea por elección”, explicó la titular de la comisión.
En el mismo sentido, Álvarez Rodríguez -quien propone un cupo del 1,5% en el Estado Nacional, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales y las empresas del Estado- advirtió que “la falta de derechos para la población trans/travesti es una condena a muerte” y por eso “el Estado debe ser el primero en promover la igualdad de oportunidades”.
La primera en exponer en la reunión virtual fue la subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Alba Rueda, que en el marco del Día Internacional del Orgullo, que se celebró el domingo pasado, pidió que “el orgullo se transforme en reconocimiento sobre nuestros derechos”.
También recordó que el 15 de julio se cumplirán diez años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina y sostuvo que “una clave fundamental de aquellos años fue que nuestra sociedad no retrocede, sino que nuestras instituciones avanzan y nuestra sociedad se pluraliza cuando se reconocen nuestros derechos”.
Asimismo, señaló que también se celebraron los ocho años de la Ley de Identidad de Género, que “lamentablemente no modifica las condiciones de violencia estructural” que padece la comunidad trans.
“Hay una lucha histórica de este movimiento social, que tiene mucho que ver con el sentido de la democracia”, dijo, y mencionó como referentes a Lohana Berkins, Diana Sacayán y Claudia Pía Baudracco. “Necesitamos personas trans en el Estado para que el Estado cambie”, explicó Rueda.
La funcionaria destacó que “el cupo trans es una prioridad absoluta para nosotres” porque sin esta medida, “no habrá personas trans aportando a los cambios culturales” y esto redundaría en “un futuro en blanco y negro”, sin diversidades.
Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, remarcó “la necesidad de generar políticas públicas de inclusión social que además tengan perspectiva de creación de empleo y que tengan la vocación de abrazar a las compañeras que necesitan de la mano del Estado para acceder a esos derechos”.
Portos sugirió que, mientras se trata en el Congreso la ley de cupo trans, se avance en “construir herramientas estadísticas sobre esta población” ante la falta de datos oficiales.
A su turno, Úrsula Sabarese, directora de Diversidad, Disidencia Sexual e Identidad de Género de Chaco, advirtió que la población travesti/trans “ha sido históricamente el último eslabón de la cadena de políticas públicas de todos los Estados”.
Sabarese puntualizó que Chaco fue “una de las primeras provincias que incursionó en una ley de inclusión laboral, que ha nacido desde un consenso” y que es, a su criterio, más amplia que el cupo. Además, coincidió en que “la pandemia reflotó” la preocupación por “la falta de estadísticas” de esta población.
En tanto, Roxana Rodríguez, de la Dirección de Diversidad y Género de Santa Cruz, admitió que una ley de cupo trans sería “reparatoria” pero consideró que “nos quedamos cortos: es importante insistir en la ley integral trans para que todos los derechos que le corresponden a la comunidad trans sean tenidos en cuenta”.
Rodríguez precisó que según datos relevados por la Federación LGBT, ATTTA y la Fundación Huésped, entre otras entidades, solo el 32% de la población trans concluyó los estudios secundarios; el 80% no tiene obra social, y en el caso del 20% que sí la tiene, no se respeta la Ley de Identidad de Género.
También informó que las personas trans y travestis tienen un promedio de vida de entre 35 y 40 años por sus condiciones de vida “precarias”, y añadió que “recién este año se van a incorporar en el Censo”, ya que antes se calculaba esta población “a partir del error”.
En la reunión también expusieron, entre otros, Nicolás Navarro, del Consejo Provincial de la Mujer de Jujuy; Victoria Liendro, del área de Diversidad Sexual de la Secretaría de Derechos Humanos de Salta; y Ema Bejarano, del Ministerio de Cultura, Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego.
“Yo no creo que el aborto sea un derecho”, planteó Natalia Villa (Pro), que se quejó por la ausencia de expositores en contra de la ley en la Comisión de Mujeres.
La discusión por el aborto legal, seguro y gratuito volvió a encenderse este martes en la Cámara de Diputados, durante una reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad, presidida por Mónica Macha (Frente de Todos), con la participación de activistas feministas.
Al término de las exposiciones, en las que se plantearon las dificultades para acceder a los derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia, intervino -entre otras- la diputada Natalia Villa (Pro), una de las más férreas opositoras a la ley de aborto.
“El colectivo de mujeres es muy diverso. Tenemos pensamientos distintos. Me da mucha tristeza que hoy muchas mujeres no tuvimos representación en esta charla”, lamentó la bonaerense, y agregó: “Yo soy parte del colectivo de mujeres que no cree que el aborto sea un derecho. Me hubiera encantado tener una oradora que me represente a mi y a muchas mujeres argentinas”.
Villa recordó que “en 2018 vimos un Congreso dividido, una calle dividida, un país dividido. En 2020 pasa exactamente lo mismo”. “Es muy triste que desde esta comisión no le demos la oportunidad a un montón de mujeres de que también estén representadas. Estamos en una comisión donde suena una sola campana”, expresó.
La legisladora del Pro insistió: “Es hora de que podamos convivir aunque no pensemos igual. Soy la única de esta comisión que tiene una posición distinta, pero no soy la única en Argentina que piensa que el aborto no es un derecho humano”.
Sin embargo, Macha respondió que al momento de la convocatoria a la reunión, Villa no propuso a ningún invitado para sumar al programa. “Si había alguna idea de convocar a otra persona, se podría haber hecho en ese momento”, aclaró.
Al cierre de la reunión, Macha reforzó: “Durante muchísimos años, nuestras posiciones -que hoy se ven representadas mayoritariamente en la comisión- han sido minoría, y esa minoría significó la muerte injusta de muchas mujeres”.
“Quienes estamos a favor de la legalización del aborto y en contra del aborto clandestino, no consideramos la posibilidad de obligar a nadie ni a parir ni a abortar”, explicó, y concluyó: “En la medida en que no contemos con esta ley, miles de mujeres siguen muriendo a causa de abortos clandestinos”.
Durante una reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad, expusieron integrantes de la Campaña por el Aborto, del colectivo Ni Una Menos y especialistas.
Activistas feministas del movimiento Ni Una Menos, integrantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y especialistas coincidieron este martes en la necesidad de garantizar los derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia del Covid-19.
Así se expresaron durante una reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, convocada por Mónica Macha (Frente de Todos).
La legisladora explicó que la reunión virtual tuvo como motivación tres fechas del “calendario feminista”: el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se celebró el 28 de mayo; los 15 años de la Campaña por el Aborto Legal; y el reclamo del movimiento Ni una menos, que será este miércoles.
La primera en exponer fue Ana Morillo, integrante de la Campaña por el Aborto y de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, quien subrayó que en el marco de la pandemia “se está trabajando fuertemente para acompañar a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar en cuanto al acceso a derechos reproductivos”.
La especialista agregó que la situación difiere según la provincia y puso como ejemplo el de su provincia, Córdoba, donde recién en septiembre de 2019 el Tribunal Superior de Justicia habilitó la ejecución del protocolo provincial para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). “El fallo tuvo un atraso de siete años”, se quejó.
En ese sentido, Morillo advirtió que “se está obstaculizando y complejizando el acceso” a esta práctica “por diferentes motivos”, entre los que señaló “la falta de difusión”. “No está llegando como queremos que llegue a todas las mujeres del país”, reconoció, y añadió que en muchos casos “los gobiernos locales no están acompañando”.
Por otra parte, señaló que con la pandemia “la virtualidad es un problema, porque llegan solo las mujeres que tienen acceso a Internet y a las redes. Las mujeres de los barrios populares no logran este acceso”.
A continuación, Julia Martino, también integrante de la Campaña por el Aborto, recordó que el proyecto se presentó el año pasado en la Cámara de Diputados por octava vez, y este año había gran expectativa por la iniciativa del Poder Ejecutivo. “Cuando ya estaba por mandar el proyecto, vino la pandemia y quedó todo a la espera”, dijo.
Y agregó: “Esperemos que a medida que se pueda ir superando esto y que el Congreso vuelva a sesionar en forma presencial, en la nueva normalidad, podamos sentarnos a hablar y a ver de qué manera despenalizamos y legalizamos el aborto”.
“A pesar de la pandemia, que se lleva todas las noticias y la atención de la salud, las mujeres siguen teniendo embarazos no deseados y abortando”, advirtió Martino, y en ese sentido indicó que “aumentaron muchísimo los llamados al 0800 Salud Sexual” (0800-222-3444), lo que dejó en evidencia “la necesidad de que estos servicios se sigan prestando”.
En tanto, Martino informó que según estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, “cada día, seis niñas menores de 15 años son madres”, y por esa razón remarcó la necesidad de que “la ESI (Educación Sexual Integral) se siga impartiendo más allá de las complejidades de la virtualidad, porque es una de las políticas de prevención de las más importantes”.
Por último, reflexionó: “Pensemos que por año hay cerca de 50.000 internaciones en los hospitales públicos por abortos inseguros. Es un número enorme y esas camas ahora adquieren otro valor debido al coronavirus”.
A su turno, Malena Correa, de Casa FUSA, advirtió que “los efectores de primer nivel están teniendo problemas de referencia territorial y de derivación, y esto es restrictivo para cualquier persona que quiere acceder a la ILE”.
La periodista Marta Dillon se refirió a la marcha Ni Una Menos y recordó que “esa primera vez, la presencia de los cuerpos en la calle hablaba de un hartazgo social sobre la violencia de género y patriarcal”.
“La violencia machista es un entramado cultural, político y económico que expone a unas más que a otras, y que tiene secuelas que hacen a la salud, por lo que esta atención tendría que estar entre las prioridades”, consideró, y opinó que “esto está íntimamente ligado con la demanda del aborto legal, fundamental para la autonomía de las mujeres y personas gestantes”.
Por otro lado, se refirió a la “crisis” que genera “la sobrecarga de las tareas de cuidado sobre mujeres, lesbianas y trans” en el contexto del aislamiento social, y en ese sentido pidió “que se reconozcan estas tareas como esenciales”. A su vez, mencionó en cuanto al coronavirus, que “cuando hablamos de higiene y desinfección, siempre recae sobre las mujeres”.
“Aunque ahora estemos en las redes, vamos a volver a las calles a decir Ni Una Menos y Aborto Legal Ya”, prometió Dillon.
En la reunión también expuso la ginecóloga infanto-juvenil Sandra Vázquez, quien llamó a “entender a los adolescentes como sujetos de derecho”, ya que “en general no conocen sus derechos” y es necesario “empaparlos de estos temas”.
Vázquez lamentó que con la pandemia “no existen los adolescentes” dado que “no aparecen como población de riesgo”, a diferencia de los adultos mayores, y por lo tanto “no han estado en el centro de la escena”.
La última disertante en la reunión virtual fue Patricia Rosemberg, exdirectora de la Maternidad Estela De Carlotto, quien advirtió que las instituciones de salud son “reproductoras del machismo y del patriarcado que se instalan en un lugar de control social”, y por eso llamó a “pensar cómo transformar esas organizaciones desde adentro”.
Marta Alanis, Ana Morillo y Marta Dillon participarán de una reunión virtual de la Comisión de Mujeres y Diversidad.
Activistas del movimiento Ni Una Menos e integrantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito participarán este martes a las 15 de una reunión virtual de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, que preside Mónica Macha (Frente de Todos).
Fueron invitadas a exponer Marta Alanis y Ana Morillo por parte de la Campaña por el Aborto; la periodista Marta Dillon; y la exdirectora de la Maternidad Estela de Carlotto, la médica generalista Patricia Rosemberg.
La reunión informativa se dará con motivo de conmemorarse, el pasado 28 de mayo, el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.
Asimismo, este miércoles se conmemorará un nuevo Ni Una Menos a través de las redes sociales, ya que la tradicional marcha no podrá hacerse por el aislamiento social y obligatorio.
El último encuentro de la comisión fue el 27 de abril, cuando expuso la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien se refirió a las medidas tomadas en el marco de la pandemia del Covid-19.
El dato, que corresponde a la línea 144, fue aportado por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, en una reunión informativa de comisión.
Por Carolina Ramos
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, informó este lunes que entre el 20 de marzo y el 20 de abril “aumentó un 40%” la cantidad de llamados telefónicos a la línea 144 por motivo de violencia género, con un promedio de 334 consultas diarias.
Gómez Alcorta brindó esos datos durante una reunión informativa virtual de la Comisión de Mujeres y Diversidad, que preside Mónica Macha (Frente de Todos).
La funcionaria explicó que la línea 144 “no es una línea de denuncia” sino que busca orientar y asesorar a las víctimas, y a la vez realizar un seguimiento de los casos.
A diferencia del aumento en estas consultas, las denuncias por violencia de género -es decir aquellas que requieren intervención policial y del Poder Judicial- “bajaron en todo el país”, aunque “eso no indica que haya menos situaciones de violencia”, aclaró Gómez Alcorta.
En ese sentido, apuntó que más allá de los relevamientos realizados por observatorios de medios, “el único registro de información oficial nacional que tiene la Argentina es el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia, que nació en 2015 a raíz del primer Ni Una Menos”.
La ministra advirtió que el fenómeno de los femicidios “es persistente y se mantiene con guarismos muy similares a través de los años”, por lo que los datos “son casi idénticos a los del año pasado en la misma época”.
“Este fenómeno no baja porque el ámbito, el lugar y las condiciones para que se cometan los femicidios siguen igual o se empeoran en el marco de la emergencia”, observó Gómez Alcorta, y reconocidó: “No logramos bajar la tasa de femicidios”.
También señaló que “el 80% de las mujeres víctimas de femicidios nunca acudieron al Poder Judicial”, lo cual deja entrever que “muchas veces ni siquiera confiamos en el Estado” para solicitar protección.
En cuanto al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, detalló que la nómina de empleados es de 386 y recordó que, dado que actualmente rige una prórroga del Presupuesto anterior y que en 2019 no existía esta cartera, se le otorgó inicialmente el mismo monto que tenía asignado el INAM (Instituto Nacional de la Mujer), que es de 273 millones de pesos, que luego se duplicaron.
Al principio de su exposición, Gómez Alcorta señaló que, cuando se declaró la pandemia, desde su Ministerio se pidió considerar como “esencial” el trabajo de esta línea 144 para que pudiera “seguir funcionando”, ya que en el marco del aislamiento social “los hogares son un lugar inseguro para muchas mujeres”.
“En un momento donde los dispositivos presenciales iban a ser reducidos, los dispositivos que no requieren presencia no solo debían ser reguardados, sino potenciados”, consideró Gómez Alcorta.
Asimismo, se habilitaron nuevos canales de consulta, como un correo electrónico y tres números para ingresos de consultas vía WhatsApp, a lo que se sumó un spot publicitario de difusión de la línea 144.
Gómez Alcorta también apuntó que su Ministerio “decidió incorporar 20 operadores más a la línea”, llegando a más de 136 en total, y además incorporaron cuatro personas como “data entry” para poder sistematizar mejor los casos.
En ese marco, informó Gómez Alcorta, las consultas por violencia de género aumentaron en promedio un 40% entre el 20 de marzo y el 20 de abril, en relación al mes previo a la emergencia.
La ministra precisó que el promedio fue de 334 consultas diarias, y agregó que el 97% corresponden a violencia doméstica.
Asimismo, “casi la totalidad de las consultas estaban vinculadas a violencia psicológica”, mientras que otro tanto fueron por violencia física y, en menor medida, por violencia económica.
En tanto, el 48% de los llamados fueron por situaciones donde el agresor era la expareja de la denunciante, mientras que el 44% correspondían a la actual pareja.
En otro pasaje de su exposición, informó que se ordenó que ninguno de los trabajadores de la línea 144 viajen en transporte público durante la emergencia sanitaria, para lo cual se pusieron a disposición “los pocos autos disponibles”.
Por otra parte, Gómez Alcorta aclaró que la iniciativa del barbijo rojo “no fue pensada en una clave secreta, sino con la idea de que cualquier mujer pudiera, en la farmacia, encontrar ahí un lugar donde poder pedir ayuda”.
En ese sentido, aclaró que, según el protocolo implementado, “el único rol que tiene el farmacéutico es llamar al 144 o al 911” o en algunos casos, como se verificó, “prestar el teléfono” a la mujer que lo requería.
En el plano judicial, puntualizó que “hoy por hoy todas las provincias salvo Corrientes prorrogaron automáticamente las medidas cautelares”, algunas por 30 días, otras por 60 y otras por 90.
También indicó que provincias como Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Formosa, Salta, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires implementaron “medidas vinculadas a la posibilidad de denuncias virtuales, por mail, por distintas apps, por WhatsApp, intentando achicar la distancia que existe entre aquella persona que está requiriendo la protección de derechos y quienes tienen la obligación de darlos”.
En cuanto a los refugios y hogares para mujeres en situación de violencia, destacó la tarea de articulación con siete sindicatos que pusieron sus hoteles a disposición, así como el trabajo conjunto con el Ministerio de Turismo para garantizar que haya sitios disponibles, aunque aclaró que “hasta hoy no utilizaron esos recursos”.
La ministra Elizabeth Gómez Alcorta iba a exponer ante la Comisión de Mujeres y Diversidad. Según se informó, la plataforma utilizada se cayó a nivel mundial.
Por primera vez desde que se implementó la modalidad remota, problemas técnicos obligaron a suspender una reunión informativa de la Cámara de Diputados. La Comisión de Mujeres y Diversidad tenía previsto reunirse este jueves con la participación de la ministra del área, Elizabeth Gómez Alcorta, pero el encuentro debió cancelarse por motivos de fuerza mayor.
La reunión, convocada por la diputada Mónica Macha (Frente de Todos), iba a iniciar a las 17, pero media hora después fuentes oficiales informaron que se postergaría para las 18.30 por problemas en el servidor Cisco Webex. Finalmente, la reunión debió cancelarse porque la plataforma “seguía caída a nivel mundial” y desde el soporte técnico no daban “certezas inmediatas”, indicaron.
Si bien la ministra se puso a disposición para reprogramar la reunión, los inconvenientes técnicos reavivaron el debate acerca de la posibilidad de sesionar de manera virtual, como pretende el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, debido a la imposibilidad de realizar una sesión convencional en el recinto por las medidas adoptadas en el marco de la pandemia.
En este sentido, la vicepresidenta Cristina Kirchner realizó una presentación este martes ante la Corte Suprema de Justicia para que se expida sobre la validez de una sesión remota, algo inédito en el país más allá de algunas experiencias provinciales, como el caso de la Legislatura de Mendoza.
Por su parte, los diputados de Juntos por el Cambio se pusieron a disposición para sesionar de manera presencial con los recaudos sanitarios necesarios y en un recinto alternativo; y también accedieron a participar de una sesión virtual, aunque pidieron informes a Massa respecto de los convenios suscritos en los últimos días con el RENAPER y ARSAT.
