El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad oficializó a través de un decreto el Programa Producir para apoyar los proyectos productivos de mujeres y LGBTI+.
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) lanzó el Programa Producir. La iniciativa, que se oficializó a través de un decreto este lunes con su publicación en el Boletín Oficial, promoverá el desarrollo de proyectos productivos de mujeres y miembros de la comunidad LGBTI+ que atraviesen o hayan atravesado situaciones de violencias de género.
El programa contempla la asistencia para la creación o el fortalecimiento de proyectos encabezados por organizaciones sociales y comunitarias que favorezcan la autonomía económica de las mujeres y personas de la comunidad LGBTI+. Producir prevé un apoyo económico que será de entre 500 mil pesos y 1,5 millones de pesos, además del acompañamiento técnico a los proyectos productivos.
La ministra Elizabeth Gómez Alcorta explicó que “las organizaciones comunitarias tienen una relevancia central en la construcción de la trama comunitaria que protege y asiste a personas en situación de violencia de género”.
“Este programa da un paso más en la construcción de políticas de asistencia integral. Un camino que comenzamos con la implementación del Potenciar Trabajo junto al Ministerio de Desarrollo Social y con el Programa Acompañar, que creamos en el marco del Plan Nacional de Acción contra las Violencias de Género. Sin independencia económica no es posible pensar un proyecto de vida libre de violencia. Ese es el cambio de paradigma que nos propusimos implementar”, agregó Gómez Alcorta.
Para participar de la iniciativa, el único requisito es ser una organización comunitaria con o sin personería jurídica que incluya en sus proyectos a personas que estén o hayan estado en situación de violencia de género. Los interesados deben presentar el proyecto productivo y los formularios de inscripción. Tienen tiempo para inscribirse hasta el 11 de junio. Luego, serán sometidos a un proceso de selección de las propuestas.
A propósito de la financiación, si se trata de organizaciones comunitarias con personería jurídica recibirán un subsidio que se entrega por única vez, por un monto que será de entre 1 millón y 1,5 millones de pesos. Si se trata en cambio de organizaciones comunitarias, conformadas de hecho, sin personería jurídica, representadas por una persona física será un subsidio que se entrega por única vez, por un monto de 496.800 pesos.
En una nueva reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad, diputados escucharon a activistas de la comunidad que relataron las múltiples dificultades que atraviesan.
Representantes varones del colectivo travesti/trans volvieron a reclamar por una ley de cupo laboral en la Administración Nacional, en el marco de una nueva reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, presidida por Mónica Macha (Frente de Todos).
La legisladora informó sobre la voluntad de dictaminar un proyecto consensuado sobre el tema “lo más pronto posible” y resaltó que el debate de este martes coincidió con la conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad No Binaria.
Al inicio del encuentro, Gabi Díaz Villa, del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, remarcó que la ley de inclusión laboral es “un instrumento legislativo que logrará transformar las vidas hoy vulnerabilizadas de nuestros compañeres”.
Díaz Villa advirtió que “solo el 5% de nuestro colectivo accede al trabajo formal” y agregó: “Si esta es la situación actual es porque venimos de una historia de violencia, persecución y hostigamiento, sobre todo policial, y que a lo largo de los gobiernos no se ha logrado modificar”.
Al referirse al denominado “techo de cristal”, el activista trans lo calificó como “un verdadero paredón de hormigón que nos separa del mercado laboral formal”. “Es hora de que el Estado haga este gesto real de reparación”, insistió.
A su turno, Lautaro Lucas Cruz, de Transargentinxs, sostuvo que “esto es más que tener un sueldo: significa un cambio radical de poder pensar en la conformación de una familia y en la casa propia”.
Desde ATTTA Nacional, Patricio Alejandro Salto coincidió en que esta población “no accede a los mismos derechos” que el resto, y pidió que “tengan las mismas posibilidades de tener una vida plena”. “Nuestro trabajo no es reconocido ni remunerado de la misma manera y eso también es violencia”, dijo.
En ese sentido, Salto reclamó que el debate no se acote al cupo laboral sino que se avance en una ley integral. “No queremos una ley de mínima. No somos una estadística. Somos personas”, afirmó, y propuso además que la inclusión laboral “no sea solo en el Estado, sino también en empresas privadas y cooperativas, y tener el derecho a elegir dónde queremos trabajar”.
Por otra parte, Eugenio Tabot Wright (Convocatoria Federal Travesti y Trans Argentina) manifestó: “Seguimos siendo víctimas de los códigos de faltas y contravenciones heredados de la dictadura. Todos los años perdemos a decenas de compañeres, ya sea por travesticidios, transfemicidos o por abandono del Estado. Por eso las organizaciones hablamos de un transgenocidio social que ha tenido continuidad en democracia”.
Thiago Galván, de la Liga LGBTIQ+ de las provincias, denunció que “la sociedad que no se hace eco de nuestros valores porque históricamente no le dio valor a nuestras vidas”.
“¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para elegir la vida que queremos vivir? ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para sentir que nosotres también podemos ser felices? Lohana Berkins decía que el amor que nos negaron es el impulso para cambiar el mundo. Yo les digo que dejen de negarnos amor”, expresó.
También expusieron Tomas Máscolo, periodista especializado en género y sexualidades; Alan Otto Prieto, de Capicua Diversidad; Mariano Galeano, de Red Diversa Positiva (Chaco); Anthuan Darío Aranda, del Frente Federal de Transmasculinidades por la Ley de Cupo; Santiago Nahuel Quizamas, de Varones Trans Santa Fe; y Sebastián Ignacio Medrano, del Movimiento Trans Nadie Echazú, entre otros.
