La presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social valoró el debate plural que se dio y la “necesidad” que había en que el Congreso “aborde una respuesta”.
Tras la firma de los dictámenes sobre fórmula de movilidad jubilatoria, la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Gabriela Brouwer de Koning, se mostró satisfecha “por el resultado y el compromiso asumido por los diferentes espacios políticos”.
Después de la reunión, la cordobesa remarcó que “la necesidad de que el Congreso aborde una respuesta al desfasaje en la movilidad jubilatoria, causado por los altos índices inflacionarios, nos ha llevado a desarrollar este debate de manera metódica y plural”.
“Fueron cuatro jornadas, en donde los diputados explicaron los fundamentos de las 17 propuestas con estado parlamentario y expusieron 38 especialistas en sistema previsional, funcionarios públicos, abogados litigantes, docentes universitarios, economistas, referentes sindicales y especialmente jubilados/as propuestos por todos los espacios”, repasó y recordó que ahora los dictámenes deben ser tratados en Presupuesto y Hacienda.
La radical valoró que “desde diferentes miradas hemos coincidido en el diagnóstico referido al sistema previsional argentino, en la magnitud de las correcciones necesarias para su viabilidad y la prioridad de mantener el poder adquisitivo de los haberes que se encuentra garantizado por nuestro sistema constitucional”.
“Para nosotros hay cuestiones surgidas del debate que no podemos soslayar: en primer lugar, la insostenibilidad de la fórmula del kirchnerismo que no aseguró la actualización por inflación, por lo cual tomar la variable por IPC que se incorporó al DNU nos parece acertada. Luego la necesidad de recomponer los haberes ante la escalada inflacionaria de enero, ya que el 12,5% que incorporó el Gobierno en el DNU 274 resultó insuficiente para todos los bloques opositores. En nuestro caso proponemos equiparar al 20,6% de inflación del primer mes del año”, destacó sobre el dictamen de la UCR y Hacemos Coalición Federal.
Y continuó: “Otro punto fundamental que no contempló el Gobierno es una cláusula que asegure la actualización de los haberes ante posibles mejoras futuras en los indicadores salariales; sobre esto hay fallos de la Corte Suprema de Justicia que ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo pueden evitar considerar. Y la última cuestión importante radica en asegurar un piso mínimo realista por ley, que hoy se viene parchando con bonos discrecionales por decreto. En nuestro caso planteamos que ningún haber pueda cobrar menos de la Canasta Básica Total por adulto promedio”.
Desde las 16.20 se reúne la Comisión de Previsión y Seguridad Social a la espera de emitir el o los dictámenes.
La Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, a cargo de la radical Gabriela Brouwer de Koning, se reunió este martes para emitir los dictámenes sobre una reforma del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Es la cuarta reunión que la comisión mantiene, en la primera de ellas los autores de los proyectos expusieron las principales ideas de sus textos, en las dos siguientes fueron invitados funcionarios de la ANSeS y expuso una treintena de invitados.
En medio de ello, el Gobierno nacional emitió el DNU 274/24 a través del cual se dispuso que las prestaciones previsionales serán actualizadas todos los meses de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor que elabora el INDEC. El aumento extraordinario que el Gobierno da para compensar la pérdida ante la inflación es de 12,5%, que contraría lo que reclama la oposición, por arriba de los 20 puntos.
El fin de semana pasado se conoció el proyecto de UP para mejorar las jubilaciones y pensiones, brindando un aumento por única vez del 30% para todas las prestaciones, de forma tal de compensar lo perdido en los últimos meses. Desde el bloque habían solicitado apurar el dictamen, pero ello no garantiza todavía que el proyecto vaya a llegar al recinto ya que sucede que todavía falta que lo trate Presupuesto y Hacienda, cuyo titular José Luis Espert no está dispuesto a convocar a su comisión para algo que no pueda llegar a dominar. ¿Cuál es la estrategia opositora en ese caso? En la próxima sesión buscarán hacer un emplazamiento a esa comisión.
Al inicio de la reunión, la titular de la comisión destacó el compromiso con el cronograma de trabajo que se propusieron “acorde a las exigencias de la sociedad”, pero también “poder hacer un debate serio, profesional y responsable en este tema tan sensible que son los haberes y pensionados del país”.
Brouwer de Koning ponderó el análisis que se hizo de los 17 proyectos presentados porque “cada uno tenía aportes interesantes para el debate”. “Le dimos una apertura total, integral y cabal al tema para escuchar las diferentes voces y así poder tener el aporte de todas las miradas de quienes quisieron participar”, resaltó sobre la reunión informativa.
En tanto, la radical remarcó que se trabajó “sin prejuicios, con una apertura objetiva analizando los diagnósticos donde hubo una coincidencia mayoritaria en tres temas”, y detalló: “El empalme del 12,5% que dio el DNU donde para muchos resultó insuficiente de acuerdo al deterioro que tuvieron los haberes por la inflación del país”.
“Segundo todo lo que implicó en las proyecciones económicas donde el DNU plantea un índice de actualización de IPC que la mayoría de los proyectos de la comisión lo proponían, pero dejaban un efecto de que si había variaciones salariales el haber no tenía ningún movimiento y se planteó qué pasaba en esa situación. Hubo fallos que plantearon que en esas cláusulas se tenía que tener encuentra las variaciones salariales”, precisó.
NOTICIA EN DESARROLLO
En una reunión con más de una decena de expositores, hubo cuestionamientos y críticas al presidente Milei y a los DNU 70/2023 y 274/24. Brouwer de Koning confirmó la fecha de la próxima reunión.
Presidida por la radical Gabriela Brouwer de Koning, la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles para continuar el debate respecto a una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
Este tercer encuentro, de carácter informativo, se llevó a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C y contó con la presencia de diferentes invitados académicos y especialistas en la materia.
Entre los invitados estuvieron: Jorge García Rapp, Javier Couly, María Lucila Colombo, Olivia Ruíz, Leiza Centurión Olguín, Daniel Elías, Mario Sioca, Eduardo Martínez, Liliana Lagormarsino, Inés Halm, Sandra Zapatero, Ana María Verde, Rosa Sorsaburo y Adrián Trócoli.
En el cierre de la reunión, la titular de la comisión confirmó que el próximo martes 16 de abril a las 16, el dictamen unificado con la modificación de la Ley 24.241 sobre Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones estará listo para llegar al recinto de la Cámara de Diputados.
El presidente de la Asociación Argentina de Derecho de la Seguridad Social, Jorge García Rapp, señaló que la fórmula previsional “es un triángulo de sustentabilidad del sistema, cobertura y suficiencia de las prestaciones”. “La movilidad debería ser ascendente”, cuestionó.
Luego, el abogado especialista en Previsión Social y asesor de la UCR en la Cámara de Diputados pampeana, Javier Couly, expresó que “el fin de la movilidad es para preservar el poder adquisitivo de los jubilados en el tiempo”, pero advirtió: “Debemos evitar litigiosidad y tiene que ser uniforme para todos”.
Asimismo, al igual que posteriores invitados, exigió que “la inflación tendría que estar como cláusula gatillo y no como variable a considerar”.
Por su parte, María Lucila Colombo sostuvo que “las moratorias no son gratuitas”, y recordó que “la de Néstor Kirchner fue la más extraordinaria en cuestión de género”. “Actualmente hay una enorme dificultad de las mujeres para adquirir trabajo remunerado”, cerró.
La representante de la CTA Autónoma, Olivia Ruiz, cuestionó al DNU 70/2023 y aseveró: “Nos pronunciamos en contra de las AFJP porque queremos un mejoramiento del sistema previsional”. También, indicó que “antes de una nueva ley, hay que sancionar algo que equipare la canasta de alimentos de los adultos mayores y los beneficiarios de ANSES”.
Las críticas al Gobierno Nacional no se hicieron esperar: la gremialista afirmó que “vamos camino a los 90 con las AFJP”, y relató que “$60.000 gana una persona colgada por las AFJP”.
Del mismo modo, señaló que “el DNU 274/ 24 (aumento de jubilaciones) se tiene que bajar”, y exigió que “debe haber un ajuste de las jubilaciones para tener una movilidad real y garantizar el buen vivir”.
La abogada y miembro del Instituto de Previsión Social de Corrientes, Leiza Centurión Olguín, manifestó: “Habría que delinear si se quiere defender la previsión de la capacidad de consumo, ahorro o las dos cosas”. Se vanaglorió del sistema correntino y cuestionó que “han recibido poca ayuda financiera de ANSeS”, en los últimos años.
A su vez, el abogado rosarino, Daniel Elías, afirmó que “la capacidad de consumo de los jubilados está por debajo de la de 2022”. “Arrancamos mal con la 24.241 porque la determinación del haber inicial es el 1.5% por cada año de aporte de los 35, tomando como base los últimos 10”, añadió.
En tal sentido, consideró que “los jubilados siguen perdiendo cada vez que se cambia la fórmula de movilidad”, y cerró: “Un reordenamiento de la movilidad jubilatoria y la reparación de lo perdido son urgentes porque sin seguridad social no hay paz social”.
En representación del Sindicato de Trabajadores Pasivos, Mario Sioca, afirmó que “con el DNU 70/2023 venimos padeciendo un genocidio violento”. También, el integrante del plenario de jubilados de CABA, Eduardo Martínez, criticó que “un jubilado cobra 200.000 pesos y la miseria multiplicada por miseria da más miseria”.
“Estamos discutiendo el sexo de los ángeles y no estamos discutiendo que muchos no pueden acceder a una pensión. Si ese DNU sigue vigente, los jubilados no vamos a ningún lado”, enfatizó.
La exgerente previsional de la ANSES, Liliana Lagormasino, fue por otro lado y señaló que “debemos aumentar la recaudación”. En esa línea cuestionó a los regímenes diferenciales por cuánto se debe aportar para jubilarse.
La asesora técnica legislativa en seguridad y previsión social, Inés Halm, reclamó que “los recursos de la seguridad social deberían estar blindados para dar jubilaciones, pensiones, AUH y seguros de desempleos”. “Todo el resto de subsidio debe ir a otra caja”, explicó.
Desde la CTA de los trabajadores, Sandra Zapatero, señaló que “toda persona tiene derecho a la seguridad social”, y agregó: “La sustentabilidad de la seguridad social es una decisión política”
La jubilada y miembro de UTJEL (Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha), Ana María Valverde, cargó contra el presidente de la Nación, Javier Milei, y amplió: “Con la base de 130.000 pesos, pongan el ítem que quieran, nos van a llevar a la indigencia”. “¿Ustedes podrían vivir con $204.000? Este Gobierno pretende que nos quedemos en una suma congelada en julio”, cuestionó.
Desde las agrupaciones de jubilados pidieron por la derogación del DNU 70/2023 y el 274/24.
Además, apuntó que “los jubilados somos los que el Gobierno quiere llevar más rápido a la tumba y al crematorio”. En el final, le envió un mensaje a la Cámara de Diputados: “Deben ser derogados los DNU del Gobierno que atacan a los jubilados”.
Por la Asociación Bancaria, Rosa Sorsaburo, pidió una fórmula de movilidad jubilatoria para “recuperar lo perdido” y remarcó, al igual que varios expositores, “establecer clausula gatillo para que se compense con la inflación”.
Finalmente, desde la Asociación Previsionalista, Adrián Trócoli, presentó unos gráficos y afirmó que “la Ley debe cambiar la fórmula de movilidad”. Tomando como referencia una acordada de la Corte Suprema de Justicia explicó que “el objetivo de la movilidad debe ser mantener el poder adquisitivo de las prestaciones”.
En el final, sostuvo que “Argentina no cumple tratados internacionales”, y concluyó: “Hay que aumentar un 100% las jubilaciones porque hoy los jubilados están cobrando menos de la mitad de lo que cobraban en 2017”.
De cara al dictamen, la presidenta de la comisión Brouwer de Koning anunció una reunión para el martes próximo (16 de abril) a las 16. La idea es que ese día el proyecto con la nueva fórmula de movilidad jubilatoria avance hacia el recinto.
El diputado nacional Christian Castillo (FIT- U – Buenos Aires) señaló que “debemos dictaminar la recomposición”, y anticipó que desde su bloque “vamos a elaborar nuestro dictamen para replantear esta cuestión con el índice que dé mejor”.
Antes de terminar, cargó contra el jefe de Estado e ironizó: “Discutimos jubilaciones, mientras el ‘gatito mimoso’ está de viaje en Miami”.
También, el diputado nacional Itaí Hagman (UP – CABA) relató que “hemos presentado un proyecto de ley planteando una serie de puntos para establecer un nuevo piso de la jubilación mínima y segundo, plantear una recomposición de haberes”. También, cuestionó que el DNU de movilidad jubilatoria “haya sido ahora y no enero”
En el cierre, el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, le consultó a las autoridades de la comisión respecto a las posibilidades de sacar el dictamen en esta reunión. Desde la Presidencia, le confirmaron que “no se pasará de la próxima reunión”.
Será la tercera reunión, la cual tendrá nuevos invitados que expondrán respecto la iniciativa de modificación de la Ley 24.241.
A cargo de la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning (UCR), la Comisión de Previsión y Seguridad Social se reunirá este miércoles 10 de abril a las 16.30 en el Anexo “C” del segundo piso para continuar el debate y las exposiciones respecto a una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
En esta tercera reunión, nuevamente, fueron invitados académicos y especialistas en la materia para dar testimonios a la iniciativa de modificación de la Ley 24.241, la cual establece que las jubilaciones y pensiones serán expresadas en unidades de valor adquisitivo (UVA), excepto las provenientes de regímenes especiales.
En el encuentro del jueves pasado, estuvo presente el director de ANSES, Mariano de los Heros, quien defendió el decreto de necesidad y urgencia 274/24, por medio del cual el Gobierno Nacional modificó la fórmula de movilidad jubilatoria y estableció un cronograma de transición de tres meses, contemplando el índice IPC, pero el cálculo comenzará a regir plenamente en julio.
En contraposición, expusieron en la segunda reunión de esta comisión, más de una veintena de invitados, quienes en su amplia mayoría se opusieron al aumento por DNU y consideraron avanzar en una nueva fórmula. Varios de los invitados criticaron que el aumento por decreto “hunde al décimo subsuelo los haberes jubilatorios”.
El periodista Ismael Bermúdez advirtió que “el DNU 268/24 va a dejar a las jubilaciones en el décimo subsuelo de por vida”. Por otra parte, el abogado previsionalista González D’Alessandro señaló que “es una falta de respeto” que varios diputados se hayan ido antes de que termine la reunión.
La Comisión de Previsión y Seguridad Social, presidida por la radical Gabriela Brouwer de Koning, recibió este miércoles a más de una veintena de invitados -funcionarios y especialistas- para debatir acerca de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
La presencia del titular de la ANSeS se conoció poco antes del comienzo de la reunión, pues al principio parecía que nadie iba a asistir por el Gobierno. Pero además de Mariano De los Heros, por el Poder Ejecutivo asistió el abogado Alejandro Chiti, exdirector General de la ANSeS durante el último año del gobierno de Mauricio Macri. Su participación despertó el fuerte reclamo de la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, quien advirtió que no está designado en ningún cargo.
Primer orador, Chiti explicó el DNU y señaló que “en la transición” de abril, mayo y junio, el jubilado recibirá “lo mejor de las dos fórmulas, la que dé más”. Al referirse al concepto de “movilidad”, sostuvo que “la movilidad no es para recomponer jubilaciones, la movilidad es para mantener el valor de las jubilaciones. Los jubilados no tienen que ganar con la movilidad, tampoco perder”.
“Si hay que recomponer no se hace con la movilidad, sino se hace recomponiendo en el período puntual que hubo pérdida o deterioro del haber”, agregó sobre una postura que despertó los cuestionamientos posteriores desde UP.
Chiti manifestó que la fórmula sancionada durante el gobierno del Frente de Todos era “desastrosa” y “llevaba a los jubilados a jugar a la ruleta cada tres meses”, mientras que el nuevo cálculo adoptado por DNU “es excelente, probablemente la mejor que hayamos tenido, porque garantiza que los jubilados nunca más van a perder contra la inflación”. “Hoy la tienen gracias a un DNU del presidente, sería excelente y un gran alivio para los jubilados que la tengan ratificada en una ley”, completó sobre la fórmula.
Ante preguntas respecto de la pérdida de los jubilados en sus haberes y una puntual de la diputada macrista María Eugenia Vidal sobre el descalce, que a juicio del Pro generaría una pérdida para los jubilados de 8%, Chiti ratificó que “la movilidad es para mantener, no para recomponer”. Luego ejemplificó que la inflación desde enero a junio va a ser, según el Banco Central, de 108% y “los aumentos por movilidad que va a dar el Gobierno van a dar 107%”, con lo cual estimó que la pérdida estaría bastante compensada. “Lo mejor es dar (una compensación por) inflación, y garantizar para siempre que no va a haber más pérdida de poder adquisitivo”, sumó.
A su turno, el titular de la ANSeS, Mariano de los Heros, defendió el cambio de la fórmula de movilidad por DNU y afirmó que “acá no nos estamos ahorrando nada”. En ese sentido, precisó que los aumentos estipulados para abril, mayo y junio, antes que el cálculo comience a regir plenamente en julio por IPC, rondan alrededor de los 2 billones de pesos.
En el arranque de su exposición, el funcionario mencionó que con la fórmula que se acaba de anular el aumento para junio hubiese sido de 34,1%. “Con los adelantos que se van a dar durante este período, de abril, mayo y junio, como adelanto a la movilidad que va a entrar en pleno vigor a partir de julio, se va a estar otorgando a los jubilados un 63,1%. Este es el esfuerzo fiscal que hace el Gobierno al establecer esta nueva movilidad”, señaló.
Por otro lado, cuestionó las jubilaciones que se dieron por moratoria y detalló que “de 45.000 jubilaciones promedio que otorga ANSeS, 30.000 corresponden a trabajadores que compran sus aportes por moratoria, sólo 15.000 son trabajadores que cumplen con los 30 años de aporte y la edad requerida”. No obstante, aclaró que estas jubilaciones “son derechos adquiridos y eso no se puede cambiar. El daño que se le provocó al sistema previsional ya está provocado”; al tiempo que “la reforma previsional que ustedes vayan a sacar tiene que durar 30 años”, sugirió.
Tras dos horas de exposiciones de Chiti y De los Heros, comenzó el desfile de invitados. El primero en hablar fue Rafael Rofman, licenciado en Economía, quien afirmó que hay temas que requieren resoluciones de fondo. “Hay que pensar en el tema fragmentación; alguien habló de los regímenes de privilegio, a mí ni me gusta hablar de los regímenes de privilegio -porque si en algo estamos de acuerdo es que ‘los privilegiados son los otros, no yo’-, me gusta hablar de régimen de excepción. Del régimen general, que es lo que estamos discutiendo acá, menos de la mitad se jubilan por ese régimen”, apuntó.
En ese sentido, enumeró que “tenemos régimen diferencial; regímenes especiales; regímenes provinciales; retiros militares y de fuerzas de seguridad; pensiones no contributivas; cajas profesionales… todo eso aumenta el ruido. Hay que ordenar el sistema, que es muy caótico y sale muy caro”. “En general los economistas decimos que no hay cosas gratis, pero lo que sí hay en la economía es grados de ineficiencia que hay que resolver”, continuó y explicó que “el sistema argentino es muy ineficiente, gasta mucho en función de los resultados que tenemos. Argentina podría hoy pagar beneficios que fuesen en promedio cerca de un 50% más de lo que son con el mismo nivel de gasto agregado. ¿Cómo? Pagándole menos a gente joven, porque tenemos muchísima gente joven cobrando por estos regímenes de excepción; no pagando beneficios duplicados -más de un millón que cobran más de un beneficio-. Si ordenamos todo eso, mágicamente tenemos plata para contener el gasto y al mismo tiempo mejorar la calidad del sistema”. No obstante, admitió que esto “es difícil, requieren acuerdos políticos”.
Más tarde fue el turno del defensor de la Tercera Edad de la Ciudad, Eugenio Semino, quien enfatizó en relación a los jubilados que “nadie puede vivir con 230 o 240 mil pesos en Argentina, dejemonos de joder. No existe. ¿De qué estamos hablando? O con el reajuste de 40 mil pesos de este mes, mil pesos por día, no llegan a comprar medio yogur”.
“El problema que vemos nosotros es que todo esto está en el marco de una catástrofe humanitaria. Los viejos como yo se mueren, no ahora, hace tres meses, no pueden comprar medicamentos, no pueden comer, no puede tener una habitación. Y no hay tiempo de la recomposición y vamos a ver…”, expresó.
El exdiputado nacional y jubilado del gremio gráfico, Néstor Pitrola, cargó contra el Gobierno y señaló que “estamos ante los reyes de confiscar a los jubilados en cada empalme de fórmula”. Asimismo, agregó que “la prueba más nítida del continuismo de esta política capitalista, es que ahora Milei se vale de la formula peronista ruinosa extendiéndola hasta julio”.
Al igual que varios invitados de esta reunión, hizo hincapié en que “en el ajuste brutal de enero y febrero, hubo una caída del 39% en las jubilaciones”, y le pegó de lleno al Gabinete Nacional: “Mienten cuando dicen que el Estado financia a los jubilados porque son los jubilados los que financian al Estado”. “Los jubilados siempre pierden y el FMI siempre cobra”, cerró.
El economista y periodista, Ismael Bermúdez, habló por más de 15 minutos y presentó un detallado análisis previsional de los últimos 40 años. En primera instancia, recordó sus críticas hacia las fórmulas de movilidad jubilatoria en los gobiernos de Carlos Menem, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner –sin nombrarla-, Mauricio Macri y Alberto Fernández.
A todo esto, afirmó que “el DNU es engañoso y pidió atención”, y cuestionó: “¿Dónde está el engaño? Los 200.000 jubilados docentes están excluidos. Hay un 1.4 millones, con 30 años de aportes que tienen derecho al 82% por una ley del 2018, que van a cobrar solo un 2,11% por encima de lo que cobraron en marzo”.
En esa línea, señaló que “el Gobierno se olvidó o se avivó y no convocó al Consejo del Salario Mínimo”. “Hay 5.400.000 jubilados que van a cobrar entre 0 y como máximo un 18% de aumento”, aseveró el periodista, mientras Brouwer de Koning le remarcaba que el tiempo de exposición se terminaba.
El periodista señaló que el aumento por DNU “va a dejar a las jubilaciones en el décimo subsuelo de por vida”.
Sin embargo, siguió mucho más: “Nada que ver con el 27,4% que surge del DNU porque a raíz de esto, estuve indagando con jueces que me dijeron que esto es ilegal”. “Lo llamé al expresidente de la Cámara de Seguridad Social René Herrero y me dijo que ‘es inconstitucional otorgar aumentos diferenciados hacia arriba o hacia abajo’”.
También, añadió que “está lleno de juicios porque se estuvo otorgando aumentos diferenciados hacia arriba o hacia abajo”, y explicó que “hacia abajo es más grave porque perjudicas a personas en situación de pobreza”.
Asimismo, indicó que “el DNU dice que la fórmula de Alberto Fernández se mantiene hasta junio y con eso, habrá un período de 3 meses donde van a coexistir ambas fórmulas”.
Basado en números del Banco Central, Bermúdez anticipó que “los haberes en abril van a estar con una suba del 62%, pero la inflación (acumulada) va a ser del 72,4%. Quiere decir que las jubilaciones van a caer en abril”. A su vez, añadió: “En mayo, la suba será del 83,58, pero la inflación en el 89,7%”.
Así las cosas, advirtió que “en junio, podrían estar casi empatados”, pero dilucidó: “Es ahí cuando viene el DNU y dice ‘acá paramos’ y es el momento donde más bajo van a estar las jubilaciones”. “El DNU va a dejar a las jubilaciones en el décimo subsuelo de por vida”, sentenció.
Para Bermúdez, este decreto trae “una pérdida vitalicia” y pidió que “las formulas del Alberto y la de IPC convivan en el tiempo”. “Este DNU logra, primero, que sigan cayendo haberes hasta julio y, segundo, que se perpetúe de por vida la caída monstruosa que viene del 2011”.
Para culminar su análisis, Ismael Bermúdez criticó al máximo tribunal de justicia: “La Corte Suprema debe tener, guardados bajo candado, fallos de segunda instancia y sigue sin pronunciarse”, respecto a los aumentos anteriores que no lograron recomponer haberes jubilatorios.
En medio de las exposiciones de los invitados, el diputado nacional Juan Marino (UP – Buenos Aires) pidió la palabra para denunciar que “un agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires le arrojó gas pimientas durante la represión a jubilados en las afueras del Congreso”. El legislador presentaba una mancha en su cabeza.
Por otra parte, Marisa Graham, la defensora de los derechos del niño, niña y adolescente, planteó la necesidad de imponer fórmula de movilidad a la Asignación Universal por Hijo y explicó que “la seguridad social es un derecho humano, no un plan asistencial”.
Con el tiempo compartido, Facundo Hernández, defensor adjunto de los derechos del niño, niña y adolescente, planteó la misma cuestión, pero dirigida a la Tarjeta Alimentar. “Pedimos que se amplíe hasta los 17 años –actualmente es hasta los 40-”. Además, planteó que “el Programa Progresar también debería tener un componente de actualización”. Más tarde, el especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF, Sebastián Waisgrais, se refirió al mismo tema.
El vicepresidente de la Asociación de Abogados Previsionalistas, Federico Despoulis, intervino como orador y dejó clara su postura frente al DNU: “Que el Poder Ejecutivo no se entrometa y que esto sea un tema a resolver en el Congreso de la Nación”. En esa línea, afirmó que “nadie va a estar en contra de qué un jubilado gane 700.000 pesos, pero el Congreso tiene la obligación de que eso sea proporcional”.
También, cuestionó que “en los últimos 40 años de democracia, en solo nueve no hubo inflación y esta ley debe tener un tope cada seis meses”, en relación a la recomposición. “Lo mejor que pueden hacer es englobar estos proyectos a efectos de mejorar los ingresos jubilatorios”, consideró.
La abogada y procuradora María Susana Bossa remarcó que “necesitamos un cambio de fórmula”, cuestionó que “la inflación de enero fue del 20% y el aumento del decreto del 12,5”. Así las cosas, exigió que “debemos recomponer, como mínimo, desde 2017”.
Antes del cierre de la reunión, el abogado previsionalista, Christian González D’Alessandro¸ cuestionó a los diputados nacionales que se habían retirado antes: “Es una falta de respeto. Después se quejan de los trabajadores ñoquis. Después no juzguen y señalen con el dedo a los trabajadores del Estado”.
Del mismo modo, agregó: “Tienen la llave para llevarle dignidad a los jubilados”, y enfatizó que “la propuesta de Milei consolida la pérdida de poder adquisitivo que no esperan recuperarse hacia adelante. Se estima que la pérdida (irrecuperable) rondará entre los 30 y 33 por ciento”.
“Javier Milei le está destruyendo el bolsillo a los jubilados. Hoy 8 de cada 10 jubilados no logran solventar la canasta básica y les hace pagar el ajuste a quienes trabajaron toda la vida”, aseveró el abogado. “No sean cómplices, acá no hay grises. Si no derogan el DNU 70/2023 serán responsables de condenar a la miseria a quienes pueden ser sus padres y sus abuelos”, cerró.
Finalmente, la licenciada en Economía Política, Emilia Eugenia Roca, cuestionó “la falta de seguridad jurídica”, y enfatizó que “la jubilación es un derecho y nace desde nuestra situación como trabajadores”. Terminadas las exposiciones, la presidenta de la comisión Gabriela Brouwer de Koning dio por terminada la reunión.
El defensor de la Tercera Edad de la Ciudad habló de una “catástrofe humanitaria” que atraviesa la clase pasiva, a quienes el haber les dura “10 minutos”.
En el marco de la reunión de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados, el defensor de la Tercera Edad de la Ciudad, Eugenio Semino, enfatizó en relación a los jubilados que “nadie puede vivir con 230 o 240 mil pesos en Argentina, dejémonos de joder. No existe. ¿De qué estamos hablando? O con el reajuste de 40 mil pesos de este mes, mil pesos por día, no llegan a comprar medio yogur”.
Invitado a exponer en el debate sobre fórmula de movilidad, el abogado especialista en derecho previsional apuntó: “El problema que vemos nosotros es que todo esto está en el marco de una catástrofe humanitaria. Los viejos como yo se mueren, no ahora, hace tres meses, no pueden comprar medicamentos, no pueden comer, no puede tener una habitación. Y no hay tiempo de la recomposición y vamos a ver…”.
“De los 60 millones de específicos de farmacia que se vendían, hay 10 millones menos que se venden. ¿Y saben quién consume esto mayoritariamente? Los adultos mayores”, sumó para luego observar que “no hay tal vez la suficiente conciencia, y ha sido naturalizado socialmente, de llegar a viejo”.
En ese sentido, ahondó: “La biología, a los 65 años, nos da 20 o 25 años más de vida plena con calidad. Acá en esta enfermedad crónica que tiene el sistema, de la cual coparticipamos todos, a los 65 años nos aplican un rifle sanitario”.
En el cierre, Semino le agradeció a la diputada Alejandra Torres por haberlo invitado a participar, comentando que cuando lo hizo, le aclaró que tendría 10 minutos para hablar. “Me pareció muy razonable, muy razonable… Es proporcional a lo que le dura el haber a los jubilados todos los meses”, finalizó.
“El Gobierno no tiene insensibilidad social”, dijo el titular de la ANSeS al presentarse ante los diputados de la Comisión de Previsión. Además, cuestionó las jubilaciones por moratoria.
Foto: HCDN
Hasta último momento no se sabía si funcionarios del Poder Ejecutivo iban a asistir este jueves a la reunión informativa de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados, cuando finalmente, entre los primeros expositores, se hizo presente el titular de la ANSeS, Mariano de los Heros.
El funcionario defendió el cambio de la fórmula de movilidad por DNU y afirmó que “acá no nos estamos ahorrando nada”. En ese sentido, precisó que los aumentos estipulados para abril, mayo y junio, antes que el cálculo comience a regir plenamente en julio por IPC, rondan alrededor de los 2 billones de pesos.
Si bien varios diputados se mostraron a favor, como contemplan la mayoría de los proyectos presentados, en que la fórmula contenga el índice de inflación, el cuestionamiento pasó por el “empalme” y el porcentaje tomado para la recomposición. Mientras desde un sector de la oposición insisten con que sea de un 20,6% -número de enero-, De los Heros defendió que se haya tomado un adicional de 12,5% como “la situación inflacionaria más cercana”.
En el arranque de su exposición, el director Ejecutivo de la ANSeS mencionó que con la fórmula que se acaba de anular (votada en 2021 bajo el gobierno del Frente de Todos), el aumento para junio hubiese sido de 34,1%. “Con los adelantos que se van a dar durante este período, de abril, mayo y junio, como adelanto a la movilidad que va a entrar en pleno vigor a partir de julio, se va a estar otorgando a los jubilados un 63,1%. Este es el esfuerzo fiscal que hace el Gobierno al establecer esta nueva movilidad”, señaló.
“La urgencia del DNU es justamente mejorar la situación de nuestra clase pasiva, con un costo fiscal que llega casi al billón novecientos mil pesos durante estos tres meses”, detalló y defendió que “las decisiones políticas del Gobierno no exponen solamente una preocupación sobre la situación de nuestros jubilados, sino también la convicción de otorgarles fondos públicos que son escasos, para tratar de resolver parcialmente la situación desastrosa que dejó la ley de movilidad anterior”.
Por otra parte, De los Heros aprovechó para cuestionar las jubilaciones por moratoria. “Una cuestión que quiero también poner sobre la mesa es la cantidad de jubilaciones mínimas que tenemos; siempre hay una tendencia de ver a los jubilados como titulares de jubilaciones mínimas y en realidad no debería ser así. ¿Por qué llegamos a esto? El 87% de todas las jubilaciones otorgadas con moratoria están en la mínima. Este achatamiento no es producto de la movilidad sino de las políticas adoptadas”.
“De las jubilaciones y pensiones 100% contributivas, que fueron adquiridas por los trabajadores con 30 o más años de aporte, solamente el 6% tiene jubilaciones mínimas”, precisó y continuó: “Evidentemente este proceso de achatamiento de la pirámide, que tanto se habla, no es producto de la movilidad, es producto de ciertas políticas que se han adoptado desde 2005, otorgando moratorias que ponen en una situación de igualdad situaciones totalmente distintas”.
El funcionario cuestionó que “hemos incorporado dentro de este universo a cinco millones de personas que no cumplieron con la ley previsional que establecía los 30 años de aporte”.
Si bien indicó que en el mundo “no hay un consenso absoluto acerca de cuál es el mejor sistema previsional”, algo que sí sucede es que “los regímenes previsionales son de largo plazo, no se los puede estar interviniendo, toqueteando o modificando permanentemente . Lamentablemente Argentina esta actitud no la ha mantenido”.
Al recordar la ley de moratoria que está vigente, que permite comprar aportes no efectivamente realizados, informó que “en el caso de las mujeres el promedio de aportes efectivos es de cinco años, y en el caso de los hombres tienen nueve años de aportes efectivos”.
“De 45.000 jubilaciones promedio que otorga el ANSeS, 30.000 corresponden a trabajadores que compran sus aportes por moratoria, sólo 15.000 son trabajadores que cumplen con los 30 años de aporte y la edad requerida”, apuntó.
Finalmente, pidió “buscar un acuerdo y consenso para no caer en injusticias” ya que “la Corte ha dicho que el principio de igualdad es para situaciones iguales, y deja de ser igualdad cuando a situaciones diferentes se les da el mismo tratamiento”.
Al momento de las preguntas de los legisladores, el radical Martín Tetaz remarcó que “el año pasado hubo 210% de inflación y las jubilaciones sacaron 110%”, con lo cual perdieron 100 puntos. “Ustedes están congelando la diferencia que se generó entre la inflación y las jubilaciones hacia adelante. ¿Usted sacó la cuenta de cuánto tiene que ser la compensación para que los jubilados perciban de bolsillo la misma jubilación que percibían a principio de 2023?“, consultó.
De los Heros insistió que con la fórmula anterior, los jubilados en abril y mayo iban a percibir 135 mi pesos y en junio 170 mil. “La diferencia que ya estamos obteniendo es del 34% al 63%”, reiteró y expresó: “Acá no nos estamos ahorrando nada, sino que estamos poniendo casi dos mil millones de dólares en estos meses para mejorar la situación de los jubilados. Si dejáramos las cosas como estaban, las víctimas serían los jubilados”.
Desde Unión por la Patria, Itaí Hagman cuestionó que “la recomposición del 12,5% está muy por debajo de la pérdida de estos últimos meses”. “Lo que ustedes proponen es, en el nivel más bajo (desde 2002), congelar las jubilaciones, ponerles un piso y techo”, observó y rechazó la “filosofía de que la movilidad es para mantener”, lo que iría en contra de que los jubilados puedan en el futuro “participar de una mejora” de la economía. Además, el porteño le preguntó a De los Heros “de qué piensa que deberían vivir los 3,8 millones de personas” que se jubilaron por moratoria.
Sobre esto último, el titular de la ANSeS aseguró que “el Gobierno no tiene insensibilidad social, de hecho la movilidad social es una demostración de eso. Que haya situaciones de necesidad que generan derechos y programas de asistencia por parte del Estado, como la AUH, la PUAM y pensiones por discapacidad, están dentro de los regímenes de seguridad social, pero el sistema previsional es un subsistema de la seguridad social, no es todo lo mismo, ni está todo dedicado hacia lo mismo”.
“No se le puede cargar el financiamiento a los trabajadores que pagaron los aportes, porque ahí está la injusticia. Se lo obliga indirectamente a financiar una situación asistencial, no previsional. La injusticia está en los mecanismos utilizados. El Gobierno está comprometido en asistir a todas las necesidades, pero utilizando los medios e instrumentos correctos, sin afectar los derechos de los demás”, sostuvo.
La cordobesa Alejandra Torres consultó a De los Heros “por qué no hacemos el empalme con enero” y que explique el desdoblamiento del pago en abril. “La idea del Gobierno fue cubrir lo más cercano la situación inflacionaria”, respondió y sobre el segundo tema dijo que “el problema es las fechas en que salieron los decretos” para las correspondientes liquidaciones.
La diputada de Hacemos Coalición Federal, esposa del extitular de la ANSeS, Osvaldo Giordano, indagó además respecto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que “tiene una importante cantidad de recursos y lamentablemente no se utiliza para pagar juicios, jubilaciones o transferencias a las cajas previsiones provinciales”.
“El FGS fue modificado en su utilización por ley”, recordó De los Heros y señaló que “se acordaron más de un billón y medio de pesos a créditos no solamente de pasivos, sino a titulares de sistemas asistenciales y trabajadores activos del SIPA y con tasas rondando el 48%”. “Tiene que tener otra configuración, pero en eso deberían ponerse ustedes de acuerdo; tiene que estar destinado a los jubilados y pensionados”, agregó.
Consultado por diversos temas, el funcionario afirmó que “no se han afectado de ninguna manera las prestaciones de los servicios que brindan la ANSeS con los despidos que se han realizado. La ANSeS sigue funcionando como funcionaba cuando esos agentes no estaban, eran ingresos recientes”.
También aclaró que las jubilaciones otorgadas por moratoria “son derechos adquiridos y eso no se puede cambiar. El daño que se le provocó al sistema previsional ya está provocado”; al tiempo que “la reforma previsional que ustedes vayan a sacar tiene que durar 30 años”, sugirió.
Una treintena de especialistas fueron convocados a la reunión informativa en el marco del tratamiento de los proyectos que proponen una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. El listado completo.
La Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados realizará este jueves, desde las 11, una reunión informativa a la que fueron convocados una treintena de especialistas, en el marco del debate de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
La intención de la oposición es acelerar el debate en esta comisión para que el cálculo que se utiliza para actualizar los haberes previsionales (jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales) quede establecido por ley, más allá del DNU que emitió el Gobierno nacional. Tras ese objetivo, antes de Semana Santa, los asesores se reunieron para acercar posiciones sobre las 16 iniciativas que hay presentadas.
Previamente, el pasado 21 de marzo, hubo una reunión de diputados en la que los autores explicaron sus proyectos. En esa jornada se cuestionó al libertario José Luis Espert, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por no haber convocado a un plenario. Espert, en nombre del oficialismo, no estaba de acuerdo con anticiparse a este debate antes del envío de la nueva ley de Bases. Sin embargo, el Ejecutivo avanzó por DNU.
El decreto establece un esquema de aumentos para abril, mayo y junio, tomando el índice IPC (inflación) y distintas recomposiciones, mientras que la fórmula comenzará a regir plenamente a partir de julio. La oposición buscaba un porcentaje mayor de recomposición por la inflación de enero, que fue del 20,6%, pero el Gobierno contempló para abril un 12,5%.
La medida, además, provocó que para abril se prevea un pago en dos veces para los jubilados, cuestión que desde Unión por la Patria ya avisaron reclamarán en la reunión de este jueves.
En diálogo con parlamentario.com, la presidenta de la comisión, la radical Gabriela Brouwer de Koning, aseguró que el consenso mayoritario es avanzar con un dictamen en la comisión, ya que “el DNU sigue manteniendo un deterioro en los haberes” de los jubilados.
La de este jueves sería la única reunión informativa, y por el cronograma pautado se extenderá por alrededor de cinco horas. El listado incluye 27 invitados sin que figure -por el momento- un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo que no confirmó asistencia.
Los expositores
23. Javier Couly: Abogado especialista en previsión social. Maestrando en Derecho de la Vejez (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba). Asesor legislativo en el bloque UCR de la Cámara de Diputados de La Pampa y profesional independiente.
Luego de que el Ejecutivo estableció una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones de acuerdo al IPC, la Comisión de Previsión y Seguridad Social convocó para este jueves a referentes en el tema a fin de continuar con el debate para poder arribar a un dictamen de consenso.
Tras la decisión del Gobierno nacional de avanzar con el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria por DNU-y establecer un esquema de aumentos para abril, mayo y junio-, la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, a cargo de la radical Gabriela Brouwer de Koning, convocó a una nueva reunión para continuar debatiendo el tema.
El encuentro será de carácter informativo con invitados referentes a la temática que expondrán a partir de las 11 de este jueves 4 de abril en el Anexo “C” del 2do piso.
Será la segunda reunión que tendrá la comisión para debatir movilidad jubilatoria. La primera se llevó a cabo el pasado 21 de marzo donde los autores de los 16 proyectos presentados explicaron los principales puntos de sus iniciativas. En dicha jornada, también se cuestionó al libertario José Luis Espert como titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda por no haber convocado a un plenario y agilizar los tiempos.
Luego de que la oposición inició el debate en la Cámara baja sin la conformidad del oficialismo, que quería esperar a la nueva ley de Bases, cuatro días después el Gobierno oficializó el decreto de necesidad y urgencia 274/24, por medio del cual modificó la fórmula de movilidad jubilatoria. La norma establece un cronograma de transición de tres meses, contemplando el índice IPC, pero el cálculo comenzará a regir plenamente en julio.
Al respecto, Brouwer de Koning sostuvo en diálogo con parlamentario.com que “hay mucha predisposición (en los distintos bloques) para poder lograr puntos en común”, porque “la idea es mejorar el haber jubilatorio y darle mayor previsibilidad en el tiempo a los jubilados”.
La presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados aseguró que hay “mucha predisposición” en la oposición para “lograr puntos en común” y sacar un dictamen, e insistió que no coinciden con el Gobierno en el “empalme”.
Gabriela Brouwer de Koning (Foto: HCDN)
Luego de la decisión del Gobierno nacional de avanzar con el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria por decreto -y establecer un esquema de aumentos para abril, mayo y junio-, la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Gabriela Brouwer de Koning, aseguró que la oposición insistirá con la reforma del cálculo por ley ya que “el DNU sigue manteniendo un deterioro en los haberes”.
“La idea es mejorar el haber jubilatorio y darle mayor previsibilidad en el tiempo a los jubilados. Hay mucha predisposición (en los distintos bloques) para poder lograr puntos en común”, sostuvo la radical en diálogo con parlamentario.com y en la antesala de la reunión informativa con especialistas que se realizará luego de Semana Santa.
La legisladora de la UCR observó como “positivo” que el Poder Ejecutivo haya contemplado el índice de inflación en la nueva fórmula de movilidad, porque “es algo que está en la mayoría de los proyectos” presentados por diferentes espacios, pero igualmente “en este tema tiene que jugar el Congreso”.
“El Gobierno toma un 12,5% de incremento excepcional en abril, pero la inflación de enero fue del 20,6%. Nosotros queremos mejorar el tema del empalme porque consideramos que es insuficiente. Hay proyectos muy interesantes, que incorporan otras variables a analizar”, expresó. En ese sentido, ejemplificó que la iniciativa presentada por la macrista María Eugenia Vidal prevé qué salida tomar en caso que la inflación (a futuro) descienda y el IPC torne entonces nuevamente una fórmula de pérdida para los jubilados. “Vamos a analizar todas las variables, todo está en discusión”, afirmó.
Brouwer de Koning destacó ante este medio que “hay mucha predisposición para poder lograr puntos en común”. “Creo que trabajando de la forma que lo estamos haciendo, con mucha seriedad y profesionalismo, el resultado que logremos va a tener mucha legitimidad como para que no lo traten en la Comisión de Presupuesto, y va a tener su propia fuerza también, si logramos mayorías, para una posible sesión”, amplió.
“Hubiera sido importante haber tenido un plenario con Presupuesto”, la comisión que preside el libertario José Luis Espert, reclamó y recordó: “Nosotros nos habíamos comprometido en comenzar de manera urgente y por eso empezamos la discusión y la vamos a continuar, porque independientemente que esté el DNU, nosotros vamos a seguir trabajando y ver si encontramos puntos en común”.
Por otra parte, consultada por parlamentario.com por el anuncio del presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa de eliminar las jubilaciones de privilegio de presidente y vicepresidente, la diputada señaló que “es un tema que tiene que estar en la agenda, pero las jubilaciones de privilegio del presidente y vicepresidente es ínfimo a comparación de otras jubilaciones excepcionales. Por ejemplo, en el sistema judicial hay más de 7.000”.
“En las jubilaciones del Poder Judicial y el servicio exterior de la Nación no le vemos la razón o el motivo para que tengan tanta diferencia con las demás. Me gustaría que lo discutamos para tratar de hacer un sistema previsional más justo”, sumó.
También opinó sobre la idea del Poder Ejecutivo de promover una reforma laboral a la par de una reforma previsional. “El sistema previsional es muy amplio, tiene muchas aristas y obviamente depende de los aportes del trabajador que está formalizado. Y es hoy una realidad que el trabajo informal en Argentina es del 40%. Hay que hacer una reforma laboral para tratar de incorporar a todos a un trabajo formal. Desde el radicalismo siempre dijimos que estamos a favor de una reforma laboral; es un tema a debatir para que verdaderamente las leyes ayuden a los trabajadores”, completó.
Se reunirá este jueves desde las 12.30 la Comisión de Previsión y Seguridad Social, donde comenzarán a analizarse los distintos proyectos presentados.
En medio de diferencias entre la oposición y el oficialismo sobre los tiempos para tratar la apremiante situación de los jubilados, castigados particularmente por la inflación, se reunirá este jueves la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados. El encuentro será a las 12.30 y en el mismo tomará la posta como presidenta la cordobesa radical Gabriela Brouwer de Koning.
La semana pasada fracasó una sesión pedida por Hacemos Coalición Federal, que buscaba acelerar los tiempos de esta discusión, pendiente desde el fracaso de la ley ómnibus en el verano. La idea era emplazar con día y hora a las comisiones, pero no se reunió quórum en el recinto.
Posteriormente, el oficialismo habilitó la conformación de la Comisión de Previsión, cabecera de los proyectos presentados. Durante el encuentro, por cuestiones administrativas que no se previeron adecuadamente, asumió Karina Banfi de forma provisoria. El ofrecimiento a la UCR por parte de La Libertad Avanza para presidir la comisión se dio entre el final de la sesión en minoría y el comienzo de esa reunión.
Durante el encuentro, varios diputados reclamaron establecer un cronograma de tratamiento, entre ellos lo hicieron con énfasis miembros de la Coalición Cívica. Allí se pidió ir prontamente a un plenario con Presupuesto y Hacienda, comisión presidida por el oficialista José Luis Espert.
Sin embargo, para este jueves fue solamente convocada Previsión y Seguridad Social. Esto tiene que ver con la postura, tanto de Espert como del resto de La Libertad Avanza, de no anticiparse al debate antes que sea enviada por parte del Poder Ejecutivo la nueva ley de Bases, cuyo borrador conocido en los últimos días contiene una propuesta al respecto. Y esto pasaría recién después de Semana Santa.
De acuerdo a ese texto, que circuló entre jefes de bloques dialoguistas y gobernadores, el Gobierno propone que los haberes previsionales se actualicen mensualmente por inflación y que la primera actualización “se hará efectiva a partir del 1° de abril de 2024”. Pero, a diferencia de lo que plantean diputados de la oposición, que buscan que se compense la inflación de enero (20,6%), el oficialismo estima un 10% de plus.
En ese aspecto radica la mayor discrepancia, y de hecho el tema fue parte de las inquietudes que todos los visitantes a Casa Rosada -Pro, UCR y HCF- le transmitieron al ministro del Interior, Guillermo Francos.
Entre las iniciativas para modificar la actual fórmula, hay presentadas por Juan Manuel López (CC-ARI), María Eugenia Vidal (Pro), Gisela Marziotta (UP), Pedro Galimberti (UCR), Alejandra Torres (HCF), Danya Tavela (UCR) y María Sotolano (Pro).
El vocero presidencial, Manuel Adorni, negó que el Gobierno vaya a implementar una nueva fórmula de movilidad por decreto, porque es algo que debe debatirse en el Congreso. Sin embargo, la idea original de la ley de Bases -de diciembre- era suspender el esquema actual y dar aumentos discrecionales desde el Ejecutivo hasta tanto se sancione un nuevo cálculo. De hecho, fue lo que en 2020 hizo Alberto Fernández, hasta que en 2021 se aprobó la nueva fórmula, que combina el índice RIPTE y la recaudación para actualizar los haberes, hoy cuestionada por la pérdida que resultó en el poder adquisitivo de los jubilados ante la altísima inflación del último año.
Fue convocada para este jueves a las 11. Se empezarán a tratar las distintas iniciativas presentadas. Desde el oficialismo consideran que hay que esperar que el Gobierno envíe su propuesta en la nueva ley de Bases.
Foto: HCDN
En medio de diferencias entre la oposición y el oficialismo sobre los tiempos para tratar la apremiante situación de los jubilados, castigados particularmente por la inflación, fue convocada este jueves la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados. El encuentro será a las 11 y en el mismo tomaría la posta como presidenta la cordobesa radical Gabriela Brouwer de Koning.
La semana pasada fracasó una sesión pedida por Hacemos Coalición Federal, que buscaba acelerar los tiempos de esta discusión, pendiente desde el fracaso de la ley ómnibus en el verano. La idea era emplazar con día y hora a las comisiones, pero no se reunió quórum en el recinto.
Posteriormente, el oficialismo habilitó la conformación de la Comisión de Previsión, cabecera de los proyectos presentados. Durante el encuentro, por cuestiones administrativas que no se previeron adecuadamente, asumió Karina Banfi de forma provisoria. El ofrecimiento a la UCR por parte de La Libertad Avanza para presidir la comisión se dio entre el final de la sesión en minoría y el comienzo de esa reunión.
Durante el encuentro, varios diputados reclamaron establecer un cronograma de tratamiento, entre ellos lo hicieron con énfasis miembros de la Coalición Cívica. Allí se pidió ir prontamente a un plenario con Presupuesto y Hacienda, comisión presidida por el oficialista José Luis Espert.
No se puede postergar más la respuesta ante la difícil situación que viven los jubilados argentinos.
Es misión del Congreso definir una nueva fórmula que asegure el derecho constitucional de movilidad de los aportes y que enfrente la presión inflacionaria. Por eso acabamos de…
— Gabriela Brouwer de Koning (@GabrielaBrouwer) March 19, 2024
Sin embargo, para este jueves fue solamente convocada Previsión y Seguridad Social. Esto tiene que ver con la postura, tanto de Espert como del resto de La Libertad Avanza, de no anticiparse al debate antes que sea enviada por parte del Poder Ejecutivo la nueva ley de Bases, cuyo borrador conocido en los últimos días contiene una propuesta al respecto. Y esto pasaría recién después de Semana Santa.
De acuerdo a ese texto, que circuló entre jefes de bloques dialoguistas y gobernadores, el Gobierno propone que los haberes previsionales se actualicen mensualmente por inflación y que la primera actualización “se hará efectiva a partir del 1° de abril de 2024”. Pero, a diferencia de lo que plantean diputados de la oposición, que buscan que se compense la inflación de enero (20,6%), el oficialismo estima un 10% de plus.
En ese aspecto radica la mayor discrepancia, y de hecho el tema fue parte de las inquietudes que todos los visitantes a Casa Rosada -Pro, UCR y HCF- le transmitieron al ministro del Interior, Guillermo Francos.
Entre las iniciativas para modificar la actual fórmula, hay presentadas por Juan Manuel López (CC-ARI), María Eugenia Vidal (Pro), Gisela Marziotta (UP), Pedro Galimberti (UCR), Alejandra Torres (HCF), Danya Tavela (UCR) y María Sotolano (Pro).
Este martes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, negó que el Gobierno vaya a implementar una nueva fórmula de movilidad por decreto, porque es algo que debe debatirse en el Congreso. Sin embargo, la idea original de la ley de Bases -de diciembre- era suspender el esquema actual y dar aumentos discrecionales desde el Ejecutivo hasta tanto se sancione un nuevo cálculo. De hecho, fue lo que en 2020 hizo Alberto Fernández, hasta que en 2021 se aprobó la nueva fórmula, que combina el índice RIPTE y la recaudación para actualizar los haberes, hoy cuestionada por la pérdida que resultó en el poder adquisitivo de los jubilados ante la altísima inflación del último año.
Tras la conformación -a medias- de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, en la que quedó provisoriamente como presidenta, la radical habló de la importancia de comenzar con reuniones informativas.
Tras una insólita reunión constitutiva de comisión, la vicepresidenta del bloque radical, Karina Banfi, asumió provisoriamente la presidencia de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, cargo que quedará luego en manos de la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning, quien no pudo ser designada por cuestiones reglamentarias.
“Estamos en condiciones de debatir todos los temas. Hay varios proyectos para reformar la fórmula de movilidad jubilatoria y falta que ingrese la propuesta del Gobierno. Pero este tema es urgente”, sostuvo la legisladora en conversaciones con la prensa parlamentaria.
En referencia a la sesión que se frustró este miércoles, impulsada por Hacemos Coalición Federal y a la que sólo bajaron cinco integrantes de la UCR, Banfi dijo: “Nosotros desde el bloque de la UCR consideramos que era fundamental no ir a la sesión para emplazar a una comisión, toda vez que estamos recién en 13 de marzo. Estamos en plena marcha de constitución de todas las comisiones, como se hace habitualmente en el calendario ordinario luego de la Asamblea Legislativa que hace la apertura el presidente de la Nación”.
“Una semana después citar una sesión para emplazar una comisión no nos pareció adecuado. Nosotros volcamos todos los esfuerzos efectivamente para que hoy se habilitara esta comisión y ya darle tratamiento. Hicimos un cuarto intermedio hasta este jueves, así que vamos a seguir debatiendo y discutiendo todos los temas que refieren a los proyectos de fórmulas de movilidad”, agregó.
La diputada vio con buenos ojos el planteo del cívico Maximiliano Ferraro, quien “propuso justamente una agenda y un calendario de tratamiento que nosotros desde la UCR sin duda vamos a respetar. Porque nos parece que es oportuno teniendo en cuenta la convocatoria de algunas reuniones informativas para que vengan especialistas, que vengan las autoridades del Gobierno, y que además estas reuniones deben hacerse de forma conjunta con la Comisión de Presupuesto, porque esto tiene una afectación presupuestaria. Ferraro pide el 9 de abril como límite para que se pueda estar sacando la media sanción de una nueva modalidad jubilatoria y ojalá que así lo podamos hacer”.
Durante la reunión, Ferraro solicitó que “el miércoles 20 a las 12 se dé inicio al tratamiento de estos expedientes en conjunto con la Comisión de Presupuesto y luego continuar en reuniones sucesivas no pudiendo emitir dictamen más allá del 9 de abril del corriente año”.
Sobre la polémica que se generó en torno a la presidencia de la comisión, Banfi aseguró: “No es cierto que haya toma y daca como dicen en el kirchnerismo. Ojo, quizás ellos es lo que han tratado de hacer cada vez que han presidido esta Cámara. Pero nosotros nunca nos hemos prestado a ese tipo de manipulaciones. Presidir esta comisión es una gran responsabilidad. Yo lo dije, que estoy asumiendo provisoriamente por una cuestión incluso administrativa que ha tenido la Cámara con respecto a unas suplencias que se han dado sobre los miembros de mi bloque. Pero lo dije al principio, esto es una carga pública. Esto significa que tiene una responsabilidad pública poder presidir. Y es para nosotros, los radicales, no solo una responsabilidad, sino que es algo que sentimos realmente la representación de todos los sectores pasivos que hacen a la economía de la Argentina, que son nuestros jubilados”.
La designada para presidir la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja era la radical Gabriela Brouwer de Koning. UP acusó al oficialismo “de darle la presidencia a la UCR a cambio de no dar quórum” en la sesión.
Comenzó este miércoles la reunión constitutiva de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, la cual pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves a las 11. La designada para presidirla era Gabriela Brouwer de Koning (UCR – Córdoba), pero una intromisión reglamentaria impidió que sea designada.
La documentación que confirmaba el cambio entre la radical cordobesa en lugar del mendocino Lisandro Nieri no llegó a tiempo -la reunión comenzó pasadas las 16 y hubo un cuarto intermedio de 10 minutos- y se decidió esperar un día más. Por el momento, la Comisión de Previsión y Seguridad Social estará presidida por Karina Banfi.
Cabe recordar que previo a la sesión trunca, el nombre elegido era el del diputado nacional Carlos D’Aleesandro (LLA -San Luis). Sin embargo, La Libertad Avanza le ofreció la Presidencia a la UCR minutos antes del inicio de la reunión constitutiva y fue por eso que se ocasionó el retraso en las oficializaciones.
Según supo parlamentario.com, Brouwer de Koning le ganó la pulseada a Martín Tetaz en la puja por la titularidad de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, la cual será designada el jueves a las 11 en la reanudación de la reunión.
En el inicio de la reunión, el jefe de bloque libertario, Oscar Zago, insistió con un cuarto intermedio de 15 minutos para esperar si llegaban las notas y ordenar la cuestión. Asimismo, Banfi ya había propuesto el nombre de Brouwer de Konig para presidir la comisión.
Pero desde Unión por la Patria y la Coalición Cívica, dos de los bloques presentes en el recinto cuando la sesión impulsada por Hacemos Coalición Federal para tratar la actualización de los haberes jubilatorios fue desactivada por falta de quórum, esperaban atentos para confrontar contra el oficialismo y los radicales.
Germán Martínez, jefe de bancada de UP, señaló que “hay un acuerdo de no dar quórum para darle esta presidencia a la UCR”. Del mismo modo, Maximiliano Ferraro (HCF) consideró que “lo mínimo que hubiéramos esperado es que el oficialismo o quienes conducen esta Cámara, hubieran ordenado de otra manera el inicio de una comisión central para una prioridad que es darle respuesta a los jubilados con el cambio de movilidad jubilatoria en la Argentina”.
Además, el titular de la CC-ARI enfatizó que “tenemos una inflación interanual del 276%, que los jubilados en todo ese recorrido anual tuvieron solamente un incremento de más del 130%, que en el primer bimestre la inflación fue del 36,6% y el incremento fue solamente del 27%, que se dispararon dos rubros que son prioritarios en la Argentina que son el 300,3% en alimentos, el 300,6% en salud y principalmente lo que es medicamento”.
En esa línea, exigió que se les dé tratamiento a las iniciativas del Frente de Todos, de la Coalición Cívica – ARI (presentados en 2023), a uno de María Eugenia Vidal y a todos los proyectos sobre actualización de las prestaciones previsionales. “Pido trazar una hoja de ruta clara, precisa y previsible para los miles y miles de jubilados que esperan una respuesta”, aseveró Ferraro.
A su vez, remarcó la necesidad de realizar una reunión plenaria junto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el nuevo integrante de La Libertad Avanza, José Luis Espert, y solicitó que se inicie el tratamiento el miércoles 20 a las 12 y que el dictamen no se pase del próximo 9 de abril.
Finalizado el cuarto intermedio solicitado por Zago, la presidenta -provisoria- de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Karina Banfi, comunicó el pase a un nuevo cuarto intermedio hasta el jueves a las 11. Como se mencionó, no llegó la oficialización del reemplazo de Brouwer de Koning por Nieri, y por ende no tenía la autorización para ser la titular de la comisión.
En el cierre, la diputada nacional Paula Penacca le reclamó a Zago que “haga las gestiones necesarias y así todos los bloques tengamos la cantidad de integrantes y las autoridades”.
Rápidamente, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, se manifestó respecto al tema: “Inédito papelón en el Congreso, quieren designar como presidenta de la comisión de previsión a una diputada que no es miembro de la misma”.
“No hay antecedentes en la historia parlamentaria de modificar la composición una vez iniciada la comisión. Lo bien que hicimos desde el bloque de Unión por la Patria de haber participado de la sesión especial por la fórmula de movilidad jubilatoria y no entrar en ninguna negociación para dilatar el tratamiento de los proyectos”, aseveró en X.
Asimismo, defendió a la legisladora designada y expresó que “lamento el manoseo a la que fue expuesta Gabriela Brouwer de Koning con la que tuvimos el honor de sancionar la ley de creación de la Universidad de Rio Tercero, hoy paralizada por este Gobierno”.
Inédito papelon en el congreso, quieren designar como presidenta de la comisión de previsión a una diputada que no es miembro de la misma. No hay antecedentes en la historia parlamentaria de modificar la composición una vez iniciada la comisión. Lo bien que hicimos desde el… pic.twitter.com/HMoG0H2gdZ
— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) March 13, 2024
El pedido del ministro de Ambiente fue realizado en el marco del Día Internacional de las y los Combatientes de Incendios Forestales.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, realizó un pedido formal ante la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Marisa Uceda (FdT), para el pronto tratamiento del proyecto de ley de régimen diferencial previsional para combatientes de incendios forestales, que cuenta con media sanción del Senado.
En la nota dirigida a Uceda, Cabandié resaltó la gran labor de los brigadistas llevada a cabo en estos últimos años, en los que el cambio climático y el estrés hídrico afectaron distintas partes del país, generando condiciones extremas para la propagación de incendios forestales. Además, remarcó que tener un sistema de combate de incendios fortalecido, con trabajadoras y trabajadores dignificados, puede marcar la diferencia para estar a la altura ante futuras emergencias ígneas.
La iniciativa, que a fines de noviembre del año pasado había completado su trámite en comisiones -tiene giro además a Presupuesto y Hacienda-, finalmente no se trató en el recinto. Se estima que con esta norma se beneficiará alrededor de 900 combatientes, 500 de ellos dependientes del Estado Nacional -entre personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y de Parques Nacionales-, y casi 400 brigadistas provinciales.
El proyecto establece el derecho al beneficio del régimen diferencial para los brigadistas varones a partir de los 57 años y para las brigadistas mujeres a partir de los 50 años. Para acceder a la jubilación se tendrán que acreditar 25 años de servicios en unidades operativas de lucha contra incendios forestales o rurales, de los cuales al menos 15 años tendrán que ser como combatientes en tareas de supresión en el terreno.
Además, se establece que el haber mensual de las jubilaciones será equivalente al 82% móvil de la remuneración mensual del cargo que tuviera asignado al momento del cese.
Desde el Ministerio destacaron que “se ejecuta una inversión histórica en materia de manejo del fuego, cercana a los $18 mil millones. Con el presupuesto más robusto en prevención y combate de incendios forestales se logró duplicar la cantidad de brigadas nacionales, dotar de indumentaria a combatientes, generar un convenio colectivo de trabajo que beneficia a más de 500 brigadistas, capacitar a más de 2.000 agentes de todo el país, desplegar medios aéreos, entregar equipamiento a las provincias, adquirir drones y autobombas forestales, entre otras acciones realizadas”.
La titular de la ANSeS expuso en Diputados sobre las consecuencias de no contar con la ley y cargó contra “los diputados y diputadas que no vinieron a trabajar” en referencia a la última sesión frustrada.
Con la intención de exponer sobre las consecuencias que tiene sobre 800 mil personas no contar con una herramienta que les permita jubilarse, aún sin contar con los aportes suficientes, la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, asistió este miércoles a la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, donde enfatizó que es “imprescindible” aprobar la ley de plan de pago de deuda previsional y reclamó a la oposición “que nos dejen discutir” en el recinto.
Tal como había expresado en declaraciones radiales en la previa, la funcionaria admitió que el Poder Ejecutivo está analizando prorrogar por decreto la última moratoria vigente -que venció el último 31 de diciembre- pero hacerlo por esa vía “no resuelve el problema de fondo”.
Al abrir el encuentro, la presidenta de la comisión, la camporista Marisa Uceda, reconoció que se trataba de una reunión “no es muy ortodoxa, pero ante circunstancias extremas o graves uno tiene que acudir a todas las herramientas que pueda para dar solución a conflictos como el que vamos a tratar hoy”.
La mendocina dijo que no iba a hacer mención de quienes no estaban presentes y reveló que el encuentro fue solicitado por Raverta “ante las infinitas consultas de perjudicados porque este proyecto de ley no ha tenido la sanción”.
Los integrantes de Juntos por el Cambio no asistieron bajo el argumento de que ese tema ya se dictaminó y ahora resta tratarlo en el recinto.
La iniciativa salió del Senado el 30 de junio de 2022 por impulso del kirchnerismo. En la Cámara de Diputados hubo dos reuniones informativas en julio y agosto, pero finalmente el dictamen se firmó a fines de noviembre. Y se incluyó en el temario de la sesión del 21 de diciembre, que no se pudo realizar por falta de quórum. A favor de esa iniciativa, el interbloque Provincias Unidas y el Frente de Izquierda habían bajado al recinto, pero igualmente al Frente de Todos no le alcanzó el número.
En su alocución, la directora ejecutiva de la ANSeS señaló que iba a “caracterizar el momento que estamos atravesando”, el cual “requiere de una profunda reflexión”. “Nosotros vivimos en una Argentina donde, a partir de 2004, gobierno de Néstor Carlos Kirchner, se contaba con una norma para que aquellos hombres y mujeres que tuvieran la edad de jubilarse y le faltaran años de aportes”.
Al enumerar los beneficios de acceder a una jubilación, y en alusión al ingreso, la camporista defendió que “ en gobiernos nacionales y populares siempre es para arriba, nunca para abajo. En otros gobiernos sabemos que se ha recortado 13%”.
Además, mencionó la ley que se aprobó en 2014, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, para “poder darle continuidad a una política de inclusión previsional”.
“Un plan de pagos significa saldar algo que debes. Digo esto porque por ahí en los medios es fácil confundir a la gente y hay quienes creen que tratamos de regalar jubilaciones”, aclaró e indicó que “siempre los que se incluyeron al sistema a través de una moratoria fueron pagando mes a mes”.
Yendo a la cuestión, Raverta expresó que “esa normativa que teníamos los argentinos, que ya creíamos que no había manera de retroceder, terminó el último día del año pasado” y “a partir del 1ro. de enero en las oficinas de ANSeS, todos los días recibimos a hombres y mujeres que tienen la edad de jubilarse y a los que les tenemos que decir que antes del 31 de diciembre era bien fácil y ahora es bien difícil”.
“Les tenemos explicar que es difícil porque no contamos con una norma, y que esa norma es una ley que tiene media sanción del Senado” pero en diciembre “lamentablemente los diputados y las diputadas de la oposición no vinieron a trabajar, no bajaron a la sesión y no dieron quórum”, cargó contra Juntos por el Cambio.
La funcionaria resaltó que “el plan de pago de deuda previsional se trata de que hombres y mujeres puedan acceder a lo que ya es tradición”. “El 95% de los hombres y mujeres de la Argentina que tienen edad de jubilarse, están jubilados. Queremos seguir manteniendo ese nivel de cobertura. El alcance de esas jubilaciones y pensiones es enorme, único en la región”, continuó.
En un mensaje a la oposición, la titular de la ANSeS sostuvo: “No pedimos que alguien vote en contra de sus ideas, pedimos que nos dejen discutir, que esta ley se pueda tratar en el recinto y así de esa manera, el oficialismo, como funciona en democracia, intente juntar los votos necesarios para tener una ley que entendemos como Gobierno que es imprescindible para que 800 mil personas puedan acceder a una jubilación durante este año”.
“El argumento de derogación presupuestaria ya está saldada. El Presupuesto ya se discutió; ya tenemos un presupuesto asignado para poder dar cumplimiento a las normas que el organismo necesita”, aseveró y señaló que “no es algo que le viene bien a nuestro Gobierno, a nuestra fuerza política, a la ANSeS. Le viene bien a los argentinos y argentinas, porque en Argentina hay una sola mujer de cada diez que tiene 30 años de aportes. Por eso es absolutamente urgente que podamos debatir en el recinto esta ley. No hay argumento de ‘no quiero porque hay otras leyes’”.
Finalmente, recordó que cuando fue diputada, durante el gobierno de Cambiemos , se aprobó la modificación de la fórmula de movilidad, a través de la cual “se perdieron 19,6 puntos”. “Yo vine al recinto, discutí y voté en contra”, mencionó, pero igualmente “el oficialismo construyó mayoría y cambió la ley”.
A partir de la nueva fórmula, que se debatió en 2020, “ya de esos 19,6 se recuperó 6,7 de la capacidad de compra de las jubilaciones argentinas”. “Ustedes me dirán ‘en dos años se llevaron 20 puntos de las jubilaciones argentinas y en un poco más de tres años solo recuperamos 6,7’. Sí, porque destruir es un instante y reconstruir es mucho tiempo y esfuerzo”, subrayó.
Uno de los diputados que tomó la palabra en una sala semivacía del Anexo de la Cámara baja, donde asistieron, además de los invitados, legisladores del Frente de Todos, el Frente de Izquierda y Juntos Somos Río Negro, fue el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, quien mencionó que “había muchos comentarios en la previa de que nosotros íbamos a venir acá a chicanear, a decir cualquier cosa y me parece que quedó clarísimo con la exposición de la titular de la ANSeS que lo que estamos buscando es más información, más argumentos y más debate”. “Porque estamos tan cerca de tener una ley, que sería una pena no tenerla. Nuestro espacio político quiere una ley y para eso estamos tratando de tratarlo en extraordinarias”, ratificó.
El resto de los expositores
Luego de Raverta, expusieron una serie de invitados, entre los que hubo un solo ausente: Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad.
Sandra Zapatero, secretaria de Previsión y Seguridad Social de la CTA, manifestó la “preocupación por la dilación en el tratamiento de este proyecto de ley” al recordar que “una sola de cada diez mujeres y tres de cada diez varones están en condiciones de jubilarse” actualmente. Sin embargo, “esto no tiene nada que ver con los trabajadores y las trabajadores” formales, en cuyos casos “ muchos empleadores no han hecho los aportes y sí los han deducido de los salarios”.
“Mucho más injusto es para los que estuvieron casi toda su vida laboral en situación informal, y para quienes se dedicaron a las tareas de cuidados”, añadió Zapatero, quien consideró que “necesitamos que esta reparación, que es tan justa, necesaria y urgente, sea acompañada por la participación de la riqueza nacional. Tenemos que pensar en un impuesto que grave a los más ricos”.
En tanto, Lucía Ortega, especialista en derecho previsional, propuesta por el Frente de Izquierda, alertó que el 80% de las personas que no podrán jubilarse “son mujeres”. “Hoy en día la gran mayoría de las personas que se jubilan lo hacen gracias a una moratoria y esta opción ya está cerrada. Sólo queda acceder a la PUAM, que es una pensión un 20% más baja que el haber mínimo, y que para las mujeres significa elevar la edad jubilatoria a los 65 años”, explicó.
“Es importante una moratoria previsional, pero es insuficiente, porque aún teniendo una ley por los próximos dos o cuatro años este problema no se va a solucionar, porque hay un problema más grave en el sistema previsional que es el del desfinanciamiento y un mercado laboral cada vez más fragmentado”, advirtió.
A su turno, Silvana Capece, presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, aseguró que “es importante que este proyecto se trate, se debata y salga, porque la imposibilidad de acceder a las prestaciones previsionales incluye también la imposibilidad de acceder al seguro médico. Es decir, hay un agujero dentro de la obligación constitucional del Estado Nacional”. En esa línea, dijo que “si bien este proyecto se tiene que aprobar, es obligación del Estado evitar que esto suceda. Llamamos al Estado Nacional y a los Estados provinciales a que articulen las medidas que sean necesarias para el debido contralor de las prestaciones previsionales”.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Micaela Branco señaló: “El concepto central de esta ley es cumplimentar con todos aquellos que por situaciones, por todos conocidas, y por algunos ejercidas, no pudieron completar. Porque de eso se trata, completar el pago de una deuda previsional en la cual incurrieron hombres y mujeres por cuestiones ajenas a su voluntad en la gran mayoría. Se trata de una deuda contraída por carencias estructurales de un sistema”.
En la misma línea, Javier Palma, secretario de Acción Social y Previsional de la Asociación Gremial Docente, resaltó que “este debate por la moratoria nos llega en un momento en el que se ve, por parte de los trabajadores, una Argentina en negro, una Argentina informal. Esta gente que llega a la edad jubilatoria y no se puede jubilar es víctima de un largo proceso de informalidad laboral, de precarización, y no debe caer sobre ellos el blanqueo de esa situación pasada. Son las patronales las que deben pagar y el Estado también”.
La directora ejecutiva de la ANSeS fue citada para una reunión que se realizará este miércoles a las 11. El proyecto ya cuenta con dictamen y está incluido en el temario de extraordinarias.
Mencionado por el oficialismo como uno de los temas más urgentes a tratar en el período de sesiones extraordinarias, el proyecto sobre plan de pago de deuda previsional, que apunta a que personas -alrededor de 800 mil- sin aportes suficientes puedan acceder a una jubilación, volverá a debatirse este miércoles, cuando se reúna la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados.
Comandada por la camporista Marisa Uceda, la comisión fue citada a las 11 para abrir nuevamente la discusión sobre la iniciativa, que ya tuvo dictamen -la oposición firmó uno propio en minoría-, pero quedó sin poder tratarse en el recinto cuando se frustró la última sesión.
Entre los invitados se destaca la presencia de la directora ejecutiva de la ANSeS, Fernanda Raverta, quien reclamará, sobre todo a los diputados de la oposición, que den quórum y aprueben cuanto antes la norma. Este martes, en declaraciones radiales, la funcionaria admitió que en el Poder Ejecutivo analizan prorrogar por decreto la moratoria que venció en diciembre pasado.
El proyecto salió del Senado el 30 de junio de 2022 por impulso del kirchnerismo. En la Cámara de Diputados hubo dos reuniones informativas en julio y agosto, pero finalmente el dictamen se firmó a fines de noviembre. Y se incluyó en el temario de la sesión del 21 de diciembre, que no se pudo realizar por falta de quórum. A favor de esa iniciativa, el interbloque Provincias Unidas y el Frente de Izquierda habían bajado al recinto, pero igualmente al Frente de Todos no le alcanzó el número.
Además de Raverta, los invitados a exponer son: Sandra Zapatero, de la CTA; Silvana Capece, de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires; Micaela Mara, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Lucía Ortega, especialista en derecho previsional, propuesta por el diputado Nicolás Del Caño; Eugenio Semino, especialista en derecho previsional; Sebastián Gramajo, abogado especialista en previsión social; y Javier Palma, secretario de Acción Social y Previsional de la Asociación Gremial Docente (UBA).
La intención es agitar el tema ante la opinión pública, como método de presión a Juntos por el Cambio, que mantiene la postura de negarse a sesionar mientras persista el interés oficial en enjuiciar a todos los miembros de la Corte Suprema.
El proyecto establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.
Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.
Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteponiendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.
Se trata de Previsión y Seguridad Social, de la Cámara baja, con el fin de escuchar a una serie de invitados convocados a exponer sobre la temática del proyecto que espera ser tratado en Diputados.
Uno de los temas que es presentados como más urgentes en el marco de las extraordinarias que comenzaron el lunes pasado y se extenderán hasta el último día de febrero, es el proyecto que establece un plan de pago de deuda previsional y que en definitiva es el que le permitiría a unas 800.000 personas que no cuentan con aportes suficientes poder acceder a la jubilación.
El tema figuraba en el temario de la última sesión convocada en la Cámara de Diputados, que se frustró por falta de quórum.
Ahora la Comisión de Previsión y Seguridad Social que preside la mendocina Marisa Uceda convocó a los integrantes de la misma a concurrir el próximo miércoles 1 de febrero a las 11 a la sala 2 del segundo piso del Anexo A, para escuchar a un grupo de invitados que expondrán sobre la temática “Plan de pago de deuda previsional”.
No se detalló aún quiénes serán los invitados, pero lo cierto es que la finalidad de esta reunión no es la de emitir dictamen, ya que en realidad el proyecto ya cuenta con el mismo y, vale reiterar, figuraba en el listado de temas a tratar en la última sesión del año pasado en la Cámara baja.
El proyecto tuvo dictamen el 30 de noviembre pasado en las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y de Presupuesto y Hacienda, ocasión en la que Juntos por el Cambio suscribió un dictamen de minoría.
¿Para qué convoca entonces el oficialismo a esta reunión? Porque una reunión informativa no necesita quórum para realizarse y servirá para agitar el tema ante la opinión pública, como método de presión a Juntos por el Cambio, que mantiene la postura de negarse a sesionar mientras persista el interés oficial en enjuiciar a todos los miembros de la Corte Suprema.
La iniciativa cuenta ya con media sanción del Senado y permitiría que miles de ciudadanos que todavía no reúnen los 30 años de aportes puedan percibir un haber jubilatorio.
El proyecto establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.
Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.
Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteponiendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.
Durante un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda de Diputados, el oficialismo avanzó con la media sanción del Senado. El radical Alejandro Cacace explicó el dictamen de minoría.
El Frente de Todos en la Cámara de Diputados logró el dictamen de mayoría del proyecto de ley de pago de deuda previsional, que busca garantizar el acceso a la jubilación para aquellas personas que no cuentan con aportes suficientes.
El oficialismo avanzó con el texto que reproduce la media sanción del Senado, donde el kirchnerismo ideó esta iniciativa a mediados de este año.
El plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda comenzó retrasado ya que la oposición no estuvo desde el arranque. Los legisladores de Juntos por el Cambio ingresaron recién una vez que el oficialismo logró quórum.
Del encuentro participaron 19 miembros de Previsión y Seguridad Social y 32 de Presupuesto y Hacienda. El dictamen de mayoría alcanzó las 39 firmas entre los integrantes de las dos comisiones.
Durante el debate, el jefe del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, consideró que la propuesta era “mucho más razonable del populismo macrista de dar pensiones del 80% de una jubilación mínima con el cero de aportes, así que en principio nos parece superador”. Sin embargo, “a esta propuesta le falta algo”, dijo y le reclamó al oficialismo: “Ustedes tienen que garantizar que si esta norma se aprueba tiene que ser aplicable”.
En ese sentido, el bonaerense opinó que debería informarse “son las finalidades, las funciones y/o las partidas presupuestarias que serán redefinidas para cumplir con el eventual impacto fiscal, que oscila desde el 0,28 hasta eventualmente el 0,48 en su segundo año de implementación”.
Encargado de explicar el dictamen de minoría de Juntos por el Cambio, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace recordó que entre todos los expositores que pasaron por las reuniones informativas “hubo un diagnóstico en común en señalar que nosotros en Argentina tenemos un severo problema respecto de la informalidad laboral”.
Para el puntano, este plan “no deja de ser una solución transitoria” ante “el problema de la informalidad laboral, que no lo vamos a resolver hoy”, aclaró.
“La única forma de que haya solución para los que no aportaron y los que aportaron los 30 años” es “establecer una prestación proporcional que reconozca el esfuerzo contributivo que se ha hecho y que permita a mujeres de 60 años y hombres de 65, que hayan aportado entre 10 y 29 años, otorgarles una prestación proporcional que consistiría en el 70% de la prestación básica universal más el 1,5% por año aportado”, señaló sobre la iniciativa de su bancada.
El legislador subrayó que esto “no es que esté exento de gasto fiscal”, pero “es más modesto respecto del dictamen que está planteando la mayoría”. “Nuestro Presupuesto 2023 está ya aprobado y esto no está incluido”, advirtió.
En el medio de su exposición, el presidente la Comisión de Presupuesto, el oficialista Carlos Heller, admitió que “es un parche como todas las cosas que estamos haciendo para resolver la situación de crisis que tiene la Argentina” pero “es un parche que se puede hacer, que tiene base seria de que se puede cumplir, porque si uno mira el conjunto de las variables estamos en una perspectiva de que se va a poder cumplir y esto que estamos aprobando se va a poder financiar”, aseguró.
“Permítame dudar de que se den esas pautas y podamos financiarlo sin ningún incremento en el déficit fiscal”, le respondió Cacace, quien completó su alocución apuntando, respecto al dictamen, que “en el caso que el cálculo sea por debajo de la PUAM, los beneficiarios podrán optar por la PUAM”; y agregó: “Estamos proponiendo en este dictamen la modificación a la PUAM para que las mujeres también puedan acceder a ese beneficio a partir de los 60 años”.
Nuevamente tomó la palabra Heller, quien insistió en que “claramente esto es una solución parcial a un problema de fondo que no lo estamos resolviendo con esto, pero cuando no estamos en condiciones de resolver la cuestión de fondo, las soluciones parciales adquieren toda la importancia que corresponde. Se trata de no dejar desprotegidas a las víctimas, porque acá estamos hablando de las víctimas que son las personas que han llegado a la edad de jubilarse y no tienen aportes”.
Desde el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás Del Caño lamentó que “hoy solamente una de cada nueve mujeres que está en condiciones de jubilarse tiene los aportes necesarios, y en el caso de los varones son tres de cada diez”. “La responsabilidad no está en los trabajadores y las trabajadoras que fueron víctimas de estafa laboral, sino en las patronales y los gobiernos”, cargó.
“La moratoria es una situación transitoria que en realidad le pone la carga al trabajador de algo que no fue su responsabilidad”, continuó, y denunció que el año que viene “hay un recorte para 2023 de la seguridad social de 600 mil millones de pesos”. “Si bien es una salida transitoria que va a permitir que muchos puedan acceder a una jubilación, haciéndose cargo de algo que nos les corresponde, eso va en desmedro después del conjunto del sistema jubilatorio”, cerró.
A su turno, la diputada del Pro Laura Rodríguez Machado indicó que “esto no es una moratoria; este proyecto permite lamentablemente comprar años a costa del Estado y de los jubilados”. “Este proyecto lo que dice es que cualquier persona se puede jubilar y no lo paga la persona”, alertó, para cuestionar que “estamos liquidando el sistema previsional argentino” porque se crea “un sistema mercantilista” para que “se pueda jubilar cualquier persona”.
Recogió el guante la presidenta de Previsión y Seguridad Social, la camporista Marisa Uceda, quien aclaró: “Nunca dijimos que era una moratoria”. Y, en medio de una discusión picante con la cordobesa, la oficialista afirmó que en el proyecto se “exige tener una base de aportes previsionales”.
Último orador en la reunión, el oficialista Marcelo Casaretto precisó que del total de los jubilados actuales, un 36% accedió a la jubilación gracias a cumplir con todos los aportes, mientras que el 64% lo pudo hacer a partir de las diferentes moratorias que hubo.
“Debido a que hay trabajo informal cada vez menos argentinos pueden acceder a un beneficio”, explicó y argumentó que “por eso es que se tomó la decisión de prorrogar la moratoria vigente y ahora es que se toma este tema a nivel parlamentario”. En tal sentido, el entrerriano advirtió que si no se toma esta decisión, “empezaríamos a caer del 95% de cobertura previsional” que hay y sostuvo: “Por eso es que nosotros planteamos la necesidad de avanzar con una ley de estas características”.
Al referirse a las menciones que hubo en la comisión sobre quienes aportaron y quienes no aportaron, el legislador enfatizó que “siempre el trabajador y la trabajadora quieren trabajar en blanco, cobrar un salario digno y hacer aportes jubilatorios. Si alguien no lo ha hecho a lo largo de su vida laboral no ha sido por voluntad propia, sino por las condiciones imperantes en el sistema y que nosotros como Estado lo tenemos que reconocer y resolver”.
La iniciativa, con media sanción del Senado, fue dictaminada en la Comisión de Previsión y Seguridad Social. La visita del ministro despertó los reclamos por la inversión en el combate del fuego.
Durante una reunión de la que participó el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados avanzó con el dictamen de un proyecto para crear un régimen previsional diferencial para los brigadistas de incendios forestales, que ya cuenta con media sanción del Senado.
El encuentro se abrió con la palabra de Cabandié, quien abogó por que “en los próximos días se pueda discutir tanto en la Comisión de Presupuesto como en la de (Legislación del) Trabajo y de esa manera tener el dictamen definitivo para que pase al recinto”.
“La tarea de los brigadistas es fundamental, es sumamente necesaria. Los focos los apagan los brigadistas, los medios aéreos son un completo importantísimo. Hoy tenemos la mayor cantidad de medios aéreos disponibles en toda la historia del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que cumplió 26 años hace pocos días”, destacó.
En referencia a la distribución de recursos hacia las provincias, el ministro defendió: “Cuando nosotros llegamos el Servicio estaba desarticulado y aumentamos el presupuesto en 70 veces; además de duplicar la cantidad de brigadistas dependientes del Ministerio. Entre el Ministerio y los Parques Nacionales tenemos 516 brigadistas distribuidos en todo el país”. Sobre los brigadistas, señaló que más de 400 estaban con “precariedad laboral”.
El titular de la cartera de Ambiente consideró que este régimen es “sumamente justo” al explicar que “las vías respiratorias de cualquier de nosotros no son iguales a las de los brigadistas; ni hablar del riesgo de la acción del combate, el cansancio físico y los traumas”. “Los gobiernos pasan pero los brigadistas quedan”, sostuvo y agregó que “sin la tarea de ellos tendríamos situaciones mucho más graves”.
Respecto de los numerosos incendios que afectan al país, el funcionario criticó a los sectores productivos y la Justicia, además de resaltar la crisis climática. “La situación va a ser catastrófica, realmente la sociedad está yendo a un suicidio”, alertó, al tiempo que consideró que “no podemos seguir produciendo como se producía en el siglo XX”.
En alusión a las quemas intencionales, apuntó que “hay una tarea que le compete a la Justicia y es la Justicia la que muchas veces mira para otro lado”.
Finalmente, sumó que “sin hombres y mujeres cuidando esos ecosistemas no va a haber producción, utilidades, trabajo, ganancias, ni vida vivible”.
Desde Juntos por el Cambio, la diputada Virginia Cornejo (Pro) aprovechó para consultarle al ministro sobre el financiamiento para el combate del fuego. “Mi provincia hace más de tres meses que está bajo el fuego y no hemos visto la acción del Ministerio”, cuestionó y preguntó: “¿Cuáles son los planes del Ministerio en cuanto a la prevención, detección y evitar que estas cosas sucedan?”.
En esa línea, la salteña observó que “levantar el dedo acusador, de que el culpable es el otro, no nos lleva a buscar soluciones ni a prevenir”. Y advirtió que tampoco se va a “solucionar el problema” con “personas con bidones de tres litros de agua, con personas que no están capacitadas, con personas con buena voluntad que no tienen elementos de trabajo” en los incendios. “Si sancionamos leyes especiales y no hemos prevenido que estas cosas sucedan, no sé cuánto sentido tiene”, aseveró.
“Si usted no está enterada no significa que no estén. Tenemos 130 brigadistas en Salta y hay cuatro medios aéreos. Estamos desde el momento de inicio de esos focos, que fue a mediados de agosto, en permanente comunicación con la provincia”, le contestó Cabandié.
El ministro recordó que en el Presupuesto 2021 se incorporó una alícuota especial para financiar el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y “eso nos ha permitido incrementar 70 veces el presupuesto”, reiteró. Además, precisó que se estableció un criterio por el cual se distribuyen “50 millones de pesos por provincia a requerimiento y compras vinculadas al combate de incendios forestales, no para combustibles”.
Y, criticando a la gestión anterior, el funcionario afirmó que cuando el Servicio de Manejo del Fuego estuvo bajo la órbita de Seguridad, “fue infructuosa la gestión en términos de equipamiento, integralidad o lo que estamos tratando hoy” sobre las condiciones laborales de los brigadistas.
También lo cruzó al ministro el diputado Juan Martín (UCR), quien le pidió por una “autocrítica” porque “muchas cosas fallaron” en hacer “mejor y más eficiente el régimen de manejo del fuego”. Pidió entonces pensar “desde la base de cómo todos mejoramos y no solamente echamos culpas”.
Cabandié le contestó: “Consideramos que la tarea que venimos llevando a cabo es perfectible. Es muy buena, porque así lo dicen los brigadistas y también lo manifiestan las provincias”.
Durante las intervenciones, el diputado Nicolás Del Caño (FIT) solicitó avanzar sobre “las causas profundas de por qué se está incendiando el país” que “tienen que ver con un modelo extractivista, no solamente con los insuficientes recursos”; modelo que “avalan ambas coaliciones”, denunció y opinó que por eso “vienen bloqueando la ley de humedales”. “Usted también tiene responsabilidad en esto ministro”, le reclamó.
A su turno, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical), quien asumió como vicepresidenta de la comisión en reemplazo de Alejandro Cacace, señaló que se está hablando de unos “pocos” brigadistas que serán beneficiados, “pero la verdad deberíamos hablar de que sean más, porque Argentina lidera la tasa en incendios”.
Además, la radical cuestionó que se haya dado un “segmentado” debate, al no convocarse a un plenario con las otras dos comisiones competentes, y sin “la información correcta” para discutir acerca de “agregar un régimen previsional más a los 39 que ya hay”. “No está claro si está la decisión política de que esto sea ley”, expresó.
Recogió el guante la presidenta de la comisión, Marisa Uceda (FdT), quien reveló: “Era muy complejo juntar las tres comisiones esta semana, era más fácil que Presupuesto y Legislación del Trabajo dictaminen la semana que viene. Si no hubiera voluntad del oficialismo el ministro no hubiera participado de esta comisión”.
En la reunión, la diputada Florencia Lampreabe (FdT) defendió que el proyecto es “para generar más derechos y mejores condiciones a los trabajadores brigadistas en un contexto de crisis climática, donde los incendios son cada vez más”. “No es una tarea que aborda cualquiera, el heroísmo de decidir optar por este tipo de trabajo supone alguna característica especial”, dijo la camporista y enfatizó que se trata de “condiciones mucho más especiales de las que tienen los jueces, que ahí no hay tanto problema de cuestionar la equidad del sistema tributario”.
En tanto, la diputada Graciela Ocaña (Pro) manifestó que “hay que discutir en serio el régimen previsional porque hoy tenemos jubilaciones de 44 mil pesos que con bono llegan a 50 mil pesos, pero que están muy lejos de la canasta básica para la tercera edad. Y eso es responsabilidad de todos”. “Más allá de regímenes o parches para un sector, que por supuesto tiene toda la justicia de reclamo y de poder acceder, lo cierto es que seguimos sin resolver el problema de fondo”, añadió.
La palabra de brigadistas
Hacia el final del encuentro, cuando el ministro ya no estaba presente, les fue otorgada la palabra a los trabajadores. Orlando Báez, brigadista de Río Negro, alertó que “falta equipamiento, falta mayor cantidad de personal” y “los recursos están siendo invertidos en otro lugares y no en las brigadas”.
Sobre el régimen previsional, aseguró que no lo piden “por un capricho, lo pedimos por una necesidad. Hay muchos trabajadores que hoy necesitan ir a sus hogares porque han dedicado su vida entera al combate de incendios forestales y la asistencia de los vecinos”.
Nuevamente sobre los recursos, resaltó que “hay asistencia sí, pero me parece que está siendo mal canalizada porque los trabajadores no la están recibiendo”.
Alberto Seufferheld, director del Servicio de Manejo del Fuego, señaló que este “es un trabajo que por ahí ahora comenzó a verse más en las redes, pero es un trabajo de muchos años” y “está considerado como uno de los trabajos más riesgosos que existen, porque hemos perdido compañeros y tenemos lesiones graves”.
El proyecto
La iniciativa involucra a los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales, cuyas cajas estén adheridas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). De acuerdo con el personal activo en la actualidad, el universo potencial al que aspira la cobertura previsional es de 876 trabajadores: 496 brigadistas que dependen de Nación, entre personal del Servicio Nacional del Manejo del Fuego y de Parques Nacionales, y 380 brigadistas provinciales.
Tendrán derecho al beneficio del régimen diferencial los brigadistas varones a partir de los 57 años y las brigadistas mujeres a partir de los 50 años. Para acceder a la jubilación los beneficiarios tendrán que acreditar 25 años de servicios en unidades operativas de lucha contra incendios forestales o rurales de los cuales, al menos 15 años, tendrán que ser como combatientes en tareas de supresión en el terreno.
Además, el proyecto establece que el haber mensual de las jubilaciones será equivalente al 82% móvil de la remuneración mensual del cargo que tuviera asignado al momento del cese.
Cabe destacar que los servicios prestados con anterioridad al momento de la sanción de la ley serán válidos siempre que hayan sido brindados para el Estado nacional o provincial y retribuidos por estos. La autoridad de aplicación, que deberá llevar un registro de los trabajadores alcanzados, será la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Será este martes en una comisión de la Cámara de Diputados. El proyecto viene con media sanción del Senado.
La Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, que preside la mendocina Marisa Uceda, se reunirá este martes a las 12 para tratar el proyecto de ley proveniente del Senado por el cual se establece el régimen previsional diferencial para los trabajadores combatientes de incendios forestales o rurales.
Esta iniciativa que beneficia a unos 900 combatientes, tuvo media sanción en el Senado el pasado 10 de agosto. Se aprobó por 51 votos a favor y 10 en contra.
Se trata de una iniciativa impulsada por la senadora nacional de Río Negro Silvina García Larraburu. Durante el debate en comisión en el Senado participó el ministro Juan Cabandié.
La iniciativa involucra a los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales, cuyas cajas estén adheridas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). De acuerdo con el personal activo en la actualidad, el universo potencial al que aspira la cobertura previsional es de 876 trabajadores: 496 brigadistas que dependen de Nación, entre personal del Servicio Nacional del Manejo del Fuego y de Parques Nacionales, y 380 brigadistas provinciales.
Tendrán derecho al beneficio del régimen diferencial los brigadistas varones a partir de los 57 años y las brigadistas mujeres a partir de los 50 años. Para acceder a la jubilación los beneficiarios tendrán que acreditar 25 años de servicios en unidades operativas de lucha contra incendios forestales o rurales de los cuales, al menos 15 años, tendrán que ser como combatientes en tareas de supresión en el terreno.
Además, el proyecto establece que el haber mensual de las jubilaciones será equivalente al 82 % móvil de la remuneración mensual del cargo que tuviera asignado al momento del cese.
Cabe destacar que los servicios prestados con anterioridad al momento de la sanción de la ley serán válidos siempre que hayan sido brindados para el Estado nacional o provincial y retribuidos por estos. La autoridad de aplicación, que deberá llevar un registro de los trabajadores alcanzados, será la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Fueron citadas para este miércoles Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda. El proyecto, impulsado por el kirchnerismo, cuenta con media sanción del Senado.
Se retomará este miércoles en la Cámara de Diputados el debate sobre el proyecto de ley que propone un plan de pago de deuda previsional, de modo de garantizar la jubilación a aquellas personas que no cuentan con los aportes suficientes.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, comenzó a tratarse a principios de julio -antes del receso invernal-, durante un encuentro al que asistieron expositores, entre ellos funcionarios de la ANSeS. Pero en esa ocasión solo había sido parte la comisión cabecera, la de Previsión y Seguridad Social, que comanda la camporista Marisa Uceda.
Para la reunión de este miércoles, a la que también está previsto que asistan invitados, se convocó a un plenario con Presupuesto y Hacienda, que se realizará desde las 13.30 en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja.
El proyecto, impulsado por el kirchnerismo, tuvo media sanción en la Cámara alta dos días antes de la sorpresiva renuncia de Martín Guzmán. Durante ese debate, la jefa del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, admitía que no habían consultado al ministro de Economía por la propuesta.
A diferencia del trámite en el Senado, donde la Comisión de Presupuesto no tuvo parte, en Diputados el expresidente del cuerpo y ahora ministro, Sergio Massa, giró el texto a la comisión que preside Carlos Heller.
Conocedor Massa de este tema, por presidir hasta hace pocos días la Cámara baja, se estima que esta convocatoria al tratamiento del proyecto cuenta con la anuencia del Ejecutivo. Además, luego de asumir en reemplazo de Massa, Cecilia Moreau informó a la prensa acreditada en el Congreso que la iniciativa formaba parte de la agenda del Frente de Todos para el segundo semestre.
El proyecto establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.
Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.
Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteniendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.
Ante la realidad de que los tiempos “no daban” para que se sancione la ley antes del vencimiento de la moratoria vigente, el pasado 20 de julio el Poder Ejecutivo oficializó por decreto la prórroga del régimen actual hasta el 31 de diciembre de este año o hasta cuando entre en vigencia uno nuevo, que sería el que plantea este proyecto.
La presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados se mostró esperanzada de construir los consensos necesarios, pero admitió que “los tiempos legislativos” no alcanzan ante el inminente vencimiento de la moratoria vigente.
La presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Marisa Uceda (FdT), admitió que el proyecto de ley de plan de pago de la deuda previsional -con media sanción del Senado- no llegará a tratarse antes de que venza la moratoria vigente.
Entrevistada en el canal DTV, la oficialista señaló que “por un lado está la urgencia de la prórroga de la moratoria vigente que alcanza solo a mujeres” ya que “en el 2017 (Mauricio) Macri excluyó a los trabajadores varones y los incluyó en la PUAM”. Y, por otro lado, “el proyecto apunta a resolver (la cuestión de las personas que no tienen aportes suficientes) y va más a fondo”.
En el comienzo del receso invernal, la mendocina explicó que “los tiempos legislativos y la generación de consenso llevan adelante un amplio trabajo” que “nos está complicando” llegar a aprobar la iniciativa antes del 24 de julio.
“La alternativa, que es la que espero, es que a través de un decreto presidencial se extienda esta moratoria hasta que podamos sancionar el proyecto”, sostuvo la legisladora.
No obstante, se mostró optimista de “poder conseguir esa construcción de consensos que pretendemos”. “Confío en que vamos a lograr esos consensos, pero lo cierto es que hoy no se pueden garantizar, por eso tampoco se puede tratar la ley de inmediato”, aclaró.
En cuanto al proyecto, consideró que “no tiene impacto fiscal considerable”, sino que por el contrario “robustece el sistema, porque no es una moratoria”, sino que establece que haya “personas aportando en su vida activa, que están regularizando con diez años de anticipación” sus aportes.
Consultada sobre si convocarán a la ministra de Economía, Silvina Batakis, a dar su opinión, la diputada respondió: “Vamos a hacer las consultas que sean necesarias, no tiene la obligación la ministra de venir puntualmente, puede enviar informes”. Y destacó que en la primera reunión informativa que se realizó asistieron representantes de la ANSeS.
Cabe recordar que la oposición en el Senado cuestionó que no haya formado parte del debate la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que en el caso de Diputados sí fue incluida.
En cuanto a los argumentos sobre que esta iniciativa va a contramano de las condiciones del acuerdo con el FMI, la camporista expresó: “El (ex)ministro (Martín) Guzmán cuando nos hizo conocer el acuerdo dijo que no iba a haber ajuste en materia previsional, entiendo que no debería colisionar con los objetivos”.
El oficialismo reunió 42 firmas, con el apoyo del cordobés Paulo Cassinerio, el misionero Diego Sartori y el mendocino José Luis Ramón. Juntos por el Cambio suscribió su propio dictamen -de rechazo-, al igual que Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda.
El Frente de Todos en la Cámara de Diputados se alzó con el dictamen de mayoría del proyecto de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. El despacho reunió un total de 42 firmas que, además de la adhesión de los legisladores oficialistas, contó con el aval de tres opositores.
Se trata de Paulo Cassinerio, del bloque Córdoba Federal, y de Diego Sartori, del Frente de la Concordia Misionero. Ambos suscribieron por ser parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En tanto, el mendocino José Luis Ramón, jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, acompañó el proyecto como miembro de la Comisión de Previsión y Seguridad Social.
De esta manera, se prevé que el Frente de Todos contará con los votos necesarios para lograr la sanción de la ley el próximo martes 29, que es rechazada enfáticamente por Juntos por el Cambio, la izquierda y una parte del Interbloque Federal que conduce Eduardo “Bali” Bucca.
Por su parte, 36 diputados del Pro, la UCR y la CC-ARI firmaron un dictamen de rechazo en minoría. También lo hizo, en soledad, el diputado del FIT Nicolás Del Caño.
La nueva fórmula de movilidad es similar a la aplicada durante los años 2008 a 2017, al combinar en un 50% la recaudación de la ANSeS y en otro 50% la variación salarial, surgida ésta última de la más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).
Debate caliente
Arrancó como primer orador el vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Alejandro Cacace (UCR), quien defendió el dictamen de Juntos por el Cambio. Al recordar la “promesa” de campaña del presidente Alberto Fernández de que “iba a aumentarle a los jubilados” e “iba a utilizar las Leliqs” para beneficiarlos, criticó que “la primera medida” que tomó al llegar al Gobierno fue “la suspensión de la movilidad jubilatoria”.
Esto resultó “una pérdida para todos los jubilados”, señaló el radical y apuntó que este año “todos los jubilados en Argentina han recibido menos” de lo que les hubiera correspondido. En esa línea, habló de un “42% de incremento en los haberes” que “ningún jubilado ha logrado”.
“Los que cobraban 20 mil pesos en febrero de 2020 han tenido un aumento 11 puntos inferior a lo que marcaba la ley de movilidad, 31 contra 42. Por mes están perdiendo 2.000 pesos por beneficio. Los que cobraban 40 mil pesos a febrero de 2020 están cobrando 6.000 pesos menos por beneficio. Los que cobraban 80 mil pesos a febrero de 2020 están cobrando 13.800 pesos menos por beneficio. Estos son los datos”, detalló.
El legislador puntano aseguró que “la única razón” para suspender la fórmula fue “ahorrar recursos”, los cuales se estiman fueron por “100 mil millones de pesos”. “¿Dónde quedó lo del 20% de aumento, dónde quedó usar las Leliqs?”, se preguntó e insistió que fue “una año de pérdida” para el “grupo más vulnerable, el grupo de riesgo principal” durante la pandemia.
“Lo que más nos preocupa de la fórmula es que quitan la inflación como variable”, explicó, al argumentar que “es por definición, por concepto, la medida para preservar el poder adquisitivo”. “Lo que hacen es que la caída de las jubilaciones no tenga piso”, continuó y cuestionó que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijera que “de ninguna manera iba a haber ninguna garantía, ninguna cláusula gatillo”.
En otro tramo, Cacace subrayó que “primero anunciaron que el 5% de aumento que había para diciembre ya no iba a ser un aumento, sino en realidad un pago a cuenta, que cuando se pagara lo de marzo, lo iban a descontar. Después, el proyecto que salió de la comisión bicameral le agregó esa disposición transitoria al Ejecutivo que no había sido nunca discutida”.
Pero en la media sanción del Senado, “resulta que no dieron marcha atrás”, aclaró el diputado, sino que “cambiaron la fórmula de cálculo para marzo: antes marzo era todo un pago del segundo semestre de 2020, y ahora se calcula solo sobre el cuarto trimestre. Entonces, claramente, se roban un trimestre”.
Por su parte, el pampeano Ariel Rauschenberger (FdT) defendió que el proyecto “no es del Poder Ejecutivo ni del Senado, sino del Frente de Todos” y fue “trabajado en conjunto” dentro del oficialismo. Haciendo referencia al “pasado”, el legislador recordó que el Gobierno anterior dejó “un déficit previsional de 250 mil millones de pesos” y un Fondo de Garantía de Sustentabilidad “totalmente devastado”.
También, el diputado le enrostró a la oposición que en la gestión de Cambiemos se registró “la inflación más alta de los últimos 27 años” y, en esa línea, afirmó que la fórmula aplicada desde diciembre de 2017 hizo que “los jubilados, los beneficiarios de la AUH y los veteranos de Malvinas” se vieran “perjudicados”. “Demostró, los datos son concretos, que hubo una pérdida del poder adquisitivo en un orden del 19,5%”, añadió.
Rauschenberger justificó que era necesaria “una fórmula que realmente los contemple, mejore sus haberes, y a la vez haga sustentable el sistema”. En alusión a la participación de expertos en la comisión bicameral mixta de movilidad, el oficialista remarcó que “lo que dijo la Corte fue muy claro, que la movilidad no implica ajuste por inflación”, sino que los haberes de jubilados deben “seguir la lógica evolución de los salarios”.
“Cuando hay aumento de la recaudación en un contexto inflacionario, la inflación tiene un componente ahí”, dijo, y abundó que “las convenciones colectivas de trabajo” se discuten en base a una cuestión fundamental como es “el costo de vida”.
Por eso, concluyó que “implícitamente la inflación está contenida tanto en la recaudación como en el RIPTE y en el índice salarial del INDEC”. “Decir que hay falta de transparencia en estos indicadores es querer confundir”, reprochó y mencionó que el RIPTE estaba en una de las variables de la fórmula de Cambiemos.
A su turno, la chaqueña Alicia Terada (CC-ARI) enfatizó: “No vamos a consentir un nuevo despojo para nuestros jubilados”. Y reclamó que “no se llegó a ningún consenso” y “no fue conclusión de la comisión bicameral este proyecto”. Asimismo, la opositora rechazó el “trámite exprés e inconsulto” de la iniciativa “y en una fecha totalmente inesperada”. “Mire qué regalito de Navidad le estamos dando a nuestros jubilados”, ironizó.
A continuación, el bonaerense Jorge Sarghini (Consenso Federal) observó que lo que se “está postergando” es “el debate de fondo” que consiste en que “el sistema está quebrado”. “Lo único que reina es la incertidumbre y nadie sabe lo que va a pasar con las variables económicas”, sumó y señaló “qué paradoja que Juntos por el Cambio defiende una fórmula que se ajuste por inflación”.
Sobre eso, ahondó que una fórmula con componente inflacionario “se vuelve exitosa cuando la que fracasa es la economía”, porque “una economía sana se supone que crece y crece por estabilidad”. Entonces, tener una fórmula con inflación es “dejar afuera de los beneficios del crecimiento a los jubilados”.
Pero, además, el legislador expresó que “la otra preocupación” es que “no hemos visto a lo largo del año ninguna de las dos señales (por parte del oficialismo) que, a nuestro criterio, son absolutamente necesarias e indispensables”. Una de ellas es “la búsqueda de los consensos necesarios para encontrar un diagnostico común”, sostuvo, y la otra “ciertas medidas de política económica que dieran por entender” que una vez “despejada” la situación por la pandemia “iniciemos un camino de recuperación por la vía correcta”.
En contra del proyecto, el diputado Nicolás Del Caño resaltó que a los jubilados “se les recortaron 98 mil millones de pesos”, al suspender la fórmula del gobierno macrista que, recordó, hubo legisladores del peronismo que votaron en diciembre de 2017. También criticó que el nuevo cálculo se conociera “unas horas antes de la llegada de la misión del FMI” por un comunicado de prensa, y consideró que este año lo “fundamental” era “recomponer el haber” de “los 19 puntos que perdieron con Macri”.
En alusión a la votación de la fórmula de movilidad en diciembre de 2017, el santafesino Luciano Laspina (Pro) rememoró que esa ley salió en “un clima de violencia tanto dentro como fuera de este Parlamento”. “Era la barbarie, la imposición de una oposición por la fuerza, eso es lo que se intentó”, fustigó y aseguró que esa fórmula, enfáticamente rechazada por el kirchnerismo en ese momento, “hoy a la luz de la experiencia vemos que se comportó mejor de la que hoy propone el oficialismo”.
Para el macrista, se está discutiendo una nueva fórmula porque la anterior, que se suspendió, este año “le devolvía a los jubilados entre un 5% y 15% en términos reales, más de lo que le dio papá Noel Alberto Fernández por decreto cada tres meses”. “Lo demás es puro cuento, es verso, lo demás es toda retorica”, lanzó.
El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda explicó que “cuánto mayor rezago tiene la fórmula, más prorrogado en el tiempo es la recuperación de las jubilaciones” y “esta fórmula aumenta el rezago promedio respecto a la de 2017”. Además, opinó que se trata de una fórmula “inentendible” que “no garantiza sustentabilidad” y la calificó como “un engendro que no existe en ninguna parte del mundo”.
“Esto es una pieza más del engranaje de la reinstauración populista que quiere imponer Cristina Kirchner. Repetir todo como si la historia fuera la misma”, exclamó, y pronosticó: “En septiembre del año que viene, justo antes de las elecciones, ahí es muy probable que el aumento sea muy significativo. Te van a devolver una parte de lo que te robaron este año, una parte de lo que te van a robar el año que viene, para seguirte robando después de las elecciones. Es un recurso típico de los populismos”.
A la extensa intervención de Laspina le siguió el discurso de Leopoldo Moreau (FdT), que dijo sentirse aludido, y se abrió el momento de más tensión durante el encuentro. Hacia al final del uso de la palabra, los integrantes de la bancada opositora comenzaron a los gritos, entre ellos se la vio vehemente a la macrista Silvia Lospennato.
Moreau consideró que Laspina hizo una exposición “dictada por el resentimiento, el revanchismo” y en la que incurrió en “enormes confusiones”, además de “mezclar cosas insólitas”. “Dice que se viene una reinstauración populista impuesta por la vicepresidenta y a la vez sostiene que esta fórmula es una fórmula de ajuste… En general, el populismo no se caracteriza por esa naturaleza, por promover fórmulas de ajuste”, manifestó.
“El Fondo de Garantía de Sustentabilidad se descapitalizó del 2015 al 2019 de 68 mil millones de dólares a 28 mil millones de dólares”, subrayó el kirchnerista y puntualizó que “el déficit de la ANSeS fue de 250 mil millones de pesos”. “¡Vaciaron el sistema previsional de Argentina, lo llevaron al colapso!”, disparó y enfatizó que las modificaciones al proyecto se dan porque “se escuchó”.
Entonces, completó: “Si ustedes hubieran escuchado en el 2017 no hubieran tenido que poner ni gendarmes ni prefectos a reprimir a la sociedad argentina en la puerta del Congreso, no hubiera habido cientos de detenidos y heridos, no hubieran perdido la vista por balas de goma ocho chicos. ¡Ustedes no escuchaban nada más que a los grupos concentrados y por eso desplegaron la represión ese día!”.
Le salió al cruce el diputado Fernando Iglesias (Pro), que señaló que esta vez “no hay nadie reventando una plaza, pagado con dinero público” y “no está ni el gordo mortero, que pertenecía al partido de un diputado que hoy estaba muy tranquilito, parece que había tomado un rivotril (en referencia a Nicolás Del Caño)”.
El macrista diferenció que hoy hay “una oposición que no es golpismo” y reclamó que el oficialismo actual, otrora oposición, intentó “durante 11 veces levantar una sesión que era regular. Eso son ustedes, el club del helicóptero. Nosotros somos una oposición”.
“Al decir que esta fórmula de movilidad implica un ajuste para los jubilados, siento que están tratando de construir una posverdad”, sostuvo el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (FdT), que consideró que uno de los “objetivos” es “tratar de desacreditar las acciones positivas de este Gobierno”.
Y el otro “es tratar de ocultar que la anterior fórmula sí evidenció un verdadero ajuste a los jubilados. Primero, porque les eliminó un trimestre. Y, además, porque el desfasaje de seis meses, con las enormes cifras de inflación que generó la gestión de Mauricio Macri, pegó muy duro en el poder de compra de los jubilados, jubiladas, beneficiarios de la AUH y otros”, remarcó.
El oficialista argumentó que “no es que no se quiere poner la inflación porque no se le quiere dar una garantía a los jubilados”, sino que “la Argentina necesita salir de dos trampas en las que está metida hace mucho tiempo, que son la indexación y dolarización”. Sin embargo, afirmó que la política del Gobierno “va a generar salarios que le van a ganar a la inflación y aumento de la recaudación impositiva”.
“No va a haber trimestres perdidos como acá se dijo, es mentira”, subrayó y añadió que “no hay opacidad, no hay secreto, no hay ocultamientos” en las variables, solo que “todavía no están todos los datos del mes de octubre”. “No construyan falacias de cosas que no son ciertas”, pidió.
Durante un plenario de comisiones, legisladores debatieron el proyecto oficial, que el Frente de Todos buscará dictaminar este miércoles. La oposición volvió a reclamar modificaciones y pidió que mañana haya “tiempo libre” para expresarse.
Las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomaron este martes el debate de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que combina recaudación de la ANSeS y variación salarial, en partes iguales.
Tras la exposición de funcionarios, los legisladores avanzaron con la discusión, durante la que volvió a surgir el reclamo por parte de la oposición sobre el componente de la inflación, ausente en el nuevo cálculo para la actualización de los haberes previsionales.
La reunión para dictaminar se realizará este miércoles, a partir de las 10, en el recinto de la Cámara baja.
Reclamo por el tiempo del debate
Al comienzo, el radical Alejandro Cacace adelantó que varios de sus pares se expresarían este miércoles, cuando está prevista la firma del dictamen y el Frente de Todos tiene la intención circular la iniciativa para la firma al mediodía. Por ese motivo, el puntano solicitó que se garantice “que esté el tiempo para que todos los oradores puedan hacer uso de la palabra sin limitación de horario”.
En el mismo sentido, la macrista Silvia Lospennato recordó que el nuevo protocolo dejó “establecida la regla de la presencialidad”. “No nos oponemos a que se pueda adelantar el debate”, dijo, pero anunció que “muchos” de los legisladores de su bloque iban a hacer uso de la palabra “presencialmente”.
Entonces, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, en consonancia con su par Germán Martínez, afirmó que se había decidido pasar a la firma el dictamen a las 12 para no ser impedimento a quienes “quieren regresar mañana por la tarde (a sus provincias) en función de las fiestas”. “Desde luego no hay ningún problema que podamos seguir escuchando opiniones”, añadió.
Pero la discusión se reabrió hacia el final, cuando la catamarqueña Lucía Corpacci expresó su “preocupación” por que “mañana la oposición no quiera extender este debate más allá del mediodía, impidiéndonos tener dictamen y, por sobre todas las cosas, que muchos diputados vuelvan a sus lugares de residencia” para “pasar la Navidad con su familia”.
La legisladora del Frente de Todos cuestionó entonces que no hayan hecho uso de la palabra este martes y mañana puedan “llegar a decir que no les permitieron expresarse y terminar en un problema”.
La intervención de la oficialista levantó la temperatura sobre el final. Una de las que salió al cruce fue la macrista Carmen Polledo, que le enrostró al oficialismo: Ustedes decidieron la agenda, nosotros no. Hay que hacerse cargo de las cosas”.
“Lamento en el alma que no hayan pensado y no hayan sido solidarios con todos los diputados que tienen que viajar”, siguió y advirtió que “no corresponde limitar” las expresiones, porque no es propio de “un espíritu democrático”.
Otra de las voces desde Juntos por el Cambio fue la del macrista Luciano Laspina, que opinó que “el debate más intenso, más real, más fructífero va a hacer en el día de mañana”. “Lo de mañana no creemos que sea correcto hacer un trámite, juntarnos 15 minutos, y hacer venir del interior a un montón de gente para simplemente vernos la cara 10 minutos y pasar a la firma”, dijo.
Finalmente, y tras varias quejas, el titular de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Marcelo Casaretto, garantizó: “Les aseguro que todos los diputados mañana van a poder hablar”. Y sentenció que la reunión durará las horas que tenga que durar, “y estaremos hasta que las velas no ardan”.
La inflación, en el eje de la discusión
Al igual que sucedió este lunes, la oposición reclamó por la variable de la inflación, ausente en la nueva fórmula. Y el tema lo sacó nada más y nada menos que una oficialista, la salteña Alcira Figueroa. La legisladora calificó a la iniciativa como “muy acertada” teniendo “en cuenta este tremendo año de pandemia que prácticamente paralizó a toda la economía de nuestro país y del mundo entero”.
“El proyecto es acertado, atinado, coherente con la situación que estamos pasando hoy por hoy”, abundó, pero alertó sobre su “preocupación” por el tema inflación. “Si no hay un control de la inflación, si no podemos lograr el control sobre los fijadores de precios, nos va a llevar puestos a todos”, observó. “La gran preocupación y el tema que deberíamos trabajar en el dictamen es la inflación”, ratificó.
A su turno, el radical Luis Pastori manifestó la “disconformidad con la forma en que finalmente se presentó este proyecto” porque “este no es el proyecto de la comisión”, en referencia a la bicameral mixta de movilidad, que realizó a lo largo del año varias reuniones informativas con especialistas para elaborar un anteproyecto.
“Nos hemos enterado del proyecto a través de un comunicado de prensa del Ministerio de Trabajo, un día antes que llegue la misión del FMI”, se quejó y agregó que “ni siquiera es el proyecto del Poder Ejecutivo; este es el proyecto del Senado, esta es la verdad”.
Además, el misionero dijo que “no ha sido satisfactoria la presencia de los funcionarios” este lunes, que “no han respondido en gran medida varias preguntas que se formularon por parte de los legisladores”.
“El oficialismo no tiene la intención de que los haberes no pierdan con la inflación”, aseveró y se preguntó: “¿Por qué la obstinación de no querer colocar una cláusula? O ni siquiera una cláusula, yo propuse una palabra”.
Finalmente, Pastori advirtió que “esta fórmula es muy opaca, tiene falta de transparencia grave, porque el único que la va a poder elaborar es el Gobierno, específicamente la ANSeS”. “¿Quién va a poder controlar, tener la capacidad y contar con todos los datos?”, consultó, en alusión a los números de la recaudación.
“Esta fórmula ha sido hartamente discutida, está más que clara, mejora totalmente lo anterior”, enfatizó el oficialista José Luis Gioja, que remarcó que “los números son contundentes, cuando esta fórmula estuvo aplicándose hubo incremento en las jubilaciones. Cuando se cambió, fuimos para atrás”.
Para el sanjuanino, “no hay posibilidad que el salario del jubilado crezca si esto se actualiza solamente por la inflación”. También se expresó a favor de las modificaciones incorporadas en el Senado, que “mejoró” el proyecto, e indicó que “si hay algo transparente en cualquier gobierno son los números de la recaudación, no se pueden esconder, no se puede hacer magia”.
“Esto de la opacidad tiene que ver con tener cola de paja y no querer entender que esta fórmula tiene que ver con un país que va a empezar a crecer”, lanzó, para definir a la fórmula como “la más justa” y “absolutamente racional”.
Desde el Interbloque Federal, el santafesino Luis Contigiani pidió que se incorpore a la discusión un nuevo proyecto presentado por él y sus pares de Consenso Federal, además de su comprovinciano Enrique Estévez. La iniciativa tiene como objetivo “que patrimonialmente los jubilados no pierdan valor adquisitivo”, aseguró.
En ese sentido, el legislador detalló que contempla “recaudación, salarios y costo de vida, en forma casi similar”. En referencia a la inflación, consideró que tiene que haber “una cláusula de garantías, yo creo que el oficialismo la tiene que incorporar”.
Sobre la variable del costo de vida, Contigiani sostuvo que “se puede discutir que esté o no en la fórmula de movilidad”, pero “no se puede discutir que estamos en una Argentina en crisis y el costo de vida debe estar presente”, insistió y ratificó que votará en contra del proyecto si no hay cambios en esta línea.
En coincidencia con Pastori, el diputado señaló que “la variable recaudación es una variable que tiene una cuota de imprevisión muy grande, porque la caja de la ANSeS se nutre de muchas cajitas”, lo que le brinda una “alta discrecionalidad a la hora de determinar cuál es la recaudación final”.
Recogió el guante desde el Frente de Todos el diputado Itaí Hagman, quien explicó que “atar un precio a la inflación es básicamente congelar ese precio”, porque se trata de “sostenerlo en términos reales, ponerle un techo a una determinada variable”.
“Si uno congela, le pone un techo a las jubilaciones, claramente está perjudicando a los jubilados”, argumentó y defendió que “todos los datos muestran que entre 2008 y 2017 las jubilaciones aumentaron, los jubilados ganaron poder adquisitivo”.
Para el oficialista, introducir la inflación como variable “es decirles ‘listo, ustedes más que esto no pueden ganar'”. Además, afirmó que “los datos sobre los cuales se calcula son públicos, y además están los organismos de control”, y agregó que “la opacidad” se da “cuando tus jubilaciones están administradas por fondos de inversión”.
Durante el encuentro también habló el diputado del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño, quien valoró el proyecto de su espacio que “apunta a lograr el 82% móvil del mejor salario de los últimos años que han tenido los trabajadores activos”.
Para el legislador, “el debate de fondo pasa por que el sistema previsional fue desfinanciado durante décadas” y “han metido mano en la ANSeS para pagar deuda”.
Del Caño precisó que en 2011 una jubilación mínima “cubría el 60% de la canasta básica”; en 2015, el 50%; y este año “alrededor del 36%”. “La discusión debería ser sobre la suficiencia del haber”, consideró y se preguntó: “Si el Gobierno confía que esta fórmula va a ser beneficiosa, ¿cuál es el motivo para no poner una cláusula (de inflación)?”.
