La Comisión de Previsión y Seguridad Social se reunió este jueves para comenzar a discutir los diversos proyectos presentados para establecer una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. La reunión arrancó bajo la presidencia de Karina Banfi, que había asumido provisoriamente, mientras se normalizaban las cuestiones administrativas para que pudiera ocupar ese lugar la también radical Gabriela Brouwer de Koning.

Así, de entrada contó Banfi que se ocuparían en esa reunión de escuchar a los diversos autores de las 16 iniciativas existentes sobre el tema, y que por cuestiones de organización no habían podido hacer un plenario con Presupuesto y Hacienda, cosa que tratarían de concretar en el futuro. De hecho, al asumir a continuación al frente de la comisión, Brouwer de Koning admitió que “nos hubiese gustado tener una reunión conjunta; por diferentes criterios no se logró, pero eso no impide que de manera urgente podamos comenzar a debatir este tema tan importante, porque los ingresos de los jubilados están tan vapuleados por la inflación”.

“Vamos a estar trabajando con todos los especialistas y equipos que ustedes sugieran”, agregó la presidenta de la comisión, que detalló a continuación el cronograma tentativo para ese debate.

Para este jueves se organizó una jornada de exposiciones de los autores de las normas. Para lo sucesivo, la diputada cordobesa habló de una gran reunión informativa para el 4 de abril, para la cual pidió a los diputados sugerir nombres para organizar ese proceso. La idea es, dijo, hacer un debate posterior la semana siguiente, la del 10 de abril. “Si logramos llegar a un acuerdo, bienvenido sea; sino, nos daremos una semana más para lograr un acuerdo”, explicó. Admitió que “el tema es urgente”, pero pidió “que no nos apremien los tiempos”.

Antes de poner a consideración los 16 proyectos existentes sobre el tema, la diputada de UP Paula Penacca reconoció el cumplimiento de parte de las autoridades de la comisión del “compromiso” de realizar una pronta reunión, tras lo cual relató el grave incidente sufrido por una militante de la agrupación HIJOS, amenazada de muerte en vísperas de un nuevo Día de la Memoria y exigió justicia y tener un debate sobre el tema en la Cámara.

Apuntó además que las personas que la agredieron le advirtieron que “no le iban a robar nada, pero sí la van a matar, y les pagan para eso”.

Sergio Palazzo pidió la palabra para plantear que no le quedaba claro cuál es el motivo por el cual el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, “se niega a hacer una reunión plenaria”. Y a continuación se refirió a una publicación periodística conocida este jueves, según la cual fuentes cercanas a Espert admitían que no estaba prevista una reunión plenaria, por cuanto Presupuesto se acoplaría a los tiempos del Poder Ejecutivo respecto a este tema, y que esperaban que esta discusión se diera en el marco de la ley de Bases.

Advirtió Palazzo entonces que “todos tenemos que esperar las negociaciones políticas que llevan adelante Posse, Francos, con los gobernadores, los bloques, para poder tratar el tema de los jubilados. Parece que Espert y el Gobierno piensan que es preferible esperar”.

“Acá estamos los que queremos trabajar. Espert parece que ahora es casta, estará muy ocupado en los canales de televisión proponiendo rebeliones fiscales, pero no está donde debe estar”, sostuvo Palazzo, para quien la hoja de ruta planteada establece que probablemente recién para el 20 de abril puedan llegar a emitir dictamen. “Vamos a terminar discutiendo recién en junio la actualización de la fórmula”, auguró, para luego reconocer que “todos tenemos responsabilidad de haber llegado a esta situación, pero estamos a tiempo de corregirla. Hasta están los recursos, porque el Estado dice que tiene superávit fiscal”.

Los autores de los proyectos

María Eugenia Vidal encabezó la nómina de diputados que presentaron iniciativas. En su caso, el correspondiente al bloque Pro atiende dos urgencias: la de los jubilados y la de un déficit fiscal y cuasifiscal que en diciembre de 2023 terminó en 15 puntos. “Y que es el origen de la crisis que estamos viviendo”, señaló.

“No hay más caminos que no sean ordenar las cuentas”, admitió, pero también reconoció la situación de urgencia que viven los jubilados, cuyos haberes perdieron 46% en los últimos meses. “La sola existencia del bono es una admisión del fracaso de la fórmula. Hubo 28 bonos para compensar a los jubilados”, detalló, advirtiendo que no solo la jubilación mínima quedó baja, sino que distorsionó toda la escala jubilatoria. “Hoy un jubilado que gana la mínima con el bono gana 157 mil pesos; si un jubilado de una escala mayor gana 150 mil, con los descuentos termina cobrando 154 mil. Los bonos distorsionaron toda la pirámide”, detalló.

La propuesta de su sector es que la actualización sea por el IPC. Hoy es trimestral el ajuste, proponen que sea mensual, para que no quede tan rezagado. Además, proponen un adicional anual en marzo de 30% entre la variación entre el RIPTE y el IPC. Porque si hay una deflación y hay crecimiento, les permite no quedar atrás. En cuanto al empalme, proponen poner como referencia el último mes en que se haya aplicado la fórmula actual.

A continuación, Maximiliano Ferraro planteó la propuesta de la Coalición Cívica, cuyo pedido de tratamiento del tema en el recinto disparó el presente debate. Pero antes cuestionó “la  negativa que tiene el presidente de la Comisión de Presupuesto” a reunirse en plenario. “Fuimos muy precisos tanto en la sesión que logró convocar a más de 120 diputados, que veníamos a emplazar no solo a esta comisión, sino también a la de Presupuesto”, dijo, y recordó que les habían dicho que se conseguiría hacer un plenario.

“No podemos pasar por alto que hoy los jubilados son los más perjudicados por el proceso de devaluación que vive la Argentina”, reconoció y advirtió que “hoy con bono o sin bono hoy el haber jubilatorio está entre un 10 y 20% por debajo de la línea de pobreza”.

“Nosotros venimos a proponer un cambio de la fórmula jubilatoria”, señaló finalmente. La misma consiste en que las jubilaciones se actualicen según el IPC, pero que contemple una compensación de 20,6% para recuperar los jubilados la pérdida que tuvieron. Y que en ningún caso la aplicación de la futura fórmula de movilidad puede ir en baja de los ingresos que perciben los jubilados.

El radical Pedro Galimberti consideró “razonable” una fórmula que contemple el incremento inflacionario, por lo menos para los próximos años. Al detallar la iniciativa de su espacio contó que al plantear el incremento del haber jubilatorio “hablamos a mes vencido”, y aunque desde algunos sectores dicen que eso no sería posible en términos técnicos, él creía que sí. “Si el Estado quiere, puede instrumentarlo entre varios organismos del Estado; puntualmente hablamos del INDEC y ANSeS”, dijo. Agregó respecto del enlace que están pensando en que los jubilados no pierdan tanto y puedan llegar a la misma situación que tenían en diciembre de 2023 al menos. Para eso, se debería corregir la fórmula actual desde diciembre 2023 a marzo 2024.

Romina del Plá sostuvo que “acá el problema es que estamos con jubilaciones de indigencia; hay que generar un salto en el haber inicial, porque el problema es que desde esos niveles de subsuelo no alcanza siquiera el incremento por IPC. Entonces, el proyecto que he presentado tiene como primer punto que el haber mínimo tiene que ser igual que la canasta básica establecida por la Defensoría de la Tercera Edad, que ha sido recalculado en 685.041 pesos”. A partir de ahí, la actualización por IPC o RIPTE.

Y para los haberes que superan la mínima, esos haberes respondan al 82% móvil del haber del trabajador en actividad o se actualicen por inflación o RIPTE según de dónde sea más beneficioso.

Por el bloque radical, Danya Tavela coincidió con los diputados preopinantes de una actualización mensual sobre la base de diciembre y, a partir de ahí, que las actualizaciones serán por el IPC. También planteó que ante el aumento de tarifas es “indispensable discutir también algún tipo de compensación en función de los atrasos sufridos”.

Tavela comentó que agregaron al proyecto un capítulo sobre transparencia y explicó: “Es necesario que conozcamos todos y cada uno de los regímenes especiales que tiene el país que no son privilegios, pero seguramente reciben aportes para su sustentabilidad en el tiempo”. Solicitó la presencia de ministros y que la Oficina de Presupuesto del Congreso haga los cálculos de cada proyecto presentado.

Desde el bloque Unión por la Patria, defendió su iniciativa la diputada Gisela Marziotta quien recordó que se legisló sobre fórmula jubilatoria en el gobierno kirchnerista y explicó que es la misma que propone en el proyecto: “Una fórmula de salario y recaudación que en su momento dio un buen resultado que con la inflación no se recuperaba el poder adquisitivo necesario y por eso presenté una cláusula gatillo porque no lograba recuperarse el salario en función de la inflación del momento”.

Marziotta alertó que si no se toman medidas se está en camino a “una caída estrepitosa que nos puede llevar a tener jubilaciones de la crisis del 2001. Estamos camino a eso si no tomamos una decisión”. Con gráficos de muestra, aclaró que la propuesta es sumar una cláusula gatillo a la actual fórmula y preguntó: “No entiendo por qué quieren sacar la fórmula de recaudación más salarios y que solo sea por inflación. Sería una combinación virtuosa de las dos situaciones”.

La cordobesa Alejandra Torres (Hacemos Coalición Federal) alertó que la situación del sistema previsional del país es “caótica, crítica y es urgente atenderlo” y señaló que “amerita una puesta en común de todas las problemáticas para lograr un sistema dé respuestas efectivas, eficientes y con equilibrio fiscal a los beneficiarios. La revisión del sistema y buscar una solución definitiva, más racional”.

Así, contó que el proyecto fue propuesto junto al rionegrino Agustín Domingo, Ricardo López Murphy y Margarita Stolbizer para que “marque un puente o transición ante un problema sumamente grave para llegar a una solución más profunda y definitiva y no estar siempre discutiendo parches que tiene el sistema previsional”. En esa línea, precisó que cuenta con seis puntos como cambios de la movilidad por IPC, pero aclaró que la “diferencia está en el ensamble de un mes a otro significa licuación y haberes y litigo judicial, tiene que ser de enero 2024 porque la fórmula vigente tiene dos módulos complicados en su aplicación”.

Además, contempla el bono de 70 mil pesos para los haberes por debajo 204 mil pesos, pero establece un bono del 20% de haberes para jubilados y pensionados que accedieron al beneficio sin compra de aportes. También contempla la cancelación de las deudas y con las cajas previsionales no transferidas; prevé que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad sea el que haga cargo del financiamiento del sistema previsional y se le prohíbe a ANSeS que pida plata al Tesoro para hacer frente a su déficit.

Por último, comentó que proponen un régimen de privilegio: “Hay que eliminar las jubilaciones de privilegio de presidente y vice, pero hay que corregir una desviación de que los haberes de los pasivos son más altos que los activos y que la recomposición se haga sobre el salario bruto y no el neto”.