El senador nacional Carlos Linares, uno de los que firmó una nota dirigida a Victoria Villarruel para que "regule" el uso de los baños del Senado por parte de efectivos de las fuerzas de seguridad, salió al cruce de la respuesta que la vicepresidenta tuvo para con él y sus pares de Unión por la Patria.

"No toleraré relatos falsos por parte de quien, desde que administra la Cámara, solo ha quitado derechos a los trabajadores, ni de un Gobierno que dice cuidar a las fuerzas de seguridad mientras les paga salarios miserables", lanzó el chubutense.

El legislador le envió una nota a la titular del Senado, "con el fin de esclarecer esta situación a la que ha llevado este procedimiento administrativo, de manera circense y falsificando el objeto del mismo, primero la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y ahora usted".

"Es falso que, quien suscribe y los siete senadores de la Nación que firmaron la nota, hayamos solicitado que las fuerzas de seguridad no utilicen los sanitarios del Senado, que como bien dijo en sus redes sociales, es la Casa de las Provincias y nos alberga a todos", aclaró.

Y continuó: "Lo que sí solicitamos es que sea de forma ordenada, asignándoles un sector específico de sanitarios, para que tanto el personal de seguridad como los senadores y senadoras de la Nación y el personal de la casa, el nuestro, puedan cumplir sus labores en forma cómoda y segura".

"Como su respuesta y publicación en redes sociales está plagada de adjetivos calificativos al espacio político que pertenezco, haciendo así política del relato de manera agresiva y, como expresé anteriormente, carecen de verdad, voy a responder punto por punto", enfatizó Linares.

En ese sentido, el senador expresó: "Ejerceré mi derecho a réplica en el mismo lugar donde usted decidió llamar a nuestro bloque 'pandilla', que según la RAE es un grupo de personas que se asocian con fines delictivos o embaucadores".

"Entiendo que su forma de ejercer la Presidencia del Senado no es ejecutando medidas para que esta Casa de leyes resulte más eficaz y eficiente, tampoco medidas para que los trabajadores se sientan tratados con respecto; lo único que hizo fue quitarles derechos: inaudito deterioro salarial, cierre del jardín maternal con el que contaban los empleados y empleadas, quita de insumos esenciales como papel higiénico en sus puestos laborales, y más", cuestionó.

También, el opositor dijo que como funcionario público no permite "que ejerza violencia amparándose en una nota donde sólo se le solicitaba que administre los medios necesarios para que esta institución funcione de la mejor manera posible, y es quien tiene competencia para hacerlo".

"Tratar con respeto a un trabajador es, entre otras cosas, brindar sueldos dignos, y más de 2.200 efectivos de seguridad y militares han solicitado la baja en lo que va del año por los sueldos de miseria que el Gobierno nacional al que usted pertenece les paga, como al resto de los empleados estatales", apuntó.

Y diferenció que "los gobiernos kirchneristas, como expresa en la nota, pagaban salarios dignos y no los tenían en la calle parados por horas y obligándolos a violentar ancianos. Eso es a lo que usted llama trato digno y respetuoso, política del relato, mentiras".

Al criticar la política en seguridad, Linares manifestó que "en los operativos de los días miércoles donde violentan al pueblo, donde han cometido diversos delitos como tirar gas pimienta a una menor, violando normas constitucionales y tratados de rango constitucional que protegen especialmente a niños, donde lesionaron gravemente al trabajador de prensa Pablo Grillo, y dejaron ciego a un manifestante; es falso que sistemáticamente se colocan baños químicos".

"Los baños químicos se pusieron por primera vez el miércoles 23 del corrente mes, luego de que presentamos la nota que originó todo el circo posterior. Puedo aportar prueba documental y testimonial", aseguró.

Finalmente, le pidió a la vicepresidenta que "se rectifique por sus declaraciones públicas en el mismo medio donde las difundió", a través de la red social X.

Después de que un grupo de senadores nacionales de Unión por la Patria le hubieran solicitado adoptar “medidas” para “regular” la presencia de efectivos de las fuerzas de seguridad dentro del Congreso, la titular del Senado, Victoria Villarruel, respondió a través de una nota: “Mientras sea vicepresidente de la Nación, no hay lugar para la estigmatización de los uniformados”.

La solicitud parlamentaria había sido presentada por Oscar Parrilli, Carlos Linares, Cristina López, Sergio Leavy, María Eugenia Duré, Silvia Sapag, Antonio Rodas y Gerardo Montenegro, en donde advirtieron que “la presencia de los efectivos de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y la Policía Aeroportuaria se intensifica de manera exponencial los días de operativos masivos ordenados por las autoridades nacionales, que son quienes deben garantizarles condiciones básicas a los efectivos en cuestión".

Haciendo foco en el senador neuquino, Villarruel replicó: “A Parrilli y su pandilla que no quieren ver uniformes en el Congreso, les quiero recordar que la Casa de las Provincias nos alberga a todos y siempre hay lugar para quienes portan el uniforme con honor”. Antes, había recordado que “los senadores kirchneristas reclamaron que las fuerzas federales no usen los baños e instalaciones del Senado”.

La petición fue elevada pocos días después de la sesión ordinaria en la Cámara alta que sancionó las leyes de actualización de haberes jubilatorios, la prórroga de la Moratoria Previsional y la Emergencia en Discapacidad, entre varios temas. Aquella jornada tuvo un fuerte cruce en redes en la presidenta del Senado y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que fue quien cuestionó públicamente el pedido de Parrilli.

"Insólito pero real. El kirchnerismo pidió que las Fuerzas de Seguridad no usen los baños del Senado. Ya sabíamos que no los querían… pero ni para ir al baño los dejan. Un poco de respeto y sentido común. Son los que nos cuidan todos los días", había posteado Bullrich.

En medio de una nueva controversia en el Congreso, el diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de declaración para expresar su “más enérgico repudio” a la solicitud elevada por ocho senadores del bloque Unión por la Patria a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en la que propusieron restringir el acceso de las fuerzas de seguridad a los espacios comunes y sanitarios del Senado durante operativos desplegados en manifestaciones públicas.

La iniciativa, que cuenta con las firmas de los diputados de LLA Lilia Lemoine y Carlos Zapata, más la del Pro Marilú Quiroz, denuncia que la propuesta de los senadores oficialistas constituye un acto de “discriminación institucional” hacia quienes “garantizan la seguridad de los ciudadanos y de las instituciones democráticas”.

“Pretender restringir el uso de instalaciones básicas como los sanitarios, bajo el argumento de preservar la comodidad del personal legislativo, resulta no solo elitista y despectivo, sino también incompatible con los principios de respeto, dignidad y reconocimiento que deben regir en el trato hacia las fuerzas de seguridad”, sostiene el texto.

Milman advierte que la medida proyecta un “mensaje de desprecio institucional” hacia efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, y la enmarca en un contexto de “creciente estigmatización” hacia las fuerzas durante manifestaciones sociales, como las que protagonizan jubilados los días miércoles frente al Congreso.

“Debemos cuidar a quienes nos cuidan”, concluye el legislador opositor, al solicitar el acompañamiento de sus pares a la iniciativa.

Funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación defendieron este martes en el Senado los decretos por los cuales se modificaron las funciones de las fuerzas federales, y aseguraron que fueron en el marco de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo en la Ley de Bases.

Sin embargo, desde la oposición hicieron hincapié en que el Gobierno se "extralimitó" en dictar tales medidas y varios referentes de Unión por la Patria anticiparon que buscarán rechazar en los recintos de ambas cámaras el decreto delegado 383/25, por el cual se creó el nuevo estatuto de la Policía Federal Argentina.

En su exposición ante la Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior, el director de Transformación Institucional, Diego Fleitas Ortiz de Rozas, señaló que "estas reformas se hicieron en el marco de la Ley de Bases", en alusión a los decretos 383, 454, 455, 456 y 457 de este año. "Se buscó fortalecer un proceso de modernización, profesionalización, actualización de los textos normativos y resolver cuestiones de personal, estructura y carrera", indicó.

A su vez, admitió que la reforma de la PFA fue "un poquito más en profundidad", teniendo como eje "darle una nueva misión y darle potestades nuevas", orientadas hacia la investigación. "Es un primer paso normativo. La Ley Orgánica no es un protocolo", explicó y apuntó que se buscó darle a la PFA "la misión de enfocarse en delitos federales y complejos", aunque "sigue teniendo residualmente otras misiones vinculadas a seguridad del Estado y orden público".

"Lo que hicimos fue reproducir textos existentes en la ley vigente de la PFA, en el Código Procesal o potestades comunes a todas las policías", argumentó.

Sobre la PFA, Fleitas Ortiz de Rozas mencionó que "sólo el 19% del personal de la fuerza estaba en área de investigación, drogas o inteligencia; y nosotros consideramos que ese porcentaje tiene que ser más alto". Por eso, los nuevos agentes están yendo "casi 100% hacia áreas de investigaciones" y "se redujo a la mitad la cantidad de integrantes suboficiales". "Una nueva policía con una estructura más horizontal y un personal más profesionalizado", destacó.

El funcionario agregó que "en el caso de Prefectura y Gendarmería lo que se hizo principalmente fue modernizar su texto normativo, se eliminaron referencias a cualquier dependencia a las Fuerzas Armadas"; mientras que "en la PSA se hicieron cambios mayores", entre los que "se incluyó la posibilidad que tuviera un subjefe, que no estaba en la estructura" y que "los cadetes sean formalmente parte de la fuerza".

Al abrirse el tramo de preguntas, el diputado José Glinski (UP) planteó que "los cambios no fueron lo suficientemente difundidos, porque no fueron lo suficientemente trabajados". En ese sentido, consideró que podía existir un "consenso" en que eran necesarias reformas en las fuerzas, pero en lo que "no hay consenso" es en "si estas reformas se pueden hacer o no por decreto".

"Todas estas series de reformas se hacen amparadas en la Ley de Bases y facultades delegadas, sin embargo hubo una acción expresa de los diputados de quitar la emergencia en seguridad", recordó y cuestionó "la legalidad y legitimidad de estas normas". "Nosotros sostenemos que son ilegales porque están hechas bajo una extralimitación del Poder Ejecutivo", afirmó el exdirector de la PSA.

A su turno, el senador Oscar Parrilli (UP) consultó cuántos son todos los efectivos de las cuatro fuerzas; cuántos eran a diciembre de 2023 y cuánto se han incrementado desde esa fecha hasta ahora. Fleitas Ortiz de Rozas respondió que aproximadamente hay 31 mil en la PFA, 40 mil Gendarmería, 5.500 en la PSA y 25 mil de Prefectura Naval. "No hubo un incremento significativo de las fuerzas, incluso en la PFA se redujo un poco. El año pasado ingresaron 450 y antes ingresaban 900 por año", indicó el funcionario.

Luego, el diputado Juan Marino (UP) preguntó "por qué decidieron hacer esto por decreto y no mandar proyectos al Congreso" y qué "análisis jurídico" realizaron para interpretar que la Ley de Bases les permitía avanzar de esta manera. Sobre lo primero, el director de Transformación Institucional respondió que eso fue por "una decisión política que me excede" y, respecto a lo segundo, insistió en argumentar: "Las fuerzas federales se encuentran dentro de la administración y, dentro de las potestades, la Ley de Bases le daba al Ejecutivo potestades para reformar la administración pública".

Más adelante, el legislador opositor indagó sobre la facultad que se le da a la PFA en "el acceso a bases de datos privadas sin orden de un juez". El representante del Ministerio de Seguridad señaló que "hay normas existentes vigentes referidas a la Ley de Protección de Datos Personales" y "el derecho de habeas data va a existir. El espíritu es que se hace dentro del marco de la ley". Aunque, reconoció, en este y otros puntos, que todavía hay facultades no reglamentadas por protocolo.

En cuanto al ciberpatrullaje, Marino cuestionó cómo se hará para impedir que "la prevención del delito en espacios digitales sin autorización judicial" sea una facultad que "se use para vigilar a opositores, periodistas y activistas". "La realización de tareas de prevención en espacios abiertos digitales en un estándar en todos los lugares del mundo", contestó Fleitas Ortiz de Rozas y afirmó que "esto fue adoptado por distintas administraciones de distintos colores políticos".

"Obviamente se tiene que hacer respetando los derechos y garantías, no tiene que ser motivo de persecución política, estamos completamente de acuerdo", dijo el funcionario, para indicar luego que se utiliza en la prevención de delitos como pedofilia, abuso sexual, trata de personas y que existen "decenas de fallos sobre la legalidad de estas actividades de prevención".

Diego Fleitas Ortiz de Rozas

Sin embargo, el diputado de UP advirtió que "estamos frente a un Gobierno donde el presidente dijo públicamente que él taclea las opiniones de los críticos en las redes sociales y los medios de comunicación para después denunciarlos judicialmente. El ciberpatrullaje efectivamente sí viene siendo utilizado para persecución y todo esto va a agravar el asunto".

Otra de las voces desde el kirchnerismo fue la del diputado Leopoldo Moreau (UP), quien resaltó: "Estos decretos pasan por encima de normas constitucionales, legales y en algunos casos hasta convencionales". Y lamentó que "después de 40 años de democracia hayan dejado de lado el control ciudadano que se ejerce a través del Parlamento". "La seguridad sin control no es seguridad, sino que es poder sin ley, y nosotros no estamos dispuestos a otorgar un poder sin ley y menos en estas características", agregó.

Para el radical K, esto no se trata "simplemente de una reforma administrativa" y trajo a colación la requisa que hubo por parte de las fuerzas a militantes que se movilizaron el pasado 18 de junio en apoyo a Cristina Kirchner. "Ni el Ministerio de Seguridad ni las fuerzas federales podemos, ni debemos, llevar adelante tareas de inteligencia política o tener base de datos vinculados a la política", aseveró el representante de la cartera que conduce Patricia Bullrich. "Las fuerzas federales en el orden público deben limitarse a la prevención del delito", sumó.

Avanzada la reunión, la diputada Carolina Gaillard (UP) cuestionó el decreto 383/25 -de reforma de la PFA- y advirtió que desde este martes "estamos en condiciones de tratarlo en el recinto para su rechazo" porque "está viciado de inconstitucionalidad" y "no cumple con las delegaciones de la Ley de Bases".

La entrerriana explicó que ese decreto delegado "versa sobre una materia que no fue declarada la emergencia; y aún si hubiera una emergencia en seguridad también sería inconstitucional porque hay una vaguedad en las tareas". Por eso, reclamó que se lo rechace en el Congreso "y que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley como corresponde".

"No vamos a estar a favor nunca de la restricción de derechos individuales y más cuando estamos ante un Gobierno nacional que está de manera permanente violentando el sistema institucional y avanzando en las libertades individuales de las personas", subrayó Gaillard, a lo que el funcionario negó: "Nosotros creemos que no avanzamos sobre ellos".

El único legislador en hablar por el oficialismo fue el diputado Santiago Pauli (LLA), quien criticó las opiniones de organismos internacionales sobre este tema, cuando "el ejemplo más reciente de avasallamiento a los derechos humanos no fue la última dictadura militar sino la cuarentena". "Se reprimió, hubo gente desaparecida, gente que ha sido encontrada muerta en dudosas circunstancias", remarcó sobre la época de pandemia.

Además, el libertario ponderó: "¿Qué mayor política de seguridad ciudadana hay que haya menos inseguridad, menos delitos, menos homicidios? Cosa que actualmente estamos viendo. Sobre todo en provincias en donde se ha logrado trabajar en conjunto". Y, respecto a que las reformas salieron por decreto, el fueguino manifestó: "Me atrevo a dudar que ese consenso hubiera existido si se hubieran enviado proyectos".

En el cierre, el jefe de UP en Diputados, Germán Martínez, preguntó: "¿No creen que a partir de estos decretos delegados están dejando a las fuerzas de seguridad en una situación de debilidad jurídica-institucional?". "Esto queda a tiro de otro acto jurídico de la misma envergadura. Es una involución en términos de funcionamiento jurídico-institucional", consideró.

"Ustedes dicen que las vienen a fortalecer (a las fuerzas). Mentira. Las debilitan. De hecho están a tiro del rechazo por mayoría simple en cada una de las cámaras para que esto vuelva a la situación anterior", insistió el santafesino, a lo que Fleitas Ortiz de Rozas cerró: "Creemos que esto las fortalece porque trata de resolver problemas muy graves. No es el escenario ideal, pero creemos que está hecho dentro del marco legal de la República Argentina. Muchas de las cuestiones que se están resolviendo están dentro del Poder Ejecutivo".

Fuertes críticas de parte de la oposición se expresaron este miércoles con relación a la requisa llevada adelante por fuerzas de seguridad en vehículos que transportaban a militantes que viajaban a esta capital para asistir a la marcha a favor de Cristina Fernández de Kirchner.

Entre ellos, los diputados de Unión por la Patria anunciaron que van a demandar formalmente, en la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia y en la Justicia Federal, a la ministra Patricia Bullrich por violación a la Ley de Inteligencia 255520, #por haber ordenado a las fuerzas federales, no sólo requisar, sino también copiar las listas de pasajeros y fotografiar los documentos de quienes venían desde el Interior a la marcha de respaldo a Cristina Fernández de Kirchner”. Así lo anunció el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau, para quien la cartera de Seguridad “está construyendo una base de datos sobre la adhesión o pertenencia de ciudadanos a partidos políticos, lo que, reiteramos, está expresamente prohibido”.

Sostuvo Moreau que ese “es un paso más en la deriva autoritaria que ella conduce”. Y citó el artículo 4° de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) que en su inciso 2 deja claro que ningún organismo de inteligencia podrá “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

El diputado nacional Eduardo Valdés (UP – CABA) presentó un proyecto de ley para que se prohíba el uso de del gas pimienta como herramienta disuasiva o represiva en el marco de manifestaciones sociales en espacios públicos por parte de las fuerzas de seguridad.

Explicó, en tal sentido, que “el gas pimienta, también conocido como spray de pimienta, es un agente químico inflamatorio que puede causar ceguera temporal, sensaciones de ardor en la piel, espasmos musculares y dificultades respiratorias. Su uso en contextos de manifestaciones puede resultar en heridas corporales graves y desencadenar episodios cardíacos, respiratorios y psíquicos”.

Valdés fue uno de los diputados nacionales heridos en los incidentes del pasado 12 de junio cuando el Senado trataba la Ley Bases. Del mismo modo, el texto explicó que el uso de esta herramienta produce “ceguera temporal de 15 a 30 minutos, ardor en la piel por 45 a 60 minutos, espasmos de la parte superior del cuerpo y tos que dificulta la respiración y el habla”.

Agregó, también, que “un químico de este tipo tiene la intención de lesionar a quienes se movilizan y su uso incorrecto puede tener consecuencias graves para la salud”.

El diputado luego de sufrir en carne propia el uso del gas pimienta el pasado 12 de junio.

En esa línea, se refirió a lo ocurrido en las afueras del Congreso con el tratamiento de la Ley Bases: “La represión desatada por las fuerzas de seguridad dejó un saldo preocupante de víctimas de abusos”. “La utilización irresponsable y desproporcionada de gases MK-9 generó dificultades respiratorias y lesiones oculares tanto en manifestantes como en legisladores y personal del Congreso”, aseveró.

Por último, Valdés enfatizó que: ”el Poder Ejecutivo, sus fuerzas de seguridad, y la Justicia deben garantizar estos derechos fundamentales y la libertad de expresión de la comunidad, no habilitando el uso de gases que han demostrado lesionar la salud de los manifestantes”.

El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR – Corrientes) presentó un proyecto de ley para homologar títulos y saberes profesionales de los oficiales de la fuerza de seguridad para facilitar la inserción laboral en el ámbito civil, y fomentar el desarrollo personal.

“Los oficiales de las fuerzas de seguridad ven limitadas sus posibilidades de desarrollo personal y profesional, solo al ámbito de las fuerzas de seguridad”, inició el radical, quien añadió que “con esta ley se busca eliminar esa situación de desventaja y discriminación, permitiendo a los oficiales expandir sus horizontes laborales y contribuir con sus habilidades al ámbito civil”.

La iniciativa propone otorgar validez nacional a los títulos y artes de los oficiales de las fuerzas de seguridad, permitiendo así que puedan ejercer profesionalmente en todo el territorio nacional y acceder a estudios superiores para su desarrollo profesional.

Además, busca promover la articulación entre las instituciones educativas de las fuerzas de seguridad y las instituciones de educación superior, fomentando el intercambio de experiencias y conocimientos.

El proyecto de ley también establece que la autoridad de aplicación de esta normativa será el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, junto con entidades como ANMAC, ANAC, EFOCAPEM, Ministerio de Transporte y Ministerio de Seguridad de la Nación.

Esta coordinación entre diferentes organismos busca garantizar una correcta implementación de la homologación de títulos y saberes profesionales de los oficiales de las fuerzas de seguridad.

Además, se han establecido requisitos como la presentación de una nota dirigida a la autoridad de la fuerza manifestando la voluntad de iniciar el trámite de homologación, adjuntando la trayectoria académica y profesional.

Asimismo, se solicita la presentación de copias autenticadas de los títulos y artes a homologar, así como documentación adicional sobre los cursos realizados fuera de la fuerza, incluyendo planes de estudio, programas, contenidos, carga horaria y modalidad de evaluación.

“Llegó el momento de reconocer y aprovechar los valiosos recursos que poseen nuestros oficiales de las fuerzas de seguridad para enriquecer y profesionalizar diversas actividades en el ámbito civil. Por eso, insto a mis colegas diputados a respaldar este proyecto de ley que busca valorar el esfuerzo y la dedicación de estos profesionales en beneficio de toda la sociedad”, concluyó Aguirre.

En un pasaje de su disertación ante la Asamblea Legislativa el presidente de la Nación, Javier Milei, apuntó contra los gobiernos anteriores por la situación en materia de seguridad porque “ataron de manos” a las fuerzas y “desprestigiaron” al Ejército Argentino.

De forma breve, sostuvo que en materia de seguridad “nos encontramos con una sociedad abandonada a su suerte, ciudades enteras rehenes del narcotráfico, las calles tomadas por el caos y el desorden por organizaciones de izquierda”.

“Fuerzas de seguridad maltratadas y pisoteadas por gobiernos anteriores que los ataron de manos y les impidieron cumplir con su trabajo poniéndose del lado de los delincuentes ejemplificado en el absurdo de soltar presos durante la pandemia”, cuestionó.

Respecto de la cartera que conduce Luis Petri, el jefe de Estado informó: “Heredamos un Ejército desfinanciado y hasta desprestigiado por el propio Estado, sin los recursos ni la preparación para hacer frente a los desafíos de un mundo en constante cambio y cada vez más alejado de la paz”.

“Esto nos hace incapaz de poder proteger nuestro propio territorio obligándonos a arrastrarnos ante los países más cuestionados del mundo”, advirtió.

Por el contrario, adelantó: "Cuidamos a las víctimas y a quienes nos cuidan. Se terminó con nosotros la cultura vil del despreciar a las fuerzas del orden y a las víctimas del delito y el enaltecer a los delincuentes. Por eso, estamos impulsando una ampliación del marco de legítima defensa y de cumplimiento del deber, para que no termine entre las rejas los ciudadanos que se protegen a sí mismos o los policías que protegen a los ciudadanos, mientras los delincuentes pasean libres por nuestras calles".

El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR – Corrientes) presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para la creación de una defensoría técnica y especializada para el personal de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias en Argentina. El objetivo es garantizar el derecho a la defensa y acceso a la justicia para los miembros de estas fuerzas en casos individuales y colectivos.

El proyecto de ley propone la creación de una defensoría técnica y especializada para el personal de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias, que brindará asistencia jurídica y técnica a los miembros de estas fuerzas en casos individuales y colectivos. La defensoría estará a cargo de un equipo de profesionales especializados en la materia, que serán seleccionados a través de un registro de destacados profesionales de todas las provincias del país.

Aguirre destacó la importancia de este proyecto de ley para garantizar los derechos de los miembros de las fuerzas de seguridad: "Es fundamental que los miembros de las fuerzas de seguridad tengan acceso a una defensa técnica y especializada, que les permita hacer valer sus derechos y garantías constitucionales en casos individuales y colectivos".

El proyecto de ley también establece que la defensoría técnica y especializada estará financiada por el Estado, a través de un fondo especial que se creará para este fin. En este sentido, Aguirre destacó la importancia de garantizar la financiación de la defensoría: "Es fundamental que el Estado garantice la financiación de esta defensoría, para que pueda cumplir con su función de garantizar los derechos de los miembros de las fuerzas de seguridad".

Además, Aguirre destacó la importancia de garantizar la continuidad del servicio que brinda la defensoría técnica y especializada: "Es fundamental que esta defensoría tenga una estructura sólida y sostenible en el tiempo, que garantice la continuidad del servicio que brinda a los miembros de las fuerzas de seguridad".

El proyecto de ley fue acompañado por los diputados nacionales Jorge Vara, Natalia Silvina Sarapura, Lidia Inés Ascarate, Víctor Hugo Romero, Carlos Raúl Zapata, Alberto Asseff y Pablo Torello, quienes destacaron la importancia de garantizar el acceso a la justicia para los miembros de las fuerzas de seguridad.

El diputado nacional Martín Tetaz (Evolución Radical) presentó un proyecto para que sea más fácil que las fuerzas de seguridad adopten las pistolas Taser. La iniciativa apunta a modificar el Decreto No395/75, reglamentario de la Ley N° 20.429 -actualizado por Decreto No 1039/89- en cuanto a la clasificación de las armas de fuego.

“Necesitamos seguir la tendencia mundial y equipar a nuestra policía con armas no letales, tienen que tener una herramienta intermedia entre el bastón y el arma de fuego. Está probado en todo el mundo que su uso salva vidas y mejora la vida de la gente”, declaró el economista.

Con la modificación del decreto que propone el proyecto de Tetaz se habilita el uso de las pistolas de “baja letalidad tanto para uso militar o de seguridad como para el uso civil, para todas aquellas personas que tengan permisos para portar armas. La implementación apunta a una mayor preservación de la vida”.

“Queremos que se capacite y se certifique a los oficiales de policía que utilizarán este tipo de instrumento y que se creen protocolos específicos de actuación y un registro de utilización para poder controlar y estudiar el resultado de su uso”, explicó Tetaz.

Según argumentó el uso de las Taser “permite una eficiente disuasión de acciones delictivas y disminuye la letalidad no solamente de aquellos que resultan sujetos a su acción sino también de los integrantes de las fuerzas de seguridad que las emplean”.

A su vez, denunció que “el Poder Ejecutivo Nacional reglamentó el uso de los denominados dispositivos o sistemas electrónicos menos letales que permiten incapacitar temporalmente a un agresor (denominadas genéricamente por el nombre de la marca comercial ‘Taser’ aunque existen numerosas marcas de equipos similares) en el mes de mayo del 2019. Al asumir la nueva administración se prohibió su uso”.

El proyecto de ley contó con la firma de los legisladores Danya Tavela, Alfredo Schiavoni, Lidia Ascarate, Héctor Stefani, José Núñez, Laura Castets, Mario Barletta, Alberto Asseff, Ingrid Jetter, María Eugenia Vidal, Pablo Torello, Carlos Zapata, Marcela Campagnoli y Aníbal Tortoriello.

El diputado nacional del Pro Alvaro Martínez propuso la incorporación de cámaras corporales para las fuerzas de seguridad.

El proyecto de ley denominado “Régimen de uso de cámaras corporales por las fuerzas de seguridad de la Nación”, busca fortalecer el carácter civil de las instituciones dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El agregado de cámaras busca brindar una herramienta para la vigilancia móvil y así proteger y disuadir el crimen, mejorando de esta forma la calidad en la seguridad para con la ciudadanía dentro del territorio nacional. 

El proyecto presentado explica en su cuerpo argumentativo todas las disposiciones y legalidades a tener en cuenta para poder llevar a cabo esta iniciativa. Dentro de las mismas, se destaca la adquisición de dichos elementos, la capacitación pertinente de los agentes para su uso, evaluaciones, informes y metodologías en las cuales el empleo de las cámaras sea legal. La disposición de las mismas estará a cargo del Ministerio Público Fiscal, como así también el contenido que puedan llegar a almacenar. 

Cabe destacar que, según los datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, durante 2021 se registraron 362.566 robos hacia las personas.

Además, según la Facultad de Psicología de la UBA, 9 de cada 10 argentinos teme ser víctima del delito.

En tanto, en Mendoza, los últimos datos disponibles indican que el 34,6% de los robos son denunciados, mientras que la cifra” oculta” es de 65,4%.

Es decir que dos tercios de los robos no son denunciados, de acuerdo a la “Encuesta de Victimización”, realizada por el Ministerio de Seguridad de la provincia.

Este proyecto es una iniciativa más dentro del plan iniciado por Martínez, que busca capacitar y brindar herramientas al cuerpo policial. Antecesora a esta idea, el diputado había presentado un proyecto de ley en la provincia de Mendoza para regular el uso de armas no letales, comúnmente conocidas como “Taser” e incorporarlas para su uso a los rangos de mayor categoría dentro de la policía con el fin de ofrecer un instrumento que los ayude a cumplir su labor sin generar daños permanentes en las personas a detener. 

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio por la provincia de Santa Fe, encabezados por Juan Martín, solicitaron que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, detalle sobre el refuerzo de 1.575 efectivos federales para la seguridad de la provincia, "prometido por el Gobierno nacional". "Ese personal de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía Aeroportuaria debía completar su despliegue este mes de marzo", apuntaron.

En el pedido se solicita conocer si el número de efectivos federales prometidos se asignó, en qué ciudades y departamentos están; los resultados de los operativos que hayan realizado, si eso sucedió; y cómo se coordina el trabajo con la Policía provincial. “Queremos saber con exactitud cuál es el esfuerzo adicional que se está haciendo desde Nación en un momento tan delicado en materia de seguridad en la provincia”, señaló Martín.

“Este incumplimiento de la palabra empeñada en medio de la campaña ya no parece una simple omisión. Recordemos que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el mensaje del 1ro. de marzo en el Congreso, ni siquiera hizo mención de la situación que viven los santafesinos, ni cómo va a trabajar junto con la provincia para enfrentar el narcotráfico y el delito organizado. Esto es lisa y llanamente una decisión: dejar a Santa Fe librada a su suerte y con las calles ganadas por el delito”, añadió el radical.

Finalmente, el legislador alertó que "la preocupación de los santafesinos por los hechos de inseguridad debe ocupar un lugar central en la agenda política. No podemos seguir con medidas espasmódicas y cortoplacistas”.

La iniciativa fue acompañada por Gabriel Chumpitaz, Mario Barletta, Federico Angelini, José Núñez, Victoria Tejeda, Germana Figueroa Casas, Ximena García y Carolina Castets.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Gabriela Lena presentó un proyecto de ley que dispone el retiro del arma reglamentaria a aquellos integrantes de las fuerzas de seguridad que hayan sido denunciados por violencia de género o intrafamiliar. 

La iniciativa prevé también la posibilidad del traslado del agente de seguridad, según las circunstancias y gravedad del caso, con el fin de preservar la integridad física y la vida de la persona denunciante. 

“De enero a mayor de 2021 se produjeron 115 femicidios, seis transfemicidios y ocho femicidios vinculados de varones. Según un informe del Observatorio de Femicidios en Argentina, entre los femicidas 13 eran agentes o exagentes de alguna fuerza de seguridad”, remarcó la legisladora entrerriana para advertir sobre esta problemática. 

“Una medida de este tipo no violaría el principio de inocencia ya que el acceso al arma de fuego no es un derecho sino un privilegio otorgado por el Estado”, advirtió la diputada. 

El proyecto propone el retiro del arma de dotación del agente denunciado por el plazo que determine la autoridad judicial y dispone la suspensión de la condición de legítimo usuario y portación de armas y municiones. 

“La portación de arma de dotación fuera del ámbito de trabajo en algunos casos en posesión de los agentes durante las 24 horas pone en riesgo a las mujeres y otros convivientes. Según el Registro de Femicidios de la Justicia Argentina, de las 64 armas de fuego utilizadas para cometer femicidios directos, al menos 16 era de tenencia legal y 12 de ellas eran armas reglamentarias de integrantes de fuerzas armadas o de seguridad. Por eso es vital tomar este tipo de medidas para protección de quienes pueden ser potenciales víctimas”, concluyó la diputada Gabriela Lena. 

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, realizaron este martes un encuentro con integrantes de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval, quienes se encuentran dentro de los 1.267.000 trabajadores y jubilados de todo el país que dejarán de pagar el impuesto a las Ganancias.

En el Salón de Honor de la Cámara baja, Massa y Frederic recibieron a representantes de las fuerzas de seguridad para informarles sobre los beneficios que también aportará a este sector la iniciativa del oficialismo, que se encuentra en tratamiento en el Senado.

“Las fuerzas de seguridad son la herramienta para hacer cumplir la ley y también están incluidas en el beneficio de impuesto a las Ganancias”, destacó Massa.

Por su parte, Frederic sostuvo que “el Gobierno viene tomando decisiones sumamente relevantes para mejorar el salario de la población. Este beneficio que incluye a las fuerzas federales se suma a la reparación histórica que se viene impulsando desde la gestión y es apreciada por los trabajadores de las cuatro fuerzas a cargo del Ministerio de Seguridad”.

Con el proyecto que impulsa el presidente de la Cámara baja, que ya tiene media sanción y que fija un nuevo piso de 150.000 pesos de remuneración mensual para empezar a pagar el impuesto, dejarán de pagar 1.267.000 trabajadores y jubilados de todo el país, de los cuales 128.000 pertenecen al sector de la seguridad federal.

El beneficio también alcanza a personal de la administración pública, defensa y seguridad social; la industria manufacturera, el sector del transporte y almacenamiento; el de comercio (mayorista y minorista); servicios comunales, sociales y personales; empleados de servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler; del sector de educación, de servicios sociales y de salud; del sector de la construcción, electricidad, gas y agua; y del sector minero, hotelería, agricultura y de la pesca.

La diputada nacional Gisela Marziotta presentó un proyecto de ley para suspender preventivamente del ejercicio del derecho de portación, tenencia, transporte y uso del arma de dotación a los efectivos de las Fuerzas Federales de Seguridad que sean denunciados por violencia de género o intrafamiliar, con el fin de resguardar la integridad física, psicológica y mental de las personas denunciantes. 

Según datos del Observatorio de la Organización Mujeres de la Matria Latinoamericana sólo en febrero del 2021 el 17% de los femicidios fue perpetrado por integrantes de las fuerzas de seguridad (un aumento del 5% respecto a lo registrado en el mes de enero -12%). “Los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad no sólo son parte de una cultura institucional marcadamente patriarcal y propensa a la violencia, sino que su posición como agentes del aparato represivo pone a las víctimas en un lugar de especial vulnerabilidad”, fundamentó la diputada Marziotta. 

“Entre 2010 y 2020 al menos 48 mujeres fueron asesinadas en el AMBA por sus parejas o exparejas policías. La portación de arma reglamentaria las 24 horas -amparada en el llamado ‘estado policial’- pone en riesgo a las mujeres y otras personas que conviven con funcionarios de seguridad: en los casos en los que existe violencia machista o intrafamiliar, el arma puede ser utilizada para hostigar, amenazar, herir o matar”. 

El efectivo denunciado o imputado debería así retirar el arma de dotación al comenzar la jornada de trabajo en la dependencia a la que se encuentre adscrito y entregarla al terminar la jornada de trabajo. 

En los casos en que la denuncia sea por abuso sexual o tentativa, lesiones graves, intento de femicidio o casos de reincidencia se requerirá la suspensión total del derecho a la portación de arma. 

El presidente del bloque de diputados nacionales de Pro, Cristian Ritondo, presentó un proyecto de ley que propone la exención en el pago del impuesto a las ganancias a policías, prefectos, gendarmes y militares, como así también a profesionales que revisten en alguna fuerza armada o de seguridad.

La iniciativa parlamentaria plantea incorporar un nuevo inciso al artículo 26 de la ley del impuesto a las ganancias, cuyo texto especifica la exención de pago a “los profesionales y personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad tanto sean estas federales como provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Los fundamentos del proyecto subrayan el papel solidario desempeñado por las fuerzas armadas y de seguridad durante la cuarentena y hacen hincapié en la necesidad de una compensación en los ingresos que son afectados por el impuesto a las ganancias que crea distorsiones en la escala salarial.

En ese sentido, Ritondo destacó que “los hombres y mujeres de las fuerzas armadas y de seguridad merecen un reconocimiento económico por todo lo que hacen en la pandemia, arriesgando su vida para protegernos en cualquier parte del país y en cualquier momento del día”.

“Las Fuerzas Armadas han hecho un despliegue superior al de la guerra de Malvinas con 40.000 tareas realizadas, entre las que se incluyen más de 450 tareas de ampliación de la infraestructura sanitaria, más de 6000 tareas de apoyo sanitario, distribución de alimentos y raciones”, agregó.

“En tanto que las fuerzas de seguridad son un activo fundamental en la lucha contra el crimen organizado, en la prevención del delito y en la fiscalización del espacio público” concluyó el titular de la bancada republicana.

Acompañaron con su firma este proyecto de ley los legisladores Cristian Ritondo, Alicia Fregonese, Graciela Ocaña, Mercedes Joury, María Lujan Rey, Dina Rezinovsky, Adriana Cáceres, Hernán Berisso, Alberto Asseff, Héctor Stefani, Soher El Sukaria, Gisela Scaglia, Pablo Torello, Alejandro García y Ezequiel Fernández Langan.

El diputado nacional Luis Petri, acompañado por sus pares Alfredo Cornejo, Álvaro de Lamadrid y Juan Martín, presentó un proyecto solicitándole al Ministerio de Seguridad "que la capacitación y el uso de armas electrónicas no letales no se limite a cuerpos especiales de las fuerzas policiales (GEOF), sino que se amplíe a la totalidad de las fuerzas policiales y de seguridad conforme a los requerimientos y necesidades del servicio".

La iniciativa detalla que "en mayo del año 2019, el Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó la Resolución N°395/2019 autorizando a las fuerzas federales al uso de armas electrónicas no letales pero en diciembre de ese mismo año, luego de que asumiera el nuevo gobierno, la ministra Sabina Frederic, derogó dicha resolución a través de la Resolución 1231/2019, sin haber dictado los protocolos para su uso conforme que se comprometía".

Petri aseguró que “las decisiones de Frederic dejaron desamparada y desprotegida a las fuerzas de seguridad, ya que se derogaron todos los protocolos que habilitaban el uso de armas, tanto letales como no letales".

"Los miembros de las fuerzas de seguridad no cuentan en la actualidad con reglas claras. El Gobierno incumple los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego -de La Habana de 1990- que obliga a los Estados a dictar normas y reglamentaciones sobre el uso de armas y a otorgar capacitación pertinente para ello a sus fuerzas de seguridad”.

En el proyecto, los radicales reclaman a Frederic que "restablezca el ‘Reglamento General para el Empleo de armas electrónicas no letales por partes de los miembros de las fuerzas policiales y de Seguridad Federales’ dispuesto mediante Resolución 395/19, que preveía su utilización por parte de la totalidad de sus integrantes, a condición de recibir la capacitación específica mediante la instrucción para su empleo".

En ese mismo sentido, solicitaron que el Ministerio de Seguridad "remita el protocolo elaborado en cumplimiento del artículo 4 de la Resolución 1231/19", que establecía un plazo de 30 días para diseñar "un protocolo que regule integralmente las condiciones y recaudos bajo los cuales los cuerpos especiales de las fuerzas policiales y de seguridad que se hallen facultados para el uso de armas electrónicas menos letales, puedan proceder a su empleo, previa capacitación específica".

"Como lo establecía la derogada Resolución 395/19, la incorporación de armas electrónicas de uso no letal permitirá abordar situaciones operacionales en las que resulte necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de armas de fuego, siendo un medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o amenazantes, brindando a las fuerzas policiales y de seguridad federales, una opción táctica adicional en reemplazo de las armas de fuego, particularmente en espacios reducidos y densamente poblados", señalaron.

Por último, Petri enfatizó que "las fuerzas de seguridad deben contar con la opción de utilización de armas no letales, ya que contando con la debida capacitación, su empleo resulta idóneo para repeler ataques, inmovilizar y aprender al delincuente, sin poner en riesgo su vida o la vida de personas que circunstancialmente se encuentren en el lugar”.

El jefe del bloque de diputados de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, solicitó, a través de un proyecto de declaración, “que se suspendan todos los movimientos en curso del personal de las fuerzas de seguridad de nuestra provincia, que se encuentran prestando funciones en los distintos establecimientos penitenciarios y comisarías”. 

El legislador radical argumentó la necesidad de interrumpir los traslados del personal esencial, ya que podrían ser reubicados efectivos desde zonas con circulación comunitaria del virus en otras jurisdicciones o comunidades donde la situación sanitaria se encuentra controlada. 

Por eso planteó la “necesidad de instrumentar un protocolo de excepciones, con relación al requerimiento de personal jerárquico por parte de los intendentes, pero que la norma sea evitar que en la circulación de personas pueda afectarse la salud, tanto de quien es trasladado como la de la comunidad en su conjunto”. 

Y agregó: “Estamos al lado de los intendentes, cuya principal preocupación es la de sostener a los vecinos en cada municipio y que tienen realidades muy distintas. Algunos en fase 5, otros teniendo que retroceder sobre pasos ya dados. Ya suficiente tienen con todo lo que deben resolver, como para que el propio Estado les genere un nuevo problema”. Por eso, sostuvo que hace falta “suspender la movilidad, pero, a su vez, ser creativos y poner todo el andamiaje institucional, como los Foros de Seguridad y demás canales de vínculo entre Provincia y Municipios, a disposición de los intendentes para simplificar la tarea cotidiana”.

“Hay una cuestión central y que no se puede soslayar: la tarea del Estado es prevenir la circulación y el contagio del virus, poniendo por delante los derechos de nuestros vecinos, como la integridad física y la vida de las personas. Por eso le pedimos al gobierno que cesen los traslados y la circulación del personal esencial de las fuerzas de seguridad, para cuidarnos entre todos, que es también cuidarlos a ellos”, concluyó.

En el marco de la reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior llevada a cabo en Tucumán, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad de la Nación firmaron un acta de acuerdo para establecer un “redespliegue” de las fuerzas de seguridad que se desempeñan en el distrito capitalino.

Dicho convenio lleva la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y el titular de ese Ministerio en la Ciudad, Diego Santilli, y crea “una mesa de trabajo a los fines de establecer los mecanismos de coordinación necesarios para el redespliegue operativo de las Fuerzas de Seguridad Federales que prestan servicios de seguridad ciudadana en la Ciudad”, que incluye Prefectura y Gendarmería. También se “confeccionará un estado de situación de los recursos afectados a los operativos de seguridad ciudadana prestados por Fuerzas de Seguridad Federales”.

Durante el encuentro en Tucumán, Santilli subrayó que el “delito no tiene fronteras” y consideró que “haber logrado en la Ciudad de Buenos Aires la baja en los índices de inseguridad es por el trabajo en conjunto con ustedes, con la Provincia de Buenos Aires y todas las provincias de nuestro país”.

Además recordó la actuación de Gendarmería Nacional en la detención de homicidas del turista inglés Matthew Gibbard, antes de cruzar la frontera en Salta y también su despliegue en la Villa 1-11-14 de Flores en diciembre pasado. “Allí había dos familias narco muy poderosas y hoy están todos detenidos. La Gendarmería hizo un trabajo muy importante”, aseveró.

Junto a Santilli estuvo presente el vicepresidente primero de la Legislatura, Agustín Forchiei (VJ); la vicepresidente segunda de esa misma Casa, María Rosa Muiños (FdT); y el jefe del bloque FdT, Claudio Ferreño.

En ese contexto, Forchieri consideró que “debemos fomentar el trabajo en conjunto de todas las fuerzas en post de seguir la lucha el delito y continuar con la baja histórica de los índices de inseguridad en la Ciudad, que sin duda es producto de ese trabajo mancomunado”; mientras que Muiños sentenció que “el convenio conforma una mesa de trabajo para establecer los mecanismos de coordinación del redespliegue operativo de las fuerzas de seguridad federales que prestan servicios en nuestro distrito”.