En el marco de la continuidad del debate sobre el proyecto del Poder Ejecutivo que permitiría la actuación de las Fuerzas Armadas ante hechos de terrorismo, asistió este miércoles a la Comisión de Defensa el ex jefe de Estado Mayor General del Ejército, teniente general (R) Diego Luis Suñer, quien ocupó ese cargo entre enero de 2016 y febrero de 2018, y planteó sus dudas respecto de la iniciativa oficial.

Habló de entrada sobre una serie de cambios que se han dado a lo largo de los años en el ámbito de las Fuerzas Armadas, de manera fáctica, sin legislar. “Una de las primeras fue reducir drásticamente los presupuestos de las fuerzas, que optaron por ejemplo por reducir drásticamente los presupuestos de las fuerzas, que por ejemplo optaron por reducir en extremo la cantidad de soldados que se incorporaban en esa época al servicio militar. Se pasó de 80 mil a 30 mil efectivos”, detalló.

Agregó que “en esos años la Ley de Servicio Militar Obligatorio perdió sentido, porque establecía la universalidad de los jóvenes, que tenían primero 21 años y después 18, que debían ser incorporados para ser instruidos, hacer el servicio militar y luego pasar a formar parte de la reserva”. Suñer advirtió que “después de unos años, el espíritu de la ley fue totalmente vulnerado. El número bajo (de sorteo, para entrar al servicio militar) era de 12, a 140, pasó a ser 680… La ley perdió vigencia, y en el 93, 94, ocurrió el caso Carrasco y se modificó el sistema, pasando al servicio militar voluntario”. Aclaró que para él no estaba bien, ni mal: “El problema es que los servicios militares obligatorios a voluntarios, han mutado con tiempos largos de acomodamiento para las fuerzas. En cualquier país organizado, que tiene problemas reales que resolver, Francia y Estados Unidos, por ejemplo, estos sistemas han demorado 12, 14, o 15 años, en transformarse en realidad. Acá fue en 4 meses… con las dificultades que ello implica”.

El militar explicó que luego de eso y a lo largo del tiempo, el sistema fue generando otros nuevos problemas que fueron siendo solucionados. Ese es para él “otro ejemplo de que las leyes que nos gobiernan tienen efectos no deseados. No estoy hablando a favor ni en contra, sino que las cosas se podrán haber hecho de otra manera”.

Durante su exposición en la comisión encabezada por Ricardo López Murphy, el general Suñer recordó a continuación que “en algunos momentos se han producido episodios o intentos de achicar en extremo la estructura de las fuerzas, prácticamente sin ningún fundamento”. Puso como ejemplo contundente la Determinación de Planes de Capacidades 2011, donde se partía de una hipótesis de que como la Argentina está en una “zona de paz” y que los países que nos rodean tienen buena relación con el nuestro y “custodiaban sus fronteras”, era innecesario que tuviéramos un despliegue que abarcara la totalidad del país. Así las cosas, agregó, “les cedíamos a nuestros vecinos el control de las fronteras,  porque estábamos en zona de paz. Algo que nadie haría ni siquiera en su casa… El tema quedó en la nada, gracias a Dios; implicaba reducir a un tercio las Fuerzas Armadas que teníamos, o que tenemos”.

“¿Por qué cito estas normas? Porque quiero dejar claro que todas repercuten en forma directa en educación, formación y expectativas”, planteó, para adentrarse a continuación en el tema de la modificación de la legislación que propone el Gobierno. “Hay algunas palabras que deben ser cuidadas. Para ejemplo, seguimos discutiendo, después de 50 años, el significado de la palabra ‘aniquilar’, y todas las consecuencias que trajo para el personal militar que más de 2000 militares han sido sometidos a procesos, y 800 han muerto cumpliendo prisión efectiva”, detalló.

Ricardo López Murphy, titular de la Comisión de Defensa de Diputados.

Transmitió a continuación una experiencia personal de 2016, cuando se hizo cargo de la fuerza. Habló entonces con el ministro de Defensa y el presidente de entonces, para replegar el despliegue de fuerzas en la frontera norte, donde había más de mil personas, “porque la cobertura legal era muy laxa y quedaba sujeta a la interpretación del hombre que en ese momento estaba desplegado en la frontera. Y mi función, como jefe del Ejército, era pensar en la legalidad de los actos y en la protección de todas estas personas que iban a estar cumpliendo estas funciones en lugares aislados, sin comunicación muchas veces, y enfrentándose a delincuentes que no estaban todos ligados al contrabando y el narcotráfico, pero que iban a defenderse judicialmente contra aquellos que iban a actuar en defensa de la ley”.

Se dispuso que acompañaran con Gendarmería a las patrullas del Ejército, pero el esquema “no fue exitoso y pedí que se retiraran. Quedaron solamente algunos radares que eran más fáciles de defender, que estaban en lugares localizados bien focalizados y cumplieron una función determinada. Nuestra finalidad en aquel momento fue básicamente preservar a la gente y hacer cosas que estuvieran dentro del marco que establecía la ley, y consideramos que no había ninguna ley que avalara o justificara este despliegue”.

Suñer aclaró que después de 2018 se volvió a desplegar efectivos y esa situación se volvió a dar. “Estamos hablando nuevamente de eso y este proyecto interpreto que trata de generar alguna idea sobre el tema”, resumió, aclarando que algunas de las cuestiones que plantea la iniciativa elaborada por el Poder Ejecutivo “se vienen haciendo desde siempre”. Puso como ejemplo que el Ejército colabore con sus equipos en diversas tareas con la sociedad civil. “Se vienen haciendo desde siempre: que el Ejército colabore con sus equipos no tiene absolutamente ninguna limitación -aclaró-. En las provincias, cada vez que hay un problema, no hace falta ningún decreto ni orden especial, sale el apoyo. Lo único que se pide es la compensación de los gastos que demande el desarrollo, porque a diferencia de las fuerzas de seguridad, el Ejército no tiene presupuesto para acciones no planificadas. Sí las fuerzas de seguridad”.

“Para eso no hace falta ley”, reiteró, precisando luego sus dudas respecto de algunos artículos que le llaman la atención, por ejemplo el que dice que  las Fuerzas Armadas pueden intervenir “cuando existan cuestiones que aterroricen a la población”. Suñer advirtió que es “difícil de mensurar qué aterroriza y qué no”, y citó también otro tema, que son las misiones que indica el proyecto, como patrullaje, control de personas y vehículos, aprensión en flagrancia. “Con la cantidad de cuestiones que  pueden tener que ver con sorprender a alguien en flagrancia, que puede terminar en la necesidad de enfrentamiento”, advirtió.

El militar destacó que la norma impulsada desde el PEN establece que “en estos supuestos, el uso de la fuerza se regirá en los mismos términos que los de las fuerzas de seguridad nacionales”, quedando habilitadas así las FFAA para operaciones de seguridad interior. “Así como tarda mucho tiempo formar un buen piloto de combate, o un buen soldado de montaña, o un buen paracaidista, también llevará mucho tiempo formar un buen policía, o un buen gendarme. No es una cuestión sencilla y además, la experiencia de otros países, Brasil, Colombia, Bolivia, ha llevado a mucha gente a cumplir condena ex post por no haber tenido adecuada capacitación ex ante”.

Suñer puso como ejemplo lo sucedido también en diciembre de 2001. “Cuando la situación se complicaba, se pidió la intervención de los militares. El jefe del Ejército respondió que sí se podía dar seguridad a la Rosada, al Palacio de Justicia y al Congreso, para que las autoridades políticas resolvieran la situación, pero se aclaró que podían desplegar a unidades de combate armadas con fusiles de combate, ametralladoras con un poder de destrucción tremendo, y no era prudente poner gente armada de esa manera. ¿Cuál era la condición? El estado de sitio, y el estado de sitio no se decretó, con lo cual las Fuerzas Armadas no tuvieron necesidad de actuar. Es un buen ejemplo”, planteó.

La norma propuesta por el Ejecutivo tiene “límites difusos” para el militar, que advirtió que “después de 42 años en el Ejército y haber visto lo que pasó en la historia argentina en los últimos 50 años, hay que tomar recaudos para impartir órdenes que puedan generar problemas a futuro a quienes desarrollan sus actividades con una gran entrega”.

El diputado nacional del bloque Encuentro Federal Oscar Agost Carreño (Córdoba) presentó un pedido de informe al Poder Ejecutivo Nacional respecto a los incendios ocurridos entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre de 2024 en la provincia de Córdoba para determinar si hubo responsabilidades del Ejército.

Según fundamentó en la iniciativa, el diputado señaló que estos incendios “afectaron gravemente” la región de La Calera, alcanzando el polígono de tiro "Quebrada de la Cancha", una reserva contigua y la zona conocida como "La Mezquita", áreas bajo jurisdicción del Ejército Argentino.

Agost Carreño se hizo eco de trascendidos que indican que el Ejército habría iniciado investigaciones internas para determinar si las actividades militares en la zona fueron el factor desencadenante de los incendios. “Es imprescindible que se esclarezcan las causas de estos incendios y si hubo responsabilidades por parte del personal militar”, expresó el legislador.

El foco inicial comenzó el 28 de agosto en el polígono de tiro, donde bomberos locales habrían señalado que se realizaron entrenamientos militares con municiones ese mismo día, lo que podría haber contribuido al origen del fuego. Hubo una segunda ignición el 5 de septiembre, cuando la utilización de fumígenos durante un entrenamiento de paracaidismo habría provocado otro incendio en la zona militar de La Mezquita.

El diputado solicitó que el Ministerio de Defensa brinde detalles sobre las investigaciones administrativas o judiciales en curso, las medidas adoptadas, y que se informe sobre los protocolos seguidos en situaciones de riesgo extremo de incendio. "Ante la gravedad de lo sucedido, es necesario esclarecer si hubo negligencia o incumplimiento de los protocolos de seguridad por parte del Ejército", afirmó.

El informe también busca determinar los daños causados por los incendios y los motivos que llevaron a la realización de ejercicios militares en un contexto de alerta extrema por riesgo de incendios forestales en la zona. “Este Congreso debe tener toda la información necesaria para evaluar las responsabilidades y garantizar que hechos como estos no se repitan”, concluyó Agost Carreño.

En un pasaje de su disertación ante la Asamblea Legislativa el presidente de la Nación, Javier Milei, apuntó contra los gobiernos anteriores por la situación en materia de seguridad porque “ataron de manos” a las fuerzas y “desprestigiaron” al Ejército Argentino.

De forma breve, sostuvo que en materia de seguridad “nos encontramos con una sociedad abandonada a su suerte, ciudades enteras rehenes del narcotráfico, las calles tomadas por el caos y el desorden por organizaciones de izquierda”.

“Fuerzas de seguridad maltratadas y pisoteadas por gobiernos anteriores que los ataron de manos y les impidieron cumplir con su trabajo poniéndose del lado de los delincuentes ejemplificado en el absurdo de soltar presos durante la pandemia”, cuestionó.

Respecto de la cartera que conduce Luis Petri, el jefe de Estado informó: “Heredamos un Ejército desfinanciado y hasta desprestigiado por el propio Estado, sin los recursos ni la preparación para hacer frente a los desafíos de un mundo en constante cambio y cada vez más alejado de la paz”.

“Esto nos hace incapaz de poder proteger nuestro propio territorio obligándonos a arrastrarnos ante los países más cuestionados del mundo”, advirtió.

Por el contrario, adelantó: "Cuidamos a las víctimas y a quienes nos cuidan. Se terminó con nosotros la cultura vil del despreciar a las fuerzas del orden y a las víctimas del delito y el enaltecer a los delincuentes. Por eso, estamos impulsando una ampliación del marco de legítima defensa y de cumplimiento del deber, para que no termine entre las rejas los ciudadanos que se protegen a sí mismos o los policías que protegen a los ciudadanos, mientras los delincuentes pasean libres por nuestras calles".

El Gobierno Nacional promulgó este martes la Ley 27.735 de personal militar que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales a fin de participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas.

La norma fue publicada en el Boletín Oficial bajo el Decreto 540/2023 con las firmas del presidente de la Nación, Alberto Fernández, la del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y del ministro de Defensa Nacional, Jorge Taiana.

La ley fue aprobada por el Senado el 29 de septiembre, tras la media sanción que tenía de Diputados desde el 19 de abril.

La misma había sido enviada por el Poder Ejecutivo el 21 de marzo en virtud del cumplimiento del inciso 28 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que establece que la autorización corresponde al Congreso.

De acuerdo al texto, se contemplan ocho ejercicios militares, de los cuales siete corresponden a la Armada Argentina y uno a la Fuerza Aérea Argentina.

Del total de las ejercitaciones, cuatro son de carácter multilateral, tres tienen carácter bilateral y una de oportunidad. Por otra parte, uno de ellos (“VIEKAREN”) plantea la atención a una situación de emergencia o catástrofe y seis (“ACRUX”, “ATLASUR”, “FRATERNO”, “INALAF”, “UNITAS” y “CRUZEX”), una ejercitación en el marco de una hipotética misión de la Organización de las Naciones Unidas.

“Adicionalmente, el ejercicio ‘ATLASUR’ resulta una buena oportunidad para compartir experiencias y promover vínculos allende nuestra región por realizarse con la Armada de la República de Sudáfrica”, expresó el Ejecutivo en los argumentos el proyecto.

Y agregó que “respecto del ejercicio ‘PASSEX’, constituye un eventual ‘ejercicio/s de oportunidad’ en el que se realizan actividades básicas de adiestramiento naval cuando una unidad de guerra extranjera efectúa un pasaje por el Litoral Marítimo Argentino durante su traslado, y por ello no especifica fecha de realización, toda vez que la planificación y ejecución de este se encuentra supeditada al eventual paso de una unidad de guerra extranjera por aguas de la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina”.

Primero la cesión de predios y ahora la designación de los cargos, así el oficialismo continúa echando mano sobre las Fuerzas Armadas de la Argentina y tensando aún más la relación, luego de que el propio ministro de Defensa Nacional, Jorge Taiana, enviara un proyecto de ley al Congreso de la Nación donde, entre otras cosas, busca que sea el Poder Ejecutivo en la figura del presidente quien defina los ascensos en las Fuerzas Armadas y quitarle esa potestad al Senado.

El propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, ya había anunciado en la cena de camaradería que iba a enviar esta modificación a la norma que regula a las Fuerzas Armadas. Al respecto, desde Casa Rosada señalaron que el proyecto iba a “habilitar mecanismos que facilitan e incentivan el pasaje de categoría de soldado a suboficial y de suboficial a oficial como incentivo a la capacitación continua, a la igualdad de oportunidades y al progreso en la carrera militar, haciendo especial hincapié en la trayectoria educativa profesional y promoviendo un proceso continuo y progresivo de desarrollo de las competencias requeridas para contar con Fuerzas Armadas de excelencia”.

La norma establece que se mantiene el sistema para el ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas en donde lo concede el jefe de Estado previo acuerdo del Senado. Y, en el caso de los suboficiales, “será otorgado por el presidente de la Nación”. De esta manera, se elimina la Junta Militar como la encargada de esa realizar las promociones.

Así queda establecido en el artículo 43 de la iniciativa: “El ascenso del personal de Oficiales de las Fuerzas Armadas lo concede el PRESIDENTE DE LA NACIÓN, y previo acuerdo del HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN a Oficial Superior y dentro de esa subcategoría. El ascenso del personal de Suboficiales de las Fuerzas Armadas será otorgado por el PRESIDENTE DE LA NACIÓN. La Tropa y el Alumnado se regirán por sus respectivos regímenes particulares, en cuyo diseño se tendrá en cuenta el principio de la acción militar conjunta”.

El sistema actual establece que primero hay una selección interna de cada una de las fuerzas, luego se envían los candidatos al Ejecutivo y es éste quien los remite al Senado, en donde son debatidos en la Comisión de Acuerdo y en donde, por lo general, el kirchnerismo realiza un exhaustivo análisis de los antecedentes teniendo como eje un posible contacto con la represión ilegal.

Con este cambio, el Ejecutivo sería el que autorice los ascensos en los mandos medios y lo que generaría es que, con el tiempo, todos aquellos que sean propuestos para ser ascendidos a oficiales habrán llegado a ese lugar -o no- por la elección del presidente de turno y no a propuesta de las fuerzas y con aprobación de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta.

Otro punto que establece el proyecto se refiere a los militares en retiro. En este caso, señala que “tienen derecho a votar” y a “expresarse libremente” siempre y cuando esas expresiones no incurran en comprometer a la defensa nacional, divulgar información con clasificación, afectar el estado general de disciplina, agraviar a las autoridades públicas, promover en dependencias y organismos militares actividades proselitistas de carácter político-partidario”.

El cambio en la forma en la que se definirán los ascensos no sólo que quita potestad al Senado de la Nación, sino que releva de esa función a las Fuerzas Armadas, lo que genera una nueva discrepancia entre los hombres y mujeres de las armas con el kirchnerismo.

Aunque genera malestar en las Fuerzas, es que es poco probable que este proyecto llegue a buen puerto en el Senado de la Nación, debido a que el oficialismo no cuenta con los números propios para lograr el quórum en el recinto, algo en el que está trabajando para aprobar 75 pliegos judiciales entre los que se encuentra la extensión por 5 años en el cargo para la jueza Ana María Figueroa, magistrada de Casación Penal que tiene la causa Hotesur y que el 9 de agosto cumple 75 años, la edad jubilatoria.

El senador nacional Sergio Leavy (Salta) y el diputado Eduardo Toniolli (Santa Fe), ambos del Frente de Todos, comunicaron a través de sus redes sociales que, desde el Ministerio de Defensa a cargo de Jorge Taiana, desmienten que hubo recortes presupuestarios para el Ejército, la Armada y la Fuerza Área.

El titular de la Comisión de Defensa del Senado afirmó: “He sido informado desde @MindefArg sobre la falsedad de datos publicados en la prensa acerca de un recorte presupuestario y riesgo operativo para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea”.

“Desde su cartera el ministro @JorgeTaiana viene trabajando de manera sostenida para desplegar los más de 60 proyectos del #Fondef que revitalizan a las Fuerzas Armadas para proteger el bienestar, la tierra y la riqueza de los argentinos”, aclaró.

En el mismo sentido se pronunció el legislador santafesino quien apuntó contra el diputado del Pro Alberto Asseff que había denunciado el recorte en las Fuerzas Armadas: “Hace unos días el diputado @albertoasseff afirmó que el @MindefArg había enviado una comunicación a las FFAA anunciando un recorte presupuestario que las pondría en ‘riesgo operativo’. ESTA INFORMACIÓN ES FALSA Y SU DIFUSIÓN ES UNA IRRESPONSABILIDAD”.

“Es absolutamente falso que desde este Ministerio se haya enviado comunicación alguna dirigida a las Fuerzas Armadas acerca de la restricción de los gastos militares. Las declaraciones infundadas que han circulado sobre el supuesto recorte presupuestario y riesgo operativo al que se someten el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea no se corresponden en lo absoluto con la realidad que atraviesan las Fuerzas”, manifestaron desde la cartera de Defensa.

En una nueva reunión por videoconferencia, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados escuchó un informe del ministro del área, Agustín Rossi, quien reveló que se realizaron casi 500 tareas de emergencia por el Covid-19 y que ya se fabricaron 48.000 barbijos, entre otras medidas para combatir la pandemia.

Acompañado por funcionarios de la cartera que siguieron la reunión desde distintos puntos, Rossi explicó cuál fue el trabajo realizado hasta el momento y remarcó que el presidente Alberto Fernández le ordenó que “ponga toda la capacidad del Ministerio y de las Fuerzas Armadas en particular a disposición para ayudar a que la performance del Estado sea la mejor posible”.

En primer lugar, Rossi aclaró que “la totalidad de las tareas de las Fuerzas Armadas está inscripta dentro del sistema jurídico y legal preexistente a la pandemia”, por lo que “no hubo que hacer ninguna modificación”.

Recordó que la primera resolución tomada fue el 5 de febrero y que tuvo que ver con “medidas sanitarias para las bases antárticas argentinas”, cuando “el Covid-19 solo estaba declarado en China”. “Las bases nos informaron desembarcos de buques chinos y allí aplicamos por primera vez medidas sanitarias preventivas”, repasó.

Otras de las medidas tomadas fueron la creación de un Comité de Emergencia de Defensa y una Comisión de Seguimiento de Donaciones, Contrataciones y Adquisiciones dentro del Ministerio, “con el objetivo de transparentar y mejorar la gestión de compras en el marco de la pandemia”.

“El presidente, desde el primer día que se puso al frente del tema de la pandemia, me indicó que ponga toda la capacidad del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas en particular a disposición para ayudar a que la performance del Estado sea la mejor posible”, destacó Rossi ante los diputados.

El ministro explicó que a lo largo de todo el país se desplegaron 14 comandos conjuntos de emergencia, organizados por el Estado Mayor Conjunto, aunque informó que es el Ministerio de Desarrollo Social el que dispone los lugares donde realizar los operativos de acuerdo a la demanda de los intendentes.

Según detalló, se realizaron en total 493 tareas, de las cuales 284 fueron de distribución de alimentos; 117 fueron de apoyo sanitario; y 92 de infraestructura sanitaria. En el AMBA, por ejemplo, ya hubo 32 intervenciones vinculadas al reparto de comida. En todos los casos, el personal militar está desarmado y custodiado por las fuerzas de seguridad.

Por otra parte, destacó la labor del Ejército al montar en tiempo récord un predio sanitario en la sede de Tecnópolis, donde habrá capacidad para atender a 2.500 personas con coronavirus.

Además, a solicitud del Ministerio de Salud, se hicieron dos viajes con aviones de la Fuerza Aérea, donde se recorrió el Norte argentino para llevar respiradores y otros insumos médicos. En tanto, por pedido de Cancillería se trajo de regreso a 564 argentinos que estaban varados en Perú, y a solicitud del Ministerio del Interior se trasladó a argentinos que estaban en Puerto Iguazú.

El funcionario también detalló que “desde el 12 de marzo, en el taller de sastrería militar del Ejército se está trabajando en la elaboración de barbijos. Tenemos 48.000 barbijos tipo 1 para niños y 1.000 camisolines para personal de salud”. A su vez, en el Laboratorio Farmacéutico del Estado Mayor Conjunto se empezó a fabricar alcohol en gel.

En otro orden, Rossi reveló que se le pidió informes al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sobre el impacto de los niveles de temperatura en el avance del coronavirus. “El rango de temperatura donde el Covid-19 se explaya más y tiene posibilidad de ser más dañino es entre los 5 y los 11 grados. En base a esa hipótesis, el SMN informa las evoluciones de temperaturas mínimas y medias”, puntualizó.

En tanto, comentó que este martes mantuvo conversaciones bilaterales virtuales con los ministros de Defensa de Chile, Paraguay –donde rige la cuarentena-, Brasil y Uruguay –donde no se dispuso esa medida-, y con todos se acordó mantener el diálogo cada 15 días.