Pasadas las 3 de la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley que declara a la educación como servicio estratégico esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar de todo el territorio nacional, con el objetivo de garantizar las clases en los días de paro docente. Fue una sola votación, en general y en particular, y resultó con 131 votos afirmativos, 95 negativos y 2 abstenciones, correspondientes a Fernando Carbajal y Mónica Frade. 

La iniciativa fue impulsada fuertemente por el Pro desde la post-pandemia, bajo la crítica del tiempo en que las escuelas permanecieron cerradas durante esa época. En tanto, a través del DNU 70/23, el Gobierno había declarado a la educación servicio esencial, pero el capítulo de la reforma laboral fue frenado por la Justicia. Durante el debate, algunos legisladores que se manifestaron en contra recordaron que la Corte Suprema en 2001 ya declaró inconstitucional una resolución del Ministerio de Trabajo, por entonces a cargo de Patricia Bullrich, que intentó avanzar en este sentido.

A favor del proyecto votaron La Libertad Avanza, el Pro y otras bancadas dialoguistas como la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica e Innovación Federal. También votaron a favor dos diputados de Unión por la Patria: la mendocina Liliana Paponet y el jujeño Guillermo Snopek.

Por su parte, el rechazo lo encabezaron Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. En tanto, el bloque Encuentro Federal votó dividido, pues votaron en contra la cordobesa Natalia de la Sota, los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, y Margarita Stolbizer. También votaron en contra los radicales Pablo Juliano, Facundo Manes, Marcela Coli y Roxana Reyes.

De acuerdo con la iniciativa, que ahora deberá discutirse en la Cámara alta, se establece que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente que afecten al normal desarrollo de la actividad curricular.

Uno de los artículos estipula un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias que garantice un 30% de presencialidad del personal docente y no docente cuando las medidas de paro o huelga fuesen entre uno y dos días continuos o discontinuos; mientras que deberá ser de un 50% cuando las medidas superen los tres días; y a su vez exige el cumplimiento de la cantidad mínima de días de clase.

El texto delega en las autoridades de cada establecimiento a que en el inicio del ciclo lectivo se realicen las previsiones organizacionales en el marco del proyecto institucional, estableciendo a la autoridad competente la nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento de las guardias en días de huelga.

Además, establece que el incumplimiento de lo previsto será considerado como falta y no obstará la plena operatividad del sistema de guardias establecido; e impone que se reputará injustificada la ausencia del personal docente y no docente afectado a la guardia establecida.

Por último, propone la apertura de todos los establecimientos de educación obligatoria, en su correspondiente horario de apertura y cierre, todos los días del calendario escolar; y la garantía del servicio de alimentación escolar de cada establecimiento educativo.

Las voces a favor y en contra 

Impulsor de la ley, el presidente de la Comisión de Educación, el diputado del Pro Alejandro Finocchiaro, confirmó: “Vamos a regular el derecho de huelga, que es materia federal”. Y, a continuación, habló de una colisión entre el derecho a huelga -avalado por la Constitución Nacional- y el derecho de los niños a educarse. 

“Esta ley dará el marco para que buenos gobiernos puedan revertir la tragedia educativa argentina”, consideró el miembro informante del dictamen de mayoría y precisó alarmantes datos sobre la poca resolución de cálculos matemáticos y la falta de comprensión de textos en jóvenes y adolescentes.

En relación al proyecto, el exministro de Educación expresó: “Acá están representados los padres que se dieron cuenta que sus hijos no sabían leer o escribir en pandemia, porque acá proponemos escuelas abiertas”. Fue allí cuando apuntó contra los gremios y, sin nombrarlo, contra Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. “Los sindicatos tercerizaron la educación”, dijo.

Cerca del fin de su enfática intervención, Finocchiaro señaló que desde 1983 a la actualidad “hemos perdido más de 1.000 días de clases, que son seis ciclos lectivos enteros”. “Pensemos en grande, porque hoy es el día que vamos a volver a la civilización y exportar cultura, conocimiento y educación”, concluyó. 

Al defender el dictamen de minoría (de rechazo), la diputada de Unión por la Patria Blanca Osuna mencionó un informe de UNICEF que arrojó que en Argentina “un millón de niños se va a dormir sin cenar”, y apuntó contra el oficialismo: “Están mirando hacia otro lado porque el hambre se ha agravado de manera extrema y vemos chicos de 12 que parecen de seis”.

“No es cierto que la Argentina venía transitando una tragedia educativa”, aseveró la entrerriana y cuestionó que en el proyecto “no hay ni un renglón de esencialidad”. “¿Qué es lo esencial acá? Regular el paro”, denunció. Luego, sumó que “hay un recorte vergonzoso de la inversión que tiene como obligación el Estado nacional, con una retracción del 80% del gasto. Hablan de derecho a la alimentación, pero Sandra Pettovello le esconde el alimento a los chicos”.

En el cierre, la legisladora recordó que “los docentes han sido despojados del FONID y, desde marzo, cobran el 20% menos”. “Faltan remedios y vacunas para los chicos y eso es esencial. Faltan inversión, docentes y alumnos con libros, computadoras y buenas escuelas”, sentenció.

Desde el Frente de Izquierda, el diputado Christian Castillo aseguró que “esta es una ley que es una gran estafa, porque se le presenta a la población como que esta ley va a mejorar las condiciones del sistema educativo, y no es así”, sino que se trata de “impedir el derecho a huelga de la docencia, pero no obliga a ningún Gobierno a poner ni un peso más en educación”. “¿Y sabe por qué hay huelgas? Porque los salarios son bajísimos. Hoy la canasta familiar es de 1.362.029 pesos, ¿sabe cuánto cobra una maestra en la provincia de Buenos Aires? 470 mil pesos”, resaltó y detalló que “en Mendoza 425 mil pesos, en Chubut 422 mil, en Santa Fe 540 mil, en Neuquén 610 mil”. 

También en contra de la iniciativa, el diputado de Unión por la Patria Hugo Yasky dijo que iba a hablar “como diputado y como orgulloso maestro de la escuela pública”. “Hoy las provincias tienen presupuestos desparejos. No podemos hacer un debate prescindiendo de una realidad. No hay calidad sin inclusión”, sostuvo y -al hacer hincapié en la inversión- criticó que “en el gobierno (de Cambiemos) en el que el diputado Finocchiaro fue ministro no se construyó un solo jardín de infantes, pese a que se terminó con Fútbol para Todos”. 

El opositor advirtió que de aprobarse esta ley, los días de paro “70 chicos van a estar a cargo de una maestra, ¿quieren que los pobres estén amontonados?”. “Si no hay inversión educativa, no hay solución”, subrayó y afirmó: “A ninguno de los que está acá me los imagino trabajando en las condiciones que están las maestras que trabajan doble turno”. 

Por el bloque de La Libertad Avanza, el diputado José Luis Espert opinó que se trata de un proyecto “histórico para el futuro de la Argentina, de nuestros hijos y nuestros nietos”. Y enumeró tres ejes de la ley: “establece una política de Estado coherente con el espíritu de nuestra Constitución; defiende y prioriza el derecho de los chicos a estudiar; e imprime un carácter de prioridad de la educación para igualar oportunidades”. 

En su discurso, manifestó que quien vote en contra “está en contra del proyecto de progreso de Argentina”. “Las huelgas docentes en la provincia de Buenos Aires se llevaron un año lectivo entero en poco más de una década. ¿A dónde nos llevó el modelo de Baradel? A esa pérdida”, lanzó y aclaró que “no se está limitando a los trabajadores de la educación a que se expresen a través de huelgas docentes, sí se está limitando el abuso, el privilegio de esos gremios, a no darle clases a los chicos”. 

La diputada del Pro María Eugenia Vidal afirmó que “sin duda hoy estamos dando un paso adelante”. “Aunque para algunos hubo avances en la educación pública argentina, para mí no”, observó y señaló que a pesar de las leyes sancionadas a lo largo de los años, “hoy de cada 100 chicos que arranca primer grado, solamente 13 terminan en tiempo y forma”. Tras hablar de un “fracaso del sistema educativo”, subrayó que “no es verdad que esta es una ley en contra de los docentes, en todo caso será una ley en contra de los sindicatos que quieren extorsionar”. 

En esa línea, la exgobernadora bonaerense recordó que durante su gestión hubo “62 paros docentes”, de los cuales 30 fueron en 2018; mientras que “en los últimos cuatro años no hubo paro”, pese a que “los salarios durante la gestión de Axel Kicillof estuvieron por debajo de la inflación”. Así, consideró que las huelgas durante su gobierno “fueron un mecanismo de extorsión de los Baradel de la vida”. 

Por la UCR, el mendocino Julio Cobos mencionó que presentó hace cinco años un proyecto en este sentido y reconoció que “esta ley no es la panacea ni va a solucionar todos los problemas”. “Podemos tener el mejor plan educativo, los mejores docentes e infraestructura escolar, Pero a la hora de dar clases quedan los alumnos y el docente, y debemos hacer todos los esfuerzos posibles para que esa relación se mantenga en la cantidad de días establecidos para cumplir con el calendario académico, de 180 o 190 días”, argumentó. 

En su discurso, el exvicepresidente dijo que “hay un conflicto de intereses y de derechos, y debemos priorizar el derecho de los niños a poder recibir educación”. En la misma sintonía, su par Carla Carrizo enfatizó que “los niños no son objetos de nadie. Ni de los sindicatos, ni de los gobiernos, ni de los padres. Los derechos de la infancia en Argentina no tienen por qué seguir esperando”. “Esta no es una ley en contra de nadie. No estamos castigando el derecho a huelga. Estamos invitando a los sindicatos a hacer una buena escuela", añadió la porteña.

Al adelantar que su bloque no iba a tener una postura uniforme, la diputada Margarita Stolbizer opinó que “este proyecto busca culpabilizar a alguien de los déficit que todos conocemos” y “es una solución demasiado facilista para decir que no somos responsables nosotros los políticos, sino los docentes”. También sostuvo que todos los allí presentes “saben que este tipo de decisiones no va a resolver los problemas graves” en la educación. 

Luego, la legisladora de Encuentro Federal advirtió que “no es posible limitar el derecho de huelga” y se refirió a normativa de la Organización Internacional del Trabajo, para afirmar que “estamos frente a una imposibilidad en términos jurídicos de llevar adelante una declaración como pretende este proyecto”. "Esto tiene vicios de inconstitucionalidad severísimos", sumó.

Maximiliano Ferraro dijo a su turno que “en la educación es donde se juega la libertad y la posibilidad de elegir qué tipo de posibilidad de desarrollo tenemos para adelante”. Recordó que este no se trata de “un capricho”, sino que trabajaron sobre este tema durante mucho tiempo en los partidos que conformaban Juntos por el Cambio. “No podemos obviar, con 57% de pobreza, último informe de UNICEF, que una gran cantidad de chicos no entienden lo que leen, lo que habla del fracaso, la tragedia y el colapso que ha vivido la educación por responsabilidad de todos nosotros”.

“No es esta la única solución, pero sí algo que viene a poner un parate en algo donde lo tenemos que poner”, afirmó.

Sobre el final del debate, la diputada del Pro Silvia Lospennato sostuvo que “Argentinos por la Educación publicó un informe que dice que en 35 años escolares los estudiantes argentinos habían perdido 2,3 años escolares. Es decir que antes de la pandemia, porque esto fue antes de la pandemia, los argentinos ya habían perdido ‘dos pandemias’”. Y a propósito de eso, advirtió que “con el Covid toda la sociedad argentina se despertó sobre lo que significa la pérdida de clases para los chicos”.

Cuando la pandemia, agregó, la sociedad “se dividió claramente en dos grupos: entre aquellos que entendíamos que las escuelas debían ser las últimas en cerrarse y lo primero en abrirse, como sucedió en el distrito donde gobierna mi partido; y quienes habilitaban una línea telefónica para que denunciaran a las escuelas que dieran clases”.

Por último, el diputado oficialista Santiago Santurio señaló que “esta ley tiene un alcance que no es solo para los sindicatos; tiene primero una función pedagógica”. Cargó contra el peronismo al señalar que “Argentina retrocedió en alfabetismo; mientras todos los países de la región mejoraron, nosotros retrocedimos. ¿De quién fue la culpa? Del Estado nacional, de los gobernadores, del presupuesto... Toda de ustedes: la mayoría de los gobernadores eran de ustedes. Veinte años de gobierno, 16 años gobernaron ustedes. Si ustedes no son responsables, ¿quién lo es?”.

“Hay que entender que los sindicatos no representan a todos los docentes, son un grupo, y un grupo bastante privilegiado -agregó-. Esta ley es fundamental para mejorar la educación argentina, es suficiente, claro que no”. Pero aseguró que “esta es una herramienta que también va a empoderar a los padres”.

El senador del bloque UCR CF Marcelo Daletto expresó que “los gremios docentes que anunciaron un paro el próximo lunes 4 de marzo contra las medidas del Gobierno nacional de eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), paradójicamente, en vez de perjudicar a quien tomó la medida, que fue el Gobierno nacional, perjudican a los alumnos y a las familias bonaerenses”.

En alusión a la medida de fuerza anunciada por los gremios docentes tras la eliminación del FONID, el Legislador la calificó de “Incoherente, porque protestan contra el Gobierno nacional y se la agarran contra los alumnos y las familias”.

Daletto, autor -junto con la senadora del PRO Aldana Ahumada- de un proyecto de Ley para declarar a la Educación como Servicio Estratégico Esencial, agregó que declarar “la educación como servicio esencial, no es ir en contra del derecho a huelga”.

“Nuestro proyecto armoniza ambos derechos al garantizar un sistema de guardias mínimas para que los chicos siempre estén en las aulas. De esta manera, respetamos el derecho a huelga y el derecho a la educación”, concluyó el senador de Coronel Brandsen.

Los legisladores y funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuestionaron con suma dureza el nuevo paro docente convocado por Ademys para este lunes, tras dos semanas de receso invernal, y advirtieron que esta situación “expulsa a los chicos de las aulas”.

Es así que a través de sus redes sociales el actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, publicó una extensa carta en la que planteó que “la educación no puede parar” e indicó que “en la Ciudad, hace años que trabajamos para que los chicos estén en el aula, aprendiendo, la mayor cantidad de días posible porque cada día cuenta. Este va a ser el tercer año consecutivo en que, todos juntos logramos 192 días de clases. Con conocimientos actualizados, uso de tecnología y prácticas formativas. Esto es parte de la Revolución Educativa que vamos a hacer juntos en todo el país”.

“Las transformaciones requieren determinación. No nos dan lo mismo los docentes que trabajan con esfuerzo y compromiso, que son la gran mayoría, que aquellos que no. Por eso, en la Ciudad tomamos la decisión de premiar a quienes no pararon y siguieron dando clases siempre, como corresponde. Será un reconocimiento económico proporcional a su asistencia”, explicó e indicó que este lunes “un grupo minoritario quiere castigar a algunos estudiantes y que no puedan ir a la escuela por esta medida. No van a poder. Las escuelas estarán abiertas y este grupo politizado no generará el daño que busca”.

Al mismo tiempo que consideró que “en la Argentina que viene la educación no puede parar: el docente que para no cobra y el que no para gana más. Los chicos van a estar en las aulas aprendiendo, construyendo su futuro, junto con la mayoría de los maestros comprometidos y dedicados a que todos los argentinos reciban la educación que necesitan para construir una vida mejor”.

Mientras que el precandidato a jefe de Gobierno Jorge Macri opinó que “nuestros hijos tienen que dejar de ser rehenes de los gremios. Es insólito el paro docente de mañana, primer día después de las vacaciones de invierno. Los chicos tienen que estar en el aula”. Mientras que el aspirante a alcalde porteño por la UCR, Martín Lousteau, planteó: “tenemos que terminar con esta costumbre que tiene siempre a nuestros hijos de rehenes. El lunes vuelven las clases y los chicos tienen que estar en las aulas. Defendamos cada día de clase, la educación es el futuro y tiene que ser una prioridad siempre”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Educación y legisladora de la UCR-Evolución, Manuela Thourte, manifestó que “es lamentable que después de dos semanas de vacaciones convoquen a un nuevo paro, el número 13 de este año. Algunos hablan de priorizar la educación mientras expulsan a los chicos y chicas del lugar más importante: las aulas.  Contradictorio, ¿no?”.

Mientras que Gimena Villafruela (VJ) sentenció: “no podemos perder más tiempo de clases. La educación no puede parar”.

Encabezados por Alberto Asseff (Pro), diputados de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de informes para conocer cuántos días de clases se perdieron en las provincias de todo el país por motivo de paro docente, hasta el 30 de junio de este año.

El proyecto de resolución reclama al Poder Ejecutivo que informe "en relación a medidas de fuerza de los sindicatos docentes y la pérdida de días de clases de los alumnos".

Puntualmente, los legisladores de la oposición solicitaron que se responda "si arbitraron alguna medida para que los alumnos puedan cumplir con la totalidad de horas de clase conforme el calendario lectivo 2023. En caso afirmativo, informen las medidas llevadas a cabo, el resultado de las mismas y toda otra información relevante".

También, consultaron sobre "cuantos días de clases tuvieron los alumnos y cuantos días de paro docente hubo, en ambos casos hasta el 30 de junio del corriente, detallando cada una de las provincias".

Finalmente, los diputados pidieron al Ejecutivo que detalle si "tomaron alguna medida sancionatoria o de otro tipo contra los docentes que se adhirieron al paro" y "si tomaron alguna medida de gratificación o de otro tipo para los docentes que cumplieron con la asistencia obligatoria".

En los fundamentos del proyecto, los legisladores expresaron: "Como es de público conocimiento, desde el inicio del ciclo lectivo 2023 los sindicatos docentes llevaron adelante medidas de fuerza que implicaron el paro de actividades en las escuelas. Muchos alumnos no han podido iniciar las clases conforme estaba establecido en el calendario lectivo o han tenido varias semanas completas sin poder asistir ni día a la escuela".

"Lamentablemente, las medidas de fuerza llevadas a cabo por sindicatos, tenían y tienen una única finalidad que es política. Recordemos como ejemplo, el paro nacional de docentes de todo el país en supuesto 'apoyo' a un reclamo que se estaba realizando exclusivamente en la provincia de Jujuy", resaltaron los diputados de JxC.

Además, lamentaron que mientras hay "docentes que sí quieren ir a trabajar, dar clases, apoyar y contener a los niños, brindarles el almuerzo o merienda escolar, es decir, cumplir con sus obligaciones laborales, son amenazados por representantes del sindicato".

Para los opositores, "es urgente establecer a la educación como servicio público esencial, es una primera necesidad y es también en beneficio de todo el país, porque no pueden seguir existiendo los resultados de las evaluaciones que se producen periódicamente, donde la comprensión de textos está prácticamente ausente en una mayoría de los alumnos y las matemáticas tienen resultados ruinosos". "No se puede perder la batalla por la educación", enfatizaron.

Por último, manifestaron que "los niños y adolescentes no pueden ser rehenes de ninguna cuestión política, deben ir a la escuela, la educación es lo primero, es su formación para su futuro. No pueden seguir perdiendo días de clases por cuestiones políticas, ya bastante han sufrido durante el cierre de las escuelas en la pandemia, lo cual los afectó mucho tanto en la formación educativa como emocionalmente".

La diputada nacional Victoria Morales Gorleri (Pro) cuestionó a través de las redes el paro docente llevado a cabo por los gremios porteños Ademys y UTE, los bonaerenses AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA, y el paro nacional de CTERA en solidaridad con Jujuy. “Ningún reclamo puede ser más importante que el derecho a educarse”, planteó la legisladora.

“Hoy es un día triste para la educación, otro paro selectivo afecta el presente y futuro de nuestros chicos. Las aulas cerradas profundizan las desigualdades y siempre los más afectados son los más vulnerables”, planteó en su tuit.

En ese sentido, cuestionó: “A quienes más deberían defender, los dejan solos en la desesperanza y el descreimiento en una escuela que no les da respuestas ni la expectativa de poder construir un proyecto de vida”, y manifestó que “el paro tiene que ser la última opción, no la primera”.

Al respecto, opinó que “esta metodología debe cambiar” porque “hace más de 30 años que los estudiantes son rehenes de esta situación. El derecho a la huelga y movilización tiene que estar garantizado sin afectar el derecho a la educación, que a su vez garantiza el acceso a otros tantos derechos de NNyA”.

“En Santa Cruz no hay clases hace 50 días y en Chubut nadie recuerda lo que es tener una semana de clases completa. En Salta reprimieron y detuvieron a 19 docentes hace un mes. No dijeron nada. No hubo paro. ¿Por qué ahora sí?”, comparó la diputada del Pro.

En esa línea, criticó que “la partidización motivada por intereses sectoriales desvirtúa la función y valor de los sindicatos”.

“La deserción escolar, el aumento de la pobreza y de una sociedad que no ve un futuro posible tiene mucho que ver con la tragedia educativa en la que está sumergida nuestro país”, alertó y cerró: “Ningún reclamo puede ser más importante que el derecho a educarse, discutamos con los chicos en las aulas”.