Legisladores de bloques opositores celebraron a través de las redes la decisión de la Corte Suprema de Justicia que este jueves resolvió dejar firme la cautelar que obliga al Poder Ejecutivo de la Nación a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). El Gobierno había suspendido esa parte de la norma, la cual frenaba las actualizaciones salariales al personal docente y no docente, y la recomposición de las becas estudiantiles.

“La Corte Suprema dejó firme lo que ya sabíamos: el financiamiento universitario es ley, y el Estado tiene que cumplirla”, destacó el senador nacional Maximiliano Abad (UCR) quien recordó: “La voté en el Senado. Fui presidente de la FUA antes de ser legislador, y sé lo que significa esa norma para miles de estudiantes que sin ella no pueden sostener su carrera y para miles de docentes e investigadores que perdieron casi el 40 % de su poder adquisitivo”.

Para el bonaerense el fallo “es un paso importante. Ahora el Estado tiene que girar los fondos para salarios, becas y funcionamiento de las universidades públicas”.

El senador pampeano Pablo Bensusán (UP) señaló que “no es un favor: es una ley aprobada por el Congreso y una garantía para docentes, no docentes y estudiantes. Al rechazar el recurso del Gobierno, se mantiene en esta etapa la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles, hasta que resuelvan la cuestión de fondo”.

“Defender la universidad pública es defender el futuro de la Argentina y de las personas que habitamos en nuestro país”, expresó.

El senador chubutense Carlos Linares afirmó: “Ya lo dijo el Congreso y ahora la Corte Suprema: el Gobierno tiene que cumplir con la ley de financiamiento universitario. El Presidente tiene que entender que esto no es una monarquía absoluta, donde todo se hace a su voluntad, y que debe cumplir con lo que la ley manda”.

“Como siempre dijimos, defender la universidad pública es tarea de todos los argentinos, porque es un orgullo para nuestro país y nunca debe ser tomada como un gasto, sino como una inversión”, cerró.

FALLO DE LA CORTE - UNIVERSIDADES

¿Saben quién es el funcionario que tiene que hacer las adecuaciones presupuestarias para su cumplimiento?

El mentiroso y corrupto de ADORNI.

Vamos "dialoguistas": dejen la complicidad y piensen en el país. https://t.co/lRGq7dWT1l

— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) June 25, 2026

El diputado Jorge Taiana (UP) lo calificó como un “triunfo de la comunidad universitaria” porque “a pesar de los obstáculos y maniobras impulsados por el Gobierno Nacional para incumplir la Ley de Financiamiento Universitario, hoy la Corte Suprema ratificó la validez de la norma y le dio la razón al Congreso y a toda la comunidad universitaria. El Pueblo defiende sus derechos.  La educación pública, gratuita y de calidad no se toca”.

En tanto, el santafecino Esteban Paulón afirmó: "La Corte Suprema ha puesto orden en el sistema institucional argentino. Una ley votada por el Congreso y que fue ratificada por todas las vías institucionales no se discute, se cumple de manera efectiva".

Paulón destacó el impacto directo que esta resolución tendrá sobre el sistema de educación pública superior: "Celebramos este fallo de la Corte Suprema que hace operativa la ley de emergencia universitaria y recompone de manera inmediata el presupuesto docente, no docente y los gastos fundamentales de funcionamiento. Esto no es solo un gran triunfo de toda la comunidad universitaria, sino también del sistema institucional de nuestro país frente a la arbitrariedad".

LA LEY DE FINANCIMIENTO UNIVERSITARIO SE CUMPLE

La Corte Suprema dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado a cumplir con la ley.

Mi reconocimiento y felicitaciones a toda la comunidad universitaria.

— maxi ferraro (@maxiferraro) June 25, 2026

“El Congreso votó la ley, la ratificó con dos tercios contra el veto, y ahora la Justicia avala el reclamo. En una República democrática, el Presidente no puede hacer lo que quiera. Fin de la discusión. Que pague”, manifestó el diputado Pablo Juliano (Provincias Unidas).

Desde el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño consideró que el fallo de la Corte “da la razón a miles de docentes, no docentes y estudiantes que se opusieron al infame acuerdo de las autoridades universitarias y conducciones sindicales que es muy inferior a lo estipulado en la Ley de financiamiento universitario conquistada con las huelgas, tomas y masivas movilizaciones. Ese es el camino para su cumplimiento efectivo e inmediato y para que también se ratifique en el fallo de la cuestión de fondo”.

También se expresó el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci: "Es una extraordinaria noticia. Es muy importante para la comunidad universitaria e instituciones de la Nación. Esto pone en evidencia lo relevante que es ser consecuentes en el camino, firmes y serios para defender lo que tan bien le hace al país".

La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Estado a aplicar los artículos 5 y 6 -salarios y becas- de la ley de financiamiento universitario. pic.twitter.com/1NAya2idCo

— Franco Bartolacci (@fbartolacci) June 25, 2026

La Confederación General del Trabajo (CGT) recusó este lunes a los dos jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que la semana pasada rechazaron y dejaron sin efecto una cautelar contra la Ley de Reforma Laboral, y pidió la “nulidad absoluta” de ese fallo que repuso los 82 artículos que estaban suspendidos y no descartan recurrir a la Corte Suprema de Justicia.

La CGT, a través de una presentación de su abogado Pablo Topet, sostuvo que los jueces de la Sala, Víctor Pesino y María Dora González, “prejuzgaron” al dictar el fallo y pidieron la nulidad de la sentencia: “La resolución que se recurre carece de todo fundamento”.

Pesino y González dictaron el jueves pasado un fallo en el que volvieron a poner en vigencia la ley de reforma laboral que estaba suspendida por una medida cautelar. La causa llegó a la Cámara y que el tribunal le quitó a la apelación el efecto suspensivo, por lo que los artículos volvieron a tener vigencia. La cautelar sigue vigente y es lo que deberá resolver el tribunal.

Al día siguiente del fallo, el gobierno envió al Senado un pedido para que Pesino continúe como juez cinco años más ya que cumple 75, la edad máxima que permite la Constitución Nacional. La decisión generó críticas y puso la bajo la lupa el accionar del juez y del gobierno.

Por ese motivo, desde le entidad gremial recusaron a Pesino por “la inaceptable intervención del recusado en un expediente en el que podía (como sucedió) favorecer la posición de la demandada en un beneficio a todas luces mayúsculo como lo es continuar en el ejercicio de la función judicial por 5 años, constituye no solo una conducta contraria a la ética, también una causa objetiva de apartamiento de acuerdo a las reglas de la ley adjetiva”, en relación con un pedido del Gobierno al Consejo de la Magistratura para que siga en el cargo más allá de los 75 años, medida que fue publicada en el Boletín Oficial.

“No menos descalificable es el proceder del Estado Nacional”, apuntaron desde la CGT que recordó que el Gobierno nacional aprobó en el Congreso la transferencia del fuero laboral y allí se estableció que no iba a enviar al Senado nuevos nombramientos de jueces de ese fuero.

Al respecto, expresa el texto legal que “esta inconsecuencia, no es un desvarío de la autoridad, ni una razón sin fundamento, es la razón desprovista de moral, es asociar beneficios mutuos, mientras la sociedad (que abrigaba expectativas de imparcialidad) asiste, sin mediaciones, a la demolición de la división de poderes y la credibilidad en el Estado de Derecho”.

Para la CGT una contraprestación semejante entre un juez y el Estado constituye “un cuadro que avergüenza la tradición de la Justicia Nacional del Trabajo”. Además, cuestionaron a ambos jueces porque “han omitido fundar la decisión de manera razonable, distinto hubiera sido que indicasen que artículos consideraban debían ser ´aplicados´ y cuales ´cautelarmente convalidar que eran inaplicables´. Omisión y prejuzgamiento, confluyen en la descalificable sentencia, por lo que no se ha realizado y por haber adelantado criterio sobre el fondo de la cuestión debatida como pretensión”.

En tanto, señalaron que el fallo de Pesino y González “ha sido dictado por jueces comprendidos en causas legales de recusación, con clara ausencia de competencia para ello y sobre la base de evidentes y manifiestos yerros”.

La medida cautelar había suspendido 82 artículos de la ley que habían sido objetados por la CGT, que inició el amparo. Son artículos que regulan la Ley de Contrato de Trabajo, la libertad sindical, la reducción de montos indemnizatorios, el pago en cuotas de indemnizaciones, restricciones en el derecho a huelga, entre otros.

Todos estaban suspendidos a la espera de una decisión de fondo, que es el pedido de su inconstitucionalidad. La Cámara del Trabajo los repuso mientras sigue la causa judicial. Por ese motivo, desde la entidad gremial pidieron la nulidad del fallo del tribunal.

La entidad sindical señaló que Pesino y González como jueces de la Sala VIII “no podían intervenir, sino que era un caso que le correspondía a la Sala I del tribunal”. También señaló que los magistrados resolvieron sin que la CGT pueda opinar.

“Ganamos el juicio de YPF”, fue el mensaje que replicó el oficialismo para celebrar la decisión que tomó la Justicia de los Estados Unidos este viernes de anular la condena contra la República Argentina en el marco del juicio por la expropiación de YPF, lo que implica evitar un pago estimado en 18.000 millones de dólares.

“Es un día muy especial para la Argentina y un día de mucha alegría”, afirmó el presidente, Javier Milei, y explicó que la resolución es resultado del trabajo conjunto entre la conducción de la compañía y los equipos legales del Estado.

El mandatario remarcó que la decisión judicial representa un avance significativo en la defensa de los intereses del país en el ámbito internacional, así como en la corrección de situaciones heredadas de gestiones anteriores. En esa línea, enfatizó el impacto concreto de la medida: “Acá está la gestión: 18.000 millones de dólares”, subrayó.

En el mismo sentido se expresó el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem: “Hoy es un día histórico. Argentina empieza a dejar atrás el desastre energético que dejó el kirchnerismo. El mejor equipo de la historia. VLLC!”.

“GANAMOS EL JUICIO DE YPF. Después de años de decisiones irresponsables del inútil de Kicillof, dimos vuelta un fallo que le costaba a los argentinos 16.000 millones de dólares. El Gobierno del presidente Milei logró invalidar la condena de primera instancia. No se paga. Hace más de 10 años lo advertí. Estamos ordenando y resolviendo el desastre que dejaron”, posteó la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.

GANAMOS EL JUICIO DE YPF.@JMilei consigue así el mayor logro de la historia jurídica de nuestro país. Esto es defender la soberanía nacional en serio y no relato.

— Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) March 27, 2026

Hoy se hizo historia en la Argentina: ganamos el juicio de YPF.

Ganó la Justicia a pesar de la impericia kirchnerista.

Seguimos trabajando por un futuro próspero para todos los argentinos y haciendo a la Argentina grande y próspera nuevamente. VLLC

Enorme trabajo del… https://t.co/QinYNlzZrN

— Luis Petri (@luispetri) March 27, 2026

La diputada Silvana Giudici escribió: “¿Quiénes son los nacionales y populares? Los que se robaron un PBI y estatizaron fraudulentamente empresas públicas, o los que hoy lograron un fallo histórico en favor de la Argentina salvándonos de pagar 16 mil millones de dólares. ¡Felicitaciones a todo el equipo!”.

“GANAMOS EL JUICIO POR YPF! La Argentina ganó y no tendrá que pagar miles de millones de dólares por el caso YPF. ¡Gran trabajo de nuestra cancillería y estratégica posición del Presidente! HISTÓRICO”, festejó el diputado Damián Arabia.

El senador entrerriano Joaquín Benegas Lynch indicó que la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York: “Revela un principio esencial que cuando un gobierno defiende con coherencia la propiedad privada y cultiva una relación adulta con naciones que comparten esos valores, los resultados concretos se manifiestan”.

“El kirchnerismo expropió de forma arbitraria, violando las reglas y dejando un pasivo que aún cargamos todos los argentinos. Hoy, con consistencia doctrinaria, incluso el Departamento de Justicia de EE.UU. respalda nuestra posición”, apuntó.

El senador neuquino Pablo Cervi destacó que es "UNA GRAN NOTICIA PARA LA ARGENTINA.  Se cae un golpe que podía costar más de USD 16.000 millones y afectar gravemente la economía. Defender los intereses del país también es esto: dar pelea y obtener resultados".

“Es una muy buena noticia porque aporta claridad y estabilidad, algo fundamental para una provincia como la nuestra, que está en el centro del desarrollo energético argentino”, afirmó por su parte el senador neuquino Pablo Cervi. Para el senador nacional por La Libertad Avanza, “la decisión judicial fortalece el desarrollo energético, garantiza ingresos clave para Neuquén y consolida su rol como motor productivo del país”. Cervi puso el foco en el impacto directo que esta resolución tiene sobre la provincia y el desarrollo de Vaca Muerta, en un contexto donde la energía se posiciona como uno de los principales vectores de crecimiento de la Argentina.

La diputada rionegrina Lorena Villaverde se sumó a los mensajes: “GANAMOS EN YPF. Después de años de populismo irresponsable, la Argentina empieza a ordenar lo que nunca debió romperse: la ley, los contratos y la propiedad privada. El mensaje es claro: no hay desarrollo posible sin reglas claras. Se terminó la impunidad de los que destruyeron valor y espantaron inversiones. Estamos reconstruyendo un país serio. Y eso recién empieza”.

La oposición también celebró la noticia

No todos los mensajes de celebración fueron por parte del oficialismo, sino que también hubo de algunos pocos diputados opositores como el de Maximiliano Ferraro (CC-ARI): "Es una buena noticia para la Argentina el fallo que anula la condena contra nuestro país por la estatización de YPF. Es justo que todos los argentinos no tengamos que afrontar una indemnización multimillonaria por decisiones irresponsables tomadas durante el kirchnerismo".

"Desde la Coalición Cívica, junto a Elisa Carrió y Paula Oliveto, denunciamos desde el primer día el vaciamiento, el negocio de los Eskenazi y aquella estatización. Vale reconocer a los equipos de la Procuración del Tesoro de la Nación por sostener con firmeza una línea institucional y jurídica consistente, que hizo posible este resultado en el juicio que el fondo Burford y otros iniciaron en Nueva York", recordó.

El santafecino Esteban Paulón escribió brevemente: "Gran noticia. El interés nacional por sobre cualquier otra diferencia".

YPF: se cayó un fallo absurdo de USD 16.000 millones. La Cámara tomó los argumentos que el PRO planteó en 2017 y que durante muchos años el kirchnerismo eligió ignorar. En 2012 fuimos los únicos que votamos en contra de una expropiación improvisada que terminó exponiendo al país…

— PRO (@proargentina) March 27, 2026

La Justicia de Estados Unidos dejó sin efecto la condena en el caso YPF que imponía a la Argentina el pago de USD 16.000 millones.

Los comentaristas locales se cansaron de cuestionar a @CFKArgentina por la decisión de recuperar YPF. ¿Qué van a decir ahora?

En 2012 se revirtió… pic.twitter.com/cSqVeiIFgG

— Julia Strada (@Juli_Strada) March 27, 2026

Tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que dejó sin efecto la aplicación de aranceles generalizados del 15% por parte de Donald Trump y el acuerdo comercial entre Argentina y el país norteamericano, el diputado nacional Esteban Paulón solicitó la presencia del canciller Pablo Quirno a la Cámara baja para que brinde explicaciones al respecto.

En la iniciativa, el diputado pide saber cuál va a ser la política impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional respecto de los beneficios que Argentina iba a otorgar a los productos e inversiones estadounidenses en función del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI); qué estrategias se están considerando para proteger el interés de los exportadores argentinos que se vieron perjudicados por la reversión de aranceles en 1,675 posiciones.

En esa línea, solicita información sobre las medidas que se están tomando por el perjuicio a las empresas argentinas que exportaron con aranceles adicionales durante 2025, estimados en un total mundial de 170,000 millones de dólares. También, las acciones inmediatas que prevé la Cancillería para reconfigurar las relaciones comerciales de Argentina con Estados Unidos y otros mercados.

“Los efectos del fallo son importantísimos en la relación bilateral. Los efectos del fallo son importantísimos en la relación bilateral. Este escenario generó una gran preocupación no solo en el ámbito económico, sino también en la percepción de Argentina como un socio comercial de confianza para Estados Unidos”, expresó el santafecino.

El titular del Juzgado Federal de Paraná, Daniel Alonso, rechazó una presentación de habeas corpus para frenar el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025 que firmó el presidente Javier Milei sobre la ampliación de facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y que le otorga nuevas funciones.

La presentación contra el DNU la había hecho un grupo de abogados de la UCR, Rubén Alberto Pagliotto, Raymundo Arturo Kisser y Armando Rafael Aquino Britos, bajo el formato de habeas corpus porque el decreto permite a la SIDE detener personas sin orden judicial, por "sospechosos", lo que según los demandantes representa "una amenaza sobre la libertad" y viola "los principios de inocencia y culpabilidad".

El Juez estableció en el fallo que “no se infiere ni siquiera de manera indiciaria la existencia de limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria, ni un atentado a la libertad decidido y en próxima vía de ejecución, ni vulneración de garantía constitucional alguna”. Además, expresó “del escrito promocional no se advierte la existencia de los supuestos de procedencia del hábeas corpus preventivo”.

El DNU, firmado el pasado 31 de diciembre, recibió numerosos amparos en su contra, pero ninguno había llegado a la instancia de ser tratado durante la feria judicial de enero, momento en el que las tareas se reducen al mínimo y solo se tratan temas de urgencia.

Qué dice el DNU

El DNU firmado por Javier Milei sobre inteligencia modifica el funcionamiento y las atribuciones de la SIDE y del sistema de inteligencia en general. En otras palabras, le da más poder operativo y centraliza funciones.

El punto más discutido del decreto es que habilita a agentes de inteligencia a detener o aprehender personas en el marco de sus actividades de inteligencia, incluso sin orden judicial previa en casos de flagrancia.

Las criticas principalmente radican en la afección de derechos y garantías constitucionales como la libertad ambulatoria y el debido proceso. Esta medida permitiría detenciones por agentes que no son parte del sistema tradicional de seguridad y sin el control judicial inmediato que exige la Constitución.

Además, el decreto establece que todas las operaciones del sistema de inteligencia tienen carácter encubierto, lo que oscurece aún más el control externo y complica saber cuándo y cómo se aplican esas facultades dentro del territorio nacional.

Más allá de las detenciones, la SIDE queda como órgano rector de todo el sistema, coordinando varias agencias como la Agencia Nacional de Contrainteligencia y la Agencia Federal de Ciberinteligencia. Esto implica una centralización del poder de inteligencia en un único organismo bajo conducción política directa. Los críticos argumentan que el DNU otorga facultades cuasi policiales por decreto, algo que tradicionalmente debe regularse por ley del Congreso.

Además, la medida contempla que la SIDE pueda requerir información de otros organismos del Estado, tanto nacionales como de provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, lo que amplía su alcance operacional. Este aspecto también fue duramente criticado por la oposición señalándolo como una forma de “des democratizar” los servicios de inteligencia.

El fallo de Estados Unidos contra la Argentina por la expropiación de YPF llegó al recinto de la Cámara de Diputados este miércoles cuando el diputado nacional Damián Arabia (Pro) planteó una cuestión de privilegio contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y contra el exministro Julio De Vido.

Arabia expresó durante la sesión: “No alcanza con que, simplemente, hagan los desastres económicos, las causas de corrupción y la cantidad de cosas en las que nos han hundido a los argentinos en los momentos en los que gobiernan, sino que permanecen a lo largo del tiempo. Algunas veces presentes como el gobernador Kicillof que sigue arruinándole la vida a millones de bonaerenses, que sigue aumentando los impuestos de la provincia, que siguen hundiendo a los bonaerenses en una crisis de inseguridad terrible, pero también con las decisiones que han tomado en el pasado”.

“Como la locura ideológica o negocio, quizás una de las más grandes estafas de nuestro país como lo que ha ocurrido en torno a la causa de YPF, causa que el Estado argentino apeló”, señaló.

Arabia apuntó: “Este Congreso se encuentra en una situación donde una mayoría circunstancial ya hizo estragos en otro momento de la historia argentina. Porque en este mismo Congreso cuando fue esa locura ideológica o ese negociado o gran estafa, lamentablemente hubo una mayoría grande, arrasadora”, y ponderó: “Solo 32 diputados se plantearon en frente y votaron en contra, como Patricia Bullrich”.

“Nos traen a este recinto para quebrar una lógica económica que está logrando sacar adelante al país adelante de la crisis a donde y ustedes no llevaron –contra el kirchnerismo-. La historia los va a ubicar en el lugar que les corresponde, que han empobrecido al país y, sin embargo, no podrán seguir avanzando”, remató.

El fueguino libertario Santiago Pauli también presentó una cuestión de privilegio hacia los mismos mencionados por Arabia, pero que amplió a todos los diputados y senadores que la avalaron. “Es cierto que la autoría de esta estafa fue de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, pero no hubiera sido posible si ellos no lo hubieran votado”, remarcó. A su juicio, “el problema de esta estafa y la mala praxis de estos diputados y senadores es el costo para los argentinos. Un horror que este gobierno va a tener que subsanar y que espero que esta Cámara también pueda hacerlo”.

Así, sostuvo que en 2012 “cuando se votó esta expropiación no fue un acto heroico como quisieron venderlo, sino en el mejor de los casos un error monumental, una mala praxis”. En tanto, cargó contra “los 208 diputados y 63 senadores que avalaron este robo, estafa, o mala praxis. Al pueblo argentino le llegó la factura del desastre que cometieron”.

Lo interrumpió el jefe del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, quien en un vehemente discurso recordó que la UCR en 1992 había advertido contra la privatización de la petrolera y llamó a no hacer partidismo con esa situación.

La Libertad Avanza homenajea a Menem que liquidó YPF y del otro lado está el kirchnerismo con su cuentito. Pero la UCR defiende YPF desde 1922. Ojo con hacer la chiquita. Saquemos una resolución que le diga a la jueza norteamericana que no le vamos a entregar ninguna acción… pic.twitter.com/pu5tL4fRWI

— Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) July 2, 2025

“Esto no es partidismo”, insistió luego Pauli, para quien “el populismo siempre pasa factura”.

La diputada Paula Oliveto llamó a tener cautela con un tema semejante mientras se está discutiendo eso en la justicia neoyorkina. “Lo que pasa en este Congreso después es usado por la parte que le conviene según sus intereses. Debemos entender el peso que tiene la palabra de un diputado en este Congreso, cuando tenemos la causa en Nueva York. Debemos ser serios”, reclamó la diputada, que recordó luego que la Coalición Cívica hizo siempre las denuncias correspondientes.

“Siempre en la justicia, que miró para otro lado durante muchos años. ¿Y saben quién fue el juez de esa instancia? El mismo que Milei quiso poner en la Corte”, señaló en referencia a Ariel Lijo. Y cerró: “Seamos responsables: no conviene poner banderas que no ayudan al debate ni a la unión que debemos tener todos los argentinos ante un fallo que no corresponde”.

A su turno, el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, sostuvo que es “importante lo que haga y diga el Congreso” porque se ponen como prueba en los tribunales de Nueva York. “Vamos a ratificar el artículo 10 de la Ley de Expropiación en la defensa de las acciones de YPF que están en la Argentina para hacer uso por parte de la jueza y de los acreedores se requiere una ley de este Congreso por 2/3 de los representantes, es lo que está estipulado en la ley”, planteó.

Contrariamente, Pichetto manifestó: “Hay que analizar las circunstancias del pasado porque la Ley de Expropiación estaba fundada en la desinversión que estaba haciendo Repsol, en la situación que estaba viviendo Argentina que estaba importando combustible por 10 mil millones de dólares, en la aparición de Vaca Muerta como un proyecto de desarrollo que hoy permite que el gobierno de Milei tenga un horizonte muy interesante en materia de hidrocarburos, gas y petróleo”.

“Esa decisión estuvo fundada, el control de la empresa YPF y el 51% fue una decisión política que tuvo mayorías aplastantes. En el Senado lo votamos con el 76% de los votos solamente tres senadores votaron en contra y en la Cámara de Diputados también”, recordó y apuntó: “Por lo tanto, el pasado hay que analizarlo en el marco de esa coyuntura, con una visión inteligente, un poquito más la historia hay que entenderla y comprender, sino traspolamos y venimos a hacer la crítica acá que hacen algunos periodistas en televisión que tampoco entienden nada”.

Pichetto mostró predisposición para “trabajar en un proyecto que ratifique que el Congreso argentino entiende que estas acciones hacen a la soberanía y que, el marco de la ley, no puede ser vulnerado porque para tal fin se requiere dos tercios de esta Cámara y dos tercios del Senado”.

Por último, adelantó la presentación de un proyecto de resolución que ratifique el Congreso en defensa de las acciones de la empresa YPF en términos de la importancia de la soberanía y una presentación del Poder Ejecutivo ante la Corte con una medida cautelar para que estas acciones no sean afectadas por la decisión de la jueza Preska.

A su turno, Christian Castillo consideró que “estamos ante un acto de injerencia colonial absolutamente inadmisible”. Sostuvo que la jueza Loretta Preska continúa la tradición del juez Griesa y que “continúa la trayectoria de entrega de recursos fundamentales”.

Más tarde, se sumó la diputada Patricia Vásquez (Pro) quien también planteó una cuestión de privilegio contra el gobernador Kicillof por su “conducta esquizofrénica de no querer aceptar ni ser capaz de reconocer las responsabilidades que le competen por la mala praxis y lo contubernios extraños que hubo en la oportunidad que se dispuso la estatización de YPF”.

“Hablo de esquizofrenia porque es una conducta y actitud permanente en el kirchnerismo que, en lugar de aceptar sus responsabilidades como funcionarios públicos y los errores y consecuencias que eso tiene, se buscan excusan, se tiran la pelota. Se han pasado la vida hablando de soberanía. El señor Kicillof con Cristina Kirchner han reglado la soberanía de la patria”, apuntó.

El diputado nacional Pablo Cervi (La Liga del Interior), cuestionó duramente las consecuencias económicas del proceso de expropiación de YPF impulsado por el kirchnerismo y calificó de “catastrófico” el impacto que esas decisiones tienen hoy sobre el futuro del país. Lo hizo luego de conocerse el fallo de la Justicia de EE.UU. que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a un fondo buitre.

“Ahora Vaca Muerta y Neuquén pagan las consecuencias de los negocios turbios y las estafas del kirchnerismo”, afirmó Cervi. “Por su mala gestión y por el populismo, la Justicia estadounidense ordenó entregar la mayoría accionaria de YPF. Esto pone en riesgo el desarrollo de la empresa y el crecimiento de toda la región. Tenemos que tener memoria para que esta gente no vuelva más al poder”, planteó.

El diputado señaló que el fallo internacional es una muestra más del “tremendo daño estructural que dejó el kirchnerismo”, y recordó que “Cristina Fernández y Axel Kicillof prometieron que la expropiación de YPF no le iba a costar un solo peso a la Argentina. Hoy, las consecuencias están a la vista: pérdidas multimillonarias, pérdida de soberanía y un enorme retroceso en materia energética y jurídica”.

“Como en muchos otros casos, seguimos pagando las consecuencias de un populismo irresponsable que destruyó instituciones, arruinó la economía y comprometió el futuro del país”, agregó.

Cervi remarcó el rol clave que tiene YPF para el desarrollo energético nacional y, especialmente, para Neuquén: “YPF representa más del 1,5% del PBI nacional y cerca del 50% de la actividad económica de nuestra provincia. Es la empresa que más invierte, genera 22.000 empleos directos y es una de las principales exportadoras del país. No se puede jugar con una empresa así por caprichos ideológicos o estrategias electorales”.

El diputado neuquino destacó que “ahora le toca al Gobierno Nacional defender con mucha fuerza los intereses nacionales y que, al margen del enorme problema causado por el populismo, no dudo que desde el Gobierno Nacional se va a hacer todo para cuidar a YPF, apelado este fallo y dando una fuerte batalla para corregir el rumbo”.

Además, dijo que desde su lugar y desde el Congreso Nacional “vamos a estar atentos para que no se caigan las inversiones y defender a los neuquinos, que no se cambie el nuevo rumbo fijado por las nuevas autoridades en YPF que apuestan a Vaca Muerta invierten y están desarrollando la producción, creando empleo y potenciando a la empresa en nuestra región”.

Tras conocerse el fallo de la jueza Loretta Preska, del segundo distrito de Nueva York, que ordena a la República Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012, el oficialismo apuntó contra el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que cuando fue ministro de economía de Cristina Kirchner decidió avanzar con la expropiación de YPF.

El presidente de la Nación, Javier Milei, confirmó que apelará al fallo en “las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales, al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes”.

“Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país, es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era Ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada de CFK. Lamentablemente, no le alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires”, fustigó Milei.

En esa línea, agregó: “Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina”, y remató su posteo: “PD: ¡YO AVISÉ QUE EL SOVIÉTICO ES UN PELOTUDO!”.

"YPF nunca debió ser reestatizada, siendo 100% privada funcionaba perfectamente. Kicillof la reestatizó en 2012 violando el estatuto de YPF y hoy todos los argentinos pagamos las consecuencias de su ignorancia supina: no solo tenemos un juicio perdido en NY donde tenemos que pagar USD 16.000M, sino que el 51% de las acciones que la Jueza le exige al Estado argentino, valen poco más de USD 6.000M, menos del 40% de la sentencia", planteó el libertario José Luis Espert y disparó: "Kicillof fue pésimo Ministro de Economía, hoy es pésimo Gobernador de PBA".

Su par de bancada Carolina Píparo sumó: "El populismo de los k fue el mayor fraude perpetrado contra todos los argentinos. Seguimos pagando las consecuencias de la soberbia y la impericia del ex ministro Kicillof, que ahora se dedica a destruir la provincia con un blindaje mediático nunca visto".

La gran estafa de YPF no fue un error ni un accidente: tuvo responsables concretos y decisiones deliberadas que comprometieron el patrimonio del Estado argentino.

Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Ariel Lijo, los empresarios Eskenazi, Carlos Zannini y la designación…

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) July 1, 2025

YPF, una historia de corrupción y desidia de los Kirchner, Kicillof, los Eskenazi, el juez Lijo y también de Milei. https://t.co/ENidwqzmuW

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) June 30, 2025

"Ni estúpidos ni error: lo de YPF fue corrupción. Y los que se afanaron el patrimonio de la Argentina hoy están siendo protegidos por la Justicia y hasta por algunos medios, que no informan la causa dormida en la Justicia Federal. Mucha plata para conseguir que tantos miren para otro lado", manifestó la diputada de la CC Paula Oliveto Lago.

La diputada Silvana Giudici (Pro) calificó de “inútiles, caraduras y corruptos”, y pidió que expliquen lo que pasó con YPF. “Se la regalaron a Eskenazi en una ‘estatización’ fraudulenta. Ahora la Jueza Preska se la devuelve a los accionistas privados. 16 mil millones de dólares de condena y pérdidas para todos los argentinos. Que se hagan cargo Kirchner y Kicillof, despotrican contra los fondos buitres y ñañañá, pero son los mayores vende patrias de la historia”.

“Por culpa del irresponsable de Kicillof, Argentina debe ceder el 51% de las acciones de YPF a los demandantes en solo 14 días. Tiene que hacerse responsable, patrimonial y penalmente, por el daño que provocó con una expropiación mal hecha y absolutamente irresponsable”, criticó Gerardo Milman (Pro).

¿Se acuerdan el clima de fiesta de esa gran mayoría de diputados y senadores (no solo kirchneristas) en el Congreso luego de aprobar la expropiación de YPF? Bueno, llegó la factura…

— Alejandro Bongiovanni (@alejobongio) June 30, 2025

El senador nacional y presidente del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, criticó a los jueces de la Corte Suprema de la Nación por el fallo emitido días atrás que pone fin a la reelección para gobernador indefinida en la provincia de Formosa y consideró que “fue una decisión política influida por ciertos sectores”.

“El único requisito es que te vote la gente. Todos pueden ser reelectos en Formosa. Pero si no te vota la gente no sos reelecto, como le pasó a Macri”, chicaneó el formoseño y muy cercano al gobernador de su provincia, Gildo Insfran, durante una entrevista en FM Millenium.

El senador destacó: “Insfran ha hecho una administración increíble. Inauguró una escuela por día en los últimos cinco años”, y apuntó: “La Corte ha tenido decisiones políticas influida por ciertos sectores”. Así, asoció el fallo sobre Formosa a otras sentencias que afectaron al peronismo: “Cuando Cristina fue candidata al Partido Justicialista empezaron a salir cosas. Salió todo. Como hacían en el tiempo de Macri, cuando cualquier problema que tenía el gobierno empezaban a salir cosas del Poder Judicial”.

Mayans opinó que el fallo de la Corte “dice que hay que corregir un artículo de la Constitución y se va a corregir y poner el mandato de dos períodos”, aunque aclaró “la Constitución (local) permitía la reelección”.

En ese sentido, el senador peronista apuntó contra Mauricio Macri al considerarlo el principal influyente en las decisiones políticas de la Corte. “El que tiene influencia en la Corte es Macri y el grupo de Lago Escondido. Y tienen alguna alianza con el gobierno de Javier Milei. Son esquemas políticos”, comentó y, ante la repregunta, apuntaló su idea: “La Corte es funcional a este gobierno. Juegan más a la política que a la justicia”.

Las opiniones de Mayans se dan a días de que la Corte pase a tener tres integrantes, dado que dentro de una semana dejará su cargo Juan Carlos Maqueda, quien se jubilará. En ese sentido, el gobierno propuso la incorporación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, pero necesita los votos del Senado; aunque los pliegos quedaron con dictamen de comisión sin llegar al recinto.

Para que eso prospere, Mayans advirtió que dependerá del “espíritu de negociación del Ejecutivo con mi bloque”, pero reconoció que hasta ahora “no hay posibilidad”.

“Hemos hablado, pero hasta ahora no hay respuestas. No se cayó la negociación porque en un sistema político de este tipo no se pueden caer. El Gobierno tiene que saber que no puede tener dos jueces si no tiene 48 votos en el Senado”, explicó y manifestó la posición de Unión por la Patria: “Para nuestro equipo tiene que haber una mujer en la Corte. Con nuestra visión, necesitamos una persona que entienda la visión federal y el rol del Estado. Si es todo abogados de empresarios como ahora, no se puede. García-Mansilla representa a un grupo empresario. Más Rozenkrantz. Queremos tener personas con visiones distintas. Nosotros en 24 horas resolvemos si el Gobierno tiene ganas de conversar”.

Por otro lado, Mayans hizo una aclaración respecto de las dietas que pasarán a percibir de más de 9 millones de pesos a partir de enero los senadores: “Nosotros no ganamos ni la mitad de 9 millones. Fue una maniobra. Hicieron todo lo posible para que Kueider quede en el Senado entonces hicieron la operación de los sueldos. Tenemos una dieta de menos de la mitad de eso. Yo cobro 4.400.000 por todos los conceptos. No sé cómo van a llegar a esa cifra si no tenemos un aumento del 200%, cosa que no va a pasar”.

“Me pareció rara la operación. Empezaron después de que salió Kueider, para protegerlo y hacer una maniobra de distracción. El oficialismo lo quiere proteger. Caputo lo había propuesto como presidente de la Comisión de Inteligencia. Si tenían éxito y Kueider iba como presidente, tenían el fondo de los 100 mil millones, Kueider pasaba en una combi por Paraguay”, disparó.

El formoseño ratificó: “Ningún senador gana más de 4 millones y medio. Hay una diferencia abismal con 9 millones. Siempre hemos tenido racionalidad. Yo propuse un proyecto de unificación salarial respecto del presidente que no prosperó”.

A poco de que se conozca el fallo de Casación sobre la condena en primera instancia impuesta a Cristina Fernández de Kirchner, siguen alzándose voces en defensa de la exmandataria. Entre ellas, una insistente es la del diputado Eduardo Valdés, quien recordó este martes que “Cristina tiene 643 causas, algo completamente inédito e inventado, ningún argentino está en ese nivel, cada denuncia son tapas y tapas de diario y horas de televisión para formar una imagen de maldita, diabólica y corrupta, así se estigmatiza a CFK”.

En diálogo con la Radio de las Madres, Valdés apuntó que la expresidenta “fue juzgada con la doctrina penal del enemigo, convocar a una persona a ocho indagatorias el mismo día con el mismo juez y el mismo fiscal es algo inédito en la historia judicial argentina, ningún argentino ha sido citado en su proceso judicial a dos indagatorias el mismo día”.

“Con mucha crueldad hicieron coincidir las ocho indagatorias con el día del cumpleaños de Néstor Kirchner que había fallecido diez años antes”, dijo, agregando que “los jueces que la condenaron iban a jugar al futbol a la quinta de Macri, se mostraron en televisión tomando un mate con el logo del Liverpool, el equipo en el jugaban estos jueces y fiscales riéndose de todos. Este tribunal le cede la pelota hoy a los jueces que iban a jugar al paddle a Olivos, visitaban la Casa Rosada cada vez que iba a salir un fallo contra CFK”.

Para Valdés, este “va a ser un caso de análisis en el mundo de lo que es el odio y la persecución política a una persona que fue dos veces electa presidenta de la nación con el voto popular y que luego fue consagrada vicepresidenta de la nación ganando en primera vuelta”.

El diputado nacional Marcelo Casaretto (Frente de Todos – Entre Ríos) opinó sobre la decisión que anunció este lunes el presidente de la Nación, Alberto Fernández, de pagar con bonos los fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires tras el fallo de la Corte, y denunció que el máximo tribunal “pasa por encima del Ejecutivo y del Congreso Nacional”.

En declaraciones a Radio Nacional, el legislador oficialista manifestó: “Hoy no hubo variaciones en relación al concepto inicial. Lo que se plantea es la recusación de los miembros de la Corte Suprema y un pedido de revocatoria en relación a un fallo que favorece a la Ciudad de Buenos Aires avanzando por sobre una ley que aprobamos en el Congreso de la Nación en 2020”.

“A partir de ahí lo que se ofrece es un cumplimiento transitorio pagando bonos, tal como se cumple una acreencia similar con la provincia de Santa Fe. Seguiremos con atención qué es lo que pasa, en el conflicto donde la Corte Suprema pasa por encima del Ejecutivo y del Congreso Nacional", expresó.

Casaretto se refirió, además, a las reacciones del Gobierno porteño de ratificar, a través de su Procurador, "el incumplimiento del Gobierno nacional" tras la decisión de Fernández. “Esto no va a terminar nunca porque tiene que ver con la conformación del Estado Nacional. Acá hay un modelo centralista, que fue el que impulsó (Mauricio) Macri y (Rogelio) Frigerio a poco de asumir, cuando firmaron el decreto en el que casi triplicaban los recursos para la capital federal", recordó.

"Del otro lado, queremos una Argentina federal, que es la que intentamos llevar adelante con el presidente, con la vicepresidenta, y con las leyes que ha sancionado el Congreso Nacional”, comparó el entrerriano y disparó: “Ellos siempre van a querer más concentración de recursos en la Ciudad. Se le aumentó la coparticipación a un distrito solo y no al resto, ahora pretenden que a la capital se le pague en efectivo, mientras que, a las provincias se les paga con bonos. Siempre va a ser algo de nunca acabar en la voracidad por manejar los recursos de los argentinos", cuestionó.

Además, apuntó contra el diputado del Pro: “Cuando Frigerio tuvo la lapicera, la usó en favor de la Ciudad de Buenos Aires, dice que es de Entre Ríos, pero defiende la posición de la ciudad”.

Por último, se refirió a la actitud de la principal bancada opositora en las últimas dos sesiones de la Cámara baja: “Hace un mes que la oposición no va al Congreso Nacional, desconozco la postura que tomarán para tratar el proyecto del presidente. De la oposición no me hago expectativas, quieren vaciar al Congreso para que todas las decisiones pasen por la justicia”.

El diputado nacional Itai Hagman (Frente de Todos) aseguró que entre “la oposición y la Corte Suprema tenemos una fuerte política de deslegitimación de las instituciones republicanas democráticas”, y acusó al máximo tribunal de "jugar políticamente" por el fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires en relación a los recursos coparticipables.

Hagman opinó que la decisión del máximo tribunal "no resuelve la discusión de fondo", y reiteró que “está jugando políticamente, después de haber quedado expuestos de que no son una justicia independiente”.

“Es importante que tratemos de conectar los hechos y ver cuál es la película. Estamos en un país en donde casi matan a la vicepresidenta del país, la condenan y prácticamente la llevan a una situación de virtual proscripción", declaró en diálogo con El Destape Radio.

En ese sentido, sentenció: “Hay que empezar a hablar de la situación institucional del país", e indicó que "la discusión en Argentina es si vamos a un país democrático o un país de mafias".

Respecto a la última sesión fallida por falta de quórum a la que el oficialismo había convocado, Hagman acusó que el "Congreso no funciona por una decisión política de la oposición”, recordando que “había pasado lo mismo hace 2 semanas” cuando Juntos por el Cambio “bloqueó la sesión en la que se iba a aprobar la nómina de integrantes de la Cámara baja para el Consejo de la Magistratura”.

En cuanto al orden interno del Frente de Todos, Hagman señaló que “dentro de la coalición cada uno representa ideas y sectores distintos”, y analizó que “hoy tenemos una economía más grande que la de 2019 y todavía tenemos algunos puntos de pobreza por encima”.

En relación a esto y de cara a fortalecer los salarios, señaló: “(Sergio) Massa puede ser un muy buen ministro de Economía, pero la orientación política del gobierno tiene que ser poner como prioridad la recuperación del ingreso de los trabajadores. Eso no depende de un funcionario, sino de la política del gobierno en general”.

El diputado nacional y vicepresidente segundo de la Cámara baja, José Luis Gioja (FdT – San Juan), se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia en favor de la Ciudad de Buenos Aires para que el Gobierno nacional le devuelva los fondos que le quitó para dárselos a la provincia de Buenos Aires y lo calificó de “inaplicable”.

En declaraciones por Radio Nacional, el exgobernador sanjuanino expresó: “Los fallos son para acatar, el gobierno lo debería hacer, pero no lo puede cumplir”, y sostuvo: “Nunca en la historia institucional de la Argentina, la Corte va a hacer los presupuestos nacionales".

Gioja dijo que el fallo es inaplicable "por todos lados", y agregó: "Hablan de la República, y eso es la división de poderes. Cada poder del Estado tiene clara su función, y de ahí no nos podemos pasar, porque si no violamos normas elementales".

Luego de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura dispuesta por una ley del Congreso en 2006, desde el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires instan a cumplir en tiempo y forma con el fallo adoptado el pasado 16 de diciembre.

En un comunicado, la institución convocó a “todos los profesionales del Derecho a aunar esfuerzos para designar a los representantes de nuestro estamento en el Consejo de la Magistratura de la Nación”.

“Como se sabe, el Consejo de la Magistratura de la Nación es el ámbito donde, entre otras cosas, se reglamentan y organizan los concursos para seleccionar a los jueces. De allí surgirán luego las ternas para ser juez o jueza federal o nacional. También se resuelven las sanciones disciplinarias de los/as magistrados/as y los pedidos de juicio político. Su función es clave no sólo para obtener una magistratura ejemplar, honesta y con los mejores de nuestros pares, sino también para controlar que se desempeñe de manera acorde con esas expectativas”, precisa el texto.

En ese sentido, remarca que “la ley 26080, dictada en el año 2006, alteró la integración del Consejo y el equilibrio entre los estamentos que lo componen, con violencia del equilibrio entre estamentos que manda la Constitución Nacional. Dicha ley dio prevalencia al sector político (legisladores y representante del Poder Ejecutivo) por sobre los restantes (jueces, abogados y académicos). Esta ley nos devolvía así al lugar que los convencionales constituyentes del ’94 nos quisieron sacar, al crear el Consejo de la Magistratura”.

“El funcionamiento del Consejo así constituido estuvo sujeto a manipulaciones inadmisibles. Fruto de ello, en algunas designaciones prevaleció la filiación política, la afinidad ideológica o el culto al líder por sobre el mérito y la preparación de los candidatos para la delicada función de juzgar. Profesionales cuya evaluación en los concursos los ubicaba en posiciones postergadas (y, en ocasiones, muy postergadas) fueron colocados dentro de las ternas propuestas al Poder Ejecutivo quien luego los designaría como juez o jueza, con acuerdo del Senado. El resultado al que ese proceder condujo es bien conocido. Muchas designaciones jamás deberían haber recaído en las personas elegidas de ese modo”, denuncian.

En tanto, informa que “el pasado 16 de diciembre la Corte Suprema pronunció una sentencia ejemplar ordenando que se respete el equilibrio de estamentos en la conformación del Consejo de la Magistratura, tal como lo dispone la Constitución Nacional. Como remedio a la inconstitucionalidad de la ley 26080, la mayoría del Tribunal propuso que se estuviera a la integración, quórum para sesionar y régimen de mayorías que establecía la ley 24937 con las enmiendas de la 24939”.

Como consecuencia, remarca que urge “la actuación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, pues con su intervención deben elegirse los profesionales a incorporar al Consejo dentro del plazo de 120 días dispuesto por la Corte. Es evidente que, dada la premura que impone ese plazo, debe actuarse con celeridad y eficiencia. Todos los recursos deben ser empleados desde ahora con la urgencia que el caso amerita. No puede haber distracciones ni demoras ordinarias. Estamos ante una situación extraordinaria”.

En suma, desde el Colegio de Abogados consideran que “más allá de problemas de organización, existe capacidad y personal idóneo para implementar las soluciones que, dentro del plazo impuesto, permitan elegir quiénes serán nuestros representantes. Los abogados debemos demostrar que estamos a la altura de las circunstancias y que efectivamente queremos que nuestro estamento tenga la representación que la Corte Suprema ha ordenado, después de 15 largos años de litigio y postergación. Se puede lograr y nos ponemos a disposición para que ese objetivo sea satisfecho”.

“Que ese fin no sea tronchado por quienes solapadamente defienden el mantenimiento del status quo que tanto daño ha infligido e inflige al Poder Judicial y al ejercicio de la profesión”, concluye el texto firmado por el directorio.

Mientras el oficialismo aún no presentó ante la Justicia la impugnación de la sesión del martes pasado, un fallo judicial presentado por una diputada de Juntos por el Cambio hace algunos meses generó confianza en las autoridades de la Cámara baja respecto de que una acción judicial de la principal oposición en ese sentido no vaya a prosperar.

El fallo en cuestión se conoció este jueves y es de la sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que declaró inoficioso el recurso en el amparo presentado por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, con lo cual quedó firme el rechazo in limine del día 8 de junio del amparo presentado por la propia Frade, dispuesto por el Juzgado Contencioso Federal N° 12.

Cabe recordar que el episodio en cuestión sucedió el pasado 21 de mayo, cuando el Frente de Todos junto a otros bloques, rechazó el pedido para tratar en el recinto el polémico DNU 457/20 -que le otorgaba al jefe de Gabinete mayores facultades para reasignar partidas presupuestarias sin aval del Congreso-, oportunidad en la cual la diputada santafesina denunció que Sergio Massa no le había tomado su voto a favor de tratar el DNU.

Con este fallo, la Cámara de Diputados emitió este jueves por la tarde un comunicado suscripto por Eduardo Cergnul, secretario Parlamentario; Rodrigo Rodríguez, secretario Administrativo, y Juan Manuel Cheppi, secretario general, en el que dan por ratificado que “el Protocolo de Funcionamiento Parlamentario Remoto, aprobado por la Cámara en sesión del 13 de mayo y prorrogado por acta de labor parlamentaria del día 2 de julio y 1ro de septiembre, se encuentra plenamente vigente”.

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Con todo, voceros del interbloque Juntos por el Cambio relativizaron el alcance de ese fallo al señalar que el mismo quedó abstracto, por cuanto responde a “un estado de situación anterior al martes”.

“No resuelve lo que pasó el martes en Labor Parlamentaria”, remarcó una fuente consultada.

El tema fue analizado por el Gobierno el miércoles en Olivos, en el marco de una reunión realizada en Olivos, de la que tomaron parte el presidente Alberto Fernández, el titular de la Cámara baja Sergio Massa, y el del bloque oficialista, Máximo Kirchner. Más tarde, durante una entrevista que concedió al canal TN, Alberto Fernández no dudó en responsabilizar de todo a Juntos por el Cambio: “La culpa la tiene la oposición, claramente”, resumió.

A la espera de un avance en las negociaciones, las autoridades de Juntos por el Cambio demoraron la presentación de la impugnación judicial. Pero según pudo saber parlamentario.com, el presidente de la Cámara no se comunicó con el interbloque ni el miércoles, ni el jueves, por lo que la relación continúa fría y los que trabajan en el texto impugnatorio siguen avanzando entonces con el mismo.

De la redacción están ocupándose los diputados Pablo Tonelli (Pro), Gustavo Menna (UCR) y Lucila Lehmann (CC).