El diputado nacional Marcelo Casaretto (Frente de Todos – Entre Ríos) opinó sobre la decisión que anunció este lunes el presidente de la Nación, Alberto Fernández, de pagar con bonos los fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires tras el fallo de la Corte, y denunció que el máximo tribunal “pasa por encima del Ejecutivo y del Congreso Nacional”.

En declaraciones a Radio Nacional, el legislador oficialista manifestó: “Hoy no hubo variaciones en relación al concepto inicial. Lo que se plantea es la recusación de los miembros de la Corte Suprema y un pedido de revocatoria en relación a un fallo que favorece a la Ciudad de Buenos Aires avanzando por sobre una ley que aprobamos en el Congreso de la Nación en 2020”.

“A partir de ahí lo que se ofrece es un cumplimiento transitorio pagando bonos, tal como se cumple una acreencia similar con la provincia de Santa Fe. Seguiremos con atención qué es lo que pasa, en el conflicto donde la Corte Suprema pasa por encima del Ejecutivo y del Congreso Nacional”, expresó.

Casaretto se refirió, además, a las reacciones del Gobierno porteño de ratificar, a través de su Procurador, “el incumplimiento del Gobierno nacional” tras la decisión de Fernández. “Esto no va a terminar nunca porque tiene que ver con la conformación del Estado Nacional. Acá hay un modelo centralista, que fue el que impulsó (Mauricio) Macri y (Rogelio) Frigerio a poco de asumir, cuando firmaron el decreto en el que casi triplicaban los recursos para la capital federal”, recordó.

“Del otro lado, queremos una Argentina federal, que es la que intentamos llevar adelante con el presidente, con la vicepresidenta, y con las leyes que ha sancionado el Congreso Nacional”, comparó el entrerriano y disparó: “Ellos siempre van a querer más concentración de recursos en la Ciudad. Se le aumentó la coparticipación a un distrito solo y no al resto, ahora pretenden que a la capital se le pague en efectivo, mientras que, a las provincias se les paga con bonos. Siempre va a ser algo de nunca acabar en la voracidad por manejar los recursos de los argentinos”, cuestionó.

Además, apuntó contra el diputado del Pro: “Cuando Frigerio tuvo la lapicera, la usó en favor de la Ciudad de Buenos Aires, dice que es de Entre Ríos, pero defiende la posición de la ciudad”.

Por último, se refirió a la actitud de la principal bancada opositora en las últimas dos sesiones de la Cámara baja: “Hace un mes que la oposición no va al Congreso Nacional, desconozco la postura que tomarán para tratar el proyecto del presidente. De la oposición no me hago expectativas, quieren vaciar al Congreso para que todas las decisiones pasen por la justicia”.

El diputado nacional Itai Hagman (Frente de Todos) aseguró que entre “la oposición y la Corte Suprema tenemos una fuerte política de deslegitimación de las instituciones republicanas democráticas”, y acusó al máximo tribunal de “jugar políticamente” por el fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires en relación a los recursos coparticipables.

Hagman opinó que la decisión del máximo tribunal “no resuelve la discusión de fondo”, y reiteró que “está jugando políticamente, después de haber quedado expuestos de que no son una justicia independiente”.

“Es importante que tratemos de conectar los hechos y ver cuál es la película. Estamos en un país en donde casi matan a la vicepresidenta del país, la condenan y prácticamente la llevan a una situación de virtual proscripción”, declaró en diálogo con El Destape Radio.

En ese sentido, sentenció: “Hay que empezar a hablar de la situación institucional del país”, e indicó que “la discusión en Argentina es si vamos a un país democrático o un país de mafias”.

Respecto a la última sesión fallida por falta de quórum a la que el oficialismo había convocado, Hagman acusó que el “Congreso no funciona por una decisión política de la oposición”, recordando que “había pasado lo mismo hace 2 semanas” cuando Juntos por el Cambio “bloqueó la sesión en la que se iba a aprobar la nómina de integrantes de la Cámara baja para el Consejo de la Magistratura”.

En cuanto al orden interno del Frente de Todos, Hagman señaló que “dentro de la coalición cada uno representa ideas y sectores distintos”, y analizó que “hoy tenemos una economía más grande que la de 2019 y todavía tenemos algunos puntos de pobreza por encima”.

En relación a esto y de cara a fortalecer los salarios, señaló: “(Sergio) Massa puede ser un muy buen ministro de Economía, pero la orientación política del gobierno tiene que ser poner como prioridad la recuperación del ingreso de los trabajadores. Eso no depende de un funcionario, sino de la política del gobierno en general”.

El diputado nacional y vicepresidente segundo de la Cámara baja, José Luis Gioja (FdT – San Juan), se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia en favor de la Ciudad de Buenos Aires para que el Gobierno nacional le devuelva los fondos que le quitó para dárselos a la provincia de Buenos Aires y lo calificó de “inaplicable”.

En declaraciones por Radio Nacional, el exgobernador sanjuanino expresó: “Los fallos son para acatar, el gobierno lo debería hacer, pero no lo puede cumplir”, y sostuvo: “Nunca en la historia institucional de la Argentina, la Corte va a hacer los presupuestos nacionales”.

Gioja dijo que el fallo es inaplicable “por todos lados”, y agregó: “Hablan de la República, y eso es la división de poderes. Cada poder del Estado tiene clara su función, y de ahí no nos podemos pasar, porque si no violamos normas elementales”.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura dispuesta por una ley del Congreso en 2006, desde el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires instan a cumplir en tiempo y forma con el fallo adoptado el pasado 16 de diciembre.

En un comunicado, la institución convocó a “todos los profesionales del Derecho a aunar esfuerzos para designar a los representantes de nuestro estamento en el Consejo de la Magistratura de la Nación”.

“Como se sabe, el Consejo de la Magistratura de la Nación es el ámbito donde, entre otras cosas, se reglamentan y organizan los concursos para seleccionar a los jueces. De allí surgirán luego las ternas para ser juez o jueza federal o nacional. También se resuelven las sanciones disciplinarias de los/as magistrados/as y los pedidos de juicio político. Su función es clave no sólo para obtener una magistratura ejemplar, honesta y con los mejores de nuestros pares, sino también para controlar que se desempeñe de manera acorde con esas expectativas”, precisa el texto.

En ese sentido, remarca que “la ley 26080, dictada en el año 2006, alteró la integración del Consejo y el equilibrio entre los estamentos que lo componen, con violencia del equilibrio entre estamentos que manda la Constitución Nacional. Dicha ley dio prevalencia al sector político (legisladores y representante del Poder Ejecutivo) por sobre los restantes (jueces, abogados y académicos). Esta ley nos devolvía así al lugar que los convencionales constituyentes del ’94 nos quisieron sacar, al crear el Consejo de la Magistratura”.

“El funcionamiento del Consejo así constituido estuvo sujeto a manipulaciones inadmisibles. Fruto de ello, en algunas designaciones prevaleció la filiación política, la afinidad ideológica o el culto al líder por sobre el mérito y la preparación de los candidatos para la delicada función de juzgar. Profesionales cuya evaluación en los concursos los ubicaba en posiciones postergadas (y, en ocasiones, muy postergadas) fueron colocados dentro de las ternas propuestas al Poder Ejecutivo quien luego los designaría como juez o jueza, con acuerdo del Senado. El resultado al que ese proceder condujo es bien conocido. Muchas designaciones jamás deberían haber recaído en las personas elegidas de ese modo”, denuncian.

En tanto, informa que “el pasado 16 de diciembre la Corte Suprema pronunció una sentencia ejemplar ordenando que se respete el equilibrio de estamentos en la conformación del Consejo de la Magistratura, tal como lo dispone la Constitución Nacional. Como remedio a la inconstitucionalidad de la ley 26080, la mayoría del Tribunal propuso que se estuviera a la integración, quórum para sesionar y régimen de mayorías que establecía la ley 24937 con las enmiendas de la 24939”.

Como consecuencia, remarca que urge “la actuación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, pues con su intervención deben elegirse los profesionales a incorporar al Consejo dentro del plazo de 120 días dispuesto por la Corte. Es evidente que, dada la premura que impone ese plazo, debe actuarse con celeridad y eficiencia. Todos los recursos deben ser empleados desde ahora con la urgencia que el caso amerita. No puede haber distracciones ni demoras ordinarias. Estamos ante una situación extraordinaria”.

En suma, desde el Colegio de Abogados consideran que “más allá de problemas de organización, existe capacidad y personal idóneo para implementar las soluciones que, dentro del plazo impuesto, permitan elegir quiénes serán nuestros representantes. Los abogados debemos demostrar que estamos a la altura de las circunstancias y que efectivamente queremos que nuestro estamento tenga la representación que la Corte Suprema ha ordenado, después de 15 largos años de litigio y postergación. Se puede lograr y nos ponemos a disposición para que ese objetivo sea satisfecho”.

“Que ese fin no sea tronchado por quienes solapadamente defienden el mantenimiento del status quo que tanto daño ha infligido e inflige al Poder Judicial y al ejercicio de la profesión”, concluye el texto firmado por el directorio.

Mientras el oficialismo aún no presentó ante la Justicia la impugnación de la sesión del martes pasado, un fallo judicial presentado por una diputada de Juntos por el Cambio hace algunos meses generó confianza en las autoridades de la Cámara baja respecto de que una acción judicial de la principal oposición en ese sentido no vaya a prosperar.

El fallo en cuestión se conoció este jueves y es de la sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que declaró inoficioso el recurso en el amparo presentado por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, con lo cual quedó firme el rechazo in limine del día 8 de junio del amparo presentado por la propia Frade, dispuesto por el Juzgado Contencioso Federal N° 12.

Cabe recordar que el episodio en cuestión sucedió el pasado 21 de mayo, cuando el Frente de Todos junto a otros bloques, rechazó el pedido para tratar en el recinto el polémico DNU 457/20 -que le otorgaba al jefe de Gabinete mayores facultades para reasignar partidas presupuestarias sin aval del Congreso-, oportunidad en la cual la diputada santafesina denunció que Sergio Massa no le había tomado su voto a favor de tratar el DNU.

Con este fallo, la Cámara de Diputados emitió este jueves por la tarde un comunicado suscripto por Eduardo Cergnul, secretario Parlamentario; Rodrigo Rodríguez, secretario Administrativo, y Juan Manuel Cheppi, secretario general, en el que dan por ratificado que “el Protocolo de Funcionamiento Parlamentario Remoto, aprobado por la Cámara en sesión del 13 de mayo y prorrogado por acta de labor parlamentaria del día 2 de julio y 1ro de septiembre, se encuentra plenamente vigente”.

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Con todo, voceros del interbloque Juntos por el Cambio relativizaron el alcance de ese fallo al señalar que el mismo quedó abstracto, por cuanto responde a “un estado de situación anterior al martes”.

“No resuelve lo que pasó el martes en Labor Parlamentaria”, remarcó una fuente consultada.

El tema fue analizado por el Gobierno el miércoles en Olivos, en el marco de una reunión realizada en Olivos, de la que tomaron parte el presidente Alberto Fernández, el titular de la Cámara baja Sergio Massa, y el del bloque oficialista, Máximo Kirchner. Más tarde, durante una entrevista que concedió al canal TN, Alberto Fernández no dudó en responsabilizar de todo a Juntos por el Cambio: “La culpa la tiene la oposición, claramente”, resumió.

A la espera de un avance en las negociaciones, las autoridades de Juntos por el Cambio demoraron la presentación de la impugnación judicial. Pero según pudo saber parlamentario.com, el presidente de la Cámara no se comunicó con el interbloque ni el miércoles, ni el jueves, por lo que la relación continúa fría y los que trabajan en el texto impugnatorio siguen avanzando entonces con el mismo.

De la redacción están ocupándose los diputados Pablo Tonelli (Pro), Gustavo Menna (UCR) y Lucila Lehmann (CC).